Próxima audiencia fue programada para el 2 de abril


El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció este martes en un juzgado de Brooklyn, Nueva York.

Al salir de la audiencia, el abogado de oficio de Genaro García Luna, César de Castro, aseguró que no están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello.

Agregó que al exfuncionario del expresidente Felipe Calderón le cortaron el acceso al sistema financiero mexicano y por eso no ha podido contratar abogado.

El abogado de oficio señaló que, en Texas, García Luna estuvo en aislamiento y ha tenido muy poco o ningún contacto con la familia.

El juez Brian Cogan fijó nueva audiencia para el 2 de abril.

En tanto, que los fiscales dijeron que tienen toneladas de evidencia contra Genaro García Luna.

Tanto la defensa como la fiscalía pretenden que el caso sea considerado como "complejo", lo que permitiría que entre la audiencia de este lunes y la siguiente transcurrieran 60 días.

Sin embargo Cogan solo aprobó 30 días para que se presenten registro financieros, de propiedad y de la forma en que el exfuncionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en Dallas, Texas. Su primera audiencia fue el pasado 3 de enero para enfrentar los cargos en la corte federal de Brooklyn, donde la jueza Peggy Kuo le denegó dejarlo en libertad bajo fianza.

El gobierno de Estados Unidos acusa al exfuncionario de aceptar millones de dólares en sobornos. Según la acusación, entre 2001 y 2012 aceptó dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Entre 2001 y el 2005, García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox).

De 2006 a 2012 ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en la administración de Calderón. Según la acusación, entre 2001 y 2012 recibió ese dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa.

Notimex
El Universal
Nueva York, EUA.
Martes 21 de enero 2020.


Puebla, Pue. - A Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, se le atribuye haber recomendado a sus cercanos Ardelio Vargas Fosado y a Facundo Rosas Rosas para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Rafael Moreno Valle, período en el que se asientan en Puebla las bandas que operan el robo de combustible, narcomenudeo, secuestros y asaltos a trenes y vehículos de carga.

Igual, estos dos funcionarios morenovallistas son señalados por organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de haber sido los ejecutores de la peor crisis represiva contra activistas y críticos del gobierno en la historia de esta entidad.

El poblano Ardelio Vargas Fosado presumió en una entrevista concedida en 2010 al periodista Álvaro Ramírez su cercanía con García Luna, a quien dijo haber conocido cuando ambos fueron “orejas” en Chiapas durante el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Sus carreras estuvieron ligadas por muchos años en el Centro Investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); en la Policía Federal Preventiva (PFP) y en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cuando el ahora fichado en Estados Unidos dejó la titularidad de la AFI para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio calderonista, fue Vargas Fosado quien lo sustituyó en el cargo.

“Es mi amigo, mi cuate… Nos llamamos de manera permanente para las cuestiones familiares y profesionales… Nuestro trato es de amigos, ni siquiera de funcionarios”, confió el poblano al describir su relación con García Luna en la entrevista de diciembre de 2010.

Dos meses después, en febrero de 2011, al asumir la gubernatura Moreno Valle, Vargas Fosado, en ese momento diputado federal por el PRI, fue nombrado Secretario de Seguridad Pública del Estado.

Violentos operativos contra comerciantes y ahorradores defraudados; el desalojo de campesinos en Chignahuapan y contra pobladores de Francisco Z. Mena, con 31 y 26 detenidos, respectivamente, marcaron su paso por la SSP de Puebla.

En enero de 2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla hizo pública la recomendación 60/2011, en la cual se dio cuenta de la brutalidad con la que actuaron los elementos policiacos bajo el mando de Vargas Fosado para desalojar a los campesinos que tenía tomado un predio de la hacienda de Atlamaxac, en la junta auxiliar de Ciénega Larga, Chignahuapan,

La CEDHP documentó en ese momento el uso de balas de goma contra civiles que eran en su mayoría mujeres, niños y personas de la tercera edad.

En enero de 2013, Vargas Fosado dejó la SSP para ser titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El Nodo de Derechos Humanos-Puebla emitió un boletín en el que resumió que Vargas Fosado se dedicó en su periodo como titular de Seguridad Pública de Puebla a “golpear movimientos sociales bajo las órdenes del gobernador”, mientras permitía el “avance y asentamiento del crimen organizado en el norte de Puebla”.

En febrero de este año, el ex Secretario se sumó a la campaña del entonces candidato Miguel Barbosa Huerta. “Son tiempos de reconciliación y unidad”, justificó el hoy mandatario.

Facundo Rosas

Otro recomendado de García Luna llegó entonces a hacerse cargo de la seguridad de Puebla: el también poblano Facundo Rosas Rosas. Fue bajo su actuación que, de acuerdo a organizaciones civiles, se vivió la peor crisis de derechos humanos en esta entidad, a la vez que surgió el “boom” del llamado huachicol en la región de Tepeaca-Tecamachalco.

Rosas Rosas estuvo al frente del operativo de desalojo del 9 de julio de 2014 contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco, el cual derivó en la muerte del niño de 13 años de edad, José Luis Tehuatlie Tamayo.

Sobre este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014, en la que documenta que se dispararon cartuchos de gas lacrimógeno directo contra los pobladores.

La CNDH pidió iniciar “procedimientos de responsabilidad” contra Rosas Rosas por estos hechos, pero el poblano siguió en el cargo y sólo se emitió un boletín donde se aseguraba que había recibido una amonestación y una multa, sin que se revelara el monto de la misma.

Elia Tamayo, madre del niño asesinado, ha insistido en reabrir el caso y ha señalado a Rosas Rosas como uno de los principales responsables por haber estado al frente del operativo.

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla documentó que durante esos años hubo 350 presos políticos y más de 400 personas reprimidas y perseguidas en esta entidad.

También fue en esos años que se disparó la presencia de las bandas delictivas en el llamado “Triángulo Rojo”. De acuerdo a las estadísticas difundidas por Pemex, de 49 tomas clandestinas que se detectaron en 2010, último año de Mario Marín Torres, la cifra se disparó a 815 en 2015 y a 1, 533 en 2016, lo que representó un alza de más de 3 mil por ciento en el sexenio morenovallista.

En el libro “La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario”, el periodista Sergio Mastretta y la académica María Eugenia Silva, señalan que la “explosión del huachicol” en Puebla tuvo su arranque durante 2013-2014, en el marco de la instalación de la armadora alemana en el municipio de San José Chiapa.

Con impunidad, los huachicoleros surtieron combustible barato -a 4 pesos el litro- a los 1, 800 camiones materialistas de la CTM que tuvo el contrato para mover más de 20 millones de toneladas de tierra que se requirieron para construir la plataforma en la que se instaló Audi.

“Lo que se le vino a Puebla es una violencia sin par en la historia del crimen en el estado. Involucra al cártel de los Zetas, en una primera etapa, y al Cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos tiempos. Se han involucrado policías estatal y municipales, y difícilmente puede pensarse sin la participación de las autoridades en los ayuntamientos y en el propio gobierno estatal”, señalan los autores de la Trama Audi.

El 8 de julio del 2015, Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, en ese entonces director y jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva respectivamente, fueron detenidos en Felipe Tenextepec, Tepeaca, cuando custodiaban 31 camionetas cargadas de combustible robado.

Ambos fueron ubicados como mandos de confianza designados por Rosas Rosas, que le rendían cuentas de manera directa. Sin embargo, al entonces Secretario le bastó con renunciar al cargo, sin que se conociera investigación en su contra. Incluso, hay versiones de que continuó como asesor de Moreno Valle en lo que restó del sexenio.

A la fecha, el hombre de confianza de García Luna publica en medios locales su columna “El Jaguar y el Águila”, donde aborda precisamente temas sobre seguridad de Puebla.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 21 de diciembre de 2019.


El gobernador electo de Puebla sostuvo que se determinará si existen responsabilidades


A partir del 1 de agosto el caso por las violaciones a los derechos humanos en Chalchihuapan será reabierto, advirtió Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador electo de Puebla.

Por separado, David Méndez Márquez, encargado de la transición en la Secretaría General de Gobierno, afirmó que sí existen condiciones para reabrir el caso en el que falleció el niño José Luis Tlehuatle Tamayo.

Tendrá que reabrirse

Barbosa Huerta sostuvo que este es un caso como el de muchos otros que tendrá que retomarse una vez que asuma como gobernador constitucional el próximo 1 de agosto.

“Es un caso de los muchos otros que tendrán que ser abiertos e investigados y determinados si existieran responsabilidades”, expuso de manera breve.

e-consulta publicó con base en una solicitud de información que a casi cinco años de que se emitió la recomendación, el gobierno estatal no ha dado cumplimiento cabal a todos los puntos recomendatorios elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras que únicamente fueron sancionados seis servidores públicos de la Fiscalía relacionados con los hechos, con amonestaciones públicas o suspensión de 15 días.

Sí es posible reabrir el caso: David Méndez

El ex coordinador de campaña de Miguel Barbosa, David Méndez subrayó que sí es posible reabrir el caso Chalchihuapan, por lo que habrá una revisión puntual.

Manifestó que hay una instrucción por parte del gobernador electo para revisar todos los temas de interés público para fijar una postura al respecto.

Agregó que hasta el momento hay disposición de la administración saliente para conocer la información relacionada con los temas de la Secretaría General de Gobierno, a fin de darle seguimiento.

e-consulta
Efraín Núñez
Ciudad de Puebla
Sábado 13 de julio de 2019.


En entrevista con Julio Astillero en Radio Centro, la periodista especializada en crimen organizado, explica además que en operativos contra la mal llamada Guerra Contra el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón, trabajó con Cártel de Sinaloa por medio de la PF.

Anabel Hernández habló con Julio Astillero sobre el conflicto de la Policía Federal y el poder que obtuvo durante el sexenio de Felipe Calderón.

“¿Qué ha significado la Policía Federal?”, preguntó el periodista, a lo que la investigadora reflexionó que se trata de “el otro cártel en México”.

La Policía Federal, explicó, se fortaleció desde el 2006 con Felipe Calderón quien hace proselitismo ahora con dichos elementos. En ese entonces, el mandatario de dotó de poder mayor, totalitario, por encima de la Semar.

Explicó además que en operativos contra la mal llamada Guerra Contra el narcotráfico, el gobierno de Calderón, trabajó con Cártel de Sinaloa por medio de la PF.

Recordó que Facundo Rosas Rosas y luego a Garcia Luna tienen actualmente investigaciones abiertas por crimen organizado.

    “Él y todos los mandos superiores trabajaban para el cártel de Sinaloa. Calderón les confirió más autoridad y poder, control de carreteras, la propia Policía Federal eran por la noche delincuentes y por la mañana, policías”, dijo.

A decir de Anabel Hernández tanto en México como en Estados Unidos existen expedientes judiciales por medio de los cuales se puede saber que el gobierno de Calderón apoyó al Cartel de Sinaloa y parte de ese apoyo se dio por medio de la Policía Federal cuyo jefe directo era Facundo Rosas Rosas, subordinado de Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública.

Según la periodista, García Luna «cuenta con investigaciones abiertas en Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente en la corte de Nueva York durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera». Es así que se confirma, por informaciones judiciales, que tanto el ex secretario de Seguridad Pública como prácticamente todos los mandos medios y superiores de la PF trabajaban para el Cartel de Sinaloa.

Anabel citó, como ejemplo, un juicio contra un alto mando de la PF en Chicago donde se descubrieron las complicidades entre los mandos de la PF y el Cartel de Sinaloa. La periodista fue tajante al afirmar que la PF es una corporación cuya corrupción fue solapada por Felipe Calderón, pues contó con herramientas que le permitieron darse cuenta de ello como las carpetas con información de altos y medios mandos que no cumplían con los exámenes elementales y que le fueron proporcionadas al expresidente por el comisario Javier Herrera Valles. Contrario a lo que pudiera esperarse, Calderón continúo apoyando a la PF dándole más poder y recursos.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se había diagnosticado que la PF era corrupta y por tanto se buscó crear la Gendarmería con asesoría del gobierno de Francia, pero no se pudo desmantelar a la PF porque, al igual que ahora nos dice Anabel, amagó al gobierno y se niega a ceder pues pertenecer a la corporación les brinda la posibilidad de trabajar para las bandas del crimen organizado lo que convierte a la PF en otra especie de cartel.

AMLO cometió un error estratégico, consideró, desde el primer día, tuvo que haber dado el diagnóstico a la sociedad sobre la situación.

La periodista se preguntó porqué estos elementos estarán en la Guardia Nacional si están tan contaminados.

Además, que de continuar con esta intención, se debe exigir una investigación, sanción a responsables si realmente están pensando transferir elementos, tienen que aplicarles rigurosos exámenes de confianza para así evitar que contaminen la Guardia Nacional.

Hilo Directo
Revolución 3.0
Julio Astillero
Ciudad de México
Miércoles 10 de julio de 2019.


El panista Rafael Micalco exigió a dirigencia de AN llamar a cuentas a Moreno Valle y Érika Alonso por presuntos nexos con huachicoleros.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN debe llamar a cuentas al ex Gobernador poblano Rafael Moreno Valle y a su esposa, Martha Érika Alonso, por sus presuntos nexos con el clan de los hermanos Valencia Ávila, vinculados al robo de combustible, exigió el ex dirigente estatal panista Rafael Micalco.

"El Comité Ejecutivo Nacional debe llamar a cuentas al ex Gobernador y Martha Érika, debieran exigirle a estos dos poblanos que aclaren los señalamientos que hoy están en su contra porque ya es un escándalo a nivel nacional", urgió.

En su edición del domingo pasado, REFORMA documentó el respaldo del morenovallismo al clan de los hermanos Valencia, que desde hace más de una década mantiene el poder político en el Municipio de Venustiano Carranza, en Puebla.

Micalco afirmó que los poblanos necesitan que el presunto vínculo del ex Mandatario y su esposa con líderes huachicoleros sea esclarecido cuanto antes "por boca del propio Rafael Moreno Valle".

"Durante el sexenio de Moreno Valle siempre hubo sospechas, siempre hubo una especie de vínculos de los huachicoleros con el Gobierno estatal; de hecho, ahí están las cifras que todo mundo conoce y con las que se demuestra que fue el sexenio donde más crecieron las tomas clandestinas, el sexenio donde el Secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas, fue sorprendido custodiando pipas y camiones de los huachicoleros.

"Y eso a mí, en lo personal, se me hace dificilísimo que ese tipo de actividad hubiera pasado inadvertida a los ojos del entonces Gobernador Rafael Moreno Valle", sostuvo.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 13 de agosto de 2018.


Puebla.- Las dirigencias estatales del PRD y PRI exigieron una indagatoria a la Procuraduría General de la República (PGR) y que deslinde responsabilidades tras difundirse fotos de Rafael Moreno Valle con Othón Muñoz Bravo, "El Cachetes", líder huachicolero.

La lideresa del sol azteca, Socorro Quezada, informó que acudirá en las próximas 48 horas a la PGR para pedir la apertura de una carpeta de investigación en donde se revisen los nexos del ex Gobernador con grupos criminales para que no quede en un asunto mediático.

"Sí voy a actuar, esto lo presentaré entre hoy y mañana porque lo tienen que preparar bien las abogadas y que no se envíe al archivo, sino que tenga un real proceso de investigación", dijo.

"En la PGR, en la delegación de Puebla, porque lo importante es que no quede sólo en una publicación de una foto, que se indague a fondo".

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, llamó a la Procuraduría a investigar a fondo no sólo a Moreno Valle, sino a sus ex colaboradores.

Aseguró que antes de 2011, con los Gobiernos del tricolor, el huachicol era una actividad marginal, pero con la llegada del morenovallismo, sostuvo, se potencializó.

"Esa fotografía es una muestra de las relaciones que hay con el Partido Acción Nacional en el Estado de Puebla (y la inseguridad y la delincuencia)", manifestó.

"Lo que exijo y exige mi partido es que se investigue al Gobierno anterior, completo, y sus relaciones con el huachicol", refirió.

Estefan precisó que no descalifica al ex Mandatario por fotografiarse con Othón Muñoz, "El Cachetes", sino por todas las incidencias relacionadas con el robo de combustible.

"Lo que quiero es que se haga una investigación verdadera, que no se guarden en el cajón, que se lleguen a las últimas consecuencias, que se mande a traer al ex Secretario de Seguridad Publica, Facundo Rosas", dijo.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar, minimizó la publicación y sostuvo que es una selfie como tantas que se toman los políticos.

"Es una selfie, debe haber cientos, debe haber miles, creo que no hay vínculo alguno que se pueda demostrar con una fotografía de esta naturaleza", expresó.

Reforma
Puebla, México
Jueves 24 de agosto de 2017.


Del optimismo a la demagogia con el Huachicoleo

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, advirtió que durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, se reforzará la coordinación entre la Federación, el Ejército Mexicano, los municipios y el estado, con el objetivo de incrementar el combate a la ordeña de ductos de Pemex.

Apuntó que una prueba de este reforzamiento es que apenas una hora después de la toma de protesta de Gali Fayad como gobernador de Puebla, la Policía Estatal logró recuperar y asegurar cuatro vehículos- con reporte de robo- cargados con mil 800 litros de combustible de procedencia ilícita.

“Esto quiere decir que en el gobierno de Tony Gali desde que empezó a trabajar ha comenzado con acciones contundentes para luchar contra la delincuencia y estos son los primeros resultados de las acciones de gobierno de Tony Gali”, dijo.

El ahora ex director de Protección Civil estatal anunció que continuarán aplicándose las pruebas de control de confianza a los elementos de seguridad, con el objetivo de contar con policías confiables en favor de la ciudadanía.

Según el funcionario estatal, Puebla se encuentra en un buen nivel en materia de seguridad gracias a las estrategias aplicadas por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y por el ex secretario de Seguridad, Jesús Rodríguez Almeida.

“Encontramos una dependencia con un gran trabajo que se ha realizado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle y del ex secretario de Seguridad, Rodríguez Almeida, nuestro deber es continuar y seguir trabajando por Puebla, tenemos que darle continuidad a esos programas que han tenido éxito y nosotros seguir trabajando, como lo dice el eslogan ‘Puebla sigue”, dijo.

Caso Esperanza

Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya comenzó a realizar las investigaciones correspondientes en el incidente registrado la madrugada de ayer en el municipio de Esperanza, donde al parecer fueron levantadas ocho personas de un hotel y encontradas muertas en Veracruz.

Por supuestas razones de seguridad y por no haber acabado las respectivas indagatorias, el funcionario estatal se negó a dar detalles de lo sucedido.

“En Esperanza se están llevando a cabo las investigaciones, ya está personal de la Fiscalía tomando conocimiento y también en estos momentos se está llevando a cabo la investigación que por razones de seguridad y hasta que tengamos la información contundente se las haremos llegar”, dijo en entrevista.

El Sol de Puebla
Aldo Miguel Martínez
Viernes 3 de febrero de 2017.


El robo de combustibles es resultado de la complicidad de las autoridades de todos los niveles, en particular del gobierno de Moreno Valle: PRD


Puebla. - En pocos días, el negocio del huachicol –como se le denomina popularmente al combustible robado de los ductos de Pemex– amplió sus horizontes en Puebla y ahora se ejerce en más de una veintena de municipios.

Desde principios de mes, Paco, un joven desempleado de esta ciudad, comenzó a ofrecer gasolina a 12 pesos el litro a vecinos y amigos. Armó su micronegocio invirtiendo sólo lo necesario: condujo su auto hacia la central de abasto de Huixcolotla y compró decenas de garrafas de 25 litros del llamado huachicol, que trasladó a su domicilio en varios viajes.

Hoy, él y su familia venden el combustible robado a los ductos de Pemex. Y les está yendo bien, pues en el estado el litro de Magna cuesta 16.59 pesos, mientras que el de Premium se cotiza en 18.36. Paco y los “huachicoleros” o “chupaductos” la consiguen entre ocho y 10 pesos.

En 2016 Puebla fue la entidad con mayor incidencia de robo de combustible del país. Los directivos de Pemex detectaron más tomas clandestinas que en ninguna otra parte: hasta septiembre pasado sumaban mil 145; en 2010, antes de que arrancara el sexenio de Rafael Moreno Valle, sólo había 49 tomas.

El antiguo “triángulo rojo” ahora se conoce como “la franja del huachicol”. La actividad delictiva se extendió a más de 20 municipios, entre ellos Tepeaca, ­Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tlacotepec de Benito Juárez, Esperanza, Amozoc, ­Xoxtla, ­Tochtepec, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y el sur de la capital poblana.

En esa zona, el combustible ilegal se puede conseguir en múltiples puntos de venta a lo largo de las carreteras, así como en improvisadas tienditas o en casas.

En febrero de 2016, el titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá, dijo en una entrevista televisiva que Los Zetas operaban el robo de combustibles en Puebla.

La situación se agravó, pues, a decir de las autoridades federales y municipales, la comercialización a gran escala del combustible robado, así como la ordeña de ductos y la venta en tambos, involucran ya a comunidades enteras.

“Esto es un trabajo con el que damos de comer a nuestros hijos”, sostiene un huachicolero de Quecholac. Y acusa: “El petróleo es de todos. Lo que quiere el gobierno es dárselo a Estados Unidos. Lo que quieren los políticos es robar. Nosotros sólo sacamos para la familia”.

Hoy, dice a la reportera un alcalde que pide omitir su nombre, cualquier chamaco sabe por dónde pasan los ductos de Pemex y cómo se hace una perforación para extraer el combustible; actividad que no puede entenderse sin la complicidad de personal de Pemex.

Y se pregunta: “¿Cómo sabe esta gente por dónde pasan los ductos? ¿Quién les enseñó a hacer las perforaciones? ¿Cómo saben cuándo va a correr el combustible?”.

Pueblos huachicoleros

Pablo Morales Ugalde es un empresario gasolinero, pero desde 2014 funge como alcalde de Palmar de Bravo. En febrero de 2016, durante su segundo informe, sorprendió a la comunidad al declarar que, gracias a los huachicoleros que operan en su municipio, los ciudadanos compran gasolina más barata.

En la región algunos pobladores también los defienden. Por esas fechas, habitantes de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, corrieron a pedradas a elementos del Ejército que habían asegurado un vehículo cargado con combustible robado. En varias poblaciones incluso veneran al Santo Niño Huachicolero –una adaptación del Santo Niño de Atocha–, quien carga una garrafa de diesel y una manguera y está rodeado de tambos de combustible.

Para Isabel Allende, delegada de la Secretaría de Gobernación en Puebla, en numerosas comunidades de la entidad el robo a Pemex ya no es vista como un delito, sino como una “oportunidad” o “modo de vida”.

“Lo preocupante es que los niños de esa zona crecen con la visión de que el robo del combustible permite a sus padres sostener a la familia, o que en sus casas o tienditas las amas de casa estén al frente del negocio. Eso refuerza la percepción de que ser huachicolero es una actividad económica y no un delito”, dice la funcionaria.

Peor aún, algunos habitantes son cooptados con fiestas o regalos de electrodomésticos para que no delaten a los huachicoleros. “Hay complicidad, pero también hay miedo”, señala.

Pese a ello, la creciente ordeña de ductos disparó los índices de violencia en una zona. El gobierno federal ha tratado de impulsar campañas de concientización, pero no ha tenido resultados, pues la mayoría de los huachicoleros esconde en sus casas el hidrocarburo robado.

Violencia

El año pasado hubo 21 enfrentamientos entre presuntos chupaductos con tropas del Ejército y policías que dejaron cuatro muertos: un menor y tres uniformados.

El 27 de diciembre último, sujetos armados balearon una gasolinera en la población de Tochtepec, cuya concesionaria es la ex diputada federal perredista Aída Ramírez Torres y actual presidenta estatal de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).

Los sicarios dejaron una cartulina en su negocio: “Síguete metiendo, esto es una advertencia. Cierra la boca o te la cerramos”.

Ramírez Torres había denunciado que los concesionarios de los municipios que integran el llamado “triángulo rojo” han resentido una caída de sus ventas en más de 80% debido a la venta de combustibles robados a Pemex.

También declaró que muchas de las gasolineras de Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac y otros municipios están siendo vendidas por incosteables.

A principios de mes, un policía federal fue asesinado y tres militares resultaron heridos por presuntos huachicoleros. Además, se incrementaron los robos de autos y los asaltos.

En localidades como Palmar de Bravo, Palmarito Tochapan, San Bartolomé Hueyapan, la Magdalena Tetela, San Matías Tlalancaleca y Acatzingo grupos armados se disputan el territorio, según las autoridades.

La PGR admite que algunas gasolineras poblanas venden al público combustible robado; incluso los conductores de transporte de carga, camiones urbanos y taxis de la ciudad de Puebla lo compran para “bajar sus gastos”.

El PRI y el PAN aseguran que por lo menos cinco alcaldes, entre ellos los de Tochtepec de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Marcos Pérez Calderón y Francisco Palacios Lorenzo, respectivamente, han sido amenazados para que dejen operar a los huachicoleros.

A mediados de diciembre pasado, en San Miguel Xonacatepec, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, un grupo delincuencial se llevó a dos policías estatales y pidió a las autoridades la liberación de una pipa decomisada con carburante robado y del chofer como intercambio.

Omisión o complicidad

La diputada perredista Socorro Quezada Tiempo sostiene que el robo de combustibles es resultado de la complicidad de las autoridades de todos los niveles, en particular del gobierno de Moreno Valle.

“Por proyectos personales y sueños casi inalcanzables de lograr la candidatura presidencial, el gobierno de Moreno Valle descuidó el tema de la seguridad. Eso desató la delincuencia”, comenta la legisladora local.

Según ella, las autoridades “dejaron que esto creciera al grado de que ahora tendrán que enfrentarse a comunidades enteras para combatirla”.

Y pone un ejemplo de esa complicidad: a mediados de julio de 2015, cuando detuvieron al director general de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada López, y el encargado del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, por custodiar vehículos con hidrocarburo robado, la administración de Moreno Valle no actuó.

El jefe directo de ambos los dos detenidos, Facundo Rosas, entonces secretario de Seguridad del estado, se retiró del cargo sin ningún señalamiento por parte del gobierno estatal.

A Roxana Luna, exdiputada federal y candidata a la gubernatura, le resulta sospechoso que los índices delictivos se dispararan durante la gestión de Moreno Valle.

En su edición del martes 10, el diario local El Popular publicó que, de las 258 personas detenidas por el robo de hidrocarburos en Puebla de 2011 a noviembre de 2016, 204 fueron liberadas; sólo fueron procesadas 54, de las cuales la mitad obtuvieron libertad bajo caución.

Ciudadanos y alcaldes comentan a la corresponsal que las autoridades estatales son omisas cuando ellos presentan quejas o piden ayuda para atrapar a los chupaductos. Afirman que éstas siempre responden que no pueden actuar, pues se trata de un delito federal.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 30 de enero de 2017.


Elia Tamayo Montes acusó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de favorecer al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y no a la justicia, luego de que el organismo dio por cumplida la recomendación que emitió en el 2014 por la represión policíaca cometida en Chalchihuapan en la que murió su hijo, el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

“Yo no estoy conforme que dicen que la recomendación ya la dieron por cumplida y pido por favor verifiquen bien, porque la Comisión de Derechos Humanos (sic) está a favor del gobierno del estado y no se vale. Yo siempre he pedido justicia por favor, por el amor de Dios, justicia”, reclamó la humilde mujer.

En un oficio entregado el pasado 2 de enero, la CNDH informó que el 26 de diciembre de 2016 dio por cerrado el caso Chalchihuapan con el supuesto cumplimiento de las 11 recomendaciones que emitió contra el gobierno de Puebla en septiembre de 2014 en el expediente 2VG/2014.

“Por mi parte yo me siento muy mal, porque tantas cosas que se ha hecho y no hay justicia, aquí no hay justicia”, insistió la madre del niño de 13 años de edad, asesinado el 9 de julio de 2014, cuando policías estatales desalojaron de manera violenta a habitantes de Chalchihuapan que tenían tomada la autopista Puebla-Atlixco.

Tamayo Montes pidió al gobernador Moreno Valle que no “haga oídos sordos y haga realmente justicia”. Dijo: “Él piensa que con el dinero ha pagado la vida y jamás, aquí estoy en pie de lucha”, advirtió. Luego, aseguró que mantendrá su exigencia pese a la decisión de la CNDH.

Aracely Bautista, madre del exedil de Chalchihuapan, Javier Montes, dijo que la CNDH  dio por hecho de que Tamayo aceptó el pago de una indemnización por la muerte de su hijo, a pesar de que públicamente denunciaron que este hecho se dio bajo una amenaza de funcionarios del gobierno estatal.

Bautista aseguró que la señora Elia fue amenazada por Enrique José Flota Ocampo, fiscal general Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, de que si no aceptaba el dinero el exedil de Chalchihuapan, seguiría en prisión pues el gobierno estatal apelaría su caso.

Hilario Gallegos, vocero del Comité de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, censuró que sin hacer ninguna verificación de campo, la CNDH dio por hecho que el gobierno de Puebla cumplió cabalmente con la recomendación.

Dijo que la notificación sobre el supuesto cumplimiento le fue entregada a él, y no a Elia Tamayo, por personal del organismo a las 23:15 horas del pasado 2 de enero.

Gallegos indicó que la CNDH dio por hecho que el gobierno estatal cumplió con las sanciones contra funcionarios que participaron en el operativo de desalojo, cuando hasta ahora se desconoce cuál fue la sanción o pena que se impuso a Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad del estado.

Tampoco, detalló, se sabe de la situación legal de los tres policías que estuvieron sólo unos días en prisión y fueron liberados en la víspera de la Noche Buena de 2014, ni de las sanciones aplicadas a los mandos medios involucrados en los hechos.

En cambio, agregó, si sabe que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertos tres procesos penales contra pobladores de Chalchihuapan, así como una averiguación contra el exedil, Javier Montes Bautista, el único quien estuvo en prisión por los hechos violentos en los que murió el niño y resultaron heridos ocho pobladores.

Además, acusó que la CNDH no tomó en cuenta que la señora Elia Tamayo nunca dio por aceptada la disculpa pública que le ofreció el gobierno de Puebla en un acto que estuvo encabezado por funcionarios de tercer nivel.

El vocero del Comité de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo dijo que ante el “carpetazo” que dio la CNDH al caso Chalchihuapan recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir justicia y en breve harán una manifestación en la Comisión para reclamarle su postura para exonerar al gobierno de Moreno Valle.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 10 de enero de 2017.


La Cámara expuso que debido a la seguridad en rúas estatales el robo está presentándose en las carreteras federales.

La delegación de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) pidió más vigilancia en carreteras del estado, debido a que han incrementado en 30% los robos a unidades, situación que causa preocupación debido a que se están presentando renuncias de choferes por la falta de condiciones de seguridad.

César Flores Ruiz, representante local de esa organización, dijo que tanto en tramos estatales como federales —que incluye autopistas— las empresas reportaron que en los últimos dos meses del año hay un repunte, pues la delincuencia sabe que hay un mayor flujo de mercancías.

Mencionó que pese a tener los transportes equipos de localización eso no inhibe que sean atracados, ya que mientras se detecta que se salió de su ruta o el operador reporta el ilícito pasan varias horas, y para cuando localizan la unidad, ésta se encuentra abandonada y saqueada.

Expuso que ese delito repercute a las empresas de fletes, pues tienen que pagar a través de sus pólizas la pérdida total de la mercancía, “cuando nosotros también somos víctimas de las bandas que operan en las carreteras”.

Comentó que tres de cada 10 robos son en autopistas, situación que, dijo, no debe ocurrir, pues se supone que hay una mayor vigilancia de la policía y cuando ocurre un hecho de ese tipo, el auxilio tarda en llegar después de lo ocurrido.

Desbandada de Choferes

Explicó que ese tipo de situaciones generan preocupación a las empresas, ya que los choferes que han sido víctimas están renunciando, pues no sólo se llevan la unidad sino también toman como rehenes a las personas, y en algunos casos son golpeados.

“Por más capacitación que demos a los operadores, que no hagan altos en zonas aisladas, eso tampoco impide que las bandas criminales dejen de delinquir”, refirió.

Mencionó que los tramos carreteros como la Puebla-Veracruz, México-Puebla y la de Huauchinango en la Sierra Norte que se conecta con la México-Tuxpan, son los más peligrosos y donde han pedido más seguridad, pues son constantes los casos.

Flores Ruiz dijo que ni ofreciendo mejores salarios, los choferes se quieren quedar, ya que optan por otra actividad con menos riesgos, por lo que están lanzando vacantes en estados vecinos para contratar en forma inmediata.

En el caso de las unidades más atracadas son de productos higiénicos y alimentos, pues es más rápida su distribución, dijo el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gilberto Marín Quintero.

Comentó que han pedido a las autoridades que redoblen la vigilancia, sobre todo en casetas y en los tramos de incorporación de poblaciones a las autopistas, ya que de allí salen las bandas de asaltantes.

Mencionó también, que las mercancías robadas están siendo comercializadas a bajos costos en mercados de algunos municipios y en los estados vecinos, por lo que es difícil identificar su distribución y a los responsables.

Expuso que falta mayor coordinación para inhibir la entrada de bandas criminales por las autopistas federales.

El Economista
Miguel Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 17 de diciembre de 2016.

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