‘La estafa maestra’, ganadora del Ortega y Gasset, documenta una maquinaria de corrupción que mueve cientos de millones de dólares y por la que nadie ha pisado la cárcel

La aritmética de La estafa maestra es sorprendente. 517 de solicitudes de información, más de 100 entrevistas y largas jornadas de reporterismo en zonas marginales y entornos hostiles. El resultado es el descubrimiento de un fraude de más de 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) en el que están involucrados 11 dependencias del Gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios.

Pero quizás el dato más impresionante que ha arrojado este trabajo periodístico es una cifra que enciende las alarmas en México: cero responsables. Ninguno de los implicados ha pisado la cárcel, nadie ha pagado ni dado la cara por los desvíos masivos de recursos públicos. Los premios Ortega y Gasset de este año han premiado una investigación que debió sacudir un país, pero no lo hizo. Seis meses después de su publicación, el galardón ha vuelto a colocar en la agenda los reclamos ciudadanos de transparencia y justicia cuando parecía que ya habían sido olvidados.

La estafa maestra desentrama una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto, delegaron programas y políticas públicas a universidades. Las casas de estudio cobraron una comisión millonaria y subcontrataron a empresas fantasma que no tenían la capacidad de cumplir con esas tareas y que llevaron el dinero a otras compañías opacas. “No se trata de una manzana podrida, se trata de un sistema perfectamente engranado por la corrupción”, señala Nayeli Roldán, coautora de la investigación. “La guinda del pastel es la impunidad”, agrega Manu Ureste, su colega en el portal Animal Político.

Roldán, Ureste y Miriam Castillo de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dan cuenta de que gran parte del fraude se realizó a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética, que borró el monopolio de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y quitó los candados para la participación de inversores extranjeros. Los contratos analizados por La estafa maestra se firmaron entre 2013 y 2014 durante la administración de Emilio Lozoya, el principal señalado por la trama de corrupción de Odebrecht en México. Lozoya dejó Pemex a principios de 2016 y ha negado cualquier responsabilidad.


La segunda es la Cruzada contra el Hambre y toca fibras más sensibles: el desvío se perpetró a costa de la población más vulnerable de México. Las dudas sobre el destino final del dinero que debía destinar la Secretaría de Desarrollo Social a los más pobres se materializan en más de 2.220 millones de pesos (más de 100 millones de dólares), según la investigación. “Hubo una doble utilización de los más pobres, se les quitaron recursos y se les usó como testaferros para formar las empresas fantasma”, apunta Roldán.

El reparto de responsabilidades entre los titulares de las dependencias involucradas es complejo porque su firma no aparece en ninguno de los contratos. Todos están rubricados por mandos medios. Los autores, que pidieron una explicación a los funcionarios al frente de esas carteras, argumentan que existe al menos una responsabilidad “por omisión” en la cadena de mando y por no cuidar los recursos ni desempeñar de forma correcta sus tareas. “Nuestras fuentes nos dicen que los mecanismos de fiscalización en el Gobierno son muy exigentes y que si esto ocurre es porque alguien lo está permitiendo”, asegura Roldán.

Los periodistas agregan que desenmascarar un sistema y no un caso de corrupción incide directamente en las consecuencias de la investigación y entraña una dificultad adicional: no hay un chivo expiatorio a quien culpar, sino que los dedos de ambas manos no alcanzan para señalar a los culpables.

El trabajo tomó casi un año y fueron cuatro meses dedicados solo a llenar bases de datos con miles y miles de celdas. “¿Cuál es la nota?”, preguntaba una y otra vez Daniel Moreno, director de Animal Político, recuerdan los autores entre risas. Había vértigo por la magnitud del trabajo, por descifrar el titular, por varias hipótesis que se desvanecieron en el terreno, por obtener datos irrefutables. “Fue extenuante y una lección de disciplina trabajar todos los días como hormiguitas sin saber si esa jornada trabajo iba a llegar a buen puerto”, confiesa Roldán.

A diferencia de otros países latinoamericanos que han castigado los escándalos recientes de corrupción, en México no hay un caso similar a los de Lula en Brasil, Ollanta Humala en Perú y Otto Pérez en Guatemala en gran parte porque no hay fiscalías independientes. La Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Función Pública dependen del Ejecutivo y la Auditoría Superior de la Federación, del Congreso. “Los amigos no se investigan entre sí”, dice Roldán. “No queremos que rueden cabezas, solo exigimos que haya una investigación real”, agrega Ureste.

¿Tiene valor el periodismo de investigación, aunque no provoque la defenestración de un Gobierno? La pregunta ronda por las redacciones del mundo desde los escándalos de Watergate, al menos. Ureste y Roldán no tienen dudas. “Nuestro principal propósito está cumplido, la gente se enteró de este megadesvío”, dice Ureste y complementa Roldán: “A lo mejor ya hay una semilla de indignación en los lectores (…) lo que ocurra después ya no está en nuestras manos”.

El segundo aire de La estafa maestra ha llegado a poco menos de tres meses que se celebren las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio y con la publicación de un libro que pinta “el cuadro completo” de la trama. “La gente no es la misma que en 2006 o en 2012 y eso se debe en gran parte por el periodismo que se hizo durante este sexenio”, afirma Roldán. El Ortega y Gasset ha supuesto un espaldarazo y ha dado un impulso al tema más allá de México, comentan y ponen la mirada en el próximo trabajo. “La creatividad de los corruptos es el gran reto de los periodistas de investigación”, sentencia Ureste.

El País
Elías Camhaji
Ciudad de México
Miércoles 25 de abril de 2018.


El Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht

Ciudad de México. - La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que las sanciones impuestas contra la empresa Odebrecht y sus representantes legales fueron conforme a derecho, luego de identificar irregularidades en la ejecución de contratos suscritos por la constructora y sus filiales con Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un comunicado, la dependencia dirigida por Arely Gómez informó que en lo que se refiere a "su compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas" para reducir las sanciones, la empresa no entregó elementos de prueba por lo que fueron improcedentes.

La dependencia dijo que en marzo de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. (Odebrecht) presentó un escrito en el que manifestó su intención de "colaborar (confesar) con las autoridades competentes", a efecto de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de reducción de sanciones previsto en Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).

"En respuesta a lo anterior, la SFP le requirió que presentara y precisara los requisitos legales de su cooperación y confesión de responsabilidad y que aportara elementos de prueba en términos de la LFACP".

La dependencia explicó que en abril de 2017 la empresa solamente presentó un escrito sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta.

En junio de 2017, la SFP le notificó a la constructora que no era procedente su petición de reducción de sanciones, en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes para acreditar la infracción.

Empero, la SFP dejó a salvo sus derechos para el momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas.

"Ante ello, Odebrecht interpuso Juicio de Amparo, mismo que fue resuelto en favor de la SFP al haber sido declarado improcedente por un Juez Federal, quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción".

Odebrecht consideró como "infundadas e improcedentes", las sanciones administrativas en contra de su subsidiaria en México que anunció la Unidad de Responsabilidades de la SFP, que les impide participar en contrataciones públicas federales.

Las sanciones económicas ascienden a 543 millones 488 mil 615 pesos para cada una de las empresas, mientras que los representantes legales recibieron una multa por un millón 262 mil 222 pesos cada uno.

El Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht

Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector regional de la constructora, declaró que dio 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto

La constructora brasileña Odebrecht ha sido nuevamente sancionada e inhabilitada para operar en México, esta vez, durante dos años y tres meses, según ha dado a conocer este jueves el periódico Reforma. La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno mexicano ha decretado el castigo por simulaciones e incumplimientos de un contrato que fue adjudicado en noviembre de 2015 por un monto superior a los 1.800 millones de pesos, más de 105 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Las autoridades han responsabilizado al director de finanzas de la constructora brasileña, Gleiber José de Faria, y a su director en México, Alberto de Meneses Weyll. De Meneses Weyll declaró en Brasil que dio un soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016.

Ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos implicados en la trama de corrupción. La sanción de la SFP, un ministerio dependiente del Ejecutivo que se encarga de vigilar el desempeño del Gobierno mexicano, es la primera contra miembros del consejo directivo de una empresa privada, refiere Reforma. Además de la inhabilitación, Odebrecht deberá pagar una multa de 543,5 millones de pesos (poco menos de 30 millones de dólares).

El contrato que mereció el castigo contemplaba la construcción de accesos y obras externas en la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, en el centro del país. El acuerdo fue adjudicado a Odebrecht el 12 de noviembre de 2015, unos tres meses antes de que Lozoya, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto y el principal señalado en México por participar en la red de sobornos de la constructora brasileña, dejara Pemex.

La SFP ha dicho que las obligaciones del contrato fueron cedidas a la empresa Construcción Internacional de México para "simular" el cumplimiento, otro de los cargos que se imputan a Odebrecht. La constructora brasileña ya había recibido otras dos inhabilitaciones en diciembre y febrero pasados por un contrato que se firmó en febrero de 2014. La anterior inhabilitación era por cuatro años.

El convenio de 2014 se celebró por 1.465 millones de pesos (unos 108 millones de dólares al tipo de cambio de entonces) y obligaba a Odebrecht a acondicionar el sitio y construir plataformas en la misma refinería de Tula. La multinacional cobró trabajos ya previstos en el acuerdo como actividades extraordinarias y causó daños indirectos a Pemex por 119 millones de pesos (9 millones de dólares), según la prensa mexicana. Otro convenio, firmado a finales de ese año por 1.151 millones de pesos (85 millones de dólares), no ha supuesto sanciones para la empresa brasileña.

Las investigaciones de la SFP son independientes a las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR, el equivalente a la Fiscalía nacional), encargada de fincar las responsabilidades penales sobre Odebrecht en México. "Donde se está celebrando un acto de corrupción hay dos partes (...) es una sanción incompleta", ha dicho este jueves Rafael Hernández, diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática sobre la decisión de la SFP.

Lozoya ya había sido llamado a declarar ante la PGR después de que tres ex directivos de la constructora aseguraran que recibió sobornos entre 2012 y 2016. El exdirector de Pemex ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones y ha logrado retrasar el proceso judicial en su contra con recursos presentados por su defensa.

El papel de la PGR en las investigaciones ha sido fuertemente cuestionado debido a que depende del Ejecutivo. Pese a que ya se aprobó una reforma constitucional que creaba una Fiscalía independiente y un nuevo sistema anticorrupción, las nuevas instituciones no han comenzado a funcionar porque no se han nombrado a sus titulares. El nombramiento de los fiscales independientes provocó el año pasado disputas políticas álgidas en el Legislativo mexicano, pero meses después el tema se ha diluido de la agenda de las campañas presidenciales rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.

El País
El Universal
Ciudad de México
Lunes 23 de abril de 2018.


Apenas pasaron unas horas para que Armando Ríos Piter aceptara unirse a la campaña de José Antonio Meade.

Ambos se reunieron por la noche de este viernes para darse la mano y pactar unir sus campañas por la Presidencia de la República.

Por la mañana, Meade hizo pública su invitación a Ríos Piter, cuya candidatura independiente fue rechazada por el Instituto Nacional Electoral (INE) luego de presentar más de 900 mil firmas apócrifas.

El candidato presidencial del PRI dijo que se trataba de sumar a un grupo de ciudadanos que luchan por cambiar el país.

Horas después, en una taquería, Meade y Ríos Piter se reunieron y pactaron unir sus fuerzas para tener el triunfo el domingo 1 de julio.

Armando Ríos Piter

@RiosPiterJaguar
11h
El día de hoy, con la "Red Espíritu Jaguar" tomamos la decisión de respaldar el proyecto de @JoseAMeadeK rumbo a la presidencia, un proyecto integrador y que creemos tiene las posibilidades de construir un México en unidad. pic.twitter.com/WSra4Z01lV

Meade Kuribreña se mantiene estancado en tercer lugar y, según algunas encuestas, a una distancia de hasta 30 puntos del puntero Andrés Manuel López Obrador, mientras que el político guerrerense apeló ante el Tribunal Electoral en rechazo del INE, alegando que cosechó el apoyo de un millón de ciudadanos.

Proceso
José Gil Olmos
Ciudad De México
Sábado 21 abril 2018.


En una publicación realizada por el medio Tiempo Digital, se dice que el exsecretario de Hacienda y hoy candidato priista a la Presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, junto con su esposa Juana Cuevas, su hermano Pedro y otros familiares como José Antonio Kuri Orvañanos y Santiago Kuri Breña Arbide, son dueños de una empresa millonaria desde 1994 de nombre Kubre S. A. de C. V.

De acuerdo con el medio, lo anterior dicho corresponde a una investigación hecha por el periodista Álvaro Delgado. El hecho de que Meade y familiares sean dueños de una empresa no tendría mayor importancia, de no ser porque el candidato tricolor, omitió dicha información en su tan famosa declaración fiscal “3de3”

Así es, el candidato que presume más de 20 años como servidor público sin una mancha más que la del vitíligo, en su declaración “3de3” que presentó desde el 2013 y en la que “supuestamente” debía detallar los ingresos, bienes y propiedades suyas y de su familia, Meade omitió dar información de dicha empresa.

Otra inconsistencia por parte de José Antonio Meade es que ha sido funcionario de primer nivel del Gobierno Federal desde 1997, pero pese a que el Gobierno Federal tiene una plataforma en línea para la declaración patrimonial de sus funcionarios desde el 2002, momento en el que Meade tenía ya cinco años de ser funcionario público, no fue sino hasta el 2013, once años después de tener esa obligación, que Meade Kuribreña subió su aparente declaración patrimonial, en la que tan sólo declaró que tenía ingresos mensuales por 154 mil 277 pesos por su sueldo como secretario de Relaciones Exteriores, manteniendo en secreto otros ingresos personales.

Además, tampoco mencionó sus posibles propiedades… cada año al presentar sus declaraciones patrimoniales, Meade Kuribreña ha escrito:

“Sí estoy de acuerdo en hacer públicos parcialmente mis datos patrimoniales, por lo que se excepcionan los siguientes: ingresos netos, aquellos que se declaren por actividad industrial, comercial, financiera y otros…”

De esa manera que parece burla, se viola pública e impunemente una Ley Federal a la que debe someterse todos los funcionarios. Con lo anterior es lógico sospechar que el asunto de la empresa Kubre, S.A. DE C.V. no es lo único que José Antonio Meade Kuribreña ha escondido sospechosamente, pues de acuerdo con Buzzfed News México, Meade Kuribreña compró un terreno con valor de 2.3 millones de pesos para construir un jardín junto a la casa donde viven él y su familia en el Fraccionamiento Fortín Chimalistac, la que obviamente es de su propiedad, pero lo oculta en el más espeso misterio, aunque colaboradores cercanos de Meade le aseguraron a Buzzfed News México que las escrituras de esa casa están a nombre de la señora Juana Cuevas de Meade, pero en el Registro Público de la Propiedad no hay ninguna adquisición a nombre de ella.

Tiempo Digital
Ciudad de México
Miércoles 18 de abril de 2018.


Ya sea en efectivo o en bienes inmuebles, son los recursos que el ex gobernador de Veracruz desvió del erario público

A un año de la captura en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Veracruz han recuperado más de mil millones de pesos en efectivo y en bienes inmuebles, que el ex priísta desvió del erario público a través de empresas fantasma operadas por una red de prestanombres.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hizo mal uso de más de 35 mil millones de pesos durante su administración, lo que lo convirtió en el político con más irregularidades detectadas en el ejercicio del gobierno desde que se creó la ASF.

En una primera entrega, en 2016, la PGR depositó al gobierno estatal 250 millones de pesos y posteriormente, en enero de 2017, le reintegró 172 millones de pesos desviados a las cuentas de dos empresas privadas; en diciembre del año pasado, le devolvió 40 millones de pesos más.

En bienes inmuebles, la dependencia encabezada por Alberto Elías Beltrán y la Fiscalía General de Veracruz aseguraron en conjunto ranchos, casas, departamentos, cuentas bancarias y colecciones de arte, derivado de las investigaciones que llevan a cabo contra el ex priísta, acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Apenas el miércoles pasado, la PGR entregó al gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, cuatro departamentos del edificio Pelícano, localizado en una zona exclusiva de Boca del Río, que eran propiedad de Duarte de Ochoa y que tienen un costo superior a los 10 millones de pesos.

Antes, el 26 de marzo pasado, las autoridades veracruzanas incautaron el rancho La Cartuja, propiedad del hermano del ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, uno de los operadores y prestanombres del ex mandatario.

Yunes Linares dio a conocer en ese momento que la propiedad se ubica en Naolinco y está valuada en 40 millones de pesos, sin embargo, su valor comercial se calcula en más de 100 millones pesos, puesto cuenta con un lienzo charro, canchas de fútbol y bádminton.

Tras la fuga de Duarte de Ochoa, en octubre de 2017, luego de solicitar licencia al cargo, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR cateó cinco casas del ex priísta en la Ciudad de México, ubicadas en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Días después, personal de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR cateó y aseguró el rancho Las Mesas, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, aparentemente utilizado por Duarte de Ochoa como casa de descanso; en la propiedad, de unas 200 hectáreas, presuntamente se invirtieron 200 millones de pesos del erario de Veracruz.

En noviembre de 2016, la Procuraduría General de la República informó el aseguramiento de 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades al ex mandatario.

Un mes después, el gobierno de Veracruz tomó posesión del rancho El Faunito, en el municipio de Fortín de las Flores, que tiene alrededor de 60 mil metros cuadrados y cuenta con una casa principal, con más de 15 habitaciones; está equipado con una cava con vinos nacionales e importados.
Según autoridades era otro de los lugares predilectos de descanso de Duarte de Ochoa, está valuado en más de 200 millones de pesos.

El 20 de febrero de 2017, el mandatario Miguel Ángel Yunes dio a conocer el aseguramiento, derivado de una denuncia anónima, de una bodega en Córdova en la que se depositaron diversos bienes de su antecesor, Javier Duarte, y su esposa, Karime Macías.

Entre los objetos localizados se encuentran 17 obras arte, cajas con documentos relacionados con la planeación, preparación y ejecución de acciones para desvías recursos públicos en beneficio del ex gobernador y de sus cómplices.

“En cuentas bancarias tenemos más de 700 millones de pesos y cientos de millones de pesos en bienes inmuebles que se han recuperado para los veracruzanos”, señaló Yunes Linares.

Además, el mandatario afirmó que recuperó un avión Learjet 45 valuado en 40 millones de pesos y un helicóptero con costo de aproximadamente 25 millones de pesos.

Los terrenos, ranchos, mansiones y demás inmuebles lo habrían adquirido Javier Duarte a través de sus prestanombres, Moisés Mansur Cisneros, Javier Nave Soria, entre otros.

El Universal
Manuel Espino Bucio
Ciudad de México
Domingo 15 de abril de 2018.


Con motivo de sus 70 años, el ex Presidente Salinas reunió a representantes de los 3 poderes de la Unión, políticos y líderes sindicales.

Bajo una enorme carpa blanca, medio gabinete, casi el pleno de la Corte, los jefes del Senado, Diego Fernández y hasta Manuel Granados del PRD, rindieron pleitesía al ex presidente Carlos Salinas.

En el jardín de la residencia de Carlos Salinas de Gortari tranquilamente se podía realizar una sesión de la Suprema Corte, o una divertida reunión de Gabinete, y tal vez hasta una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

De la clase política tradicional, sólo faltó José Antonio Meade, aunque sí llegó su secretaria particular, Vanessa Rubio.

Los jefes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se reunieron la noche del sábado para celebrar el cumpleaños número 70 del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

En la residencia del político priista, ubicada al sur de la Ciudad de México, se dieron cita el Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, y el jefe de facto del Senado y coordinador de legisladores del PRI, Emilio Gamboa.

También acudieron personajes como Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Territorial; el senador Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato de Pemex; y Virgilio Andrade, ex titular de la Secretaría de la Función Pública.

En el encuentro nocturno, también se hizo presente Diego Fernández de Cevallos, asesor de cabecera del candidato frentista Ricardo Anaya, quien junto con Fernando Gómez Mont puso la cuota panista al convivio.

Aunque faltó el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, su jefa de Oficina, Vanessa Rubio, y el aspirante al Gobierno capitalino, Mikel Arriola, sí acudieron al encuentro.

Otro que llegó y se movía de mesa en mesa, según testigos, era Manuel Granados, actual dirigente del PRD. Obvio, también estaba el hermano mayor del ex presidente, Raúl Salinas.

Convocados a una cena informal para agasajar al ex Presidente -que cumplió años el pasado 3 de abril-, decenas de personajes de la política y la iniciativa privada se congregaron en el jardín de la residencia del festejado.

Sin corbata, apenas con saco o chamarra, los hombres; y con vestido informal, las mujeres, departieron debajo de una gran carpa, donde se instalaron bancos con mesas estilo periqueras y sillones cubiertos con terciopelo negro, adornados con almohadones forrados en seda.

El servicio fue contratado con la empresa Banquetes Kholman, uno de los proveedores favoritos de la Presidencia de la República.

En la celebración se sirvieron mariscos traídos desde Villa Unión, en Mazatlán, Sinaloa. El Gobernador sinaloense Quirino Ordaz Coppel puso la comida.

La trajo de la marisquería "El Cuchupetas", fundada por Manuel Sánchez Villalpando; las viandas con langostinos, camarones, pescado zarandeado, callo de hacha, ceviche y los famosos tacos Gobernador (camarón, queso Oaxaca y chile serrano), circularon por todos lados.

Por cierto, es el mismo proveedor de las fiestas que se hacen en la casa del candidato Meade.

Dos pasteles, uno de chocolate y otro de fresas con crema, junto con canastas de dulces mexicanos fueron colocados para que los comensales los disfrutaran tras la marisqueada.

El titular de Gobernación Alfonso Navarrete llegó puntual. Para acudir varios secretarios de Estado pidieron permiso. La respuesta que recibieron en Los Pinos fue que no tenían problema para asistir y que su jefe, el Presidente Peña, llegaría a las 21:30 horas.

Peña, efectivamente, llegó a esa hora en una camioneta Suburban. Fue solo, sin su esposa Angélica Rivera, aunque muchos otros sí acudieron acompañados de familiares.

En la puerta fue recibido por Salinas de Gortari y su esposa Ana Paula Gerard. Pasó al fondo de la residencia librando la gran biblioteca que tiene el ex Mandatario.

Peña saludó a la mayoría de los invitados mientras sonaba la música de un cuarteto de cuerdas de música moderna. Después vino la música lounge con un DJ con bajos decibeles para dar lugar a la plática.

Con el Ministro Aguilar estaban su colega Jorge María Pardo y Eduardo Medina Mora, viejo amigo de Salinas de Gortari. También Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. Hacían quórum judicial.

Del gabinete de Peña estuvieron presentes, además de Navarrete, el Secretario de Hacienda, José Antonio González; de Salud, José Narro; de Turismo, Enrique de la Madrid; de Economía, Ildefonso Guajardo, y el recién estrenado Secretario de Agricultura, Baltazar Hinojosa.

Como invitados a la recepción estuvieron los directores de Pemex, Carlos Treviño, y del Infonavit, David Penchyna.

Para beber hubo de todo: whisky, vodka, vinos tinto y blanco, cervezas y digestivos. Los vinos fueron mexicanos de la marca Balero de uvas de los Valles de Guadalupe y San Antonio de las Minas en Baja California.

Los grupos de plática se formaban y deshacían.

Mariano González, de Tlaxcala, y Carlos Lozano de Aguascalientes comandaban el de ex Gobernadores.

Alfredo del Mazo Maza, del Edomex, lideraba el de los Gobernadores en activo junto con Rolando Zapata Bello, de Yucatán; y Ordaz, de Sinaloa, entre otros.

Funcionarios leales a Carlos Salinas como José Carreño Carlón o Francisco Rojas también acudieron al encuentro, que culminó pasadas las 3:30 horas de este domingo.

Fuentes del tricolor informaron que, antes de la cena, el ex Presidente sostuvo otra reunión con algunos de los funcionarios que integraron su gabinete en el periodo 1988-1994.

Al festejo llegó Silvia Lemus, la viuda del escritor Carlos Fuentes, y empresarios como Alonso Ancira de Altos Hornos, Juan González, de Maseca y Rogelio Zambrano, de Cemex.

Aunque no había una disposición especial de mesas sí destacaba una como el centro de encuentro principal donde estaba el festejado junto al Presidente Peña. De ahí no se movió el Presidente de la Corte, Luis María Aguilar, ni Emilio Gamboa. Manlio Fabio Beltrones también se hizo presente ahí. Los secretarios de Estado rotaban su presencia, aunque el más agasajado resultó Ildefonso Guajardo, quien recién regresaba de Washington y comentaba novedades de la negociación del TLC.

El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid recibió bromas de varios, pues no se movía de la mesa central. De plano le dijeron que permitiera que otros escucharan la plática.

"Fue una reunión de amigos", confió uno de los asistentes. Tan amigos que tuvieron la confianza de decirles ya sobre las 3:30 que se fueran enfriando porque el Licenciado Salinas tendría la mañana de este domingo un "recalentado de lo enfriado" con sus hijos, yernos, nueras y nietos.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 09 abril 2018.


En Coahuila 'Uso de fracking afectará los sectores productivos'


Piedras Negras.- Libson Valdés también refirió que el inicio de la actividad de exploración y explotación del Campo Olmos, también implicará la generación de empleo.
       
Para Morris Libson Valdés, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Piedras Negras, considera que la empresa Lewis Energy podría iniciar sus actividades en Coahuila con la perforación de manera tradicional y tras analizar sus campos, utilizar la técnica de fracking.
El empresario consideró que es un tema relevante y que estaba en proceso la negociación de la empresa con Petróleos Mexicano, aunque ésta se había detenido por la caída del precio del petróleo en los años anteriores.

Refirió que actualmente el precio del petróleo está por arriba de los 60 dólares y consideró que en los años siguientes comenzará a darse la actividad en esta materia.

Libson Valdés también refirió que el inicio de la actividad de exploración y explotación del Campo Olmos, también implicará la generación de empleo y presiones en nuevos temas relacionados con el recurso humano, los aspectos de la infraestructura necesaria para dicho sector energético.

Además de presiones en aspectos de la proveeduría, pues el citado consejo ha buscado que este tema sea atendido por los negocios locales, además del uso del agua considerando que la técnica de fracking requiere de una gran cantidad del vital líquido.

'Uso de fracking afectará los sectores productivos'
       
Para la asociación civil ambientalista, Amigos del Río San Rodrigo, ni México, ni la región Norte de Coahuila no están preparados para implementar el uso de la técnica de fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales, pues pone en riesgo no solo el acuífero Allende - Piedras Negras, sino a todos los sectores productivos de la región.

Waldo Terry Carrillo, presidente del organismo defensor del medioambiente en Piedras Negras, refirió que tal técnica tiene serios impactos sobre el aire, el suelo, así como el agua, pues todo lo contamina.

Lo anterior al cuestionarle su opinión en torno al anuncio de la firma del primer contrato de servicios integrales de exploración y extracción (CSIEE) para el yacimiento no convencional “Olmos”, en el estado de Coahuila, entre Petróleos Mexicano (PEMEX) y la empresa norteamericana Lewis Energy.

Refirió que se afectarán las actividades económicas tradicionales del norte de Coahuila como el cinegético, así como en las producciones agrícolas y ganaderas de la región, pues en el caso de la región de los Cinco Manantiales se abastece del acuífero Allende - Piedras Negras.

"Según información del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado (POETE), está en una situación de equilibrio entre recarga y extracción, o sea que ya no se le puede sacar agua y además ese acuífero es susceptible de contaminarse por la inyección de productos químicos que se utilizan para el fracking. Eso nos va aflorar en ríos y manantiales", explicó Terry Carrillo.

El Siglo Coahuila
René Arellano
Piedras Negras Coahuila
Martes 27 de marzo de 2018.


Los que merecen abundancia. Se trata de una propiedad con un valor de 40 millones de pesos, ya que está compuesta de tres terrenos con cinco casas, así como tres edificios de uso general, una capilla, un lienzo charro, una cancha de fútbol, una de bádminton, una de criquet, lago artificial, caballerizas, áreas de entrenamiento de equinos, zoológico y hasta un invernadero, por lo que la cifra real de su costo podría ser superior a los 100 millones de pesos.


Xalapa.- a Fiscalía General de Veracruz (FGE) aseguró los ranchos "La Cartuja", "El Aguacate" y "El Salto", pertenecientes a una sola unidad, que se presumen son propiedad del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acusado por enriquecimiento ilícito y desaparición forzada.

Se trata de una propiedad con un valor de 40 millones de pesos, ya que está compuesta de tres terrenos con cinco casas, así como tres edificios de uso general, una capilla, un lienzo charro, una cancha de fútbol, una de bádminton, una de criquet, lago artificial, caballerizas, áreas de entrenamiento de equinos, zoológico y hasta un invernadero, por lo que la cifra real de su costo podría ser superior a los 100 millones de pesos.

Además, en el zoológico se encontraron 10 equinos, 8 llamas, 4 caninos, 2 gatos, 20 gansos y 2 pavorreales y esculturas de vacas.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares detalló que el rancho está a nombre de Miguel Bermúdez Zurita, hermano del ex secretario de la SSP, aunque anteriormente estuvo a nombre de sus padres y ha pasado por varios de sus allegados.

En el lugar, en la congregación El Potrerillo, en el predio "La Cartuja" en Naolinco, fueron asegurados 10 casquillos útiles en una caja de madera y distintos contenedores con hierba que presumiblemente se trata de marihuana.

En conferencia de prensa, detalló que el aseguramiento se hizo porque personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que acudió a realizar trabajos, refirió que fueron recibidos por personal armado que le habían impedido la revisión.

"Es claro que se trata de un bien inmueble adquirido con recursos no lícitos y tendrán que acreditar la adquisición del mismo o tendrán que enfrentar las consecuencias de haber utilizado recursos ilícitos para la compra de este bien inmueble y la construcción de todo lo que ahí aparece".

Por ello, el operativo para revisar el rancho se realizó el pasado 23 de marzo a las 17:40 horas por parte de la Fiscalía General y que desde entonces se mantiene en resguardo.

Dijo que además su administración contratará dos abogados, uno en Estados Unidos y otro en Europa, para investigar bienes y cuentas bancarias con recursos que ex funcionarios de la administración de Javier Duarte habrían obtenido a través del desvío de recursos públicos.

El Universal
Xalapa, Veracruz
Lunes 26 marzo 2018.


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió en enero pasado dos denuncias penales contra el gobierno de Graco Ramírez por un supuesto desvío de recursos cometidos en el ejercicio fiscal del 2016, por un monto de 534 millones de pesos.

Lo anterior se desprende del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública del 2016 de la ASF, que calificó al estado de Morelos como una entidad en alta situación de riesgo para cumplir con el principio de sostenibilidad, debido a que presentaron déficit en el balance presupuestario de recursos disponibles y en el balance primario de recursos disponibles.

Es decir, Graco Ramírez no sólo llevó a Morelos a la insolvencia presupuestal, sino que, además, en los próximos cuatro años la entidad sufrirá de un deterioro y de una crisis presupuestal que lo podría llevar a la cancelación del pago de la deuda pública constituida en más de ocho mil millones de pesos.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, emitido en febrero pasado por la ASF, se evidencia que el gobierno del perredista cayó en un subejercicio por la cantidad de 162 millones de pesos.

Empero, lo más grave viene en el resultado de las auditorías, en las que se observan irregularidades financieras en la cuenta pública del gobierno de Morelos en el ejercicio fiscal de 2016 y correspondientes a las participaciones federales, por un monto de tres mil 42 millones de pesos, de los cuales aún no ha logrado solventar 959 millones de pesos.

Dentro del gasto federalizado programable, en la cuenta pública de 2016, se realizaron observaciones por un monto de dos mil 62 millones de pesos; misma cantidad que el gobierno de Graco Ramírez no ha solventado, es decir, no ha comprobado en qué se invirtió y gastó.

Con ello, el gobierno de Graco Ramírez enfrenta pliegos de observaciones acumulados desde el 2012 y hasta el 2016 por un monto global de cuatro mil 420 millones de pesos, que no ha podido solventar y que podrían representar un desfalco económico a la hacienda pública estatal.

Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación inició procedimientos para que el gobierno de Graco Ramírez reintegre a la Hacienda Pública Estatal y Federal 297 millones de pesos. En contraste, empezó demandas penales por un probable desvío de recursos por 534 millones de pesos, equivalente a lo que se invirtió para la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo.

Proceso
Jaime Luis Brito
Cuernavaca, Morelos
Miércoles 21 marzo 2018.


El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó ayer las listas de candidatos plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados.

La secretaria general del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, encabeza la lista de plurinominales a la Cámara Alta.

Le siguen el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves Del Olmo; la jefa de oficina de la campaña presidencial de José Antonio Meade, Vanessa Rubio; el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y la ex presidenta del partido Beatriz Paredes.

Además, el ex gobernador del Estado de México Eruviel Ávila; la secretaria jurídica del partido, Carolina Viggiano; Pablo Gamboa, hijo del actual coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, y Lorena Ruiz Sánchez, entre otros.

Los plurinominales suelen entrar a cada una de las cámaras de acuerdo con la votación que obtenga el partido. Los primeros sitios son los más peleados, pues aseguran un lugar. Anoche seguían los priístas en revisión de las listas.

A la Cámara de Diputados va en primer lugar el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien podría mantenerse como presidente del partido y además ser candidato por la vía plurinominal.

A Ochoa Reza le siguen el secretario de Organización del partido, Rubén Moreira; el dirigente de la CNOP, Arturo Zamora; el de la CNC, Ismael Hernández; el de la CROC, Isaías González, y Fernando Galindo, actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

En la lista también están la ex dirigente del partido Dulce María Sauri; Augusto Gómez Villanueva, quien es cercano a Meade, y la ex comisionada presidenta del INAI Ximena Puente de la Mora.

Del grupo Estado de México, para diputados plurinominales van el secretario de Finanzas del PRI, Luis Vega; el ex secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda; el dirigente del tricolor mexiquense, Ernesto Nemer; la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ana Lilia Herrera; Israel Betanzos, cercano a Cuauhtémoc Gutiérrez, y Alfredo Villegas.

Según fuentes del PRI, el aspirante a la candidatura presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, revisó las listas hasta la madrugada de ayer.

Top secret tricolor

La Comisión Política Permanente que encabeza el dirigente del partido, Enrique Ochoa Reza, fue convocada para reanudar sesión a las 12:00 horas de ayer en la sede nacional priista.

Sin embargo, de última hora a los consejeros se les citó a las afueras del Auditorio Nacional a las 11:15 horas, donde abordaron autobuses, pero no se les informó hacia a dónde se dirigían, según relataron algunos de los integrantes de la comisión. Al abordar los autobuses se les retiró el teléfono celular.

La Comisión Política Permanente sesionó en Toluca, en la sede del PRI en el Estado de México.

“La sesión de la Comisión Política Permanente para la aprobación de las listas se llevó a cabo en el Salón Presidentes del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de México.

La sede convocada originalmente se modificó, en virtud de que se tuvo conocimiento de la probable toma de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional”, justificó la dirigencia nacional del tricolor a través de un comunicado.

En el mismo comunicado se explicó que los comisionados fueron enterados del cambio de sede debidamente y prueba de ello es que acudió un número mucho mayor al quórum necesario para sesionar, aunque no se expuso el número.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 19 marzo 2018.

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