Próxima audiencia fue programada para el 2 de abril


El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció este martes en un juzgado de Brooklyn, Nueva York.

Al salir de la audiencia, el abogado de oficio de Genaro García Luna, César de Castro, aseguró que no están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello.

Agregó que al exfuncionario del expresidente Felipe Calderón le cortaron el acceso al sistema financiero mexicano y por eso no ha podido contratar abogado.

El abogado de oficio señaló que, en Texas, García Luna estuvo en aislamiento y ha tenido muy poco o ningún contacto con la familia.

El juez Brian Cogan fijó nueva audiencia para el 2 de abril.

En tanto, que los fiscales dijeron que tienen toneladas de evidencia contra Genaro García Luna.

Tanto la defensa como la fiscalía pretenden que el caso sea considerado como "complejo", lo que permitiría que entre la audiencia de este lunes y la siguiente transcurrieran 60 días.

Sin embargo Cogan solo aprobó 30 días para que se presenten registro financieros, de propiedad y de la forma en que el exfuncionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en Dallas, Texas. Su primera audiencia fue el pasado 3 de enero para enfrentar los cargos en la corte federal de Brooklyn, donde la jueza Peggy Kuo le denegó dejarlo en libertad bajo fianza.

El gobierno de Estados Unidos acusa al exfuncionario de aceptar millones de dólares en sobornos. Según la acusación, entre 2001 y 2012 aceptó dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Entre 2001 y el 2005, García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox).

De 2006 a 2012 ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en la administración de Calderón. Según la acusación, entre 2001 y 2012 recibió ese dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa.

Notimex
El Universal
Nueva York, EUA.
Martes 21 de enero 2020.


Genaro García Luna ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, tiene cargos por conspiración de tráfico de cocaína, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU, según el Departamento de Justicia.

El exfuncionario mexicano fue señalado de recibir sobornos millonarios del narcotráfico, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.


Las autoridades estadounidenses detuvieron el lunes a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, por presuntos vínculos con el narcotráfico y haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa entre 2006 y 2012.

El Departamento de Justicia informó que presentó tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína contra García Luna, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU., según un comunicado emitido por la fiscalía de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

"A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el Gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos", explica el texto.

Richard P. Donoghue, fiscal de los EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, dijo que el arresto demuestra la determinación de "llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir un daño devastador en los EE.UU. y México, independientemente de las posiciones que sostuvieron mientras cometían sus crímenes".

De acuerdo a la Fiscalía, en dos ocasiones "el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Además, según los registros financieros obtenidos por las autoridades, cuando García Luna se mudó a los EE.UU., en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares".

De ser hallado culpable por los delitos que se le imputan, García Luna podría alcanzar una condena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, según el Departamento de Justicia.

La reacción de Calderón

Tras enterarse de la detención, el expresidente Felipe Calderón señaló que su postura "será siempre en favor de la justicia y la ley".

"Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que, en su caso, se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley", dijo en un tuit.

García Luna fue el principal encargado de desarrollar la estrategia de la llamada "guerra contra el narcotráfico", que decretó el expresidente Calderón a partir de diciembre de 2006, que provocó un aumento significativo de la violencia en ese país.

Un negro historial

Los vínculos entre García Luna y el narcotráfico fueron documentados por la periodistaAnabel Hernández en su libro 'Los señores del narco', además de orquestar una conspiración en su contra para asesinarla por develar dicha información.

"A finales de 2010, una persona que trabajaba cerca del círculo del jefe policiaco me informó que había un plan para asesinarme. Esa advertencia fue precedida por varios atentados contra mi familia, fuentes de información, contra mí, contra mi casa. Un infierno. Hace pocos meses un funcionario del gobierno americano me dijo que ellos habían confirmado que García Luna y su gente habían hechoun complot para matarme", escribió Hernández en su más reciente libro, 'El traidor'.

Durante el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, un testigo de la fiscalía, Jesús 'el Rey' Zambada, quien era el contador del Cártel de Sinaloa, aseguró que la organización criminal creó un fondo de 50 millones de dólares para Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón.

El 'Rey' Zambada informó también que, en 2005, le entregó personalmente a García Luna tres millones de dólares en un maletín cuando el funcionario estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

A lo largo de su gestión al frente de la política de seguridad mexicana, el exfuncionario fue señalado de crear un montaje televisivo durante la detención de la francesa Florence Cassez, que detonó una crisis diplomática entre México y Francia durante el sexenio de Calderón.

En octubre de 2019, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, admitió que la administración del expresidente Felipe Calderón lo presionó durante la resolución judicial que decretó la liberación de Cassez, quien fue acusada de narcotráfico con pruebas manipuladas por la secretaría encabezada por García Luna.

Tras dejar su cargo, al término del mandato de Calderón, García Luna se fue a vivir a un millonario complejo habitacional en Miami, Florida, en una casa propiedad del empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg,quien obtuvo millonarios contratos con el Gobierno mexicano en la venta de equipo de seguridad durante la gestión de García Luna.

RT
AFP
Alfredo Estrella
Washington, EU
Martes 10 de diciembre de 2019.


El exdirector de Pemex se hizo 'accionista mayoritario' en plena campaña presidencial de 2012

 
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien está prófugo de la Justicia, ocultó en su declaración de bienes su participación en una empresa de divisas ubicada en Londres, reveló este lunes una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"El hallazgo de una nueva empresa en un lujoso edificio en Londres pone en duda la declaración patrimonial de Emilio Lozoya Austin", expresó la organización civil en un comunicado.

De acuerdo con MCCI, Lozoya se hizo "accionista mayoritario" de Royal Exchange (TEG Capital) Limited en plena campaña presidencial de 2012, cuando era coordinador de vinculación internacional del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, quien se convirtió en presidente (2012-2018).

Cuando Peña Nieto nombró a Lozoya como director de Pemex en diciembre de 2012, este declaró ser cofundador de JF Holding, afincada en Luxemburgo, y poseer títulos en tres organizaciones privadas de las cuales no aportó los nombres.

Según MCCI, Lozoya participó en tres empresas afincadas en Alemania, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye otra en las Islas Vígrenes, que habría sido utilizada para triangular sobornos.

En colaboración con el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project, MCCI reveló que Lozoya se convirtió en 2012 en poseedor de 84,825 acciones de la empresa afincada en Londres y de la que no se sabía su vinculación hasta ahora.

Esta cifra es considerablemente mayor a la aportada por Lozoya cuando asumió la dirección de la petrolera estatal mexicana y dijo poseer 4,151 títulos de tres organizaciones privadas.

"La investigación identificó que la compañía en Londres tenía como domicilio el primer piso del Royal Exchange, el edificio de la antigua bolsa de comercio británica, construido en 1565, y que hoy es uno de los centros comerciales más lujosos del Reino Unido", informó la ONG.

La empresa fue fundada el 8 de agosto de 2011, pero fue el 6 de junio de 2012 cuando Lozoya adquirió el 84 % de las 100,000 acciones de la compañía, con un valor total de solo 100 libras, unos 2,100 pesos mexicanos de la época.

Emilio Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016, está en paradero desconocido después de que la Fiscalía lo acusara de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes, por lo que se emitió una orden de captura contra él.

EFE
Ciudad de México
Lunes 09 de diciembre 2019.


Por caso Agronitrogenados, Emilio Lozoya tiene orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita


Ciudad de México.- Una juez federal negó amparar a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, contra la orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso Agronitrogenados.

La Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México consideró justificado que un juez de control emitiera una orden para aprehender al ex funcionario porque cuenta con los medios para darse a la fuga.

"El juez de control responsable actuó apegado a derecho al tener por justificada la necesidad de cautela en la emisión de la orden de aprehensión porque de los datos probatorios que obran en la carpeta de investigación se advierte que el peticionario de amparo sí cuenta con los medios para evadir la acción de la justicia porque cuenta con recursos económicos, aunado a que cuenta con domicilios en el extranjero lo que demuestra que podría abandonar el país, aunado a que los hechos que se le imputan están previstos en la ley penal como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el cual tiene prevista una pena privativa de libertad lo que justifica la necesidad de la cautela con la finalidad de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia", indica la sentencia.

"Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando aduce que la orden de aprehensión reclamada transgrede sus derechos porque conforme con el nuevo sistema penal acusatorio tiene un carácter excepcional y de última razón, además que en el presente asunto el Ministerio Público vulneró el principio de lealtad porque ocultó información que le beneficia como es el hecho de que proporcionó un domicilio ante el Procurador General de la República para oír y recibir notificaciones".

La juez consideró que los datos anunciados por el ministerio público para obtener la orden de aprehensión contra Lozoya establecen la existencia del delito de "lavado" de dinero y que probablemente el ex director de Pemex participó en su ejecución.

Contra esta resolución, Emilio Lozoya presentó un recurso de revisión mismo que será enviado a un Tribunal Colegiado para que defina si la Fiscalía General de la República (FGR) puede o no aprehenderlo.

Según las indagatorias el 1 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya fue nombrado Director de Pemex y que el 17 de diciembre de 2013, el Consejo de Administración de la paraestatal tomó conocimiento de que promocionó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, entonces propiedad de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de Alonso Ancira Elizondo.

Que dicha compraventa se dio con diversas irregularidades, razón por la que Lozoya y Ancira son investigados por "lavado" de dinero.

El Universal
Ciudad de México
Martes 19 de noviembre 2019.


El abogado es investigado por lavado de dinero y asociación ilícita en México

    
Las autoridades de Andorra ordenaron embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El legista es investigado en México por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

De acuerdo al diario español El País, que obtuvo una serie de documentos, los investigadores fueron alertados luego de que el abogado realizará una transferencia de 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta en España seis días antes de ser arrestado.

El dinero de Collado en el país había sido congelado desde 2015 por presuntas irregularidades, pero la investigación fue archivada en 2018, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) exculpará al abogado.

Tras su detención en 2019, la investigación en Andorra contra Collado fue reactivada y posteriormente la Fiscalía pidió el embargo del dinero.

El Siglo De Torreón
Torreón, Coahuila
Martes 15 de octubre 2019.


La renuncia de un ministro de la Corte Suprema sacude la política en México

El presidente López Obrador acepta la dimisión del cuestionado Eduardo Medina Mora, que concluía su mandato en el Supremo en 2030

Eduardo Medina Mora, uno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de México, ha presentado su renuncia al tribunal constitucional este jueves sin exponer motivos. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha aceptado la dimisión y se la ha comunicado al Senado, que deberá elegir a un sustituto. El ministro Medina Mora tenía todavía por delante 11 de los 15 años para los que fue electo por la cámara alta en marzo de 2015. El presidente Enrique Peña Nieto propuso al entonces embajador de México en Estados Unidos para sumarse a la Corte en medio de varias críticas que acusaban que el mandatario del PRI estaba enviando al tribunal a un incondicional. La dimisión ha tomado por sorpresa al mundo político mexicano por lo inusual que es que un togado abandone la cima del poder Judicial.

Los señalamientos en contra de Medina Mora se han acumulado en los diez meses de la Administración de Andrés Manuel López Obrador. El 5 de junio, una información filtrada afirmó que el ministro había recibido, entre 2016 y 2018, una treintena de depósitos sospechosos en sus cuentas bancarias. Estos sumaban 2.3 millones de libras transferidas desde México al Reino Unido, donde Medina Mora fue embajador entre 2009 y 2013. El documento aseguraba también que el Departamento del Tesoro registró movimientos similares por 2.1 millones de dólares en el mismo período, cuando Medina Mora ya ocupaba un asiento en el tribunal. La filtración estimaba que el abogado había recibido en total 102 millones de pesos en sus cuentas, 5.1 millones de dólares.  

El director de la UIF, Santiago Nieto, dijo un día después de la revelación que investigaba estas acusaciones. "En caso de que existan indicios de una actividad ilícita, una vez analizada la información de sede nacional e internacional, se procederá en consecuencia", escribió el funcionario en Twitter, quien añadió que la política del Gobierno es de "cero tolerancias a la corrupción".   

El ministro rebatió la información casi dos semanas después. En una carta dirigida a sus compañeros en la Corte y fechada el 18 de junio, Medina Mora acusó de manipulación informativa la publicación. El togado afirmó que los montos citados eran falsos. "12 de las 32 operaciones detalladas fueron expresadas dolosamente en dólares o en libras esterlinas, cuando lo cierto es que todas se efectuaron desde mi cuenta de HSBC México en pesos mexicanos", escribió. Medina Mora justificó que los montos sí correspondían con sus ingresos como juez constitucional, uno de los cargos públicos mejores pagados del país.  

La Constitución señala que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte "solamente procederán por causas graves". López Obrador ha aceptado esta noche la separación de Medina Mora del cargo y la ha enviado al Senado, que deberá aprobarla. El trámite no encontrará obstáculos gracias a la mayoría con la que cuenta su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El Senado deberá estudiar una nueva terna que le será enviada por el Ejecutivo. El reemplazo de Medina Mora será el tercer ministro votado por Morena en 10 meses de Gobierno, profundizando la transformación del poder Judicial.  

Medina Mora fue una pieza fundamental para la diplomacia mexicana pues estuvo a cargo de la embajada en Washington, la de más alto perfil para México. Antes de eso, sumó una larga lista de posiciones en los gobiernos del PRI y del PAN. Durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), del PAN, fue designado fiscal general. Desde la Procuraduría encabezó la guerra contra los carteles del narcotráfico emprendida por Calderón, lo que provocó un aumento de homicidios en varias regiones del país. Antes, fue secretario de Seguridad Pública y, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) fue director del centro de espionaje.

Su llegada a la Corte fue muy cuestionada tras su paso por la fiscalía, donde había imprimido un sello de legalidad a la guerra contra el narcotráfico, que dejó un buen número de atropellos judiciales. Medina Mora llegó en 2015 al Supremo apoyado por el PRI, el PAN y el Partido Verde. El diplomático prefería alargar su estancia en la embajada en Washington, pero fue convencido por Peña Nieto, su amigo personal, de ir al tribunal y servir un periodo hasta el año 2030. Hoy abandona la Corte en un movimiento que ha causado estupor por no registrarse desde 1994, cuando el pleno del Constitucional fue reducido de 26 a 11 ministros.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Jueves 3 de octubre de 2019.


Eduardo Medina Mora ingresó a la SCJN en marzo de 2015 y su cargo vencería en 2030; su dimisión es un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994, que conformó la Corte actual.

 
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia al cargo el cual finalizaría en 2030.

Esta dimisión se da en el marco de las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le realiza debido a transferencias bancarias, que de acuerdo con el periódico El Universal ascienden a más de 107 millones de pesos.

Medina Mora Icaza presentó su carta de renuncia al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Eduardo Medina Mora fue propuesto por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2015.

De acuerdo con el Artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Corte proceden por causas graves y una vez presentadas se someten para su aceptación al presidente de la República, quien en caso de aceptarla, la envía al Senado para su aprobación.

Medina Mora niega información que le atribuye transferencias “sospechosas”

El pasado 18 de junio, Eduardo Medina Mora afirmó que los montos de las transferencias bancarias referidas en notas periodísticas publicadas a principios de junio, son en pesos y no en dólares o libras esterlinas, como se difundió. La suma dijo, es 20 veces menor que la señalada, por lo tanto, es consistente con sus ingresos como servidor público.

A través de una carta de siete cuartillas, Medina Mora acusó al periódico El Universal de incurrir en “manipulación informativa” para generar una falsa apreciación sobre sus finanzas, alterando el tipo de divisa en una docena de transferencias, para aparentar que suman más de 107 millones de pesos, cuando en realidad rondan los 4.5 millones de pesos.

También acusa al diario de violar el secreto bancario, al difundir, sin su consentimiento, documentos financieros, así como violentar su derecho al honor, “modificando dolosamente la expresión de las divisas en las que se efectuaron 12 de las 32 transferencias, lo que incrementó significativamente el monto total de las mismas”.

“Como integrante del Poder Judicial de la Federación, y especialmente como ciudadano, me parece alarmante que se efectúen señalamientos en los que se tergiverse información que, además, fue obtenida de manera ilegal”.


Suprema Corte

@SCJN
 Carta del Ministro Eduardo Medina Mora

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464
11:11 AM - Jun 18, 2019
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Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que en caso de que existan indicios de una actividad ilícita, “una vez analizada la información de sede nacional e internacional, se procederá en consecuencia”.


Santiago Nieto

@SNietoCastillo
 La #UIF recibió una solicitud proveniente del Senado para analizar la información de transferencias financieras de un ministro. Se actuará conforme a Derecho. Mi reconocimiento perenne al Poder Judicial de la Federación, los hechos de una persona no trascienden a la institución

3,855
7:03 PM - Jun 6, 2019
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Santiago Nieto

@SNietoCastillo
 En caso de que existan indicios de una actividad ilícita, una vez analizada la información de sede nacional e internacional, se procederá en consecuencia. La política del Gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción.

3,906
7:16 PM - Jun 6, 2019
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Aristegui Noticias
Ciudad de México
Jueves 3 de octubre 2019.


Una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los movimientos financieros de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex –a la cual Proceso accedió–, arroja detalles sobre el entramado que el brasileño Marcelo Odebrecht construyó en México. También da cuenta de cómo fueron usadas empresas, cuentas bancarias y firmas fantasma para pasear el dinero por diversas partes del mundo y que al final fue usado para concretar sobornos.

El entramado financiero que Marcelo Odebrecht montó en México no sólo se usó para presuntamente transferirle millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, también sirvió para inyectarle recursos a las empresas del brasileño que están relacionadas con casos de sobornos en diversas partes del mundo.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a Emilio Lozoya se le depositaron 5 millones de dólares vía una empresa offshore que Odebrecht creó, y a la cual Altos Hornos de México (AHMSA) depositó 3.7 millones de pesos poco después de que vendió Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

AHMSA también depositó 2.1 millones de dólares a la Constructora Norberto Odebrecht SA en 2014.

Hay más en el entramado: de una de las cuentas de ESEASA Construcciones, empresa mexicana vinculada comercialmente a Odebrecht, “salieron recursos en diversas divisas” hacia AHMSA y a una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, creada en Suiza y en la cual el beneficiario es Emilio Lozoya.

Los documentos de los cuales Proceso tiene copia aclaran que “se desconoce” el monto de las transferencias en moneda extranjera; no obstante más adelante se detalla cuánto tiene la cuenta donde Lozoya habría sido el beneficiado y que se trata de dólares, francos suizos y euros.

Lo presuntamente entregado por Odebrecht a Lozoya no se compara con los recursos que la empresa brasileña movió en México y que tuvieron como destino final compañías creadas en otras partes del mundo y que fueron usadas para los sobornos. ((Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2237).

Proceso
Jesusa Cervantes
Ciudad de México
Sábado 14 de septiembre de 2019.


Gobierno de Peña atendió sólo daños menores de sismos y no gastó 13 mil mdp autorizados para reparaciones, acusa titular de reconstrucción.


La pasada Administración federal abandonó el plan de reconstrucción de daños por los sismos de septiembre de 2017, que dejaron 165 mil viviendas con afectaciones en siete Estados.

David Cervantes, coordinador del Programa Nacional de Reconstrucción en el actual Gobierno federal, reconoció que a dos años no se ha avanzado en la reparación de escuelas, hospitales, iglesias y espacios públicos, pues sólo se atendieron inmuebles con daños menores.

Sostuvo que la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) —dependencia que coordinó los trabajos y que encabezaba Rosario Robles— no entregó completo los apoyos ni se gastó una partida de 13 mil millones de pesos autorizada para reparaciones.

"Se asignó un presupuesto del Fondo de Desastres Naturales para escuelas, templos y algunas instalaciones de salud, pero no se lo gastaron. Quizá en escuelas tomaron un poco para atender daños menores, pero dejaron casi todas las de daño total", explicó.

La actual Administración, señaló, recibió un desastre administrativo respecto a la entrega de apoyos, pues mientras en la página Fuerza México, el Gobierno reportó 171 mil 784 afectados, la Sedatu dejó un censo de 164 mil 898 damnificados en siete entidades. La Ciudad de México no está contemplada en esas cifras.

"Se dedicaron a entregar tarjetas, pero no necesariamente el recurso se convirtió en reconstrucción, como no dio asesoría técnica ni seguimiento ni nada, realmente no se puede saber con certeza en qué casos la gente usó el recurso.

"En los recorridos vemos que se avanzó muy poco en la reconstrucción. Muchos jamás recibieron nada, a otros los calificaron con daño parcial, pero perdieron todo, muchos usaron sus ahorros, pero otros no han tenido dinero para reconstruir", agregó Cervantes.

En junio, la Auditoría Superior de la Federación también reportó opacidad y anomalías en la aplicación de los recursos, pues inicialmente informaron de un presupuesto a viviendas por 6 mil 185 millones 591 mil, y luego creció a 10 mil 29 millones de pesos.

Sin embargo, esos datos tampoco corresponden a los archivos que dejaron en la Sedatu, explicó Cervantes, pues reportan la entrega de 7 mil 77 millones de pesos.

Desde abril, el Gobierno federal comenzó a repartir una bolsa de 26 mil 545 millones de pesos, que contemplan fondos de las aseguradoras que tampoco habían ejercido.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 28 de agosto de 2019.


La UIF presuntamente desbloqueó cuentas bancarias entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.


México.- El actual Gobierno denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la devolución de dinero al narco en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Seis meses antes de concluir la administración del priista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presuntamente desbloqueó de manera  por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.

nte ello, dijeron fuentes del Gobierno a Reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudió ante la Fiscalía, así como ante la Secretaría de la Función Pública para presentar la denuncia.

    Revisión exhaustiva

Las autoridades federales resaltaron a ese rotativo que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.

Fue en junio de 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, dijeron los informantes.

Agregaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

    Ex director en la UIF,  bajo la mira

Las investigaciones se amplían a varios exfuncionarios, aunque hay uno que está en la mira de las autoridades.

Se trata de Mauricio Moreno Balbuena, ex director General de Procesos Legales de la UIF, pues, según la información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP.

Abel Barajas destaca en su nota que el ex funcionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

    Ayuda a Javier Duarte

El nombre de Mauricio Moreno Balbuena comienza a hacer polémica pues este lunes 26 de agosto se reveló que cuando estaba al frente de la UIF ayudó a Javier Duarte.

El 21 de agosto de 2018, el exfuncionario solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) retirarle al ex gobernador de Veracruz la acusación del delito de delincuencia organizada.

Unos dos días después de la solicitud, Arturo Elías Beltrán, encargado de la PGR, «anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa» publicó el diario.

Reforma
Ciudad de México
Martes 27 de agosto de 2019.

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