Los informes de la Auditoría mexicana, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan un complejo entramado de empresas que fagocitaron el dinero de la corporación

En la segunda mitad de 2018, dos proveedores de la Policía Federal mexicana desviaron cientos de millones de pesos de la corporación a una red de compañías en muchos casos inexistentes o sin actividad, según datos obtenidos por EL PAÍS y Univision. Los proveedores, Servicios Esrome y Comercializadora Dizoal, firmaron tres contratos por 774 millones de pesos —40 millones de dólares de entonces— con la Policía Federal para la adquisición de sistemas de monitoreo de redes sociales e intercepción de llamadas. Esrome y Dizoal debían usar el dinero para comprar los productos a firmas israelíes, pero en realidad mandaron casi todo —algo más de 768 millones de pesos— a otras empresas, que a su vez lo mandaron a otras compañías, la mayoría en México.

En octubre, EL PAÍS informó de que Esrome y Dizoal eran en realidad empresas fachada, creadas el mismo día ante el mismo notario del municipio de Chalco, en el Estado de México. Las personas que aparecen en las actas de constitución de estas dos empresas son en realidad adultos mayores, vecinos de pueblos de clase baja del área metropolitana de Ciudad de México. En entrevista, José García Brito, de 74 años, socio fundador de Dizoal y Alberta Manzano, de 65, fundadora de Esrome, dijeron que nunca habían estado en Chalco y menos habían creado empresas que luego habían obtenido contratos millonarios con la Policía Federal.

Los nuevos señalamientos de desvío provienen de hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). EL PAÍS y Univision han tenido acceso a los informes de la auditoría, que detallan el desvío de fondos organizado desde Esrome y Dizoal y que han servido de base para presentar dos denuncias ante la Fiscalía General de la República. Los informes, que no eran públicos hasta ahora, profundizan en las sospechas que levantó la propia ASF en febrero de 2019, cuando señaló por primera vez irregularidades en los gastos de seguridad pública y nacional de la Policía Federal durante el año anterior. Según ha podido saber este diario, las denuncias han caído en la cesta de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos.

Los contratos se firmaron en el segundo semestre de 2018, durante los últimos seis meses de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). La Policía Federal estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por el político mexiquense Alfonso Navarrete. Renato Sales era el comisionado nacional de Seguridad y Manelich Castilla, el comisionado de la Policía Federal. Castilla es el funcionario de mayor rango vinculado a los contratos con Esrome y Dizoal. El comisionado avaló la entrega de fondos de la corporación a las divisiones que luego firmaron los contratos con los proveedores. Este diario ha contactado a Castilla vía mensaje de texto, pero no ha contestado. Preguntado en octubre por este mismo asunto, Castilla respondió que las responsabilidades de su puesto radicaban en el área operativa y táctica de la institución.

Las sospechas sobre Esrome, Dizoal y la Policía Federal aumentan ahora, visto el recorrido de los fondos después de la firma de los contratos. Los auditores señalan que Esrome y Dizoal transfirieron buena parte del dinero de los contratos, 571 millones del total de 774, a otras dos empresas, Servicios Profesionales Odell y Publicidad Global Soferxa. Tanto una como otra fueron creadas el mismo día que Esrome y Dizoal, el 4 de abril de 2017, ante el mismo notario del Estado de México, Salvador Ximénez Esparza. Preguntado al respecto por mensaje de texto la semana pasada, Ximenez Esparza, que perdió la titularidad de la notaría hace años después de varias denuncias por irregularidades, se ofreció a introducir los nombres de las dos empresas “en el sistema” para encontrar una explicación. Este lunes, Ximénez Esparza ha escrito solo para decir que las empresas se crearon efectivamente en su notaría.

Cuando EL PAÍS informó en octubre de que Esrome y Dizoal eran empresas fachada, Ximénez Esparza contactó al diario para explicar que él no tenía conocimiento de la naturaleza irregular de las compañías. Ximénez Esparza sostenía que él no había cometido ninguna irregularidad. Dijo que en su notaría se presentaron las personas que dijeron ser las que luego aparecen como socias y representantes de Dizoal y Esrome en el registro público de comercio. Entrevistadas, estas personas negaron haber ido a la notaría a crear ninguna empresa. El notario señala que ha presentado una denuncia por suplantación ante la fiscalía del Estado de México y mandó copia de la carátula.

La pirámide

El 21 de junio de 2018, Dizoal y la División Científica de la Policía Federal firmaron un contrato para adquirir “una solución integral de inteligencia de monitoreo de redes sociales”, según consta en el documento. El pago sería de 499 millones de pesos. Dizoal era un mero intermediario, pues el producto que ofrecía lo fabrica en realidad la empresa israelí de seguridad Cybergloves LTD. Dizoal decía tener un convenio para comercializar en México sus productos. De acuerdo al contrato, Dizoal se comprometía a entregar “licencias para los programas de cómputo OSINT/ATLAS y SS7, equipos de cómputo y servidores para monitorear redes sociales, explorar y extraer perfiles y publicaciones, recuperar información de publicaciones por geolocalización, análisis de perfiles, obtención y visualización de redes de vínculos”, entre otras cosas.

El dinero nunca llegó sin embargo al proveedor israelí. Un día después de firmar el contrato, el 22 de junio, el dinero llegó a la cuenta de Dizoal y entre ese día y el 27 de septiembre Dizoal movió 173 millones de pesos en varias transferencias a la cuenta de Servicios Profesionales Odell. En esa misma horquilla temporal, Dizoal transfirió 147 millones a Soferxa. El resto, 179 millones, lo repartió entre otras 13 empresas, todas en México. Con datos del sistema tributario, la ASF confirmó que 10 de las 15 empresas a las que Dizoal transfirió dinero en esos meses, entre ellas Odell y Soferxa, no declararon ingreso alguno ante Hacienda.

En el caso del otro proveedor de la Policía Federal, Servicios Esrome, el esquema es parecido. Esrome firmó dos contratos con la Policía Federal en 2018. Los dos datan del mismo día, el 17 de septiembre. Uno es con la División de Inteligencia por 102 millones de pesos y el otro con la División de Investigación, por 172 millones. El primero es para adquirir el sistema LYNX, que monitorea e intercepta llamadas satelitales, fabricado por la empresa israelí Gita Technologies LTD. El segundo es para obtener el sistema GUARDIAN UNIFIED, fabricado por otra empresa israelí, Septier Communication LTD, que intercepta comunicaciones GSM tácticas. En ambos casos, Esrome, como Dizoal, decían que tenían un convenio con las compañías israelíes para comercializar en México sus productos.

El 7 de noviembre de 2018, la Policía Federal transfirió 102 millones de pesos a Esrome en pago por el sistema LYNX. Del 7 al 21 de noviembre, Esrome transfirió 40 millones de pesos a Odell y 37 millones a Soferxa. El 22 de noviembre, la Policía Federal transfirió 172 millones a Esrome en pago por el sistema GUARDIAN UNIFIED. Del 22 al 29 de noviembre, Esrome transfirió otros 82 millones a Odell y 91 más a Soferxa. Es decir, 250 de los 274 millones acabaron en esas dos empresas que, según la ASF, no tienen actividad.

A diferencia de Dizoal, Esrome sí transfirió una pequeña cantidad a una de las compañías israelíes. El 22 de noviembre, la empresa pagó cinco millones de pesos a Gita Technologies. Septier no recibió pago alguno, Cyberglobes tampoco.

En octubre, EL PAÍS consultó con la organización C4ADS, que se dedica al análisis e investigación de conflictos globales y temas de seguridad transnacional. C4DS revisó los registros internacionales de comercio y confirmó que en las bases de datos de registros aduaneros internacionales no figuran envíos de ninguna de las tres empresas israelíes a Dizoal o Esrome. “Una revisión de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostró que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en México en 2018, ni en ningún momento posterior”, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.

En su informe, la ASF da vista al Servicio de Administración Tributatia, SAT, para que audite a Dizoal y Esrome.

Más irregularidades

Los auditores señalan que Odell y Soferxa transfirieron parte del dinero de la Policía Federal a otras cuatro empresas y dos personas físicas. En el caso de Odell fueron 111 millones de pesos. Soferxa movió 77 millones. Ninguna de las cuatro empresas a las que llegó el dinero de Odell y Soferxa aparecen en el registro público de comercio. La que más dinero recibió, Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, que no aparece en el registro, sí cuenta con página web y teléfonos de contacto. EL PAÍS se comunicó con la empresa para preguntar por las transferencias de Odell y Soferxa. Un operador tomó los datos para trasladarle la petición al gerente. Al cierre de esta información, el gerente no había devuelto la llamada.

De acuerdo al informe de los auditores, la cercanía entre los proveedores Esrome y Dizoal y el segundo escalón de la red, Soferxa y Odell, va más allá del notario o la fecha de constitución. Las empresas comparten además cargos o direcciones. Por ejemplo, el apoderado legal de Esrome, Víctor Hugo Fuentes, participó como delegado especial de Dizoal en sus asambleas. El mismo Fuentes ha dado el mismo domicilio particular que otros cargos de Dizoal. Esrome, Dizoal y Soferxa han compartido a las mismas seis apoderadas legales. En las constancias de situación fiscal de 2019, Esrome y Dizoal reportaron el mismo domicilio fiscal, cosa que ocurre igualmente con Odell y Soferxa…

En 2019, los auditores mantuvieron varias reuniones con los representantes legales de Dizoal y Esrome. En el caso de Dizoal, los auditores preguntaron por los pagos a Odell y Soferxa. La respuesta del apoderado legal fue que no sabía nada de pagos a esas empresas. Lo mismo ocurrió con Esrome. Los funcionarios de la ASF fueron igualmente al domicilio fiscal compartido entre Odell y Soferxa para entrevistarse con sus representantes. “Las personas presentes en el domicilio dijeron que allí ya no se encontraban esas empresas”, cierra el informe.

Este esquema de desvío detectado en la Policía Federal no es el único asociado a la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional durante los años de Peña Nieto. En julio, EL PAÍS informó de un presunto desfalco de 7,8 millónes de dólares cometido por funcionarios de la vieja Fiscalía en 2013 y 2014, cuando el titular era Jesús Murillo Karam. El dinero salió de esa misma partida. Los Gastos de Seguridad Pública y Nacional son una de las partidas más oscuras del presupuesto. En teoría, su uso está acotado a investigaciones delicadas, para evitar que policías, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas. La ley prevé controles para esta partida, pero la Administración anterior aumentó su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los órganos fiscalizadores.

Durante el Gobierno Peña Nieto, el último del PRI, las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos —unos 3.000 millones de dólares— de esta partida, mucho más que en el Gobierno anterior. Si en los últimos dos años de mandato de Felipe Calderón (2006-2012) el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gasto volvió a niveles de 2011. En 2018, el presupuesto de la Policía Federal en esta partida fue de 3.247 millones de pesos, unos 170 millones de dólares. Es decir, uno de cada cuatro dólares que gastó la Policía Federal con cargo a esa partida en 2018 terminó en las empresas fachada.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Martes 8 de diciembre de 2020.


Ciudad de México.- Rosario Robles, presa en el penal de Santa Martha Acatitla, se convertirá en testigo protegido para denunciar a Luis Videgaray como jefe de la trama de la Estafa Maestra.

Epigmenio Mendieta, abogado de la ex funcionaria, confirmó anoche que la ex Secretaria de Desarrollo Social y de Sedatu se acogerá al criterio de oportunidad para tratar de aminorar su pena.

"El dato que yo tengo es que el Secretario de Hacienda (Videgaray) fue quien dio la instrucción de triangular las operaciones millonarias de la Estafa Maestra y que fueron a dar a campañas electorales. Y eso lo revelará la ex funcionaria como parte de su acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

"Es parcialmente cierto (el financiamiento de campañas electorales). Pero creo que ella ya estará en las condiciones de precisar fechas y montos", acotó el abogado.

 La nueva estrategia de Robles es “errada e inmoral: Videgaray; no permitiré que se me difame, dice

Por la mañana, la defensa de Robles Berlanga adelantó que la exfuncionará declarará ante la FGR que que parte de los recursos desviados de la llamada Estafa Maestra, los cuales habría ordenado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, favorecieron la campaña electoral del 2018 del priista José Antonio Meade Kuribreña.

Videgaray ordenó usar recursos públicos en la campaña de Meade, dice la defensa de Rosario Robles

 Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo esta tarde que la nueva estrategia anunciada por los abogados de Rosario Robles Berlanga es “errada e inmoral” al centrarse en su personas como el operador de los desvíos del erario dentro de la llamada “Estafa Maestra”.

En una carta a la opinión pública, que difundió a través de su cuenta de Twitter, Videgaray Caso, quien fue también Canciller de México en el Gobierno priista de Peña Nieto, expuso que los señalamientos de Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de Robles Berlanga, en nada contribuyen a la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “La corrupción no se combate con mentiras y fabricando pruebas”, expuso.

El poderoso exfuncionario federal, a quien muchos analistas políticos veían como un vicepresidente en los años del peñismo, también afirmó que está listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir al esclarecimiento de la verdad.

Además planteó que no permitirá que se le difame, y por ello defenderá su honorablidad a través de las instancias jurídicas correspondientes.

“El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y límite son la verdad y la ley”, afirmó el exfuncionario federal, quien ahora radica en Boston y es catedrático en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)

Por la mañana, la defensa de Robles Berlanga adelantó que la exfuncionará declarará ante la FGR que que parte de los recursos desviados de la llamada Estafa Maestra, los cuales habría ordenado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, favorecieron la campaña electoral del 2018 del priista José Antonio Meade Kuribreña.

El abogado Sergio Arturo Ramírez comentó a medios que Videgaray supuestamente ordenó que se destinaran recursos públicos a al menos cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El presunto desvío del erario habría iniciado con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (2012), después con la elección intermedia de 2015, la campaña por la gubernatura de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México (2017), y por último, la de Meade, en 2018.

 “Los recursos se destinaron para la elección para Presidente del señor Enrique Peña Nieto, para las elecciones de 2018; Luis Videgaray en las intermedias y en la campaña de 2018, fue quien dio instrucciones para que se utilizaran recursos públicos en favor de la campaña del entonces Presidente y de su partido del PRI y de Peña Nieto”, reveló.

El jurista detalló a los medios de comunicación que las confesiones de Rosario Robles determinarán el “dónde y cómo” se ejecutó el movimiento de los recursos federales por supuestas instrucciones del extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las que se buscaba seguir gobernando para supuestamente seguir obteniendo dinero del Estado.

“Se va a determinar por dónde fue o cómo fue que se dio la instrucción la movilización para que se dieran estos recursos, por parte de y por instrucciones de Luis Videgaray Caso, para el PRI en el Estado de México, para las campañas intermedias y para la campaña de 2018 para la Presidencia de la República, donde lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral”, agregó.

Esta mañana, Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles, dijo que las declaraciones que la exfuncionaria hará ante la Fiscalía General de la República (FGR) como “testigo colaborador” señalan al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

El licenciado adelantó que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, expondrá directamente a quien fuera mano derecha del anterior Presidente de México.

“Los datos de prueba van a manejarse en conjunto con la FGR, de acuerdo con la información que la misma Fiscalía solicite. […] Todo a partir de hoy va a ir directo a Luis Videgaray Caso”, afirmó.

De acuerdo con la defensa, Robles señaló que Videgaray Caso habría ordenado el presunto desvío de recursos públicos para la campaña presidencial de Peña Nieto.

“Ella va decir todo lo que sea necesario para determinar todo lo que tiene que ver con Luis Videgaray y la elección como Presidente del señor Enrique Peña Nieto. Videgaray en las intermedias y en las de 2018, fue quien dio instrucciones de que se utilizaran recursos públicos a favor de la campaña del entonces candidato y de su partido, el PRI”, especificó Ramírez.

El litigante resaltó que no se hará ninguna acusación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que no hay “ningún tipo de vínculo” que lo involucre. Aclaró que tampoco se imputará al Senador Miguel Ángel Osorio Chong, pues Robles Berlanga desconoce si el priista está involucrado en las operaciones de la llamada Estafa Maestra, aunque éste fue señalado por Emilio Zebadúa, extrabajador de Robles.

La defensa de la exsecretaria añadió que no se declarará contra Zedabúa, puesto que el beneficio como testigo colaborador de la Fiscalía tiene como condición señalar delitos más graves o personas que tienen un mayor rango jerárquico.

Sergio Arturo Ramírez detalló que en las próximas horas acudirán ante el órgano judicial dirigido por Alejandro Gertz Manero para formalizar su solicitud de criterio de oportunidad y con ello, reducir su sentencia y pedir el descongelamiento de sus cuentas bancarias.

Reiteró que Rosario sólo fue testigo de los presuntos actos ilícitos que Videgaray habría ordenado para favorecer algunas campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como la de Peña y la de José Antonio Meade.

“Vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la FGR. Ahorita vamos a entrar a hacer el planteamiento con la Fiscalía y con la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Videgaray Caso. Va a darse toda la información que requiera el Estado mexicano relativa a cualquier irregularidad o movimiento de cualquier tipo de recursos o cualquier tipo de inscripciones que hayan tenido que ver con Luis Videgaray Caso”, dijo el abogado.

Reforma
Sin Embargo
Abel Barajas
Ciudad de México
Martes 24 noviembre 2020.


Al menos 702 millones de pesos de la "Estafa Maestra" se habrían empleado para pagar parte de la campaña electoral por la gubernatura del Estado de México, la compra de votos, y también para la promoción Presidencial hacia 2018 de Miguel Ángel Osorio, según denunció ante la FGR, Emilio Zebadúa.

Además, aseguró, se pagaron campañas de promoción personal de Enrique Peña y Rosario Robles.

El ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, en un testimonio rendido el pasado 19 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que el dinero salió de contratos suscritos con instituciones educativas de Sonora y Quintana Roo.

"La mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la Secretaria para dos fines políticos particulares: (1) campaña de promoción de la figura del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, de la figura de la Secretaria María del Rosario Robles Berlanga y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura Presidencial en 2018; y (2) para contar con recursos para la propaganda y movilización en elecciones estatales, significativamente la del Estado de México en el 2017", dijo quien fuera el principal colaborador de Rosario Robles.

Para desviar los recursos, según reseñó el ex funcionario, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y con Televisora de Hermosillo. Por las dependencias federales signaron Luz María Orozco Quiroz, en el primer caso, y Gustavo Rodríguez González, en el segundo.

Zebadúa ofreció el testimonio buscando un"criterio de oportunidad", es decir, ser testigo colaborador de las investigaciones de la Fiscalía a cambio de la inmunidad legal en la trama de la "Estafa Maestra".

Aseveró en su testimonio que el dinero se entregó para empresas subcontratadas por el publicista Juan Carlos Limón, director de consultoría y estrategia política ByPower, quien operó las campañas de Peña, Robles y Osorio.

Zebadúa dijo que le consta que a finales del 2016 y hasta mediados del 2017, al menos en 6 ocasiones recibieron y se resguardaron "fuertes cantidades de dinero en efectivo" en las oficinas de Rosario Robles. "Después fue enviado a distintos puntos del Estado de México, durante el periodo electoral de campaña para Gobernador en esa entidad", aseguró.

"Fue para la compra de votos y operación electoral", precisó Zebadúa.

El candidato era Alfredo del Mazo, actual Gobernador de la entidad.

Zebadúa ofreció a la Fiscalía presentar a varios de sus ex colaboradores en la Sedatu y la Sedesol para corroborar ante el Ministerio Público Federal la información proporcionada y "robustecer" las investigaciones.

'Arquitecto' del peñismo

Según Emilio Zebadúa, él mismo operó la entrega de dinero a empresas subcontratadas por el publicista Juan Carlos Limón, director de la consultoría ByPower.

Dijo a la FGR que Limón llevó las campañas de Enrique Peña, Rosario Robles y Miguel Ángel Osorio.

El publicista presume ser "El Rey Midas de la estrategia política" o "El arquitecto del poder".

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Viernes 20 noviembre 2020.


Escolta de Lozoya narra todo lo que vio relacionado con los sobornos


Ciudad de México.- Norberto Vargas tenía diez años de experiencia en el Estado Mayor Presidencial. Trabajó en la sección séptima dedicada a la Protección de Personas.

Al iniciar el sexenio de Enrique Peña fue asignado a la custodia de Emilio Lozoya y se convirtió en algo más que una sombra. Tenía derecho de picaporte para dejar pasar a los invitados de su jefe. Y también sabía dónde y cómo guardaban el dinero de los sobornos. La caja fuerte era un baño de las oficinas Montes Urales 425, en las Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, la oficina alterna de Lozoya.

Relata, en su declaración ante la FGR, que la llave del baño la tenían solo tres personas: uno era José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya, y otro Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del departamento Administrativo en la Dirección de Pemex. El tercero no fue revelado.

Cuando abrían el baño él sabía que había trabajo. Y relata cómo él u otras personas de confianza llevaron dinero al domicilio de José Antonio Meade y de José Antonio González, y lo entregaban también a empleados de senadores panistas que, por la costumbre de las entregas, él conocía a la perfección.

"Aquí les mandan esto de parte del Jefe Videgaray", era la contraseña y entregaba la maleta repleta.

Un día desapareció una suma importante de dinero, lo que desató la cólera de Lozoya y la angustia de Velasco, quien ante la sospecha entró en depresión y en diciembre de 2013 murió de un paro cardiaco.

Si bien en la indagatoria no se aclara quién guardaba la tercera llave del baño, Norberto Gallardo Vargas, militar que se desempeñaba como jefe de escoltas de Lozoya, declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) que él tenía el control del acceso a esta oficina de las Lomas.

De acuerdo con testimonios de sus colaboradores, Lozoya empezó a ocupar como sede alterna una oficina del edificio de Montes Urales, a raíz de la explosión del 31 de enero de 2013 en la Torre de Pemex, en la que perdieron la vida 37 personas.

El pasado 28 de agosto, Miguel Pérez Esquivel, chofer de Lozoya, relató a la FGR que en la segunda mitad de 2013, Velasco Herrera le pidió llevarlo a esa oficina de Las Lomas para recibir un dinero de parte de Fabiola Tapia Vargas, hermana de Juan Carlos Tapia, dueño de Construcciones Industriales Tapia (CiTapia), socia mexicana de Odebrecht.

"Al llegar a Montes Urales el señor José Velasco se bajó del coche y yo lo estuve esperando en el vehículo, después de una hora bajó y no traía nada, por lo que le pregunté que si no habían llevado el dinero y me dijo que sí, pero que era mucho dinero y que mejor lo metió al baño de la oficina de Montes Urales 425", contó Pérez Esquivel a la Fiscalía.

"Aquí quiero señalar que, por mi puesto, yo sabía que había un baño en donde guardaban el dinero en efectivo, el cual sólo podía abrir José Velasco o bien Francisco Olascoaga, pero José siempre estaba preocupado porque existía otra persona que tenía llaves del baño donde guardaban el dinero".

A principios de diciembre de 2013, el chofer llevó a Velasco a la oficina alterna, donde dispondría de casi 14 millones de pesos para entregarlos a Rafael Caraveo Opengo, el colaborador del ex senador panista Jorge Luis Lavalle que fue vidoegrabado con fajos de dinero en efectivo.

Días después, Lozoya llamó a Velasco para comentarle que "los cabrones del PAN" le habían dicho que sólo les había entregado una parte del dinero acordado.

Por el tono de esa conversación, Pérez Esquivel recuerda que vio salir a Velasco muy preocupado de la oficina de Lozoya, "estaba sudando y se le veía profundamente estresado".

"Ante esto, (Velasco) me dijo consternado que él mismo había contado el dinero y que esta gente nos estaba engañando; horas después, el licenciado Velasco y yo pedimos ir a ver al licenciado Lozoya para explicarle que lo que decía la gente del PAN era una mentira y que por favor no dudara de la lealtad del señor José Velasco Herrera", cuenta Pérez.

"El licenciado Lozoya estaba fúrico, diciendo que jamás dudaría de la confianza del licenciado Velasco y que los panistas lo estaban extorsionando y que además, ni siquiera eran capaces de cumplir los acuerdos".

El director de Pemex les dijo que él resolvería el problema que había ocasionado el faltante de dinero y les pidió de favor que fueran muy cuidadosos en no mencionar nada y cuidarse, porque estaban "lidiando con gente muy peligrosa".

Según el chofer, a partir de entonces empezó a ver deprimido al jefe de ayudantes de Lozoya.

Entregas a domicilio

El jefe de escoltas de Lozoya aseguró ante la FGR haber entregado a domicilio 19 millones 190 mil pesos a cuatro políticos y ex funcionarios, pagos que el ex director de Pemex señala como sobornos por la aprobación de la reforma energética y las ventajas gubernamentales brindadas a una filial de Odebrecht.

José Antonio Meade, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, políticos priistas, fueron algunos de los personajes a quienes Norberto Gallardo Vargas, militar del Estado Mayor Presidencial, dice haberles entregado maletas de dinero en efectivo.

Las entregas individuales fueron de 6 millones 800 mil, 4 millones, 4 millones 390 mil y 4 millones de pesos, a los personajes enlistados en el mismo orden.

"Aquí les manda esto el jefe Luis Videgaray", les dijo en la puerta de sus casas a la mayoría de ellos, según el testimonio que rindió ante la Fiscalía.

El 11 de agosto pasado, cuando Lozoya presentó su denuncia ante la FGR, todos los aludidos rechazaron en forma categórica haber recibido sobornos, como lo manifestó el querellante. Ahora su chofer repite la misma historia, pero con otros detalles como domicilios, teléfonos y fechas.

De acuerdo con su testimonio, rendido dos días después que la denuncia de Lozoya, Gallardo señala a Rodrigo Arteaga Santoyo, secretario particular de Lozoya, como la persona que le proporcionaba las maletas de dinero.

La primera entrega dice que fue a principios de 2014, cuando Arteaga lo llamó a su oficina en el piso 44 de la Torre de Pemex, para darle en mano una bolsa deportiva negra de unos 70 centímetros de largo.

"Contenía la cantidad de 6 millones 800 mil pesos, indicándome que fuera entregada de manera inmediata en la Cámara de Diputados al diputado Ricardo Anaya Cortés y su enlace, el señor Osiris Hernández, dándome Rodrigo Arteaga un número de celular de contacto, el cual es 4424 354856, para que me contactara con las personas a quienes les iba a hacer la entrega e indicándome que al hacerlo debía indicarles que 'era de parte del jefe Luis Videgaray'", dice.

"Llegó en 35 minutos a San Lázaro, en el estacionamiento ya estaban esperándolo Anaya y Hernández, junto a un vehículo negro. "Aquí les mandan esto de parte del jefe Videgaray", repitió.

Desde la difusión de la denuncia de Lozoya, en que señala los sobornos a Anaya, el panista litiga una demanda de daño moral contra el ex director de Pemex.

Gallardo dice que el particular de Lozoya lo requirió para otras dos entregas, las que llevó a cabo la noche del 15 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente. Fueron dos bolsas tipo portafolio de trabajo, color negro, de 50 por 40 centímetros.

Arteaga le precisó que la bolsa con 4 millones 390 mil pesos era para González Anaya, ex director del IMSS y de Pemex; y la de 4 millones para Meade, ex secretario de Hacienda y de Energía en el sexenio pasado.

El militar reproduce en su declaración los domicilios particulares de los ex funcionarios, el primero en la Colonia San Ángel, y el otro en Chimalistac, al sur de la Ciudad de México. Recuerda que después de la primera entrega, hizo 10 minutos a la casa de Meade.

Ambos recibieron el dinero con sus propias manos en la puerta de sus casas, según el dicho de Gallardo.

La última entrega ocurrió entre el 17 y 20 de septiembre del mismo año, fue un portafolio con 4 millones de dólares que afirma haberle llevado a Carlos Treviño Medina, último director de Pemex en el sexenio pasado, en su domicilio de Tecamachalco.

Controlaba la agenda

Gallardo llevaba 10 años en la Sección Séptima del Estado Mayor Presidencial cuando fue asignado a la seguridad personal de Lozoya, el 4 de diciembre de 2012.

Manejaba su agenda diaria y semanal, sabía quién lo iba a visitar, con quién comía, y asumió mayores responsabilidades a raíz de la muerte del jefe de ayudantes en 2013. Velasco antes había trabajado durante 20 años con Emilio Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex.

"Yo tenía el control total del acceso a la oficina del señor Lozoya Austin (...) y no había forma de que yo no supiera quién lo visitaba", declaró el militar.

Por eso relata que los senadores Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, acompañados de David Penchyna, visitaban frecuentemente la oficina de Lozoya entre abril de 2013 y septiembre de 2014.

O que en abril de ese año había llevado al Lozoya al Hotel Four Seasons, para desayunar con el entonces senador Ernesto Cordero.

"En el contexto de la reforma energética el señor Lozoya Austin se quejaba constantemente cuando estaba en la camioneta que tenía asignada, de las extorsiones y las peticiones de dinero que legisladores, principalmente del PAN, y gente del Gobierno le exigían", contó.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Domingo 15 de noviembre 2020.


Ciudad de México. - Como cabeza de un aparato de poder criminal, el Presidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, afirma la Fiscalía General de la República.

Grupo REFORMA tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, formulada por la FGR ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia.

En dicha solicitud, la Fiscalía considera que el ex Presidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral. Es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.

Peña, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir.

Con su actuar ilícito no sólo obtuvo beneficio personal sino procuró "también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño".

Subraya la Fiscalía en su solicitud ante el juez: "los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo".

Conforme al documento, Luis Videgaray actuó bajo instrucciones de su jefe, el Presidente Peña.

A instancias del Mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó "de manera espontánea y por interpósita persona" 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub.

El delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas señalados; dichas entregas tenían el propósito de obtener el voto de los aludidos en favor de la reforma energética sin atender los intereses que representaban sino sólo a su beneficio personal.

Y la traición a la patria habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación.

"Los hechos imputados de cohecho y traición a la patria requirieron de considerables recursos logísticos y financieros, ya que hubo que realizar gestiones tanto en el País como en el extranjero para cooptar los recursos ilícitos de Odebrecht", describe el documento consultado por REFORMA.

A la vez, esos recursos hubo que "transferirlos, cambiarlos en moneda corriente, almacenarlos, entregarlos a los legisladores, condicionar el pago de sobornos a cambio de su voto a favor de la aprobación de las reformas estructurales; elaborar las propuestas legislativas a modo que beneficiaran a Odebrecht, entre otros; cabildearlas con el resto de legisladores y publicar las leyes aprobadas", precisa.

Bajo el liderazgo de Peña, Videgaray y Lozoya funcionaron "como un Estado dentro de un Estado e implementaron una política de actos de corrupción".

Aunque la solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Luis Videgaray como "autor material" de los actos criminales, la FGR deja en claro que Peña fue el orquestador y promovente de las acciones delictivas.

Al señalar que ocupó el cargo oficial más elevado de la administración pública entre 2012 y 2018, subraya que Peña "contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores" para la aprobación de la reforma energética.

Peña tuvo "un poder de mando y dirección sobre sus allegados en el gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas las cuales estaban obligadas a cumplirlas".

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Jueves 12 de noviembre de 2020.


Emilio Zebadúa González fue Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol.

Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, pieza clave en la "Estafa Maestra" ofreció convertirse en testigo protegido y revelar el papel del ex Presidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del PRI.

Fuentes del Gobierno Federal, confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal.

En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos.

También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la "Estafa Maestra", la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.

Zebadúa también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la Sedatu y la Sedesol fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado.

Según la información recabada, el ex Oficial Mayor también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso.

La llamada "Estafa Maestra" fue un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado la Sedatu y la Sedesol suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos.

 El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan.

 Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Lunes 02 noviembre 2020.


El exsecretario de la Defensa Nacional fue arrestado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

El arresto anoche del General Salvador Cienfuegos Zepeda fue por narcotráfico y lavado de dinero, dice esta mañana el diario The New York Times y también la agencia Associated Press. Sorprendió incluso a exfuncionarios de alto rango en Estados Unidos, afirma The Wall Street Journal.

    “He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, dijo Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, por la noche. “La Cónsul en Los Ángeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó Ebrard Casaubón.

El General no es investigado en México ni aparece en ninguna causa penal, hasta donde se sabe. Es Estados Unidos el que lo requiere. Anoche, el diario español El País adelantaba que fue detenido por petición de la agencia antidrogas de Estados Unidos, por la DEA. Decenas de generales mexicanos han sido señalados por años de tomar dinero e incluso ser parte de grupos criminales. Pero nunca un General Secretario, en este caso en retiro, había sido detenido.

De confirmarse oficialmente que Cienfuegos fue detenido por un asunto relacionado con blanqueo de capitales y conspiración para traficar drogas sería muy sorprendente, pero también histórico dado el cargo que detentó en México. “Nunca se ha arrestado a un exsecretario de la Defensa Nacional de México”, dijo Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, a The New York Times. “El Secretario de la Defensa de México es un tipo que no solo dirige el Ejército y es militar, sino que reporta directamente al Presidente [en este caso Enrique Peña Nieto]. No hay nadie por encima de él excepto el Presidente “.

 “El exfuncionario fue arrestado por funcionarios estadounidenses a solicitud de la DEA y enfrentará cargos de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos, según un oficial de la ley federal en Nueva York”, agregó el diario basado en Nueva York.

El arresto impulsará al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho una carrera con sus denuncias de corrupción, dice Wall Street Journal.

Cienfuegos encabezó a las Fuerzas Armadas durante seis años en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, “fue arrestado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a petición de la agencia antidroga estadounidense, informaron el jueves fuentes de ambos países. Dos personas con conocimiento de la detención dijeron que Cienfuegos quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses por una orden de arresto de la DEA. Una de las fuentes señaló que la orden era por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Ambas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el caso públicamente”, dijo esta mañana Associated Press.

Un funcionario federal mexicano, que también habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a dar detalles sobre el caso, dijo a la agencia Associated Press que Cienfuegos fue detenido a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles junto a familiares, que quedaron libres, y él fue enviado al Centro de Detención Metropolitano de la ciudad.

“El General se desempeñó como secretario de Defensa de 2012 a 2018 en el gobierno de Peña Nieto, y su arresto es un duro golpe a las fuerzas armadas mexicanas, que desde hace años han apoyado la lucha contra el narcotráfico y han sido elogiadas por distintos gobiernos por su entrega y disciplina”, dice la agencia.

Cienfuegos, de 72 años, es el exfuncionario de mayor rango en ser arrestado desde la captura en 2019 en Texas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del Presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012, y quien se ha declarado inocente de cargos de narcotráfico.

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo a la AP que cuando estuvo en México en 2012 escuchó de algunas versiones que ligaban a Cienfuegos con corrupción, aunque nada que se pudiera probar. “Eso fue algo inaudito porque México siempre ha puesto a los militares en un pedestal”, dijo Vigil. “La corrupción está llegando a su apogeo, porque las personas que alguna vez fueron intocables ahora están siendo arrestadas”, añadió.

Bajo el mando del general Cienfuegos, el Ejército mexicano fue acusado de abusos de los derechos humanos. El peor escándalo durante su etapa al frente del departamento fue la masacre de presuntos criminales en una bodega en 2014.

En junio de ese año, soldados asesinaron a 22 supuestos criminales en la comunidad de Tlatlaya. Aunque algunos murieron en un primer tiroteo con una patrulla militar, en el cual resultó herido un soldado, una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que al menos ocho, aunque quizás fuesen hasta 12 de los sospechosos, fueron ejecutados cuando ya se habían rendido.

Aunque el actual Presidente ha prometido combatir la corrupción y cualquier irregularidad, el mandatario se ha apoyado en gran medida en las Fuerzas Armadas para distintas tareas, incluido el combate al crimen organizado. Pero a diferencia de otros gobiernos, López Obrador le ha encargado otras tareas al Ejército, desde la construcción de infraestructuras a la distribución de suministros médicos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue arrestado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
cuartoscuro_675134_digital © SinEmbargo cuartoscuro_675134_digital
En esta fotografía de archivo del 16 de abril de 2016, el exsecretario de Defensa Nacional saluda a los soldados en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México. Foto: Marco Ugarte, AP.

Ceremonia de Otorgamiento de las Condecoraciones Servicios Distinguidos y a la Distinción Naval 1/ clase al Presidente Enrique Peña Nieto, el evento se realizó en la Explanada Damián Carmona en el Campo Militar 1-A y fue encabezado por el General Salvador Cienfuegos Cepeda, en noviembre de 2018. Foto: Ilse Huesca. Cuartoscuro.

Agencia AP
The New York Times
Washington, DC. EU.
Viernes 16 de octubre de 2020.


El exsecretario Salvador Cienfuegos era conocido como "El Padrino" o "Zepeda", y también es acusado de lavado de dinero
    

Washington.- La fiscalía de Estados Unidos acusa al exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, de cuatro delitos, tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero, por los que deberá rendir cuentas en un juzgado de Nueva York.

Según el documento judicial revisado por EL UNIVERSAL, los delitos se cometieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, e incluyen manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de lavado de dinero de todos los beneficios conseguidos con el tráfico ilícito de esas sustancias.

La publicación de esta información se dio a conocer horas antes de la primera comparecencia de Cienfuegos ante un juez de Estados Unidos en el distrito central de California, en Los Ángeles. Ahí se le leerán los delitos que se le imputan y se iniciará el proceso para su traslado a Nueva York, donde reside la acusación.

La audiencia, según confirmaron fuentes del gobierno estadounidense a EL UNIVERSAL, se realizará a la 1 de la tarde hora local (3 de la tarde hora de Ciudad de México), en donde no se permitirá que haya público.

Cienfuegos fue detenido este jueves en el aeropuerto de Los Ángeles, al que llegó con su familia. La orden de aprehensión fue expedida por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, tal y como pudo confirmar EL UNIVERSAL a través de una portavoz de la institución.

A primera hora de la mañana, el canciller Marcelo Ebrard informaba a través de Twitter que la primera comparecencia de Cienfuegos iba a ser este viernes, pero erró en el horario (dijo a las 2:30 de la tarde hora local) y en el número de delitos que se le iban a imputar (dijo cinco en lugar de cuatro).

El Universal
Víctor Sancho / Corresponsal
Washington DC, Estados Unidos
Viernes 16 de octubre de 2020.


Un grupo de exalumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, (MIT, por sus siglas en inglés), exigió la destitución de Luis Videgaray Caso, −quien es profesor titular de la institución−, por estar involucrado en casos de corrupción en México, como el de Odebrecht.

En una carta abierta publicada en el rotativo estudiantil The Tech, los exestudiantes del MIT cuestionan el papel de Videgaray Caso en la institución.

“El MIT vio como un valor agregado la carrera política de Videgaray al contratarlo. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Videgaray ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas y demandas que no solo involucran a su figura sino también a las agencias gubernamentales que ha dirigido en maniobras corruptas”, exponen.

En la carta hacen un listado de reportajes, investigaciones y demandas legales en las que está implicado, como los desviados a empresas fantasma ligadas al PRI; la compra irregular de la “casa Malinalco” a Grupo Higa, y su vínculo con el gobierno de Enrique Peña Nieto; así como por permitir la creación de un banco para fines ilícitos por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, actualmente detenido.

Destacaron la acusación contra el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, de canalizar alrededor de 500 millones de pesos provenientes de sobornos de Odebrecht, primero hacia la campaña de Peña Nieto, y luego, hacia la compra de votos para la aprobación de las reformas estructurales del ex presidente.

“No sabemos si Videgaray será declarado culpable por un juez. Sin embargo, la amplitud y profundidad de las acusaciones creíbles contra él plantean serias dudas sobre su autoridad moral para liderar proyectos de investigación”.

“La severidad de los casos presentados en contra de Luis Videgaray ponen su integridad e intenciones en duda, por lo tanto, mantenerlo en la institución amenaza la congruencia del MIT, la cual es responsable de gestionar fondos públicos para el progreso científico hacia el mejoramiento de la sociedad”, destacan.

El exfuncionario se integró en julio de 2019 a la plantilla de MIT como profesor titular y conferencista en la Escuela de Negocios Sloan y como miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet del MIT. También fue nombrado Director del Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial para el Mundo, de acuerdo con el rotativo estudiantil.

“Enviar el mensaje a la comunidad internacional de que se puede ejercer abuso de poder en un país, y ser premiado en otro avala las prácticas corruptas y la impunidad”, señalan.

La carta recuerda que el MIT expulsó en 2019 al entonces director del MIT Media Lab, Joi Ito, por estar envuelto en el escándalo de Jeffrey Epstein.

Una lista de los firmantes que apoyan esta carta, así como las formas para que personas y otras organizaciones (afiliadas al MIT y no) firmen, se puede encontrar aquí. Hasta ahora van más de 60 firmas.

Estudiantes del MIT piden destitución de Luis Videgaray con esta carta


Un grupo de estudiantes y exalumnos mexicanos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) escribieron una carta abierta y publicada en el rotativo estudiantil “The Tech” para pedir la destitución del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como académico.

En la carta, los estudiantes pidieron a las autoridades universitarias cancelar la relación laboral con Videgaray Caso y rescindir sus nombramientos como:

Profesor titular

•    Director del AIPW en Sloan y el College of Computing

•    Miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet

•    Los alumnos argumentaron que Videgaray no tiene “autoridad moral”, pues es un “político plagado de escándalos”.

    “Más específicamente, argumentamos que las acusaciones creíbles de corrupción en su contra generan serias dudas sobre su autoridad moral para investigar las “mejores” políticas de IA para “defender la democracia” éticamente en otros países, lo cual se supone es su trabajo en MIT”.
    Extracto de la Carta.

Hace un año, el MIT se vio envuelto en el escándalo que involucra al traficante sexual infantil Jeffrey Epstein. Esto llevó a la salida del director de MIT Media Lab, Joi Ito.

Los escándalos que señalan los estudiantes incluyen corrupción, abuso de poder, asociación delictiva, delitos electorales, blanqueo de capitales y conflictos de intereses.

    “Ni el MIT ni ninguna otra institución son perfectos. Sin embargo, acciones concretas como esta pueden tener un impacto positivo a nivel institucional, nacional e internacional, así como individualmente para muchos miembros de esta gran comunidad. La corrupción y la impunidad no deben tolerarse. El MIT no debe arriesgarse a enviar el mensaje de que los políticos de todo el mundo pueden abusar de su poder mientras están en el cargo y luego ser recompensados con puestos importantes en instituciones estadounidenses”.

Uno TV
Animal Político
Ciudad de México
Jueves 10 de septiembre de 2020.


La compra incluyó el pago de un soborno destinado a financiar campañas electorales del PRI


Ciudad de México.- Antes de ser extraditado desde España, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, declaró que el expresidente Enrique Peña Nieto fue advertido que la compra de la planta Fertinal -localizada en Michoacán- implicaba un daño a la Nación, de acuerdo con información del semanario Proceso.

No obstante, Lozoya indicó que Peña Nieto "presionó" para que se llevara a cabo la compra, que entre otras cosas benefició a Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

La transacción, asegura el semanario, incluyó el pago de un soborno destinado a financiar campañas electorales del PRI.

Además, anota, esa declaración no figura en la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

La publicación indica que, durante las negociaciones para su extradición de España, Emilio Lozoya entregó a las autoridades de ese país una declaración sobre la compraventa de Grupo Fertinal.

Respecto al soborno, el ex director de Pemex dijo que Peña Nieto y Videgaray le confesaron que en diciembre de 2015 esos recursos "se entregarían en efectivo, en dólares o en pesos, en los siguientes meses" y que esto se operaría con Luis Vega Aguilar, exsecretario de Finanzas del PRI.

Lozoya ofreció este testimonio a la FGR mientras negociaba los términos de su extradición y buscaba un "criterio de oportunidad" para reducir su condena de regreso a México, detalla la publicación.

La compra de la planta de fertilizantes tuvo un costo de 635 millones de dólares y Pemex pagó con dos créditos, uno de 507 millones de dólares de Nacional Financiera y Bancomext, y otro de Banco Azteca.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el 27 de agosto que se investiguen los créditos otorgados por ambos bancos del Gobierno para la planta, cuando los titulares eran Enrique de la Madrid y el actual Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

En conferencia desde la capital de Coahuila, el Mandatario fue cuestionado sobre la falta de transparencia de esos contratos, pues las instituciones han argumentado que no se puede revelar información sobre esas operaciones, debido a que se encuentran protegidas por el secreto bancario.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 06 septiembre 2020.

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