'Margarita Zavala no declinó a favor de ningún candidato'

La ex primera dama Margarita Zavala anunció en el programa Tercer Grado de Televisa que se transmitirá esta noche, que abandona su candidatura independiente por la Presidencia de la República.

Lo anterior lo adelantó el periodista Joaquín López-Dóriga, quien participa en dicho programa, a través de su sitio web y una transmisión en vivo.

Zavala detallará sus motivos para dejar la carrera presidencial, los cuales se debieron a "un principio de congruencia".

"He decidido decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia y honestidad política, y dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado".

En sus redes sociales, Margarita no se ha pronunciado al respecto, pero su equipo confirmó que la aspirante se baja de la contienda y darán a conocer una postura oficial más tarde.

'Margarita Zavala no declinó a favor de ningún candidato'

Juan Ignacio Zavala, confirmó la renuncia de la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, y aseguró que no declina a favor de ninguno de los otros aspirantes.
En entrevista con el noticiario ADN40, el coordinador de campaña de Zavala Gómez del Campo dijo que: "Por el momento lo único que podemos confirmar es la certeza de información”, que se divulga a través de diversos medios de comunicación y los detalles los dará a conocer esta noche.

Por su parte, el equipo de campaña de Margarita Zavala confirmó que la aspirante se baja de la contienda y darán a conocer una postura oficial.

Notimex
Ciudad de México
Miércoles 16 de mayo de 2018.


•    De todos lados los han corrido; minería y geotérmica ahora amenazan a Chignahuapan, Puebla

•    Minería afecta 60% de territorio de la Sierra Norte de Puebla; son 440 concesiones otorgadas por Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI)


Chignahuapan. - Ante la amenaza que representa para su territorio la existencia de al menos dos concesiones mineras, una de geotermia y el proyecto para la construcción de un acueducto, pero también para conocer las leyes emitidas que permiten el “saqueo y la depredación” de los bienes naturales, pobladores de Chignahuapan realizaron el primer Foro en Defensa del Territorio y la Biodiversidad.

Fue Gerardo Pérez Muñoz de la Asamblea Social del Agua quien se encargó de dar a conocer la situación que se vive en la Sierra Norte de Puebla por la existencia 440 concesiones mineras que comprometen el 66 por ciento de la región, además de los permisos para la instalación de hidroeléctricas y la entrega de diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usa la fractura hidráulica o fracking y la aprobación de leyes que permitirán apropiación de bienes como el agua y los bosques.

En el salón El Honguito, ubicado en el barrio de Tenextla, los conocieron a grandes los megaproyectos de la industria extractiva en la zona, supieron que están rodeados de ellos por su vecindad con Zacatlán, Aquixtla, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, pero también fueron informados que Chignahuapan “tiene sus propios proyectos de muerte”, dijo Pérez Muñoz

“Por ello es importante unirse, porque no es un problema de Chignahuapan”, sino regional por lo que reconocieron que es importante la concientización de las familias y las comunidades sobre las afectaciones que provocarán la puesta en marcha de este tipo de proyectos y buscar canales para su organización.

Los pobladores recordaron la experiencia que tuvieron cuando, el año pasado, frenaron la privatización del agua en este municipio y al mismo tiempo se manifestaron en contra de la ley que privatiza el servicio de agua potable en el estado.

En los límites de Chignahuapan y Ahuazotepec, en terrenos conocidos como Terrerillos, la minera canadiense AlmandenMinerals tiene una concesión de más de 9 mil hectáreas de terreno para la extracción de oro, plata, plomo, cadmio, cobre, zinc que está vigente hasta el 19 de abril del 2061.

Mientras que otras 100 hectáreas de terreno fueron concesionadas a Sandra Cruz López para la extracción de Cuarzo, Feldespato y toda sustancia permisible en el terreno Cascabel que concluirá el 28 de abril del 2061.

Mientras que a 27.5 kilómetros de la cabecera municipal de Chignahuapan, en los mismos terrenos concesionados a la minera canadiense AlmadenMinerals, se encuentra Acoculco, una zona entregada por el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la explotación de su potencial geotérmico.

De probarse su factibilidad, éste sería el segundo campo de geotermia en el estado de Puebla, junto con Los Humeros, ubicado en la sierra nororiental en el municipio de Chignahutla, que también pertenece a CFE y que usa esta energía proveniente del núcleo de la tierra en forma de calor para producir electricidad, tras extraerla a través de fisuras de rocas de las capas de la corteza terrestre, con una técnica similar a la utilizada para obtener el gas shale: la fracturación hidráulica o fracking.

Regeneración
Leticia Ánimas
Chignahuapan, Puebla
Martes 1 de mayo de 2018.


Zavala es el “Plan C” de Peña Nieto; hubo operadores del PRI que la ayudaron, denuncia PRD


Ciudad de México. - El secretario general del PRD, Ángel Ávila, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) una revisión exhaustiva de las firmas obtenidas por Margarita Zavala para lograr la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Señaló que el Gobierno federal está detrás de la campaña de la ex Primera Dama, quien logró juntar las rúbricas, pero al igual que Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter recolectó apoyos falsos.

Ávila consideró que hubo operadores del PRI que la ayudaron.

"El show de los independientes terminó y al Gobierno federal sólo le era funcional la candidatura de Margarita Zavala, pues piensan que ella podría quitar algunos votos al candidato del Frente, Ricardo Anaya", dijo.

"El Gobierno federal está detrás de la campaña de Margarita Zavala".

Pese a que Zavala pueda estar en la boleta, aseveró que no le restará votos a la coalición Por México al Frente.

"La verdad es que Zavala no quitará un solo voto al Frente, pues los ciudadanos reconocen que ella significa la continuidad de un Gobierno que solo trajo violencia, dolor y muerte al País", manifestó.

Señaló que las candidaturas de Ríos Piter y "El Bronco" solo le estorbaban al PRI y a su candidato que va en tercer lugar.

"Estas dizque candidaturas independientes sólo buscaban dividir el voto de la Oposición, pero esa estrategia tampoco ayudaba mucho al PRI, por ello, en congruencia de su estrategia, el Gobierno federal coloca a Zavala en la boleta para que desde esa posición ataque al único opositor en la contienda electoral que es Ricardo Anaya", dijo.

Advirtió que López Obrador, Morena y el PRI siguen actuando de manera coordinada y ahora llegará Zavala a reforzar la estrategia contra Anaya.

"Pero desde el PRD y el Frente les decimos: no funcionarán los ataques a Ricardo y menos al Frente. Los ciudadanos ya despertaron y saben que los únicos que pueden y tienen la decisión de meter a la cárcel a los corruptos son los gobiernos que emanan de las coaliciones amplias como es la del PRD y PAN, junto con MC", dijo.

Reforma
Claudia Salazar
Ciudad de México
Sábado 17 marzo 2018.

  • En una entrevista con The Wall Street Journal,  el exfiscal electoral, Santiago Nieto acusó que un funcionario buscó darle dinero para silenciarlo, y que además lo han amenazado.


    El exfiscal electoral, Santiago Nieto, acusó en una entrevista con el diario The Wall Street Journal que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto buscó darle dinero, para que guardara silencio sobre el caso Odebrecht.

    Esto después de que lo despidieran de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuando indagaba el caso de sobornos de Odebrecht y la probabilidad de que estos recursos hubieran llegado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

    “Intentaron comprarme para que guardara silencio”, dijo Nieto, de acuerdo con WSJ. Ante ese ofrecimiento, respondió: “Lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto”.

    El funcionario que presuntamente buscó darle dinero, según el reporte, fue Jorge Márquez. Este último, si bien confirmó que tuvo una reunión con Nieto, rechazó haberle ofrecido dinero, reportó WSJ. El diario además indicó que Márquez ya no trabaja para el gobierno federal, tras estar en Gobernación.

    Santiago Nieto fue removido de la Fiscalía electoral el pasado 20 de octubre por “violar el Código de Conducta de la institución”, de acuerdo con la Procuraduría General de la República.

    La decisión fue tomada por el actual encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, luego de que Nieto declarara en entrevista con el diario Reforma que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le envió una carta en la que le pedía que no lo inculpara en el caso de presunto desvío de recursos a favor del PRI, durante la campaña presidencial de 2012.

    Por este caso, que involucraba presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, Fepade abrió una carpeta de investigación para indagar si parte de los recursos habrían financiado la campaña de Enrique Peña Nieto, sin que hasta ahora haya funcionarios procesados.

    Teme por su vida

    En la entrevista con WSJ, Nieto dijo que la controversia por la carta de Lozoya fue parte de un esfuerzo más amplio para que saliera de la FEPADE y silenciarlo.

    El funcionario federal que lo citó en un hotel, de acuerdo con Nieto, presuntamente le dijo que el gobierno quería mantener una buena relación con él, y que “como un gesto de buena fe”, le ofrecían dinero, al quedarse sin trabajo luego de ser despedido de la FEPADE.

    Nieto, agregó el reporte de WSJ, detalló que antes de que lo despidieran había solicitado información bancaria a las Islas Caimán, y documentos a autoridades brasileñas, para establecer si se podían presentar cargos contra Lozoya.

    El extitular de la Fepade señaló que los esfuerzos para tratar de callarlo, sobre el caso Odebrecht, incluyeron amenazas, que llegaron de forma anónima vía Telegram. “Un consejo, mantente lejos de los problemas”, dice uno de los mensajes que recibió, y que WSJ dijo haber revisado.

    En la entrevista, Nieto también relató que quien era su esposa recibió fotos de él junto a otra mujer, y que el matrimonio terminó pronto.

    Respecto a sus razones para hablar en este momento, Nieto dijo que teme por su vida y las de sus dos hijas adolescentes. Mencionó que ya reportó las amenazas que recibió a la PGR.

    El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina.

    Luis Alberto de Meneses y Luiz Mameri e Hilberto da Silva, ex directivos de Odebrecht que colaboran en la investigación Lava Jato —por los sobornos de la constructora—declararon haber transferido a Emilio Lozoya sobornos por cerca de 10 millones de dólares, a cambio de su apoyo como funcionario público en México para obtener contratos de obra pública, lo cual fue rechazado por el exfuncionario federal.

    Esta es la aclaratoria de Jorge Márquez Montes sobre los señalamientos de Nieto.

    En relación a la nota publicada por su diario, derivada del reportaje del Wall Street Journal titulado “Ex-Mexican Prosecutor Says He Was Fired to Stymie Corruption Probe”, me permito comunicarle lo siguiente:

    Como funcionario de la Secretaría de Gobernación, mis responsabilidades incluían el mantener una comunicación plural con los distintos actores políticos, sociales e institucionales del país.

    Fue en ese marco que durante los 5 años y 2 meses que laboré en la SEGOB, sostuve encuentros con Santiago Nieto Castillo.

    Sin embargo, las imputaciones que hace el señor Nieto Castillo son absolutamente falsas y carecen de cualquier sustento. Es por ello que las rechazo categóricamente.

    Me he desempeñado como funcionario público por más de 20 años, y siempre lo he hecho con honradez, compromiso y entrega.

    Agradecemos se haga la aclaración correspondiente, y quedo en toda la disposición de hacer las precisiones necesarias, con respecto a esta publicación o cualquier otra.

    Animal Político
    Ciudad de México
    Jueves 15 marzo de 2018.


El ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, dijo que quien inventó la frase de que Andrés Manuel López Obrador era 'un peligro para la nación' fue el ex presidente Felipe Calderón.

"Por ser dirigente del PAN  no podía contradecir el discurso de Calderón", señaló tras aclarar que nunca compartió esa idea.

Incluso señaló que está acreditado que 'el peligro para la nación' fue Calderón y reconoció que en la trayectoria de AMLO no hay indicios de corrupción, ni se acredita que sea un peligro.

Espino aclaró que nunca ha hablado con López Obrador y que jamás le han ofrecido un puesto en la campaña de ningún candidato.

MVS Noticias
Ciudad de México
Viernes 2 de febrero 2018.

   
Ciudad de México.- De enero a noviembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 23 mil 101 carpetas de investigación por homicidio doloso.

Esta cifra supera el récord de 2011, cuando se registraron 20 mil 707 incidencias en ese mismo periodo y 22 mil 409 en todo ese año.

Con respecto al mismo periodo de 2016, los homicidios dolosos también reportaron un incremento del 23.38 por ciento.

Los estados que reportaron un incremento crítico de homicidios con respecto al año pasado son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

En cuanto a tasas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, Colima continúa en la cima con 83.31, seguido de Baja California Sur que pasó de tercer al segundo lugar en la lista nacional con una tasa de 61.62.

En tercer lugar se ubica Guerrero con 58.60, en cuarto Baja California con 53.42 y en quinto Sinaloa con 40.96.
   
En cuanto a los homicidios por mes, noviembre reportó 2 mil 212 denuncias en todo el País, 168 menos que octubre cuando reportó la cifra mensual más alta en homicidios desde 1997.

En cuanto a los secuestros, las Procuradurías o Fiscalías estatales iniciaron mil 054 averiguaciones previas o carpetas de investigación, 30 casos más que en el mismo periodo de 2016.

En lo que se refiere a las tasas de secuestro por cada 100 mil habitantes, Zacatecas está a la cabeza con 4.0, Tamaulipas con 3.51, Tabasco con 2.96 y Veracruz se colocó en el cuarto lugar con 1.97.

En quinto figura Morelos con 1.88 y en sexto Guerrero con 1.72 casos por cada 100 mil habitantes.

El robo con violencia también se desató en el país con un incremento del 37 por ciento al pasar de los 154 mil 588 casos a los 212 mil 850 entre enero y noviembre de 2016 y 2017, respectivamente.

En lo que se refiere el robo de autos con violencia, este delito escaló en un 41 por ciento a nivel nacional.

Sólo entre enero y noviembre de 2017 se reportaron 57 mil 787 denuncias en ese rubro, de los cuales 24 mil 051; es decir, el 41 por ciento, se registraron en el Estado de México.

En cuanto a las tasas por el delito de robo de vehículo con violencia por cada 100 mil habitantes la encabeza por mucho el estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, con 138.52 robos por cada 100 mil habitantes.

Le siguen Sinaloa con 109.29; Guerrero con 67.42; Jalisco con 61.19 y Morelos con 54.08 de tasa.

Reforma
Benito Jiménez
Ciudad de México
Domingo 24 diciembre 2017.


•    La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse

•    Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas


México.- Los recientes escándalos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht es una muestra de que América Latina aún afronta grandes desafíos de la corrupción sistemática.

"Es una pena escuchar cada semana un nuevo escándalo en algún país latinoamericano por algún político relacionado con Odebrecht", sostuvo el investigador Jorge Sánchez Tello, de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), un centro del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En entrevista con Xinhua, el experto dijo que los sobornos de Odebrecht en una decena de países de América Latina, un caso originalmente destapado en Brasil por una pesquisa anticorrupción llamada "Lava Jato", exhibieron que la región carece de un Estado de derecho robusto.

En Perú, el mayor escándalo de corrupción en la región de los últimos años ya derivó en una orden de arresto contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), y llevó a la cárcel preventiva al ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, por imputaciones de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral.

La semana pasada el actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado a seis años de cárcel luego de que la Fiscalía lo acusó de haber recibido sobornos por 13,5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht con contratos del Estado en cinco proyectos de sectores estratégicos, mientras hay pesquisas en curso en Colombia, Venezuela y México, entre otros.

"Esto se debe justamente a que en América Latina no se ha construido el Estado de derecho, es la principal causa", expresó Sánchez Tello.

"América Latina ha tenido gobiernos de izquierda, derecha, centro, populistas, tecnócratas, pero la corrupción sigue porque no ha existido alguien en los últimos 50 años que realmente quiera crear instituciones para aplicar la ley", lamentó.

El investigador consideró que la debilidad institucional abre la puerta a que políticos o funcionarios aprovechen su cargo para beneficiarse con negocios ilícitos, una situación que en México ha quedado demostrada con varios casos de ex gobernadores encarcelados o buscados por presuntamente desviar recursos públicos.

La constructora brasileña contaba incluso con un departamento especializado en los sobornos a funcionarios de los países a cambio de obtener negocios en infraestructura, recordó.

Sánchez Tello expuso que es común que empresas accedan e incluso estén acostumbradas a pagar dádivas en los países de la región para trámites o permisos, como licencias para construcción, porque es algo que piden funcionarios de cualquier nivel de gobierno.

La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse, además de que a la par dificulta la recaudación debido a que la población desconfía que sus impuestos sean destinados a servicios, subrayó.

Al respecto, el director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, Hugo Beteta, señaló que el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones es fundamental para un desarrollo de la economía.

Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, por lo que los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas, agregó en entrevista con Xinhua.

"Las instituciones de combate a la corrupción son fundamentales para la inversión, para el crecimiento y para el funcionamiento y la sostenibilidad social de las políticas", expuso Beteta.

En tanto, para el investigador adjunto del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, Guo Cunhai, la "corrupción en América Latina ya no es un fenómeno esporádico, sino sistemático".

"La serie de escándalos de corrupción en América Latina agudizará las perturbaciones políticas de la región, lo cual dificultará la configuración de nuevas políticas económicas destinadas a estimular el desarrollo latinoamericano y seguramente dejará un impacto negativo a la economía de América Latina", expresó a Xinhua.

Guo agregó que "si bien muchos países latinoamericanos cuentan con un marco jurídico relativamente completo, la aplicación de la ley todavía es bastante débil en algunos países".

Por su parte, el analista argentino Rosendo Fraga dijo a Xinhua que la lentitud de la Justicia argentina para abordar los casos de corrupción, con procesos que demoran en promedio 14 años, genera escepticismo en la opinión pública, la que termina relegando la importancia de ese tema por detrás de cuestiones "urgentes", como la economía y la inseguridad.

Algo similar ocurre en Perú, donde la justicia ha procesado desde 2012 a 12.000 funcionarios de diversos niveles de la administración pública por presuntos actos de corrupción y de ese total ha admitido denuncias contra 1.500, según informó recientemente el contralor general del país, Nelson Shack Yalta.

"En el período 2009-2017, durante el gobierno de los dos contralores que me han antecedido, se procesaron ante la Justicia penal más de 16.000 funcionarios; de éstos, solo 61 fueron condenados", anotó el funcionario.

Xinhua
Luis Brito, Pei Jianrong y Juan Manuel
Ciudad de México
Viernes 22 de diciembre de 2017.


Ciudad de México – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

Soluciones a corto plazo y problemas a largo plazo

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y exdirector del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

Un Estado frágil se hunde

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.
ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD
La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

Una atomización social y del Estado

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

La parálisis en medio del desastre

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más rico, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

The Interpreter es una columna de Max Fisher y Amanda Taub que busca explorar el contexto y las ideas detrás de los principales eventos mundiales.

The New York Times
Max Fisher / Amanda Taub
Ciudad de México / Washington
Jueves 02 de noviembre de 2017.


El gobierno de Felipe Calderón generó todo un plan para permitir la llegada de Odebrecht a México para invertir en una planta de petroquímica, aseguró la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle.

En entrevista, aseveró que hubo desvío de recursos humanos y financieros para favorecer la inversión privada antes que el desarrollo de una planta por parte de Pemex, además de presiones al personal y la suspensión de inversiones autorizadas por el Congreso.

La diputada federal dijo que existen pruebas de cómo se fraguó un plan para llegar al objetivo de desmantelar la industria nacional y generar la llegada de Odebrecht, a través de su filial Braskem.

Recordó que el antecedente de la planta Etileno XXI, concesionada a Braskem en 2011, fue el Proyecto Fénix, por medio del cual Pemex Petroquímica levantaría una planta con ayuda de inversión privada.

De acuerdo a datos de Pemex, obtenida mediante peticiones de información, Pemex Petroquímica creó una estructura de organizacional para que trabajara en la creación del proyecto, indicó Nahle.

Tal estructura funcionó con ocho plazas definitivas para crear la Unidad Ejecutiva del Proyecto Fénix, la cual operó desde 2006 y terminó sus funciones en el 2010, un año antes de que se otorgara el contrato a Braskem.

"Fue personal que se separó de sus actividades en Pemex Petroquímica y se dedicó a crear el Proyecto Fénix. Se desviaron recursos humanos y financieros para trabajar en una empresa que no sería pública", afirmó Nahle.

De acuerdo al organigrama, se creó una coordinación de la Unidad Ejecutiva del Proyecto Fénix, en un principio operada por Arturo García Pérez, con un sueldo bruto de 2 millones 324 mil pesos al año.

También se consideraron tres plazas para Ejecutivos del Proyecto, con sueldos por un millón 793 mil pesos al año.

Otras plazas fueron de Profesional Especialista B, por 593 mil pesos al año; secretaria, nivel subdirector, con 532 mil pesos anuales; secretaria particular nivel "C", con sueldo de 319 mil pesos; y chofer, con ingresos de 232 mil pesos.

Hasta el 2009 se mantuvo esa estructura con diferentes vacantes, hasta que en 2010 solo quedaron un Ejecutivo del proyecto y el chofer.

Advirtió que cuando inició Etileno XXI, el trabajo para crear la empresa ya estaba hecho por parte de los trabajadores que puso Petróleos Mexicanos.

Al mismo tiempo, afirmó, en Pemex surgieron inconformidades por el desvío de personal a un proyecto que no terminaba de concretarse.

Nahle aseveró que para controlar los brotes de inconformidad en Pemex Petroquímica se "fortaleció" el Órgano Interno de Control, con una amplia plantilla de empleados de confianza, con sueldos del más alto nivel.

Conforme a otra petición de información, dijo, se constató que había 80 plazas de confianza y solo ocho sindicalizados.

"Cuando empezó la inconformidad de ingenieros, de los expertos de Pemex Petroquímica porque había una estructura paralela para crear el Proyecto Fénix, la respuesta fue el amago desde el órgano de control", expuso Nahle.

Explicó que con el afán de abandonar los proyectos, se dejaron de aplicar los presupuestos de inversión etiquetados en Pemex Petroquímica.

Recordó que con base en otra petición de información hecha por la entonces diputada Laura Itzel Castillo, en 2009 Pemex informó que se suspendió la inversión de 4 mil 241 millones de pesos para la ampliación de la Planta de Etileno en el complejo petroquímico Morelos, de un total de 12 mil 588 millones de pesos.

"La licitación para la ampliación de la planta de Etileno en el CP Morelos fue efectuada en dos ocasiones: diciembre de 2006 y marzo de 2008 y ambas se declararon desiertas.

"Por otro lado, en junio de 2008 se determinó suspender este proyecto y otros asociados a la cadena del etanol por su vinculación a la iniciativa del proyecto Etileno XXI", cita la respuesta que dio el 10 de noviembre de 2009 el ex director de Pemex Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín.

Rocío Nahle subrayó que se planearon todos los pasos posibles para favorecer un proyecto privado por encima de los planes de Pemex Petroquímica, y que no se dudó en debilitar a la empresa estatal y desviar recursos de los mexicanos para tal fin.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 13 de octubre de 2017.


La PGR indaga a 13 empresas que tuvieron algún tipo de relación con Odebrecht en los contratos que le fueron adjudicados por Pemex de 2010 a la fecha, entre ellas la Cooperativa La Cruz Azul.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales solicitó a los Registros Públicos de la Propiedad de diversas entidades los informes de dichas compañías, la mayoría subcontratadas por el gigante constructor brasileño y su filial del ramo energético.

Destacan Azul Concretos y Premezclados de la Cooperativa La Cruz Azul y Construcciones Industriales Tapia (Citapia), empresa del hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, que fue subcontratada por Odebrecht y que también conformó con OHL el consorcio ganador del contrato de la planta de hidrógeno y el gasoducto de la refinería de Cadereyta, en 2013.

Entre las empresas hidalguenses sobre las que se rastrean informes están Grupo Rellca, Grupo Constructor Tulancingo y Soluciones Integrales Tollan, registradas en las localidades de Mixquihuala, Tulancingo y Tula. También Argmon's, S.A. de C.V., una distribuidora de materiales en Pachuca.

De acuerdo con información del Gobierno federal, las compañías en cuestión fueron subcontratadas en los cuatro convenios que Pemex adjudicó a Odebrecht y Braskem en los últimos siete años.

Refirma
Abel Barajas
Ciudad de México
Jueves 04 octubre 2017.

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