Zavala es el “Plan C” de Peña Nieto; hubo operadores del PRI que la ayudaron, denuncia PRD


Ciudad de México. - El secretario general del PRD, Ángel Ávila, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) una revisión exhaustiva de las firmas obtenidas por Margarita Zavala para lograr la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Señaló que el Gobierno federal está detrás de la campaña de la ex Primera Dama, quien logró juntar las rúbricas, pero al igual que Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter recolectó apoyos falsos.

Ávila consideró que hubo operadores del PRI que la ayudaron.

"El show de los independientes terminó y al Gobierno federal sólo le era funcional la candidatura de Margarita Zavala, pues piensan que ella podría quitar algunos votos al candidato del Frente, Ricardo Anaya", dijo.

"El Gobierno federal está detrás de la campaña de Margarita Zavala".

Pese a que Zavala pueda estar en la boleta, aseveró que no le restará votos a la coalición Por México al Frente.

"La verdad es que Zavala no quitará un solo voto al Frente, pues los ciudadanos reconocen que ella significa la continuidad de un Gobierno que solo trajo violencia, dolor y muerte al País", manifestó.

Señaló que las candidaturas de Ríos Piter y "El Bronco" solo le estorbaban al PRI y a su candidato que va en tercer lugar.

"Estas dizque candidaturas independientes sólo buscaban dividir el voto de la Oposición, pero esa estrategia tampoco ayudaba mucho al PRI, por ello, en congruencia de su estrategia, el Gobierno federal coloca a Zavala en la boleta para que desde esa posición ataque al único opositor en la contienda electoral que es Ricardo Anaya", dijo.

Advirtió que López Obrador, Morena y el PRI siguen actuando de manera coordinada y ahora llegará Zavala a reforzar la estrategia contra Anaya.

"Pero desde el PRD y el Frente les decimos: no funcionarán los ataques a Ricardo y menos al Frente. Los ciudadanos ya despertaron y saben que los únicos que pueden y tienen la decisión de meter a la cárcel a los corruptos son los gobiernos que emanan de las coaliciones amplias como es la del PRD y PAN, junto con MC", dijo.

Reforma
Claudia Salazar
Ciudad de México
Sábado 17 marzo 2018.

  • En una entrevista con The Wall Street Journal,  el exfiscal electoral, Santiago Nieto acusó que un funcionario buscó darle dinero para silenciarlo, y que además lo han amenazado.


    El exfiscal electoral, Santiago Nieto, acusó en una entrevista con el diario The Wall Street Journal que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto buscó darle dinero, para que guardara silencio sobre el caso Odebrecht.

    Esto después de que lo despidieran de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuando indagaba el caso de sobornos de Odebrecht y la probabilidad de que estos recursos hubieran llegado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

    “Intentaron comprarme para que guardara silencio”, dijo Nieto, de acuerdo con WSJ. Ante ese ofrecimiento, respondió: “Lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto”.

    El funcionario que presuntamente buscó darle dinero, según el reporte, fue Jorge Márquez. Este último, si bien confirmó que tuvo una reunión con Nieto, rechazó haberle ofrecido dinero, reportó WSJ. El diario además indicó que Márquez ya no trabaja para el gobierno federal, tras estar en Gobernación.

    Santiago Nieto fue removido de la Fiscalía electoral el pasado 20 de octubre por “violar el Código de Conducta de la institución”, de acuerdo con la Procuraduría General de la República.

    La decisión fue tomada por el actual encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, luego de que Nieto declarara en entrevista con el diario Reforma que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le envió una carta en la que le pedía que no lo inculpara en el caso de presunto desvío de recursos a favor del PRI, durante la campaña presidencial de 2012.

    Por este caso, que involucraba presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, Fepade abrió una carpeta de investigación para indagar si parte de los recursos habrían financiado la campaña de Enrique Peña Nieto, sin que hasta ahora haya funcionarios procesados.

    Teme por su vida

    En la entrevista con WSJ, Nieto dijo que la controversia por la carta de Lozoya fue parte de un esfuerzo más amplio para que saliera de la FEPADE y silenciarlo.

    El funcionario federal que lo citó en un hotel, de acuerdo con Nieto, presuntamente le dijo que el gobierno quería mantener una buena relación con él, y que “como un gesto de buena fe”, le ofrecían dinero, al quedarse sin trabajo luego de ser despedido de la FEPADE.

    Nieto, agregó el reporte de WSJ, detalló que antes de que lo despidieran había solicitado información bancaria a las Islas Caimán, y documentos a autoridades brasileñas, para establecer si se podían presentar cargos contra Lozoya.

    El extitular de la Fepade señaló que los esfuerzos para tratar de callarlo, sobre el caso Odebrecht, incluyeron amenazas, que llegaron de forma anónima vía Telegram. “Un consejo, mantente lejos de los problemas”, dice uno de los mensajes que recibió, y que WSJ dijo haber revisado.

    En la entrevista, Nieto también relató que quien era su esposa recibió fotos de él junto a otra mujer, y que el matrimonio terminó pronto.

    Respecto a sus razones para hablar en este momento, Nieto dijo que teme por su vida y las de sus dos hijas adolescentes. Mencionó que ya reportó las amenazas que recibió a la PGR.

    El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina.

    Luis Alberto de Meneses y Luiz Mameri e Hilberto da Silva, ex directivos de Odebrecht que colaboran en la investigación Lava Jato —por los sobornos de la constructora—declararon haber transferido a Emilio Lozoya sobornos por cerca de 10 millones de dólares, a cambio de su apoyo como funcionario público en México para obtener contratos de obra pública, lo cual fue rechazado por el exfuncionario federal.

    Esta es la aclaratoria de Jorge Márquez Montes sobre los señalamientos de Nieto.

    En relación a la nota publicada por su diario, derivada del reportaje del Wall Street Journal titulado “Ex-Mexican Prosecutor Says He Was Fired to Stymie Corruption Probe”, me permito comunicarle lo siguiente:

    Como funcionario de la Secretaría de Gobernación, mis responsabilidades incluían el mantener una comunicación plural con los distintos actores políticos, sociales e institucionales del país.

    Fue en ese marco que durante los 5 años y 2 meses que laboré en la SEGOB, sostuve encuentros con Santiago Nieto Castillo.

    Sin embargo, las imputaciones que hace el señor Nieto Castillo son absolutamente falsas y carecen de cualquier sustento. Es por ello que las rechazo categóricamente.

    Me he desempeñado como funcionario público por más de 20 años, y siempre lo he hecho con honradez, compromiso y entrega.

    Agradecemos se haga la aclaración correspondiente, y quedo en toda la disposición de hacer las precisiones necesarias, con respecto a esta publicación o cualquier otra.

    Animal Político
    Ciudad de México
    Jueves 15 marzo de 2018.


El ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, dijo que quien inventó la frase de que Andrés Manuel López Obrador era 'un peligro para la nación' fue el ex presidente Felipe Calderón.

"Por ser dirigente del PAN  no podía contradecir el discurso de Calderón", señaló tras aclarar que nunca compartió esa idea.

Incluso señaló que está acreditado que 'el peligro para la nación' fue Calderón y reconoció que en la trayectoria de AMLO no hay indicios de corrupción, ni se acredita que sea un peligro.

Espino aclaró que nunca ha hablado con López Obrador y que jamás le han ofrecido un puesto en la campaña de ningún candidato.

MVS Noticias
Ciudad de México
Viernes 2 de febrero 2018.

   
Ciudad de México.- De enero a noviembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 23 mil 101 carpetas de investigación por homicidio doloso.

Esta cifra supera el récord de 2011, cuando se registraron 20 mil 707 incidencias en ese mismo periodo y 22 mil 409 en todo ese año.

Con respecto al mismo periodo de 2016, los homicidios dolosos también reportaron un incremento del 23.38 por ciento.

Los estados que reportaron un incremento crítico de homicidios con respecto al año pasado son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

En cuanto a tasas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, Colima continúa en la cima con 83.31, seguido de Baja California Sur que pasó de tercer al segundo lugar en la lista nacional con una tasa de 61.62.

En tercer lugar se ubica Guerrero con 58.60, en cuarto Baja California con 53.42 y en quinto Sinaloa con 40.96.
   
En cuanto a los homicidios por mes, noviembre reportó 2 mil 212 denuncias en todo el País, 168 menos que octubre cuando reportó la cifra mensual más alta en homicidios desde 1997.

En cuanto a los secuestros, las Procuradurías o Fiscalías estatales iniciaron mil 054 averiguaciones previas o carpetas de investigación, 30 casos más que en el mismo periodo de 2016.

En lo que se refiere a las tasas de secuestro por cada 100 mil habitantes, Zacatecas está a la cabeza con 4.0, Tamaulipas con 3.51, Tabasco con 2.96 y Veracruz se colocó en el cuarto lugar con 1.97.

En quinto figura Morelos con 1.88 y en sexto Guerrero con 1.72 casos por cada 100 mil habitantes.

El robo con violencia también se desató en el país con un incremento del 37 por ciento al pasar de los 154 mil 588 casos a los 212 mil 850 entre enero y noviembre de 2016 y 2017, respectivamente.

En lo que se refiere el robo de autos con violencia, este delito escaló en un 41 por ciento a nivel nacional.

Sólo entre enero y noviembre de 2017 se reportaron 57 mil 787 denuncias en ese rubro, de los cuales 24 mil 051; es decir, el 41 por ciento, se registraron en el Estado de México.

En cuanto a las tasas por el delito de robo de vehículo con violencia por cada 100 mil habitantes la encabeza por mucho el estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, con 138.52 robos por cada 100 mil habitantes.

Le siguen Sinaloa con 109.29; Guerrero con 67.42; Jalisco con 61.19 y Morelos con 54.08 de tasa.

Reforma
Benito Jiménez
Ciudad de México
Domingo 24 diciembre 2017.


•    La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse

•    Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas


México.- Los recientes escándalos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht es una muestra de que América Latina aún afronta grandes desafíos de la corrupción sistemática.

"Es una pena escuchar cada semana un nuevo escándalo en algún país latinoamericano por algún político relacionado con Odebrecht", sostuvo el investigador Jorge Sánchez Tello, de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), un centro del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En entrevista con Xinhua, el experto dijo que los sobornos de Odebrecht en una decena de países de América Latina, un caso originalmente destapado en Brasil por una pesquisa anticorrupción llamada "Lava Jato", exhibieron que la región carece de un Estado de derecho robusto.

En Perú, el mayor escándalo de corrupción en la región de los últimos años ya derivó en una orden de arresto contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), y llevó a la cárcel preventiva al ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, por imputaciones de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral.

La semana pasada el actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado a seis años de cárcel luego de que la Fiscalía lo acusó de haber recibido sobornos por 13,5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht con contratos del Estado en cinco proyectos de sectores estratégicos, mientras hay pesquisas en curso en Colombia, Venezuela y México, entre otros.

"Esto se debe justamente a que en América Latina no se ha construido el Estado de derecho, es la principal causa", expresó Sánchez Tello.

"América Latina ha tenido gobiernos de izquierda, derecha, centro, populistas, tecnócratas, pero la corrupción sigue porque no ha existido alguien en los últimos 50 años que realmente quiera crear instituciones para aplicar la ley", lamentó.

El investigador consideró que la debilidad institucional abre la puerta a que políticos o funcionarios aprovechen su cargo para beneficiarse con negocios ilícitos, una situación que en México ha quedado demostrada con varios casos de ex gobernadores encarcelados o buscados por presuntamente desviar recursos públicos.

La constructora brasileña contaba incluso con un departamento especializado en los sobornos a funcionarios de los países a cambio de obtener negocios en infraestructura, recordó.

Sánchez Tello expuso que es común que empresas accedan e incluso estén acostumbradas a pagar dádivas en los países de la región para trámites o permisos, como licencias para construcción, porque es algo que piden funcionarios de cualquier nivel de gobierno.

La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse, además de que a la par dificulta la recaudación debido a que la población desconfía que sus impuestos sean destinados a servicios, subrayó.

Al respecto, el director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, Hugo Beteta, señaló que el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones es fundamental para un desarrollo de la economía.

Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, por lo que los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas, agregó en entrevista con Xinhua.

"Las instituciones de combate a la corrupción son fundamentales para la inversión, para el crecimiento y para el funcionamiento y la sostenibilidad social de las políticas", expuso Beteta.

En tanto, para el investigador adjunto del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, Guo Cunhai, la "corrupción en América Latina ya no es un fenómeno esporádico, sino sistemático".

"La serie de escándalos de corrupción en América Latina agudizará las perturbaciones políticas de la región, lo cual dificultará la configuración de nuevas políticas económicas destinadas a estimular el desarrollo latinoamericano y seguramente dejará un impacto negativo a la economía de América Latina", expresó a Xinhua.

Guo agregó que "si bien muchos países latinoamericanos cuentan con un marco jurídico relativamente completo, la aplicación de la ley todavía es bastante débil en algunos países".

Por su parte, el analista argentino Rosendo Fraga dijo a Xinhua que la lentitud de la Justicia argentina para abordar los casos de corrupción, con procesos que demoran en promedio 14 años, genera escepticismo en la opinión pública, la que termina relegando la importancia de ese tema por detrás de cuestiones "urgentes", como la economía y la inseguridad.

Algo similar ocurre en Perú, donde la justicia ha procesado desde 2012 a 12.000 funcionarios de diversos niveles de la administración pública por presuntos actos de corrupción y de ese total ha admitido denuncias contra 1.500, según informó recientemente el contralor general del país, Nelson Shack Yalta.

"En el período 2009-2017, durante el gobierno de los dos contralores que me han antecedido, se procesaron ante la Justicia penal más de 16.000 funcionarios; de éstos, solo 61 fueron condenados", anotó el funcionario.

Xinhua
Luis Brito, Pei Jianrong y Juan Manuel
Ciudad de México
Viernes 22 de diciembre de 2017.


Ciudad de México – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

Soluciones a corto plazo y problemas a largo plazo

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y exdirector del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

Un Estado frágil se hunde

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.
ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD
La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

Una atomización social y del Estado

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

La parálisis en medio del desastre

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más rico, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

The Interpreter es una columna de Max Fisher y Amanda Taub que busca explorar el contexto y las ideas detrás de los principales eventos mundiales.

The New York Times
Max Fisher / Amanda Taub
Ciudad de México / Washington
Jueves 02 de noviembre de 2017.


El gobierno de Felipe Calderón generó todo un plan para permitir la llegada de Odebrecht a México para invertir en una planta de petroquímica, aseguró la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle.

En entrevista, aseveró que hubo desvío de recursos humanos y financieros para favorecer la inversión privada antes que el desarrollo de una planta por parte de Pemex, además de presiones al personal y la suspensión de inversiones autorizadas por el Congreso.

La diputada federal dijo que existen pruebas de cómo se fraguó un plan para llegar al objetivo de desmantelar la industria nacional y generar la llegada de Odebrecht, a través de su filial Braskem.

Recordó que el antecedente de la planta Etileno XXI, concesionada a Braskem en 2011, fue el Proyecto Fénix, por medio del cual Pemex Petroquímica levantaría una planta con ayuda de inversión privada.

De acuerdo a datos de Pemex, obtenida mediante peticiones de información, Pemex Petroquímica creó una estructura de organizacional para que trabajara en la creación del proyecto, indicó Nahle.

Tal estructura funcionó con ocho plazas definitivas para crear la Unidad Ejecutiva del Proyecto Fénix, la cual operó desde 2006 y terminó sus funciones en el 2010, un año antes de que se otorgara el contrato a Braskem.

"Fue personal que se separó de sus actividades en Pemex Petroquímica y se dedicó a crear el Proyecto Fénix. Se desviaron recursos humanos y financieros para trabajar en una empresa que no sería pública", afirmó Nahle.

De acuerdo al organigrama, se creó una coordinación de la Unidad Ejecutiva del Proyecto Fénix, en un principio operada por Arturo García Pérez, con un sueldo bruto de 2 millones 324 mil pesos al año.

También se consideraron tres plazas para Ejecutivos del Proyecto, con sueldos por un millón 793 mil pesos al año.

Otras plazas fueron de Profesional Especialista B, por 593 mil pesos al año; secretaria, nivel subdirector, con 532 mil pesos anuales; secretaria particular nivel "C", con sueldo de 319 mil pesos; y chofer, con ingresos de 232 mil pesos.

Hasta el 2009 se mantuvo esa estructura con diferentes vacantes, hasta que en 2010 solo quedaron un Ejecutivo del proyecto y el chofer.

Advirtió que cuando inició Etileno XXI, el trabajo para crear la empresa ya estaba hecho por parte de los trabajadores que puso Petróleos Mexicanos.

Al mismo tiempo, afirmó, en Pemex surgieron inconformidades por el desvío de personal a un proyecto que no terminaba de concretarse.

Nahle aseveró que para controlar los brotes de inconformidad en Pemex Petroquímica se "fortaleció" el Órgano Interno de Control, con una amplia plantilla de empleados de confianza, con sueldos del más alto nivel.

Conforme a otra petición de información, dijo, se constató que había 80 plazas de confianza y solo ocho sindicalizados.

"Cuando empezó la inconformidad de ingenieros, de los expertos de Pemex Petroquímica porque había una estructura paralela para crear el Proyecto Fénix, la respuesta fue el amago desde el órgano de control", expuso Nahle.

Explicó que con el afán de abandonar los proyectos, se dejaron de aplicar los presupuestos de inversión etiquetados en Pemex Petroquímica.

Recordó que con base en otra petición de información hecha por la entonces diputada Laura Itzel Castillo, en 2009 Pemex informó que se suspendió la inversión de 4 mil 241 millones de pesos para la ampliación de la Planta de Etileno en el complejo petroquímico Morelos, de un total de 12 mil 588 millones de pesos.

"La licitación para la ampliación de la planta de Etileno en el CP Morelos fue efectuada en dos ocasiones: diciembre de 2006 y marzo de 2008 y ambas se declararon desiertas.

"Por otro lado, en junio de 2008 se determinó suspender este proyecto y otros asociados a la cadena del etanol por su vinculación a la iniciativa del proyecto Etileno XXI", cita la respuesta que dio el 10 de noviembre de 2009 el ex director de Pemex Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín.

Rocío Nahle subrayó que se planearon todos los pasos posibles para favorecer un proyecto privado por encima de los planes de Pemex Petroquímica, y que no se dudó en debilitar a la empresa estatal y desviar recursos de los mexicanos para tal fin.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 13 de octubre de 2017.


La PGR indaga a 13 empresas que tuvieron algún tipo de relación con Odebrecht en los contratos que le fueron adjudicados por Pemex de 2010 a la fecha, entre ellas la Cooperativa La Cruz Azul.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales solicitó a los Registros Públicos de la Propiedad de diversas entidades los informes de dichas compañías, la mayoría subcontratadas por el gigante constructor brasileño y su filial del ramo energético.

Destacan Azul Concretos y Premezclados de la Cooperativa La Cruz Azul y Construcciones Industriales Tapia (Citapia), empresa del hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, que fue subcontratada por Odebrecht y que también conformó con OHL el consorcio ganador del contrato de la planta de hidrógeno y el gasoducto de la refinería de Cadereyta, en 2013.

Entre las empresas hidalguenses sobre las que se rastrean informes están Grupo Rellca, Grupo Constructor Tulancingo y Soluciones Integrales Tollan, registradas en las localidades de Mixquihuala, Tulancingo y Tula. También Argmon's, S.A. de C.V., una distribuidora de materiales en Pachuca.

De acuerdo con información del Gobierno federal, las compañías en cuestión fueron subcontratadas en los cuatro convenios que Pemex adjudicó a Odebrecht y Braskem en los últimos siete años.

Refirma
Abel Barajas
Ciudad de México
Jueves 04 octubre 2017.


Luis Alberto de Meneses Weyll, quien negoció los sobornos millonarios de Odebrecht en México, huyó del País cuando ya estaba abierta la investigación de la PGR en su contra y se refugió en Brasil, donde se acogió a los beneficios de la justicia brasileña como colaborador o delator.

Sin embargo, no habrá manera de acceder a su testimonio sin que la PGR llegue a un acuerdo de inmunidad con él y con la propia empresa. Es decir, pese a que confiese los sobornos, no podrá ser juzgado en nuestro País.

"No puede ser juzgado doble vez, y eso lo tendrán que aceptar las autoridades de México si quieren que Brasil les comparta los documentos de Odebrecht y la confesión de Weyll", explicó el fiscal brasileño Orlando Martello, integrante del equipo Lava Jato, en entrevista exclusiva con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Weyll se desempeñó como director o superintendente de Odebrecht en México entre 2010 y 2017; en ese periodo, obtuvo contratos o ampliaciones por unos 2 mil 500 millones de dólares, sobre todo con Pemex, además de haber gestionado la concesión del servicio de agua en Veracruz y el suministro de gas a precio preferencial para la planta Etileno XXI, en aquel mismo estado, que representa un negocio por otros 2 mil 500 millones de dólares.

El ex director de Odebrecht en México dejó el País a inicios de marzo de 2017, en medio del escándalo de corrupción, y cuando la PGR tenía menos de dos meses de haber iniciado la investigación de los sobornos de la constructora brasileña. Embarcó su menaje de casa en el puerto de Veracruz -estado en el que había establecido su base de operaciones-, y fijó su nuevo domicilio en el condominio residencial Albalonga, en Salvador de Bahía, en Brasil, donde tiene su sede la constructora Odebrecht.

El 6 de marzo de 2017, Weyll documentó en el puerto 5 toneladas de 'menaje de casa', las que valuó en casi 800 mil pesos, para ser trasladadas vía marítima a Brasil, según consta en el reporte del embarque consultado para esta investigación.

Cuando abandonó el País, Weyll ya tenía tres meses de haberse convertido en delator de la justicia brasileña, a quien confesó haber participado en la negociación de 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya, 4 millones en 2012, cuando se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros 6 millones cuando ya se era el director de Pemex.

Weyll también tuvo un papel crucial en la red de empresas creadas durante el Gobierno de Javier Duarte en Veracruz, para apoderarse del negocio del agua y la energía eléctrica. Además, participó en las negociaciones de los contratos de la carretera Interoceánica en Perú, que desencadenaron una orden de arresto contra el ex Presidente del país andino, Alejandro Toledo, y su nombre está en correos electrónicos que forman parte de la investigación contra la ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña política.

Protegido

Orlando Martello detalló que al llegar Weyll a un acuerdo de delación o colaboración con la Fiscalía de Brasil, obtuvo inmunidad contra juicios en Perú o en México, países en donde estuvo involucrado en presuntos actos de corrupción.

"Luis Alberto Weyll es uno de los colaboradores. Entonces, él tiene la obligación de decir la verdad. Si miente o si omite algo, él puede tener su acuerdo roto", precisó el fiscal.

Reveló que hay más de 60 ejecutivos de Odebrecht que cometieron crímenes fuera de Brasil que ya aceptaron convertirse en colaboradores o delatores de la Fiscalía brasileña, a cambio de reducción de penas. Entre esos ex directivos está Weyll.

"Más de 60 ejecutivos están esperando la decisión de la justicia para ser procesados y pagar una reducción de pena. Cumplir dos años de prisión domiciliaria, cuatro años de servicio a la comunidad o pago de indemnización".

Estos ejecutivos han confesado que pagaron casi 250 millones de dólares en sobornos en 12 países.

El Fiscal aclaró que los documentos que tienen que ver con crímenes cometidos por Odebrecht en México están bajo sigilo en el Tribunal Superior en Brasilia, en espera de que se llegue a un acuerdo entre la compañía y la PGR para garantizar inmunidad a los ejecutivos que tienen acuerdos de colaboración o delación, como es el caso de Weyll.

"Todo lo que es respecto a México está separado, con los hechos delictivos enumerados; la empresa (Odebrecht) nos ha entregado las pruebas que corroboran esos hechos. Cuando la compañía decidió hacer un acuerdo, nos trajo todos los datos respecto a cada uno de los países. Ahora la compañía debe procurar con esos países hacer un acuerdo directamente. Y cada País debe respetar nuestro acuerdo en Brasil".

- ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿En dar cierto grado de inmunidad a Odebrecht?

-Teníamos conocimiento de 5 a 10 por ciento de los hechos ilícitos de la compañía. Para tenerlos al 100 por ciento hicimos este acuerdo. No nos agrada hacer acuerdos con Odebrecht. De hecho, era nuestro principal enemigo: nos atacó de todos los modos, intentó anular la investigación. Pero cuando vimos la oportunidad de obtener pruebas y documentos que podrían ser utilizadas en la investigación brasileña, decidimos hacer el acuerdo. Es un costo muy alto para nosotros, pero lo decidimos porque había muchos políticos involucrados. A partir del momento que colectamos 90 por ciento de las pruebas que no teníamos conocimiento, teníamos que proteger a la empresa, porque nos dio esos documentos a cambio de una exención (de penas).

Castigo por mentir

El Fiscal del caso Lava Jato aseguró que una vez que la PGR firme un acuerdo con Odebrecht, la compañía está obligada a informar con la verdad sobre los actos de corrupción que cometió en México. Si miente o si oculta información, entonces sí se le podría procesar.

"Si hay algún hecho que no fue revelado por la compañía, puede ser inmediatamente procesada, y todas las personas que están involucradas, ya no habría ninguna exención, ninguna protección para hechos no revelados por la compañía, por sus directores o ejecutivos. Entonces si la compañía omitió alguna información, ella debe responder completamente por esto".

Lo anterior obligará a las autoridades mexicanas a que -una vez que reciba la información de Brasil- profundice en las investigaciones del caso de corrupción. "Y si encuentran actos no revelados, van en contra de la compañía, de los ejecutivos".

Martello añadió que la Fiscalía incentiva a que la compañía tenga contacto directo con los gobiernos de los países en los que incurrió en corrupción para cubrir una indemnización y auxiliar en identificar a todos los involucrados.

Marcelo, el acusador

La acusación contra Weyll como el responsable de los sobornos en México la hizo el propio Marcelo Odebrecht -ex presidente de la constructora brasileña- durante la declaración que el 16 de mayo de 2017 rindió ante representantes de la PGR que viajaron a Curitiba, ciudad ubicada al sur de Brasil, donde hace tres años inició el macro operativo contra la corrupción conocido como Lava Jato, que ha sacudido a 12 países.

Además, Marcelo señaló al superintendente como el responsable de arreglar los encuentros que tuvo con los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, realizados en octubre de 2011 y 2013, respectivamente.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) localizó a un integrante de la Fiscalía brasileña que estuvo presente en el interrogatorio que enviados de la PGR realizaron en prisión a Marcelo Odebrecht.

Según este testigo, Marcelo confesó que él intervenía en el arreglo de sobornos sólo cuando había problemas, y que "en el caso de México era el director o superintendente de la empresa (Weyll) quien tenía la facultad para negociar con autoridades o funcionarios".

Los enviados de la PGR interrogaron a Marcelo sobre las diversas reuniones que sostuvo con los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa (PAN), y Enrique Peña Nieto (PRI), y el empresario aseguró que en esos encuentros no se acordaron pagos ilegales.

Y fue en este punto donde mencionó que la persona autorizada para negociar los sobornos era Weyll, aunque también tenía facultades Luiz Mameri, director para Latinoamérica de la constructora.

"Las reuniones con los Presidentes fueron cuestionadas por las autoridades de México; él (Marcelo) reconoció algunas reuniones, él dice que era común hacerlas, normalmente a pedido del superintendente de Odebrecht", relató el testigo de la Procuraduría de Brasil que atestiguó la declaración de más de dos horas, que fue traducida del portugués al español y grabada en video.

"Marcelo dijo (a los enviados de la PGR) que una persona que puede esclarecer la corrupción en México era el superintendente de Odebrecht en el País. Esta persona es quien sabía de los detalles. Marcelo declaró que los sobornos sólo venían al conocimiento de él, cuando un problema ocurría, cuando no, el superintendente o el alto ejecutivo del país tenía la autonomía para decidir si pagaba o no pagaba el soborno".

Marcelo Odebrecht se reunió con Felipe Calderón Hinojosa en la residencia oficial de Los Pinos en octubre de 2011, y dos años después, en octubre de 2013, visitó en el mismo recinto a Enrique Peña Nieto.

Aunque ya antes de que fuera Presidente, Peña Nieto se había reunido con el dueño de Odebrecht: en mayo de 2010 en Brasil y en noviembre de 2012 en Querétaro.

El testigo informó que los enviados de la PGR también interrogaron a Marcelo sobre irregularidades en los contratos en Pemex, y una vez más respondió que quien tiene toda la información es Weyll.

La huida

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la confesión de seis ejecutivos de Odebrecht, que reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México entre 2010 y 2014.

Pese a esta confesión, la PGR dejó pasar casi un mes para iniciar una indagatoria del caso. Fue hasta el 17 de enero de 2017 cuando abrió una carpeta de investigación contra Odebrecht, a partir de una denuncia presentada por Pemex.

Pasaron dos meses más, y Pemex nunca llamó a declarar a Weyll, identificado como el responsable de los sobornos de Odebrecht en México.

- ¿Interrogaron a Luis Weyll antes de que dejara el país (en marzo de 2017)?, se le preguntó a Felipe Muñoz, subprocurador de Investigación de Delitos Federales de la PGR.
-Lo tenemos identificado. Obviamente es una persona que muy probablemente lo declararemos, pero él nunca estuvo en México. Hicimos una investigación en este sentido, respondió el subprocurador.

-Pero su oficina la tenía en Polanco.

-No.

-Lo llegamos a localizar ahí.

-Luis Alberto Meneses Weyll Él venía a México. Sí estuvo en México. Pero lo que quiero decir es que a partir de que iniciamos nuestra carpeta de investigación (el 17 de enero de 2017), él ya no estaba en México. Ya tenía tiempo de que ya no estaba en México.

Alberto Elías, subprocurador de Asuntos Internacionales, informó que pedirán la ayuda de las autoridades de Brasil para tomar la declaración de Weyll y de Luis Mameri, ex director de Odebrecht para Latinoamérica y quien fue testigo del supuesto soborno solicitado para Emilio Lozoya.

"Desafortunadamente las declaraciones de personas que están en otros países y sobre todo los que tienen o han tenido un proceso derivado de una investigación, nosotros no podemos determinar la fecha, porque ellos deben cumplir con las condiciones de su marco jurídico. Entonces estamos sujetos a que Brasil nos informe cuándo se pueden dar. Se han solicitado las declaraciones que se consideran claves o importantes en la construcción de esta investigación".

La confesión de Marcelo

Felipe Muñoz y Alberto Elías, subprocuradores que encabezan la investigación de los sobornos de Odebrecht en México, aseguraron que en la toma de declaración que hicieron a Marcelo el pasado 16 de mayo en Curitiba, Brasil, el empresario constructor aportó información clave para identificar a los funcionarios involucrados en la red de corrupción, que no necesariamente se limitan a ejecutivos de Pemex.

"Fue neurálgica la declaración de Marcelo, que nos ha permitido generar la solicitud de otras asistencias jurídicas para tomar declaración a otras personas. Si las líneas de investigación nos dirigen a otro supuesto que no sean los contratos de Pemex, se agotarán esas líneas de investigación", dijo Elías.

"La declaración que rindió Marcelo nos abre un panorama que nos va a permitir tener muy probablemente un caso exitoso", añadió Muñoz, quien aseguró que la declaración de Marcelo se extendió por tres horas y media.

Informó que además de Marcelo, se citó a tres funcionarios de Odebrecht en México a quienes se interrogó para tratar de esclarecer la red de corrupción. Por parte de Pemex se ha requerido a 20 funcionarios de distintos niveles (coordinadores, directores, subdirectores y ex directores), entre ellos ocho jubilados y dos despedidos.

Triangulaciones

Los subprocuradores reconocieron que Odebrecht trianguló recursos a empresas 'de pantalla' o fachada en paraísos fiscales, para ocultar el pago de sobornos a funcionarios mexicanos.

"Esta es la parte que deberá tener el tejido fino de seguimiento de recursos. Es una parte estratégica dentro de una investigación", dijo Felipe Muñoz, subprocurador de Investigación de Delitos Federales.

"Y entre las solicitudes que hemos hecho (a autoridades de Brasil) es que nos den toda la información de orden financiero que pudieran tener para poder dar ese seguimiento a estas empresas", completó Alberto Elías, subprocurador de Asuntos Internacionales.

-Odebrecht solía recurrir a empresas offshore en paraísos fiscales, en concreto Suiza y países del Caribe, para transferir fondos de sobornos. ¿Se replicó esta mecánica en México? -se le preguntó.

-La mecánica que empleaban estas empresas es precisamente mucho de lo que nos centramos cuando platicamos con Marcelo (Odebrecht). Y precisamente de la declaración de Marcelo, se nos hace necesario regresar a tomar la declaración de algunas otras personas que son funcionarios de Odebrecht. ¿Cuál es nuestra intención? El seguimiento de esos recursos. Y ese seguimiento nos va a llevar a todas estas empresas que venían operando de la manera en que ustedes nos mencionan y de lo cual nosotros ya teníamos conocimiento.

Para aclarar este mecanismo de triangulación de sobornos, se hicieron peticiones de asistencia jurídica a Brasil, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Perú, Chile y también Suiza, entre otros países, precisó Elías.

Reforma
Raúl Olmos
Especial MCCI
Curitiba, Brasil
Martes 12 de septiembre de 2017.


La Cadillac que dieron a Lozano empresarios y “El Cachetes” no se reportó a la autoridad electoral

Puebla.- El senador del PAN Javier Lozano aseguró que desconocía las presuntas actividades ilícitas en las que está involucrado Othón Muñoz Bravo, "El Cachetes", quien ha sido relacionado con el robo de combustible.
"La verdad de las cosas es que jamás me hubiera imaginado que cinco años después de la campaña uno de éstos iba a estar involucrado en un escándalo, la verdad es que yo no lo sabía", dijo.

"Es como ahorita, tantos amigos que tengo y si uno de ellos se me presenta, que resulta que salió huachicolero".

Ayer, el diario Periódico Central difundió una fotografía en la que "El Cachetes" aparece departiendo con Lozano y con Carlos Loranca Muñoz, Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, con sede en Puebla.

Por otro lado, el panista también fue cuestionado sobre la fotografía en la que aparece con el acusado recibiendo una camioneta Cadillac, para su campaña al Senado en 2012.

Lozano aseguró que el vehículo sólo le fue entregado como préstamo y no por Muñoz Bravo.

"Es falso, no me regalaron nada, fue un comodato durante la campaña. Obviamente lo documenté ante la autoridad electoral, terminó la campaña y la devolví y no me la dio Othón Muñoz, fue uno de ellos y creo que se llama Ángel López. Me la prestó y, por eso, con toda naturalidad está la foto", sostuvo.

La Cadillac que dieron empresarios y “El Cachetes” a Lozano no se reportó a la autoridad electoral

El senador ofreció documentos que demostraban la entrega de la camioneta en comodato y el destino de esta que debió reportar ante el Instituto Electora, sin embargo, no hizo ni lo uno ni lo otro: no dio los documentos ofrecidos y la Cadillac no aparece en su reporte de gastos de campaña.

El Senador panista Javier Lozano Alarcón no reportó al Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), la camioneta que le fue entregada para la campaña de 2012 por un grupo de empresarios entre los que se encontraba Othón Muñoz Bravo “El Cachetes” detenido por la Marina Armada de México el 20 de agosto en Puebla.

El Senador dijo anoche a Periódico CENTRAL que “no fue donación (fue comodato) y no fue Othón Muñoz. Favor de precisar”, en referencia a una nota y una foto que lo exhibía recibiendo el vehículo de lujo Cadillac Escalade.

Lozano Alarcón ofreció documentos de la donación y el destino del inmueble que debió reportar a las autoridades, de acuerdo con la Ley electoral. No hizo ni lo uno ni lo otro: no dio los documentos ofrecidos, y la Cadillac no aparece en su reporte de gastos de campaña. La revisión de las cuentas entregadas a las autoridades electorales, indican que el Senador panista no reportó el bien inmueble.

En el Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campañas Federales Electorales del PAN, aparece el reporte de gastos del Senador Javier Lozano Alarcón por un total de 8 millones 691 mil 558 pesos, con un sobre ejercicio de 559 mil 409 pesos: solo reportó ingresos por 8 millones 132 mil 149 pesos.

El Senador obtuvo 3 millones 48 mil 689 pesos como Aportación del Comité Ejecutivo Nacional; 4 millones 702 mil 706 pesos por aportaciones de otros órganos del partido; como candidato, Lozano aportó 320 mil pesos.

Es en el rubro de Aportaciones en Especie en donde debería estar reportada la camioneta Cadillac Escalade que recibió de los empresarios. Pero no se encuentra. Solo dio cuenta de 882 pesos que ingresaron de los militantes y 59 mil 870 pesos de los simpatizantes; el rubro queda bastante lejos del millón de pesos que costó el lujoso vehículo.

Durante la campaña de 2012, Lozano fue evidenciado por medios locales por la ostentosa casa de campaña que tenía, en un terreno de 643 metros cuadrados y en la Vía Atlixcáyotl, una de las zonas de mayor plusvalía en el estado de Puebla. Había 20 empleados en su organigrama.

En se entonces, el candidato a Senador declaró que la residencia se la había prestado un amigo.

Muñoz Bravo, presunto saqueador de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) conocido como “El Cachetes”, estuvo en el grupo de empresarios poblanos que proporcionaron al polémico político, en 2012, una camioneta de lujo valuada en más de un millón de pesos para trasladarse durante su campaña al Senado de la República.

Lozano negó ayer, específicamente, haber recibido recursos de “El Cachetes” para sus campañas políticas. Pero en la foto, que presuntamente fue encontrada en una propiedad del capo, posan Muñoz Bravo, el Senador y otros empresarios. El político recibe, en ese instante, las llaves del vehículo de sus donantes, entre ellos el presunto saqueador de recursos nacionales.

En una la rueda de prensa que ofreció Lozano este lunes en Puebla, los periodistas le cuestionaron el origen y la razón por la que aparece en otra foto sentado junto a “El Cachetes” en una comida en el fraccionamiento El Cristo en Atlixco. El Senador confirmó que él y otros políticos departieron con el individuo señalado por la Marina como “capo huachicolero”, sin saber que se trataba de un delincuente.

Dijo que fue el ahora Diputado local Sergio Moreno Valle, primo del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, quien se lo presentó.

El Senador panista fue cuestionado directamente sobre si Othón Muñoz Bravo había participado en su campaña.

Respondió con un tajante “no”.

Creo que me lo presentó Sergio Moreno Valle, no quiero ser injusto, pero creo que él me lo presentó por esas fechas […]. No hubo aportaciones en mi campaña como tal. Lo conocí. Un par de ocasiones coincidí como él. Si él está metido en estas cosas, que él pague las consecuencias”, dijo.
Pero la nueva fotografía pareció desmentirlo: entre los que aportan el vehículo de lujo aparece el presunto ladrón de combustible, detenido por la Marina Armada de México.

La camioneta Cadillac Escalade fue entregada (como donación o comodato) por los empresarios a Javier Lozano Alarcón en 2012 como un apoyo para que se trasladara durante su campaña al Senado. Y así fue. El panista fue a bordo de la camioneta a su gira en Xicotepec el 17 de junio de ese año, cuando casi fue linchado por los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Según la nota publicada por la reportera Leticia Ánimas, Lozano abandonó su camioneta para poder escapar de la trifulca y los manifestantes aseguraron que dentro del auto de lujo encontraron un arma R-15 de uso exclusivo del Ejército.

Sobre el arma, el entonces candidato dijo que era propiedad de un escolta federal que le habían asignado para cuidarlo.

El 31 de mayo de 2012, Lozano posó a un lado de su vehículo cuando llegó al hotel Camino Real de la Vía Atlixcáyotl para el debate con sus competidores al Senado de la República.

La fotografía de Periódico Central parece revelar una mayor relación entre el aspirante a la gubernatura de Puebla y Othón Muñoz. En la imagen se puede ver al presunto capo del huachicol posando con otros empresarios y gasolineros durante la entrega de las llaves de una camioneta Cadillac Escalade 2012, valuada en ese entonces en al menos un millón de pesos.

En la imagen aparece además el empresario Manuel Veana, quien en 2010 participó en el Comité de Financiamiento de la campaña del priista Javier López Zavala; el empresario Manolo Torres, dueño de un lote de compra-venta de autos de lujo en la capital; Ángel López, constructor en Veracruz y supuesto socio de “El Cachetes”, de acuerdo con las averiguaciones; el Diputado local del PAN Sergio Moreno Valle, primo de Rafael Moreno Valle, ex Gobernador de Puebla y quien también ha sido cuestionado por las fotos en las que aparece con el presunto capo.

Aparecen, en esa foto, Leodegario Pozos Vergara, alías “El Tigre”, aspirante a Gobernador de Puebla como candidato ciudadano en 2016 y empresario gasolinero en Libres; también Ludivino Mora Tejeda, ex Secretario de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Puebla y ex Director de la Policía Auxiliar en la administración de Rafael Moreno Valle.

Lozano perro

Fuentes de la justicia federal que entregaron el lunes a Periódico CENTRAL la imagen, informaron que ésta y otras fotografías fueron decomisadas en el operativo que llevó a cabo la Marina Armada de México en tres propiedades de Othón Muñoz el pasado 20 de agosto.

Dijeron que hay más imágenes que “El Cachetes” tenía en su poder “como trofeo de su relación con políticos del más alto nivel”. Esas otras fotos podrían involucrar a más políticos.

La madrugada del 20 de agosto, Othón Muñoz fue detenido en su casa en el lujoso fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Además, la Marina llevó a cabo cateos en dos de sus propiedades en Haras del Bosque y El Cristo.

A pesar de que en las primeras horas del operativo trascendió que el detenido era un importante líder huachicolero, en la audiencia de Control de Detención se le fincaron delitos solo por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

De foto en foto

Ayer lunes, CENTRAL dio a conocer publicó una primera fotografía en la que aparece Javier Lozano Alarcón y el ex Diputado federal del PAN Néstor Gordillo, en una comida departiendo con Othón Muñoz.

Cuando al medio día el Senador fue cuestionado al respecto, confesó que el capo convivía normalmente con las más altas esferas de la política en Puebla, pero que nadie estaba enterado de que se tratara de un delincuente.

Dijo que fue el actual Diputado local y primo del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, Sergio Moreno Valle, quien se lo presentó.

Ya lo dije desde que incluso salí en la defensa de Rafael Moreno Valle cuando en Reforma apareció una fotografía como la que exhibieron con Rafa y Othón Muñoz no lo hace ni socio ni cómplice. Lo conocemos, y digo conocemos porque claro que lo conocemos muchos en Puebla, porque se movía con mucha naturalidad, como pez en el agua, entre una buena parte de la sociedad y de la clase política y lo que no nos imaginamos, al menos yo, ni por asomo, es que estuviera metido en ese tipo de enjuagues”.

Pero Sergio Moreno Valle dijo al periódico poblano Cambio, el pasado 28 de agosto, que la Notaría de su familia efectivamente había escriturado algunas propiedades del capo, pero que no era su amigo.

Lozano dijo que el primo del Gobernador fue quien lo presentó.

Yo como Diputado tengo vinculación con mucha gente –justificó entonces Sergio Moreno Valle, a propósito de las fotos con el ex Gobernador–. En muchos lugares y me he sacado muchas fotografías pero desgraciadamente no me pongo a investigar cuál es el giro o qué se dedica cada una de las personas. Yo no soy vinculante, ni coadyuvante en ese tema, en las relaciones interpersonales que pueden surgir entre ellos [Rafael Moreno Valle y el Cachetes]. No tengo nada que ver”.
Lozano sostuvo además que “El Cachetes” de ninguna manera financió su campaña.

Pero el capo participó al menos en la camioneta de lujo que estuvo usando para sus giras en 2012 con placas del Distrito Federal, 836-UXW, y que hoy no aparecen en los registros públicos de vehículos.

La relación entre los ladrones de combustible y funcionarios del Gobierno de Moreno Valle se ha venido trasluciendo con el tiempo.

La madrugada del 14 de julio del 2015, fueron detenidos el entonces Director de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez Lozano, el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en un operativo que llevó a cabo Seguridad Física de Pemex y el Ejército. Ambos funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle fueron asegurados mientras protegían a la banda de “El Gasparín” y los apoyaban con el resguardo de 37 camionetas que se usaban para la ordeña de ductos de Pemex y el traslado del combustible.

El 28 de julio del 2015, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, entregó su renuncia al cargo luego de que se reveló que sus mandos policiales formaban parte de la cadena de robo de hidrocarburo.

Hasta el momento, Estrada y Méndez siguen un proceso penal por el delito de robo de hidrocarburo ante el Poder Judicial Federal de Puebla y no han podido comprobar su inocencia.

La vinculación de funcionarios estatales de Puebla con la actividad del robo de combustible ha coincidido con otro dato: durante el sexenio del ex Gobernador Moreno Valle, el número de tomas clandestinas de gasolina incrementó en un mil 800 por ciento.

CABALGATA

De acuerdo con los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dados a conocer a través de la plataforma Gobierno Fácil, Mario Marín cerró su gobierno en 2010 con 108 ductos ilegales, mientras que al cierre del 2016 se reportaron 3 mil 52.

El total histórico de Pemex informa 3 mil 218 tomas clandestinas en 27 de los 217 municipios del estado durante los últimos 16 años.

El repunte del robo de hidrocarburo ocurrió a partir del año 2011 con Rafael Moreno Valle.

La plataforma Gobierno Fácil mantiene el conteo de cada toma clandestina registrada en los ductos de Pemex, lo que permite confirmar que el robo de hidrocarburo se asentó en el sexenio morenovallista:

Marín cerró en 2010 con solo 49 tomas clandestinas detectadas y de ahí en adelante, con Moreno Valle, las cifras se dispararon: en 2011 fueron 74 tomas; 2012, 110; para 2013, 210; y en 2014 se detectaron 2014.

Todo empeoró en los dos últimos años de su gobierno, para 2015 Pemex detectó un total de 815 tomas clandestinas en territorio poblano, y Moreno Valle cerró el 2016 con mil 533 tomas.

Reforma
Claudia Guerrero
Periódico Central
Edmundo Velázquez
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 5 de septiembre de 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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