El Mandatario señala que aún no hay información oficial sobre la cancelación de la construcción de la central térmica en Tuxpan


El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todavía no hay ninguna información oficial sobre la cancelación de la construcción de la central térmica en Tuxpan, Veracruz, por parte de Iberdrola.

Anunció que recibió una carta de la empresa española para llegar a acuerdos con el gobierno federal, en los que se señala que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y que busca tener una reunión con él, por lo que aseguró que "va a haber arreglo".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal advirtió que México no es tierra de conquista, por lo que señaló que empresas extranjeras "no van a venir a saquearnos, eso se acabo, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos".

Iberdrola frena inversión de mil 200 MDD en Veracruz

"Todavía no hay ninguna información, vamos a decir oficial, es una nota periodística. Recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen, en efecto, alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México, y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno. Ya turné la carta a la Secretaria de Energía y al director de la CFE", aseveró.

"Va a haber arreglo, esta carta es con este propósito, de que quieren un diálogo, incluso me están pidiendo una entrevista. Quiero primero que lo atienda la secretaria de Energía y el director de CFE. Pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, eso se acabo, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos".

El Mandatario aseguró que se están revisando los contratos puesto que "consideramos que son otros tiempos".

"México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, eso se acabo, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos"

Señaló que en el periodo neoliberal el plan era entregar todo el mercado de la energía de México a empresas particulares, sobre todo, acusó, a empresas extranjeras, y en especial a las españolas.

Indicó que se engañó a la población asegurando que México se iba a quedar sin energía eléctrica, y que se iba a bajar el precio de la luz.

"Y nada de eso, no nos quedamos sin luz, al contrario, tenemos capacidad instalada para 20-30 años".

"Lo último fue contratar gasoductos con condiciones muy desfavorables para la CFE, todo fue hacer negocio, a costillas del erario y no se mejoró el servicio y no bajó el precio de la luz, y prácticamente se apostó a destruir la CFE, nada más piensen que la CFE fue cerrando plantas, o tiene plantas que generan energía a la mitad de su capacidad que están siendo subutilizadas".

Durante una gira por el norte del estado, el Mandatario dijo que fue la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien le dio la noticia, y aseguró que el proyecto, en manos de la CFE, llevará una importante inversión y empleos para la región.

El Universal
Ci8udad de México
Viernes 25 de junio de 2020.


•    García Luna utilizó red de empresas para transferir 50 mdd a paraísos fiscales


Una red de empresas relacionadas a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales.

La información, revelada por la cadena Univisión, se basa en dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, en la que se asegura que “muy probablemente” dichos recursos provienen de los presuntos sobornos entregados por grupos criminales a García Luna, cuando este era secretario de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012.

Al ser entrevistado por dicho medio, Nieto aseguró que cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 ya habían concluido la investigación, y estaban preparando dos denuncias: una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública.

Ante ese escenario, la UIF pudo congelar de forma inmediata las cuentas bancarias de García Luna, su esposa y su hermana Esperanza, así como la de sus asociados de negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla.

Se congeló también la cuenta de la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac; más tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.

Dos semanas después, el 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia penal por lavado de dinero, además de otra ante la Secretaría de la Función Pública.

“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo.

“Una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la empresa los transfería”, detalló Nieto.

Según la investigación, el dinero en cuestión se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

La pesquisa halló que el dinero se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

Nieto aseguró que casi medio año después, las cuentas continúan congeladas.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas. Ahora espera juicio en Nueva York, acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en declaraciones.

Proceso
Ciudad de México
Martes 19 de mayo de 2020.


El expresidente Felipe Calderón ha insistido en que su gobierno no supo en su momento del fallido operativo “Rápido y furioso”. Por ese motivo, Andrés Manuel López Obrador anunció hoy el envío de una nota diplomática a Estados Unidos, a fin de que se transparenten aquellas acciones. Sin embargo, en 2014 este semanario documentó que las autoridades mexicanas no sólo estuvieron al tanto del programa, sino que incluso cooperaron con el tráfico de armas. Por ser de interés para los lectores, Proceso reproduce el reportaje publicado en el número 1978 del 28 de septiembre de 2014.

Los operativos Rápido y furioso y Receptor abierto -mediante los cuales los gobiernos mexicano y estadunidense traficaron armas que terminaron en manos del crimen organizado, supuestamente con el fin de localizar a los integrantes de la mafia- no sólo fueron ilegales sino que resultaron en un fracaso rotundo: La PGR nunca dio con los delincuentes buscados y, en cambio, fusiles y pistolas sirvieron para cometer decenas de actos criminales, entre ellos la matanza de Villas de Salvárcar. Los procuradores de los dos sexenios panistas siguen alegando ignorancia, pero las evidencias los condenan…

Washington/México. - El gobierno de Felipe Calderón, en particular la Procuraduría General de la Republica (PGR), siempre estuvo al tanto e incluso cooperó en el tráfico de armas de Estados Unidos en operaciones encubiertas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Según John Dodson, agente de la ATF, “el representante de la PGR (Carlos Fernando Luque Ordóñez) estuvo varias veces en las oficinas de la ATF, en Phoenix, Arizona, para ser informado e informar sobre el procedimiento de las operaciones Rápido y furioso y Receptor abierto”, mediante las cuales se enviaron a México unas 2 mil 500 armas largas que acabaron en manos de narcotraficantes.

Luque “incluso ayudaba en el desarrollo de estas operaciones con la notificación y respaldo, según decía, de sus jefes en la Ciudad de México”, añade el agente estadunidense en entrevista telefónica con Proceso.

Este personaje, a quien después del escándalo desatado por Rápido y furioso se le perdió el rastro en Arizona, es hijo del general Carlos Fernando Ordóñez Luna, jefe de inteligencia militar a finales del sexenio de Ernesto Zedillo.

Asignado ahora a la ciudad de Tucson, Arizona, Dodson participó en Rápido y furioso y fue uno de los primeros agentes federales de Estados Unidos en denunciar públicamente, en 2011, este operativo como “ilegal”.

Precisa: “El representante de la PGR en Arizona cooperaba en ambas operaciones con la identificación de personas (en México) a quienes llegarían las armas y proporcionando el número de placas de los automóviles en los cuales se pasarían a México”.

Al señalamiento de Dodson se suman documentos de la propia ATF que revelan el conocimiento y participación de representantes del gobierno de Calderón para la entrega controlada de las armas, que según el gobierno estadunidense tenían el objetivo de rastrear a los cárteles mexicanos.

Ante esas evidencias, la organización no gubernamental Desarma México presentó la semana pasada ante la PGR una denuncia contra funcionarios calderonistas por su “responsabilidad y/o complicidad” en ese tráfico de armas durante ambos operativos, realizados entre 2006 y 2011, iniciados en el gobierno de Vicente Fox y extendidos prácticamente todo el sexenio de Calderón.

La demanda fue anunciada el martes 23 en el Seminario sobre Violencia en México en El Colegio de México. El abogado Gonzalo Aguilar Zinser, de Desarma México y uno de los firmantes de la denuncia, aseguró que ésta se apoya en la figura de víctimas directas, pues a futuro esas armas pueden ser accionadas contra alguna de ellas. “Eso me da derecho para que se investigue y castigue a los que permitieron su entrada”, dijo.

Fuera de control

Las armas ingresaron a México primero a través del operativo Receptor abierto y luego con Rápido y furioso. Éste se inició a finales del gobierno de Vicente Fox, en 2005, cuando era procurador general Daniel Francisco Cabeza de Vaca, ahora integrante del Consejo de la Judicatura Federal a propuesta del guanajuatense.

Las operaciones fueron planeadas por Washington presuntamente para contener el tráfico ilegal de armas a México y detener a los traficantes. La idea era que la ATF supervisara este tráfico ilegal para rastrear el paradero de las armas. Así, la oficina de la ATF en Phoenix contrató a cerca de una treintena de compradores, todos ellos residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos.

Con la colaboración de los agentes de la ATF, los compradores hacían adquisiciones múltiples de todo tipo de armas, especialmente fusiles AK-47 y R-15, así como rifles y pistolas semiautomáticas, para luego llevarlas a la frontera con México y de ahí, con sus socios mexicanos, enviarlas a sus destinatarios, en su mayoría narcotraficantes (Proceso 1975).

El flujo se salió del control de los agentes de la ATF en Phoenix y nunca pudieron determinar el paradero de 2 mil 500 armas largas hasta que el 14 de diciembre de 2010 presuntos traficantes de mariguana mataron con un fusil AK-47 -obtenido a través de Rápido y furioso- a Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense.

Con el asesinato de este elemento surgió a la luz el escándalo del tráfico ilegal de armas a México supervisado por la ATF, lo que provocó fricciones aparentes en la relación con el gobierno mexicano.

En 2011, cuando detonó el escándalo -producto de una investigación del International Consortium of Investigative Journalists, con sede en Washington-, la PGR, entonces a cargo de Marisela Morales, aseguró que no tenía conocimiento de la operación. Morales es ahora cónsul de México en Milán, Italia.

Dodson sostiene lo contrario: “El agente de caso Hope MacAllister y el representante de la PGR en Arizona trabajaban activamente desde un principio en las operaciones encubiertas de Rápido y furioso para el tráfico de armas, para rastrearlas y supuestamente recuperarlas”.

Tachado de “soplón” desde que en febrero de 2011 denunció los operativos fallidos de sus jefes en Phoenix, insiste: “Yo vi en 2009, en 2010 y en esa noche de febrero de 2011 -cuando por el caso del agente Terry se puso fin a Rápido y furioso en las oficinas de la ATF en Phoenix- al representante de la PGR en Arizona”.

MacAllister, el supervisor de grupo David Voth y el agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, William Newell, según lo narrado por Dodson, siempre insistieron en que Luque Ordóñez cooperaba y trabajaba en las operaciones, presuntamente cumpliendo las órdenes de su jefe en la Ciudad de México, el entonces procurador general de la Republica Eduardo Medina Mora.

“Es muy grave que en México nunca se haya hecho una investigación a fondo del asunto”, comenta Dodson. “No se han recobrado todas las armas que se traficaron con Rápido y furioso, no han podido resolver el problema de cómo rastrearlas; pero lo más lamentable es que a la gente ya no le importe el caso”, agrega el agente federal, quien no ha podido ser despedido, pero está marginado ahora en Tucson, haciendo trabajo burocrático.

En 2009 y hasta poco después de que se conociera el trasfondo de Rápido y furioso y Receptor abierto, Luque Ordóñez fungía como agregado de la PGR en Arizona. De acuerdo con versiones de varios diplomáticos que en esos años trabajaron en el consulado de México en Phoenix, una vez que se conoció el escándalo de Rápido y furioso, Luque Ordóñez simplemente desapareció del estado de Arizona y nunca más se le volvió a ver en Phoenix. Antes de ser agregado de la PGR en Arizona fue director de delitos de tráfico para el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

Su registro más reciente como funcionario público data de mayo de 2010, cuando era director adjunto en la Dirección General de Agregadurías en la PGR, a la cual ingresó el sexenio pasado. En el Cenapi, entre 2007 y 2008, su cargo formal fue el de director de Grupos Armados y Terrorismo, encargado de la investigación de delitos federales relacionados con esa área.

Antes, de 2003 a 2007 trabajó en digitalización de información en el Banco de México, y de 2000 a 2002, en el jurídico de la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México.

Negligencia o injerencia

La participación de otros funcionarios mexicanos también ha quedado demostrada durante la investigación del Congreso estadunidense. En el anexo 20 del documento Rápido y furioso: La anatomía de una operación fallida, elaborado por la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes y la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, se hace referencia al plan operativo del caso, fechado el 26 de septiembre de 2007, según el cual “agentes de la ATF se comunicaron con autoridades mexicanas para organizar una entregada controlada de armas”.

Añade el plan operativo: “La ATF ha trabajado recientemente de manera conjunta con México en el primer intento para tener una entrega controlada de armas traficadas hacia México… Los primeros intentos de estas entregas controladas no han sido exitosos… El agregado de la ATF en la Ciudad de México ha informado sobre este intento de entrega controlada al procurador general”.

El plan era que las autoridades mexicanas vigilaran y siguieran a los traficantes una vez que cruzaran la frontera hasta el punto de entrega de las armas. Pero se sabe que cuando los sospechosos cruzaron la frontera con 19 armas de alto poder, las autoridades mexicanas perdieron la pista, refiere la demanda presentada por Desarma México.

Los denunciantes le piden a la PGR que investigue la colaboración que pudieron tener funcionarios mexicanos, pues inicialmente Rápido y furioso consideraba que las armas que se entregaran a los traficantes tuvieran chip o localizador digital, pero al final se buscó su identificación balística una vez utilizadas o aseguradas. También demandan que determine si funcionarios mexicanos o extranjeros cometieron delitos en territorio mexicano.

En su demanda, Desarma México presume que las autoridades mexicanas enviaban información balística de casos relacionados con esas armas a autoridades estadunidenses o éstas directamente intervinieron en asuntos policiales en territorio mexicano para su rastreo.

En tal caso, dice, los funcionarios del pasado gobierno mexicano necesariamente hubieran tenido que permitirles el libre acceso a escenas del crimen. La PGR debe investigar bajo qué figura jurídica se habría permitido esa presencia o si fue una “absoluta negligencia” de las autoridades mexicanas de entonces, aseguran.

Resultaría más grave si estos posibles delitos hubieran sido perpetrados por miembros del gobierno mexicano encargados de la procuración de justicia o pertenecientes a cuerpos de policía o a las Fuerzas Armadas, exponen los denunciantes.

El tráfico ilegal de armas, a cargo tanto de agencias gubernamentales estadunidenses como presumiblemente mexicanas, resultó en el homicidio, secuestro, extorsión y asalto a mano armada de civiles y policías, añaden.

Uno de esos casos fue el de la matanza de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en enero de 2010, cuando fueron asesinados 17 adolescentes y 12 resultaron heridos.

“Nuestras autoridades no sólo no cumplieron con su obligación de impedir el tráfico ilegal de armas a nuestro país, sino también, de manera cuestionable e irresponsable, presumiblemente permitieron su introducción”, indica la denuncia firmada por Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Gonzalo Aguilar Zinser, Felipe Gómez Mont Landerreche, José Miguel Castillo Hernández, Paulina Arriaga Carrasco, Javier Shütte Ricaud y Daniel Téllez Santana.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR.

“Pedimos que se determine si funcionarios del gobierno de México participaron en el delito del tráfico de armas y en qué medida. Asimismo, exigimos que, en su caso, se les responsabilice de la puesta en peligro de la sociedad al vulnerar la seguridad pública”, sostiene la denuncia.

Frente a las declaraciones de Dodson respecto a la activa participación de Luque Ordóñez en Rápido y furioso y Recepción abierta con la anuencia de la PGR en la Ciudad de México, Proceso buscó al ex procurador Medina Mora, ahora embajador en Washington.

El embajador estaba en Nueva York acompañando al secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, quien participaba en las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero declinó hacer cualquier comentario respecto a la luz verde que le dio a Luque Ordóñez de colaborar con la ATF en Phoenix.

Proceso
 J. Jesús Esquivel
Jorge Carrasco Araizaga
Viernes 8 de mayo de 2020.


Los fiscales consideraron que el riesgo de que el exsecretario de Seguridad se fugue si sale de prisión es mayor al riesgo de contagiarse del COVID-19.


La Fiscalía de Brooklyn negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por la pandemia de COVID-19, pues consideraron que no es una razón suficiente para otorgarle este beneficio.

Los fiscales señalaron en una resolución que el riesgo de fuga es mayor que el que tiene el exfuncionario de contagiarse de coronavirus.

De acuerdo con el periodista de The New York Times, Alan Feuer, los fiscales señalaron que, aunque hay un caso de COVID-19 en la cárcel federal de Brooklyn, García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón” y al igual que otros reclusos pueden “autoaislarse” y permanecer en su celda.

El 25 de marzo pasado, los abogados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ofrecieron una fianza de 2.2 millones de dólares (mdd) para que su cliente salga de prisión por el temor a contagiarse de COVID-19.

La defensa de García Luna había argumentado que el exfuncionario estaba “en alto riesgo de muerte” si era expuesto al coronavirus, pero la Fiscalía señaló que tomó medicamentos hace cinco años por una “afección respiratoria causada por la exposición al aire acondicionado” y que no tiene una enfermedad crónica continua.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el inculpado se declaró inocente.

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Animal Político
Ciudad de México
Lunes 30 de marzo de 2020.


Previamente había ofrecido una fianza por un millón, pero ésta fue rechazada

El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, pidió hoy a través de su defensa afrontar su proceso en libertad, a fin de evitar el riesgo de contagiarse del COVID-19 en la cárcel de esta ciudad donde está recluido.

En carta dirigida al juez de distrito, Brian M. Cogan, encargado de su proceso, por el abogado defensor César de Castro, transmitió la propuesta de que la fianza sea por dos millones de dólares en vez de un millón, rechazada el pasado 28 de febrero ante el riesgo de fuga que representa.

Se trata del segundo intento del exfuncionario mexicano por enfrentar su proceso en libertad, pues a fines del mes pasado el juez Robert M. Levy, quien dirigió la audiencia sobre la posible fianza, otorgó tiempo adicional para presentar nuevos términos para la posible libertad condicional.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el inculpado se declaró inocente.

En este segundo intento, previsto desde fines de febrero, la defensa agrega el argumento de que es necesaria ante la expansión del COVID-19 en el mundo y en el Centro Metropolitano de Detención de esta ciudad donde está recluido.

Este centro, que alberga a alrededor de 700 prisioneros, reconoció en un documento interno el pasado lunes su primer caso de contagio por la nueva cepa de coronavirus, de acuerdo al sitio informativo Vice.

El recluso comenzó a quejarse el pasado fin de semana, el domingo por la noche lo evaluó el personal médico del reclusorio y fue enviado en una ambulancia al hospital presbiteriano del bajo Manhattan, de donde fue regresado a prisión y puesto en aislamiento, de acuerdo al memorandum interno.

La publicación, con base en ese documento interno, señaló que pese a la confirmación, ningún otro recluso fue transferido a otras áreas como medida de precaución, aunque sí estén programadas las revisiones médicas.

El pabellón carcelario donde se encuentra el recluso confirmado con el coronavirus es una unidad de alta seguridad empleada para prisioneros notorios.

En su momento albergó al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, y al financiero Jeffrey Epstein, encontrado muerto en su celda.

Mientras Estados Unidos se dirige a ser el nuevo epicentro de la pandemia, la ciudad de Nueva York encabeza ese camino con más de 30 mil 800 casos de los cuales han muerto 285 personas, y medidas de emergencia como la instalación de una morgue provisional.

Notimex
 Nueva York, EUA
Miércoles 25 de marzo 2020.


El exsecretario de Seguridad podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa


Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue enviado de vuelta a prisión tras una audiencia en la que no se llegó a una decisión sobre si saldría o no en libertad bajo fianza.

"La audiencia de fianza para Genaro García Luna ha terminado. Ha sido enviado de vuelta a la cárcel debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza", tuiteó Alan Feuer, reportero de The New York Times.

Los abogados de García Luna prepararán un nuevo intento para lograr la fianza, a la vez que la Fiscalía buscará bloquearla, de acuerdo con Feurer.

Los defensores del exsecretario cuestionaron los argumentos de la Fiscalía sobre el riesgo fundado de fuga del acusado.

Horas antes, se reveló una carta en la que la Fiscalía pedía al juez Cogan no dejar en libertad a García Luna.

"La combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan", alegó el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

"(García Luna) tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo".

El exsecretario podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa.

"La fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado", aseguró Donoghue, pues tendrían nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cártel de Sinaloa.

"(La Fiscalía) ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos".

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene "recursos poderosos en México", donde vivió hasta 2012, como "funcionarios corruptos del Gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado".

Reforma
The New York Times
Ciudad de México / NY, EU.
Jueves 27 de febrero de 2020.


Trece años después del asesinato de la indígena Ernestina Ascencio, uno de los peritos revela que el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera acordaron cambiar el dictamen médico sobre su muerte y ocultar la violación sexual. Antes de morir, Ernestina señaló a militares como sus agresores.


Ernestina Ascencio Rosario, originaria de Soledad Atzompa, Veracruz, presuntamente violada y asesinada por elementos del Ejército mexicano, sigue sin recibir justicia. A 13 años de distancia, el médico legista Juan Pablo Mendizábal sostiene que la indígena fue agredida sexualmente y que los gobiernos de Felipe Calderón y Fidel Herrera acordaron modificar la versión de los peritos.

Mendizábal dice que no cambiaría nunca el dictamen pericial que le hizo a Ernestina Ascencio Rosario.

“Por honestidad, por justicia, no lo cambiaría. Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se encontraron, por todos los hallazgos físicos, los desgarres, el antígeno prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres. Todas esas cosas en conjunto fueron determinantes para estar completamente seguros de la agresión sexual de la señora Ernestina”.

El perito que hizo la necropsia de Ernestina Ascencio sostiene que la mujer de 73 años, originaria de Tetlatzingo, municipio de Soledad Atzompa, “fue violada por tres personas”. Es el resultado de cromosomas de al menos tres personas. Pero hubo un acuerdo entre los gobiernos federal y estatal. Y Fidel Herrera les dijo que “al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la República y que por eso se tenía que cambiar el dictamen”.

Pablo Mendizábal narra cómo en un principio Fidel Herrera les obligaba a defender los dictámenes. Después, con Felipe Calderón y los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en reuniones en Xalapa y Ciudad de México, acordaron sostener que Ernestina falleció a causa de anemia.

El perito señala que lo obligaban a cambiar las evidencias y el dictamen. Por negarse, dos años antes de salir jubilado lo cesaron de su trabajo diciendo que “reprobó los exámenes de confiabilidad”.  Ante la violación a sus derechos, acudió al Tribunal de Contencioso Administrativo y ganó el laudo, pero el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se amparó para no reinstalarlo en su fuente laboral. Hoy sigue con ese problema.

Fueron “los hombres de verde”

Las últimas palabras de Ernestina Ascencio fueron que “Pinome Xoxome (hombres de verde)” la habían violado. Y los dictámenes periciales confirmaron el delito. Desde el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso y ha realizado algunas recomendaciones al Estado Mexicano. Pero la impunidad continúa.

El 25 de febrero de 2007, Ernestina habría sido agredida sexualmente por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. La noche del 24 de febrero de ese año, los militares instalaron un campamento en la comunidad de Tetlatzinga del municipio de Soledad Atzompa. Aún no iniciaba el programa “México Seguro”, pero los militares ya patrullaban las zonas indígenas de Veracruz. Eran acusados de cometer abusos contra mujeres y niñas en la Huasteca.

Sus familiares encontraron a Ernestina gravemente herida a 300 metros del campamento militar. Antes de perder el conocimiento, pronunció en náhuatl “Pinome Xoxome”, “los vestidos de verde”, como les dicen en la sierra de Zongolica a los soldados.

Por la distancia que hay en esta parte de la sierra de Zongolica para llegar a las ciudades próximas, ingresaron al Hospital Regional de Río Blanco transcurridas seis horas, sin traductores del náhuatl. Ernestina falleció en la madrugada del 26 de febrero debido a las graves lesiones que incluían “múltiples desgarros”, confirmadas en la necropsia realizada en el hospital, en conjunto con la ginecóloga de la Agencia Especializada en delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV).

Ese 25 de febrero los familiares de Ernestina y funcionarios del hospital denunciaron el ataque sexual, por el que se abrió la investigación ministerial 140/2007/AE por violación y posterior homicidio.

Fidel Herrera Beltrán gobernaba Veracruz. En un principio declaró ante los medios de comunicación que se iba a hacer justicia ante la violación y muerte sufrida por Ernestina. Sin embargo, después, el 13 de marzo, se unió al pronunciamiento de Felipe Calderón. El entonces presidente afirmó que Ernestina murió por “gastritis crónica”.

El 30 de abril, la PGJV concluyó que la muerte de Ernestina Ascencio no se debió a “factores externos”. Dictaminó el no ejercicio de la acción penal el 17 de mayo de 2007.

El 27 de junio de 2007, la procuraduría determinó el archivo de su investigación, por no acreditarse ninguna responsabilidad del personal militar. No se dio a conocer la investigación 26Zm/04/2007 realizada por la Procuraduría Penal Militar.

El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes también asumió la causa de muerte por “gastritis”.

Las autoridades de Veracruz cuestionaron y sancionaron a los peritos que habían dado fe de la violación sexual. El propio ex procurador de Justicia, Emeterio López Márquez, había afirmado que los militares no estaban a salvo del fuero común, declaraciones que de un día para otro las cambiaron.

Primeros testimonios

La Procuraduría del Estado, a través del IVAI, entregó un expediente que incluye las declaraciones de los primeros testigos con datos protegidos.

“Que fueron a un lugar de Mixtonca, Soledad Atzompa, Veracruz, que aproximadamente a las tres y media de la tarde cuando regresaron, de ese lugar como a las cinco de la tarde, pasaron por un lugar sólido de Tetlatzinga y cuando estaban cerca de una curva encontraron a una señora que se paraba con dos niños o niñas, que no supo por qué uno lo tenía en los brazos y otro en el piso, que cuando se pararon les dijo que una anciana se estaba rodando y José dijo ‘vamos a ver qué le pasa a esa anciana’; que subieron a la loma, que calcula que estaba como a cien metros, que no se veía desde donde estaban parados porque estaba atrás, que cuando llegaron a donde estaba la anciana, esta estaba tirada de su lado derecho, tenía sus manos juntas metidas en sus piernas, su ropa la tenía levantada”.

Continúa: “Sus guaraches de color negro estaban tirados como a metro y medio o dos metros,  que no sabía qué hacer, si avisarles a las autoridades o a familiares, que él ya conocía, porque somos familiares lejanos, que se pusieron de acuerdo la señora y el de la voz en levantarla, que cuando la levantaron le dieron agua porque ella tenía un traste con agua y que de ahí les empezó a decir que la habían asustado los soldados, que les dijo que se le pusieron encima y la amarraron, que llevaban en el pecho unos clavos, que cree que eran cartuchos, que no dijo cuántos eran porque la señora ya estaba grande y que le quebraron su cintura y que ya no podía parar y que fue ahí donde llegó su hija, donde estaba la difunta”.

La voz de los médicos legistas: agresión sexual

La primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y las declaraciones del procurador estatal, Emeterio López Márquez, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana.

La Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio Público, con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento depende del 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero.

“En el cuerpo de doña Ernestina había características que indican violación. Son los desgarros a nivel rectal, hora 12 y hora 6; la presencia de líquido seminal, la fractura de los arcos costales, derechos e izquierdos. Tenía hematomas en la cabeza, golpes en los brazos, las piernas. La mujer fue sometida en las piernas y posteriormente los dictámenes que emite la clínica médico forense. Mi intervención obedeció a la solicitud que el Hospital Regional de Río Blanco hizo para la intervención del médico legista, de un médico forense de la agencia del Ministerio Público, después que la señora había muerto”, dijo Pablo Mendizábal en entrevista.

Los doctores, señala, no asumieron su responsabilidad para decidir cuáles fueron las causas de muerte, porque tenían plena certeza que la mujer fue agredida sexualmente. Si hubiesen estado completamente seguros que la mujer había muerto por causas naturales, lo hubieran puesto en el acta de defunción.

En un procedimiento normal, cuando una persona fallece en un hospital, explica Mendizábal, los médicos le otorgan su certificado de defunción.

“La Procuraduría de Justicia del Estado me da instrucciones que yo me constituya en el hospital de Río Blanco para retirar el cuerpo, trasladarlo a la funeraria correspondiente y realizar el estudio solicitado por el Ministerio Público”, sostiene Mendizábal.

El médico señala que del hospital se trasladaron a la funeraria y realizaron la necrocirugía de ley. Después de hacer un reconocimiento del cuerpo hallaron evidencias de lesiones.

“Desde el reconocimiento exterior se pudo ver que existían las evidencias que la persona había sido golpeada. Tenía golpes en los brazos, en los antebrazos, tenía golpes en la cabeza. En el reconocimiento genital se aprecia claramente el escurrimiento de los que en ese momento presumimos fuese líquido seminal. Con la toma de muestras en el laboratorio de la capital del estado, se comprobó y demostró que se trataba de líquido seminal, eso le correspondió al departamento de química forense. Lo recuerdo porque ellos manifestaron que se habían encontrado tres cromosomas del al menos tres tipos, eso implicaba el acceso de por lo menos tres personas”.

El acuerdo de Calderón y Herrera

“Fidel Herrera, gobernador de aquel momento nos presionaba para que defendiésemos nuestros dictámenes. Posteriormente se reunió con nosotros y nos pidió que nos sumáramos a las nuevas conclusiones que se estaban presentando, que se había cambiado todo el expediente. En las cuales ya se manifestaba que doña Ernestina no había sido abusada sexualmente y que había muerto de causas naturales, que al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la república.

Mendizábal continúa: “un laboratorio de la Ciudad de México hizo estudios y el resultado fue igual a lo que nosotros dictaminamos…Pero de momento nos citaron a la Ciudad de México en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde nos reunimos. Percibimos que ya había un arreglo entre el gobierno federal y el gobierno del estado, ahí se inició la conversión de la resolución de la Procuraduría a asumir que la señora no había sido violentada.

“En una reunión en el World Center, Fidel Herrera dijo: ‘al gobierno de Veracruz no le conviene tener en contra al presidente de la República, no vamos a hacer nada que sepamos que hubo delito, les pido su colaboración y discreción, nadie los va tocar, nadie’”.

En esa reunión, señala, estuvieron presentes el secretario de Gobierno Reynaldo Escobar; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nohemí Querusco, el subprocurador de la zona centro Córdoba Miguel Mina, el jefe de la Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El caso en la CIDH

Patricia Benítez, integrante del Centro de Estudios y Servicios Municipalistas (CESEM), después de agotar las instancias nacionales para solicitar se dé a conocer la versión pública del expediente de investigación sobre el crimen de Ernestina, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional denunció que Ernestina en su condición de mujer indígena, pobre, adulta mayor, no tuvo acceso a atención médica oportuna. Fue estigmatizada y se determinó el cierre de la investigación deficiente y quedó el caso en la impunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que en casos donde se alega que se cometió un delito perseguible de oficio, se debe agotar la investigación penal, por impulso del Estado.

Considera que las autoridades tenían conocimiento de la muerte de la señora Ascencio y de los alegatos de la violación sexual a manos del 63 Batallón.

El organismo advierte que las agresiones físicas y sexuales por agentes del Estado representarían violaciones a los derechos a la vida, integridad, garantías judiciales, honra, protección judicial, entre otros.

Pie de Página
Norma Trujillo Báez
Ciudad de México
Martes 25 de febrero de 2020.


Próxima audiencia fue programada para el 2 de abril


El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció este martes en un juzgado de Brooklyn, Nueva York.

Al salir de la audiencia, el abogado de oficio de Genaro García Luna, César de Castro, aseguró que no están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello.

Agregó que al exfuncionario del expresidente Felipe Calderón le cortaron el acceso al sistema financiero mexicano y por eso no ha podido contratar abogado.

El abogado de oficio señaló que, en Texas, García Luna estuvo en aislamiento y ha tenido muy poco o ningún contacto con la familia.

El juez Brian Cogan fijó nueva audiencia para el 2 de abril.

En tanto, que los fiscales dijeron que tienen toneladas de evidencia contra Genaro García Luna.

Tanto la defensa como la fiscalía pretenden que el caso sea considerado como "complejo", lo que permitiría que entre la audiencia de este lunes y la siguiente transcurrieran 60 días.

Sin embargo Cogan solo aprobó 30 días para que se presenten registro financieros, de propiedad y de la forma en que el exfuncionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en Dallas, Texas. Su primera audiencia fue el pasado 3 de enero para enfrentar los cargos en la corte federal de Brooklyn, donde la jueza Peggy Kuo le denegó dejarlo en libertad bajo fianza.

El gobierno de Estados Unidos acusa al exfuncionario de aceptar millones de dólares en sobornos. Según la acusación, entre 2001 y 2012 aceptó dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Entre 2001 y el 2005, García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox).

De 2006 a 2012 ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en la administración de Calderón. Según la acusación, entre 2001 y 2012 recibió ese dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa.

Notimex
El Universal
Nueva York, EUA.
Martes 21 de enero 2020.


María Vanesa Pedraza Madrid fue nombrada apoderada de Nunvav, empresa que utilizó el exsecretario para desviar miles de millones de pesos

Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., la cual -según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, fue utilizada por el exsecretario de Seguridad Pública para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.

María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Posteriormente, el 31 de octubre, en otra asamblea, se ampliaron los poderes a la ex colaboradora de García Luna para que represente a la sociedad en cualquier acto legal, laboral o financiero en México, en Panamá o en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales.

La exfuncionaria comparte poder general con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien desde años antes era representante de la empresa.

Ante el notario, ambos dijeron tener su domicilio en la colonia Potrero del Llano, en Azcapotzalco.

Pedraza estudió la licenciatura en Psicología y una maestría en Psicoterapia en la Universidad Intercontinental.

Entre 2001 y 2008 trabajó en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y luego se incorporó a las oficinas centrales de la SSP, en la coordinación de asesores de García Luna.

En esa área se desempeñó durante cuatro años como directora general adjunta y sus funciones principales consistían en supervisar y dar seguimiento a proyectos de la dependencia federal. Le reportaba directamente al secretario, hoy detenido en Estados Unidos, acusado en una corte federal de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y corrupción.

Pedraza salió de la SSP junto con García Luna el 30 de noviembre de 2012.

Red de compañías

Nunvav fue constituida el 14 de octubre de 2005 en Panamá, y no en 2011 como afirmó el titular de la UIF el pasado 27 de diciembre.

En el acta constitutiva obtenida por MCCI aparece como presidente de la compañía Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, dueño de la casa que ocupó García Luna en Miami cuando dejó su cargo en el Gobierno federal, según una investigación conjunta publicada el 12 de marzo de 2019 por Peniley Ramírez y Julio Roa en Univisión.

El vicepresidente y tesorero de la compañía era Félix Valencia Maldonado, quien aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas "de papel" (sin empleados ni infraestructura), entre ellas Lurión Trading Inc, que fue utilizada para triangular 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio del contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol.

En el registro mercantil de Panamá MCCI también localizó el acta de ICIT Holding, Inc. otra empresa vinculada con García Luna, la cual fue creada el 24 de julio de 2012, teniendo como presidente a Winberg y como secretario a Wancier.

En su página en internet aparecía hasta hace poco que la oficina de representación de ICIT en Estados Unidos estaba ubicada en 2980 NE 207 St, suite 507, en Aventura, Florida, que corresponde a un despacho que Genaro García Luna adquirió el 30 de agosto de 2018 a un precio de 1 millón 224 mil dólares.

En la denuncia que en diciembre presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF vinculó a García Luna tanto con ICIT como con Nunvav; como prueba mencionó que esta última empresa era la que pagaba el ostentoso estilo de vida del exfuncionario.

Lo que no se sabía es que la apoderada general de Nunvav es María Vanesa Pedraza Madrid, quien estaba a las órdenes de García Luna en la SSP, con lo que se refuerza el vínculo entre el exfuncionario y la empresa.

La UIF detectó millonarias transferencias de fondos públicos a Nunvav; 55.1 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda en 2013 y otros 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares de 2017 a 2018 del órgano descentralizado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación.

Luego, parte de esos recursos fueron enviados por Nunvav a Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.

Nunvav también trianguló a ICIT 9.1 millones de pesos y 309 mil dólares de 2013 a 2015 y otros 6.5 millones de pesos en 2018 a su filial mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de enero de 2020.


•    Si el exfuncionario panista es hallado culpable, enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.


Nueva York. - El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, acusado de permitir que el cartel de Sinaloa traficara "con impunidad" toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos, se declaró el viernes no culpable de los cargos en una corte de Nueva York.

Encorvado y cabizbajo, García Luna entró esposado a una sala de la corte federal de Brooklyn. Vestía un suéter gris de algodón y un pantalón beige.

La jueza Peggy Kuo le leyó los cargos en su contra. "¿Entiende de qué es acusado?", dijo Kuo. "Sí", respondió el exministro. Cuando ella le preguntó cómo se declaraba, García Luna contestó: "No culpable".

Pero el acusado aún puede evitar un juicio si llega a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable y colaborar con la justicia, como le recordó la jueza.

Kuo fijó una audiencia para el 21 de enero y decretó que García Luna siga detenido.

Su hijo, su hija y su esposa estaban en la sala, y cuando él les miró, le levantaron el puño varias veces, como pidiéndole fuerza. Al final de la audiencia, su hija rompió en lágrimas y abrazó a su madre. Los familiares no quisieron hablar con la prensa.

El exsecretario de Seguridad de México, de 51 años, fue inculpado ante la corte federal de Brooklyn de tres delitos de conspiración para traficar cocaína por ayudar al cartel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012, y de otro delito por hacer declaraciones falsas en 2018.

Si es hallado culpable, enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.

El gobierno de México pidió a Estados Unidos la extradición inmediatamente tras su arresto en Dallas, Texas (sur) el 9 de diciembre. Tres semanas después acusó a García Luna de desviar más de 200 millones de dólares del erario público hacia empresas de su familia.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, con control sobre la policía federal.

Durante el juicio del exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, un antiguo miembro del grupo narcotraficante, Jesús "Rey" Zambada, contó que entregó a García Luna en un restaurante dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos en 2005 y 2007.

El Chapo Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes del mundo, fue sentenciado a cadena perpetua en julio por traficar cientos de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos luego de un histórico juicio de tres meses en Nueva York.

AFP
Alfredo Estrella
Nueva York, Estados Unidos
Viernes 3 de enero de 2020.

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