La PGR ya pidió la extradición de Duarte a EU.

Ciudad Juárez, Chihuahua. - El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que se tienen identificadas al menos 10 propiedades del prófugo exmandatario César Duarte en Texas y Nuevo México. "Habremos de registrar nuestro interés en el proceso de extradición sobre la recuperación de esos activos.

"No queremos que el Gobierno de Estados Unidos se los vaya a quedar porque no es dinero producido en Estados Unidos, es muy importante que sepa (el Presidente Donald) Trump que ese dinero con el que se compraron esas propiedades le pertenece al pueblo de Chihuahua", señaló a periodistas tras encabezar la salida de la "Caravana por la Dignidad". Corral dijo no tener una evaluación sobre el costo de la decena de propiedades de Duarte en Estados Unidos.

En su discurso, indicó que al recuperar los activos de Duarte en Texas y Nuevo México los recursos que se obtengan se destinarán a programas sociales y el combate a la pobreza. "Lo que más nos interesa es resarcir el patrimonio de Chihuahua, lo que malversaron y usaron en su beneficio personal. Recuperar el fruto de lo indebido para ponerlo al servicio de la gente, becas para estudiantes, campesinos, adultos mayores, gente que no tienen", aseveró.

Formalizan ante EU extradición de Duarte

El gobierno de México presentó formalmente tres solicitudes de extradición en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y trabaja para presentar las otras ocho de las 11 solicitadas, -por presuntos actos de corrupción y delitos electorales-, informó el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.

"Se presentaron tres solicitudes formales de extradición, dos por lo que se refiere a órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, una por la Fepade de la PGR; seguimos trabajando en concluir las formalidades para la presentación del resto hasta llegar a las 11 que han sido solicitadas a la Procuraduría General de la República, daremos el acompañamiento junto con las autoridades extranjeras para efecto de que a la brevedad posible pueda ser enfrentada la persona que se reclama en la extradición a la justicia mexicana, tanto del orden federal como del orden estatal", detalló Elías Beltrán en entrevista radiofónica.

Aunque al dar a conocer la petición, dijo que por cuestiones del debido proceso y presunción de inocencia, no se da a conocer a dónde se enviaron las solicitudes.

La PGR recibió 10 causas penales por diversos delitos del fuero común en materia de corrupción el año pasado, una por parte de la Fiscalía General de Chihuahua y una por parte del fuero federal por delitos electorales.

La investigación. "Nosotros seguimos investigando, como ustedes saben el nuevo sistema tiene dos etapas de investigación, la etapa inicial sin control judicial, y una vez que se judicializa, la etapa complementaria, donde se sigue la investigación ya con un control judicial a través del juez propiamente de control, seguimos trabajando en eso, en la investigación, que partirá cuando lleguemos a la etapa intermedia, al juicio, y tengamos un caso sólido, es lo que seguimos trabajando y en el momento en que se tenga que iniciar la etapa complementaria para poder presentar un caso sólido", agregó el funcionario.

Dudan de PGR

El Gobierno de Chihuahua consideró que hay suspicacias en la actuación de la PGR al presentar solicitudes de extradición contra el ex Gobernador de César Duarte sólo por tres delitos, a pesar de que en México tiene 11 órdenes de aprehensión.

"Hay ciertas suspicacias y me parece que la labor nuestra y de todos los ciudadanos es estar atento a esto y exigir en la Procuraduría General de la República se conduzca con estricto apego a derecho y de la manera más pura posible", indicó el abogado de Chihuahua, Paulo Díez.

"Porque lo que no queremos es que un descuido, ya sea un error involuntario, puede resultar en un beneficio indebido para el extraditado".

El caso federal es una acusación de la Fepade por un presunto peculado electoral de 14 millones de pesos a las campañas del PRI en la elección del 2015.

Díez anunció que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que en la solicitud de extradición sean incorporadas todas las acusaciones en contra del ex Gobernador priista, ya que el tratado de extradición México -Estados Unidos establece que el acusado sólo puede ser juzgado en el país por aquellos delitos que se hayan Incluido en la solicitud. "De lo que se trata es de exigir que el Gobierno federal presente, como parte de su solicitud, todos los delitos que forman parte de todas las órdenes de aprehensión y que eso no genere un marco de impunidad para el extraditado", indicó.

Agencias / Reforma
Ciudad de México
Domingo 21 enero 2018.


El Gobierno federal asignó en forma discrecional a los gobiernos estatales casi 300 mil millones de pesos extraordinarios durante los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña.

Tal discrecionalidad del Ejecutivo federal implica un riesgo de control político sobre las entidades federativas y debilita a la Cámara de Diputados en su facultad de aprobar cada año el Presupuesto de Egresos, alertó la organización México Evalúa.

Estudios de este organismo indican que en tres programas del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas se concentró la asignación extraordinaria a las entidades, sin criterios para determinar montos, sin reglas de operación y sin control alguno por parte de la Cámara baja, pese a los montos multimillonarios asignados.

"Por la forma en que se maneja el Ramo 23 podemos decir que no se trata de la caja chica, sino la caja grande del Gobierno federal, con montos que son superiores a programas educativos o de salud", afirmó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

En 2013, al comenzar la gestión de Peña, Hacienda destinó 41 mil 668 millones de pesos a las entidades, por medio de la partida llamada Programas Regionales, que el año anterior había tenido una asignación de sólo 5 mil 537 millones de pesos.

Durante 2014 y 2015, las asignaciones millonarias a las entidades se asignaron mediante el programa Contingencias Económicas, por un monto de 131 mil 771 millones de pesos.

El programa de Contingencias Económicas es el antecesor del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el mismo del que el Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral reclamó 700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para el ejercicio del 2017 y que aún no se le entrega.

Exigen castigo a mandatarios corruptos

Para legisladores de oposición no es casualidad que los estados cuyos gobernantes fueron acusados de corrupción, también sean los que tengan las deudas públicas más altas por habitante, por lo que exigieron al Gobierno federal investigar, castigar y obligar a los inculpados a resarcir el daño.

Según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y la Secretaría de Hacienda, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo -que fueron por militantes o ex militantes priistas-, son los cuatro estados con las mayores deudas del país. De forma paralela, los ex Mandatarios de estas entidades están bajo investigaciones por mal uso de recursos públicos.

Para Isidro Pedraza, senador del PRD, la actual administración ha destacado por gobernadores corruptos, los que, subrayó, no han regresado lo robado. "Cerca de 20 gobernadores que terminaron en el periodo con Peña Nieto, que están señalados de actividades de corrupción, cerca de 280 mil millones de pesos están ahí faltando del erario público y hay una gran complacencia del Gobierno Federal y no habido acciones determinantes", señaló.

"Si no hay una protesta como la que se da en Chihuahua, no se activan los mecanismos para solicitar la extradición del delincuente de Duarte. Creo que esto es el colmo de la autocomplacencia, que habla de un contubernio de como bien lo dijeron ahí, es un pacto de impunidad que se había hecho en el Gobierno Federal", agregó.

En tanto, el coordinador del bloque PT-Morena en el Senado, Manuel Bartlett, indicó que la corrupción emana desde el Ejecutivo Federal, por lo que, consideró, ha sido difícil de combatir. "Los gobernadores se asociaron con Peña Nieto, (desviaron) una cantidad de recursos a la campaña de Peña Nieto, por eso encuentras tú que están coludidos un gobernador tras otro, van muchísimos que están metidos aún, porque viene desde la presidencia", apuntó.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 20 enero de 2018.


La Fiscalía solicitará la captura del exgobernador de Chihuahua, acusado de peculado, desvío de recursos y delincuencia organizada

El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha cedido este miércoles a la presión que ejerce el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. El mandatario local del PAN ha emprendido desde hace varios días una cruzada contra la corrupción que exige la captura de su antecesor del PRI, César Duarte. Esta tarde, el encargado de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) ha informado de que el Gobierno mexicano presentará esta semana tres solicitudes de extradición en contra de Duarte, quien se sumará a la lista de exmandatarios priístas que están a la espera de juicios por lavado de dinero y delincuencia organizada mientras se desenvuelve la campaña rumbo a las presidenciales de julio.

Alberto Elías Beltrán, el suplente del Fiscal general (un cargo vacante desde octubre de 2017), dijo esta tarde que la PGR recibió durante 2017 una decena de causas penales formuladas por la Fiscalía de Chihuahua en las que figura César Duarte. Además, la subprocuraduría especializada en delitos electorales federales (Fepade) hizo otra acusación en su contra. “La procuraduría se ha dedicado a hacer un exhaustivo análisis de las once causas penales… La PGR se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes formales de extradición”, dijo Elías Beltrán. El funcionario confirmó que esta semana se presentarán tres solicitudes de extradición; dos correspondientes a las acusaciones realizadas por el Gobierno de Chihuahua mientras que la tercera responde a los presuntos delitos federales en materia electoral.

Duarte dejó el cargo en octubre de 2016. Las elecciones de ese año quedaron en manos del entonces senador Corral, quien había hecho una campaña en contra del Gobierno del PRI prometiendo una lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde que asumió el cargo, la Fiscalía ha construido un caso que desnuda una supuesta trama que desvió 250 millones de pesos (13,3 millones de dólares) de la Secretaría de Hacienda a través de las arcas locales a cuentas del PRI para favorecer al partido en las elecciones locales.

Este caso ha iniciado 39 procesos penales y cuenta con 15 procesados, entre ellos varios exfuncionarios de Duarte. Las investigaciones de la Fiscalía, colocan al exgobernador en el centro de la trama. Los jueces locales han liberado por esta investigación 30 órdenes de aprehensión, diez de ellas en contra del mandatario. En las últimas semanas, Corral comenzó a repetir el dato. El gobernador mencionó que el Gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto, que ha perseguido judicialmente a los exgobernadores del PRI de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, había olvidado hacerlo contra el chihuahuense.

Corral se ha quejado públicamente de las supuestas represalias por la investigación de su Fiscalía, que ha apuntado a la presidencia del PRI de Manlio Fabio Beltrones y uno de sus colaboradores más cercanos, Alejandro Gutiérrez, quien fue detenido en diciembre pasado. El gobernador denunció la semana pasada en la Ciudad de México que la Secretaría de Hacienda no depositó el mes pasado 700 millones de dólares (37 millones de dólares) en transferencias en respuesta a las pesquisas. “La investigación ha molestado al presidente Peña Nieto”, opinó Corral este martes.

Corral celebró este domingo en Chihuahua un acto multitudinario para quejarse por el impago de la Hacienda central. Allí anunció una caravana que partirá el 20 de enero del norte, desde Ciudad Juárez, a la capital del país. “Vamos a ir convocando al país en nuestro recorrido para denunciar esta protección del Gobierno y de la Secretaría de Hacienda a un prófugo de la justicia como es César Duarte”, dijo este fin de semana.

El anuncio de Elías Beltrán pretende desactivar el llamado de Corral, que pretende imitar la caravana con la que entró Francisco Villa y la División del Norte a la Ciudad de México en 1910. “Esta batalla chihuahuense que se está iniciando toca uno de los grandes problemas de México, el problema estructural que es la corrupción política y la impunidad”, dijo Corral el domingo.

El encargado de la Fiscalía, Alberto Elías Bernal, no confirmó ante los reporteros los rumores sobre el paradero de César Duarte. El gobernador Corral ha afirmado sin duda que su antecesor se encuentra en Estados Unidos, donde ha intentado tramitar un visado. “Estamos trabajando en el tema de localización. Es uno de los elementos que nos hacen falta para presentar tres de las once solicitudes de extradición”, dijo el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales. No obstante, el funcionario aseguró que las autoridades mexicanas tienen indicio del paradero del exgobernador prófugo.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México
Jueves 18 de enero de 2018.


Querétaro.- Rosaura Martínez Ruiz, ganadora del Premio en Ciencia y Tecnología exigió al Presidente Enrique Peña aclarar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

La investigadora de la UNAM subió al presidium a recibir su premio de manos del Mandatario vistiendo una playera blanca con la leyenda "Nos faltan 43" en la espalda, y al frente, con letras más pequeñas, la misma frase.

Más tarde, Peña bajó al área de galardonados para platicar con ella.

"Él considera que la investigación está cerrada y que desgraciadamente los 43 estudiantes de Ayotzinapa fallecieron", dijo.

Sin embargo, ella le insistió que el Grupo de Expertos mostró irregularidades en la investigación de la PGR, por lo que le demandó que el Estado aclare qué fue lo qué pasó con los alumnos.

"Le comenté que ojalá que antes de irse pueda hacer que el Estado aclare todas las irregularidades que el Grupo de Expertos ha denunciado en la investigación", agregó.

Rosaura ganó el premio por su trabajo: "Teoría psicoanalítica, eje central para la filosofía política del siglo 20 y 21", y junto con otros investigadores pronto publicarán un libro sobre la visión filosófica de la desaparición de los 43.

Reforma
Querétaro, Querétaro
Sábado 13 de enero de 2018.


La Sedesol entregó a tres universidades casi 540 millones de pesos en convenios que luego negó o en cuyo cumplimiento se desentendió. Casi la mitad del dinero de plano desapareció, según la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.

Sedesol y La Estafa Maestra

Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal Político en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.
Los nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol firmados en 2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria.

Lo que los auditores descubrieron es, entre otras cosas, que buena parte del dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos convenios fueron negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios realizados es, en el mejor de los casos, sospechosa.

Con estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las averiguaciones que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema de la “Estafa Maestra”, sin que al momento alguna haya sido resuelta.

Cabe recordar que Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, llegando en su relevo José Antonio Meade, que se mantuvo en el cargo hasta el 6 de septiembre de 2016.

A continuación, se mencionan las conclusiones a las que llegaron los auditores al verificar los convenios mencionados y que dieron pie a las denuncias interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS.

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?

Universidad Intercultural del Estado de México

La Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma directa, un monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados del país.

La adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el periodo corresponde únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.

Lo que la Auditoría encontró al revisar este convenio fue que Sedesol no proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que hizo con distintas universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir a la Universidad Intercultural del Estado de México por ser la mejor opción.

Luego, cuando se solicitó la información, se descubrió que la referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los que recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo pactado en el convenio: que la Universidad pudiera realizar a los servicios.

La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de pesos para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.

Cuando los auditores solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las empresas contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos documentos, incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que permite presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.

La ASF cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social sobre este cúmulo de irregularidades, pero la dependencia literalmente respondió que no era de su incumbencia.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada por la UIEM, debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.

Universidad Politécnica de Chiapas

En este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.

Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio, número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.

La vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio Meade en la Sedesol.

El informe de la Auditoría destaca que, como es el modus operandi en esto casos, la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia con el argumento de que la Universidad es una institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se acredita esa capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.

Lo grave es que cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de la Universidad. Posteriormente desconoció por completo haber firmado los referidos convenios.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de los auditores.

Esta negativa es incongruente con la realidad, agregan los auditores, ya que la documentación de dichos convenios fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación en la visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.

“La respuesta de la SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad”, detalla el reporte que dio pie a la denuncia contra Sedesol.

Y como es costumbre en estos casos, la Universidad no realizó el servicio, sino que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o competencia. Además, pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista justificación sobre dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia. Los auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.

Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México

Esta universidad logró que la Sedesol le transfiriera directamente poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza alimentaria.

El convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en Desarrollo Social.

Lo que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.

Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó: “En cuanto a la acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados de dichos convenios no existe un documento como tal; sin embargo, eso queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión Técnica…” indica el reporte de los auditores. El problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental de que lo anterior fuera cierto.

Cabe señalar que algunos de los conceptos que tendrían que haberse cubierto por parte de la universidad era realizar trabajos como la conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos específicos y asambleas implementadas para el fomento al desarrollo comunitario.

Pero cuando se pidió a la universidad la comprobación, lo único que entregó fueron documentos donde se asegura que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento. Los auditores revisaron la documentación y encontraron múltiples incongruencias como fechas de 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. En resumen, ninguna evidencia concreta que acreditara que esas asambleas ocurrieron.

Por ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a erario público que asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal se interpuso en contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables responsables.

Animal Político
Arturo Angel
@arturoangel20
Ciudad de México
Jueves 11 de enero de 2018.

 
Ciudad de México, 10 ene (Xinhua) -- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció este miércoles un nuevo cambio dentro de su gabinete tras aceptar la renuncia de dos ministros, el de Gobernación y el de Desarrollo Social.    

Las renuncias fueron presentadas en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, en un acto público.

Miguel Ángel Osorio Chong, quien se desempeñó hasta esta tarde como ministro de Gobernación, será sustituido por Alfonso Navarrete Prida, quien hasta hoy se desempeñó como ministro del Trabajo y Previsión Social y que a su vez, quedará en su lugar el viceministro de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, informó Peña Nieto.

En tanto que Enrique Miranda Nava, al renunciar como ministro de Desarrollo Social, será sustituido por Eviel Pérez Magaña, viceministro de Desarrollo Social, añadió el mandatario.

En el acto efectuado en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto tomó protesta a los nuevos ministros y aprovechó para desear el mejor de los éxitos a sus ex ministros.

El presidente afirmó que bajo el liderazgo de Osorio Chong, "la Secretaría de Gobernación tuvo numerosos logros que han fortalecido la gobernabilidad democrática del país, con base en una relación respetuosa y constructiva entre Poderes y entre órdenes de gobierno".

En un acto presidencial previo a su renuncia, Osorio Chong explicó que su salida sería "para poder atender una nueva responsabilidad política, profesional y social".

"He actuado con honestidad y de frente a la sociedad (...) Lo he hecho con absoluta convicción y entrega, convencido de formar parte de un gobierno comprometido para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos", enfatizó.

Durante el evento "Soy México, Tu Acta de Nacimiento en Línea", el político agregó que desde su nueva tarea "continuaré trabajando de la mejor manera con lealtad, transparencia y eficacia".

Por su parte, Miranda Nava dejó el cargo para incorporarse al equipo de precampaña de José Antonio Meade, quien busca su candidatura a la Presidencia de México por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), según la prensa local.

Xinhua
Ciudad de México
Miércoles 10 enero 2018.


El ex gobernador de Quintana Roo será juzgado por apropiarse de terrenos frente al Caribe

Roberto Borge ha pasado de ser recordado como el gobernador más joven de la historia a estar acusado de quedarse con miles de hectáreas en Quintana Roo. Siete exmandatarios afrontan simultáneamente procesos judiciales en México

Durante mucho tiempo el exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge (Cozumel, 1979) fue visto como un ejemplo de una nueva forma de gobernar. Dinámico, dicharachero, comprometido con el medioambiente y amante de la parranda y las fiestas que lo conectaban con los sectores populares, era uno de los jóvenes llamados a revolucionar la forma de hacer política.

Incluso el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, probablemente en una de las declaraciones más desafortunadas de su carrera, lo puso de ejemplo de una nueva camada que había llegado para terminar con la vieja política.

Borge había llegado al poder en 2011, con 32 años, como el político mexicano más joven en llegar al cargo. Siete años después de aquello aterrizó este jueves en la Ciudad de México, custodiado por la policía, para ser juzgado por varios delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y la presunta venta irregular de terrenos de propiedad pública a varios presta nombres.

Está acusado, entre otros delitos, de haber vendido irregularmente 9.600 hectáreas de terrenos frente al Caribe mexicano a familia y amigos durante el tiempo que duró su mandato (2011-2017). Por varias de esas propiedades en una de las perlas del turismo mundial, se pagó menos del 1% del precio catastral, según denunció el actual fiscal general de Quintana Roo.

Panamá procedió a la extradición de Borge a México después de siete meses detenido en el país centroamericano. Allí fue detenido en junio cuando intentaba huir a Francia tras haber escapado de México días antes.

Sobrino de gobernador y niño promesa del PRI (Partido Revolucionario Institucional), Borge empezó en la política en 2003 de la mano de Félix González Cantó, que gobernó Quintana Roo entre 2005 y 2011. En ese entonces, tenía 23 años, se acababa de graduar en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey y era el secretario privado de González Cantó, quien dos años más tarde se convirtió en gobernador.

A los 29 años pasó a ser diputado federal, donde fue secretario de la Comisión de Medio Ambiente. Su voracidad política le llevó a dimitir seis meses después para contender por la candidatura al Gobierno de Quintana Roo, que concentra las paradisíacas playas del Caribe mexicano y los fuertes intereses económicos de Cancún y la Riviera Maya, principales puntos turísticos de México.

El actual gobernador del Estado y principal impulsor de la persecución contra Borge, Carlos Joaquín González, comparó a su antecesor con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, otro de los símbolos del latrocinio descontrolado de los últimos años.

En entrevista con EL PAÍS, González evaluó en más de 10.000 millones de pesos (más de 500 millones de dólares) el importe del robo de Borge y lo acusó de ser responsable de forma indirecta del repunte de la violencia que se vive en el Estado al haber desviado grandes cantidades de dinero que iban para programas sociales. "Faltan los recursos que iban para el campo, salud, educación que fueron destinados para dar beneficios a unos cuantos y que no llego a la población indígenas a los jóvenes", señaló.

Con la llegada de Borge a México son ya siete exgobernadores que enfrentan de forma simultánea procesos judiciales. De ellos, seis –los de Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Sonora y Michoacán– están detenidos y el chihuahuense Cesar Duarte, prófugo.

Proceso
Jacobo García
Ciudad de México
Jueves 4 enero 2018.


El ex gobernador será entregado a las 10:00 horas a las autoridades mexicanas en un hangar del aeropuerto Internacional de Tocumen.

Panamá extraditará el jueves al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, reclamado por la justicia por diversos delitos de corrupción, informó este miércoles la cancillería panameña.

Borge será entregado a las 10:00 horas locales a las autoridades mexicanas en un hangar del Servicio Nacional Aeronaval, en el aeropuerto Internacional de Tocumen de la capital.

"Panamá completará la extradición del ciudadano Roberto Borge Angulo a los Estados Unidos Mexicanos", indicó este miércoles la cancillería.

El ex gobernador fue detenido el 4 de junio pasado en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando intentaba tomar un vuelo hacia París.

El pasado 29 de diciembre, el gobierno panameño anunció que un "avión oficial" de México llegaría por el ex gobernador, de 38 años, tras haber aceptado su extradición el 18 de septiembre.

Actualmente enfrenta cargos por peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.

En la última etapa del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), varios ex gobernadores han sido acusados y detenidos en México y en el extranjero por delitos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

AFP
Ciudad de México
Miércoles 3 enero 2018.


Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación


Ciudad de México. -  Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían.

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

 “Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no les pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré'”.

Dependencia de la publicidad pública

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo, pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

El estado actual de los medios mexicanos, y su estrecha relación de dependencia con los fondos gubernamentales, no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales.

Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación; Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”.

La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que les otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público.

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia.

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”.

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en eso”.

El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo.

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial.

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”.

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos de una manera imparcial.

“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un juez de la Suprema Corte.

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores. Pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera.

“Todos los días los periodistas de México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente”, se lee en el comunicado. “Hay una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse”.

Poco después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los medios, según tres personas familiarizadas con la propuesta.


Pero Aurelio Nuño, el exjefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se quedó atrás, dijo.

‘Calentar’ a los políticos

Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de Ciudad de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país.

Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los gobernadores para venderles “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, explicó la joven.

Álvarez citó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario.

Lo definía como “calentarlos”, lo que implicaba mostrarles a los políticos una noticia crítica que su periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó a Álvarez, un contrato publicitario con su periódico que le ayudaría a “apagar el fuego”.

Sin embargo, otro solicitante, un exempleado del gobierno, dijo que sabía cómo “tratar a la prensa”, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los periodistas.

“Me gustaría poder decir que estos son casos aislados, o solo algunos, pero no es así”, dijo Álvarez. “Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las han normalizado”.

Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de dinero del gobierno federal, y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales.

No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene.

Recientemente, Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos —que invierte cerca de 3000 dólares al mes en publicidad en su medio—. La esposa del gobernador estaba atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió que Animal Político debía hacer algunas noticias positivas.

Moreno rechazó cortésmente la propuesta. “Estaban bastante ofendidos”, dijo encogiéndose de hombros. “Y estoy seguro de que el dinero se ha ido”.

Aun así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben que el trabajo no es periodismo independiente, dijo.

Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el contenido a menos de que se publique sin la advertencia, dijo. Y Moreno se ha negado. “He perdido más dinero de esa manera del que he ganado”, dijo entre risas.

Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos de medios firmaron un comunicado.

Pero algunos medios, como Animal Político, no se unieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión.

Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran medida del dinero del gobierno se opusieron.

Finalmente, la carta fue enviada sin las líneas, y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. Aparentemente, los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento.

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ahora candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su nombre y su familia estaban en la portada de El Universal, un importante periódico del país.

La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y, más específicamente, las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna.

El relato era familiar en México: un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades, e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación de todo el país divulgaron la historia.

Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos.

Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte.

Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite los pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico.

“Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña”, afirmó. “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”.

Durante los siguientes dos meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido.

Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que El Universal había tergiversado la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos.

El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, un argumento que el juez cuestionó porque el periódico “no había basado su investigación en hechos”. El diario apeló la decisión del tribunal.

Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación, en un país en el que reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental.

El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, alrededor de 10 millones de dólares el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales del próximo año.

Según el periódico, esa sugerencia es “falsa y ofensiva”. La publicidad oficial “no afecta de ninguna manera la línea editorial del periódico”, dicen los voceros del medio y agregan que “los pensadores de todos los partidos políticos” están representados en sus páginas.

No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios habían destruido la credibilidad de la institución.

Salvador Frausto, un ex editor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade.

La persona que remplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn.

Y el director de noticias de El Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato: su esposa era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo.

Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los periodistas contaron que, en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin advertirles, a veces en el último momento.

“La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un espacio libre”, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, en un artículo que relata lo sucedido.

Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista premiada, fue enviada por los editores de El Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba involucrada la policía federal.

En ese momento, los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una experta.

Pasó 10 días reporteando la noticia contactando a sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas.

El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados.

Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas —víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales— y llegó a una conclusión distinta. La policía federal ejecutó sumariamente a sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, según lo que refleja su investigación.

Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse. Pero eso no sucedió.

Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno.

Pero después de dos meses y medio —durante los cuales una de sus fuentes fue torturada y asesinada, según contó la reportera— Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje nunca se publicará.

Al consultar con abogados dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el material en otra parte.

Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen Aristegui, otra periodista galardonada, que perdió su trabajo en una estación de radio después de revelar el caso de la casa de la esposa del presidente.

Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán, con el titular “Fueron los federales”, el sitio web de Aristegui dejó de funcionar.

Eventualmente, descubrieron lo que sucedió: el sitio web fue intervenido.

Finalmente, el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia editorial en un país inundado de publicidad gubernamental.

Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico.

Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de periodismo de investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país.

The New York Times
Azam Ahmed
Ciudad de México
Jueves 28 diciembre 2017.


Señalan en desvíos mano de Beltrones; la triangulación de recursos fue acordada por el exlíder

Chihuahua, Chih.- Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, fue alcanzado por las acusaciones de desvíos de recursos del Gobierno de Chihuahua al tricolor.

La triangulación de recursos desde Hacienda hacia el Gobierno estatal para luego destinarlos al PRI, fue acordado por Beltrones, se reveló ayer en la audiencia de vinculación a proceso del ex Secretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Una agente de la Fiscalía General del Estado leyó ayer una declaración de Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación en la Administración del priista César Duarte, en la que asegura que el ex Presidente nacional del PRI concertó el desvió millonario.

"Me dijo (César Duarte) que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros estados.

"Que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones", declaró Yáñez, quien en noviembre pasado fue sentenciado a cuatro años de prisión por peculado por los mismos hechos.

"Ante la instrucción de César Duarte procedí a firmar los cuatro contratos que fueron enviados a mi oficina por la Secretaría de Hacienda local.

"Y en ese momento le pregunté a Jaime Herrera (ex Secretario de Hacienda) sobre las empresas que venían en los contratos, a lo cual me respondió que habían sido puestas por Alejandro Gutiérrez, precisamente para los fines de poder desviar el dinero".

Incluso Yáñez declaró que Alejandro Gutiérrez le envió un mensaje de texto, que aún conserva en su teléfono: "Me decía de manera textual, 'Ya hablé con y el retorno no hay opción'".

Ayer Gutiérrez, fue imputado por el delito de peculado agravado contra el erario de Chihuahua.

La declaración de Ricardo Yáñez donde implica a Beltrones, coincide con el testimonio de Jaime Herrera, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, quien aseguró también ante la Fiscalía que el ex líder del PRI, planeó la triangulación de recursos a las campañas.

A prisión

Impone juez de Control Octavio Rodríguez Gaytán en contra de Alejandro Gutiérrez la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses. Será recluido en el Cereso número Uno del municipio Aquiles Serdán.  Mientras vence el plazo de 4 meses del cierre de carpeta de investigación por el delito de peculado agravado.

Reforma
Chihuahua, Chih.
Lunes 25 diciembre 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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