La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) firmó el contrato base para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca sin contar con un proyecto ejecutivo, lo que incrementó su costo en 714.6 millones de pesos, sin considerar el IVA.

Este incremento, de acuerdo con la auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), está referido al contrato principal, que es la ejecución de la obra y que fue asignado al consorcio Aldesem y Eppcor por un monto de mil 45.8 millones de pesos, con IVA incluido.

El Paso Exprés es una obra que inició en 2014 y fue inaugurada en abril pasado. En su diseño, construcción y supervisión, la SCT celebró 13 contratos con distintas empresas y prestadores de servicios.

La SFP llevó a cabo una auditoría a cuatro de esos contratos, entre ellos el de la ejecución de la obra, que es el que tiene el monto más elevado y del que detectó el sobrecosto por la mala planeación.

"Se concluye que se llevó a cabo el procedimiento de licitación sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un catálogo de conceptos E-7, presentado por la Dirección General de Carreteras", señala el documento.

"Dicho proyecto resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de convenios modificatorios y la contratación de servicios para el seguimiento y adecuación del proyecto".

En toda obra de construcción, lo usual es que primero se tiene el proyecto ejecutivo y después se contrata a quien lo va a ejecutar, pues éste es el que contiene los planos y las especificaciones técnicas y es el que sirve como base para calcular los costos.

La auditoría refiere que la SCT emitió la convocatoria de la licitación pública para la construcción de la vía el 16 de octubre de 2014 y el 24 de noviembre de ese mismo año asignó el contrato.

Sin embargo, fue hasta enero de 2015 que Banobras firmó con la empresa Orva Ingeniería SA de CV el contrato del proyecto ejecutivo, es decir, posteriormente a la firma de la construcción de la vía.

El 12 de julio pasado, en el kilómetro 93+857 se abrió un socavón de casi cinco metros de profundidad en el que cayeron y murieron dos personas.

La oquedad se formó debido a que el tubo de la barranca que cruza por debajo de la vía se fracturó y formó una represa de agua que removió la tierra.

Eso ocurrió pese a la advertencia de los vecinos, quienes pidieron sustituir el tubo y ampliar su capacidad de desfogue, solicitud que no fue atendida.

Piden renuncia y castigo a Ruiz Esparza

Senadores del PAN, PRD, Morena e independientes exigieron este miércoles la renuncia del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Los legisladores pidieron que el funcionario deje el cargo, luego que la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

El panista Raúl Gracia condenó que el Presidente Enrique Peña Nieto mantenga a Ruiz Esparza en el Gabinete sólo por la cercanía personal, sin importar las fallas cometidas por la Secretaría.

"La gran falla de este sexenio es que cada vez que los colaboradores del Presidente incurren en una falla o en un acto de corrupción, él prefiere la amistad antes que dar resultados a los ciudadanos. Prefiere mantener al amigo que actuar conforme a derecho", criticó.

"Obviamente Ruiz Esparza debe dejar el cargo, es una acción que costó vidas, que se pudo prever, nunca debió haber sucedido y en cualquier país democrático del mundo esto ya hubiera generado la salida del titular de la dependencia".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez, coincidió en que el Secretario debe dejar el cargo y responder ante la justicia sobre las omisiones que derivaron en la apertura de un socavón a pesar de que se trató de una obra millonaria.

El legislador exigió que se castigue a los verdaderos responsables de los hechos y no a funcionarios menores.

"Sí hay una responsabilidad directa del Secretario. Es parte de toda la corrupción que existe en esta Secretaría, aunque no pasa nada, porque sabemos que el Secretario es protegido del Presidente de la República, hay un contubernio desde lo más alto de la esfera de poder del País", expresó.

"Hay una alta responsabilidad y no puede ser que sea de funcionarios menores, de ninguna manera".

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fidel Demédicis, pidió que se finquen responsabilidades administrativas y penales en contra de Ruiz Esparza.

Demédicis confió en que la auditoría de la SFP pueda derivar en la renuncia del funcionario.

"Están buscando cómo lavarse las manos y en un momento complicado para Peña Nieto y Ruiz Esparza puede ser el que van a sacrificar. Se puede dar algo parecido a lo que ocurrió con el 'Quinazo'", afirmó.

"Solicitamos su renuncia, pero ahora no sólo debe salir, se le deben fincar responsabilidades de tipo administrativo y penal".

La senadora independiente Dolores Padierna denunció que Ruiz Esparza está protegido por el Presidente y es la única explicación para que siga en el cargo.

"Del socavón del 12 de julio, hay otro auténtico socavón: el financiero que es el de un mil millones de pesos que halló la SFP y es la mitad del costo de toda la obra, sin que ello merezca alguna mención sobre fincamiento de responsabilidades", acusó.

Padierna consideró extraño que la SFP no haya determinado ninguna sanción o responsabilidad administrativa a los funcionarios de la SCT que autorizaron, permitieron y avalaron la actuación ilegal de las empresas, el sobreprecio y el incumplimiento de los contratos.

"No se puede sancionar solo a las empresas y de nueva cuenta volver a cubrir con la impunidad a los funcionarios públicos que permitieron esos actos ilegales", sostuvo.

"Sin una sanción política y administrativa contra la SCT estas auditorías solo quedarán en 'llamarada de petate'".

Reforma
Claudia Guerrero
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 13 septiembre 2017.


Ciudad de México— El embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil, expresó su protesta por haber sido expulsado del país.

El diplomático leyó un posicionamiento en la Embajada ubicada en la Colonia Anzures, en el cual dijo que la medida tomada por México era ignorante.

"El problema nuclear de la Península Coreana, desde el surgimiento, el desarrollo, hasta las situaciones actuales en todos los aspectos, es el producto de la política de hostilidad de Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea y no tiene nada que ver con México.

"Por eso, protesto y expreso gran lástima por las medidas diplomáticas bilaterales tomadas por el Gobierno mexicano que profesa la política exterior soberana, sin fundamento ninguno, ni jurídicamente, ni moralmente", señaló.

Dijo que para hablar de las violaciones al derecho internacional, México primero tendría que condenar a Estados Unidos, que durante más de medio siglo ha intentado por todos los medios aplastar a un país soberano y año por año realiza abiertamente los ejercicios de guerra para agredir a Corea del Norte, incluyendo operaciones secretas destinadas a eliminar la máxima dirección de su país.

Dijo que Corea del Norte se ha visto obligada a tomar medidas auto defensivas para salvaguardar su independencia y su derecho a la existencia de su presidente, frente a la coerción y arbitrariedad de Estados Unidos, que ha venido practicando la política de extrema hostilidad y chantajes nucleares.

Recordó que su país ha declarado en varias ocasiones que las resoluciones del Consejo de seguridad de Naciones Unidas son ilegales e inhumanas por ser fabricadas forzosamente por las fuerzas hostiles a la República Popular Democrática de Corea y encabezadas por Estados Unidos.

"Hemos logrado poseer las armas nucleares más potentes, en medio de la sanciones más crueles del mundo, por lo cual no tenemos nada que temer.

"Seguiremos avanzando firmemente por el fortalecimiento, aún más, de las armas nucleares mientras que Estados Unidos no abandonen completamente la política de hostilidad contra la República Popular Democrática de Corea", manifestó.

El embajador no aceptó preguntas de la prensa.

El consejero político de la Embajada, Jong Cholhan, dijo que se quedará a cargo de la sede diplomática a partir del próximo domingo, día en que se tiene prevista la salida del Embajador.

A la conferencia de prensa llegaron los asambleístas de Morena, Ramón Jiménez y Ana Ángeles Valencia, así como Luis Guzmán Rivera, del Partido Popular Socialistas, acompañados de simpatizantes, quienes sostuvieron una reunión privada al interior de la Embajada para expresar su solidaridad.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 08 de septiembre de 2017.


Una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de que el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, emplacó un auto Ferrari 458 Coupé en un domicilio que corresponde a una vivienda de interés social, que se encuentra deshabitada y se ubica en Xochitepec, Morelos.

Cabe destacar que en esa misma vivienda se encuentran registrados al menos dos autos más de gran lujo, un Audi y un Alfa Romeo, que no pertenecen a Cervantes.

El titular de la PGR es promovido actualmente por el PRI y sus aliados para ser Fiscal General de la Nación hasta el 2026.

El auto exento del pago de tenencia es un Ferrari 458 Coupé, modelo 2011 de 8 cilindros, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos.

Cervantes tiene un salario neto al mes de 140 mil pesos y de 205 mil pesos mensuales brutos.

La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el Ferrari del Procurador está registrado en una vivienda deshabitada ubicada en la privada de Paseo de la Lealtad # 46 en Xochitepec, a 20 kilómetros de Cuernavaca.

Datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos reportan que en cuatro domicilios de esa modesta privada fueron registrados 16 autos de lujo, entre ellos 11 Ferraris.

Según los datos consultados, el valor de esos automóviles suma 56 millones 800 mil pesos.

De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular (Repuve), el Ferrari del Procurador fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre de 2012, nueve meses después de que ese Estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como senador por el tricolor.

MCCI consultó con la Procuraduría sobre el auto deportivo registrado a nombre de Raúl Cervantes Andrade. "Lo que podemos decir es que el doctor Cervantes tiene también domicilio en Morelos, y en ese Estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años".

También se cuestionó si el Procurador reconocía como uno de sus domicilios la casa de Paseo de la Lealtad. "Los datos de donde vive o no una persona no son datos que deben proporcionarse. No podría confirmarte lo del domicilio que mencionas".

Los autos están registrados en un fraccionamiento de 44 casas, cada una de 75 metros cuadrados y dos recámaras, de un valor de entre 400 mil y 600 mil pesos.

En la misma casa en la que se registró el auto del procurador, hay registro de otros tres autos a nombre de otras personas: un Audi RS5, un Alfa Romeo 8C Competizione y un auto marca Ford.

En la vivienda con el número 38 de la misma privada de Paseo de la Lealtad están registrados otros ocho autos: siete Ferraris y un Fiat 500 Hatchback Dualogic.

Por su parte, en la casa número 40 fueron dados de alta tres autos con un valor total de 14 millones 300 mil pesos: un Ferrari California Convertible, un Ferrari 458 Coupé y un Ferrari 599 Coupé; en la casa número 44 se registró un Audi A4 versión RS.

En la privada también aparecen coches registrados a nombre del empresario Luis Alfredo Rayet Díaz, dueño de una compañía de aviación con oficinas en Saltillo y Monterrey.

Rayet registró dos autos en la misma casa que el Procurador; además de un Ferrari en el número 38.

Otro empresario con autos registrados en esta calle es Anuar Fayad Hassan, quien de acuerdo con notas periodísticas compró terrenos a precio de ganga al gobierno de Roberto Borge, el ex Gobernador de Quintana Roo ahora detenido en Panamá.

Otro empresario que registró autos en esa privada es Ricardo Alberto Orrantía Cantú, quien se identifica en LinkedIn como dueño de Grupo Altavista, y tiene un Ferrari F430 y un Ferrari 458 Convertible registrados con domicilio en Paseo de la Lealtad.

Joseph Woldenberg Russell, quien según Bloomberg es Vicepresidente de la empresa regiomontana Tubacero, registró un Ferrari 599 Coupé modelo 2011 en el número 40.

También hay autos registrados a nombre de la empresa Asesores Administrativos Esparza, S.A. de C.V y de un fideicomiso del Banco Interacciones.

Otras personas con autos de lujo registrados en esa privada son: Óscar Eliseo Rivas Zúñiga, Carmen Ortiz Álvarez, Aldo Bernardi Gallo, Mauro Roberto Hamz Durand, Luis Cabrera Guevara y José Alberto Castro Alva.

Reforma
Ciudad de México
Mexicanos Contra la Corrupción
Lunes 04 de Septiembre del 2017.


Mientras Enrique Peña Nieto ocupe la presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) no procederá a investigar las denuncias por espionaje político, asociación delictuosa y hasta desaparición de personas que se han formulado en contra del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Eukid Castañón Herrera, advirtió Manuel Bartlett Díaz.

El coordinador de la fracción parlamentaria de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional y del Trabajo (PT) en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, calificó como “una patología” la proclividad al espionaje del también aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la primera magistratura del país.

“El gobernador de un estado de la importancia y dimensión como el de Puebla no debería tener tiempo para nada, menos para andar espiando a adversarios políticos o a periodistas como hizo este señor. Hay muchos, muchos asuntos que atender y esto puede dar una idea de la enfermedad de este señor que quiere ser presidente”, expresó Manuel Bartlett Díaz, quien también fue titular del Poder Ejecutivo poblano.

A pregunta expresa, el también ex secretario de Gobernación federal, consideró que puede ser cierta la versión de que Javier Lozano Alarcón, vocero del gobierno poblano, “regresó a su curul del Senado por órdenes de Rafael Moreno Valle a cumplir un doble propósito: operar a favor del pase automático de Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR a fiscal general de la República, y con esa maniobra, en caso de que se concrete, el ex gobernador de Puebla buscaría obtener impunidad frente a las denuncias que enfrenta por espionaje, tentativas de homicidio y posible malversación de fondos públicos”.

Dijo que Lozano Alarcón “es un político turbio, que aquí es repudiado por todos, por el PRI, por el PAN, por todos y por supuesto que ha venido, ha regresado aquí a generar un caos”.

No obstante, advirtió: “La impunidad no les va a durar mucho, porque ya se van y lo saben, saben que van a perder el poder y que muchos de ellos van a tener que irse y por eso al final, como lo han hecho siempre, van a unirse porque quieren evitar a toda costa que llegue Andrés Manuel López Obrador”.

A las órdenes del PRI

El columnista Fermín Alejandro García planteó ayer que “Lozano Alarcón ya regresó al Senado y ya dio el primer paso, que fue provocar que se quebrará la fracción del PAN, ya que encabeza a un grupo de legisladores albiazules que ha tomado una importante distancia del presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien se opone a que la nueva Fiscalía General de la República (FGR) quede en manos de Raúl Cervantes, un incondicional del presidente Enrique Peña Nieto.

“Pareciera que el fin de semana Moreno Valle ya sabía de la tormenta que se aproximaba en su contra por el tema del espionaje, y se adelantó a los hechos, por lo que ordenó a Javier Lozano a dejar el gobierno de Puebla –en donde era un mil usos, ya que lo mismo era vocero del Poder Ejecutivo, conductor en la televisión oficial, bufón y espía– y se reincorporara al Senado para ponerse bajo las órdenes del PRI, del presidente Enrique Peña Nieto y del proyecto de que Raúl Cervantes se quede instalado en el siguiente sexenio, en la FGR, para cuidar las espaldas de los actuales gobernantes del país.

“El fin de semana, cuando se supo de la salida de Lozano del gobierno de Puebla se especuló mucho que lo habían echado por un conflicto personal con el alcalde de la capital, Luis Banck Serrato, o porque lo habían descubierto filtrando información de la relación del capo huachicolero Othón N, alias El Cachetes, con varios morenovallistas.

“El panista Lozano, siempre haciendo gala de su egolatría, habría definido: ‘Me voy a arreglar las cosas al Senado’. Al final, es justo reconocerlo, decía la verdad.

“Lozano regresó a la Cámara Alta a intentar arreglar los acuerdos de impunidad a favor de su patrón Moreno Valle, pues el segundo de ellos ya había percibido que está pisando un terreno de mucho riesgo por el tema del espionaje, el cual es un asunto que lo tiene en constante estado de tensión por la descomposición en que entraron los equipos dedicados a las labores de vigilancia de sus críticos, sus colaboradores y personajes de la política nacional”.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Viernes 1 de septiembre de 2017.


Señala que aquellos que presentaron grabaciones ilícitas ante los medios de comunicación, ‘son delincuentes confesos’

El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, desconoció a las personas que lo acusan de haber realizado espionaje a funcionarios públicos entre ellos el Presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como al presidente de su partido, Ricardo Anaya.

Afirmó que quienes lo señalan "nunca trabajaron para su administración", y que aquellos que presentaron grabaciones ilícitas ante los medios de comunicación, "son delincuentes confesos" que participaron en actos ilegales y que deberían ser detenidos por la autoridad.

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que durante su administración nunca adquirieron equipos especiales para realizar espionaje, tal y como lo mencionó Rodolfo Raúl González Vázquez.

En una entrevista, rechazó categóricamente haber participado en actos de espionaje, razón por la cual el lunes pasado presentó una carta ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que sea investigado y se le deslinde responsabilidades.

"Soy el más interesado en que se llegue al fondo y se actúe en contra de estos delincuentes", asentó.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 30 de agosto de 2017.


A un año de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, sus más cercanos familiares, colaboradores y amigos han estado involucrados en conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude y soborno, por decir lo menos.

El Círculo de la corrupción que rodea al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, se cierra poco a poco, hasta dejarlo cercado.

Son varios los actos de corrupción denunciados pública y ministerialmente ligados a la figura presidencial. En su primer círculo, el tufo de la deshonestidad, el conflicto de intereses y el dinero ilícito se confirman con la investigación que en el extranjero señala a quien fue miembro de su equipo de campaña primero, y director de Petróleos Mexicanos, después, Emilio Lozoya Austin. Pero, acaso, este es el último eslabón de una cadena de presuntos actos deshonestos que rodean a Peña Nieto.

Incluso antes de tomar posesión, de hecho, antes de ser declarado en tribunales como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al exgobernador del Estado de México lo acompañó la sospecha de la entrega de tarjetas con dinero o vales alimenticios a cambio de votos.

En 2014 vendría el primer y mayor escándalo de corrupción en el entorno personal del presidente, con la develación por parte de un equipo de periodistas de investigación de Carmen Aristegui, quienes documentaron la adquisición de una mansión en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, a nombre de la primera dama, Angélica Rivera, y apoyada y financiada por una filial de la constructora Higa, de Juan Armando Hinojosa, a razón, de acuerdo con el documento periodístico, de 7 millones de dólares.

Resultó que la transacción de la lujosa vivienda la había realizado en 2012, en tiempos en que Peña Nieto aún era candidato, pero la constructora Higa y sus filiales ya habían sido beneficiadas con miles de millones de pesos en obra en el Estado de México, y lo serían también después cuando el priista se convirtió en presidente.

A pesar de que la primera dama defendió en televisión abierta y en directo la adquisición de la casa como un producto de su trabajo en Televisa, y centró el precio de compra en 54 millones de pesos más intereses, al ser ella la única propietaria, y descartando el conflicto de intereses, un mes después de que se dio a conocer la transacción por el equipo de periodistas, de la Presidencia de la República informaron que el bien inmueble en cuestión había sido puesto a la venta luego de que Rivera terminara el contrato con la filial de Grupo Higa, después de dos años de estar pagando la mansión en la que vivirían ella, sus hijos, los del presidente y este mismo.

El acto, más que de contrición ante la sospecha de la corrupción y el escándalo internacional, pareció una estrategia mediática para deshacerse de la percepción de una vil transa a través de la “casa blanca”, como fue llamada la mansión de los Peña-Rivera.

En el mismo sentido fue revelado que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, había adquirido, también en 2012 —cuando era miembro del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, pero cuando ya había sido secretario de Finanzas en el gobierno del Estado de México y se convertiría en los siguientes meses en secretario de Hacienda y Crédito Público—, un bien inmueble a la filial de Grupo Higa, empresa que apoyó y financió la casa que en 2014 Videgaray terminó de pagar. La justificación para manejar el no conflicto de intereses o tráfico de influencias, fue que, al momento de la compra, el hoy secretario de Relaciones Exteriores no era funcionario. Otra vez la sospecha.

También en 2012, se sabría después, el ejemplo de la corrupción hoy en México, Javier Duarte de Ochoa, habría depositado 1,000 millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional en plena época de campaña presidencial. Ahora se sabe esta situación a partir de escuchas telefónicas que fueron reveladas entre el exgobernador y uno de sus colaboradores para enviar el dinero que se asume es de procedencia ilícita, pero que ninguna autoridad a la fecha ha investigado formalmente.

Javier Duarte, un cercano a Peña Nieto, fue nombrado por el mandatario como el representante del nuevo PRI, de hecho, lo mantuvo en su calidad de gobernador hasta 2016, cuando a finales de ese año y ante la evidente corrupción, su gobierno se vio obligado a investigarlo, no sin antes permitirle la fuga.

A la fecha, según estimaciones públicas de la Procuraduría General de la República, más de 30,000 millones de pesos se habrían desviado del estado de Veracruz cuando Duarte fue gobernador, mientras la deuda pública, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, supera los 60,000 millones de pesos; con todo, tales cuentas públicas fueron aprobadas y actualmente la PGR solo lo procesa por el desvío de 430 millones de pesos.

En los primeros años del gobierno del presidente Peña, el Grupo Higa fue favorecido al entregársele obra por miles de millones de pesos, como ejemplo, la rehabilitación del Hangar Presidencial a razón de 945.5 millones de pesos, y la concesión para la construcción del tren rápido México-Querétaro en compañía de socios internacionales, entre ellos inversionistas chinos, los cuales verían frustrados sus planes al haber cancelado la obra el propio Enrique Peña Nieto ante las sospechas de corrupción. Gerardo Ruiz Esparza, otro cercanísimo al presidente y hoy en entredicha la honestidad de su trabajo al frente de la Secretaría de Comunicación y Transportes al pagar y defender una defectuosa obra en Morelos, dijo en aquel entonces, sobre la cancelación de la obra del tren rápido, que se había hecho con el fin de dar más transparencia al procedimiento; de hecho, que se lanzaría una nueva licitación, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.

En 2016, Juan Armando Hinojosa, el constructor favorito de Enrique Peña Nieto, el que ayudó a su esposa y a su secretario de Hacienda a comprar sendas mansiones, apareció inscrito en el listado de personas y empresas que fueron exhibidas en la investigación periodística conocida como Panamá Papers, que evidenció el manejo de dinero en paraísos fiscales de potentados en el mundo, y en el caso de México. De Hinojosa se documentó que fueron 100 millones de dólares los que movió en esos paraísos fiscales. A pesar de que la Procuraduría General de la República se comprometió a una investigación contra todos, no ha habido resultados.

La última pieza de esta cadena de corrupción que rodea al presidente Enrique Peña Nieto es su amigo y cercano colaborador Emilio Lozoya Austin, quien primero participó de lleno y activamente en la campaña a la Presidencia de la República y, después, fue nombrado director de Petróleos Mexicanos. Pero quien, de acuerdo con las declaraciones de tres ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, recogidas por periodistas mexicanos, habría recibido más de 10 millones de dólares, ministraciones irregulares que comenzaron de acuerdo con los investigados y presos en Brasil, cuando Lozoya servía a Peña Nieto en la campaña.

En el extranjero, el juicio de corrupción contra Lozoya Austin está asentado en documentos oficiales como el funcionario que recibió dinero a cambio de concesionar obra a Odebrecht, pero en México solo se ha presentado voluntariamente a declarar a la PGR en una investigación que no se le sigue.

A un año de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, sus más cercanos familiares, colaboradores y amigos han estado involucrados en conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude y soborno, por decir lo menos. Angélica Rivera, Luis Videgaray, Juan Armando Hinojosa, Javier Duarte, Gerardo Ruiz Esparza y ahora Emilio Lozoya, el círculo de Peña, están en el ojo del huracán.

El problema es que la lógica indica que, si el entorno es corrupto, el núcleo lo es. O como bien dice el dicho; dime con quién andas y te diré quién eres.

Aun cuando en México no esté completado el Sistema Nacional Anticorrupción, y en la PGR el titular sea uno de los amigos del presidente, el estigma de una administración corrupta ya nadie se lo quita a Enrique Peña Nieto.

El tiempo dirá si México seguirá siendo el único país en América que no investiga, procesa y juzga a los funcionarios corruptos. En ese sentido, las acciones que como país se emprendan para indagar a Peña Nieto podrían terminar siendo la demostración de un cambio esperanzador o de un doloroso retroceso.

Newsweek
Adela Navarro Bello
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.

Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección de Pemex, la producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo a 2.15 millones.

Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo promedio diario a 2.15 millones, una diferencia de 4.1% entre el 2012 y el 2016. En sentido contrario, el número de tomas clandestinas de combustible en la infraestructura de la petrolera creció más de 40%, en el mismo periodo, al pasar de 1,635 tomas clandestinas detectadas en el 2012 a 6,873 tomas clandestinas, en el 2016.

Emilio Lozoya Austin fue uno de los mayores impulsores de la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada a finales del 2013 por el Congreso de la Unión y por al menos la mitad de los congresos locales. De acuerdo con Lozoya, la desaparición de la distinción legal entre petroquímica básica y petroquímica permitiría que los particulares pudieran desarrollar ambas actividades, lo que podría desarrollar nuevas inversiones dentro del sector.

Durante casi todo el 2014, el trabajo de Lozoya se orientó a la restructuración de la petrolera estatal mexicana, misma que no se oficializó hasta el 2015 y con la que quedó constituida como una empresa compuesta por dos subsidiarias: Exploración y Producción y Transformación Industrial; así como otras cinco filiales: Perforación, Logística, Fertilizantes, Etileno y Cogeneración y servicios.

A finales del 2014, antes de que se completara la restructuración de Pemex, comenzaron a caer precipitadamente los precios del petróleo a nivel internacional, hasta llegar a un precio mínimo de 26 dólares por barril, para después estabilizarse en un aproximado de 40 dólares por barril. Para hacer frente a esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretó un primer recorte de 62,000 millones de pesos del presupuesto de la petrolera que después alcanzó los 100,000 millones de pesos.

Esta medida afectó a muchos trabajadores de la compañía, que sufrió importantes recortes de personal; además de que la estatal dejó de realizar inversiones que le dieran continuidad a sus proyectos y dejó de pagar a proveedores y contratistas, con lo que acumuló una deuda de 147,000 millones de pesos, que la dirección actual ha ido saldando en distintos momentos.

Durante la gestión de Lozoya Austin, Pemex reactivó además su negocio de fertilizantes, con un gasto de 1,395 millones de dólares para la compra de la planta de Agro Nitrogenados y Fertinal, las cuales no han generado ingresos para la empresa hasta el momento. La gestión de Lozoya también fue responsable de la instalación de un laboratorio en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; además de que también ocurrió el relanzamiento de la franquicia Pemex.

A mediados del 2015, Lozoya anticipó, durante una exposición de temas relacionados con la industria energética mexicana en Houston, Estados Unidos, que México alcanzaría una producción de 3 millones de barriles diarios en el 2018, una meta que ahora se antoja difícil de alcanzar cuando la producción es casi 1 millón de barriles menor que la meta esperada a tan sólo un año.

Lozoya presumió de nuevo a finales del 2015, al afirmar que la restructuración de Pemex se había llevado a cabo en un tiempo récord de tan sólo ocho meses, además de que es considerada la más grande renovación de la petrolera en los últimos 20 años. Sin embargo, apenas un año después de esta renovación, con la llegada de José Antonio González Anaya, el nuevo plan de negocios de la compañía implicó la desaparición de al menos dos de las subsidiarias creadas por Lozoya: Fertilizantes y Etileno.

El Economista.
Luis Carriles, Karol García,
Jesús Vázquez y Mauricio Rubí
Ciudad de México
Domingo 20 de agosto de 2017.


Emilio Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016, habría recibido de Odebrecht sobornos por 10 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en licitaciones


El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht toca al gobierno mexicano en altos niveles al involucrar a Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y cercano al presidente Enrique Peña Nieto, lo que podría acarrear consecuencias políticas y económicas.

Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016 y quien este jueves debe comparecer ante fiscalía general, habría recibido de Odebrecht sobornos por 10 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en licitaciones, según el diario brasileño O Globo que cita un testimonio de Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de la firma en México.

Este escándalo amenaza con acentuar la percepción de que el gobierno mexicano está infestado de corrupción en la antesala de la elección presidencial de 2018, en la que el veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador, cuyo discurso está orientado en el lema "honestidad vs corrupción", aventaja en las encuestas anticipadas.

"La acusación contra Lozoya refuerza el descontento contra la administración, que está impulsado por la percepción de que la corrupción es rampante", dijo en un reporte la firma de investigación Eurasia Group.

Según el testimonio de Weyll, en marzo de 2012, en plena campaña electoral de Peña Nieto, tuvo su primer contacto con Lozoya, quien era titular de vinculación internacional del entonces candidato.

Lozoya rechazó las imputaciones en Twitter al tacharlas de "una historia absolutamente falsa, dolosa e inexistente" y sostuvo que no conoce al ejecutivo de Odebrecht.

Pero en su testimonio Weyll detalla incluso un café de Ciudad de México en el que se encontró con Lozoya, quien habría recibido un primer pago de cuatro millones de dólares.

"Constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI (Partido Revolucionario Institucional, hoy en el poder) ... cuyo candidato era favorito", Weyll dijo a procuradores, según documentos de la investigación brasileña vistos por O Globo.

"Lozoya era uno de los líderes del comité de la campaña, razón por la cual probablemente sería una persona influyente en la administración pública", dijo.

Ahora, la oposición reclama a la procuradora que investigue si los sobornos de Odebrecht terminaron en la campaña presidencial de Peña Nieto.

De antemano, la presidencia mexicana tacha eso de "absurdo, irresponsable" y sostiene que los gastos de campaña fueron auditados en su momento sin que se encontrara irregularidad alguna.

Amenaza a las inversiones
Más allá de las consecuencias políticas se corre el riesgo de que entre los inversionistas extranjeros se extienda la idea de que para tener negocios en México se requiere tener una cercanía con los altos funcionarios.

"Este caso, lo que le dice al mundo es 'si yo soy una empresa y quiero invertir en México, la única manera de hacerlo y ser eficaz es si tengo el teléfono de un alto funcionario", dijo Max Kayser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO, privado).

El experto dijo que esta percepción hasta puede pesar en las negociaciones actuales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

Sin castigo en México
México se ha visto sacudido por escándalos de corrupción entre los que se incluyen presuntos desvíos de fondos de varios exgobernadores estatales, entre ellos Javier Duarte, de Veracruz (este), ex-miembro del PRI y actualmente preso.

Uno de los casos más sonados fue un presunto conflicto de interés entre la esposa del presidente Peña Nieto y un importante contratista del gobierno por la compra de una lujosa vivienda.

La investigación oficial determinó que no existió ese conflicto, aunque el propio Peña Nieto pidió perdón públicamente a la población.

El escándalo global de corrupción de Odebrecht ha sacudido los círculos del poder y la política de Latinoamérica, llevando incluso a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.

Pero los mexicanos tienen la percepción de que aquí no hay ni habrá castigos a los responsables.

"La percepción es por experiencia, un caso tras otro en donde lo único que la autoridad dice es 'ya abrimos una investigación' y después de ahí parece que nunca acaba en nada", concluye Kayser.

AFP EFE
El Mundo
Ciudad de México
Jueves 17 de agosto de 2017.


La PGR citó a declarar en calidad de imputado al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, señalado por ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht por cobrar sobornos por más de 10 millones de dólares para la adjudicación de contratos.

Silvia García Ocampo, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, citó a Lozoya a comparecer este jueves a las 12:00 horas acompañado de abogado defensor.

Lo anterior, derivado de las declaraciones que han rendido Marcelo Bahía Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva y Luis Alberto de Meneses Weyll, quienes afirman que Lozoya recibió pagos desde 2012, antes de ser nombrado director de Pemex.

"Hago de su conocimiento que deberá comparecer en calidad de imputado ante esta representación social, ello en virtud de que se ha mantenido intercambio de información con la República de Brasil, en donde se logró recabar la declaración en las cuales usted ha sido mencionado", dice el citatorio.

Agrega que las declaraciones se recibieron vía asistencia jurídica internacional, pero que está pendiente obtener copias certificadas de las mismas, lo que es un requisito para que tengan validez legal en caso de que PGR decida llevar el caso ante un Juez de Control.

El citatorio fue girado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, a cargo de la Coordinación General de Investigación de la SEIDF, que encabeza Felipe Muñoz.

Este lunes, luego de la publicación de la declaración de De Meneses en varios medios de comunicación en México y Brasil, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, denunció que su cliente ni siquiera había sido citado por la PGR.

Lozoya Austin ha rechazado haber recibido un solo pago de Odebrecht y anunció ayer que demandará como daño moral la publicación de las declaraciones.

Si la PGR decide llevar el caso ante un Juez de Control, Lozoya no necesariamente sería privado de su libertad, pues delitos como el cohecho o el lavado de dinero no son de prisión preventiva forzosa en el nuevo sistema penal.

Reforma
Abel Barajas y
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Martes 15 de agosto de 2017.


Emilio Lozoya Austin pagó de contado una casa de 38.1 millones de pesos semanas antes de que arrancara la Administración de Enrique Peña Nieto y de que asumiera la dirección de Pemex.

De acuerdo con la primera declaración patrimonial que presentó como titular de la empresa, compró una casa con valor de 38 millones 175 mil pesos el 14 de noviembre de 2012.

En esa fecha, Lozoya era coordinador de asuntos internacionales del equipo de transición de Peña Nieto.

REFORMA publicó que durante las campañas electorales de 2012, Odebrecht habría transferido 3.1 millones de dólares a una empresa en Islas Vírgenes, presuntamente ligada a Lozoya.

La declaración patrimonial del ex director de Pemex, fechada el 10 de enero de 2013, indica que la forma de operación de la propiedad fue "contado".

Detalla que el bien tiene una extensión mil 165 metros cuadrados de terreno, donde hay una superficie construida de mil metros cuadrados.

En la misma declaración, Lozoya informó que posee distintas joyas, como cuatro relojes Patek Philippe con valor acumulado de 160 mil dólares.

También un reloj Frank Muller de 40 mil dólares, obras diversas con valor de 300 mil dólares, un cuadro de Salvador Dalí valuado en 50 mil dólares, y 4 cuadros de Luis Zárate de 400 mil dólares.

Lozoya reportó que también poseía un cuadro de Picasso de 500 mil dólares americanos, aunque aclaró que se trata de una herencia que data de octubre de 2008.

En los datos patrimoniales de la declaración, el ex funcionario investigado por presuntos sobornos de Odebrecht reportó que tenía 10 distintas cuentas bancarias e inversiones.

"El servidor público no proporcionó información de adeudos a su nombre", agrega la versión pública.

En su siguiente declaración, fechada el 30 de mayo de 2013, volvió a reportar la posesión de la casa de mil 165 metros cuadrados, pero en la versión pública ya no aparece el valor de la misma, como tampoco el de los bienes muebles.

El 27 de mayo de 2014, Lozoya añadió a sus datos patrimoniales la adquisición de un vehículo Acura modelo 2013 que, según la declaración, adquirió a crédito.

De acuerdo con registros públicos, en su declaración de 2015 prácticamente no hizo cambios, mientras que en la de 2016 -de conclusión- no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

"No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés", se lee en la declaración patrimonial fechada el 5 de abril de 2016.

Tras una gestión marcada por el deterioro en la producción de crudo y acusaciones de corrupción, el 8 febrero de 2016 Lozoya dejó la dirección de Pemex.

Puebl@Media
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 15 de agosto de 2017.

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