Peña Nieto percibirá 3 millones 115 mil 531 pesos; Cámara Alta recibirá 4.74% más; titular de la CNDH y ministros de la SCJN también tendrán un alza salarial

El Congreso de la Unión apartará una bolsa de 667.7 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación que le corresponde para 2018, para el retiro de los 628 legisladores federales, 500 diputados y 128 senadores, que integran la 63 Legislatura.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, al Congreso de la Unión se le otorgará una bolsa total de 13 mil 344 millones en conjunto. Tan sólo los diputados tendrán un presupuesto de 8 mil 439 millones, y el Senado de 4 mil 905 millones de pesos para el próximo año.

Oneroso gasto en San Lázaro

De acuerdo con la suma de todos los recursos que les serán entregados el próximo mes de agosto de 2018 a los diputados cuando finaliza la 63 Legislatura, a cada representante federal se le depositarán hasta un millón 155 mil pesos aproximadamente (monto máximo), y al sumar a los 500 legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, arroja una bolsa de más de 577 millones 678 mil pesos.

Al finalizar la 63 Legislatura, los diputados federales podrían recibir 910 mil 440 pesos de su Fondo de Ahorro (monto máximo con descuentos de 12%); aguinaldo proporcional (ocho meses), 93 mil 669 pesos; por su dieta mensual, 73 mil 910.

Además, por los apoyos económicos por Asistencia Legislativa, 45 mil 786 mil pesos y por Atención Ciudadana 28 mil 722 pesos, así como 2 mil 780 pesos por vales de despensa.

En suma, cada diputado federal perfila recibir una bolsa de un millón 155 mil 357 pesos como monto máximo, pero si el legislador solamente solicitó 8% de su dieta para su Fondo de Ahorro, podría aspirar a recibir 851 mil 877 pesos.

Sobre esto, la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, informó: “No hay nada ni lo habrá fuera de la ley. Lo que existe es un fondo de ahorro de los diputados federales —ellos deciden cuanto guardar de su dieta—, que se establece desde el inicio de la Legislatura y al final se les reintegra complementado por la Cámara [Baja]”.

Fondo de Ahorro con aportaciones de 8% a 12%

El Palacio Legislativo de San Lázaro tiene la prestación del Fondo de Ahorro para los diputados y a éstos se les descuenta entre 8% y 12% mensualmente de su dieta bruta y la Cámara de Diputados aporta la misma cantidad a la bolsa de cada diputado y por los tres años sumarían más de 910 mil pesos.

Sin embargo, a los 910 mil pesos del Fondo de Ahorro se les debe sumar los intereses que generaron estos recursos que fueron depositados en las cuentas bancarias que cada grupo parlamentario tiene en instituciones bancarias.

Según información obtenida por EL UNIVERSAL, entre más numerosa es la bancada de cada partido en San Lázaro, más intereses se generan por todos los legisladores que integraron ese grupo parlamentario.

Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene actualmente 205 diputados federales; el Partido Acción Nacional (PAN), 109; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 54; Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 47; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 40; Movimiento Ciudadano (MC), 20; Partido Nueva Alianza (Panal), 12; Partido Encuentro Social (PES), nueve; tres legisladores sin partido y uno independiente.

Feliz fin de Legislatura en el Senado

El Senado de la República alista una bolsa de 90 millones 49 mil 920 pesos que tendrán entregar a los 128 senadores por los conceptos de dieta, aguinaldos, asistencia legislativa y atención ciudadana y seguro de separación en agosto próximo, cuando concluyan su tarea legislativa.

Así, cada senador recibirá en su último mes como legislador 117 mil 400 pesos por concepto de dieta, más 104 mil 355 pesos por aguinaldo (proporcional a ocho meses); más 200 mil pesos mensuales por Asistencia Legislativa y Atención Ciudadana, además de 281 mil 760 pesos de un seguro de separación individual, lo que equivale a 703 mil 515 pesos.

Esos más de 703 mil pesos multiplicados por los 128 senadores que conforman la 63 Legislatura, dan un total de 90 millones 049 mil 920 pesos.

Por aguinaldos, de acuerdo con el Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando, los legisladores por ley, anualmente tienen derecho a 40 días de salario, es decir, al año suman 156 mil 533 pesos, pero la parte proporcional por los ocho meses que trabajarán en 2018 equivale a que cada representante reciba 104 mil 355.

En suma, el Senado de la República pagará a los legisladores por los ocho meses de aguinaldo 13 millones 357 mil pesos.

En el rubro de Asistencia Legislativa y Atención Ciudadana, los senadores reciben 200 mil pesos mensuales, esto significará un desembolso de 25 millones 600 mil pesos.

El seguro de separación se constituye con aportaciones voluntarias de 10% de la dieta por parte de los senadores y por un tanto igual que aporta al total el órgano legislativo.

El Universal
Horacio Jiménez,
Suzzete Alcántara
y Pedro Villa y Caña
Ciudad de México
Sábado 11 noviembre 2017.


Ciudad de México – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

Soluciones a corto plazo y problemas a largo plazo

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y exdirector del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

Un Estado frágil se hunde

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.
ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD
La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

Una atomización social y del Estado

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

La parálisis en medio del desastre

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más rico, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

The Interpreter es una columna de Max Fisher y Amanda Taub que busca explorar el contexto y las ideas detrás de los principales eventos mundiales.

The New York Times
Max Fisher / Amanda Taub
Ciudad de México / Washington
Jueves 02 de noviembre de 2017.


Odebrecht acompañó al PRI y a Peña Nieto en toda la campaña presidencial, revela delator

Ciudad de México. - La filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, en ese tiempo director de la compañía y hoy delator ante la justicia brasileña para esclarecer el gigantesco caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato.

“Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013, según consta en la transcripción del encuentro.

De acuerdo con nuevos documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.

Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa y ha asegurado que demandará a los delatores por dañar su honor. Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México.

El pasado 14 de agosto, MCCI publicó que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores.

Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias por 1.5 millones provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en el estado de Veracruz, en alianza con la empresa mexicana Idesa.

Los documentos revelados por MCCI –que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank- fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Esta no es la primera vez que Braskem es investigada por financiamiento de campañas electorales. En la pesquisa del caso Lava Jato, se descubrió que la firma petroquímica financió a candidatos y partidos políticos en Brasil, mientras que en Argentina aportó dinero para la campaña del actual presidente Mauricio Macri.

Reuniones, desde 2010

De acuerdo con la información de MCCI, el seguimiento de Braskem y de Odebrecht a la trayectoria de Peña Nieto se dio desde antes de que éste fuera candidato a la Presidencia.

En la primera semana de abril de 2010, el entonces gobernador del Estado de México viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht y luego, en octubre de 2011 –cuando ya se perfilaba como candidato presidencial-, se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca.

Esta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil como parte de la investigación del caso Lava Jato.

Según estos correos –de los que MCCI tiene copia-, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó un encuentro de dos horas con Peña Nieto; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para reunirse con el entonces gobernador Javier Duarte, y por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fadigas, el director de Braskem. En dos días, Odebrecht se reunió con personajes de tres partidos (PRI, PAN y PRD).

Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló con Carlos Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.

“Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI), no sólo del actual presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya 100%”, aseguró Fadigas en aquella reunión.

Apenas asumió la Presidencia, dice MCCI, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.

“Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no sólo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013 en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado “de tiempo completo” al candidato priista.

En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos.

De Braskem a Latin America Asia Capital

Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del caso Lava Jato.

En esas planillas se detalla que un primer pago de Braskem a Latin America Asia Capital se efectuó el 23 de mayo de 2012 por 500 mil dólares a través del Meinl Bank de Antigua; a los siete días (el 30 de mayo) hubo otra transferencia por 490 mil dólares y una semana después (el 8 de junio) una más por 510 mil dólares. En suma, 1.5 millones en dos semanas.

Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.

En cada transacción aparece la clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.

En el caso de la empresa ligada a Lozoya, aparece la clave “Salvador”, mientras que en las de sobornos pagados en Petrobras el código es “Volley” y “Competitivo”, que era la identidad oculta de Bernardo Freiburghaus, operador de Odebrecht en Suiza y Alexandrino Alencar, exdirector de Braskem.

La cercanía con la campaña de Peña

Luis Alberto de Meneses Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, confirmó en su delación premiada rendida el 16 de diciembre de 2016 ante autoridades de justicia de Brasil, que la empresa había seguido la campaña presidencial de 2012, y que su trato había sido con Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional.

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito en las encuestas”, dijo Weyll a los fiscales brasileños, de acuerdo con el expediente revelado el pasado 13 de agosto por la organización El Quinto Elemento Lab.

“Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, añade el expediente.

Según el expediente citado, Weyll concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.

De acuerdo con el delator, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

Rodrigo Tacla, quien trabajó en el Departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País de España el pasado 28 de julio que la compañía brasileña le había apostado a futuro a Lozoya, a quien veían como futuro presidente, y confesó que una práctica común era invertir en las campañas en Latinoamérica para después conseguir contratos gubernamentales.

“El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. (…) La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno”, declaró Tacla, quien está en libertad provisional en España acusado de soborno y lavado de dinero.

Se deslinda Emilio Lozoya

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, deslindó a su cliente de cualquier transferencia realizada a favor de la empresa Latin American Asia Capital Holding, en Islas Vírgenes.

“Esa cuenta no pertenece al señor Emilio Lozoya Austin y no tiene relación con ese dinero a que hace referencia”, expresó al preguntársele sobre las transferencias realizadas por Braskem entre mayo y junio de 2012.

“Hasta el momento la PGR no ha hecho del conocimiento información alguna que se obtuviera de la Fiscalía de Brasil, siguiendo en espera de la misma para poder ejercer el debido derecho de defensa”, añadió.

Proceso
Reforma
Raúl Olmos
Lunes 23/10/2017.


El daño patrimonial de Duarte a Veracruz es de 12,592 millones, y sólo 2016, dice la Cuenta Pública

Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas robaron las cantidades más fuertes los últimos dos meses de su administración; hay perdidos mil 134 millones de pesos.

Veracruz/Ciudad de México. - Durante el último año de su Gobierno, Javier Duarte de Ochoa y su equipo de colaboradores le sacaron dinero a todos los cajones a los que tuvieron acceso. Eso dice la Cuenta Pública 2016.

Aunque contaba con numerosas denuncias de alcaldes por retención de recursos, de proveedores que reclamaban pagos y ya existía la sospecha de una red de empresas fantasma, la administración de Duarte exprimió aún más las finanzas estatales, de acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior sobre la Cuenta Pública 2016.

El informe, que ya está siendo analizado por la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública del Congreso local, expresa que el presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de Veracruz asciende a 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos con 29 centavos.

De ese dinero, 718 millones 497 mil pesos corresponden a daño en ayuntamientos y 11 mil 873 millones 752 mil 609 pesos con 80 centavos, en Cuenta Pública Consolidada.

Las observaciones más fuertes son tres: la Coordinación de Comunicación Social en los tiempos de Alberto Silva, por 2 mil 268 millones de pesos; otra de 2 mil 257 millones a recursos para los ayuntamientos que les fueron retenidos, y no aparecen; y la tercera por mil 249 millones de pesos a más de 20 dependencias estatales que pagaron sobrecargos por multas y créditos fiscales, todas, por no haber contado con el pago en tiempo y forma.

Hasta octubre de 2016, el todavía Gobernador veracruzano, Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas se robaron incluso tres préstamos bancarios que en conjunto suman mil 026 millones de pesos.

ROBÓ A MUNICIPIOS

El 2016, su último año, según el documento citado, se hace evidente que fue el año en que más recursos exprimió Javier Duarte de Ochoa al erario, esto se infiere del análisis a una tabla presentada en el documento dentro de la observación FP-014/2016/019 DAÑ, en la que se enlistan las aportaciones de la Federación para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Si se les da seguimiento a las fechas, antes de la jornada electoral (en junio) en la que perdió el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ve que antes y hasta octubre, cuando pide licencia Duarte, se da la mayor actividad de saqueo a ese fondo.

Así, en enero de este año, fueron retenidos a los alcaldes 177 millones; en febrero, 107; en marzo, 458; en abril, 77; en mayo, 70; en junio, 427; en julio 589; en agosto, 70; en septiembre 588; y en octubre, 546.

En noviembre, con el Flavino Ríos como Gobernador interino, se retuvieron 900 millones de pesos; y en diciembre, con el nuevo Gobierno, no hay retención. Todo fue pagado.

Esa observación suma 2 mil 257 millones de pesos para el FISM que no llegaron a las tesorerías de los 212 municipios. Hasta la fecha no se tiene pista de la gran parte de ese dinero que los alcaldes ahora le reclaman a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, y ello derivó en que algunos ayuntamientos implementaran un esquema de “licuadora” para salir de aprietos financieros, además del despido de personal y la precarización de servicios públicos.

De esta manera, Duarte de Ochoa robó las cantidades más fuertes el mes de su salida y el mes previo, periodo en el que suman mil 134 millones de pesos de los que hasta ahora no se tiene conocimiento en donde quedaron, o si el ex Gobernador se los llevó consigo para su plan de fuga.

Lo cierto es que, durante su cacería, las autoridades encontraron diversas casas en donde Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías pasaron tiempo escondidos en México y el extranjero, en las que decomisaron fuertes cantidades de efectivo.

ROBÓ PRÉSTAMOS

El ex Gobernador, en complicidad con su Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, se llevó más de mil millones de pesos producto de tres préstamos solicitados en el 2016.

Uno es por 300 millones a Banorte, cuyo dinero fue solicitado y ejercido en enero, dice la observación FP-014/2016/036 DAÑ; el segundo fue por 774 millones de pesos, a Fintegra Financiamiento, en abril, señala la observación FP-014/2016/037 DAÑ; y el tercero por 352 millones, con Multiva, de enero, indica el pliego FP-014/2016/038.

En los tres, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) concluye que “no presentaron la justificación, comprobación y documentación”, además no presentaron “evidencia documental original que compruebe y justifique la aplicación de los ingresos provenientes del crédito contratado”.

Es decir, los fondos se pudieron haber usado en lo que quisieron, menos en obra pública productiva. Duarte de Ochoa caracterizó su Gobierno por la constante solicitud de préstamos bancarios para obra pública, carreteras, hospitales y pavimentaciones que sólo quedaban en el evento de la primera piedra, jamás fueron concluidas.

El ex priista tomó las riendas de Veracruz con una deuda con la banca por 17 mil millones de pesos. A su salida, el monto “asciende a 51 mil 783 millones de pesos por concepto de deuda pública de largo y corto plazo, emisiones bursátiles y bono cupón cero”, indica el documento.

NO PAGARON

La observación FP-014/2016/040 DAÑ es por 40 millones de pesos a falta de “recursos financieros en forma oportuna que debió transferirles la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)” a 10 dependencia descentralizadas que tuvieron que pagar recargos y créditos fiscales.

El ORFIS concluye como daño ese dinero, en la lógica de que si se hubiera ministrado en tiempo forma por el dispersor (SEFIPLAN), esos 40 millones hubieran sido destinado a mejoras y cubrir otras necesidades de la administración pública.

EL ÚLTIMO AÑO DE SAQUEOS

Las dependencias del Ejecutivo fueron ordeñadas durante diez meses en 2016; los duartistas no tuvieron descanso:
$242,512,778.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de gobierno durante el 2016
$214,590,971.01
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Seguridad Pública durante el 2016
$724,469,276.44
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Educación de Veracruz durante el 2016
$284,649.56
El presunto daño patrimonial en la Secretaria del Trabajo durante el 2016
$91,441,144.85
El presunto daño patrimonial en la Secretaria Infraestructura y Obras Públicas de durante el 2016
$5,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Turismo durante el 2016
$42,129,821.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario durante el 2016
$28,499,102.90
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Protección Civil durante el 2016
$8,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Contraloría General del Estado durante 2016
$2,284,812,744.86
El presunto daño patrimonial en la Coordinación de Comunicación Social durante el 2016
$184,692,778.79
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Social durante el 2016
$7,988,325.40
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Medio Ambiente durante el 2016.

Sin Embargo
Yerenia Roldón
Ciudad de México
Sábado 21 octubre de 2017.


Emilio Lozoya exigió que lo exoneraran y una disculpa pública por el ‘caso Odebrecht’

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presionó para que se le declarara inocente y se le ofreciera una disculpa pública. Así lo asegura Santiago Nieto, el fiscal especializado en delitos electorales, en una entrevista publicada este martes por el periódico Reforma. Lozoya había sido señalado en agosto pasado por supuestamente recibir 10 millones de dólares en sobornos, según el testimonio de tres ex directivos de Odebrecht a la Justicia brasileña. Nieto investiga si parte de ese dinero terminó en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, en la que Lozoya participaba como jefe de asuntos internacionales.

"Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte", relata Nieto. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) abrió el expediente sobre Lozoya en agosto, el mismo mes que los reportes periodísticos lo acusaban de corrupción.

"Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar'. Esto es lo que me parecía particularmente grave", recoge Reforma. Lozoya, uno de los hombres de confianza de Peña Nieto, desmintió en su momento las acusaciones y negó que existieran evidencias en su contra. "Mi consciencia está tranquila", dijo Lozoya, quien dejó la dirección de Pemex en 2016. "Es falso. En ningún momento se pide impunidad, se pide aclaración o se pide que lo liberen. Solamente se pide que lo citen para que se aclare lo que la Fiscalía imputó", ha dicho a El Financiero Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, sobre los dichos de Nieto.

Nieto afirma que hay indicios de un supuesto financiamiento de Odebrecht a campañas del Partido Revolucionario Institucional y que prepara una denuncia contra los responsables. Reforma cita como elementos de la investigación cuentas bancarias ligadas a Lozoya y Odebrecht en las islas Caimán, Suiza y Brasil.

Raúl Cervantes, extitular de la Procuraduría General de la República (el equivalente a la Fiscalía nacional), dijo tras presentar su renuncia este lunes que había concluido "las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto".

El titular de la FEPADE, ocupado de la deriva electoral del caso, ha optado por la cautela y no ha dado más detalles sobre la pesquisa en curso. "Es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas", sentenció Nieto.

El País
Reforma
Ciudad de México
Miércoles 18 de octubre de 2017.


La petición está registrada con el número 839/2017 en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal

Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación de evolución patrimonial

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, interpuso una solicitud de amparo en contra de actuaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En diciembre del año pasado Estados Unidos dio a conocer que la firma brasileña Odebrecht repartió sobornos millonarios en distintos países para obtener contratos de obra pública, entre ellos México.

Según las acusaciones de directivos de la empresa, le fueron entregados 10.5 millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.

La Fepade indaga si parte de estos recursos fueron usados como financiamiento ilegal en la elección de 2012.

La solicitud de amparo está radicada en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 839/2017, y se argumenta que Lozoya no ha tenido acceso a la averiguación, y tampoco se le ha solicitado rendir declaración.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 11/10/2017.


Enrique Krauze siempre se ha asumido como un “intelectual” libre que no tiene vínculos con los gobiernos en turno. Argumenta, cada que puede, que lo que él dice es lo que piensa y que no hay en sus palabras ningún interés económico, que él critica y fustiga porque así se lo dicta su ideología liberal y “democrática”. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Hay algo que une a Krauze con el actual gobierno federal. Y ese algo se llama negocios.

El historiador Enrique Krauze se ha convertido en un contratista consentido de Enrique Peña Nieto. Desde que el priista llegó al poder, el director de Letras Libres ha sido beneficiado con 53 millones de pesos.

La Editorial Clío Libros y Videos S.A. DE C.V, de la cual Krauze funge como director y dueño, ha signado múltiples contratos, la mayoría mediante adjudicación directa, con dependencias del Gobierno Federal. Y no sólo áreas relacionadas con el ámbito cultural.

Clío puede presumir el haber entablado negocios con dependencias como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social y hasta con la Comisión Nacional Forestal.

2013

La empresa de Enrique Krauze entabló una fructífera relación con el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto a partir de 2013. En dicho año, Clío consiguió cinco contratos:

El primero se dio en octubre (ver) y fue con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Fue de 3 millones 480 mil pesos para prestar “servicio integral de producción, post producción, transmisión y promoción de dos programas histórico documentales en televisión abierta nacional”.

En ese mismo mes se signó el segundo contrato (ver), éste con el Fondo de Cultura Económica. Fue por 1 millón 160 mil pesos para la realización y producción de un documental histórico de una hora que tuviera como tema central el 80 aniversario del FCE.

El tercer contrato se firmó en septiembre (ver), y fue con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 1 millón 483 mil pesos. El concepto: “radio, televisión y cine”. Hubo, ese mismo mes, otro contrato (ver) con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 3 millones 317 mil 737 pesos para difundir en spots de televisión “campañas institucionales”.

En diciembre de ese año se firmó un contrato más (ver) con la Secretaría de Energía (Sener) de 1 millón 724 mil 137 pesos. El motivo: generar spots de televisión relacionados con la Reforma Energética.

Este contrato, quizá, explique muy bien porque Enrique Krauze fue uno de los más férreos impulsores de la privatización del petróleo. Sus artículos en dicha época pedían la apertura del sector energético a capital extranjero.

2014

Los primeros seis meses de 2014 no fueron buenos para la Editorial Clio, pues no recibió ningún contrato por parte del gobierno federal. Sin embargo, los tiempos mejoraron en julio. En ese mes la empresa de Enrique Krauze firmó un contrato (ver) con el IMSS por 2 millones de pesos. El concepto: “radio, televisión y cine”. Dos meses después, obtuvo otro (ver) con la Secretaría de Salud por 202 mil 188 pesos para prestar los servicios de difusión en televisión de la campaña “Chécate, mídete, muévete”.

A finales de 2014, en el mes de diciembre, la editorial de Krauze obtuvo dos contratos con la administración que encabeza Peña Nieto. El primero (ver) fue con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 1 millón 862 mil 44 pesos para difundir la campaña institucional “Crezcamos juntos” y el segundo con la Secretaría de la Defensa Nacional por 1 millón 740 mil pesos para la “producción y difusión de un documental”.

2015

El año de 2015 comenzó bien para Clío, ya que nada más iniciar enero, firmó un contrato (ver) con el IMSS por 700 mil pesos para “radio, televisión y cine”. En febrero arregló la prestación de servicios (ver) con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para la difusión de una campaña de la Cruzada nacional contra el hambre por 500 mil pesos, además de uno con el Colegio de Michoacán (ver) por 43 mil 355 pesos para la coedición de la obra “Hidalgo: maestro, párroco e insurgente”.

En agosto de 2015 Clío fue beneficiada por la Procuraduría General de la República con un contrato (ver) por 2 millones de pesos para la transmisión de spots de radio y televisión del tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.

En noviembre de 2015, firmó un contrato más (ver) con la Secretaría de Salud por la cantidad de 4 millones 308 mil 769 pesos por el concepto de “servicio de difusión” y otro más con la Sedesol (ver), por 1 millón 999 mil 610 pesos para difundir la campaña “acciones sociales”.

Ese año la editorial obtuvo tres contratos más: uno con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ver)  por 1 millón 929 mil 170 pesos para la campaña “residuos sólidos”; otro con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) (ver) por 1 millón 723 mil 498 pesos para la transmisión de spots de una campaña publicitaria de reforestación; y uno más (ver) con la Comisión Nacional del Agua por 1 millón 999 mil 610 pesos para el “servicio de difusión de la campaña de protección a los centros de población, prevención y responsabilidad en medios de comunicación”.

2016

A partir de 2016, la editorial Clío de Enrique Krauze comenzó a recibir más contratos y cada vez más jugosos. En mayo de 2016 firmó con la Secretaría de Cultura (ver) uno por 9 millones de pesos para la realización del documental “La literatura moderna en México 1950-2000”. Vale la pena resaltar aquí que dicho precio superó casi nueve veces el del documental que la misma empresa realizó en 2013 para el Fondo de Cultura Económica, el cual costó poco más de un millón de pesos.

Editorial Clio entabló buena relación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), y en septiembre firmó con dicha dependencia un contrato (ver) por 1 millón 219 mil 247 pesos y, un mes después, otro por 628 mil pesos (ver). Los servicios que la empresa de Enrique Krauze prestó fueron para realizar campañas publicitarias en televisión, radio, medios, periódicos y revistas de la “Reforma Educativa” y del nuevo “Modelo Educativo”.

Esto resalta, pues Krauze, desde sus espacios de opinión en periódicos y revistas, ha defendido la reforma educativa emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y en no pocas ocasiones ha criticado las reacciones de los profesores que han protestado contra dicha reforma.

Pero la buena relación de Krauze con la SEP no terminó en estos dos contratos. Casi al finalizar el 2016, Clío consiguió un contrato (ver) (en adjudicación directa, por supuesto) por 1 millón 600 mil pesos para prestar el “servicio de producción para el documental ‘Jaime Torres Bodet’ de la campaña de comunicación social denominada “quehacer educativo”.

2017

En 2017 Clio solamente ha recibido un contrato del gobierno (ver) de Enrique Peña Nieto. Éste fue firmado en junio con la Secretaría de Cultura por un monto de 9 millones de pesos. La cuestión aquí es que el servicio que se supone prestaría Clio a la Secretaría de Cultura ¡ya lo había hecho en 2016! Sí, en el contrato se estableció que el servicio que la empresa de Enrique Krauze daría al gobierno sería para la realización del documental “La literatura moderna en México 1950-2000”, concepto que ya había aparecido en un contrato similar en 2016. Incluso, el documental de referencia, había sido difundido vía YouTube casi un año antes de que se firmara este nuevo contrato.

Enrique Krauze con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Foto: Especial
Yo escribo según los ceros del contrato

Editorial Clío, Libros y Videos S.A de C.V se anuncia en su página de LinkedIn como una empresa de producción multimedia, fundada en 1991, la cual tiene entre 11 y 50 empleados. En la página web oficial de Clio, se menciona:

“Clío TV, casa productora de documentales históricos, que tiene por objetivo poner al alcance de todos, los acontecimientos más importantes que ha vivido México a lo largo de su historia.

“Por cerca de diecinueve años ininterrumpidos y bajo la dirección de Enrique Krauze, Clío ha llevado a los hogares de México a través de Televisa, más de 500 programas sobre la historia de México”.


Parece ser, pues, que la vitalidad de esta empresa depende de la buena relación que su director, Enrique Krauze, mantenga con el gobierno en turno y claro, con Televisa, un aliado desde hace muchos años de Clio.

En total, desde que Enrique Peña Nieto es presidente, la Editorial Clío de Enrique Krauze ha recibido recursos públicos por 53 millones 620 mil 365 pesos.

¿Acaso este dinero impacta en lo que Enrique Krauze, quien se asume como “libre” y neutral, escribe acerca de los movimientos sociales, de las protestas en contra del gobierno, de la izquierda “radical” y de Andrés Manuel López Obrador?

Los contratos ahí están, y los artículos de Krauze también.

Polemón
César Octavio Huerta
Jorge Gómez Naredo
Ciudad de México
Domingo 8 de octubre de 2017.


La PGR indaga a 13 empresas que tuvieron algún tipo de relación con Odebrecht en los contratos que le fueron adjudicados por Pemex de 2010 a la fecha, entre ellas la Cooperativa La Cruz Azul.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales solicitó a los Registros Públicos de la Propiedad de diversas entidades los informes de dichas compañías, la mayoría subcontratadas por el gigante constructor brasileño y su filial del ramo energético.

Destacan Azul Concretos y Premezclados de la Cooperativa La Cruz Azul y Construcciones Industriales Tapia (Citapia), empresa del hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, que fue subcontratada por Odebrecht y que también conformó con OHL el consorcio ganador del contrato de la planta de hidrógeno y el gasoducto de la refinería de Cadereyta, en 2013.

Entre las empresas hidalguenses sobre las que se rastrean informes están Grupo Rellca, Grupo Constructor Tulancingo y Soluciones Integrales Tollan, registradas en las localidades de Mixquihuala, Tulancingo y Tula. También Argmon's, S.A. de C.V., una distribuidora de materiales en Pachuca.

De acuerdo con información del Gobierno federal, las compañías en cuestión fueron subcontratadas en los cuatro convenios que Pemex adjudicó a Odebrecht y Braskem en los últimos siete años.

Refirma
Abel Barajas
Ciudad de México
Jueves 04 octubre 2017.


Una de las comunidades más pobres del país, San Juan Pilcaya, en la Mixteca Poblana, usada sólo como reserva de votos a cambio de promesas de campaña, se vio sacudida el jueves 21 por una visita relámpago de las más altas autoridades federales y estatales. El presidente Peña Nieto, el gobernador Antonio Gali y miembros de sus gabinetes hicieron acto de presencia en medio de un despliegue de seguridad nunca antes visto por aquí. El acontecimiento provocó el enojo del grupo de estudiantes universitarios que llegaba con ayuda para las víctimas del terremoto y a quienes hicieron a un lado. “¿Por qué no traes comida?”, le espetó una muchacha al primer mandatario. “¡Suerte!”, le contestó él.

San Juan Pilcaya, Pue.- Al efecto devastador del terremoto que dejó casi sin casas ni templo a esta marginada comunidad de la Mixteca Poblana, epicentro del temblor, siguió la aparatosa y efímera presencia del poder político del país y del estado, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.

El jueves 21, dos días después del sismo, el pueblo se convirtió de pronto en una zona de contrastes: las maltrechas calles, que suelen recorrer mulas, caballos y viejos vehículos, se colmaron de camionetas blindadas, automóviles de lujo, patrullas de las policías Municipal, Estatal y Federal, así como camiones militares, mientras siete helicópteros aterrizaban en campos aledaños.

Miembros del Estado Mayor Presidencial, policías federales y soldados armados tomaron el control de la población y acordonaron los espacios para trazarle a Peña la ruta del acceso, mientras decenas de funcionarios poblanos –con camisas y chalecos de sus respectivas dependencias– y coordinadores de giras de secretarías federales ocupaban el techado del lugar sin hacer gran cosa mientras llegaba el mandatario.

Bajo el sol abrasador, tres decenas de universitarios de la capital del estado bajaban de un camión pesadas cajas de víveres y ropa para la población damnificada. El Ejército le cerró el paso al vehículo y tuvieron que llevar la ayuda en una camioneta pick up, ante la mirada impávida de tropa y burocracia.

Por eso cuando el presidente de la República llegó y saludaba de mano a la población, que fue concentrada bajo un toldo de láminas, una de las estudiantes estaba molesta. Y más se enojó cuando Peña, posando para las fotografías, se dirigió a un anciano: “Nada más unas casitas que se cayeron, pero todo bien, ¿verdad?”.

–En vez de estarse tomando fotos, ¿por qué no traes comida? –le reclamó la joven.

–¡Suerte! –le contestó Peña, mirándola, y siguió saludando, mientras el fotógrafo preguntó quién le había estado silbando al presidente. “Había sido yo y por eso le dije: ‘¿Qué, mañana voy a ser Mara Dos por decir lo que pienso?”, narra Areli Arce aludiendo a Mara Castilla, la joven asesinada en Puebla.

Y es que, en efecto, la ayuda para las víctimas del terremoto del martes 19 de esta población la proveyó la sociedad civil, sobre todo jóvenes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), como Areli Arce, y de la Universidad Iberoamericana de esa entidad, que repartieron frijol, atún, arroz, pañales, papel higiénico y hasta croquetas para perros.

Ella formó parte de un grupo de estudiantes poblanos que llegó con un autobús cargado de víveres y ropa, que repartieron en el modesto kiosco de la plaza principal, bajo la mirada de los soldados que se guarecían del sol.

Sólo una parte de los militares removía escombros con palas y los demás estaban de pie, con las armas de alto calibre colgadas del hombro, inútiles en una comunidad devastada por el sismo, donde el cura del pueblo oficiaba misa mientras Peña se reunía con el gobernador, Antonio Gali, y altos funcionarios para evaluar la situación.

El presidente había dado un discurso en el que confundió los nombres de poblados y municipios de la región, y prometió ayuda para la reconstrucción de las viviendas. Recibió unos aplausos de los funcionarios poblanos. Tras una breve reunión de coordinación, él, los secretarios federales y los funcionarios poblanos abandonaron el lugar en sus respectivos helicópteros y ­camionetas.

Los reclamos al presidente se produjeron pese a que no llevó a la “fuente”, el grupo de periodistas de los medios de comunicación que suelen acompañarlo, por recomendación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de la aparatosa visita a Morelos, uno de los estados afectados por el terremoto del 19.

“¿Sabes por qué venían sólo tres cámaras con él en el recorrido? Ayer dije: en Morelos la gente estaba enojada porque van 200 cámaras encima del presidente. Me puse a cambiar y que no hubiera. Si se enojan conmigo, lo siento. La gente empieza a decir: ‘Vienes por la foto’”, afirma Osorio Chong.

Involucrado también en el sismo de una semana antes, afirma que quien trate de politizar y lucrar con la tragedia será repudiado. “Hay quienes lo hacen, pero pronto se topan con pared. En Morelos lo quisieron hacer, pero rápidamente la gente los manda a volar. A veces ni siquiera son partidos, sino personas, pero se topan con pared, como en Chiapas”.

Acusado él mismo de querer usar políticamente la ayuda, como en la Ciudad de México, el martes 19, el funcionario aclara: “No estoy buscando cámaras ni tener presencia. Es demasiada tragedia. La sociedad trae una situación de enojo por los que lo han querido hacer. Por eso la indicación es: sólo el Ejército entrega apoyos”.

Puebla, como Chiapas, Oaxaca, Morelos y la Ciudad de México, asegura, son estados politizados y aquí “pocos se van atrever” a lucrar con la tragedia. “Y sobre lo mío: la verdad me tiene sin cuidado. Yo sé que actúo con muchas ganas de ayudar”.

El abandono sigue

Idos los funcionarios, Osorio Chong incluido, Pilcaya quedó en manos sólo de su propia población, de los voluntarios y de un puñado de soldados, sin comunicación siquiera con el exterior vía telefónica. Una situación análoga viven otras poblaciones afectadas por el terremoto en municipios vecinos, como Huehuetlán el Chico.

En San Juan Platanar, a 15 minutos de Pilcaya, el terremoto arrasó con las casas cuyos habitantes son –la mayoría– personas mayores, según constató Proceso el miércoles 20.

Uno de ellos, Sabino Guzmán Espinoza, seguía aturdido y conmovido. De su casa, en la que vivía desde su nacimiento, en 1942, sólo quedó un montón de escombros y polvo de adobe. Su esposa y él salieron justo a tiempo, pero perdieron el patrimonio de toda una vida.

Ayoxuxtla de Zapata, apenas a 10 minutos de Pilcaya, también fue devastada por el terremoto: casi 90% de las viviendas se vino abajo y una delegación pidió hablar con Peña. Tres vecinos extendieron pancartas; una decía: “Ayoxuxtla sufrió los mismos daños, pero no tenemos la misma atención”.

La manifestación hizo enojar al presidente municipal, el panista Rogelio Pérez Casales. “Se molestó, pero qué quiere que hagamos. De alguna manera hay que llamar la atención”, explica Jorge Sánchez Torres, presidente del comisariado ejidal de Ayoxuxtla, quien reclama que el alcalde no haya ido a esta junta auxiliar.

Pérez Casales, por su parte, dice que no ha tenido tiempo de ir a Ayoxuxtla por tanto trabajo tras el sismo, pero a su vez también se molestó por no haber sido invitado a la reunión de evaluación con Peña Nieto.

“Debe haber atención (hacia nosotros) como autoridades. Yo represento a más de 9 mil habitantes”, razona.

En antagonismo con las autoridades de Ayoxuxtla, donde Emiliano Zapata redactó y lanzó en 1911 el Plan de Ayala, se desespera: “Están encabronados, porque la presidencia está destruida. Ya mandé gente, pero quieren que yo vaya. Pero tengo seis juntas auxiliares y aparte allá no hay señal de teléfono”.

–¿Obedece a una filiación política ­diferente?

–No, no. De hecho, es ciento por ciento priista. Yo soy panista, pero tengo muy buena relación.

El alcalde panista advierte que puede haber intencionalidad política en la ayuda que se prestará a los damnificados, sobre todo ante el proceso electoral en curso.

“Hemos sido cuidadosos, apoyando por igual a los de mi partido y a los del otro. Pero de ellos, a lo mejor sí. Por ejemplo, estoy mirando que vino mucho gobierno federal y vienen actores políticos pasados a sacar tajada de esto: varios expresidentes, delegados que fueron antes gobierno del estado.”

Se refiere, por ejemplo, al subsecretario Juan Carlos Lastiri y a Enrique Doger, exrector de la BUAP y delegado del IMSS, y ambos, aspirantes priistas al gobierno del estado. “Por la magnitud del desastre esperemos que no”.

Tráfico de la pobreza

Aquí el uso político-electoral de los apoyos del gobierno a la población más vulnerable es extendida, y se prevé que crezca con la tragedia en esta zona históricamente marginada.

San Juan Pilcaya y Ayoxuxtla de Zapata pertenecen a la Mixteca, una región que incluye también zonas de Oaxaca y Guerrero, con un atraso ancestral. La mayoría de la población vive de la siembra de temporal y de las remesas que envían quienes decidieron irse a Estados Unidos.

La presencia del mandatario y del gobernador en San Juan Pilcaya irritó a Adán Urioso Martínez, un joven abogado oriundo de una ranchería vecina. La Mixteca Poblana es una de las regiones más olvidadas y pobres del estado –“quizás del país”, precisa–, de la que uno de cada tres habitantes debió emigrar a Estados Unidos para salir adelante.

Si no fuera por el temblor, dice en entrevista, “no hubiera venido a pararse ningún político a ejecutar un programa en beneficio de la gente”. Recuerda que ni el exgobernador Rafael Moreno Valle ni Gali pisaron las comunidades de la Mixteca Poblana y deplora: “Se han olvidado que existimos los agricultores y campesinos, y que no hay otra forma de sobrevivir por aquí”.

Adelanta que los apoyos prometidos se convertirán en herramientas de compra de voto para el proceso electoral de 2018. “Lo que es aquí es teatro político para el próximo año”, asevera. E insiste: “Por el desconocimiento, la necesidad y la pobreza en la que vivimos, caemos en cada contienda electoral, nos vendemos por unos cuántos pesos”.

El joven señala que durante su campaña política, el diputado priista Jorge Estefan Chidiac, presente durante el evento presidencial, prometió al pueblo una antena para que por fin llegara la señal de telefonía celular a la región. El hombre fue electo y la antena nunca llegó.

“¿Por qué viene este personaje? Prometió y no cumplió, no debería ni tener la cara de venir a pararse. Sin embargo, mis respetos para los políticos, hasta me quito el sombrero, porque no tienen ni vergüenza.”

Según el abogado, ante la ausencia de verdaderos apoyos estatales y federales al campo, los habitantes de la Mixteca difícilmente pueden escaparse de la espiral de marginación, pues estudiar en Puebla implica gastos que prácticamente ninguna familia puede solventar.

“Conozco muchos chavos de esta junta auxiliar que tienen un potencial académico enorme, mayor que el mío. Pero por las condiciones sociales y económicas, las mujeres se dedican a ser amas de casa y los compañeros al campo”, deplora.

Marisol, de 14 años, quisiera ser doctora en Puebla. Con una risita nerviosa dice que entrar o no a la universidad dependerá del estado económico, pues ignora si los apoyos del programa Prospera alcanzarán a su familia para enviarla a la capital.

Gilberto Aguilar Medina es campesino, sobrevive de sus cosechas de maíz, sorgo y jamaica cuando el temporal lo permite.

Mientras come un pedazo de naranja todavía verde –el postre que acompañó la torta entregada por el Ejército–, el hombre dice que está dispuesto a creer que los gobiernos desbloquearán fondos para levantar las casas, pero teme que funcionarios los desvíen, como ocurre con los programas de apoyo al campo. “Hazte cuenta, es como esta naranja: ellos se la comen toda y nos dejan un cuartito”, dice.

En temporada electoral “la verdad, sí te dan apoyo a cambio del voto”, afirma Aguilar. Pero en la Mixteca Poblana el voto sale barato: “A los líderes les dan láminas y bultos de cemento”, explica.

Señala, con un movimiento de cabeza, el techado en el que se aglutinan los funcionarios poblanos. “El Chidiac, durante su campaña (para la diputación) nos prometió un auditorio, pero terminó siendo un techado. Me dijeron que costó 2.5 millones de pesos”.

El señor Sabino Aragón Barrera está sentado, junto con su familia, en las escaleras de su casa al borde del derrumbe. Como prácticamente todos los habitantes del pueblo, sacaron algunos muebles y sus escasos bienes al patio, donde pernoctan a la intemperie, en espera de que alguien acuda a demoler su vivienda.

Don Sabino insistió en enseñar a los reporteros cada detalle de su casa destrozada, para darle su justa dimensión a la tragedia humana que vive. Entre las paredes dobladas y por caerse, recoge escombros y los avienta con un gesto de impotencia.

Él y su familia escucharon las promesas de los políticos que, durante un par de horas, visitaron el poblado. Aun así, en el momento de despedirse piden que se les proporcione ayuda. Y sobre todo que con el paso de las semanas, no se les olvide…

Este reportaje se publicó el 24 de septiembre de 2017 en la edición 2134 de la revista Proceso.

Proceso
Álvaro Delgado
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
San Juan Pilcaya, Pue
Martes 26 de septiembre de 2017.


La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) firmó el contrato base para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca sin contar con un proyecto ejecutivo, lo que incrementó su costo en 714.6 millones de pesos, sin considerar el IVA.

Este incremento, de acuerdo con la auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), está referido al contrato principal, que es la ejecución de la obra y que fue asignado al consorcio Aldesem y Eppcor por un monto de mil 45.8 millones de pesos, con IVA incluido.

El Paso Exprés es una obra que inició en 2014 y fue inaugurada en abril pasado. En su diseño, construcción y supervisión, la SCT celebró 13 contratos con distintas empresas y prestadores de servicios.

La SFP llevó a cabo una auditoría a cuatro de esos contratos, entre ellos el de la ejecución de la obra, que es el que tiene el monto más elevado y del que detectó el sobrecosto por la mala planeación.

"Se concluye que se llevó a cabo el procedimiento de licitación sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un catálogo de conceptos E-7, presentado por la Dirección General de Carreteras", señala el documento.

"Dicho proyecto resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de convenios modificatorios y la contratación de servicios para el seguimiento y adecuación del proyecto".

En toda obra de construcción, lo usual es que primero se tiene el proyecto ejecutivo y después se contrata a quien lo va a ejecutar, pues éste es el que contiene los planos y las especificaciones técnicas y es el que sirve como base para calcular los costos.

La auditoría refiere que la SCT emitió la convocatoria de la licitación pública para la construcción de la vía el 16 de octubre de 2014 y el 24 de noviembre de ese mismo año asignó el contrato.

Sin embargo, fue hasta enero de 2015 que Banobras firmó con la empresa Orva Ingeniería SA de CV el contrato del proyecto ejecutivo, es decir, posteriormente a la firma de la construcción de la vía.

El 12 de julio pasado, en el kilómetro 93+857 se abrió un socavón de casi cinco metros de profundidad en el que cayeron y murieron dos personas.

La oquedad se formó debido a que el tubo de la barranca que cruza por debajo de la vía se fracturó y formó una represa de agua que removió la tierra.

Eso ocurrió pese a la advertencia de los vecinos, quienes pidieron sustituir el tubo y ampliar su capacidad de desfogue, solicitud que no fue atendida.

Piden renuncia y castigo a Ruiz Esparza

Senadores del PAN, PRD, Morena e independientes exigieron este miércoles la renuncia del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Los legisladores pidieron que el funcionario deje el cargo, luego que la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

El panista Raúl Gracia condenó que el Presidente Enrique Peña Nieto mantenga a Ruiz Esparza en el Gabinete sólo por la cercanía personal, sin importar las fallas cometidas por la Secretaría.

"La gran falla de este sexenio es que cada vez que los colaboradores del Presidente incurren en una falla o en un acto de corrupción, él prefiere la amistad antes que dar resultados a los ciudadanos. Prefiere mantener al amigo que actuar conforme a derecho", criticó.

"Obviamente Ruiz Esparza debe dejar el cargo, es una acción que costó vidas, que se pudo prever, nunca debió haber sucedido y en cualquier país democrático del mundo esto ya hubiera generado la salida del titular de la dependencia".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez, coincidió en que el Secretario debe dejar el cargo y responder ante la justicia sobre las omisiones que derivaron en la apertura de un socavón a pesar de que se trató de una obra millonaria.

El legislador exigió que se castigue a los verdaderos responsables de los hechos y no a funcionarios menores.

"Sí hay una responsabilidad directa del Secretario. Es parte de toda la corrupción que existe en esta Secretaría, aunque no pasa nada, porque sabemos que el Secretario es protegido del Presidente de la República, hay un contubernio desde lo más alto de la esfera de poder del País", expresó.

"Hay una alta responsabilidad y no puede ser que sea de funcionarios menores, de ninguna manera".

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fidel Demédicis, pidió que se finquen responsabilidades administrativas y penales en contra de Ruiz Esparza.

Demédicis confió en que la auditoría de la SFP pueda derivar en la renuncia del funcionario.

"Están buscando cómo lavarse las manos y en un momento complicado para Peña Nieto y Ruiz Esparza puede ser el que van a sacrificar. Se puede dar algo parecido a lo que ocurrió con el 'Quinazo'", afirmó.

"Solicitamos su renuncia, pero ahora no sólo debe salir, se le deben fincar responsabilidades de tipo administrativo y penal".

La senadora independiente Dolores Padierna denunció que Ruiz Esparza está protegido por el Presidente y es la única explicación para que siga en el cargo.

"Del socavón del 12 de julio, hay otro auténtico socavón: el financiero que es el de un mil millones de pesos que halló la SFP y es la mitad del costo de toda la obra, sin que ello merezca alguna mención sobre fincamiento de responsabilidades", acusó.

Padierna consideró extraño que la SFP no haya determinado ninguna sanción o responsabilidad administrativa a los funcionarios de la SCT que autorizaron, permitieron y avalaron la actuación ilegal de las empresas, el sobreprecio y el incumplimiento de los contratos.

"No se puede sancionar solo a las empresas y de nueva cuenta volver a cubrir con la impunidad a los funcionarios públicos que permitieron esos actos ilegales", sostuvo.

"Sin una sanción política y administrativa contra la SCT estas auditorías solo quedarán en 'llamarada de petate'".

Reforma
Claudia Guerrero
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 13 septiembre 2017.

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