El gobierno de Estados Unidos ofrece como recompensa 20 millones de dólares por la captura de Caro Quintero.

Ciudad de México.- La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) incluyó a Rafael Caro Quintero en la lista de los 10 hombres más buscados y agregó una acusación más en su contra por el homicidio del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.

Mediante un comunicado, el FBI calificó a Caro Quintero como un hombre "extremadamente peligroso" y advirtió que está armado. Con esto, se convirtió en el primer hombre buscado por la DEA en ser incluido en la lista de los 10 fugitivos del FBI.

De acuerdo con el director adjunto del FBI, David L. Bowdich, Caro Quintero es buscado por el papel que desempeñó en el secuestro y asesinato de Enrique "Kiki" Camarena ocurrido en 1985.

Tanto la DEA como el fiscal del Distrito Este de Nueva York anunciaron que se le agregó una acusación más como dirigente de una empresa criminal entre 1980 y 2017 dedicada al tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y marihuana a Estados Unidos y otros países.

"Hoy, junto con nuestros socios federales de la DEA, del Servicio de Alguaciles y del Departamento de Estado, estamos comprometidos a llevar ante la justicia a este criminal peligroso y líder de un cártel, quien es responsable del asesinato brutal de un agente de la DEA", dijo Bowdich.

El gobierno de Estados Unidos ofrece como recompensa 20 millones de dólares por la captura de Caro Quintero.

El director asociado de Operaciones de los Alguaciles Federales de EU, Derrick Driscoll anunció que las autoridades de ese país continuarán trabajando en conjunto con México para obtener información sobre el paradero de Rafael Carlo Quintero.

"Cualquier persona con información sobre Caro-Quintero no debe tomar ninguna acción por su cuenta, sino debe ponerse en contacto inmediatamente con la Embajada o el Consulado de Estados Unidos más cercano", advirtió el FBI.

El Universal
Ciudad de México
Jueves 12 de abril de 2018.


San Diego– Los traficantes de drogas necesitan servicios de teléfonos de usos múltiples confiables, y el empresario de Vancouver Vincent Ramos está acusado de suministrarles precisamente eso a organizaciones delictivas de todo el mundo.

No son Blackberries comunes y corrientes.

Los aparatos eran totalmente rehechos y los componentes que manejan desde las llamadas hasta las fotos y el acceso al Internet eran reemplazados por un sistema de mensajes altamente encriptado, que transmitía las señales a través de sistemas codificados de Panamá y otras naciones, garantizando que los traficantes podían hacer sus cosas sin que las autoridades pudiesen intervenir sus comunicaciones, de acuerdo con los investigadores.

El fundador y CEO de Phantom Secure Vincent Ramos fue detenido en Bellingham, estado de Washington, y espera juicio. Cuatro socios suyos permanecen prófugos, de acuerdo con la Secretaría de Justicia.

El arresto fue producto de una campaña de investigadores de Estados Unidos, Canadá y Australia para desbaratar las organizaciones que facilitan las comunicaciones de los narcos. Las autoridades de Panamá, Hong Kong y Tailandia también ayudaron, señalaron los investigadores.

El FBI cree que hay 20 mil de estos teléfonos especiales en circulación, que dieron a la empresa canadiense unos 80 millones de dólares desde el 2008, según los fiscales.

La mitad de estos aparatos serían usados por delincuentes en Australia.

Y también los emplea el cartel de Sinaloa en México, de acuerdo con los investigadores.

Ramos fue acusado de asociación para delinquir y de conspirar para facilitar la distribución de drogas. Su empresa es acusada a su vez de esconder sus bienes en sociedades fantasmas y en monedas virtuales como los bictoin.

Las autoridades afirman que este es el primer caso de su tipo.

"El encausamiento de Vincent Ramos y sus socios es un hito en el crimen transnacional", afirmó el director del FBI Christopher Wray en un comunicado.

En las últimas dos semanas unos 250 agentes de todo el mundo allanaron 25 viviendas y las oficinas de los socios de Phantom Secure, incluidas instalaciones en Los Ángeles, Miami y Las Vegas, según los fiscales. Se confiscaron servidores, teléfonos, computadoras, drogas y armas. También se tomó el control de más de 150 servidores que usaban los clientes de Phantom, cuentas bancarias y propiedades en Los Ángeles y Las Vegas.

Los cuatro socios de Ramos encausados con él en San Diego son Kim Augustus Rodd, de Tailandia; Younces Nasri, de Dubai, y Michael Gamboa y Christopher Poquiz, ambos de Los Ángeles.

Phantom Secure ofrecía sus servicios abiertamente a "empresas y ejecutivos", pero los investigadores dicen que no cualquiera podía obtener uno de sus aparatos. Un nuevo cliente debía ir recomendado por otro ya existente y se lo sometía a una revisión de antecedentes.

De ser aceptado, se le daba un apodo, como "The.killa", "narco", "elchapo66", "knee_capper" o "leadslinger".

Los Blackberries emplean redes codificadas de Panamá, Hong Kong y otros países con fama de que son reticentes a colaborar con las autoridades de otras naciones. Los servidores son a su vez ocultados detrás de una serie de redes.

Los teléfonos de Phantom pueden comunicarse solo con aparatos de la misma empresa.

Si un teléfono caía en manos de las autoridades, se podía solicitar a Phantom Secure que borrase toda su información, indicaron las autoridades.

Seis meses de servicio costaban entre 2 mil y 3 mil dólares.

Todos los aspectos de los teléfonos de Phantom están pensados para impedir que sean penetrados por las autoridades. Los investigadores, no obstante, habían logrado infiltrarse en una banda que usaba los teléfonos e incluso había conseguido que le diesen uno después de que el capo de la banda, Owen Hanson, un ex jugador de fútbol americano, lo recomendase.

Hanson fue detenido a fines del 2015 y cumple en estos momentos una condena a 21 años de prisión por liderar una banda que traficaba drogas y organizaba apuestas ilegales.

Tras su arresto, Phantom trató de borrar toda la información de su aparato, pero la orden no le llegó al teléfono.

La banda de Hanson quedó al mando de Marc Emerson, detenido en marzo del 2017 después de cargar 194 kilos de cocaína en un camión, según los investigadores. El conductor del camión les dijo a las autoridades que la información del teléfono desaparecería si Emerson no daba señales para cierta hora, y así sucedió.

Investigadores de Estados Unidos y Canadá fueron tendiendo un cerco sobre Phantom Secure. En una ocasión un agente preguntó por teléfono a un empleado de la firma si se podía hablar de venta de drogas en los aparatos y este le respondió que "sin ningún problema" porque usaban servidores de Panamá "a los que nadie tiene acceso", dicen los fiscales.

Otra vez un gente encubierto le pidió a Phantom que borrarse la información de un teléfono porque alguien había sido detenido y había que hacer desaparecer cierta "evidencia". El representante de la empresa borró la información de ambos.

En febrero del 2017 varios agentes encubiertos que se hacían pasar por narcos de alto nivel se encontraron con Ramos en Las Vegas y le dijeron que estaban expandiendo sus operaciones en Sudamérica y Europa. Hablaron abiertamente de su negocio ilegal y dijeron que necesitarían rastreadores de GPS en caso de que tuviesen que localizar soplones para ejecutarlos, indicaron los investigadores.

Ramos dijo que podía suministrarles todo ese equipo.

Los agentes compraron diez aparatos y suscripciones por seis meses, por un total de 20.000 dólares, de acuerdo con documentos legales.

En junio del año pasado los agentes usaron un aparato de Phantom para comunicarse con un presunto traficante canadiense conocido como "La Cabra" y terminaron arrestando a Saysana Luangkhamdeng, a quien le encontraron 24 kilos de ecstasy en su vehículo. El hombre se declaró culpable.

Associated Press
San Diego, California EU
Lunes 19  de marzo de 2018.


El despido del director del FBI, encargado de investigar la trama rusa, abre la mayor crisis del mandato y muestra el lado más feroz del presidente

Donald Trump hizo durante años del despido una forma de vida. A lo largo de 14 temporadas, en horario de máxima audiencia, el multimillonario dio a la nación lecciones sobre cómo fulminar a los candidatos en su show The Apprentice. “¡Estás despedido!”. Esa era la humillante frase que multiplicó su fama, le catapultó a la política y que a las 17.40 del pasado martes, enviada en sobre lacrado y con suave lenguaje oficial, abrió la mayor crisis de su presidencia.

El despido del director del FBI, James Comey, ha supuesto para Trump un regreso a sí mismo. Una de sus caretas ha caído y ante el mundo ha emergido su rostro más feroz, la del presidente capaz de eliminar con sus propias manos al responsable de investigar si su equipo de campaña se coordinó con el Kremlin para atacar a la candidata demócrata Hillary Clinton. Es la trama rusa. El escándalo que día y noche le persigue y cuyo núcleo recoge el informe ICA 2017-01D de la Dirección de Inteligencia Nacional.

Este expediente, elaborado por la CIA, el FBI y la NSA, analiza meses de actividad del Kremlin y ofrece una conclusión aterradora: “Vladímir Putin ordenó una campaña en 2016 contra las elecciones presidenciales de EEUU. El objetivo era socavar la fe pública en el proceso democrático, denigrar a la secretaria Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia. Putin y el Gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por Trump”.

Léanlo despacio. Trump era el elegido por los rusos y Trump fue el ganador de los comicios. La conclusión es fácil. Pero no hay pruebas y el encargado buscarlas acaba de ser despedido por el propio presidente. Pocas veces la sospecha resultó tan evidente. Y el republicano no hace sino engrandecerla. En su huida ha llamado “enemigos del pueblo” a los periodistas que investigan el caso y ha creado la etiqueta de fake news para sus exclusivas. En palabras de Trump todo se reduce a un “enorme montaje de esos demócratas que no saben perder”. Pero los hechos no son tan simples.

Diecisiete de sus más cercanos colaboradores mantenían nexos con Moscú. Hubo reuniones secretas con el Kremlin en las Islas Seychelles y en el curso de un mes el consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, perdió el puesto y el fiscal general, Jeff Sessions, quedó inhabilitado parcialmente por ocultar el contenido de sus conversaciones con el embajador ruso en Washington. Dos bajas significativas, aunque menos explosivas que el despido de Comey.

Los directores del FBI, elegidos por los presidentes y refrendados por el Senado, gozan de un mandato de 10 años y de una inmensa autonomía. Sólo uno en 109 años de historia había sido destituido. Fue con Bill Clinton y por motivos éticos.

El caso de Comey es distinto. Por mucho que se le quiera ahora entronizar, el director del FBI se movía con torpeza en la arena política. En su día concitó el odio tanto de los demócratas por reabrir el caso de los correos de Clinton como el de Trump por cerrarlo poco después. Pero entre sus agentes era adorado. Se le consideraba un muro frente a las presiones. Un ejemplo de celo puritano.

Con estos antecedentes, la salida de Comey ha dañado profundamente la credibilidad de la Casa Blanca. Las encuestas-flash revelan que una mayoría desaprueba la destitución y, lo que es aún más importante, que la exigencia de una investigación independiente se ha vuelto atronadora. “La decisión de Trump le ha debilitado y tiene como efecto que la mayoría de los estadounidenses insistan ahora en una investigación plena de los vínculos con Rusia”, afirma el profesor Larry J. Sabato, director del Centro para la Política de la Universidad de Virginia.

Los republicanos, conscientes del peligro de autodestrucción, se han cerrado en banda al nombramiento de un fiscal especial. Y mucho menos están dispuestos a aceptar cargo alguno de obstrucción que pueda alimentar un remotísimo impeachment. La única válvula de escape procede del propio FBI, siempre que el nuevo director no la asfixie, y de los comités del Senado y de la Cámara de Representantes. “Pero los republicanos, por mucha que sea la controversia, mantienen un frente unido en torno a Trump y pueden ralentizar o frenar cualquier investigación”, señala Andrew Lakoff, profesor de la Universidad de California Sur.

El futuro de las indagaciones es incierto. Y Trump no parece dispuesto a quedarse quieto. Sin importarle dejar en evidencia a sus portavoces y sus alambicadas explicaciones del despido, ha roto cualquier formalismo, ha llamado "fanfarrón" a Comey y ha proclamado que quería fulminarle desde hacía tiempo. El motivo es múltiple, pero a nadie se le escapa que, aparte de la trama rusa, el director del FBI se había atrevido a desmentir su acusación de que Barack Obama le había espiado y que, después de testificar el 3 de mayo con asepsia sobre Clinton, el presidente ya no confiaba en él.

Tras su destitución, el director del FBI permaneció silencioso. Luego, ante el incremento de la presión, dio dos pasos de seguridad: dejó abierta la puerta a una declaración ante el Comité de Inteligencia del Senado y, a través de allegados, filtró a The New York Times que el 27 de enero pasado el republicano le había citado para cenar a solas en la Casa Blanca. El objetivo era presionarle para que le prometiera lealtad. “Seré honesto”, fue la respuesta de Comey.

Publicada esta reconstrucción, Trump montó en cólera y en la mañana de viernes sacó el cuchillo. Por Twitter conminó al despedido a que no hablase más: “Será mejor para Comey que no haya grabaciones de nuestras conversaciones antes de que empiece a filtrar a la prensa”. La amenaza era clara, directa, letal. Un presidente de Estados Unidos blandía supuestas escuchas para callar a un ex director del FBI.

La careta había caído. No hablaba ese Trump untuoso y paternal que tanto se gusta a sí mismo. Hablaba el tigre crecido en Queens, el matón de la escuela militar de Cornwall, el admirador de Putin. El mensaje llegó a Comey. Esa misma tarde se supo que declinaba acudir al Comité de Inteligencia del Senado. Trump, otra vez, había ganado.

El País
Jan Martínez Ahrens
Washington, DC, EU.
Domingo 14 de mayo de 2017.

Agentes del FBI y la DEA juegan un papel de apoyo, según estas mismas fuentes.

Ciudad de México.- Agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, disfrazados como militares de la Marina y armados, participan en operativos antinarcóticos en México, reporta el Wall Street Journal.

Los agentes estadounidenses participan en estas misiones armadas de la Marina unas cuatro veces al año, en las cuales visten uniformes mexicanos y portan armas militares locales, para ocultar su papel.

Estos especialistas son del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, agencia del Departamento de Justicia, según fuentes con conocimiento citadas por el Journal.

Agentes del FBI y la DEA juegan un papel de apoyo, según estas mismas fuentes.

Ambos gobiernos han reconocido la participación de agencias estadounidenses en aportar inteligencia a sus contrapartes mexicanas en operaciones antinarcóticos, pero aseguran que su papel se limita a la asistencia y no a la participación directa en estos operativos.

Las misiones secretas son aprobadas por altos funcionarios del Servicio de Alguaciles y por líderes dentro de la Marina mexicana.

No queda claro quién más en el Gobierno ha otorgado autorización, señala el Journal.

Un alto oficial estadounidense informó que las misiones son aprobadas por altos niveles del Gobierno mexicano.

Sin embargo, la embajada de México en Washington negó que el gobierno de México otorgue permiso a las agencias estadounidenses para participar en operativos armados.

El Wall Street Journal dice que es probable que las nuevas revelaciones provocarán preocupación en México, ya que la presencia de agentes estadounidenses armados en su territorio siempre ha sido un tema controversial.

Las operaciones del Servicio de Alguaciles en México se llevan a cabo por un pequeño grupo de agentes en misiones breves y específicas, con el objetivo de ayudar a México a encontrar y capturar a objetivos de alto valor de los cárteles.

Una de estas operaciones brindó un gran éxito: la captura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, aunque no queda claro si los alguaciles estaban disfrazados de militares mexicanos el día en que fue capturado.

En julio de este año, integrantes del Servicio de Alguaciles, junto con miembros del FBI y la DEA, se reunieron en Sinaloa para preparar un operativo contra el cártel de Beltrán Leyva.

Un grupo de especialistas alguaciles se vistieron como integrantes de la Marina mexicana y portaron armas militares nacionales.

Pero un agente de los alguaciles fue herido. Fue transportado a Culiacán, para después ser trasladado a Texas.

Funcionarios estadunidenses buscaron cómo mantener en secreto el incidente, y un alto funcionario estadounidense en México instruyó a los otros agentes estadunidenses que “se olvidaran que habían estado aquí”.

El enfrentamiento de julio no ha modificado la postura de la agencia respecto a estas operaciones, según gente con conocimiento del tema.

En semanas recientes, el Servicio de Alguaciles ha estado planeando otra misión encubierta en México, informaron.

La Jornada
Ciudad de México
Sábado 22 de noviembre de 2014.

 

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