El SAT determinó que tales operaciones fueron simuladas con empresas fantasma


El desfalco al IMSS en el sexenio de Enrique Peña Nieto abarcó el desvío de recursos públicos a empresas fantasma que supuestamente vendieron ventiladores, uniformes quirúrgicos y medicamentos; sin embargo, el SAT determinó que tales operaciones
fueron simuladas, porque las compañías no contaban con empleados ni infraestructura para llevarlas a cabo.

Entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que pagó 320.9 millones de pesos que debieron emplearse para fortalecer la infraestructura hospitalaria del instituto, que ahora enfrenta uno de sus mayores retos ante el COVID-19.

La mayor parte de los recursos se destinaron a la supuesta compra de al menos 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.

En marzo, Impunidad Cero y Justicia Justa dieron a conocer en un estudio que entre 2014 y 2018 los sectores de Salud federal y estatales desviaron 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma. El IMSS fue la segunda institución con el mayor desfalco.

Este diario hizo una búsqueda en CompraNet y en el portal de compras del IMSS de los contratos que se otorgaron a los 133 proveedores señalados como fantasma por el SAT y exhibidos en el estudio. Así, se encontró que una parte de los recursos se usaron para la supuesta adquisición de insumos que hoy necesitan los hospitales.

Por ejemplo, uno de los contratos supuestamente fue para la adquisición de nueve ventiladores en 2017. La empresa beneficiada con 4.7 millones de pesos fue Interacción Biomédica, que cuando firmó el contrato con el IMSS el 28 de noviembre de 2017 ya tenía cuatro meses de haber sido exhibida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el SAT como una empresa fantasma.

Denise Dron, investigadora de Justicia Justa, explica que "la consecuencia más grave son todas las deficiencias que hay en los servicios de salud y que se agravan en zonas marginadas.

"Estamos viendo, ahora con el coronavirus, que no tenemos un sistema de salud que pueda hacer frente y atender a la población como esperaríamos".

El Universal
Ciudad de México
Lunes 04 de mayo de 2020.


El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas, de manera detallada, del actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, y de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.

En un primer oficio, del cual posee una copia EL UNIVERSAL, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).

La solicitud de información la envió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a Sandro García Rojas Castillo, quien es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, y fue recibida el pasado 14 de abril; en ella detalla que se realiza una investigación en materia de evolución patrimonial en contra del expresidente.

En la petición aparecen, al menos, 50 instituciones bancarias en donde podría haber cuentas de Peña Nieto y sus familiares, como Banca Afirme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Citibanamex, Santander, HSBC, Bancofiel, Bank of China México, Bank of America México, American Express Bank México, Banco Azteca, BBVA México y Banco Multiva, entre otras.

La Función Pública solicita permitir el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018, cuando finalizó su sexenio.

El oficio también pide una revisión en casas de cambio, entidades de ahorro y demás relativas “en las que figuren con el carácter de titular autorizado y/o beneficiario” de Peña Nieto Angélica Rivera, Paulina Peña, Nicole Peña, Alejandro Peña y Diego Alejandro Peña.

Después de este rastreo, la Función Pública solicita que se le proporcione “copia certificada de la documentación relativa a estados de cuenta, expedientes de apertura en donde se incluyan los contratos de registros de firmas, documentación proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente específico, expedientes tomados con motivo de contratos de créditos hipotecarios, créditos de automóvil, créditos personales y créditos de consumo, así como información relativa a la fecha de otorgamiento, monto original, plazo y saldo a la fecha”.

EL UNIVERSAL consultó a la Función Pública sobre la autenticidad del documento y un vocero de la institución respondió que, en cualquier investigación, por cuidado del debido proceso, se complica dar información o comentarios en un sentido u otro.

En un segundo oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó toda la información relativa al actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda y de su esposa Alma Laura Saldaña Farach, desde 2010 a la fecha, “con la finalidad de ejercer las facultades de análisis y procesamiento de información que se tienen conferidas a esta Unidad de Inteligencia Financiera”.

En este documento, del cual también EL UNIVERSAL posee una copia, se describe que Luis Enrique Miranda y Alma Laura Saldaña tienen carácter de “investigados” y se solicita además toda la información de cuentas, contratos firmados, créditos o casas a nombre de cualquiera de los dos.

“Hágase del conocimiento el presente requerimiento a la o al oficial de Cumplimiento de la institución requerida, por lo que se hace a la siguiente información, en lo correspondiente de manera electrónica, y en el caso aplicable conforme a las disposiciones y sus anexos correspondientes, a partir de noviembre de 2017, en archivo electrónico Excel modificable, respecto a la información de cada contrato, crédito y/o casa, cuenta localizada o registrada a nombre de las personas investigadas o bien en su calidad de cotitulares y/o terceros facultados o autorizados, beneficiarios finales, accionistas, fiduciarios, fideicomitentes o alguna otra figura en la que no funjan como titulares de manera directa”, define el documento.

Se solicitan estados de cuenta detallados y mensuales de 2010 a la fecha o desde la apertura de la cuenta, si fuese posterior a la señalada, hasta la fecha de recepción del presente.

Asimismo, pidió el expediente de identificación del cliente en donde se visualicen claramente los rasgos físicos del titular, cotitular, intervinientes y los terceros con facultades o autorizados.

También, documentos probatorios de sus respectivos domicilios y, en su caso, de sus verificaciones; también, los contratos de apertura y el registro de firmas autorizadas. Asimismo, las escrituras constituirles y de los documentos que contengan los poderes de los representantes legales cuando no se encuentren contenidos en dichas escrituras.

Este jueves, el propio titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que Luis Enrique Miranda se encuentra bajo investigación. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre qué casos.

Nieto Castillo aseguró que no se busca encarcelar a exfuncionarios de la administración pasada sólo por verlos presos, sino llevar los casos a tribunales para acabar con la impunidad.

“Se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya (exdirector de Pemex y en proceso de extradición), está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, dijo Santiago Nieto en una reunión virtual con diputados del PT.

EL UNIVERSAL buscó al expresidente Enrique Peña Nieto y al propio Miranda para que fijaran una posición, pero no se les localizó.

Peña Nieto se encuentra ausente de la vida pública del país y la última vez que se le vio en público fue el miércoles 18 de septiembre del año pasado, cuando se disfrazó junto a la modelo Tania Ruiz para poder cenar en un restaurante de Nueva York.

Cabe recordar que el 2 mayo de 2019 el extitular del Ejecutivo informó a través de sus redes sociales la separación definitiva de Angélica Rivera. Y hace unos días reapareció en Twitter para lamentar el fallecimiento de su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y del exgobernador mexiquense Ignacio Pichardo.

El Universa
Carina García
Horacio Jiménez
Ciudad de México
Viernes 17 de abril de 2020.


El exsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, falleció este miércoles tras sufrir un infarto cerebral el lunes pasado.

El exfuncionario público se encontraba en el hospital ABC de Observatorio desde el lunes 30 de marzo y estaba próximo a cumplir 71 años el 22 de abril.

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en Twitter para dar la noticia de su muerte y extender sus condolencias públicas a la familia de Ruiz Esparza, luego de meses alejado de esta red social.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y excolaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD”, publicó el expresidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter.

Enrique Peña Nieto

@EPN
Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y excolaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD

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15:04 - 1 abr. 2020
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La última vez que Peña Nieto publicó un comentario fue en 2019 cuando rechazó cualquier relación con la compra-venta de la planta chatarra de fertilizantes Fertinal.

Por su parte, el excandidato presidencial por el PRI y exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, también expresó sus condolencias vía Twitter.

“Mis oraciones y condolencias a la familia y amigos de @ruizesp por su sensible fallecimiento”, escribió Meade.

José Antonio Meade??

@JoseAMeadeK
Mis oraciones y condolencias a la familia y amigos de @gruizesp por su sensible fallecimiento.

2.645
15:39 - 1 abr. 2020
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Mientras que Miguel Ángel Osorio Chong publicó: “Lamento el fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza. Mis sentidas condolencias para su familia y seres queridos. Que en paz descanse”.

Hombre cercano a Peña Nieto, como extitular de la SCT estuvo involucrado en escándalos de corrupción como en la llamada Estafa Maestra, en la que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) documentó un esquema de triangulación de recursos vía universidades públicas, que derivó en una amplia investigación periodística a once dependencias del gobierno federal.

También su gestión frente a la SCT durante todo el sexenio peñista quedó marcada por el trágico accidente en 2017 del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca a 5 meses de inaugurada la obra, con saldo de dos muertos. Tras indagatorias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la SCT era la principal responsable de las irregularidades en la planeación y ejecución del Paso Exprés.

Ruiz Esparza era investigado por actos de corrupción ligados a la empresa constructura OHL, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien reveló en 2019 que la unidad a su cargo había interpuesto dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por contratos asignados a OHL.

Ruiz Esparza se desempeñó también como secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno del Estado de México de 2005 a 2011, en ese entonces encabezado por Peña Nieto.

Proceso
Neldy San Martín
Ciudad de México
Miércoles 1 abril 2020.


•    Se trata de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas

•    Son cuatro convenios por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos

Ciudad de México. - La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal una audiencia para imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos, por el caso de la llamada "Estafa Maestra".

Se trata de Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución, quienes ya fueron requeridos para una audiencia de imputación.

Los presuntos implicados iban a comparecer esta semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, pero debido a la cancelación de actividades del Poder Judicial de la Federación (PJF), por el Covid-19, la audiencia fue pospuesta para después del 20 de abril.

De acuerdo con informes del PJF, será el primer caso en el que la FGR fincará el delito de peculado, ya que en los anteriores sólo ha imputado ilícitos como ejercicio o uso ilícito de atribuciones y facultades.

Este caso corresponde a cuatro convenios específicos suscritos en octubre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, por un monto de 186 millones 113 mil 374 pesos.

La Universidad debía entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec.

En marzo y abril de 2016, la Sedatu pagó la totalidad de los convenios con recursos presupuestales de ese año y del anterior, cuando fueron suscritos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Argumentado que no tenía el tiempo suficiente para un procedimiento de licitación, la UPCH subcontrató los servicios mediante adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por una suma de 81 millones 642 mil 800 pesos.

La empresa subcontratada por la Universidad cobró sin prestar un servicio y, además, la UPCH se quedó con más de 104 millones de pesos, el 56 por ciento de los recursos que recibió de Sedatu.

Según las pesquisas, la empresa también subcontrató a otras cuatro razones sociales que dispersaron los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.

De acuerdo con la imputación, los más de 104 millones no sólo no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con Sedatu, sino que la UPCH usó ese dinero para adquirir una solución tecnológica Big Data y dos camionetas, lo que presuntamente evidencia que los recursos públicos fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados, es decir, constituye el desvío o peculado.

El 6 de abril de 2017 el Rector de la UPCH comunicó por escrito a la ASF que no se habían realizado antes estudios similares a los prestados a la Sedatu, por lo que no tenían experiencia y manifestó que "fueron invitados a participar en el proyecto directamente por la titular de la Sedatu (Rosario Robles)".

Reforma
Ciudad de México
Sábado 21 de marzo 2020.


De acuerdo con fuentes allegadas al caso, Lozoya contrató los servicios del ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España


Ciudad de México. - El ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, será el abogado de Emilio Lozoya en el juicio de extradición por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, delitos por los cuales se le pretende juzgar en México.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató los servicios del jurista ibérico, con el propósito de litigar e impedir su entrega a las autoridades mexicanas.

Garzón es conocido por prohibir la operación del Partido Batasuna, dada su vinculación con la organización terrorista vasca ETA, así como por instruir las causas por los crímenes del franquismo y delitos de lesa humanidad contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, e integrantes de la última dictadura argentina como Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en México en el año 2000.

Sin embargo, en el 2012 fue destituido e inhabilitado por 11 años para desempeñar la carrera judicial, tras hallársele responsable de prevaricato en la instrucción del llamado Caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en España y que involucró a varios integrantes del Partido Popular.

Tras la separación del cargo, asumió la defensa del australiano Julián Assange, fundador del sitio de internet Wikileaks, que ha difundido documentos de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos.

El pasado 12 de febrero Lozoya fue detenido en Málaga, España, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, con el propósito de llevarlo a proceso por dos causas penales.

En una le imputan recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir 38 millones de pesos su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

En la segunda, le atribuyen recibir sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), así como de la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa por una suma de 1.9 millones de dólares.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Miércoles 04 de marzo de 2020.


El ex Secretario de Gobernación está en la mira de las autoridades; el dueño de las casas que habitaba fue beneficiado en obra asignada con sobornos a Odebrecht. También rastrean contratos que dio Nuvia Mayorga, actual compañera de Osorio en el Senado.


Las autoridades federales investigan al ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su casero, por su probable participación en la trama de corrupción de Odebrecht, según consta en documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En el esquema que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los fondos transferidos por Odebrecht, se detectaron pagos al Grupo Constructor Tulancingo, propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Osorio Chong en Bosques de las Lomas y en Lomas de Chapultepec.

Los pagos de Odebrecht a la empresa hidalguense fueron por supuestos servicios como subcontratista en la modernización de la refinería de Tula, obra que fue asignada por Pemex en 2013 mediante sobornos, según han confesado ex directivos de la constructora brasileña.

El esquema de la UIF incluye una conexión del Grupo Constructor Tulancingo con contratos públicos asignados en el anterior sexenio por organismos federales cuyos titulares eran estrechos colaboradores de Osorio Chong desde hace 15 años.

Lee: Casero de Osorio Chong, beneficiado con obras subcontratadas por Odebrecht: MCCI

Entre las dependencias que otorgaron contratos a la constructora del casero de Osorio Chong estuvieron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -CNDI, organismo que dependía de Gobernación- y el centro Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ambas dependencias las encabezaban dos colaboradores de Osorio desde los días en que fue Gobernador de Hidalgo, entre 2005 y 2011: al frente de la CNDI estaba Nuvia Mayorga, quien fue su Secretaria de Finanzas en la gubernatura, mientras que el director del centro de la SCT en Pachuca era Alberto Salomón Bulos, su ex Subsecretario de Obras.

Nuvia Mayorga, además, había sido invitada por Osorio para colaborar, desde el PRI nacional, en la campaña presidencial de 2012; él era Secretario de Operación Política y ella se integró como titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización.

Actualmente Osorio y Nuvia Mayorga son senadores por el PRI y gozarán de fuero constitucional hasta el año 2024.

Esta no es la primera vez que se involucra a Nuvia en el caso Odebrecht. En agosto de 2017 el columnista Salvador García Soto afirmó que el propio Emilio Lozoya llegó a comentar a personas cercanas que él no había recibido el dinero de Odebrecht y que esos recursos llegaron a través de “una operadora financiera de un gobernador” y mencionaba en concreto el nombre de Nuvia Mayorga, ex secretaria de Finanzas de Hidalgo.

El 31 de enero de 2018, el periódico Reforma publicó que Nuvia estaba en la mira de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la que incluso solicitó informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre sus cuentas, ante las sospechas de que pudiera haber recibido fondos de Odebrecht en la campaña de 2012.

En ambos casos, Nuvia Mayorga negó las acusaciones y ofreció renunciar al secreto bancario para que los manejos de sus cuentas sean conocidos.

Crece constructor de la mano de Osorio

Cuando Osorio Chong dejó la gubernatura de Hidalgo, en marzo de 2011, se mudó a la Ciudad de México para participar en la campaña presidencial de Peña Nieto. Primero ocupó una casa en Bosques de las Lomas y luego se mudó a una vivienda en Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec; ambos inmuebles estaban escriturados a nombre de las constructoras de Aniano Sosa, según reveló la revista Proceso en su edición del 11 de abril de 2015.

En respuesta al reportaje de Proceso, Osorio Chong reconoció que habitó las dos residencias, pero que fue mediante un contrato de arrendamiento, el cual nunca mostró ni dijo cuánto le pagaba mensualmente al constructor de Hidalgo.

Grupo Constructor Tulancingo y su filial Construcciones Sky –ambas, propiedad de su casero- tuvieron su despegue como contratistas cuando Osorio Chong fue gobernador de Hidalgo entre 2005 y 2011, periodo en el que sumaron asignaciones por 1,700 millones de pesos en aquella entidad.

La buena fortuna de las constructoras continuó en el pasado sexenio, cuando obtuvieron contratos en el gobierno federal por 785 millones de pesos.

Uno de los mayores contratos, por 132 millones de pesos, lo asignó el centro Hidalgo de la SCT en enero de 2013, en los primeros días del gobierno de Peña, a favor del Grupo Constructor Tulancingo, para modernizar la carretera Pachuca-Huejutla.

El contrato lo firmó Alberto Salomón Bulos, director del centro SCT, quien había sido Subsecretario de Obras durante la gubernatura de Osorio Chong.

En abril de 2014, la misma constructora recibió la asignación de un contrato por 14 millones de pesos de la CNDI -encabezada por Mayorga, también ex funcionaria de Osorio- para ampliar un camino en Hidalgo.

Esa misma dependencia integró a la constructora en procedimientos de invitación restringida en Oaxaca y le otorgó más contratos en Hidalgo.

Le ceden obra de sobornos

El 24 de noviembre de 2017, MCCI reveló que el contrato para la modernización de la refinería de Tula, que Pemex había asignado a Odebrecht mediante el supuesto pago de sobornos, terminó parcialmente en manos del casero de Osorio Chong.

El contrato original asignado a Odebrecht en Tula fue de 1,666 millones de pesos (IVA incluido), pero se elevó a 2,686 millones de pesos, debido a que se subcontrató prácticamente toda la obra, de acuerdo con el expediente al que MCCI tuvo acceso.

Grupo Constructor Tulancingo y Construcciones Sky Universal, propiedad del empresario hidalguense Carlos Aniano Sosa Velasco, aparecen como subcontratistas de Odebrecht en el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-414.

Para ejecutar la obra en la refinería de Tula, las dos constructoras del casero de Osorio Chong se aliaron con Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA), que ha sido señalada por un delator de Odebrecht de haber sido recomendada por Emilio Lozoya, actualmente preso en España.

“En 2011, había sido Lozoya quien recomendó a Odebrecht que se asociara a una empresa local, la contratista Construcciones Industriales Tapia, para participar en la futura licitación de la construcción de una nueva refinería en Tula”, publicó el 13 de agosto de 2017 el diario brasileño O’Globo, al revelar la delación jurada que había presentado ante la Procuraduría de Brasil el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll.

“El dueño de CITAPIA, Juan Carlos Tapia, era de la ciudad de Tula y transitaba entre todo el espectro político y en las tres esferas de gobierno, siendo capaz de, asociado a la experiencia de Odebrecht, conquistar la millonaria obra que se avecinaba”, abundó O’Globo al parafrasear la delación de Weyll.


Aristegui Noticias
Por Raúl Olmos/ MCCI
Ciudad de México
Miércoles 26 de febrero de 2020.


En un veredicto histórico, una jueza en EE.UU. proporcionó justicia a los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Afirmó que la versión oficial del caso Ayotzinapa fue fabricada.

Durante cuatro años fui testigo de un proceso judicial histórico en una Corte en Florence, Arizona. El veredicto fue dictado el 7 de enero pasado y dio un inesperado giro al caso de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Crimen que marcó el gobierno del ex presidente de México Enrique Peña Nieto. Lo que ni el actual gobierno de México se ha atrevido a decir, lo dijo de manera clara y contundente la Juez Molly S. Frazer: solo instituciones del gobierno federal mexicano tenían el poder e influencia política suficiente para desaparecer a los normalistas y fabricar una versión falsa oficial para encubrir la verdad.

Todo ocurrió en el marco de un juicio de asilo político solicitado por un mexicano llamado Ulises Bernabé García, quien la noche de la desaparición de los jóvenes estudiantes era un simple juez de barandilla temporal, que multaba las personas que bebían en la vía pública o manejaban en estado de ebriedad, o hacían escándalos en la vía pública. De un simple juez de paz, como también se conoce a estos servidores públicos, Bernabé García pasó a ser un testigo clave de los hechos que ocurrieron y que no ocurrieron esa noche.

Tradicionalmente las cortes migratorias en Estados Unidos son conservadoras, aún más en un estado como Arizona, donde existen grupos de ultra derecha que cazan en el desierto a migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera de México a la USA. Los juicios de mexicanos que piden asilo político en ese país son difíciles y que les sea concedida la protección del gobierno americano casi imposible.

A fines de 2015, la abogada americana Margo Cowan, representante legal de Bernabé García, reconocida por su lucha por la defensa de los derechos humanos de los migrantes, me pidió declarar ante la Corte como ‘testigo experto', una categoría judicial en la ley norteamericana. Yo había investigado el caso de la desaparición de los estudiantes y había ya encontrado pruebas documentales y testimonios claros que mostraban que la versión de la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto sobre los hechos ocurridos en Iguala era falsa. Mis hallazgos los hice siguiendo mi método de investigación que me ha permitido descubrir y documentar verdades antes que la lenta y muchas veces viciada justicia mexicana.

Cowan sabía que uno de mis testigos principales había sido Bernabé García. Lo conocí en noviembre de 2014 cuando viajé a Iguala por primera vez para hacer una investigación de campo de la desaparición de los normalistas, financiada por el Programa de Periodismo de Investigación de UC Berkeley. Mi padre había sido secuestrado y desaparecido en el año 2000, el no saber donde estaba, si sufría, si tenía hambre o frío, fue un suplicio. Podía imaginar lo que los padres de los 43 sentían por no saber nada de sus hijos en más de 30 días. Puedo imaginar su dolor luego de seis años de no conocer su paradero.

En aquel viaje la primera voz clara, nítida, espontánea y sin prejuicios que escuché fue la de Bernabé García. Cuando todo era turbio, cuando el gobierno de México imponía a los medios de comunicación nacionales e internacionales su "versión oficial”, cuando afirmaba que el ataque había sido orquestado por el presidente municipal José Luis Abarca y su policía, sin que el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la base de la Policía Federal, la base de la PGR, ni de la policía estatal tuvieran conocimiento de eso, cuando todas esas oficinas se encontraban en el perímetro de los lugares donde ocurrió el ataque contra los muchachos, la muerte de tres de ellos y la desaparición de los 43.

La conversación con él, como cuando hago este tipo de investigaciones, comenzó de manera casual. Él estaba libre, no tenía ningún problema legal, y el cargo que había tenido de juez de barandilla había sido accidental ya que era sustituto del titular que había pedido permiso de ausentarse durante tres meses. Le pregunté cómo había sido toda esa jornada del 26 de septiembre de 2014. Su memoria aún estaba muy fresca. Me dijo incluso hasta a qué hora se levantó, a qué hora se presentó a trabajar esa mañana en la base de la policía municipal de Iguala.  A que hora fue a comer el lunch, a qué hora regresó, y cuantas personas habían sido arrestadas durante ese día y llevadas a la base de la policía municipal. Dijo que seis. Me mostró ahí mismo las boletas de multas que había puesto y cómo a los hombres arrestados no habían tenido dinero para pagar los habían metido en las celdas de la base.

Según la versión de la PGR, esa noche, mientras el juez de barandilla ponía multas a personas que bebían u orinaban en la vía pública, los 43 habían sido llevados a la base de la policía municipal y de ahí habrían sido llevados en camionetas de la policía a un paraje donde habrían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado y quemado. Todo por órdenes que supuestamente había dado el presidente municipal José Luis Abarca.

Pregunté a Bernabé García por los estudiantes, me miró y con claridad me dijo: ‘nunca estuvieron ahí, que le pregunten al ejército. La prueba de que no estuvieron ahí es que el Ejército llegó a las mismas horas en que dicen que los estudiantes estaban ahí'. La hora que decía la PGR era entre las 23:30 y 24:00 A esa hora ocurrió en las calles del centro de Iguala el ataque más feroz. Los normalistas fueron balaceados y perseguidos por las calles. Dos de ellos quedaron heridos tirados en el asfalto bajo la lluvia.

Bernabé García fue el primer testigo en decir que el Ejército estuvo en las calles a la hora de los ataques. Era mentira que no habían tenido conocimiento de los hechos como decía el gobierno. ¿Por qué mentir si no había nada que esconder?, pensé. Ese fue el origen de mi investigación sobre la presencia y participación del Ejército. El juez de barandilla no mintió, un año después el propio Capitán del 27 Batallón, luego de mentir varias veces en sus declaraciones ministeriales, reconoció la versión de Bernabé García.

Después de esa pista encontré muchos elementos, incluyendo pruebas periciales que probaban que el Ejército y la Policía Federal encabezaron el ataque de esa noche y la desaparición de los estudiantes. Quien coordinaba a todas las fuerzas del orden era el Ejército, el alcalde y la policía municipal eran pequeñas figuras en comparación a la fuerza del Ejército y otras corporaciones del gobierno federal que estuvieron vigilando y siguiendo a los estudiantes desde cuatro horas antes de los ataques, durante estos y la desaparición de los 43. Gracias a Bernabé García seguí la pista para descubrir que el Ejército controlaba las cámaras de seguridad de toda la ciudad, y fue el Ejército el único que había podido borrar los videos de dichas cámaras para eliminar cualquier prueba que los involucrara.

Publiqué esta primera parte de mi investigación en diciembre de 2014, titulé al artículo "La Verdadera Noche de Iguala”, que después se convirtió en un libro publicado en 2016. A consecuencia de ese reportaje que pegaba justo en el punto más frágil del discurso del gobierno de Peña Nieto, días después el entonces procurador salió a dar "verdad histórica” basada en declaraciones obtenidas bajo tortura, y cero pruebas periciales que pudieran confirmar algún rastro de veracidad de dichas declaraciones. Comenzó una feroz persecución contra Bernabé García y para salvar su vida ingresó de manera ilegal a Estados Unidos y pidió asilo político porque su vida estaba en serio peligro.

Durante 4 años testifiqué en la Corte de Arizona ante la Juez Molly S Frazer. Yo solo narré mi investigación periodística paso por paso, aporte documentos y pruebas. En cada audiencia, ella preguntaba hasta el más mínimo detalle. Se veía que estudiaba el caso. Tuvo en su poder 61 pruebas presentadas por Cowan y por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security ) que se oponía a que Bernabé García tuviera el asilo político. En primer lugar porque por norma se oponen a dar asilo político no importa el perfil de la persona, y en segundo lugar porque a raíz de las declaraciones que me dio la PGR en México giró una orden de arresto en su contra, para silenciarlo, y el Ejército comenzó a perseguirlo.

Por el nivel de profundidad al que llegó el juicio, y lo sé porque estuve ahí, Frazer no sólo estaba juzgando su debía o no conceder el asilo a Bernabé García, ella quería realmente conocer la verdad de lo que pasó esa terrible noche en Iguala. La Juez pudo haber solo dado un resolutivo sobre Bernabé García, pero el 7 de enero de 2020 dio un paso más allá: no solo decidió conceder el asilo político del juez de barandilla, sino también emitió un fallo histórico que sienta el primer antecedente de una Corte americana sobre una violación grave a derechos humanos en México.

"La Corte está de acuerdo con la conclusión del testigo experto, la Señora Hernández, de que la verdad histórica oficial, creada por el gobierno de México ha sido refutada, que numerosos testigos fueron torturados por el gobierno de México y que piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fín de sustentar la falsa verdad histórica”, afirma la sentencia de la Corte de Arizona.

 "(La Corte) Desafía la creencia de que un departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más posible que el gobierno federal de México y la policía federal hayan sido responsables de este horrible incidente”, afirma.

De este modo, la jueza Frazer no sólo dio protección a Bernabé García, sino proporcionó en tantos sentidos una forma de justicia a los 43 estudiantes desaparecidos, a sus familias, y a la sociedad mexicana. Justicia y verdad que hasta el día de hoy el gobierno del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador no puede o no se atreve a dar. Hay personas de su gabinete que piensan que el caso se mantendrá inconcluso porque el mandatario no quiere pelear contra el Ejército Mexicano. Aún espero que eso no sea verdad.

DW
Contracoriente!
Anabel Hernández
Washington, EU.
Martes 25 de febrero de 2020.


ASF detecta presunto fraude de Lozoya por más de mil 228 mdp en beneficio de OHL


Ciudad de México. - A través de sus opacas estructuras offshore, encabezadas por su filial PMI, Petróleos Mexicanos (Pemex) benefició a la empresa española OHL con una planta solidificadora de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz, en un presunto fraude de más de mil 228 millones de pesos que se gestó durante la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de la petrolera y continuó a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El contrato inicial, que nunca fue sometido al conocimiento del Consejo de Administración de Pemex, establecía que la planta debía arrancar a finales de 2016 con un costo de 43 millones de dólares. Sin embargo, la empresa productiva del Estado se endeudó por 75 millones, de los cuales gastó al menos 64 millones 321 mil dólares en la planta, que hasta la fecha no funciona.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó, en un informe publicado el pasado jueves 20, que esto se debe a vicios ocultos de OHL en la construcción –una bodega sufre hundimiento– y a “la inexistencia de oferta del principal insumo, que es el azufre”; por si fuera poco, la petrolera desembolsó más de 26 millones de pesos en la contratación de expertos para determinar los daños.

Este presunto fraude se suma a la amplia lista de irregularidades documentadas en las operaciones de OHL, corporativo del que Lozoya fue consejero entre 2010 y 2012, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en el gobierno federal: la constructora española recibió contratos públicos por más de 43 mil millones de pesos, además de concesiones carreteras que le generan rendimientos multimillonarios.

Durante su labor, la ASF se enfrentó a la negativa de Pemex a entregarle las cédulas de reportes y avances de OHL que justificaron los pagos millonarios de PMI, por lo que el órgano fiscalizador determinó que hubo “riesgos y posibles faltas administrativas graves a cargo de servidores públicos de Pemex y particulares”.

El pasado 20 de enero, la ASF solicitó la intervención de la Unidad de Responsabilidades de Pemex para investigar el caso y fincar las responsabilidades correspondientes; además, a raíz de la fiscalización, PMI demandó a OHL para pedir una garantía, y en agosto de 2019 reclamó una fianza por la bodega hundida.

La ASF observó que al menos cuatro filiales de PMI participaron en el fraude, en el que “se observó la inexistencia de controles, la falta de transparencia y la discrecionalidad (…) debido a que Pemex no acreditó la evidencia de las instrucciones, los criterios y mecanismos de instrumentación, así como los empleados responsables de cada proceso de las empresas prestadoras de servicios”.

El 9 de diciembre de 2013, PMI Norteamérica autorizó la creación la empresa PMI Azufre Industrial, S.A. de C.V. para desarrollar un proyecto de hasta 45 millones de dólares, que consistía en construir una planta solidificadora en Coatzacoalcos, a fin de transformar y comercializar el azufre que Pemex producía en ese puerto veracruzano.

En aquel entonces José Manuel Carrera Panizzo, director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios en Pemex, presidía el Consejo de Administración de PMI; Mario Beauregard Álvarez era director de Finanzas, y Víctor Díaz Solís fungía como director Corporativo de Administración y Servicios en la petrolera. Esos tres funcionarios, cercanos a Lozoya Austin, participaron en la integración del esquema.

En julio pasado, Carrera fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública y multado con 4 mil 206 millones de pesos debido a su papel en la adquisición de la planta chatarra de Agronitrogenados, en la que Lozoya presuntamente cobró sobornos a Altos Hornos de México.

El 21 de febrero de 2014, PMI Azufre otorgó un contrato de 43 millones 311 mil dólares más IVA a Escolaire España, S.A., filial de OHL, para construir la planta en un plazo de 19 meses. Para ello PMI contrató créditos por 50 millones de dólares, cuyo monto creció en los años siguientes a través de diversos convenios modificatorios.

La operación continuó hasta 2018, en la gestión de Carlos Treviño Medina al frente de Pemex, e “implicó la obtención de financiamientos por 75,098.1 miles de dólares, la emisión de acciones por la capitalización de su deuda, pagos a la empresa constructora OHL, la validación de los avances de obra y las gestiones de transferencia a otras empresas filiales de Pemex, operaciones que no fueron sujetas de un proceso de administración de riesgos implícito”, abunda la ASF en el informe citado.

De acuerdo con éste, en junio de 2018 PMI transfirió la planta con vicios ocultos a Mex Gas Internacional S.L. y MGI Asistencia Integral, S. de R.L. de C.V., dos empresas filiales de Pemex Transformación Industrial (PTRI); a pesar de los vicios ocultos, el 28 de julio de 2018 estas empresas y la filial de OHL firmaron el Acta de Recepción de la planta, “con trabajos pendientes de concluir por la constructora”.

La ASF observó que a estas irregularidades se sumó el hecho de que desde años antes era “improcedente” continuar con el proyecto, dado que “ya no existía la oferta de azufre que motivó la construcción de la Planta Solidificadora”.

El contrato con la empresa española se pactó durante la gestión de Lozoya, quien había sido consejero de OHL en 2010 –con apenas 35 años de edad–, una época en la que el grupo español entró en la Bolsa Mexicana de Valores e implementó un elaborado esquema financiero que le permitió inflar sus cifras, multiplicar sus ingresos y presuntamente prestarse al financiamiento de campañas políticas (Proceso 2259).

OHL se encuentra actualmente en el centro de una tormenta judicial en España, donde se le acusa de haber pagado sobornos a funcionarios; las autoridades ibéricas incluso sospechan que parte de los recursos usados para estos fines incluso provienen de México, donde la empresa opera concesiones carreteras, otorgadas principalmente en las administraciones de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto.

Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, OHL incursionó en el sector energético mexicano: Escolaire España construyó una planta de hidrogeno en la refinería de Cadereyta por 13 mil 141 millones de pesos; otro por 689 millones de pesos para construir un turbogenerador en la Refinería Madero, y otro más para supervisar la construcción del gasoducto Los Ramones –a cargo de la empresa Odebrecht–, que posteriormente fue operado por IEnova, una empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien entró en el consejo de administración de OHL el mismo día que Lozoya.

Lozoya renunció a la dirección general de Pemex escasos días después de que se filtraran audios de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, en los cuales se evidenciaban reuniones secretas y conflictos de interés con Lozoya; años más tarde, las autoridades españolas descubrieron que el exdirector de Pemex era socio del yerno de Villar Mir en una empresa española que canalizó presuntos sobornos.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Lunes 24  de febrero de 2020.


La investigación contra el expresidente Peña Nieto forma parte de las indagatorias realizadas a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra en un proceso de extradición en Málaga, España, según el diario estadounidense

La justicia mexicana está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años, dijo un funcionario mexicano, según reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal.
Las indagatorias sobre el exmandatario forman parte de la investigación realizada a Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex durante parte del gobierno previo, quien fue detenido la semana pasada en Málaga, España.

El exlíder de Pemex, quien se encuentra en un proceso de extradición, está acusado por autoridades mexicanas de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de la acerera mexicana Altos Hornos.

"La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados (comprada a Altos Hornos) y Odebrecht llega al más alto nivel", dijo el alto funcionario a The Wall Street Journal, refiriéndose a Peña Nieto.

"La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro", agregó.

El prestigioso diario dijo que Peña, quien ha negado haber realizado cualquier acto de corrupción, no pudo ser contactado de inmediato.

Reuters
Ciudad de México
Miércoles 19 de febrero de 2020.


El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos días"

El que fuera director de Pemex se suma a un grupo de antiguos funcionarios cercanos al exmandatario que son investigados por corrupción

La caída de Emilio Lozoya se suma a los esfuerzos de la cruzada anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lograda por policías españoles este miércoles en Málaga es un argumento que rompe con la sospecha del supuesto pacto de impunidad que el actual Ejecutivo mantenía con sus antecesores. Lozoya aguarda su extradición a México para sumarse a un coro de exfuncionarios y personajes muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto que son investigados por lavado de dinero y desvío de recursos.

Aunque la Fiscalía aún tiene que sustentar las acusaciones que penden sobre Lozoya en los tribunales, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya ha dado una narrativa al caso. “Yo lo considero como algo que está vinculado a una forma de abusar del poder y de los bienes de la nación. Esto se tiene que entender como parte de un todo”, dijo Gertz al diario La Jornada. El todo al que hace referencia el funcionario es la estructura de poder que cobijaba al exdirectivo de Pemex durante su gestión, de 2012 a 2016.

Lozoya fue capturado en Europa en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por jueces mexicanos. Una de ellas le acusa de recibir al menos 9,1 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht para asegurar contratos una vez que el político fuera nombrado director de la petrolera pública. Tres exdirectivos de la constructora brasileña afirmaron en declaraciones judiciales juramentadas en 2017 que el pago de mordidas comenzó en abril de 2012, cuando Lozoya era director de la campaña internacional de Peña Nieto. Los sobornos continuaron hasta 2016, cuando el exfuncionario habría cobrado cuatro millones de dólares en una transferencia. La Fiscalía mexicana conecta uno de estos depósitos con la compra en 2013 de una lujosa residencia en el balneario de Ixtapa, en el Pacífico mexicano, con valor de 1,9 millones de dólares. Lozoya desmintió estas acusaciones en una rueda de prensa en agosto de 2017.

Las investigaciones periodísticas sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por la cúpula de Pemex también han salpicado al expresidente. Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que documenta los abusos del poder, reveló en 2017 que un exdirector de Braskem, una filial petroquímica de Odebrecht, presumía de haber acompañado a "tiempo completo” la campaña presidencial del PRI. Este acompañamiento se habría hecho con cuantiosos depósitos mientras Braskem construía una planta de polietileno en el Estado de Veracruz.

El constructor Marcelo Odebrecht, quien reveló el mayor escándalo de corrupción de América Latina, se entrevistó cuatro veces en privado con Enrique Peña Nieto. El primer encuentro se dio en 2010 en Brasil, cuando el político mexicano hizo una gira al país sudamericano como gobernador del Estado de México. El segundo fue en la capital de ese Estado, Toluca, en octubre de 2011, cuando Peña Nieto aún preparaba su asalto presidencial. En noviembre de 2012, ya siendo ganador de las elecciones y presidente electo, ambos se reunieron en el Estado de Querétaro. El último encuentro se llevó a cabo en octubre de 2013 en Los Pinos, la residencia oficial del mandatario.

El procedimiento contra Lozoya se suma al que ya se lleva a cabo en contra de Rosario Robles, quien ocupó dos ministerios en la Administración de Peña Nieto. La extitular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es investigada por su participación en el desfalco de más de 7.700 millones de pesos (420 millones de dólares) de dinero público desviados a través de universidades públicas y Pemex. Lozoya también ha negado haber formado parte de esta trama de corrupción, conocida popularmente como estafa maestra, a pesar de que parte de los desvíos se hicieron mientras ocupaba la dirección general. Juan Collado, el letrado de Peña Nieto, también está tras las rejas acusado de lavado de dinero. El abogado, que ha defendido a altos perfiles del PRI, movió más de 120 millones de dólares entre 2006 y 2015 en Andorra, un país protegido por el secreto bancario hasta 2017.

Los astilleros gallegos

Uno de los encargados de sustentar la investigación en contra de Lozoya ha dejado caer que el antiguo responsable de Pemex también es investigado por el fiasco que protagonizó la petrolera con el astillero gallego Barreras y Navantia. “Nosotros todavía seguimos investigando el caso de un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros”, ha dicho Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del ministerio de Hacienda y responsable del congelamiento de las cuentas bancarias del exdirectivo. Este caso aún tiene que ser justificado ante un juez para que dicte la orden de aprehensión.

En noviembre de 2013 el consejo de administración de Pemex, a propuesta de Lozoya, aprobó la compra del 51% de las acciones del astillero privado Hijos de J. Barreras cuando estaba cerca de la quiebra. La operación fue aplaudida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien había llevado las negociaciones, como un resurgimiento de la industria naval gallega, agobiada por la crisis. Sin embargo, la empresa pública mexicana nunca se involucró en la gestión de esta sociedad a pesar de haber desembolsado 5,1 millones de euros (5,5 millones de dólares) por ella. Tres años después, en 2016, la mala administración generó pérdidas al astillero de 5,5 millones de euros (casi seis millones de dólares). En octubre de 2019 Barreras solicitó el preconcurso de acreedores.

El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos día

La Audiencia Nacional envía a prisión al ejecutivo, detenido en una urbanización de lujo de Málaga, por riesgo de fuga

La decisión de Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, apenas ha tardado 24 horas en llegar. El magistrado ha acordado este mismo jueves mandar a prisión a Emilio Lozoya, el ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex señalado en el caso Odebrecht y detenido el miércoles en una lujosa urbanización de Benahavís (Málaga). Tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella, Moreno ha dictado su ingreso en la cárcel al apreciar un "fundado" riesgo de fuga. Lozoya, reclamado por su país, estaba en paradero desconocido desde hace casi un año.

El juez instructor ha adoptado esta medida, solicitada por la Fiscalía, tras considerar que Lozoya no tiene arraigo laboral y domicilio en España; además de que se ha evidenciado "su intención de sustraerse a la acción de la justicia". Según ha escrito en un auto, cuando fue arrestado, portaba una licencia de conducir mexicana falsificada: tenía su fotografía, pero estaba a nombre de un tal Jonathan Solís Fuentes. Además, el magistrado también destaca que el delito por el que se le reclama —similar al blanqueo de capitales— lleva aparejada una pena de hasta 15 años de cárcel.

El ejecutivo, que ha ingresado en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) sobre las siete de la tarde, dice que llegó al país hace "solo dos días". Pero su versión no coincide con la de la Policía, que lo sitúa en Málaga desde mucho antes. La investigación final para arrestarle arrancó a principios de 2020, cuando se recabaron los primeros indicios de que podía ocultarse en la Costa del Sol. La Fiscalía mexicana había lanzado en mayo de 2019 una orden de detención internacional tras conocerse la fuga del director general de la petrolera Pemex, pero su "alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización", según admitió este miércoles el Ministerio del Interior.

Es más, los investigadores creían que pasó por Alemania antes de aterrizar en España. Entre otros motivos, porque su esposa es nacional de ese país; la madre de Lozoya, Gilda Austin, fue detenida allí el pasado julio. Y porque, desde la clandestinidad, Lozoya se defendió de las acusaciones a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el conglomerado de medios suizo Tamedia, y Quinto Elemento Lab, de México. "Todo esto es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento, como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción", dijo entonces en respuesta a los periodistas.

Pese a esas pistas, los agentes españoles fijaron la diana en La Zagaleta, una urbanización de lujo cercana a Marbella. Estaban seguros de que Lozoya, uno de los hombres de confianza del presidente Enrique Peña Nieto durante su mandato, se ocultaba en una de sus villas. Pero apenas salía. Por lo que decidieron retrasar el arresto hasta este miércoles, cuando lo cazaron al aprovechar que abandonó el complejo residencial en un vehículo que había acudido a recogerlo. Según fuentes policiales, no opuso resistencia durante su detención.

Los agentes sospechan, además, que detrás de Lozoya iba su guardia pretoriana, un séquito de "personal de seguridad ruso" que le ha dado cobertura durante su estancia en España. Los investigadores creen incluso que Lozoya —un avezado economista de 45 años, con estudios en Harvard— podía estar blanqueando dinero para alguna organización mafiosa procedente de ese país, según fuentes próximas a la investigación.

Fuentes del residencial de lujo aseguran que en sus registros no aparece el nombre de Jonathan Solis que consta en el carné falso intervenido. Ni tampoco el de Emilio Lozoya. "Si ha accedido al interior de la urbanización ha sido con documentación falsa y como invitado de residentes", explican desde la gerencia, donde subrayan que el mexicano no tiene ni ha tenido "jamás" vivienda en propiedad o alquiler.

Los investigadores españoles también analizan si, frente a la sospecha inicial de que Lozoya había pasado por Alemania antes de llegar a España, hubiese ido directamente a Rusia, a San Petersburgo, y desde allí volado a la Península. En tal caso, el empresario mexicano, que lideró la campaña internacional de Peña Nieto en sus últimas elecciones por sus grandes contactos con empresas y políticos a escala mundial, habría simulado que tomaba un vuelo con destino a Frankfurt en el que realmente nunca se habría subido.

Las acusaciones

Lozoya, que ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país, está acusado de fraude a gran escala y corrupción en 2012 y 2013. Según la documentación enviada a España, el antiguo director de la petrolera adjudicó supuestamente contratos públicos a cambio de sobornos millonarios. Las autoridades mexicanas cifran el fraude en 280 millones de dólares (257 millones de euros). Por su parte, la Audiencia Nacional destaca que supuestamente adquirió una vivienda en México con dinero "procedente de una actividad ilícita" tras diseñar un entramado financiero para ocular el origen de esos fondos.

Entre otras pruebas recabadas contra el exdirector general de Pemex se encuentra el testimonio de tres exdirectivos de la constructora brasileña que aseguran que recibió más de 10 millones de dólares en sobornos para ayudar en la firma de contratos. También una reconstrucción realizada por la justicia brasileña con decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…— vincula a Lozoya con varias operaciones irregulares. Según esta investigación, Odebrecht le pagó para asegurarse el favor de alguien cercano a Peña Nieto.

Moreno ha abierto ahora un plazo de 45 días para que las autoridades mexicanas entreguen toda la documentación que sustente la extradición. Eso sí, la decisión de enviar a Lozoya no es firme y el exdirectivo de Pemex puede recurrirla ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

El País
Luis Pablo Beauregard
J. J. Gálvez/ Nacho Sánchez
Ciudad de México/Madrid/Málaga
Viernes 14 de febrero de 2020.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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