Del optimismo a la demagogia con el Huachicoleo

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, advirtió que durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, se reforzará la coordinación entre la Federación, el Ejército Mexicano, los municipios y el estado, con el objetivo de incrementar el combate a la ordeña de ductos de Pemex.

Apuntó que una prueba de este reforzamiento es que apenas una hora después de la toma de protesta de Gali Fayad como gobernador de Puebla, la Policía Estatal logró recuperar y asegurar cuatro vehículos- con reporte de robo- cargados con mil 800 litros de combustible de procedencia ilícita.

“Esto quiere decir que en el gobierno de Tony Gali desde que empezó a trabajar ha comenzado con acciones contundentes para luchar contra la delincuencia y estos son los primeros resultados de las acciones de gobierno de Tony Gali”, dijo.

El ahora ex director de Protección Civil estatal anunció que continuarán aplicándose las pruebas de control de confianza a los elementos de seguridad, con el objetivo de contar con policías confiables en favor de la ciudadanía.

Según el funcionario estatal, Puebla se encuentra en un buen nivel en materia de seguridad gracias a las estrategias aplicadas por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y por el ex secretario de Seguridad, Jesús Rodríguez Almeida.

“Encontramos una dependencia con un gran trabajo que se ha realizado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle y del ex secretario de Seguridad, Rodríguez Almeida, nuestro deber es continuar y seguir trabajando por Puebla, tenemos que darle continuidad a esos programas que han tenido éxito y nosotros seguir trabajando, como lo dice el eslogan ‘Puebla sigue”, dijo.

Caso Esperanza

Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya comenzó a realizar las investigaciones correspondientes en el incidente registrado la madrugada de ayer en el municipio de Esperanza, donde al parecer fueron levantadas ocho personas de un hotel y encontradas muertas en Veracruz.

Por supuestas razones de seguridad y por no haber acabado las respectivas indagatorias, el funcionario estatal se negó a dar detalles de lo sucedido.

“En Esperanza se están llevando a cabo las investigaciones, ya está personal de la Fiscalía tomando conocimiento y también en estos momentos se está llevando a cabo la investigación que por razones de seguridad y hasta que tengamos la información contundente se las haremos llegar”, dijo en entrevista.

El Sol de Puebla
Aldo Miguel Martínez
Viernes 3 de febrero de 2017.


El robo de combustibles es resultado de la complicidad de las autoridades de todos los niveles, en particular del gobierno de Moreno Valle: PRD


Puebla. - En pocos días, el negocio del huachicol –como se le denomina popularmente al combustible robado de los ductos de Pemex– amplió sus horizontes en Puebla y ahora se ejerce en más de una veintena de municipios.

Desde principios de mes, Paco, un joven desempleado de esta ciudad, comenzó a ofrecer gasolina a 12 pesos el litro a vecinos y amigos. Armó su micronegocio invirtiendo sólo lo necesario: condujo su auto hacia la central de abasto de Huixcolotla y compró decenas de garrafas de 25 litros del llamado huachicol, que trasladó a su domicilio en varios viajes.

Hoy, él y su familia venden el combustible robado a los ductos de Pemex. Y les está yendo bien, pues en el estado el litro de Magna cuesta 16.59 pesos, mientras que el de Premium se cotiza en 18.36. Paco y los “huachicoleros” o “chupaductos” la consiguen entre ocho y 10 pesos.

En 2016 Puebla fue la entidad con mayor incidencia de robo de combustible del país. Los directivos de Pemex detectaron más tomas clandestinas que en ninguna otra parte: hasta septiembre pasado sumaban mil 145; en 2010, antes de que arrancara el sexenio de Rafael Moreno Valle, sólo había 49 tomas.

El antiguo “triángulo rojo” ahora se conoce como “la franja del huachicol”. La actividad delictiva se extendió a más de 20 municipios, entre ellos Tepeaca, ­Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tlacotepec de Benito Juárez, Esperanza, Amozoc, ­Xoxtla, ­Tochtepec, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y el sur de la capital poblana.

En esa zona, el combustible ilegal se puede conseguir en múltiples puntos de venta a lo largo de las carreteras, así como en improvisadas tienditas o en casas.

En febrero de 2016, el titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá, dijo en una entrevista televisiva que Los Zetas operaban el robo de combustibles en Puebla.

La situación se agravó, pues, a decir de las autoridades federales y municipales, la comercialización a gran escala del combustible robado, así como la ordeña de ductos y la venta en tambos, involucran ya a comunidades enteras.

“Esto es un trabajo con el que damos de comer a nuestros hijos”, sostiene un huachicolero de Quecholac. Y acusa: “El petróleo es de todos. Lo que quiere el gobierno es dárselo a Estados Unidos. Lo que quieren los políticos es robar. Nosotros sólo sacamos para la familia”.

Hoy, dice a la reportera un alcalde que pide omitir su nombre, cualquier chamaco sabe por dónde pasan los ductos de Pemex y cómo se hace una perforación para extraer el combustible; actividad que no puede entenderse sin la complicidad de personal de Pemex.

Y se pregunta: “¿Cómo sabe esta gente por dónde pasan los ductos? ¿Quién les enseñó a hacer las perforaciones? ¿Cómo saben cuándo va a correr el combustible?”.

Pueblos huachicoleros

Pablo Morales Ugalde es un empresario gasolinero, pero desde 2014 funge como alcalde de Palmar de Bravo. En febrero de 2016, durante su segundo informe, sorprendió a la comunidad al declarar que, gracias a los huachicoleros que operan en su municipio, los ciudadanos compran gasolina más barata.

En la región algunos pobladores también los defienden. Por esas fechas, habitantes de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, corrieron a pedradas a elementos del Ejército que habían asegurado un vehículo cargado con combustible robado. En varias poblaciones incluso veneran al Santo Niño Huachicolero –una adaptación del Santo Niño de Atocha–, quien carga una garrafa de diesel y una manguera y está rodeado de tambos de combustible.

Para Isabel Allende, delegada de la Secretaría de Gobernación en Puebla, en numerosas comunidades de la entidad el robo a Pemex ya no es vista como un delito, sino como una “oportunidad” o “modo de vida”.

“Lo preocupante es que los niños de esa zona crecen con la visión de que el robo del combustible permite a sus padres sostener a la familia, o que en sus casas o tienditas las amas de casa estén al frente del negocio. Eso refuerza la percepción de que ser huachicolero es una actividad económica y no un delito”, dice la funcionaria.

Peor aún, algunos habitantes son cooptados con fiestas o regalos de electrodomésticos para que no delaten a los huachicoleros. “Hay complicidad, pero también hay miedo”, señala.

Pese a ello, la creciente ordeña de ductos disparó los índices de violencia en una zona. El gobierno federal ha tratado de impulsar campañas de concientización, pero no ha tenido resultados, pues la mayoría de los huachicoleros esconde en sus casas el hidrocarburo robado.

Violencia

El año pasado hubo 21 enfrentamientos entre presuntos chupaductos con tropas del Ejército y policías que dejaron cuatro muertos: un menor y tres uniformados.

El 27 de diciembre último, sujetos armados balearon una gasolinera en la población de Tochtepec, cuya concesionaria es la ex diputada federal perredista Aída Ramírez Torres y actual presidenta estatal de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).

Los sicarios dejaron una cartulina en su negocio: “Síguete metiendo, esto es una advertencia. Cierra la boca o te la cerramos”.

Ramírez Torres había denunciado que los concesionarios de los municipios que integran el llamado “triángulo rojo” han resentido una caída de sus ventas en más de 80% debido a la venta de combustibles robados a Pemex.

También declaró que muchas de las gasolineras de Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac y otros municipios están siendo vendidas por incosteables.

A principios de mes, un policía federal fue asesinado y tres militares resultaron heridos por presuntos huachicoleros. Además, se incrementaron los robos de autos y los asaltos.

En localidades como Palmar de Bravo, Palmarito Tochapan, San Bartolomé Hueyapan, la Magdalena Tetela, San Matías Tlalancaleca y Acatzingo grupos armados se disputan el territorio, según las autoridades.

La PGR admite que algunas gasolineras poblanas venden al público combustible robado; incluso los conductores de transporte de carga, camiones urbanos y taxis de la ciudad de Puebla lo compran para “bajar sus gastos”.

El PRI y el PAN aseguran que por lo menos cinco alcaldes, entre ellos los de Tochtepec de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Marcos Pérez Calderón y Francisco Palacios Lorenzo, respectivamente, han sido amenazados para que dejen operar a los huachicoleros.

A mediados de diciembre pasado, en San Miguel Xonacatepec, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, un grupo delincuencial se llevó a dos policías estatales y pidió a las autoridades la liberación de una pipa decomisada con carburante robado y del chofer como intercambio.

Omisión o complicidad

La diputada perredista Socorro Quezada Tiempo sostiene que el robo de combustibles es resultado de la complicidad de las autoridades de todos los niveles, en particular del gobierno de Moreno Valle.

“Por proyectos personales y sueños casi inalcanzables de lograr la candidatura presidencial, el gobierno de Moreno Valle descuidó el tema de la seguridad. Eso desató la delincuencia”, comenta la legisladora local.

Según ella, las autoridades “dejaron que esto creciera al grado de que ahora tendrán que enfrentarse a comunidades enteras para combatirla”.

Y pone un ejemplo de esa complicidad: a mediados de julio de 2015, cuando detuvieron al director general de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada López, y el encargado del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, por custodiar vehículos con hidrocarburo robado, la administración de Moreno Valle no actuó.

El jefe directo de ambos los dos detenidos, Facundo Rosas, entonces secretario de Seguridad del estado, se retiró del cargo sin ningún señalamiento por parte del gobierno estatal.

A Roxana Luna, exdiputada federal y candidata a la gubernatura, le resulta sospechoso que los índices delictivos se dispararan durante la gestión de Moreno Valle.

En su edición del martes 10, el diario local El Popular publicó que, de las 258 personas detenidas por el robo de hidrocarburos en Puebla de 2011 a noviembre de 2016, 204 fueron liberadas; sólo fueron procesadas 54, de las cuales la mitad obtuvieron libertad bajo caución.

Ciudadanos y alcaldes comentan a la corresponsal que las autoridades estatales son omisas cuando ellos presentan quejas o piden ayuda para atrapar a los chupaductos. Afirman que éstas siempre responden que no pueden actuar, pues se trata de un delito federal.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 30 de enero de 2017.


Elia Tamayo Montes acusó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de favorecer al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y no a la justicia, luego de que el organismo dio por cumplida la recomendación que emitió en el 2014 por la represión policíaca cometida en Chalchihuapan en la que murió su hijo, el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

“Yo no estoy conforme que dicen que la recomendación ya la dieron por cumplida y pido por favor verifiquen bien, porque la Comisión de Derechos Humanos (sic) está a favor del gobierno del estado y no se vale. Yo siempre he pedido justicia por favor, por el amor de Dios, justicia”, reclamó la humilde mujer.

En un oficio entregado el pasado 2 de enero, la CNDH informó que el 26 de diciembre de 2016 dio por cerrado el caso Chalchihuapan con el supuesto cumplimiento de las 11 recomendaciones que emitió contra el gobierno de Puebla en septiembre de 2014 en el expediente 2VG/2014.

“Por mi parte yo me siento muy mal, porque tantas cosas que se ha hecho y no hay justicia, aquí no hay justicia”, insistió la madre del niño de 13 años de edad, asesinado el 9 de julio de 2014, cuando policías estatales desalojaron de manera violenta a habitantes de Chalchihuapan que tenían tomada la autopista Puebla-Atlixco.

Tamayo Montes pidió al gobernador Moreno Valle que no “haga oídos sordos y haga realmente justicia”. Dijo: “Él piensa que con el dinero ha pagado la vida y jamás, aquí estoy en pie de lucha”, advirtió. Luego, aseguró que mantendrá su exigencia pese a la decisión de la CNDH.

Aracely Bautista, madre del exedil de Chalchihuapan, Javier Montes, dijo que la CNDH  dio por hecho de que Tamayo aceptó el pago de una indemnización por la muerte de su hijo, a pesar de que públicamente denunciaron que este hecho se dio bajo una amenaza de funcionarios del gobierno estatal.

Bautista aseguró que la señora Elia fue amenazada por Enrique José Flota Ocampo, fiscal general Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, de que si no aceptaba el dinero el exedil de Chalchihuapan, seguiría en prisión pues el gobierno estatal apelaría su caso.

Hilario Gallegos, vocero del Comité de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, censuró que sin hacer ninguna verificación de campo, la CNDH dio por hecho que el gobierno de Puebla cumplió cabalmente con la recomendación.

Dijo que la notificación sobre el supuesto cumplimiento le fue entregada a él, y no a Elia Tamayo, por personal del organismo a las 23:15 horas del pasado 2 de enero.

Gallegos indicó que la CNDH dio por hecho que el gobierno estatal cumplió con las sanciones contra funcionarios que participaron en el operativo de desalojo, cuando hasta ahora se desconoce cuál fue la sanción o pena que se impuso a Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad del estado.

Tampoco, detalló, se sabe de la situación legal de los tres policías que estuvieron sólo unos días en prisión y fueron liberados en la víspera de la Noche Buena de 2014, ni de las sanciones aplicadas a los mandos medios involucrados en los hechos.

En cambio, agregó, si sabe que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertos tres procesos penales contra pobladores de Chalchihuapan, así como una averiguación contra el exedil, Javier Montes Bautista, el único quien estuvo en prisión por los hechos violentos en los que murió el niño y resultaron heridos ocho pobladores.

Además, acusó que la CNDH no tomó en cuenta que la señora Elia Tamayo nunca dio por aceptada la disculpa pública que le ofreció el gobierno de Puebla en un acto que estuvo encabezado por funcionarios de tercer nivel.

El vocero del Comité de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo dijo que ante el “carpetazo” que dio la CNDH al caso Chalchihuapan recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir justicia y en breve harán una manifestación en la Comisión para reclamarle su postura para exonerar al gobierno de Moreno Valle.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 10 de enero de 2017.


La Cámara expuso que debido a la seguridad en rúas estatales el robo está presentándose en las carreteras federales.

La delegación de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) pidió más vigilancia en carreteras del estado, debido a que han incrementado en 30% los robos a unidades, situación que causa preocupación debido a que se están presentando renuncias de choferes por la falta de condiciones de seguridad.

César Flores Ruiz, representante local de esa organización, dijo que tanto en tramos estatales como federales —que incluye autopistas— las empresas reportaron que en los últimos dos meses del año hay un repunte, pues la delincuencia sabe que hay un mayor flujo de mercancías.

Mencionó que pese a tener los transportes equipos de localización eso no inhibe que sean atracados, ya que mientras se detecta que se salió de su ruta o el operador reporta el ilícito pasan varias horas, y para cuando localizan la unidad, ésta se encuentra abandonada y saqueada.

Expuso que ese delito repercute a las empresas de fletes, pues tienen que pagar a través de sus pólizas la pérdida total de la mercancía, “cuando nosotros también somos víctimas de las bandas que operan en las carreteras”.

Comentó que tres de cada 10 robos son en autopistas, situación que, dijo, no debe ocurrir, pues se supone que hay una mayor vigilancia de la policía y cuando ocurre un hecho de ese tipo, el auxilio tarda en llegar después de lo ocurrido.

Desbandada de Choferes

Explicó que ese tipo de situaciones generan preocupación a las empresas, ya que los choferes que han sido víctimas están renunciando, pues no sólo se llevan la unidad sino también toman como rehenes a las personas, y en algunos casos son golpeados.

“Por más capacitación que demos a los operadores, que no hagan altos en zonas aisladas, eso tampoco impide que las bandas criminales dejen de delinquir”, refirió.

Mencionó que los tramos carreteros como la Puebla-Veracruz, México-Puebla y la de Huauchinango en la Sierra Norte que se conecta con la México-Tuxpan, son los más peligrosos y donde han pedido más seguridad, pues son constantes los casos.

Flores Ruiz dijo que ni ofreciendo mejores salarios, los choferes se quieren quedar, ya que optan por otra actividad con menos riesgos, por lo que están lanzando vacantes en estados vecinos para contratar en forma inmediata.

En el caso de las unidades más atracadas son de productos higiénicos y alimentos, pues es más rápida su distribución, dijo el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gilberto Marín Quintero.

Comentó que han pedido a las autoridades que redoblen la vigilancia, sobre todo en casetas y en los tramos de incorporación de poblaciones a las autopistas, ya que de allí salen las bandas de asaltantes.

Mencionó también, que las mercancías robadas están siendo comercializadas a bajos costos en mercados de algunos municipios y en los estados vecinos, por lo que es difícil identificar su distribución y a los responsables.

Expuso que falta mayor coordinación para inhibir la entrada de bandas criminales por las autopistas federales.

El Economista
Miguel Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 17 de diciembre de 2016.

Detectan toma clandestina en Puebla

Un cadáver en una barranca y una camioneta calcinada con bidones, cargados al parecer de hidrocarburo ilícito, fueron hallados en San Matías Tlalancaleca, Puebla.

El hallazgo fue reportado en el camino que conduce a San Francisco Tláloc.

Elementos policiacos detallaron que uno de los pasajeros de la camioneta fue quien pidió apoyo al número de emergencias 066. El hombre anunció que intentaron huir y que uno de sus acompañantes cayó a una barranca, lo que le provocó lesiones.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) confirmaron el deceso del caído y pidieron apoyo al Ministerio Público.

"Creemos que venían dos y el que avisó estaba lesionado, porque habló por teléfono para pedir ayuda porque habían caído en la barranca", indicó un uniformado.

"En el lugar hay un masculino sin vida y por el árbol se encontraron unos tenis y una gorra que creemos que es del lesionado, pero ya se le volvió a marcar y no contesta".

Las autoridades explicaron que la camioneta tipo pick up transportaba dos bidones con 2 mil litros de combustible cada uno; el vehículo se calcinó por completo.

En el lugar se encuentran elementos de la Policía del Estado, ministeriales y personal de la Cruz Roja Mexicana, quien realizará el rescate del cuerpo.

Detectan toma clandestina en Puebla

Una fuga de combustible por una toma clandestina fue detectada a un costado de la autopista Puebla-Orizaba.

Los cuerpos de emergencia detallaron que el chorro de gasolina alcanzó una altura de dos metros.

Cerca de las 8:00 horas de este lunes, a través del número de emergencias 066, rescatistas recibieron el reporte de olor a combustible por lo que se trasladaron al kilómetro 147 de la vialidad con dirección a Orizaba.

Personal del cuerpo de Bomberos y de Petróleos Mexicanos realizó acciones para controlar la fuga.

Las autoridades descartaron riesgos para la población, mientras el Ejército mexicano resguardó la zona.

Reforma
Norma Herrera
Puebla, México
Martes 26 de julio de 2016.


Conmemoran segundo aniversario de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo

Familiares, personajes políticos y activistas realizaron una marcha para conmemorar el segundo aniversario luctuoso del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien en 2014 perdió la vida luego del desalojo violento que policías estatales realizaron contra pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, por bloquear la autopista Puebla-Atlixco.

El contingente de aproximadamente 100 personas, encabezado por la madre del menor, Elia Tamayo, caminó por el primer cuadro de la ciudad de Puebla para exigir justicia, pues señalaron que a dos años del suceso no se ha castigado a los responsables, como el ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

Los manifestantes también demandaron la liberación inmediata del ex edil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, así como de los demás presos políticos del gobierno de Rafael Moreno Valle.

En una breve intervención, Elia Tamayo pidió justicia por la muerte de su hijo y que se deje en libertad al edil Javier Montes.

“Soy Elia Tamayo Montes, y estoy aquí para pedir justicia y que se libere al edil Javier Montes Bautista y a todos los presos políticos”, dijo.

En la marcha, participó el ex diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien en su mensaje, arremetió contra al gobernador Rafael Moreno Valle al decir que sólo ve por sus intereses y continúa ejerciendo una política de represión.

Según el gobierno del estado, “la  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) notificó (…) al Gobierno de Puebla, el cumplimiento cabal del sexto punto de la recomendación 2VG/2014, emitida por el caso Chalchihuapan, el cual instruye el ofrecimiento de una disculpa pública institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, disculpa que fue ofrecida a la señora Elia Tamayo y a los demás afectados, el pasado 23 de marzo del año en curso”.

Hilario Gallegos Gómez, del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo”, Hilario Gallegos Gómez comentó que a dos años del desalojo violento continúa la misma política de represión, hay impunidad en el caso y no se han cumplido las recomendaciones del organismo.

Javier Montes fue detenido por cuestión política

Por su parte, la madre del ex alcalde de Chalchihuapan, Aracely Bautista lamentó que su hijo esté preso más por una cuestión política que por temas ilícitos, pues recordó que su único error fue luchar por el regreso del Registro Civil a la comunidad.

Indicó que aunque hasta el momento no tiene una sentencia, sí podrían darle una pena de varios años sin derecho a fianza por lo que pidió la ayuda de la población para que se haga justicia en torno al caso.

“Sabemos que más que una cuestión legal es política. Pedimos al gobernador que se acerque para saldar este problema porque es terrible. Aún no ha sido sentenciado pero se prevé que sí, de acuerdo a la ley. A dos años de esta tragedia, queremos decir que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo porque el gobierno nos pisa sin importarle nada”, expresó.

e-consulta
Jesús Viñas/Kara Castillo
Martes 19 de julio de 2016.


Una intensa fuga de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos despertó y causó alarma entre los vecinos del fraccionamiento Misiones de San Francisco y zonas aledañas.

Alrededor de la 1:00 de la madrugada de este lunes, vecinos reportaron a los números de emergencia un intenso olor a combustible por lo que se inició la movilización de corporaciones.

Fue sobre la autopista Puebla-Tlaxcala a la altura de la calle Emiliano Zapata que se detectó la fuga y en el sitio se alcanzaba a observar un chorro de diésel que alcanzaba los 20 metros de altura.

De acuerdo al director de Protección Civil del estado, Jesús Morales, el olor se propagó por el viento, pero esto no implica una situación de peligro para unidades habitacionales e industrias.

"No hay ahorita un riesgo para la población en el sentido de que vayamos a tener una explosión, un incendio, que tengamos una nube tóxica y que esté invadiendo las colonias.

"Ahorita el olor es lo molesto porque el viento traslada este olor por varios puntos, pero no tenemos tampoco un riesgo de una intoxicación masiva", explicó.

Tras los primeros trabajos de cuerpos de emergencia del estado y los municipios involucrados, así como de personal de Petróleos Mexicanos, se considera la posibilidad de una toma clandestina.

"Al parecer es una toma clandestina, no se ha ubicado la fuente de esta toma clandestina, ahorita lo que se tiene que hacer es bajar la presión del producto, ya se cerraron las válvulas, ya está disminuyendo la presión.

"Una vez que disminuya la presión ya se empieza a recoger el producto y también ya se sella la toma clandestina en donde se encuentre ahorita ubicada", agregó Morales.

Elementos del cuerpo de Bomberos iniciaron con las labores para controlar la fuga y dieron aviso al personal de Pemex para que cerraran el suministro de hidrocarburo.

También acudieron policías municipales quienes resguardaban la zona y personal de Protección Civil (PC) Municipal y Estatal y más tarde arribaron policías federales.

Por el intenso olor, varios vecinos de los fraccionamientos y colonias aledañas decidieron salir de sus domicilios por temor a una intoxicación.

En algunas partes las autoridades informaban a los colonos que era recomendable salir de sus viviendas, pero en otros sitios la gente no tenía información sobre lo que ocurría.

Paramédicos del SUMA atendieron a dos personas de los fraccionamientos cercanos por presentar malestar en nariz y garganta debido al intenso olor del hidrocarburo.

Durante la mañana, un trabajador de la paraestatal resultó intoxicado y fue sacado del sitio por sus compañeros y atendido por paramédicos.

Reforma
Jesús Lima
Laura Ruiz
Puebla, México
Lunes 18 de julio de 2016.


A dos años de esos hechos, el ex edil, Javier Montes, sigue en prisión mientras que los responsables intelectuales y materiales de la represión siguen en libertad.

Puebla.- La recomendación que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan sólo se cumplirá cuando se proceda al encarcelamiento del exsecretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, y de los policías que participaron en el violento operativo en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Así lo planteó Elia Tamayo, madre del menor muerto, quien señaló que, a dos años de esos hechos, “los inocentes” como el exedil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, siguen en prisión mientras que “los culpables” intelectuales y materiales de la represión siguen en libertad.

“Cómo es posible, a los que asesinaron a mi hijo (les dan) tres años de cárcel, no es posible, y el que la verdad no hizo nada, nomás por defender a su pueblo (lo condenan a) 30 años de cárcel, de veras que no sé qué pensamientos tienen”, reclamó.

“Yo lo que le pregunto al gobernador: dónde escondió a Facundo Rosas… no se vale lo que estamos viviendo, inocentes encarcelados cuando los meros criminales andan sueltos”.

Apenas la semana la CNDH hizo un llamado al gobierno de Rafael Moreno Valle para que cumpla de manera íntegra la recomendación 2VG/2014, que a dos años de la represión policiaca contra habitantes de esa comunidad indígena, sigue pendiente aún en “puntos torales”.

Entre los pendientes la Comisión señaló la reparación del daño, con base en criterios internacionales de derechos humanos, a favor de la madre del niño, así como la responsabilidad penal que corresponda a los servidores públicos involucrados.

En rueda de prensa Tamayo, acompañada de los abogados Alejandro del Castillo e Hilario Gallegos, representante del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, aseguró que su único reclamo desde un principio ha sido de justicia.

“El principal responsable es Facundo (Rosas Rosas) y los policías que mandó, ellos deben quedarse en la cárcel para que se cumpla la recomendación y se haga justicia, pues ya van dos años del asesinato de mi hijo y no hay justicia”, protestó.

Gallegos Gómez dijo que incluso la Ley Bala, que el 9 de julio de 2014 dio pie a este operativo de desalojo contra pobladores de Chalchihuapan que participaban en una protesta en la autopista Puebla-Atlixco, sigue aún vigente.

Los abogados hicieron un reclamo público al diputado local panista Jorge Aguilar Chedraui, quien aseguró que si la recomendación emitida por la CNDH no se ha cumplido en su totalidad es por culpa de Elia Tamayo, quien no ha aceptado el pago de una indemnización por la muerte del niño

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 14 de julio de 2016.


La Fiscalía General del Estado informó que la noche del 31 de mayo un grupo de personas presuntamente dedicadas al robo de combustibles ingresó a la Junta Auxiliar La Purísima, en el municipio de Palmar de Bravo, y asesinó con arma de fuego a cuatro jóvenes.

En un comunicado, la dependencia señala que las indagatorias sobre este caso fueron turnadas a las autoridades federales, al tratarse de una banda de delincuencia organizada la que generó este caso de violencia.

“Las primeras indagatorias establecen que personas presuntamente dedicadas al robo de combustible que corresponde a un delito de índole federal, realizaron detonaciones de arma de fuego en calles del centro de la comunidad, lo que derivó en que cuatro varones perdieran la vida”, precisa.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel M., José M., Rolando Rosendo M., y Orlando C.

Según testimonios, los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche, cuando un grupo de jóvenes conocidos como los Techikos se encontraba frente a una tienda del centro de esa localidad y una camioneta con personas armadas pasaron por ese lugar y abrieron fuego en su contra.

De acuerdo a los mismos informantes, los jóvenes asesinados podrían igual estar inmiscuidos en el robo de combustibles que abunda en la región de Palmar de Bravo y que ha generado ya continuos enfrentamientos armados.

Apenas la madrugada del domingo, en la población de San Francisco Tláloc se registró otro hecho violento que involucra a las bandas de chupaductos que operan en Puebla.

El 25 de mayo, un grupo de pobladores de esa localidad se enfrentaron contra supuestos chupaductos que forman parte de la banda conocida como Los Huachicoleros que huían de elementos de la Policía Federal y en su trayecto estuvieron a punto de atropellar a un niño.

La turba volcó 14 vehículos y quemó uno más que presuntamente usan los delincuentes para el robo de combustibles a Pemex, luego de que aseguraron estar hartos de la violencia que generan esos grupos delictivos en su comunidad.

La noche del 29 de mayo, de nueva cuenta se volvió a desatar un enfrentamiento armado en esa población, ubicada en la zona de Cholula, debido a que sujetos armados ingresaron y detonaron armas de fuego en contra de habitantes que participaban en guardias comunitarias.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Jueves 2 de junio de 2016.


Puebla— Ocho presuntos ordeñadores hicieron disparos en contra de policías de San Salvador Chachapa la madrugada de ayer, después de que los uniformados intentaron evitar la instalación de una toma ilegal en un ducto.

Fuentes policiacas detallaron vecinos reportaron que había personas extrañas en el fraccionamiento Destello I, cerca de un ducto de Petróleos Mexicanos.

Los lugareños pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias 066 cerca de las 1:00 horas.

Al llegar, los uniformados fueron recibidos con disparos al aire y a pesar de que los uniformados persiguieron a los sujetos para intentar detenerlos, éstos lograron darse a la fuga.

Las autoridades encontraron en el lugar una pala, una manguera y unos discos para cortar, así como, una llave que aparentemente sería usada para ordeñar el ducto.

“Los uniformados fueron recibidos con disparos al aire y aunque respondieron a la agresión y persiguieron a los ocho sospechosos, lograron darse a la fuga.

“En el lugar fueron aseguradas herramientas que serían usadas para la toma clandestina, pero no hubo detenidos”, dijo un uniformado.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal negó que haya existido tal enfrentamiento.

Mencionaron que no habían participado en ningún operativo contra chupaductos la noche del lunes.

Integrantes de los cuerpos de emergencia señalaron que en la zona del fraccionamiento Destello I y II los chupaductos han generado fugas de combustible al realizar sus tomas clandestinas.

Afirmaron que la última se registró hace un mes en el mismo fraccionamiento, luego de que se registrara una fuga que se salió de control y ocasionó un derrame.

Otros uniformados dijeron que en lo que va del año es la cuarta vez que ocurre un enfrentamiento con ordeñadores en la Junta Auxiliar de Chachapa.

Reforma
Norma Herrera
San Salvador Chachapa, Pue.
Miércoles 18 de mayo de 2016.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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