Complicidad legislativa impide que el funcionario, represor y cuestionado por corrupción, comparezca en el Congreso local

Y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ), en las investigaciones que sigue del caso del exdirector de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, documentó la participación de esta persona, en el delito de robo de vehículo en la modalidad de desmantelamiento.

A un año de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, los diputados de Acción Nacional se han convertido en los defensores de oficio del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, una vez que bloquearán que sea llamado a comparecer, pero además en las ocasiones que ha acudido al Congreso nunca ha sido cuestionado sobre los actos de represión.

El pasado 15 de julio el legislador panista y anteriormente uno de los críticos de gobiernos priistas en temas de seguridad, Francisco Rodríguez Álvarez, consideró innecesario que el funcionario estatal comparezca, puesto que si bien las pruebas de control de confianza representan una herramienta para verificar el perfil de los uniformados, “su actuar depende de la voluntad de las personas y no caer en la corrupción”.

El presidente de la Comisión de Seguridad destacó que las pruebas de control de confianza son perfectibles, “este método no ha fracasado”. No obstante, sostuvo que la detención de esos elementos “vulnera la confianza de los ciudadanos en las autoridades”, que cada vez se ve más difícil de recuperar.

Un año antes el 10 de julio de 2014 de acuerdo a una entrevista, culpó a los habitantes de Chalchihuapan de agredir a los policías con cohetones y piedras y sostuvo que las balas de goma nunca se utilizaron.

Previo al fallecimiento del menor, dijo que la policía solo repelió una agresión de un grupo de habitantes y evitó tocara Facundo Rosas.

Mientras el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Víctor León Castañeda, afirmó que el Congreso de Puebla “no protegerá a ningún funcionario”, pero aclaró que la participación del director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Mendoza Lozano, en actividades delictivas responden a una situación personal por lo que no se puede involucrar a la dependencia o su titular.

Al igual que su compañero Franco Rodríguez, León Castañeda desestimó que sea necesaria la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, en el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, transitó por el pleno legislativo en su comparecencia prácticamente blindado por los legisladores del PAN, quienes le hicieron preguntas a modo.

Blindaje permanente

El 21 de julio de 2014 compareció Facundo Rosas ante las comisiones y el aviso de que habría una conferencia de prensa con Francisco Rodríguez Álvarez, Eukid Castañón Herrera, Sergio Salomón y el secretario de Seguridad Pública. El funcionario al salir nunca detuvo su camino y siguió caminando, respondiendo a medias cada pregunta que se formulaba, mientras sus guaruras empujaban a los comunicadores.

Fue hasta llegar hasta el fondo del pasillo donde caminaba, cuando finalmente se detuvo y defendió su postura de que “no hubo balas de goma”, e indicó que ellos actuaron conforme al protocolo.

— ¿Va a dejar el cargo? El PRI solicitó su renuncia, la de usted y del secretario General de Gobierno…

—Sigo trabajando por la seguridad de los poblanos.

— ¿Qué responde ante los cientos de poblanos que lo llaman asesino y piden su cabeza?

—No puedo calificar a estas alturas lo que haya.

— ¿Por respeto a la familia renunciará a su cargo?

—No, claro que no, esto no ha terminado.

— ¿Al abrogar la “ley Bala”, ahora cómo van actuar en las manifestaciones?

—Hay normas internacionales. En particular de la ONU y de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, que nos dan la oportunidad de seguir trabajando.

— ¿De dónde sacaron las balas de goma?

—No hay balas de goma.

—Esa es la versión oficial, pero los pobladores dicen lo contrario.

—No hay balas de goma. Para eso hay un tercero, hay instancias y se tendrá que comprobar.

Más protección

El pasado 28 de febrero secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, transitó por el pleno legislativo en su comparecencia prácticamente blindado por los legisladores del PAN, quienes le hicieron preguntas a modo.

Fiel a otras comparecencias, se presumió el lugar 10 entre los estados más seguros en todo el país, estadística con la que intentó darse lucimiento a la comparecencia.

En la comparecencia también se destacó que, por segundo año consecutivo, el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla (CECC) superó la meta programada al realizar 10 mil 560 evaluaciones, aplicando el procedimiento al 100% de la plantilla activa.

Asimismo se informó que se capacitó a 700 policías de distintas corporaciones en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”, sobresaliendo aspectos en Derechos Humanos y en el NSJP.

En lo que respecta a la Seguridad Pública, el secretario Facundo Rosas Rosas destacó el seguimiento que en 2014 se dio a las mesas de trabajo del Grupo de Coordinación Estado-Municipio, logrando integrar a 60 ayuntamientos, resultando la disminución de 12.62% en la incidencia delictiva. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2014 los delitos del fuero común disminuyeron 11.94%, respecto al año anterior; y, por segundo año consecutivo, Puebla se mantuvo como el Estado con menos delitos federales, por cada 100 mil habitantes, informó el titular.

Además, presumió el funcionario, Puebla está por debajo de la media nacional en delitos de alto impacto como: secuestro, extorsión, violación, homicidios dolosos, robo de vehículos, a comercio y a casa habitación.

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Rodríguez Álvarez, Rosalío Zanatta Vidaurri, Pablo Montiel Solana, Víctor Manuel Giorgana Jiménez y Cirilo Salas Hernández, coincidieron en lo importante de sumar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– para combatir la delincuencia organizada y mantener al estado como uno de los más seguros a nivel nacional.

Suma Marco Antonio Estrada López un delito más

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ), en las investigaciones que sigue del caso del exdirector de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, documentó la participación de esta persona, en el delito de robo de vehículo en la modalidad de desmantelamiento.

Dentro de la indagatoria correspondiente, se establece que Estrada López, tuvo participación en hechos que significaron desvalijar una pipa que tenía reporte de robo en Xalapa, Veracruz, y cuyo motor fue montado en un vehículo oficial tipo grúa ubicado en instalaciones de la Policía Estatal Preventiva.

Lo anterior se deriva de diversas diligencias, rastreo y localización de ambas unidades, por lo que todas las pruebas acumuladas, permitieron ejercitar acción penal en contra de Marco Antonio Estrada López, quien permanece en el Centro de Reinserción Social de San Miguel.

Cabe mencionar que las investigaciones que realiza la PGJ Puebla hacia el ex funcionario, responden a delitos del fuero común y se realizan a través de la Dirección de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, mientras que en paralelo, también se coadyuva con las indagatorias que desarrolla la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla sigue tomando acciones sobre otras posibles conductas ilícitas del ex funcionario.

Intolerancia Diario
Francisco Sánchez
Ciudad de Puebla
Domingo 19 de julio de 2015.

Quedaron a disposición del Juzgado Décimo Primero de Distrito

Marco Antonio Estrada López, ex director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como Tomás Mendoza Lozano, ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), podrían quedar en libertad provisional del Juzgado Décimo de Distrito, donde la madrugada del jueves fueron consignados por su presunta responsabilidad de delito de robo de hidrocarburos.

A las 4 horas el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR), decidió omitir el delito de delincuencia organizada, por la que de manera inicial habían acusado a los detenidos por miembros de Ejército Mexicano, y solo los acusaron por un delito donde se permite el pago de una fianza para que puedan obtener su libertad.

Desde el mediodía del miércoles había trascendido que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ‎, estaban negociando la libertad de sus dos mandos, pese a que horas antes y por medio de un comunicado habían anunciado que estaban dados de baja.

La idea principal era que a través de sus abogados se los entregarán en la misma Delegación del Ministerio Público Federal, sin embargo esperaron a que todos los reporteros se fueran, para  trasladar a los detenidos al Juzgado Décimo Primero de Distrito, donde más tarde, rindieron su declaración preparatoria.

Se espera que en las próximas horas se decida si Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano quedan en libertad o son arraigados mientras continúa el juicio.

Intolerancia
Alfonso Ponce
Ciudad de Puebla
Jueves 16 de julio de 2015.

Fuentes de la PGR aclararon que las investigaciones abarcan a otros mandos de la policía poblana, de la SSP, así como a elementos en activo.

Puebla.- Al confirmarse el aseguramiento de 31 camionetas con combustible robado que presuntamente eran escoltadas por mandos de la Policía Estatal, la PGR abrió una investigación por una red de protección que presuntamente brindan las corporaciones de esta entidad a una banda de ordeñadores de ductos de Pemex.

Fuentes de la delegación de la PGR confirmaron que el director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Tomás Mendoza Lozano, detenidos el martes pasado por escoltar el cargamento de combustible robado en el municipio de Tepeaca, serán consignados ante el Juzgado de Distrito de Juicios Orales.

De acuerdo con medios locales, abogados de la Secretaría de Seguridad Pública, por órdenes de su titular Facundo Rosas Rosas, trataron de sacar bajo fianza a los dos mandos policiacos detenidos, e incluso intentaron mantener oculta la información sobre su aprehensión, al filtrar a la prensa que sólo estaban en calidad de presentados ante el Ministerio Público Federal.

Sin embargo, fuentes de la PGR aclararon que las investigaciones abarcan a otros mandos de la policía poblana, de la SSP, así como a elementos en activo.

Luego del aseguramiento de las 31 camionetas que transportaban combustible robado en la localidad de San Felipe Tenextepec, en el municipio de Tepeaca, elementos del Ejército Mexicano y personal de la PGR y de Seguridad Física de Pemex llevaron a cabo un cateo en una vivienda de la colonia Del Valle, en esta ciudad, donde presuntamente habrían encontrado combustible y una toma clandestina de hidrocarburos.

Por su parte, la SSP estatal informó que el GOE quedó disuelto desde este día para someter a investigación a sus integrantes, a los que también se relaciona con esta red de protección.

Según publicaron algunos policías en las redes sociales, por la protección que brindaban a una supuesta banda de traficantes de combustible de esa zona, el director de la corporación recibía un pago de 25 mil pesos semanales, así como un cargamento de gasolina de mil litros.

Su participación en estos hechos ilícitos salió a la luz luego de que el 3 de julio, tras un enfrentamiento armado en el que resultó herido un policía, Estrada y Mendoza supuestamente detuvieron a “ordeñadores” de ductos de Pemex que fueron entregados ante el MP Federal.

En su declaración ministerial, los detenidos acusaron a los mandos policiacos de haberse quedado con la mitad del combustible asegurado, además de que brindaban protección a una banda que también opera en la entidad. Presuntamente después de esto los jefes policíacos fueron sorprendidos cuando escoltaban las 31 camionetas con combustible robado.

Por la tarde, la SSP informó que Yazmín Márquez Rodríguez, quien ocupaba la Dirección de Centros de Readaptación Social del Estado, fue designada como nueva directora de la Policía Estatal de Puebla.

En tanto, diputados locales de PRD y del Verde Ecologista anunciaron que pedirán la comparecencia de Facundo Rosas Rosas, titular de la SSP, para cuestionarlo sobre esta red de corrupción en la que están involucrados los mandos directivos a su cargo y en la que podría haber más funcionarios implicados.

Proceso
Gabriela Hernández
Jueves 16 de julio de 2015.

A un año de la represión ordenada por la ultraderecha contra pobladores de Chalchihuapan
    
Puebla.- En vísperas del primer aniversario, los habitantes anunciaron la demanda contra el titular de la Secretaría de Seguridad pública del Estado, así como un juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle.

Habitantes de Chalchihuapan interpondrán una denuncia penal en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Facundo Rosas Rosas, además de que se prepara la solicitud de un juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle.

En rueda de prensa, el abogado de los afectados, Alejandro del Castillo, informó de las acciones que realizarán luego de que se cumpla un año del enfrentamiento entre policías estatales y manifestantes de dicha localidad.

Señaló que la denuncia contra Facundo Rosas será por manejo frívolo del armamento y lo que resulte, la que interpondrá Elia Tamayo, como agraviad, luego de que fuera su hijo quien perdió la vida tras el enfrentamiento.

“Será por el manejo de armas y el homicidio y es que todo se ha enfocado a los policías que dispararon que están libres, pero la responsabilidad política y penal contra el gobierno del estado se diluye”, señaló el litigante.

Del Castillo estuvo acompañado de Araceli Bautista, madre del presidente Jairo Javier Montes, quien se encuentra recluido desde el año pasado en el penal de San Miguel.

“Una persona falleció en un operativo ordenado por el gobierno del estado. Se demostró que hubo un exceso, y todo se demuestra por el lugar donde abaten al niño”, sentenció.

“Si era desalojo de la autopista, ¿qué hacían los policías en el puente siguiendo, o cazando a los manifestantes? los policías es notorio como los persiguen.

Señaló que la denuncia se interpondrá entre el 9 y 19 de julio, que son las fechas claves del caso Chalchihuapan, debido a que en la primera fue el enfrentamiento y en la segunda cuando murió el niño José Tlehuatle Tamayo.

Juicio Político contra Moreno Valle

Asimismo se anunció que se está preparando una solicitud de Juicio Político en contra del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en el Congreso de la Unión.

“Para el gobernador hay otro argumento”, señaló Alejandro del Castillo, al informar que al cambiar la legislatura federal, también cambia la balanza de las fuerzas políticas.

Por lo tanto arreglan la demanda de juicio político. “Pensamos que fue sido un error presentar la solicitud de desaparición de poderes, ya que a pesar de la represión y una colisión de tres poderes, si hay gobernabilidad, la que subsiste con todo y la represión”, dijo.

Sin embargo, comentó, hay constantes y sistemáticas violaciones a derechos humanos y abusos de poder.

Indicó que se están recabando las pruebas junto con la demanda. Un juicio político, tendrá que ver con la influencia en la cámara de diputados.

Y recordó que el último caso es pretender que el gobierno del estado esté a cargo de los servicios que por ley en la Constitución Mexicana, le pertenecen a los municipios.

“Están queriendo anular a los municipios. Hay que recordarle (al gobernador) que está en México y nos regimos por un sistema federalizado”, indicó.

Buscarán apoyo de todos los partidos incluso del mismo PAN. “Debe ser bien elaborada, no tiene buenos abogados Moreno Valle, les hemos ganados todos los amparos”.

Señaló que será una situación difícil para la administración estatal, al ir al congreso, por lo que sería difícil que se postergue, “sin embargo, si pasa, tendríamos elementos para un juicio de amparo”, dijo.

Indicó finalmente que lo presentarán a finales de septiembre, ya que esperan tener apoyo de alguno de los diputados de Puebla, por agredir el federalismo, y tratar de anular de este modo el 115 constitucional.

-¿Porque hasta ahora?

Por la correlación de fuerzas. Hay un gran apoyo con Puebla Libre, hay planteamientos muy serios. Tampoco somos suicidas, nada más echados para adelante.

Los hechos del 9 de julio

El 9 de julio de 2014, habitantes de Chalchihuapan cerraron la autopista Puebla- Atlixco en demanda de que se regresaran las facultades de administrar el registro civil.

Para desalojarla la SSPE montó un operativo el que se les salió de las manos y derivó en un enfrentamiento con los pobladores, quienes se defendieron con piedras y palos, mientras que los policías dispararon gases lacrimógenos a quemarropa.

De este enfrentamiento salieron decenas de heridos entre civiles y uniformados, entre ellos el niño de 13 años de edad José Luis Tlehuatle Tamayo, producto de un golpe por una lata del gas lacrimógeno.

Lo anterior lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras una investigación que derivó en la recomendación 2VG/2014 al gobierno de Puebla por violaciones graves a los derechos humano.

El menos falleció diez días después, el 19 de julio de 2014 por el severo golpe en la cabeza.

Intolerancia Diario
Ciudad de Puebla
Martes 30 de junio de 2015.

El mandatario panista soslaya legalidad, derechos humanos y a los ciudadanos

El gobierno de Puebla clasificó como reservado el monto de la sanción económica y la amonestación que aplicó al Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, quien fue señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como responsable de la represión contra habitantes de Chalchihuapan.

El portal de noticias e-consulta informa hoy que en respuesta a solicitudes de información que hizo a través del sistema Infomex, la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría de Justicia del Estado declararon como reservada toda la información relacionada con las sanciones y reparación de daños que causó el operativo policiaco del 9 de julio.

La recomendación emitida por la CNDH el pasado 11 de septiembre pide al gobierno de Puebla  abrir una investigación en contra de Rosas Rosas a quien identifica como responsable del operativo policíaco de desalojo que provocó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Pese a ello, el funcionario se mantiene en su cargo y la investigación en su contra sólo fue turnada a la Contraloría Estatal, que acabó por aplicar una sanción económica y una amonestación, sin precisar el monto.

E-Consulta pidió información sobre el tipo de amonestación aplicada a Rosas Rosas, así como el monto de la multa que le fue impuesta, además del nombre de los tres mandos de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron destituidos por la recomendación de la CNDH, sus cargos y el monto de las sanciones económicas que les aplicaron.

Pero el gobierno poblano declaró como reservados los datos de los mandos de Seguridad Pública destituidos, las sanciones aplicadas, así como las identidades de los seis elementos operativos que fueron encarcelados por su participación en los hechos y a quien supuestamente se responsabiliza de la muerte del niño.

La Secretaría de Seguridad Pública se limitó a señalar que con fundamento en el artículo 33 fracción IV, V, VI, XIII y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, “la información solicitada se considera como información reservada”, sin precisar el periodo de restricción.

También, la administración morenovallista negó información sobre el fideicomiso creado para la reparación del daño a las víctimas, que también forma parte de la recomendación que emitió la CNDH.

A la Procuraduría de Justicia del Estado se le pidió el monto de recursos con que fue creado este fondo, el nombre de las personas contempladas y la cantidad de recursos estimados para cada una por concepto de reparación del daño, así como precisar el periodo en el cual los agraviados podrían reclamar los recursos.

La PGJ expuso que por acuerdo firmado por el Procurador General de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, la información está reservada porque pone “en riesgo” a personas y se trata de documentos relacionados con persecución de delitos y con una indagatoria que está abierta.

Hasta la fecha, tampoco se tiene conocimiento del supuesto acto de desagravio que llevó a cabo el gobierno de Moreno Valle el pasado 17 de octubre, que también estaba contemplado en la recomendación de la CNDH.

Además de que los medios de comunicación no fueron invitados -pese a que la Comisión señaló que el acto debía ser “público”- ninguno de los habitantes de Chalchihuapan acudió pues fueron invitados con menos de tres horas de anticipación, lo que fue calificado como una “burla”.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 5 de noviembre de 2014.

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