Se había especulado que el ex colaborador de Rosario Robles habría sido detenido, sin embargo, la Fiscalía General de la República reveló que Lastiri Quirós, no contaba con ninguna orden de aprehensión vigente

Ciudad de México.- Luego de permanecer 48 horas desaparecido, Juan Carlos Lastrini, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ya se encuentra con sus familiares.

De acuerdo con fuentes cercanas, el también diputado, habría sido secuestrado por un grupo armado el pasado miércoles por la mañana en el municipio de Zacatlán, Puebla.

En un primer momento, se había especulado que el ex colaborador de Rosario Robles habría sido detenido, sin embargo, la Fiscalía General de la República reveló que Lastiri Quirós, no contaba con ninguna orden de aprehensión vigente, hasta el momento.

En tanto, hasta el momento no se ha especificado cuáles fueron los motivos por las que el exfuncionario estuvo desaparecido, aunque todo apunta a una privación ilegal de la libertad

Trascendió que, sus familiares no denunciaron haber recibido llamadas de rescate, por lo que su liberación no habría sido derivada de un pago económico.

Excélsior
Ciudad de México
Viernes 1 de noviembre de 2019.


Red de extorsión habría sido operada desde la UIF de EPN y despachos ligados a Presidencia


El titular de la UIF, Santiago Nieto, revela que la red de extorsión presuntamente fue dirigida por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, un caso que sumado a los procesos de Emilio Lozoya y Rosario Robles 'apuntan' al expresidente Peña Nieto, cuyas finanzas también están bajo la lupa de la UIF.


El gobierno de México sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto que podrían apuntar a posibles actos de corrupción.

Así lo reveló en entrevista Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Sí, apenas estamos trabajando en eso (revisar finanzas de Peña Nieto)”, dijo el funcionario.

Nieto señaló que, para llevar a cabo la revisión de las finanzas de Peña Nieto, la UIF colabora con autoridades de diversos gobiernos extranjeros.

Al cuestionarle sobre cuándo estaría listo el expediente completo del caso sobre las finanzas de Peña Nieto, el titular de la UIF dijo que en “unos meses”, antes de que termine este año, sería concluido.

“Lo que estamos haciendo es la construcción de abajo hacia arriba, entonces las ligas te tienen que llevar (…), es un tema metodológico, a partir de ahí hay que armarlo, hay que avanzar,” dijo Nieto.

Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), sostuvo que los casos de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado, también cercano a Peña Nieto, están siendo tomados en cuenta en la investigación sobre las finanzas del ex presidente EPN.

“Yo creo que todo apunta (a Peña Nieto), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación,” dijo Nieto.

Mientras que Robles y Collado están actualmente presos acusados de diversos delitos, Lozoya es considerado prófugo de la justicia, acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”, sostuvo Nieto.

Incluso, dijo que, además de la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, la UIF ya comenzó a armar un expediente sobre el dos veces secretario de Estado, Luis Videgaray, considerado uno de los más cercanos colaboradores del expresidente.

Al preguntarle si coincidía con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de implementar un “punto final” y no perseguir los crímenes cometidos por expresidentes, Nieto dijo que la orden de López Obrador a funcionarios federales fue de no permitir la impunidad en ningún caso.

“Lo que vimos con (Carlos) Romero (Deschamps), con Lozoya, con Rosario, no podría darse sin el conocimiento del presidente. Lo que me ha dicho (López Obrador), es si encontramos cualquier irregularidad, se denuncie, no me ha dicho que no vayamos contra nadie en particular (…) creo que tenemos que cumplir las normas del Estado de Derecho,” expresó Nieto.

Cuestionado sobre la posibilidad de investigar las finanzas personales de los expresidentes que precedieron a Peña Nieto, el titular de la UIF declaró que se investigaría cualquier caso en que se presuman actos de corrupción.

Sin embargo, dijo que, considerando que los delitos financieros prescriben luego de 10 años, “no tendría sentido” investigar las finanzas de expresidentes como las del priista Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994.

Agregó que, en el caso del expresidente Felipe Calderón, se podrían investigar actividades ilícitas cometidas del 2009 en adelante.

“Nosotros podemos actuar, ahorita, de 2009 a 2019, en realidad sería la parte final del gobierno de Calderón, y todo el gobierno de Peña Nieto, por eso las cosas se han enfocado en el tema de Peña Nieto, más hacia atrás no tendría sentido,” agregó.

Presunto esquema de extorsión se operó desde la UIF y Los Pinos

Nieto dijo que, al asumir la jefatura de la UIF, tres informantes lo alertaron sobre un presunto esquema de extorsión que habría sido operado dentro de la unidad bajo las órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico del Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la gestión de Peña Nieto, Castillejos fue considerado uno de los más influyentes funcionarios del gobierno federal.

La UIF estuvo encabezada por Alberto Bazbaz desde enero del 2013 hasta enero del 2018. Al dejar la UIF, Bazbaz fue nombrado titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por Peña Nieto.

El actual titular de la UIF señaló que el esquema de extorsión presuntamente operado desde la la unidad consistió en solicitar sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde la UIF entre el 2014 y 2018.

Dichas cuentas habían sido congeladas bajo sospechas de lavado de dinero.

Los sobornos presuntamente fueron cobrados a través de representantes de al menos cinco despachos jurídicos ligados a Castillejos, acusó Nieto.

“Lo que sí nos explicaron (los informantes) es que había despachos, que eran despachos cercanos a Los Pinos, que eran los que los buscaban (…), entonces, ¿qué es lo que hacían?, no es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas.

“Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es ¿cómo podían tener esa información?, y partir de ahí se generaba el caso”, explicó el funcionario.

Incluso, Nieto expresó que dos de los tres informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido víctimas de la extorsión operada desde la UIF. El tercer informante fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación.

“El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos (…), estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, sostuvo Nieto.

Nieto dijo que el desbloqueo injustificado de las cuentas quedó asentado en un “Acuerdo de Desbloqueo” expedido por la UIF en junio del 2018. Castillejos renunció a la consejería jurídica de la presidencia en junio del 2017, un año antes del desbloqueo.

“Hay un acuerdo (de desbloqueo), (que consiste en) tres hojitas, donde dicen que es porque ya están denunciados (los casos de cuentas bloqueadas), y porque ya están aseguradas las cuentas por el Ministerio Público, cuando hacemos el recorrido con el Ministerio Público para ver si esto era cierto, resulta que no era cierto.”, dijo Nieto.

Nieto dijo que dicho “Acuerdo de Desbloqueo” fue firmado por Mauricio Moreno, quien fungía como director de Procesos Legales de la UIF. Nieto sostuvo que la UIF presentó una queja ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso en contra de quien resulte responsable.

Al cuestionarle si se presumía que Peña Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsión, Nieto dijo que difícilmente el presidente pudo haber ignorado la operación de dicho esquema.

“Este era un acto, a lo mejor, chico, si lo comparamos con la ‘Estafa Maestra’, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense, digamos hubo mayores actos de corrupción, y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, dijo Nieto.

‘La UIF era utilizada para golpeteo político’

El titular de la UIF sostuvo que durante la gestión de Peña la unidad fue principalmente utilizada para atacar a opositores políticos y no para combatir actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano, función para la que fue creada la dependencia.

Nieto dijo que, entre quienes fueron investigados desde la UIF con fines políticos durante la administración anterior estuvieron el ahora Presidente López Obrador y el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, así como la ex-líder magisterial Elba Esther Gordillo.

También fueron investigados desde la UIF en la época de Peña Nieto otros políticos prominentes como Alfonso Durazo, actual Secretario de Seguridad federal, Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación, y hasta la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota.

El funcionario dijo que, incluso, información publicada por el sitio web lanzado durante el proceso electoral presidencial del 2018 llamado “Pejeleaks”, dedicado a publicar datos relacionados con López Obrador y sus colaboradores, “vinieron de la UIF”.

También datos de de la UIF en la época de Peña Nieto fueron utilizados en el documental “Populismo en América”, señaló.

Nieto añadió que él mismo fue investigado por la UIF, algo que descubrió al revisar los archivos internos elaborados por la unidad durante el anterior gobierno al asumir la jefatura de la unidad.

Agregó que, en contraste, la UIF en la actual administración ha incrementado el número de casos investigados por presunto lavado de dinero.

Tan solo en lo que va del 2019, la UIF ha presentado 118 denuncias ante la FGR, lo que supera el récord histórico de la unidad de 113 denuncias en un periodo de un año.

Extitular de la UIF permitió vulneración de sistema interno

Al asumir las riendas de la UIF, el equipo técnico alertó a Nieto sobre una vulneración a la que fue expuesto el sistema informático interno de la agencia durante la anterior gestión.

Dicha vulneración dejó el funcionamiento de la unidad sin las protecciones necesarias para evitar robos de información, dijo el funcionario.

Nieto dijo que la UIF actualmente investiga al personal que estuvo encargado de garantizar el funcionamiento técnico e informático de la unidad.

Agregó que, una vez detectada la vulneración a la que fue expuesto el sistema interno, la UIF incrementó la seguridad informática de sus sistemas internos para garantizar la seguridad de la información.

Con estas revelaciones, el funcionario federal hace énfasis en el trabajo que realiza la UIF en relación con casos de corrupción que se presume se configuraron en el anterior gobierno, como la red de altos ex funcionarios de Los Pinos que actualmente son investigados y que podrían llevar a un caso mayor que incluiría al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Aristegui Noticias
Marcos Martínez Chacón
Ciudad de México
Lunes 26 de agosto de 2019.


Un juez federal negó la suspensión definitiva que solicitó Ramón Sosamontes Herreramoro, en contra de cualquier orden de aprensión solicitada en su contra por las investigaciones relacionadas con los desvíos conocidos como la Estafa Maestra.


Sosamontes Herreramoro se desempeñó como jefe de oficina en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles al frente de ambas dependencias federales.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada por Ramón Sosamontes Herreramoro”, señaló la resolución emitida por dicho juzgado este viernes.

El trámite de amparo, con número de expediente 361/2019, fue presentado el pasado 8 de agosto, día en el que Robles Berlanga se presentó por primera vez ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo para iniciar el proceso que la vinculan a supuestas “omisiones” en el desvío de dinero.

A decir de la Fiscalía General de la República (FGR), Sosamontes Herreramoro aparece como firmante en dos de los 24 convenios generales y específicos suscritos por las dependencias federales que encabezó Robles Berlanga en la pasada administración federal, y que dieron como origen a señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por diversas irregularidades.

La suma de ambos convenios asciende a 954 millones de pesos y se encuentran sujetos a investigación por el esquema de triangulación y desvío de recursos conocido como Estafa maestra, que la madrugada del 13 de agosto derivó en la vinculación a proceso de la exjefa de gobierno capitalino.

Proceso
José Raúl Linares
Ciudad de México
Viernes 23 de agosto de 2019.


Otro de los personajes implicados en la llamada Estafa Maestra tiene sus raíces en esta entidad. Se trata de Ramón Sosamontes Herreramoro, brazo derecho de Rosario Robles, quien desde la mañana del pasado martes 13 es huésped en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, por el caso de la estafa maestra.

En abril pasado, el exjefe de la oficina de Robles Berlanga en Sedesol y Sedatu reapareció en Guerrero como asesor externo del Clúster Minero del gobierno de Héctor Astudillo Flores que dirige el representante de la empresa Media Luna, filial de la canadiense Torex Gold, Alfredo Phillips Greene.

En esa ocasión, Astudillo Flores y el alcalde morenista de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, firmaron un convenio para exentar del pago de impuestos a empresas mineras asentadas en la entidad.

Luego, el primero de este mes, Sosamontes apareció como “director editorial” del canal de televisión de paga denominado Sur TV, que opera en el puerto de Acapulco y dirige Jimena Escobar Garduño, asistente del actual subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja.

Incluso, Sosamontes ha presumido en redes sociales su cercanía y amistad con el gobernador Astudillo y su esposa Mercedes Calvo, así como con el senador priista, Manuel Añorve Baños.

Actualmente, Ramón Sosamontes solicitó un amparo para evitar ser detenido porque está involucrado en el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra, el esquema de subcontratación de universidades, organismos públicos y empresas fantasmas que la Rosario Robles utilizó para desviar recursos públicos por aproximadamente 7 mil 700 millones de pesos, según documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A mediados de abril, la agencia Apro informó que días antes, el excolaborador de Robles apareció públicamente en Iguala, en las instalaciones del Consejo Estatal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo, donde el gobernador Héctor Astudillo Flores y el alcalde de ese municipio, Antonio Jaimes Herrera, firmaron un convenio con empresarios para exentar del pago de impuestos, hasta en un 80%, a empresas mineras canadienses asentadas en la entidad.

En el mismo evento, Sosamontes se presentó como asesor externo de Alfredo Phillips Green, presidente del Clúster Minero de Guerrero, quien aseguró que no hay algún nexo contractual con el aludido.

Incluso, en redes sociales el exjefe delegacional de Venustiano Carranza e Iztapalapa ha difundido imágenes donde aparece encabezando reuniones y eventos del Clúster Minero de Guerrero, y de su participación en actos oficiales del gobernador Astudillo en las últimas semanas.

El 22 de octubre de 2016, Astudillo tomó protesta a los integrantes de la asociación civil, el quinto conformado en el país e integrado por empresarios mineros que promueven la explotación y exploración de nuevas vetas, según se informó en aquel momento.

Proceso
Ezequeil Flores Conteras
Chilpancingo, Guerrero, Mx.
Jueves 15 de agosto de 2019.


Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, promovió una demanda de amparo para detectar posibles órdenes judiciales para privarlo de su libertad.

Sosamontes Herreramoro fue Jefe de la Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social de diciembre de 2012 a agosto de 2015, cuando Robles ocupaba ese cargo, y luego cumplió la misma función cuando fue designada Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La demanda fue presentada el 8 de agosto ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo Penal, que inicialmente requirió a Sosamontes para aclarar "el acto que reclama y señalar las razones por las que les atribuye el carácter de responsables a los jueces que menciona".

Hasta ahora, el juzgado no ha publicado si ya admitió el amparo o concedió alguna suspensión, pero el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal no tiene registro de que ya se hubieran dictado esas resoluciones.

Robles Berlanga fue enviada este martes a prisión preventiva por un juez federal, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos de recursos de Sedesol mediante contratación de universidades públicas y empresas fantasma.

Salvo en columnas periodísticas, no se han publicado mayores detalles o evidencias de la posible participación o conocimiento de Sosamontes sobre la llamada Estafa Maestra, pero su cercanía cotidiana con Robles durante años, podría dar lugar a que sea citado a comparecer por el Juez que lleva el proceso contra su ex jefa.

Sosamontes, ex diputado federal guerrerense de 67 años de edad, se formó en la UNAM, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista Unificado de México en las décadas de los 70 y 80, y luego fue fundador del PRD y coordinador de su primera bancada en la Asamblea de Representantes capitalina.

En 1999, cuando Robles reemplazó a Cuauhtémoc Cárdenas como Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, Sosamontes asumió como Delegado en Iztapalapa, antes lo fue en Venustiano Carranza, y posteriormente fue Director General de la Policía Auxiliar.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudaad de México
Miércoles 14 de agosto de 2019.


Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusar de ser “omisa” por no informar sobre el desvío 5 mil 73 millones de pesos conocido como la “Estafa Maestra”.

“Como han señalado mis abogados, yo me presente aquí de manera voluntaria. Vivo en la misma casa hace 24 años. He trabajado en la ciudad. Yo no tengo millones de pesos para vivir en Canadá y regresar impune. Mis cuentas están congeladas”, alegó en su defensa, minutos antes de que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó imponerle medidas precautorias.

La audiencia se extendió desde las 18:00 horas de este lunes hasta las 06:15 de este martes, al presentar cerca de 32 pruebas que intentaron librarla de la investigación y, posteriormente, convencer al juez de que no buscaría sustraerse a la justicia.

La resolución de Delgadillo Padierna fue dictada la mañana de este martes, quien determinó internarla dos meses –que se pueden extender a seis – al penal femenil de Santa Martha Acatitla en lo que duran las investigaciones.

Un par de horas antes, una vez que el juez determinó desechar los argumentos esgrimidos por los abogados Oscar Ramírez y Luis Hernández Barros, retó a la exfuncionaria federal a presentar pruebas de que el expresidente Enrique Peña Nieto, así como José Antonio Meade Kuribreña, fueron alertados del desvío de recursos.

Un equipo de cinco ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como tres abogados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), acusaron a la exfuncionaria federal de asumir una actitud “omisa” ante sus subalternos que se valieron de firmas falsas, triangulación de recursos y autonomía para firmar convenios con diversas universidades.

“El argumento que acusamos, no es que haya hecho posesión de ese dinero, como que ni siquiera se ha manifestado en esta audiencia, sino la pérdida de 5 mil millones de pesos que no fueron usados para los fines que fueron destinados en un inicio”, señaló uno de los ministerios públicos que formularon las acusaciones contra la exfuncionaria federal.

“Es inentendible cómo fue que esperó cuatro años para actuar”, reprocharon los abogados de la ASF.

A decir de la defensa de Robles Berlanga, del 2014 a 2015, fue informada mediante diversos pliegos de observaciones emitidos por la ASF sobre el desvió de recursos. Pero por el desfase de las cuentas públicas, sólo tuvo conocimiento hasta el año 2017, cuando comenzó a actuar en contra del robo de recursos.

Una licencia de conducir, crucial en la prisión preventiva a Robles

Una licencia de conducir que tramitó Rosario Robles con una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán, ayudó al juez a dar prisión preventiva a la exfuncionaria.

Una licencia para conducir, sacada de un domicilio distinto al que originalmente reportó a las autoridades, fue una de las principales causas por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió dictaminar prisión preventiva en contra de Rosario Robles.

Eso sumado a que, de acuerdo con el juez, no hay forma de comprobar arraigo de Robles en la Ciudad de México y a que cuenta con la capacidad económica para poder esconderse o darse a la fuga.

En una audiencia que duró 12 horas, el juez Delgadillo vinculó a proceso a la exfuncionaria federal tras acreditar que cometió, al menos, un ilícito en dos dependencias diferentes: ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y ejercicio indebido del servicio público en la Sedatu.

Aunque el delito no merece prisión preventiva, el juez decidió dictaminar dicha medida cautelar, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República, debido a que existía un riesgo latente de que Robles pudiera darse a la fuga.

Hasta 23 años de prisión

Los agentes de la FGR expusieron, al solicitar la prisión preventiva, que, si bien Robles se presentó de manera voluntaria a las dos audiencias en el Reclusorio Sur, esa situación podía cambiar debido a que, al vincularla a proceso, podría recibir sentencia definitiva de 11 años con 6 meses por cada acusación, por lo que, en total, podría recibir hasta 23 años de prisión.

Esto porque, si bien el delito de ejercicio indebido del servicio público amerita una pena de dos años, en el caso de Robles se encuentra agravado el ilícito, porque hubo dolo directo y la conducta se repitió de manera sistemática y reiterada en las dos dependencias de las cuales fue titular.

Además, expuso la FGR, Robles tendría que reparar el daño cometido, el cual fue de 5,073 millones de pesos, algo que sería imposible para ella.

Para el juzgador, la exsecretaria de Estado cuenta con solvencia económica y la capacidad para esconderse de las autoridades o incluso darse a la fuga a otro país.

Hay ciertos datos para demostrar falsedad en las declaraciones, falsedad en el informe de domicilio: se tramitó una licencia de conducir en un domicilio diferente. Hay una falsedad en su domicilio y tiene facilidad para ocultarse; (el) pasaporte no le impide salir del país".

Por otra parte, el juez rechazó los argumentos de que Robles debería recibir prisión preventiva debido a que, si estuviera en libertad, podría amenazar a los testigos que declararon en su contra, además de que su propia seguridad podría estar en riesgo ante eventuales ataques de ciudadanos molestos con su actuar como secretaria de Estado.

Las razones del juez

El juez Delgadillo, al atender la petición y los argumentos de la Fiscalía, acreditó que no hay forma de comprobar un arraigo de Robles en la Ciudad de México, lo que impediría su eventual fuga, debido a que actualmente no cuenta con un empleo fijo.

Además, lo más importante, de acuerdo a la decisión del juez, hubo falsedad en la información presentada por Robles respecto a su domicilio, pues en la información entregada ante las autoridades el 7 de agosto pasado, afirmó que el mismo se encontraba en Los Reyes, Coyoacán; sin embargo, la Fiscalía acreditó que hace unos días, tramitó una licencia de conducir desde otro domicilio.

El juez expuso que en el domicilio de Los Reyes, Robles no fue encontrada por las autoridades cuando intentaron notificarle que tenía que acudir a audiencia al Reclusorio Sur.

Pese a ello, Delgadillo consideró que, aunque el delito de ejercicio indebido del servicio público no contempla la prisión preventiva, Robles debía recibir esa medida cautelar debido a la gravedad y dolo de sus acciones al frente de la Sedesol y Sedatu, por haber falseado información respecto a sus domicilios y por un riesgo latente de poderse dar a la fuga.

Toda la vida en la CDMX

Desesperada y con la voz entrecortada Robles pidió, infructuosamente, que no se le dictara prisión preventiva debido a que ella sí tiene arraigo en la Ciudad de México pues, si bien no cuenta con trabajo, su hija, Mariana Moguel, vive en dicha entidad.

Expuso que ella misma ha vivido toda su vida en la capital mexicana, fue Jefa de Gobierno y ha residido durante más de 24 años en el domicilio de Los Reyes, Coyoacán.

La exfuncionaria mencionó que tampoco cuenta con dinero para fugarse y escaparse al extranjero, pues nunca se enriqueció ilícitamente y actualmente todas sus cuentas y tarjetas están congeladas.

Robles manifestó que ella siempre ha dado la cara y no es como otras personalidades acusadas de corrupción que tienen los recursos para esconderse en Canadá y después regresan.

Pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora.

A pesar de esos argumentos, el juez Delgadillo consideró que la falsedad en las declaraciones de Robles respecto a su domicilio y su capacidad para fugarse eran argumentos necesarios para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva.

“He vivido en la Ciudad de México en Los Reyes, Coyoacán, desde hace años”, interrumpió Robles brevemente, con la voz entrecortada y desesperada, al juez mientras dictaminaba que debía ser recluida en Santa Martha.

Proceso
Expansión
José Raúl Linares
Ciudad de México
Martes 13 de agosto de 2019.


Las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios fueron congeladas ante las sospechas de desvío de recursos cuando estuvieron al frente de la Sedesol y Sedatu


Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró las cuentas de la extitular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles así como la de quien fuera su Oficial Mayor en dicha dependencia, Emilio Zebadúa por el caso de la Estafa Maestra.

Según información consultada por Excélsior, las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto fueron congeladas ante las sospechas de desvío de recursos durante si paso por la Sedesol y la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Fuentes federales explicaron que se trata de un procedimiento realizado por la UIF para la recopilación de elementos que, de considerarlo, se podrán integran a la carpeta de investigación y presentarlos ante un juez federal.

Se detalló que investigaciones y los datos que esto arroje, se deben considerar reservados con motivo de la pesquisa, pero podrán conocerse durante el desarrollo de la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República busque imputar a Robles Berlanga.

Incluso la defensa de la también exjefa de Gobierno del Distrito Federal puede interponer una demanda de amparo ante un juez federal con el objetivo de evitar que se mantengan congeladas las cuentas de su cliente en caso de que el juzgador así lo considere o bien, le de una negativa.

Serpa este jueves a las 11:00 horas cuando Rosario Robles deba presentarse ante un juez de control federal con sede en el Reclusorio Sur para que el ministerio Público de la Federación formule su imputación por ejercicio indebido del servicio público y busque vincularla a proceso.

Los delitos por los que se le acusa no merecen prisión preventiva de oficio, por lo que podría llevar su proceso en libertad.

Excélsior
Juan Pablo Reyes
David Vicenteño
Ciudad de México
Domingo 4 de agosto de 2019.


Durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) trianguló 9 millones 360 mil pesos a la empresa Bufete de Proyectos Información y Análisis, S.A. de C.V. que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participó en la “campaña negra” desatada contra Andrés Manuel López Obrador para impedir su llegada al poder.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, dicha empresa recibió además 24 contratos de distintas dependencias, por un monto total de 70 millones de pesos; tres de ellos, por 29 millones de pesos, le fueron otorgados por la misma oficina del presidente, de acuerdo con una consulta al portal Compranet.

En su página de Internet, la empresa enlistó algunos de sus clientes que contrataron sus servicios de “investigación” y de “consultoría”.

Entre ellos figuran el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PVEM, el PT, el Panal y el PRD, así como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Pemex, Peñoles, Aleatica (el nuevo nombre de OHL), Cemex, Televisa, Milenio, Radio Fórmula y Notimex, pero también los gobiernos de Puebla, Coahuila, Sonora, Durango, Baja California o Chihuahua.

Respecto a los esquemas de desvíos de la Sedesol, la contratación se realizó “a través de la entonces directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Sedesol”, según confesó el representante legal de dicha empresa al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que investigó los desvíos multimillonarios operados en las gestiones de Robles.

Dicha funcionaria era Claudia Morones Sánchez, quien siguió las instrucciones de Emilio Zebadúa González, Rocío Gómez Bolaños y Ramón Sosamontes Herreramoro, tres personajes del primer círculo de Robles, quienes laboraron bajo sus órdenes en la Sedesol y en la Sedatu.

El representante legal de la empresa dijo que “acudió en varias ocasiones a la Secretaría, y que contaba con los correos electrónicos de dicha servidora pública”, se puede leer en el informe de auditoría publicado en enero de 2018.

En esa ocasión, la ASF investigó sobre el destino de mil 900 millones de pesos que la Sedesol y la Sedatu dispersaron a 88 empresas –algunas de ellas fantasmas– mediante convenios de servicios celebrados con tres entes públicos estatales: Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisión de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo entre 2014 y 2016.

Entre estas empresas, la ASF señaló que Televisión de Hidalgo pagó 9 millones 360 mil pesos a Bufete de Proyectos de Información y Análisis, S.A. de C.V. en 2014. La empresa, que se presenta en su portal de Internet bajo el nombre de Gabinete de Comunicación Estratégica, despacha en el piso 17 de un edificio ubicado en el número 483 de la avenida Paseo de la Reforma.

Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, reveló esta mañana que la compañía había transferido 47 millones de pesos a Grupo Tv Promo, supuestamente vinculada con la empresa Piña Digital S. de R.L. de C.V., que a su vez produjo la serie El populismo en América Latina, parte de la “campaña negra” contra AMLO, según el funcionario.

Enseguida, la empresa –cofundada por Federico Berrueto y Liébano Sáenz–, condenó las declaraciones de Nieto: afirmó que incurrió en “una violación flagrante a la presunción de inocencia, además de violar el secreto financiero y la protección de datos personales a los que están obligadas las autoridades”.

Para justificarse, la compañía aseguró que los pagos se llevaron a cabo en septiembre de 2017, “antes del inicio formal del proceso electoral oficial y de la definición de candidatos, y casi medio año del inicio de las campañas presidenciales”, e insistió en que se limitaron en brindar servicios de comunicación, que “nada tuvieron que ver con política o procesos electorales”.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Jueves 14 de marzo de 2019.


Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública con el gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.


Innovación Integrada S. A. de C. V., propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las compañías subcontratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas para prestar servicios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.

Esta forma de contratación es parte del esquema de desvío de recursos públicos documentado en la investigación La Estafa Maestra, en la que dependencias del gobierno federal contratan a universidades para hacer supuestos servicios y éstas a su vez subcontratan a empresas ilegales, que no cumplen con los servicios o los realizan con sobrecostos, según han planteado diversas auditorías.

Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública del gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.

Pese a los señalamientos y críticas por un presunto conflicto de interés entre Hinojosa y el mandatario, la empresa Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos entre 2015 y 2017 a través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no fue elegida en un concurso público en el que haya resultado como mejor opción— del ISSSTE, Sedatu y Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la Secretaría de Economía.

Contratos bajo el esquema de La Estafa Maestra

La triangulación de recursos fue el esquema que se aplicó entre la Sedatu y la empresa de Hinojosa.

La Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas para realizar una aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación(ASF) en la auditoría 195-DS realizada a la institución como parte del informe de Cuenta Pública 2016.

La Universidad a su vez subcontrató a la empresa Innovación Integrada para realizar el trabajo a través de un contrato por 5 millones 568 mil pesos provenientes de la Sedatu.

La contratación fue por asignación directa apelando a la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones cuando solo existe en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el servicio sea con fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre natural, entre otros.

En este caso no se cumplen los criterios para que la Universidad haya optado por la asignación directa a la empresa, y solo “evadió la licitación”, según la Auditoría. Por ello, al contratar a Innovación Integral “no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez” y, por tanto, “no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad financiamiento y oportunidad”.

Al revisar el cumplimiento del servicio, la empresa proporcionó evidencia de los trabajos y la Auditoría comprobó que la aplicación móvil estaba en funcionamiento, pero la compañía “no acreditó los insumos tanto humanos como materiales que presumiblemente utilizó, ni presentó evidencia de la integración de los costos para ejecutarlos”.

La Universidad tampoco pudo comprobar que hubiese hecho algún cálculo e integración de costo sobre los servicios, lo que evidencia que la institución cobró “de forma discrecional sin una base de costos”.

Incluso en el convenio SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 realizado entre la Universidad y la dependencia el 1 de marzo de 2016 (un mes después del contrato con la empresa) para “servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu”, por 18 millones 860 mil pesos, la institución sólo pudo comprobar el pago de 5 millones 658 mil pesos a Innovación Integrada, según el contrato mostrado a la Auditoría.

El resto del dinero se considera como un sobrecosto “en beneficio de la universidad y lo utilizó para fines distintos a los servicios convenidos con la Sedatu”, dice la Auditoría.

Animal Político acudió a la sede de Innovación Integrada, en Santa Fe, Ciudad de México, un lujoso complejo de oficinas, pero no se permitió la entrada y la mujer que atendió por teléfono informó que la empresa no daría información adicional a la que entregó a la Auditoría en 2017, ni nada respecto a Juan Armando Hinojosa Cantú.

 Más contratos

Innovación Integrada S. A. de C. V. recibió cuatro contratos más mediante asignación directa, es decir, sin competir con otras empresas, según información publicada en la plataforma Compranet, donde la administración pública federal está obligada subir los contratos con empresas.

El contrato con el ISSSTE es por el mismo objeto que el convenio de Sedatu: hacer un “sistema de control de la estrategia de inclusión nacional”, por el que la empresa cobró 5 millones 200 mil pesos en un contrato con vigencia de julio a diciembre de 2016.

El funcionario encargado de la contratación fue Raúl Marmolejo Pacheco del Departamento de control de servicios operativos, según la información de Compranet. Sin embargo, el ISSSTE no publicó las razones por la que el contrato fue otorgado por asignación directa. Tampoco se encuentra el contrato completo sino un documento con “datos relevantes del contrato”, que sólo incluyen datos del funcionario público y el monto pagado, pero ningún desglose del servicio ni más datos de la empresa que el nombre.  

Animal Político preguntó al ISSSTE por qué benefició con una adjudicación directa de más de 5 millones a la compañía fundada por Juan Armando Hinojosa, y la respuesta fue que la empresa fue beneficiada sin pasar por una licitación porque “acreditó los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, y porque era la mejor opción económica para el Estado, ya que según una “investigación de mercado” esta sociedad daba los servicios entre un 13 y 23% más barato “que las empresas competidoras”.

No obstante, el ISSSTE no precisó en su escrito cuáles son las empresas que supuestamente compitieron por el contrato, ni entregó el “estudio de factibilidad” a partir del cual se le otorgaron recursos públicos a Innovación Integrada.

Además, los argumentos esgrimidos por el ISSSTE en su escrito tampoco coinciden con la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; el cual, como ya se expuso líneas arriba, permite las adjudicaciones directas solo cuando hay un único proveedor capaz de dar un servicio; que el servicio sea con fines militares; o que se ponga en riesgo la seguridad nacional si la contratación del proveedor se realiza mediante licitación pública, entre otros.

Cursos millonarios… de una semana

Innovación integrada recibió 4 millones 777 mil pesos de tres contratos directos por parte de Exportadora de Sal, S. A. de C. V., una compañía dependiente de la Secretaría de Economía, productora y proveedora de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca del pacífico.

Por un “estudio de evaluación y diagnóstico” cuyo contrato tuvo vigencia de una semana (del 15 al 22 de diciembre de 2015) la empresa cobró 2 millones 874 mil pesos y el contrato también fue otorgado por adjudicación directa.

En 2016, Innovación Integrada ganó 1 millón 300 mil pesos por un “programa de capacitación en SAP” del 2 al 9 de mayo; al siguiente año cobró 602 mil pesos por el servicio de “capacitación a usuarios”, del 12 al 31 de octubre de 2017. Las tres contrataciones fueron realizadas por la funcionaria Victoria Vergara Flores, de la Gerencia de adquisiciones y almacenes de Exportadora de Sal.

Animal Político buscó a Exportadora de Sal, pero no hubo respuesta.

Una empresa de familia

Innovación Integrada SA de CV es una de las múltiples compañías del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y sus familiares más cercanos.

De acuerdo con su acta constitutiva, cuya copia guarda Animal Político, esta sociedad fue creada el 4 de enero de 2013 en Toluca, Estado de México, y se dedica a múltiples giros relacionados con proveer servicios de “telecomunicaciones” y “tecnologías de la información”.

Los fundadores de Innovación Integrada SA de CV son el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y su socio Alberto del Moral González, quien tal y como consta en su perfil de Facebook y en múltiples notas de revistas de sociedad, es pareja sentimental de María Teresa Hinojosa García; una de las dos hijas de Juan Armando Hinojosa.

Un mes después de la fundación Innovación Integrada SA de CV, el 15 de febrero de 2013, tanto Hinojosa Cantú como Alberto del Moral cedieron sus acciones a otras dos personas. Pero no formalizaron este cambio ante el Registro Público de Comercio hasta más de cuatro años después, el dos de junio de 2017.

A pesar de la venta de acciones de Juan Armando Hinojosa, su familia mantuvo la presencia en la compañía a través de María Teresa Hinojosa García, quien ocupa el cargo de comisaria en la misma. ‘Maritere’ Hinojosa es la encargada de vigilar el correcto funcionamiento financiero de esta sociedad.

Animal Político
Nayeli Roldán
(@nayaroldan)
y Manu Ureste
(@ManuVPC)
Ciudad de México
Viernes 9 marzo 2018.


En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

En México, 1,840 municipios, de los 2,447 existentes, registran porcentajes de pobreza entre 50 y 99% del total de la población, es decir, 75% de las alcaldías del país registran niveles de pobreza, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su medición de la pobreza a nivel municipal 2015.

Los datos divulgados este jueves por el órgano de evaluación de la pobreza en el país precisan que 190 municipios del país registraron pobreza en más de 95% de sus habitantes hasta el 2015.

Asimismo, comunicó el Coneval, la pobreza se redujo durante el quinquenio comprendido entre el 2010 y el 2015, en 5 puntos porcentuales o más, en 699 municipios, en tanto que en 422 se registró un aumento en la misma proporción.

En este tenor, las 15 alcaldías con el mayor porcentaje de pobreza en su población se ubicaron en el sur-sureste, es decir, entre Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En este último estado, el municipio de Santos Reyes Yucaná se colocó como la alcaldía más pobre del país con 99.9% de su población en dicha condición.

En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

Por número total de personas en pobreza extrema, Acapulco de Juárez, en Guerrero ocupó el primer lugar con 93,513 personas, mientras que nuevamente Santos Reyes Yucaná, en Oaxaca, se colocó como la alcaldía con mayor porcentaje de su población en esta condición con 97.4 por ciento.

Reforma
Héctor Molina
Ciudad de México
Viernes 8 diciembre 2017.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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