•    Un plan para destejer el legado migratorio de Trump

•    La reforma migratoria que prepara Joe Biden incluye dar en ocho años la ciudadanía a 11 millones de indocumentados


Washington. - La política migratoria de Estados Unidos está a punto de dar un giro de 180 grados. Al menos eso es lo que ha prometido el presidente electo Joe Biden que, en cuanto ponga un pie en la Casa Blanca, quiere dejar atrás los programas “inhumanos y basados en el miedo” de Donald Trump y pasar página hacia unas “leyes que reflejen los valores de una nación de inmigrantes”, como adelantó durante la campaña. Su discurso está en las antípodas del de su predecesor, que llegó a Washington con la promesa de construir un muro, levantó una serie de barreras a la migración legal e ilegal, cerró las puertas a refugiados y solicitantes de asilo e impuso políticas brutales como la separación de los indocumentados que cruzaban la frontera sur de sus hijos.

Los planes que se conocen hasta el momento revelan que el nuevo presidente quiere dejar claro desde el primer día que EE UU volverá a ser un país de acogida. A través de una serie de acciones ejecutivas y proyectos de ley Biden tratará de deshacer el legado del republicano y “restaurar la humanidad del sistema de migración”, según ha adelantado este fin de semana quien será su jefe de Gabinete, Ron Klain. En un memorando, el funcionario dijo que este miércoles, el día de su investidura, el mandatario acabará, vía decreto, con el veto de viajes impuesto por la Administración saliente a algunos países musulmanes y pondrá en marcha un equipo que “comenzará el trabajo difícil pero crucial” de reunir a los cerca de 600 niños que fueron separados en la frontera sur de sus padres, a los que deportaron a Centroamérica en la mayoría de los casos y perdieron el rastro antes de devolverles a sus hijos.

El demócrata prevé también enviar este mismo miércoles una reforma migratoria al Congreso que daría opciones de regularizar su situación a los 11 millones de indocumentados que se estima que viven en Estados Unidos. La propuesta contempla un plazo de ocho años para que buena parte de esos migrantes puedan acceder a la ciudadanía, una vez que se verifique que no tienen antecedentes penales y que están al día con el pago de impuestos. Además ofrecerá una vía exprés a los grupos que ya están protegidos por estatus temporales, como los cerca de 700.000 dreamers (soñadores), los jóvenes a los que sus padres trajeron a Estados Unidos sin papeles cuando eran niños y para los que Barack Obama aprobó el programa DACA (acrónimo en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), o a los cerca de 400.000 beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS, en sus siglas en inglés) que protege de la deportación a ciudadanos de varios países que han sufrido guerras o desastres naturales como Honduras, Nicaragua o El Salvador.

En ambos casos, se trata de migrantes establecidos en el país, que pueden residir legalmente y trabajar con los permisos que les habían otorgado Gobiernos de distintos símbolos políticos, pero que no tenían forma de acceder a la residencia ni a la ciudadanía. Trump trató de quitarles las protecciones temporales, pero las medidas fueron recurridas en los tribunales, lo que ha mantenido sus estatus vigentes durante los cuatro años de su Administración.

El presidente electo también ha prometido acabar con programas más crueles de Trump, como el que envía a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur a peligrosas ciudades del norte de México mientras esperan su turno para que un juez escuche sus casos a través de videoconferencias, e incrementar los cupos de refugiados que recibe el país, que el republicano redujo considerablemente. Además, pretende aprobar una serie de medidas para restablecer el sistema de asilo y acogida que Trump desmanteló en sus cuatro años de presidencia y, según prometió en la campaña, prevé ofrecer un TPS a los venezolanos que han huido del régimen de Nicolás Maduro.

Sin embargo, Biden sabe que necesitará tiempo y prudencia con las medidas de acogida de nuevos migrantes para no generar más caos, especialmente en un momento en que los estadounidenses sufren una fuerte crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia que ha dejado 400.000 muertos. “La idea es hacerlo para mejorar la situación y no para empeorarla”, dijo Biden a la prensa en diciembre al ser preguntado sobre cómo pondría fin a los Protocolos de Protección de Migrantes, el programa por el que se ha enviado en los últimos dos años a más de 70.000 solicitantes de asilo a México. “Haré lo que prometí, pero no va a ser el primer día. Probablemente va a tomar seis meses ponerlo en marcha”, matizó el demócrata, que durante la campaña había prometido acabar con él el primer día de su mandato.

Biden ordena detener la construcción del muro con México

El programa de Biden ha sido recibido con ilusión y expectativa por las organizaciones que durante la presidencia del republicano han trabajado de manera incansable tanto desde la trinchera humanitaria, asistiendo a los solicitantes de asilo enviados a México o tratando de reunificar a las familias separadas en la frontera, como desde la legal, litigando en los tribunales por las nuevas medidas y reglas que consideraban que violaban los derechos de los migrantes. “Tenemos mucha esperanza, sobre todo porque vemos la oportunidad de que el país vaya a sanar de todo lo que ha destruido Trump. Aunque hay cosas que va a costar mucho cambiar”, afirma la abogada de inmigración Jodi Goodwill desde Harlingen (Texas). Hace tres meses, el equipo de transición se puso en contacto con ella y con otros letrados que trabajan en la frontera sur para que los asesoren en la creación de un plan que les permita procesar los casos de los migrantes que esperan del otro lado del muro.

El mandatario también se ha comprometido a no construir ni un metro de valla más en la frontera, la propuesta estrella de Trump. Por el contrario, apostará por un plan para apoyar a la Patrulla Fronteriza con más tecnología. Durante la campaña recalcó la importancia de afrontar las causas de la migración, para lo que anunció una inversión de 4.000 millones de dólares en Centroamérica, la región que más inmigrantes ha enviado a Estados Unidos en los últimos años, y una mayor cooperación con esa región y México. Según informes periodísticos, la reforma migratoria que Biden enviará al Congreso este mismo miércoles contempla acciones para remediar la migración desde el origen. No se espera, sin embargo, que ese proyecto sea una prioridad en el Capitolio, que en las próximas semanas debatirá el segundo juicio político a Trump, así como medidas urgentes relacionadas con la pandemia. Además, cualquier reforma migratoria deberá lidiar con un sector del Partido Republicano, que tiene la mitad del Senado, y que ha radicalizado sus posiciones respecto a la inmigración con la presidencia de Trump.

“Nos alegran mucho todos los pronunciamientos que el presidente Biden ha hecho, pero queremos que se centre en las cosas que él controla”, afirma Abel Nuñez, director del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), una organización no gubernamental con sede en la ciudad de Washington. “Algo que nos enseñó y demostró el presidente Trump es que el Ejecutivo tiene mucho control para cambiar las políticas de inmigración en este país”, añade.

El reto para el Gobierno entrante será encontrar un equilibrio para implantar un sistema más humano, pero en el que la llegada de nuevos migrantes sea más controlada, algo difícil en un momento en que Centroamérica vive una profunda crisis provocada por la pandemia y dos potentes huracanes, Eta e Iota, que dejaron a decenas de miles de personas sin hogar ni medios de subsistencia, especialmente en Honduras. Este fin de semana se formó en ese país una de las mayores caravanas de migrantes vistas hasta ahora alentada, en parte, por las esperanzas de que la Administración de Biden sea más flexible con ellos. El Gobierno entrante, pese a todo, ha insistido en que no es un buen momento para migrar.

Un latino para dirigir la agenda de inmigración

El elegido por Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que se encarga de las políticas migratorias, es Alejandro Mayorkas, un ex fiscal general de 61 años. Nacido en Cuba de padres judíos que escaparon del Holocausto y se exiliaron de la isla caribeña tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, cuando él tenía solo un año, el primer latino en dirigir ese departamento lleva grabado en el ADN la empatía por quienes se ven obligados a dejar su país. Quienes han trabajado con él le definen como alguien que trabajará por que se cumplan las normas y grupos de activistas de inmigración han recordado con preocupación que él fue subsecretario de ese ministerio en el segundo Gobierno de Barack Obama, cuando Estados Unidos rompió récords de deportaciones.

El País
Lorena Arroyo
Washington, DC, EU.
Miércoles 20 enero 2021.


El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles en su discurso de investidura que “la democracia ha prevalecido” tras el mandato de su predecesor, Donald Trump, y definió la jornada como “un día de historia y de esperanza”.

“Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido”, aseveró Biden en su discurso tras haber jurado como el presidente número 46 en la historia de EE.UU.

“Es un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución”, agregó.

Biden se refirió a los turbulentos días que ha vivido el país tras el asalto violento al Capitolio el pasado 6 de enero por una turba de seguidores del ya expresidente Trump.

En este sentido, aseguró que aún queda mucho para “curar” las heridas del país y llamó a confrontar el “extremismo político, el supremacismo blanco y el terrorismo doméstico”, que aseguró que derrotará.

Sobre el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump el 6 de enero, prometió que no volverá a pasar “ni hoy ni mañana”.

Pidió, asimismo, seguir el “camino de la unidad” para superar las múltiples crisis que enfrenta el país, porque sin ella “solo hay amargura y furia”. Llamó a los estadounidenses a superar divisiones, declarando que “sin unidad, no hay paz.”

El presidente pidió este miércoles al país que rechace “la cultura en la que los hechos mismos son manipulados, e incluso fabricados” y pidió un inicio “fresco”, en el que la política no tiene que ser un “fuego furioso”.

Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos, al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio y en medio de grandes medidas de seguridad.

A las 11.50 am ET, Biden comenzó el juramento con el que se compromete a “preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos”.

La investidura se celebra con un público reducido debido a los protocolos para evitar los contagios por covid-19 y un dispositivo de seguridad sin precedentes en la historia del país, con hasta 25.000 militares desplegados en Washington.

Rompiendo con la tradición, Trump no asistió al acto de investidura de su sucesor y puso rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida), estado donde llegó poco antes del inicio de la ceremonia.

El vicepresidente saliente, Mike Pence, sí asistió al acto, al que también acudieron la mayoría de los legisladores estadounidenses y anteriores mandatarios, como George W. Bush (2001-2009) y Bill Clinton (1993-2001), junto a sus respectivas esposas, Laura Bush y Hillary Clinton.

AP / EFE
Washington, EU
Miércoles 20 enero 2021.



El presidente electo, Joe Biden, expondrá este jueves las líneas generales de un paquete de estímulo económico por 1,9 billones de dólares que pondrá a consideración del Congreso e incluye millonarios recursos adicionales para la vacunación y las pruebas de la covid-19.

A escasos seis días de asumir el cargo, el líder demócrata dará a conocer el llamado “Plan de Rescate Estadounidense”, con el que espera reanimar al aparato productivo del país más golpeado por la pandemia, con 23,3 millones de casos positivos y 387.103 muertes, según el recuento independiente de la universidad Johns Hopkins.

La iniciativa, que deberá recibir el aval del Congreso al igual que los paquetes aprobados previamente, incluye una ronda de pagos directos por 1.400 dólares, un suplemento de seguro de desempleo de 400 por semana hasta septiembre, una ampliación de la licencia pagada y aumentos en el crédito tributario por hijos, según un resumen adelantado a los periodistas.

De igual forma, destina 160.000 millones de dólares para el programa de vacunación en el país, 20.000 millones para las tareas de distribución de las dosis, así como 50.000 millones de dólares para pruebas.

También propone invertir 170.000 millones en escuelas e instituciones de educación superior, incluido un monto de 130.000 millones para asegurar que los establecimientos educativos puedan reabrir de manera segura pese a la pandemia de coronavirus.

La propuesta contempla aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora y estipula 350.000 millones de dólares en fondos de emergencia para gobiernos estatales y locales, señalaron los informes.

En diciembre pasado, el Congreso aprobó un paquete de estímulo económico por 900.000 millones de dólares, que incluyó el pago de 300 dólares a la semana a cada desempleado y prorrogó hasta el 31 de enero una norma que suspendía los desahucios y que iba a expirar a finales de año.

Además, incluyó 325.000 millones de ayuda a pequeñas y medianas empresas, 45.000 millones a los sistemas de transporte público, 13.000 millones en asistencia alimentaria y 82.000 millones para que las escuelas puedan reparar sus instalaciones y adecuarlas a la enseñanza en medio de la pandemia.

Para las aerolíneas destinó 15.000 millones para pagar los salarios de sus trabajadores.

En marzo del año pasado, cuando el país sufrió el mayor impacto de la pandemia, el Congreso avaló otro paquete de ayuda, por valor de 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia del país.

EFE
Washington, EU
Sábado 16 enero 2021.


El embajador estadounidense considera que ambas naciones pueden hacer mucho más para frenar este delito

Una de las prioridades para Estados Unidos y México es combatir el tráfico de armas que existe entre las dos naciones. En ese sentido, el gobierno estadounidense ofreció a México la donación de equipo no intrusivo (tecnología) para controlar este delito, pero el gobierno mexicano no ha aceptado, aseguró el embajador Christopher Landau.

"Yo sí creo que hay más que podemos hacer y hay más que también México puede hacer para controlar eso"

El diplomático estadounidense, que concluye su gestión el 20 de enero próximo, dijo en conferencia de prensa virtual que para Estados Unidos es un tema de gran importancia el controlar el flujo ilegal de armas hacia México.

"Es imprescindible que hagamos más esfuerzos compartidos, en los dos lados de la frontera. Nosotros hemos ofrecido donar al Gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en las fronteras, y no se ha aceptado. Yo creo que hay más que se puede hacer en ambos lados de la frontera, pero creo que para mucha gente en México este punto de las armas es solamente una cosa que se hace para regañar a Estados Unidos. Yo sí creo que hay más que podemos hacer y hay más que también México puede hacer para controlar eso", expuso Landau.

El embajador llamó a que las dos naciones sigan en colaboración para detener el tráfico de armas por ser un tema prioritario para ambas naciones. Recordó lo que ocurrió en Culiacán, Sinaloa (cuando se pretendió detener al hijo del "Chapo" Guzmán), en donde quedó en evidencia el poder de las armas con las que cuenta el crimen organizado.

"Y esto no es sólo un problema para México, sino para Estados Unidos también. Espero que en el futuro este tema vaya a quedar muy alto en la lista de temas en la relación bilateral", subrayó.

Al referirse al tema de la detención del General Salvador Cienfuegos en territorio estadounidense y que después fuera devuelto a México, el embajador lamentó que no haya existido una confianza y colaboración para que las dos naciones tuvieran conocimiento de lo que ocurría. "Ambos países somos grandes y tenemos gobiernos grandes, burocracias grandes, con muchos componentes distintos que a veces no se comunican como lo deberían hacer entre sí, y francamente ese fue el caso aquí", mencionó.

El 67% de los homicidios en México se cometen con un arma de EU: SER

Existen grandes temas de investigación con componentes muy sensibles, añadió, pero se debe seguir avanzando en el entendimiento para evitar sorpresas en el futuro. Lo importante, apuntó, es no perder de vista que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico debe seguir.

"Me frustra porque a pesar de todo lo que hacemos siempre, parece que llegamos al mismo punto en donde nos culpamos los unos a los otros y se quedan los narcos, los criminales y nosotros regañándonos. Tenemos que buscar formas de prevenir este tipo de mal entendido y enfocar esfuerzos en combatir el crimen, no tenemos otra alternativa, si seguimos peleando, los delincuentes van a seguir fortaleciéndose", destacó.

El Universal
Ciudad de México
Jueves 14 de enero de 2021.


El presidente, que dejará la Casa Blanca en una semana, será juzgado por “incitación a la insurrección” tras el asalto violento al Capitolio. Diez republicanos se han sumado a los demócratas


La era de Donald Trump termina con el cuarto impeachment en la historia de Estados Unidos, el segundo contra el propio Trump. La Cámara de Representantes votó este miércoles a favor de juzgar al presidente republicano por “incitación la insurrección” tras el violento asalto al Capitolio, hace una semana, por parte de unos ultras arengados por él mismo. A solo una semana de dejar la Casa Blanca, Trump se ha convertido en el primer mandatario sometido dos veces a este procedimiento, pero, a diferencia del juicio por el escándalo de Ucrania, este caso ha abierto grietas entre los suyos. El impeachment salió adelante con 232 votos a favor (una decena de ellos, republicanos) frente a 197 en contra. El día que el mundo vio el templo de la democracia estadounidense atacado por una turba ha sacudido al partido de Abraham Lincoln, ha desatado una crisis nacional.

Ningún otro de los presidentes objeto de juicio político en el pasado había recibido tantos votos de su propio partido en favor de juzgarle. Bill Clinton, en 1998, tuvo cinco. Andrew Johnson, en 1868, y el propio Trump, en 2020, ninguno. Esta vez, tras ocho horas de debate y una semana de conmoción nacional,10 republicanos se desmarcaron del grupo y votaron junto a los 222 demócratas, mientras que otros cuatro se abstuvieron.

El Capitolio parecía un edificio noble tomado por el Ejército en tiempo de guerra. Un imponente despliegue de la Guardia Nacional custodiaba el amplio perímetro de seguridad alrededor del complejo que acoge la Cámara baja y el Senado, cercado por altas vallas de hierro. Dentro, centenares de militares dormían sobre los suelos de mármol, descansaban de sus turnos apoyados en las estatuas, comían o charlaban entre ellos por la ilustre rotonda de la entrada, por todos los pasillos y vestíbulos. Otros, patrullaban por las laberínticas instalaciones.

Hacía justo una semana, el 6 de enero, se había escrito un capítulo aciago de la memoria de ese lugar. Hordas de seguidores de Trump habían irrumpido con desconcertante facilidad para boicotear la certificación del demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales. Horas antes, el aún mandatario les había animado a marchar hacia el lugar y “luchar como un demonio” contra unas elecciones que tachaba, sin base, de “robadas”. Murieron cinco personas, entre ellas, un policía apaleado. La sesión de las Cámaras se suspendió y se retomó de noche. Ya de madrugada, se confirmó a Biden como presidente electo. Nunca en su historia reciente Estados Unidos había visto tan cerca el fantasma de un golpe. Y nunca en la historia reciente ese Capitolio se había transformado en el fuerte que era este miércoles.

“Sabemos que hemos sufrido una insurrección que violó la santidad del Capitolio del pueblo y que trató de revertir la voluntad debidamente registrada por el pueblo americano”, señaló la presidenta de la Cámara de Representantes, la veterana demócrata Nancy Pelosi, este miércoles al comenzar el debate sobre el impeachment en la sala de plenos. “Y sabemos —continuó— que el presidente de Estados Unidos incitó a esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse. Es un claro peligro para el país que todos amamos”.

Pelosi, tercera autoridad de la nación, citó un discurso de Abraham Lincoln de 1862 para llamar a los legisladores, demócratas y republicanos, a cumplir con su “deber del patriótico en la hora de una crisis decisiva para el pueblo estadounidense”. “Compañeros del Congreso, compatriotas, no podemos escapar de la historia. Cumplamos con nuestro deber y con nuestro juramento y honremos la confianza de nuestra nación”, enfatizó.

El Partido Republicano, hecho un bloque de apoyo a Trump en el impeachment de hace un año, ha entrado en una fase de guerra de guerrillas tras el asalto al Congreso. La congresista Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney y la tercera republicana de más peso en la Cámara de Representantes, anunció la noche antes que votaría a favor de juzgar a Trump. En un duro comunicado, Cheney concluyó que “nunca ha habido una mayor traición por parte de un presidente de Estados Unidos”. En el polo opuesto del partido, Jim Jordan, se empleó durante el debate en una encendida defensa del mandatario saliente, asegurando que todo respondía a una “obsesión” por echar a Trump desde su primer día.

Pero ese no era el sentir general. Aunque la mayor parte de republicanos votó en contra del impeachment, pocos dieron la cara por el magnate neoyorquino de forma entusiasta. Resultó significativa la postura del líder de la minoría republicana en la Cámara, el californiano Kevin McCarthy, quien admitió que Trump “tiene culpa” de lo ocurrido, pero consideró más apropiado reaccionar con un “voto de censura” al mandatario y la creación de una comisión de investigación, que impulsar un juicio político en el Congreso “en tan poco tiempo”, sin haber llevado a cabo pesquisas y audiencias previas.

Trump dejará de ser presidente en una semana, el 20 de enero, cuando Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, tomen posesión de sus cargos. Es excepcional todo lo que rodea a este impeachment, de por sí, un mecanismo extraordinario. La fase en Cámara de Representantes ha procedido a votar solo una semana después de los hechos, sin articular una investigación previa, comparecencias o testigos. Lo que en el impeachment de hace un año, a raíz del escándalo de Ucrania, llevó cerca de tres meses, esta vez se ha resuelto en unos días, en buena medida porque las faltas que se le atribuyen al presidente se han cometido esta vez a ojos de todo el mundo, en una larga lista de mensajes publicados en Twitter o en discursos grabados y retransmitidos en directo.

Ahora Trump ya está formalmente acusado, pero no está claro cuándo Pelosi trasladará el caso al Senado, donde se celebra el juicio propiamente dicho y se vota el veredicto. Sí es seguro que el proceso tendrá lugar con Trump ya fuera de la Casa Blanca. Además, los propios demócratas se plantean aplazarlo durante semanas, incluso meses, para que la nueva Administración de Biden pueda echar a andar sin cortapisas, pues un Senado copado por este juicio tendría dificultad incluso para confirmar a los nuevos cargos del Gobierno demócrata.

En el Senado, el veredicto de culpabilidad no será sencillo pese al estupor, ya que requiere dos tercios de los senadores. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, pero están están empatados con los republicanos en la alta (50-50) y necesitarían los votos de hasta 17 miembros del partido de Trump. Su líder en esta Cámara, Mitch McConnell, no se ha pronunciado públicamente, pero ha expresado su satisfacción por el proceso como una oportunidad de purgar al partido de la sombra de Trump, según fuentes de su entorno directo citadas por The New York Times. Esta posición de quien fue el muro de contención de Trump ante los demócratas en el juicio por Ucrania da cuenta del nuevo escenario que el 6 de enero se abrió en Estados Unidos. Según asesores de McConnell, hasta una docena de senadores podrían votar para condenarlo.

De salir culpable, los senadores podrían votar acto seguido la inhabilitación de Trump para cualquier otro cargo público, lo que liquidaría cualquier posibilidad de presentarse en 2024, algo que insinuaba hasta ahora. El juicio en sí será también, como defienden los demócratas, una manera de sentar precedente y no dejar que la acción del mandatario quede impune. Como alternativa al impeachment, estos instaron al vicepresidente, Mike Pence, a destituir al dirigente por incapacidad invocando la 25ª Enmienda de la Constitución, pero Pence se negó.

Estados Unidos se ha adentrado así hacia su cuarto impeachment, un procedimiento que los padres de la Constitución diseñaron para poder condenar y destituir a un presidente en caso de “traición, soborno, delitos o faltas graves”. El primero fue al presidente demócrata Andrew Johnson (1868); el segundo, al también demócrata Bill Clinton, en 1998, y el tercero, al propio Trump, a principios del 2020 por sus maniobras con el Gobierno de Kiev para sacar trapos sucios de los Biden [Trump pidió al presidente de Ucrania que anunciase investigaciones sobre el hijo de Biden y otros demócratas].

Es un asalto directo a la democracia lo que se juzgará ahora en Washington. Trump llevaba años alimentando las dudas sobre la credibilidad del sistema electoral estadounidense, pero al perder la reelección contra Biden el 3 de noviembre, comenzó una peligrosa huida hacia delante difundiendo un arsenal de acusaciones infundadas de fraude electoral -todas tumbadas por los tribunales-, presionando a los funcionarios responsables de los territorios clave que perdió y azuzando a sus bases contra lo que calificaba de “robo”. El mismo 6 de enero por la mañana llegó al éxtasis lanzando arengas como: “Después de esto, vamos a bajar caminando hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”. “A algunos no los vamos a animar mucho porque nunca recuperaréis vuestro país con debilidad, tenéis que mostrar fuerza y ser fuertes”, insistió.

Ahora, el clima de desconfianza en Estados Unidos es tal que el general Mark Milley y el resto de jefes del Estado Mayor Conjunto emitieron una declaración el martes para recalcar que el Ejército protegerá la Constitución de Estados Unidos “contra cualquier enemigo interior” y que Joe Biden será el Comandante en Jefe a partir del 20 de enero. Trump, mientras, aislado por la mayor parte del establishment republicano durante sus últimos días en la Casa Blanca, se dirigió este miércoles a sus seguidores a través de un comunicado en el que rogaba: “Ante las informaciones sobre nuevas manifestaciones, urjo a que no haya NADA de violencia, NADA de romper la ley y NINGÚN vandalismo”. Es tarde, el presidente que jugaba con cerillas se despide encausado de nuevo.

El País
Amanda Mars
Washington, DC, EU.
Miércoles 13 de enero 2021.


El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que los integrantes de la Cámara de Representantes votaron a favor del juicio contra Trump con base en lo que dicta la Constitución y su conciencia


Washington.- Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, pidió a la Cámara de Senadores cumplir con su responsabilidad constitucional respecto al proceso judicial que llevará a cabo contra Donald Trump por el delito de incitación a la insurrección.

“Hoy, los miembros de la Cámara de Representantes ejercieron el poder que les concede nuestra constitución y votaron a favor de enjuiciar y pedir el rendimiento de cuentas al presidente (Trump)”, indicó Biden en una declaración por escrito que difundió su oficina de prensa.

“Fue un voto bipartidista emitido por los legisladores con base en lo que dicta la constitución y su conciencia; el proceso continuará en el Senado”, enfatizó Biden, quien el próximo miércoles 20 reemplazará a Trump como titular del poder ejecutivo en Estados Unidos.

Esta tarde, la Cámara de Representantes del Congreso federal estadunidense aprobó, con 232 votos a favor y 197 en contra, someter a un segundo juicio político a Trump, acusado de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio del pasado miércoles 6.

Ese día, miles de seguidores y fanáticos, motivados por el magnate, vandalizaron el Capitolio en un intento fallido por socavar el proceso de certificación de Biden como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.

“Esta nación sigue en aprietos por el virus letal (covid-19) y una economía tambaleante, espero que el liderazgo del Senado encuentre la manera de abordar sus responsabilidades constitucionales sobre el juicio político, al tiempo que trabaja sobre los asuntos urgentes de esta nación”, puntualizó Biden en su declaración por escrito.

Sobre el asalto al Capitolio, el presidente electo subrayó que fue un ataque a la democracia de su país, algo que jamás habían visto ni vivido en los 244 años de historia de Estados Unidos.

Y recordó que los vándalos que atacaron el Congreso rompieron puertas, ventanas, destruyeron oficinas y asesinaron a un elemento de la policía del Capitolio, además de la muerte de otras cuatro personas involucradas en el asalto.

“Este ataque criminal fue planeado y coordinado, se llevó a cabo por extremistas políticos y terroristas domésticos que fueron incitados a la violencia por el presidente Trump”, arremetió Biden.

En ese tenor, quien será el presidente constitucional número 46 de Estados Unidos agregó: “Todos aquellos responsables deben rendir cuentas” de la insurrección armada contra la nación norteamericana.

De ser declarado culpable por el Senado, por el delito de incitación a la insurrección, Trump quedará vetado de por vida para participar en el proceso electoral presidencial o para buscar cualquier puesto de elección popular en su país, así como para dirigir, organizar o financiar un grupo o partido político.

Proceso
Jesús Esquivel
Washington, DC, EU
Miércoles 13 de enero de 2021.


'Es un asalto al imperio de la ley como lo hemos visto en mucho tiempo', agregó


Washington.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la democracia de Estados Unidos está bajo ataque y pidió a Trump dar mensaje para calmar a 'turba'.

"Nuestra democracia está en un ataque sin precedentes, como no habíamos visto en los últimos tiempos", dijo Biden en un mensaje a la nación. "Es un asalto al imperio de la ley como lo hemos visto en mucho tiempo", agregó.

"Le exijo a esta turba que se detenga", dijo Biden. "Le pido al presidente Trump que salga en televisión nacional y pida fin a esto", agregó.

"No es una protesta, es una insurrección. Nuestra nación, que siempre fue vista como una luz de democracia, está en una época oscura".

Biden, sin embargo, dijo que se mantiene optimista de que el país puede salir adelante.

"Las escenas de caos en el Capitolio no representan quienes somos", dijo, "lo que vemos es un pequeño número de extremistas".

"Este es un recordatorio de que la democracia es frágil", señaló el próximo mandatario.

Associated Press
Washington, DC, EU.
Miércoles 06 enero 2021.


Simpatizantes del presidente Donald Trump ingresaron por la fuerza en el Capitolio, en protesta por la derrota electoral del mandatario.


Washington.- La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ordenó el miércoles un toque de queda en toda la ciudad después de que partidarios del presidente Donald Trump asaltaran el Capitolio en protesta por la derrota electoral del mandatario.

Bowser dispuso un toque de queda desde las 18 horas locales (23 horas GMT), después de que miles de manifestantes pro-Trump llegaran al Congreso de Estados Unidos y forzaran a los legisladores a declarar un receso, cuando comenzaban el proceso de confirmar a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos.

El toque de queda permanecerá vigente hasta las 06 horas del jueves.

La decisión fue el punto culminante de un día que empezó con tensión y desembocó en violencia, caos y el ataque al poder legislativo.

A pesar de que avivó la protesta en un mitin callejero, Donald Trump instó a sus partidarios a expresarse en forma "pacífica".

"Por favor apoyen a la Policía del Capitolio y a las fuerzas del orden", dijo Trump en Twitter más de una hora después de que manifestantes rompieran el cordón de seguridad.

"Ellos están verdaderamente del lado de nuestro país", dijo Trump. "¡Manténganse pacíficos!", añadió.

El gobernador de Virginia dijo que enviará 200 policías estatales y miembros de la Guardia Nacional a Washington, para sofocar los disturbios. El Departamento de Seguridad Nacional también anunció la movilización de agentes.

AFP / AP
Washington, EU.
Miércoles 6 de enero de 2021.


El actor de películas para adultos Ron Jeremy se declaró inocente de nuevos cargos de violación y abuso sexual vinculados a seis víctimas, incluyendo una chica adolescente, dijeron fiscales.

Jeremy, de 67 años, presentó el miércoles sus declaraciones a siete cargos adicionales, entre ellos tres de violación forzada, según un comunicado de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Los nuevos cargos derivan de presuntos ataques que datan de 1996 a 2013 a víctimas de entre 17 y 38 años, dijeron los fiscales.

La menor de 17 años fue violada en una casa en Woodland Hills en 2008, indicaron.

Entre las otras víctimas hay una joven de 19 años violada durante una sesión de fotos en el Valle de San Fernando; una mujer de 26 años violada en una fiesta en un club nocturno; una mujer de 38 años sexualmente abusada en un bar en West Hollywood donde Jeremy era un cliente asiduo; una mujer que fue atacada sexualmente en la casa de Jeremy, y una mujer que fue abusada en un club de nudistas.

Jeremy ahora enfrenta un total de 35 cargos relacionados con 23 presuntas víctimas, una de ellas de 15 años, por ataques que habrían ocurrido entre 1996 y el 2020, según las autoridades.

Apodado “The Hedgehog” (El Erizo), Jeremy es uno de los actores más famosos y prolíficos de la industria pornográfica desde la década de 1970.

Jeremy, cuyo nombre legal es Ronald Jeremy Hyatt, fue investigado y acusado por un equipo de la fiscalía creado para hacer frente a la violencia sexual en el mundo del espectáculo cuando el movimiento #MeToo cobró fuerza a finales de 2017.

Desde junio se encuentra en la cárcel con una fianza de 6,6 millones de dólares.

De ser hallado culpable de todos los cargos, podría ser sentenciado a más de 330 años en prisión o cadena perpetua.

The Associated Press
Los Ángeles, California
Viernes 27 de noviembre de 2020.


“Es lo mejor para el interés de nuestro país”, ha asegurado en un tuit el republicano, que no ha reconocido la victoria del demócrata Joe Biden

Veinte días después de perder las elecciones, el presidente Donald Trump ha dado luz verde a su Administración para proceder con la transición de poder. No ha reconocido su derrota. Pero, después de que la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) asegurara que Joe Biden es el “aparente ganador” de las elecciones, despejando el camino para el relevo, el presidente ha seguido el consejo de los asesores que le pedían que lo hiciera antes de Acción de Gracias y ha recomendado a su equipo, a través de Twitter, que hagan “lo necesario” en relación con “los protocolos iniciales”. “Es lo mejor para el interés de nuestro país”, ha asegurado.

“Nuestra causa continúa fuertemente, seguiremos luchando, y creo que prevaleceremos. Sin embargo, en el interés de nuestro país, recomiendo que Emily [Murphy, administradora de la GSA] y su equipo hagan lo que haya que hacer en relación con los protocolos iniciales, y he dicho a mi equipo que haga lo mismo”, ha tuiteado el presidente este lunes por la tarde. El índice Nikei de la Bolsa de Tokio ha reaccionado con subidas tras conocerse la noticia.

El equipo de transición del presidente electo ha asegurado que en los próximos días iniciará una ronda de reuniones con funcionarios federales, “para discutir la respuesta a la pandemia y tener información detallada” sobre los intereses estadounidenses “de seguridad nacional, además de alcanzar una plena comprensión acerca de los intentos de la Administración de Trump de vaciar las agencias gubernamentales”, ha anunciado el responsable del equipo, Yohannes Abraham.

En los últimos días, se había redoblado la presión sobre Trump para que diese vía libre a la transición de poder, un proceso reglado por ley que permite a la Administración entrante reunirse con la saliente, ponerse al día de los asuntos importantes y hasta contar con medios materiales para hacerlo, entre ellos, un total de seis millones de dólares (algo más de cinco millones de euros), además de tener acceso a informes de inteligencia. Senadores y otras figuras del Partido Republicano, un centenar de expertos en seguridad nacional y más de 160 líderes empresariales le han pedido al presidente que desbloqueara un proceso destinado a evitar sobresaltos en el cambio de un Ejecutivo a otro.

La GSA, a través de su responsable, Emily Murphy, había enviado una carta este mismo lunes al equipo del presidente electo Joe Biden en la que les anuncia que están listos para iniciar el proceso formal de transición presidencial. “Me tomo en serio este papel y, por los recientes acontecimientos relacionados con desafíos legales y certificación de resultados electorales, transmito esta carta hoy para que dispongáis de esos recursos y servicios”, escribió Murphy en la carta, de una página.

La carta se envió después de que el Estado de Michigan certificara este lunes la victoria de Biden en ese Estado, donde el demócrata se impuso por 155.000 votos. Rudy Giuliani, al frente del equipo legal del presidente Trump, lleva estas dos semanas llenando la cabeza del presidente con teorías conspiratorias sobre supuestos fraudes masivos, y diciéndole que sus asesores le mienten. Pero la influencia de Giuliani quedó menguada por la contundente, si no humillante, reciente derrota judicial en Pensilvania, seguida de la certificación de su derrota en Michigan, donde el presidente centró su fracasada ofensiva destinada a que los legisladores estatales desoyeran el sentido del voto de sus ciudadanos y enviaran al colegio electoral a partidarios de Trump.

Murphy asegura en su carta que no recibió ninguna “presión directa o indirecta” por parte del Ejecutivo para retrasar su decisión, pero que sí recibió “amenazas” para tratar de obligarla a tomar su “decisión de manera prematura”. En sus tuits, el presidente Trump se refiere también a esas “amenazas y abusos” como justificación de su decisión de dar luz verde al proceso.

La certificación de la victoria de Biden en Michigan se suma a una serie de derrotas sufridas por Trump y su equipo en su cruzada por revertir el resultado de unas elecciones que el republicano perdió por un margen de seis millones de papeletas y una ventaja de 74 votos en el colegio electoral. Trump pretendía retrasar el proceso de certificación del resultado en dicho Estado, que proporciona 16 votos en el colegio electoral. La víspera, en Pensilvania, la justicia falló contra la campaña republicana que acusaba a los demócratas de fraude.

El País
Pablo Guimón
Washington, DC. EU
Martes 24 de noviembre de 2020.

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