Ciudad de México – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

Soluciones a corto plazo y problemas a largo plazo

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y exdirector del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

Un Estado frágil se hunde

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.
ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD
La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

Una atomización social y del Estado

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

La parálisis en medio del desastre

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más rico, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

The Interpreter es una columna de Max Fisher y Amanda Taub que busca explorar el contexto y las ideas detrás de los principales eventos mundiales.

The New York Times
Max Fisher / Amanda Taub
Ciudad de México / Washington
Jueves 02 de noviembre de 2017.


El gobierno de Felipe Calderón generó todo un plan para permitir la llegada de Odebrecht a México para invertir en una planta de petroquímica, aseguró la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle.

En entrevista, aseveró que hubo desvío de recursos humanos y financieros para favorecer la inversión privada antes que el desarrollo de una planta por parte de Pemex, además de presiones al personal y la suspensión de inversiones autorizadas por el Congreso.

La diputada federal dijo que existen pruebas de cómo se fraguó un plan para llegar al objetivo de desmantelar la industria nacional y generar la llegada de Odebrecht, a través de su filial Braskem.

Recordó que el antecedente de la planta Etileno XXI, concesionada a Braskem en 2011, fue el Proyecto Fénix, por medio del cual Pemex Petroquímica levantaría una planta con ayuda de inversión privada.

De acuerdo a datos de Pemex, obtenida mediante peticiones de información, Pemex Petroquímica creó una estructura de organizacional para que trabajara en la creación del proyecto, indicó Nahle.

Tal estructura funcionó con ocho plazas definitivas para crear la Unidad Ejecutiva del Proyecto Fénix, la cual operó desde 2006 y terminó sus funciones en el 2010, un año antes de que se otorgara el contrato a Braskem.

"Fue personal que se separó de sus actividades en Pemex Petroquímica y se dedicó a crear el Proyecto Fénix. Se desviaron recursos humanos y financieros para trabajar en una empresa que no sería pública", afirmó Nahle.

De acuerdo al organigrama, se creó una coordinación de la Unidad Ejecutiva del Proyecto Fénix, en un principio operada por Arturo García Pérez, con un sueldo bruto de 2 millones 324 mil pesos al año.

También se consideraron tres plazas para Ejecutivos del Proyecto, con sueldos por un millón 793 mil pesos al año.

Otras plazas fueron de Profesional Especialista B, por 593 mil pesos al año; secretaria, nivel subdirector, con 532 mil pesos anuales; secretaria particular nivel "C", con sueldo de 319 mil pesos; y chofer, con ingresos de 232 mil pesos.

Hasta el 2009 se mantuvo esa estructura con diferentes vacantes, hasta que en 2010 solo quedaron un Ejecutivo del proyecto y el chofer.

Advirtió que cuando inició Etileno XXI, el trabajo para crear la empresa ya estaba hecho por parte de los trabajadores que puso Petróleos Mexicanos.

Al mismo tiempo, afirmó, en Pemex surgieron inconformidades por el desvío de personal a un proyecto que no terminaba de concretarse.

Nahle aseveró que para controlar los brotes de inconformidad en Pemex Petroquímica se "fortaleció" el Órgano Interno de Control, con una amplia plantilla de empleados de confianza, con sueldos del más alto nivel.

Conforme a otra petición de información, dijo, se constató que había 80 plazas de confianza y solo ocho sindicalizados.

"Cuando empezó la inconformidad de ingenieros, de los expertos de Pemex Petroquímica porque había una estructura paralela para crear el Proyecto Fénix, la respuesta fue el amago desde el órgano de control", expuso Nahle.

Explicó que con el afán de abandonar los proyectos, se dejaron de aplicar los presupuestos de inversión etiquetados en Pemex Petroquímica.

Recordó que con base en otra petición de información hecha por la entonces diputada Laura Itzel Castillo, en 2009 Pemex informó que se suspendió la inversión de 4 mil 241 millones de pesos para la ampliación de la Planta de Etileno en el complejo petroquímico Morelos, de un total de 12 mil 588 millones de pesos.

"La licitación para la ampliación de la planta de Etileno en el CP Morelos fue efectuada en dos ocasiones: diciembre de 2006 y marzo de 2008 y ambas se declararon desiertas.

"Por otro lado, en junio de 2008 se determinó suspender este proyecto y otros asociados a la cadena del etanol por su vinculación a la iniciativa del proyecto Etileno XXI", cita la respuesta que dio el 10 de noviembre de 2009 el ex director de Pemex Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín.

Rocío Nahle subrayó que se planearon todos los pasos posibles para favorecer un proyecto privado por encima de los planes de Pemex Petroquímica, y que no se dudó en debilitar a la empresa estatal y desviar recursos de los mexicanos para tal fin.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 13 de octubre de 2017.


La PGR indaga a 13 empresas que tuvieron algún tipo de relación con Odebrecht en los contratos que le fueron adjudicados por Pemex de 2010 a la fecha, entre ellas la Cooperativa La Cruz Azul.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales solicitó a los Registros Públicos de la Propiedad de diversas entidades los informes de dichas compañías, la mayoría subcontratadas por el gigante constructor brasileño y su filial del ramo energético.

Destacan Azul Concretos y Premezclados de la Cooperativa La Cruz Azul y Construcciones Industriales Tapia (Citapia), empresa del hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, que fue subcontratada por Odebrecht y que también conformó con OHL el consorcio ganador del contrato de la planta de hidrógeno y el gasoducto de la refinería de Cadereyta, en 2013.

Entre las empresas hidalguenses sobre las que se rastrean informes están Grupo Rellca, Grupo Constructor Tulancingo y Soluciones Integrales Tollan, registradas en las localidades de Mixquihuala, Tulancingo y Tula. También Argmon's, S.A. de C.V., una distribuidora de materiales en Pachuca.

De acuerdo con información del Gobierno federal, las compañías en cuestión fueron subcontratadas en los cuatro convenios que Pemex adjudicó a Odebrecht y Braskem en los últimos siete años.

Refirma
Abel Barajas
Ciudad de México
Jueves 04 octubre 2017.


Luis Alberto de Meneses Weyll, quien negoció los sobornos millonarios de Odebrecht en México, huyó del País cuando ya estaba abierta la investigación de la PGR en su contra y se refugió en Brasil, donde se acogió a los beneficios de la justicia brasileña como colaborador o delator.

Sin embargo, no habrá manera de acceder a su testimonio sin que la PGR llegue a un acuerdo de inmunidad con él y con la propia empresa. Es decir, pese a que confiese los sobornos, no podrá ser juzgado en nuestro País.

"No puede ser juzgado doble vez, y eso lo tendrán que aceptar las autoridades de México si quieren que Brasil les comparta los documentos de Odebrecht y la confesión de Weyll", explicó el fiscal brasileño Orlando Martello, integrante del equipo Lava Jato, en entrevista exclusiva con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Weyll se desempeñó como director o superintendente de Odebrecht en México entre 2010 y 2017; en ese periodo, obtuvo contratos o ampliaciones por unos 2 mil 500 millones de dólares, sobre todo con Pemex, además de haber gestionado la concesión del servicio de agua en Veracruz y el suministro de gas a precio preferencial para la planta Etileno XXI, en aquel mismo estado, que representa un negocio por otros 2 mil 500 millones de dólares.

El ex director de Odebrecht en México dejó el País a inicios de marzo de 2017, en medio del escándalo de corrupción, y cuando la PGR tenía menos de dos meses de haber iniciado la investigación de los sobornos de la constructora brasileña. Embarcó su menaje de casa en el puerto de Veracruz -estado en el que había establecido su base de operaciones-, y fijó su nuevo domicilio en el condominio residencial Albalonga, en Salvador de Bahía, en Brasil, donde tiene su sede la constructora Odebrecht.

El 6 de marzo de 2017, Weyll documentó en el puerto 5 toneladas de 'menaje de casa', las que valuó en casi 800 mil pesos, para ser trasladadas vía marítima a Brasil, según consta en el reporte del embarque consultado para esta investigación.

Cuando abandonó el País, Weyll ya tenía tres meses de haberse convertido en delator de la justicia brasileña, a quien confesó haber participado en la negociación de 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya, 4 millones en 2012, cuando se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros 6 millones cuando ya se era el director de Pemex.

Weyll también tuvo un papel crucial en la red de empresas creadas durante el Gobierno de Javier Duarte en Veracruz, para apoderarse del negocio del agua y la energía eléctrica. Además, participó en las negociaciones de los contratos de la carretera Interoceánica en Perú, que desencadenaron una orden de arresto contra el ex Presidente del país andino, Alejandro Toledo, y su nombre está en correos electrónicos que forman parte de la investigación contra la ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña política.

Protegido

Orlando Martello detalló que al llegar Weyll a un acuerdo de delación o colaboración con la Fiscalía de Brasil, obtuvo inmunidad contra juicios en Perú o en México, países en donde estuvo involucrado en presuntos actos de corrupción.

"Luis Alberto Weyll es uno de los colaboradores. Entonces, él tiene la obligación de decir la verdad. Si miente o si omite algo, él puede tener su acuerdo roto", precisó el fiscal.

Reveló que hay más de 60 ejecutivos de Odebrecht que cometieron crímenes fuera de Brasil que ya aceptaron convertirse en colaboradores o delatores de la Fiscalía brasileña, a cambio de reducción de penas. Entre esos ex directivos está Weyll.

"Más de 60 ejecutivos están esperando la decisión de la justicia para ser procesados y pagar una reducción de pena. Cumplir dos años de prisión domiciliaria, cuatro años de servicio a la comunidad o pago de indemnización".

Estos ejecutivos han confesado que pagaron casi 250 millones de dólares en sobornos en 12 países.

El Fiscal aclaró que los documentos que tienen que ver con crímenes cometidos por Odebrecht en México están bajo sigilo en el Tribunal Superior en Brasilia, en espera de que se llegue a un acuerdo entre la compañía y la PGR para garantizar inmunidad a los ejecutivos que tienen acuerdos de colaboración o delación, como es el caso de Weyll.

"Todo lo que es respecto a México está separado, con los hechos delictivos enumerados; la empresa (Odebrecht) nos ha entregado las pruebas que corroboran esos hechos. Cuando la compañía decidió hacer un acuerdo, nos trajo todos los datos respecto a cada uno de los países. Ahora la compañía debe procurar con esos países hacer un acuerdo directamente. Y cada País debe respetar nuestro acuerdo en Brasil".

- ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿En dar cierto grado de inmunidad a Odebrecht?

-Teníamos conocimiento de 5 a 10 por ciento de los hechos ilícitos de la compañía. Para tenerlos al 100 por ciento hicimos este acuerdo. No nos agrada hacer acuerdos con Odebrecht. De hecho, era nuestro principal enemigo: nos atacó de todos los modos, intentó anular la investigación. Pero cuando vimos la oportunidad de obtener pruebas y documentos que podrían ser utilizadas en la investigación brasileña, decidimos hacer el acuerdo. Es un costo muy alto para nosotros, pero lo decidimos porque había muchos políticos involucrados. A partir del momento que colectamos 90 por ciento de las pruebas que no teníamos conocimiento, teníamos que proteger a la empresa, porque nos dio esos documentos a cambio de una exención (de penas).

Castigo por mentir

El Fiscal del caso Lava Jato aseguró que una vez que la PGR firme un acuerdo con Odebrecht, la compañía está obligada a informar con la verdad sobre los actos de corrupción que cometió en México. Si miente o si oculta información, entonces sí se le podría procesar.

"Si hay algún hecho que no fue revelado por la compañía, puede ser inmediatamente procesada, y todas las personas que están involucradas, ya no habría ninguna exención, ninguna protección para hechos no revelados por la compañía, por sus directores o ejecutivos. Entonces si la compañía omitió alguna información, ella debe responder completamente por esto".

Lo anterior obligará a las autoridades mexicanas a que -una vez que reciba la información de Brasil- profundice en las investigaciones del caso de corrupción. "Y si encuentran actos no revelados, van en contra de la compañía, de los ejecutivos".

Martello añadió que la Fiscalía incentiva a que la compañía tenga contacto directo con los gobiernos de los países en los que incurrió en corrupción para cubrir una indemnización y auxiliar en identificar a todos los involucrados.

Marcelo, el acusador

La acusación contra Weyll como el responsable de los sobornos en México la hizo el propio Marcelo Odebrecht -ex presidente de la constructora brasileña- durante la declaración que el 16 de mayo de 2017 rindió ante representantes de la PGR que viajaron a Curitiba, ciudad ubicada al sur de Brasil, donde hace tres años inició el macro operativo contra la corrupción conocido como Lava Jato, que ha sacudido a 12 países.

Además, Marcelo señaló al superintendente como el responsable de arreglar los encuentros que tuvo con los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, realizados en octubre de 2011 y 2013, respectivamente.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) localizó a un integrante de la Fiscalía brasileña que estuvo presente en el interrogatorio que enviados de la PGR realizaron en prisión a Marcelo Odebrecht.

Según este testigo, Marcelo confesó que él intervenía en el arreglo de sobornos sólo cuando había problemas, y que "en el caso de México era el director o superintendente de la empresa (Weyll) quien tenía la facultad para negociar con autoridades o funcionarios".

Los enviados de la PGR interrogaron a Marcelo sobre las diversas reuniones que sostuvo con los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa (PAN), y Enrique Peña Nieto (PRI), y el empresario aseguró que en esos encuentros no se acordaron pagos ilegales.

Y fue en este punto donde mencionó que la persona autorizada para negociar los sobornos era Weyll, aunque también tenía facultades Luiz Mameri, director para Latinoamérica de la constructora.

"Las reuniones con los Presidentes fueron cuestionadas por las autoridades de México; él (Marcelo) reconoció algunas reuniones, él dice que era común hacerlas, normalmente a pedido del superintendente de Odebrecht", relató el testigo de la Procuraduría de Brasil que atestiguó la declaración de más de dos horas, que fue traducida del portugués al español y grabada en video.

"Marcelo dijo (a los enviados de la PGR) que una persona que puede esclarecer la corrupción en México era el superintendente de Odebrecht en el País. Esta persona es quien sabía de los detalles. Marcelo declaró que los sobornos sólo venían al conocimiento de él, cuando un problema ocurría, cuando no, el superintendente o el alto ejecutivo del país tenía la autonomía para decidir si pagaba o no pagaba el soborno".

Marcelo Odebrecht se reunió con Felipe Calderón Hinojosa en la residencia oficial de Los Pinos en octubre de 2011, y dos años después, en octubre de 2013, visitó en el mismo recinto a Enrique Peña Nieto.

Aunque ya antes de que fuera Presidente, Peña Nieto se había reunido con el dueño de Odebrecht: en mayo de 2010 en Brasil y en noviembre de 2012 en Querétaro.

El testigo informó que los enviados de la PGR también interrogaron a Marcelo sobre irregularidades en los contratos en Pemex, y una vez más respondió que quien tiene toda la información es Weyll.

La huida

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la confesión de seis ejecutivos de Odebrecht, que reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México entre 2010 y 2014.

Pese a esta confesión, la PGR dejó pasar casi un mes para iniciar una indagatoria del caso. Fue hasta el 17 de enero de 2017 cuando abrió una carpeta de investigación contra Odebrecht, a partir de una denuncia presentada por Pemex.

Pasaron dos meses más, y Pemex nunca llamó a declarar a Weyll, identificado como el responsable de los sobornos de Odebrecht en México.

- ¿Interrogaron a Luis Weyll antes de que dejara el país (en marzo de 2017)?, se le preguntó a Felipe Muñoz, subprocurador de Investigación de Delitos Federales de la PGR.
-Lo tenemos identificado. Obviamente es una persona que muy probablemente lo declararemos, pero él nunca estuvo en México. Hicimos una investigación en este sentido, respondió el subprocurador.

-Pero su oficina la tenía en Polanco.

-No.

-Lo llegamos a localizar ahí.

-Luis Alberto Meneses Weyll Él venía a México. Sí estuvo en México. Pero lo que quiero decir es que a partir de que iniciamos nuestra carpeta de investigación (el 17 de enero de 2017), él ya no estaba en México. Ya tenía tiempo de que ya no estaba en México.

Alberto Elías, subprocurador de Asuntos Internacionales, informó que pedirán la ayuda de las autoridades de Brasil para tomar la declaración de Weyll y de Luis Mameri, ex director de Odebrecht para Latinoamérica y quien fue testigo del supuesto soborno solicitado para Emilio Lozoya.

"Desafortunadamente las declaraciones de personas que están en otros países y sobre todo los que tienen o han tenido un proceso derivado de una investigación, nosotros no podemos determinar la fecha, porque ellos deben cumplir con las condiciones de su marco jurídico. Entonces estamos sujetos a que Brasil nos informe cuándo se pueden dar. Se han solicitado las declaraciones que se consideran claves o importantes en la construcción de esta investigación".

La confesión de Marcelo

Felipe Muñoz y Alberto Elías, subprocuradores que encabezan la investigación de los sobornos de Odebrecht en México, aseguraron que en la toma de declaración que hicieron a Marcelo el pasado 16 de mayo en Curitiba, Brasil, el empresario constructor aportó información clave para identificar a los funcionarios involucrados en la red de corrupción, que no necesariamente se limitan a ejecutivos de Pemex.

"Fue neurálgica la declaración de Marcelo, que nos ha permitido generar la solicitud de otras asistencias jurídicas para tomar declaración a otras personas. Si las líneas de investigación nos dirigen a otro supuesto que no sean los contratos de Pemex, se agotarán esas líneas de investigación", dijo Elías.

"La declaración que rindió Marcelo nos abre un panorama que nos va a permitir tener muy probablemente un caso exitoso", añadió Muñoz, quien aseguró que la declaración de Marcelo se extendió por tres horas y media.

Informó que además de Marcelo, se citó a tres funcionarios de Odebrecht en México a quienes se interrogó para tratar de esclarecer la red de corrupción. Por parte de Pemex se ha requerido a 20 funcionarios de distintos niveles (coordinadores, directores, subdirectores y ex directores), entre ellos ocho jubilados y dos despedidos.

Triangulaciones

Los subprocuradores reconocieron que Odebrecht trianguló recursos a empresas 'de pantalla' o fachada en paraísos fiscales, para ocultar el pago de sobornos a funcionarios mexicanos.

"Esta es la parte que deberá tener el tejido fino de seguimiento de recursos. Es una parte estratégica dentro de una investigación", dijo Felipe Muñoz, subprocurador de Investigación de Delitos Federales.

"Y entre las solicitudes que hemos hecho (a autoridades de Brasil) es que nos den toda la información de orden financiero que pudieran tener para poder dar ese seguimiento a estas empresas", completó Alberto Elías, subprocurador de Asuntos Internacionales.

-Odebrecht solía recurrir a empresas offshore en paraísos fiscales, en concreto Suiza y países del Caribe, para transferir fondos de sobornos. ¿Se replicó esta mecánica en México? -se le preguntó.

-La mecánica que empleaban estas empresas es precisamente mucho de lo que nos centramos cuando platicamos con Marcelo (Odebrecht). Y precisamente de la declaración de Marcelo, se nos hace necesario regresar a tomar la declaración de algunas otras personas que son funcionarios de Odebrecht. ¿Cuál es nuestra intención? El seguimiento de esos recursos. Y ese seguimiento nos va a llevar a todas estas empresas que venían operando de la manera en que ustedes nos mencionan y de lo cual nosotros ya teníamos conocimiento.

Para aclarar este mecanismo de triangulación de sobornos, se hicieron peticiones de asistencia jurídica a Brasil, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Perú, Chile y también Suiza, entre otros países, precisó Elías.

Reforma
Raúl Olmos
Especial MCCI
Curitiba, Brasil
Martes 12 de septiembre de 2017.


La Cadillac que dieron a Lozano empresarios y “El Cachetes” no se reportó a la autoridad electoral

Puebla.- El senador del PAN Javier Lozano aseguró que desconocía las presuntas actividades ilícitas en las que está involucrado Othón Muñoz Bravo, "El Cachetes", quien ha sido relacionado con el robo de combustible.
"La verdad de las cosas es que jamás me hubiera imaginado que cinco años después de la campaña uno de éstos iba a estar involucrado en un escándalo, la verdad es que yo no lo sabía", dijo.

"Es como ahorita, tantos amigos que tengo y si uno de ellos se me presenta, que resulta que salió huachicolero".

Ayer, el diario Periódico Central difundió una fotografía en la que "El Cachetes" aparece departiendo con Lozano y con Carlos Loranca Muñoz, Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, con sede en Puebla.

Por otro lado, el panista también fue cuestionado sobre la fotografía en la que aparece con el acusado recibiendo una camioneta Cadillac, para su campaña al Senado en 2012.

Lozano aseguró que el vehículo sólo le fue entregado como préstamo y no por Muñoz Bravo.

"Es falso, no me regalaron nada, fue un comodato durante la campaña. Obviamente lo documenté ante la autoridad electoral, terminó la campaña y la devolví y no me la dio Othón Muñoz, fue uno de ellos y creo que se llama Ángel López. Me la prestó y, por eso, con toda naturalidad está la foto", sostuvo.

La Cadillac que dieron empresarios y “El Cachetes” a Lozano no se reportó a la autoridad electoral

El senador ofreció documentos que demostraban la entrega de la camioneta en comodato y el destino de esta que debió reportar ante el Instituto Electora, sin embargo, no hizo ni lo uno ni lo otro: no dio los documentos ofrecidos y la Cadillac no aparece en su reporte de gastos de campaña.

El Senador panista Javier Lozano Alarcón no reportó al Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), la camioneta que le fue entregada para la campaña de 2012 por un grupo de empresarios entre los que se encontraba Othón Muñoz Bravo “El Cachetes” detenido por la Marina Armada de México el 20 de agosto en Puebla.

El Senador dijo anoche a Periódico CENTRAL que “no fue donación (fue comodato) y no fue Othón Muñoz. Favor de precisar”, en referencia a una nota y una foto que lo exhibía recibiendo el vehículo de lujo Cadillac Escalade.

Lozano Alarcón ofreció documentos de la donación y el destino del inmueble que debió reportar a las autoridades, de acuerdo con la Ley electoral. No hizo ni lo uno ni lo otro: no dio los documentos ofrecidos, y la Cadillac no aparece en su reporte de gastos de campaña. La revisión de las cuentas entregadas a las autoridades electorales, indican que el Senador panista no reportó el bien inmueble.

En el Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campañas Federales Electorales del PAN, aparece el reporte de gastos del Senador Javier Lozano Alarcón por un total de 8 millones 691 mil 558 pesos, con un sobre ejercicio de 559 mil 409 pesos: solo reportó ingresos por 8 millones 132 mil 149 pesos.

El Senador obtuvo 3 millones 48 mil 689 pesos como Aportación del Comité Ejecutivo Nacional; 4 millones 702 mil 706 pesos por aportaciones de otros órganos del partido; como candidato, Lozano aportó 320 mil pesos.

Es en el rubro de Aportaciones en Especie en donde debería estar reportada la camioneta Cadillac Escalade que recibió de los empresarios. Pero no se encuentra. Solo dio cuenta de 882 pesos que ingresaron de los militantes y 59 mil 870 pesos de los simpatizantes; el rubro queda bastante lejos del millón de pesos que costó el lujoso vehículo.

Durante la campaña de 2012, Lozano fue evidenciado por medios locales por la ostentosa casa de campaña que tenía, en un terreno de 643 metros cuadrados y en la Vía Atlixcáyotl, una de las zonas de mayor plusvalía en el estado de Puebla. Había 20 empleados en su organigrama.

En se entonces, el candidato a Senador declaró que la residencia se la había prestado un amigo.

Muñoz Bravo, presunto saqueador de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) conocido como “El Cachetes”, estuvo en el grupo de empresarios poblanos que proporcionaron al polémico político, en 2012, una camioneta de lujo valuada en más de un millón de pesos para trasladarse durante su campaña al Senado de la República.

Lozano negó ayer, específicamente, haber recibido recursos de “El Cachetes” para sus campañas políticas. Pero en la foto, que presuntamente fue encontrada en una propiedad del capo, posan Muñoz Bravo, el Senador y otros empresarios. El político recibe, en ese instante, las llaves del vehículo de sus donantes, entre ellos el presunto saqueador de recursos nacionales.

En una la rueda de prensa que ofreció Lozano este lunes en Puebla, los periodistas le cuestionaron el origen y la razón por la que aparece en otra foto sentado junto a “El Cachetes” en una comida en el fraccionamiento El Cristo en Atlixco. El Senador confirmó que él y otros políticos departieron con el individuo señalado por la Marina como “capo huachicolero”, sin saber que se trataba de un delincuente.

Dijo que fue el ahora Diputado local Sergio Moreno Valle, primo del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, quien se lo presentó.

El Senador panista fue cuestionado directamente sobre si Othón Muñoz Bravo había participado en su campaña.

Respondió con un tajante “no”.

Creo que me lo presentó Sergio Moreno Valle, no quiero ser injusto, pero creo que él me lo presentó por esas fechas […]. No hubo aportaciones en mi campaña como tal. Lo conocí. Un par de ocasiones coincidí como él. Si él está metido en estas cosas, que él pague las consecuencias”, dijo.
Pero la nueva fotografía pareció desmentirlo: entre los que aportan el vehículo de lujo aparece el presunto ladrón de combustible, detenido por la Marina Armada de México.

La camioneta Cadillac Escalade fue entregada (como donación o comodato) por los empresarios a Javier Lozano Alarcón en 2012 como un apoyo para que se trasladara durante su campaña al Senado. Y así fue. El panista fue a bordo de la camioneta a su gira en Xicotepec el 17 de junio de ese año, cuando casi fue linchado por los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Según la nota publicada por la reportera Leticia Ánimas, Lozano abandonó su camioneta para poder escapar de la trifulca y los manifestantes aseguraron que dentro del auto de lujo encontraron un arma R-15 de uso exclusivo del Ejército.

Sobre el arma, el entonces candidato dijo que era propiedad de un escolta federal que le habían asignado para cuidarlo.

El 31 de mayo de 2012, Lozano posó a un lado de su vehículo cuando llegó al hotel Camino Real de la Vía Atlixcáyotl para el debate con sus competidores al Senado de la República.

La fotografía de Periódico Central parece revelar una mayor relación entre el aspirante a la gubernatura de Puebla y Othón Muñoz. En la imagen se puede ver al presunto capo del huachicol posando con otros empresarios y gasolineros durante la entrega de las llaves de una camioneta Cadillac Escalade 2012, valuada en ese entonces en al menos un millón de pesos.

En la imagen aparece además el empresario Manuel Veana, quien en 2010 participó en el Comité de Financiamiento de la campaña del priista Javier López Zavala; el empresario Manolo Torres, dueño de un lote de compra-venta de autos de lujo en la capital; Ángel López, constructor en Veracruz y supuesto socio de “El Cachetes”, de acuerdo con las averiguaciones; el Diputado local del PAN Sergio Moreno Valle, primo de Rafael Moreno Valle, ex Gobernador de Puebla y quien también ha sido cuestionado por las fotos en las que aparece con el presunto capo.

Aparecen, en esa foto, Leodegario Pozos Vergara, alías “El Tigre”, aspirante a Gobernador de Puebla como candidato ciudadano en 2016 y empresario gasolinero en Libres; también Ludivino Mora Tejeda, ex Secretario de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Puebla y ex Director de la Policía Auxiliar en la administración de Rafael Moreno Valle.

Lozano perro

Fuentes de la justicia federal que entregaron el lunes a Periódico CENTRAL la imagen, informaron que ésta y otras fotografías fueron decomisadas en el operativo que llevó a cabo la Marina Armada de México en tres propiedades de Othón Muñoz el pasado 20 de agosto.

Dijeron que hay más imágenes que “El Cachetes” tenía en su poder “como trofeo de su relación con políticos del más alto nivel”. Esas otras fotos podrían involucrar a más políticos.

La madrugada del 20 de agosto, Othón Muñoz fue detenido en su casa en el lujoso fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Además, la Marina llevó a cabo cateos en dos de sus propiedades en Haras del Bosque y El Cristo.

A pesar de que en las primeras horas del operativo trascendió que el detenido era un importante líder huachicolero, en la audiencia de Control de Detención se le fincaron delitos solo por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

De foto en foto

Ayer lunes, CENTRAL dio a conocer publicó una primera fotografía en la que aparece Javier Lozano Alarcón y el ex Diputado federal del PAN Néstor Gordillo, en una comida departiendo con Othón Muñoz.

Cuando al medio día el Senador fue cuestionado al respecto, confesó que el capo convivía normalmente con las más altas esferas de la política en Puebla, pero que nadie estaba enterado de que se tratara de un delincuente.

Dijo que fue el actual Diputado local y primo del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, Sergio Moreno Valle, quien se lo presentó.

Ya lo dije desde que incluso salí en la defensa de Rafael Moreno Valle cuando en Reforma apareció una fotografía como la que exhibieron con Rafa y Othón Muñoz no lo hace ni socio ni cómplice. Lo conocemos, y digo conocemos porque claro que lo conocemos muchos en Puebla, porque se movía con mucha naturalidad, como pez en el agua, entre una buena parte de la sociedad y de la clase política y lo que no nos imaginamos, al menos yo, ni por asomo, es que estuviera metido en ese tipo de enjuagues”.

Pero Sergio Moreno Valle dijo al periódico poblano Cambio, el pasado 28 de agosto, que la Notaría de su familia efectivamente había escriturado algunas propiedades del capo, pero que no era su amigo.

Lozano dijo que el primo del Gobernador fue quien lo presentó.

Yo como Diputado tengo vinculación con mucha gente –justificó entonces Sergio Moreno Valle, a propósito de las fotos con el ex Gobernador–. En muchos lugares y me he sacado muchas fotografías pero desgraciadamente no me pongo a investigar cuál es el giro o qué se dedica cada una de las personas. Yo no soy vinculante, ni coadyuvante en ese tema, en las relaciones interpersonales que pueden surgir entre ellos [Rafael Moreno Valle y el Cachetes]. No tengo nada que ver”.
Lozano sostuvo además que “El Cachetes” de ninguna manera financió su campaña.

Pero el capo participó al menos en la camioneta de lujo que estuvo usando para sus giras en 2012 con placas del Distrito Federal, 836-UXW, y que hoy no aparecen en los registros públicos de vehículos.

La relación entre los ladrones de combustible y funcionarios del Gobierno de Moreno Valle se ha venido trasluciendo con el tiempo.

La madrugada del 14 de julio del 2015, fueron detenidos el entonces Director de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez Lozano, el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en un operativo que llevó a cabo Seguridad Física de Pemex y el Ejército. Ambos funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle fueron asegurados mientras protegían a la banda de “El Gasparín” y los apoyaban con el resguardo de 37 camionetas que se usaban para la ordeña de ductos de Pemex y el traslado del combustible.

El 28 de julio del 2015, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, entregó su renuncia al cargo luego de que se reveló que sus mandos policiales formaban parte de la cadena de robo de hidrocarburo.

Hasta el momento, Estrada y Méndez siguen un proceso penal por el delito de robo de hidrocarburo ante el Poder Judicial Federal de Puebla y no han podido comprobar su inocencia.

La vinculación de funcionarios estatales de Puebla con la actividad del robo de combustible ha coincidido con otro dato: durante el sexenio del ex Gobernador Moreno Valle, el número de tomas clandestinas de gasolina incrementó en un mil 800 por ciento.

CABALGATA

De acuerdo con los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dados a conocer a través de la plataforma Gobierno Fácil, Mario Marín cerró su gobierno en 2010 con 108 ductos ilegales, mientras que al cierre del 2016 se reportaron 3 mil 52.

El total histórico de Pemex informa 3 mil 218 tomas clandestinas en 27 de los 217 municipios del estado durante los últimos 16 años.

El repunte del robo de hidrocarburo ocurrió a partir del año 2011 con Rafael Moreno Valle.

La plataforma Gobierno Fácil mantiene el conteo de cada toma clandestina registrada en los ductos de Pemex, lo que permite confirmar que el robo de hidrocarburo se asentó en el sexenio morenovallista:

Marín cerró en 2010 con solo 49 tomas clandestinas detectadas y de ahí en adelante, con Moreno Valle, las cifras se dispararon: en 2011 fueron 74 tomas; 2012, 110; para 2013, 210; y en 2014 se detectaron 2014.

Todo empeoró en los dos últimos años de su gobierno, para 2015 Pemex detectó un total de 815 tomas clandestinas en territorio poblano, y Moreno Valle cerró el 2016 con mil 533 tomas.

Reforma
Claudia Guerrero
Periódico Central
Edmundo Velázquez
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 5 de septiembre de 2017.


Odebrecht creía que Emilio Lozoya sería el próximo presidente de México

La organización Transparencia Mexicana urge a autoridades a vincular a proceso a los funcionarios que recibieron sobornos de la constructora

Una vez que se den a conocer los nombres de los funcionarios mexicanos que recibieron sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, las autoridades deberán buscar la manera de vincularlos a proceso y sancionarlos, advirtió Transparencia Mexicana.

Luego de que Rodrigo Tacla, abogado de la empresa, quien está acusado de lavado de dinero en España, reveló que la constructora financiaba -entre otras cosas--campañas políticas en América Latina, el director ejecutivo del organismo de la sociedad civil, Eduardo Bohórquez, recalcó la necesidad del castigo.

Cuestionado sobre este tema, indicó que de acuerdo con lo revelado por el abogado, la empresa tenía vínculos con autoridades, candidatos y partidos políticos en la región.

"El modus operandi utilizado por Odebrecht evidencia que la corrupción no es asunto cultural, sino claramente un delito económico", explicó Bohorquez, al señalar que la firma tenía una rama especializada en el pago de sobornos, conocida como Unidad de Operaciones Estructuradas.

Las revelaciones que hizo el abogado Rodrigo Tacla en una entrevista periodística la semana pasada, en donde habló de pago de regalos, fiestas para políticos y hasta financiamiento de campañas electorales, evidencia que se trataba de delitos planeados y ejecutados, comentó.

Bohorquez recordó por ahora aún se desconoce la identidad de los funcionarios mexicanos implicados en esta red, de ahí que una vez que se conozcan los nombres, las autoridades mexicanas deben vincular a esas personas a proceso y sancionarlas conforme a las leyes mexicanas, ya que de momento se trata de un delito confeso que está en manos de un juez en Estados Unidos.

Odebrecht creía que Emilio Lozoya sería el próximo presidente de México: abogado

Odebrecht creía que el presidente de México iba a ser el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

“Y le gustaba esa idea. La constructora tenía mucho interés en Lozoya”, afirmó en entrevista para El País Rodrigo Tacla, abogado del gigante brasileño de la construcción que ha tambaleado los cimientos políticos del continente tras confirmar el pago de sobornos millonarios a gobiernos de 12 países.

El rotativo español localizó en Madrid a este abogado de nacionalidad hispano-brasileña que fue arrestado el pasado noviembre por orden de un juzgado de Curitiba (Brasil).

Tras pasar 72 días en la prisión de Soto del Real —acusado de soborno, blanqueo y pertenencia a organización criminal—, se encuentra en libertad provisional. Tacla será juzgado en España después de que la Audiencia Nacional rechazara su extradición a su país natal, Brasil.

La justicia brasileña le reclama por lavar presuntamente más de 12 millones de euros al dictado de la empresa. Y Odebrecht sostiene que le contrató para blanquear las comisiones ilegales.

Tacla lo niega, dice El País, argumentando que solo prestó sus servicios durante cinco años. Y que conoció las alcantarillas de la compañía porque “evaluó riesgos” como letrado en aquellos países donde la constructora compró a decenas de políticos.

Al preguntarle lo que sabía de México, Tacla reveló el interés que la empresa tenía en Lozoya, quien ha sido señalado de estar involucrado en los sobornos de Odebrecht.

En abril pasado, se reveló en Brasil que el exdirector general de Pemex estaba incluido en la red de corrupción, pero el exfuncionario negó haber recibido dinero ilegal.

Hilberto Mascarenhas, exdirectivo de Odebrecht, afirmó que Emilio Lozoya –también involucrado en un contrato amañado con la constructora española OHL– recibió en 2014 un soborno de 5 millones de dólares de la constructora brasileña, a cambio de beneficios indebidos por parte de la empresa petrolera.

Mascarenhas, responsable de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, declaró que el soborno le habría sido solicitado durante una reunión programada en noviembre de ese año por Luis Weyll, director de Odebrecht México, con la autorización de Luiz Mameri, director de Odebrecht en América Latina.

Sin embargo, Lozoya negó tener relación alguna con los presuntos sobornos pagados por Odebrecht.

Lozoya dirigió a Pemex desde fines de 2012 y hasta febrero de 2016.

Notimex / Proceso
Ciudad de México
Lunes 31 de julio de 2017.


Con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Construcciones Aldesem SA de CV, responsable de edificar el Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, ganó 4 mil 134 millones 744 mil 526 pesos, pese a deficiencias observadas en sus obras.

Tras una revisión a los registros de Compranet, La Silla Rota identificó que sólo uno de los 24 contratos que recibió la firma representa 25.29 por ciento de sus ingresos como proveedor del gobierno federal: la ampliación del libramiento en Morelos, donde el 12 de julio se abrió un socavón de ocho metros de diámetro en el que cayó un automóvil y los tripulantes perdieron la vida.

Por este trabajo, que obtuvo tras el fallo de la licitación pública internacional LO-009000999-T422-2014, facturó 1 mil 45 millones 857 mil 952 pesos, pese a que el acuerdo inicial fue por 901 millones 601 mil pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) signó 12 de los 24 convenios. El último de ellos es para la construcción de talleres y cocheras del tren eléctrico de Guadalajara, por 599 millones 229 mil187 pesos, asignado el 14 de marzo de 2016, con plazo de ejecución de 10 a 12 meses.

Cuatro días antes, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México le entregó un contrato, al cual accedió por invitación, de 10 millones 961 mil 673 pesos por edificar accesos y plataformas para exploración geotécnica, rehabilitación de tramos de prueba y bacheo de caminos existentes dentro del terreno en el que se erigirá el puesto aéreo.

El 14 de mayo de 2015, según la base de datos de Compranet, había realizado el mismo servicio en la pista dos de la base aérea.

Con Felipe Calderón, la empresa del Grupo Aldesa en México erigió la plaza de cobro La Concordia, en Sinaloa, que incluyó cuartos de máquinas, edificios administrativos y de control, así como andadores peatonales, asta bandera, área de vigilancia y zona de estacionamientos. Por este contrato, que inició el 1 de noviembre de 2012, percibió 74 millones 908 mil 273 pesos.

Previo a éste, el gobierno panista había requerido los servicios de Aldesem para la plaza de cobro Cocomate, en Durango, por la cual cobró 54 millones 174 mil 412 pesos.

Ya con Peña Nieto, Caminos y Puentes Federal le asignó directamente, sin competir con otra propuesta, 38 millones779 mil 625 pesos por “trabajos preliminares en la atención del deslizamiento ubicado en el kilómetro 93+000 de la autopista Tijuana-Ensenada”.

Además de infraestructura carretera, la constructora proveyó la interconexión de sistemas aislados Guerrero Negro y Santa Rosalía, a solicitud de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con ganancias de 18 millones 626 mil 178 pesos.

Grupo Aldesa, al que pertenece Aldesem, también construyó la autopista siglo XXI, de Mazatlán a Durango, en la cual uno de sus túneles presentó daños un mes antes de su inauguración, en septiembre de 2013, tras el paso de la tormenta Ingrid.

En febrero de 2017, Aldesa y la mexicana Jaguar Ingenieros ganaron el contrato para construir la torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Su oferta, que se impuso a otras siete, fue por mil 242 millones de pesos, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA).

¡Esa torre se va a caer!", dijo a Reforma el diputado morelense Juan Pablo Adame, quien documentó al menos 20 muertes por accidentes viales y de trabajadores de la obra en el Paso Exprés, desde su inauguración en enero de 2015.

Auditoría alertó por irregularidades

En la revisión a la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó retrasos, pagos no justificados y modificaciones no validadas en la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express).

Asimismo, expuso que por irregularidades 270 millones de pesos podían recuperarse.

El contrato que concedió al SCT a Construcciones Aldesem por ampliación del libramiento de Cuernavaca fue por 901 millones 601 mil pesos y un plazo de ejecución de 731 días naturales, comprendidos del 29 de noviembre de 2014 al 28 de noviembre de 2016. No obstante, costó 144 millones 256 mil 952 pesos más.

En la Auditoría de Inversiones Físicas 14-0-09100-04-0372 el órgano fiscalizador evidenció que para la construcción del distribuidor la Secretaría consideró un viaducto elevado sin adquirir derecho de vía adicional ni derecho de vía histórico.

La SCT, además, argumentó que desconocía sobre la demanda de ocupación de los predios que presentó ejido de Chipitlán, “por lo que llevó a cabo todas las actividades y actos jurídicos necesarios para entregar parcial o total el derecho de vía de la autopista México-Cuernavaca a la contratista”; sin embargo, la Auditoría señaló que durante el proceso de expropiación la entidad fiscalizada había realizado tres pagos por un total de 45 mil 890 pesos, sin liquidar el valor total de los predios: 80 mil 821 pesos de acuerdo al avalúo realizado.

Aunado a ello, en la inspección a los trabajos del Libramiento de Cuernavaca y el Distribuidor Vial Palmira, la ASF constató pagos indebidos por “Acero de refuerzo L.E. igual o mayor 4200 kg/cm2, por unidad de obra terminada”, así como “duplicidad de traslapes e igualar en alturas lo muros de contención de los acceso núms. 1 y 2 (lado derecho e izquierdo).

Otros Pagos indebidos por 25 millones 241 mil pesos fueron por concepto extraordinario s/n “concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm² colado en seco, en muros de contención por unidad de obra terminada”, por errores aritméticos en los volúmenes cobrados e igualar en alturas lo muros de contención de los acceso núms. 1 y 2.

Omisiones y retrasos en el programa también son parte de las conclusiones de la auditoría 14-0-09100-04-0372.

La Silla Rota
Axel Chávez
Ciudad de México
Jueves 20 de julio de 2017.


El ex presidente de Perú recibió tres millones de dólares de la firma brasileña como soborno para favorecerse con contratos millonarios

El expresidente y su esposa son acusados de lavado de activos.

 La pareja, sentenciada a 18 meses de prisión preventiva, pasará la noche en la carceleta del Poder Judicial

Dos días después de presentado el pedido fiscal, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. A ambos se los acusa de los delitos de lavado de activos, por los aportes que el Partido Nacionalista recibió para las campañas presidenciales de 2006 y 2011, en las que Humala se postuló.

Posteriormente, Concepción Carhuancho ordenó su captura nacional e internacional. Pero no hizo falta que Ollanta Humala y Heredia fueran detenidos por las autoridades. Durante toda la tarde, permanecieron en su residencia del distrito de Surco, siguiendo los pormenores de la audiencia que resolvió su suerte. Conocida la decisión del juez, salieron juntos de su hogar y se dirigieron al Palacio de Justicia del centro de Lima, para entregarse. Pasarán esta primera noche en la carceleta del Poder Judicial, mientras esperan que se resuelva a qué establecimiento penitenciario serán conducidos definitivamente.

En el trayecto, ambos tuvieron tiempo para publicar sus reacciones en sus cuentas de Twitter. Humala escribió: "Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos". Poco antes, Heredia había dicho: "A pesar de la arbitrariedad estamos aquí, confiamos en que esta decisión se va a revertir por ser de justicia. ¡Confiamos en nuestro país!".

Ollanta Humala pasa así a ser el segundo mandatario peruano en prisión

El pedido de prisión fue presentado por el fiscal provincial Germán Juárez Atoche. Lo respaldó en elementos aparecidos recientemente en el caso, como las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú. Según afirmó a un grupo de fiscales que viajaron a Brasil para interrogarlo, a mediados de 2010 recibió una llamada en la que Marcelo Odebrecht le ordenaba realizar donaciones para la campaña electoral nacionalista. Estas fueron solicitadas expresamente por el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, cuya caja común con el gigante brasileño de la construcción estaba a cargo del entonces ministro de Hacienda, Antonio Palocci, conocido como El Italiano. A Humala le hacían falta recursos para enfrentarse a rivales como Keiko Fujimori, Alejandro Toledo o el ahora presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

La versión de Barata fue confirmada por el propio Marcelo Odebrecht, quien declaró a la justicia: «el Grupo Odebrecht, a pedido de Antonio Palocci Filho, habría enviado, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas [la dependencia de Odebrecht encargada de administrar los sobornos], tres millones de dólares al candidato a la Presidencia del Perú Ollanta Humala».

Las actuaciones de la justicia no han estado exentas de críticas. Se argumenta por ejemplo que el fiscal Juárez Atoche se ha tomado casi tres años de investigación sin formular acusación y que los hechos no parecen cumplir los requisitos para configurar lavado de activos, pues los dineros no serían de origen ilícito. A pesar de ello, en su resolución, el juez Concepción Carhuancho afirmó que ha llegado a la convicción de que existen elementos del delito, que se puede presumir que hay una perturbación de las pruebas, que el peligro de fuga no es ajeno a Humala y Heredia, y que la medida es proporcional.

Ollanta Humala pasa así a ser el segundo mandatario peruano en prisión, luego de que Alberto Fujimori fuera extraditado de Chile en septiembre de 2007, para ser procesado y condenado por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos. También se encuentra en líos con la justicia el expresidente Alejandro Toledo Manrique, contra quien pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses, por haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht, para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que enlaza Perú y Brasil. Toledo se encuentra en los Estados Unidos, en condición de prófugo de la justicia, a la espera de que un proceso de extradición en su contra se resuelva.

 Como explicó Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, luego de resolver el pedido de prisión preventiva, el juez deberá remitir un oficio al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que se encargará de evaluar adónde recluye a la otrora pareja presidencial. Se especula que, por tratarse de un expresidente, el destino de Humala sería la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde ya está recluido Fujimori. Nadine Heredia sería enviada al penal de Chorrillos, el único en Lima que alberga a mujeres.

El País
Raúl Tola
Lima, Perú
Viernes 14 de julio de 2017.


La PGR y la SFP han dado muy poca información sobre la investigación por los presuntos sobornos que la constructora brasileña dio a funcionarios mexicanos.

    
Ciudad de México .-A 180 días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera que la constructora brasileña Odebrecht pagó 10.5 millones de dólares (mdd) a funcionarios mexicanos entre 2010 a 2014 a cambio de contratos a su favor, la información oficial para conocer la ruta que siguió el dinero en México ha sido escasa.

De acuerdo con el documento que difundió EU en diciembre del año pasado, el beneficio obtenido por el pago de sobornos para la empresa –que está involucrada en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años— fue de al menos 39 millones de dólares; sin embargo, investigaciones periodísticas revelan que la cifra puede ser superior debido a que en ese periodo se obtuvieron contratos clave en el país, como la modernización de tres refinerías, la construcción del gasoducto Los Ramones II y la licitación para la planta petroquímica Etileno XXI.

Todas estas obras, realizadas en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se habrían dado a la constructora  –que es investigada en una docena de países–  a través de adjudicaciones directas, con los pagos superiores a los precios de mercado y con plazos ampliados para favorecer a la brasileña, ha señalado en distintos reportes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró irregularidades en el contrato de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo, cuyo costo inicial fue de 1,436 millones de pesos, de acuerdo con información del Portal de Obligaciones de Transparencia, pero MCCI advirtió que la brasileña habría obtenido ampliaciones, sin licitación por 4,254 millones, tres veces más del costo inicial.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó en mayo pasado que citó a declarar a 19 funcionarios y exfuncionarios que intervinieron en la adjudicación de cuatro contratos de obra pública con Odebrecht y su filial Braskem, pero no dio más datos al respecto.

El pasado viernes, el diario el El Heraldo dio a conocer los nombres de 14 funcionarios de Pemex que firmaron los contratos —sin que esto los haga responsables de recibir sobornos—, luego de que el 5 de abril, la petrolera difundiera los documentos pero omitiera los nombres de los funcionarios. De acuerdo con el diario entre éstos exfuncionarios se encuentra Miguel Ángel Tame Domínguez, exdirector de Pemex Refinación.

LO QUE SE SABE DE LOS CONTRATOS

Sólo de la modernización de las tres refinerías y el gasoducto, Odebrecht habría obtenido 2,629 millones de pesos de inversión, mientras que para su proyecto más ambicioso en el país, la planta Etileno XXI, se hizo una inversión de más de 5,000 millones de pesos. En los cinco proyectos, en total se habría hecho una inversión de 7,629 millones de pesos de acuerdo con estimaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la propia información de la empresa.

MCCI documentó que Odebrecht cobró en los últimos 10 años, más de 1,429 millones de dólares en distintos proyectos que tenía como objetivo elevar la producción de combustibles pero que al final no llegaron a la meta; además que para otros contratos la compañía brasileña –al igual que en otros países de Latinoamérica– consiguió incrementar los costos iniciales a través de ampliaciones en el plazo de entrega de la obra.

Como ejemplo, la organización pone el caso de la refinería de Salamanca —donde Odebrecht, en alianza con la empresa texana Fluor Enterprises Inc y la mexicana ICA Fluor Daniel S de RL de CV— invirteron 84.7 millones de dólares. El plazo para concluir las obras se fijó para el 18 de noviembre de 2015, pero de acuerdo con MCCI no se cumplió.


MCCI también reveló que el gobierno de Veracruz recibió a través de una empresa fantasma 3 millones 754,000 dólares durante la administración de Javier Duarte, periodo en el que estaban en curso los proyectos para modernizar la refinería de Minatitlán y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, aprobados en el sexenio de Calderón.

Con información obtenida de la investigación en Brasil, la organización dio a conocer que en 2010 el “departamento de sobornos” de Odebrecht hizo transferencias por 383,000 dólares para la presa Francisco J. Múgica, en Michoacán, proyecto aprobado cuando Lázaro Cárdenas Batel fue gobernador, y que obtuvo un sobrecosto de 95% durante el mandato del perredista Leonel Godoy.

LA INFORMACIÓN OFICIAL

La PGR sólo ha emitido cuatro comunicados sobre el caso en Mexico en los que no abunda en nombres de funcionarios investigados, de presuntos responsables o de sanciones que pudieran alcanzar los involucrados en la aceptación de sobornos, como sí está ocurriendo en otros países, que incluso han llegado a girar órdenes de aprehensión contra expresidentes, como lo es el caso de Alejandro Toledo, en Perú.

El soborno es un delito conocido como cohecho en servidores públicos y que –de acuerdo con la nueva legislación anticorrupción– está catalogado como una falta administrativa grave que se castiga con penas que van de 2 a 14 años de prisión.

En uno de los comunicados de la PGR, fechado el 16 de febrero de 2017, la dependencia habla sobre el viaje que hizo el procurador Raúl Cervantes a la capital brasileña, para asistir a una reunión de intercambio de información y técnicas relacionadas con las investigaciones que desde 2014, la Fiscalía General de Brasil investiga la red de corrupción de Petrobras, bajo la operación denominada Lava Jato (lavado de autos).

Recomendamos: Entrevista en exclusiva con fiscal brasileño sobre #Odebrecht

En entrevista con Expansión, a días de la reunión en Brasil de procuradores, el fiscal brasileño encargado de la cooperación internacional, Vladimir Aras, explicó que su expediente con los sucesos en América Latina, se liberaría el 1 de junio pasado debido a un acuerdo de confidencialidad con Odebrecht. A partir de entonces, éste fue enviado a los países que lo solicitaron, con la petición de 'sigilo' de la información por parte de la Fiscalía de Brasil, pero para acelerar las investigaciones.

En la reunión donde participó Raúl Cervantes junto con sus homólogos se firmó la Declaración sobre la Cooperación Jurídica contra la Corrupción.

La PGR se comprometió a brindar la más "amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica" en los casos Odebrecht y Lava Jato; así como promover la constitución de equipos conjuntos de investigación; reforzar mecanismos de cooperación; insistir en la recuperación de activos y en la reparación integral de los daños causados, pero hasta el momento, no se ha informado del avance.

Expansión
Ciudad de México
Lunes 19 de junio de 2017.


La fiscalización de la cuenta pública no actuaba en contra de él ni identificaba responsabilidades”, dijo Enrique Díaz-Infante, del Centro de Estudios Manuel Espinosa Yglesias

La Auditoría Superior del Estado de Puebla fue cómplice de movimientos irregulares durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y ha actuado de manera negligente al no denunciar las malas prácticas financieras en el estado por lo que ha recibido observaciones por parte de este organismo a nivel nacional.

Así lo denuncia la nota principal del periódico Reforma que señala que pese a contar con los elementos suficientes para realizar una investigación en contra del ex gobernador poblano, la auditoría local no detectó la acumulación de deuda oculta en fideicomisos del estado.

“Hemos visto que en el caso de (Rafael) Moreno Valle, la fiscalización de la cuenta pública no actuaba en contra de él ni identificaba responsabilidades”, declara Enrique Díaz-Infante, director del programa de seguridad social del Centro de Estudios Manuel Espinosa Yglesias al diario de circulación nacional.

Y subraya: “la auditoría local poblana falló en denunciar el uso de recursos públicos para obras con sobrecosto elevado, que termino beneficiando a servidores públicos”.

La información presentada también señala irregularidades en los gobiernos del Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Sonora, Quintana Roo y Coahuila.

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Lunes 1 de mayo de 2017.

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