Ciudad de México.- El gobierno de Enrique Peña Nieto dejará una deuda histórica a la próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, publicó Expansión.

De acuerdo con la información difundida en su sitio digital, esto representarán una carga para las finanzas públicas.

¨Cifras de Hacienda al cierre de mayo refieren que los Saldos de la Deuda del Sector Público Federal, la medida más amplia de la deuda, llegaron a los 10.8 billones de pesos, el monto más alto del que se tenga registro¨, agregó Expansión.

Al cierre de 2017, esta deuda pública representó 47.2% del PIB, y aunque este último índice fue menor al cierre de 2016; 49.4% del PIB, es el más alto que deja una administración a menos de un año de su salida.

Tan solo los primeros cinco meses del año el saldo aumentó 496,914 millones de pesos (mdp).

Expansión reveló basado en datos oficiales de Hacienda que en 1993, con Carlos Salinas de Gortari, la deuda representó el 26.5% del PIB, con Ernesto Zedillo, en 1999, 24.8%; en 2005 con Vicente Fox, 22.1% del PIB y con Felipe Calderón en 2011, un año antes de heredar el poder a Enrique Peña Nieto, el 34.8%.

Expansión
Ciudad de México
Domingo 8 de julio de 2018.


Dos hombres fueron detenidos hoy por llevar en una camioneta tres bolsas con 20 millones de pesos en efectivo, los cuales iban dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

La detención ocurrió por la tarde cuando los sospechosos circulaban en una camioneta Lincoln Navigator sobre Insurgentes Norte, en la Colonia Buenavista.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), agentes del Estado Mayor Policial y de la Subsecretaría de Tránsito los sorprendieron en un Punto de Control Preventivo, en una revisión aleatoria.

En la inspección les encontraron 20 millones de pesos en bolsas de plástico de la empresa Global Traslado de Valores, con un comprobante de traslado de valores el cual señalaba que el efectivo debía ser entregado en Insurgentes 59, Colonia Buenavista, donde se encuentra el PRI nacional.

Los sujetos se identificaron como Alan Torres y Óscar Castañeda, de 32 y 44 años de edad.

Al no poder acreditar su procedencia lícita y por tratarse de un delito federal, fueron trasladados, junto con el dinero, a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en Azcapotzalco.

La dependencia federal informó que solicitaron peritos en materia de contabilidad para el conteo del efectivo.

Al respecto, el CEN del PRI rechazó la acusación.

Reforma
Ciudad de México
Martes 26 Junio 2018.


Los recursos del PRI en las presidenciales: de Cambridge Analytica a la politización de la justicia

Ciudad de México.- Haciendo uso del poder y de los recursos del gobierno, el oficialista Partido Revolucionario Institucional ha aprovechado algunas de las instituciones más importantes de la nación en un intento por cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales del 1 de julio, de acuerdo con ex oficiales del partido y observadores electorales independientes.

El procurador general —nombrado por el presidente— ha acusado públicamente a uno de los principales candidatos de oposición de delitos graves sin ofrecer mucha evidencia del presunto crimen. Y el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron nombrados por el Congreso dominado por el PRI, ha sido criticado por varias decisiones polémicas que han marcado la campaña.

No es nada nuevo en la política mexicana que haya tácticas de juego sucio, pero las acciones tomadas por el PRI presentan una escalada por parte del partido oficialista para influenciar una elección.

A principios del año pasado, ante muy malos números en encuestas para el voto presidencial, la —ahora extinta— Cambridge Analytica se acercó al partido. Ofreció ayudar al PRI a ganar tal como lo había hecho con Donald Trump, según la propuesta de 57 páginas que redactó la compañía y que fue vista por The New York Times.

El PRI revisó esa propuesta durante meses, y al final decidió que no necesitaba pagar millones de dólares a alguien externo para una campaña sucia. El partido podía hacer eso por sí solo. Sin embargo, como una muestra de las medidas extremas a las que el priismo está dispuesto para afianzar su posición en el poder, le pagó de cualquier manera a Cambridge Analytica… para que no colaborara con ningún otro partido, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo de las negociaciones.

Esa decisión tomada a principios de 2017 fue el inicio informal de lo que, para algunos, ha sido un periodo alarmante del mal uso de recursos del gobierno para fines electorales.

“Lo que están haciendo es tomar la poca credibilidad y confianza que hay en nuestras instituciones y tirándola a la basura”, dijo Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general mexicano en los años noventa, cuando el PRI también estaba en el gobierno. “Deja entrever el débil Estado de derecho que tenemos aquí y señala un deseo de hacer lo que sea para mantenerse en el poder”.

La Procuraduría General de la República (PGR), que anunció en febrero la investigación contra el candidato opositor Ricardo Anaya, no ha presentado cargos ni ha ofrecido evidencia, lo que ha despertado quejas de que la única pretensión con la pesquisa es que el partido gobernante dirija el resultado electoral.

Mientras que el tribunal electoral ha rechazado dos auditorías de gastos indebidos por parte del PRI, revirtió una decisión que intentó regular un mecanismo para la posible compra de votos y permitió que estuviera en la boleta un candidato presidencial cuya campaña fue acusada de amaños, una decisión que los encuestadores creen podría restarle votos a la oposición.

Más allá de eso, los fondos destinados a observadores electorales se desplomaron, mientras que el gasto en tarjetas de regalo y otros servicios públicos ha aumentado en los últimos meses. Esas tácticas han sido usadas desde hace mucho tiempo para conseguir los votos de personas pobres en México, según observadores.

Por más de setenta años, el PRI ha dominado la política del país. Ahora, pese a los esfuerzos recientes, parece encaminado a una derrota contundente en las elecciones de julio como resultado de los escándalos de corrupción y los niveles históricos de violencia.

La búsqueda frenética por parte del partido de una ventaja en las elecciones son las que llevaron al PRI a discusiones con Cambridge Analytica, cuyos detalles no habían sido reportados antes.

La propuesta de la empresa comenzó a circular en 2017, cuando Enrique Ochoa aún era presidente del PRI y buscaba soluciones para que su partido no se desmoronara. Para entonces, Cambridge Analytica, una consultora de datos que usó la campaña de Trump antes de la elección estadounidense de 2016, ya se había establecido en México para buscar negocio. El PRI era la opción más obvia: era el partido más grande y necesitaba ayuda desesperadamente.

El presidente Enrique Peña Nieto tenía los peores índices de aprobación que cualquier presidente en un cuarto de siglo; Cambridge Analytica le prometió al PRI lograr una remontada sorpresiva.

En su presentación por 7,2 millones de dólares al PRI, la empresa prometió mejorar la imagen del partido y destruir la de su principal competencia, Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas. “Con técnicas similares a las empleadas en contra de Hillary Clinton en la elección presidencial de 2016”, Cambridge Analytica prometió “una poderosa estrategia de campaña negativa para socavar” a López Obrador.

La propuesta incluía un componente “de optimismo” para cambiar las percepciones negativas del partido gobernante; la táctica era sencilla:  una “campaña anti López Obrador”.

“No hay mejor ejemplo de esto que Hillary Clinton”, dice la consultora en su propuesta. “La puntera que muchos pensaban tenía una ventaja inalcanzable y que gastó mucho más que su rival republicano, fue derrotada justamente de este modo”. La empresa incluso mostró bosquejos de cómo la campaña de “Clinton corrupta” podrían verse con un enfoque anti-AMLO.

Pero los funcionarios del PRI decidieron que ese tipo de focalización de electores que la empresa dijo haber usado en Estados Unidos no iba a funcionar en México, según las personas con conocimiento de las discusiones. Los datos de los votantes mexicanos, dijeron, no estaban suficientemente desglosados.

Cambridge Analytica estuvo bajo un intenso escrutinio después de las revelaciones de que había explotado la información de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento expreso y se declaró en bancarrota en mayo.

La empresa rechazó hacer comentarios sobre las negociaciones con México; el PRI, por su parte, negó tener relación alguna con Cambridge Analytica.

Sin embargo, el partido usó una serie de estrategias mediáticas, a instituciones de procuración de la ley y a órganos judiciales que controla, de acuerdo con observadores electorales independientes y exintegrantes del partido.

En febrero, la PGR anunció una investigación contra Ricardo Anaya, uno de los candidatos de oposición que va mejor en las encuestas que el candidato priista. Lo acusó de lavado de dinero y después publicó un video de Anaya en las oficinas de la procuraduría (en una reunión que solicitó el mismo candidato).

Cuando Anaya criticó la publicación del video, la PGR defendió su decisión al decir que lo hizo “derivado del interés público mostrado por los medios”. Los críticos destacaron que el gobierno no había publicado grabaciones similares para otras investigaciones que los medios han seguido muy de cerca, como la desaparición de 43 estudiantes. La PGR niega estar usando su posición para influir en las elecciones.

Las tácticas del PRI han desatado una reacción violenta. Varios mexicanos destacados —incluidos académicos, activistas y exfuncionarios— han exhortado públicamente al presidente a que deje de intervenir en las elecciones. Un poderoso consorcio de empresas hizo lo mismo.

“Cuando cruzas una raya así en este país realmente ya no queda nada que te detenga”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, director de ese grupo gremial, la Coparmex.

Pasarse de esa raya es algo que ocurre con frecuencia en la política mexicana y va más allá de un partido en una elección. Pero De Hoyos y otros han alertado sobre el efecto que tiene en las instituciones mexicanas.

Los fondos para observadores electorales han disminuido 81 por ciento en comparación a la última elección presidencial, en 2012, de acuerdo con un estudio reciente del grupo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Y muchos mexicanos dicen que la autoridad electoral más importante del país se ha visto comprometida: el tribunal especial encargado de supervisar a las autoridades electorales y, en última instancia, de validar la votación. A casi cada paso del camino este tribunal ha fallado en contra de lo dictaminado por los reguladores responsables de salvaguardar la integridad del voto.

Un caso que causó furor fue el de Jaime Rodríguez, un candidato presidencial particularmente extravagante apodado el Bronco.

Para conseguir estar en la boleta como independiente, Rodríguez entregó casi 900.000 firmas, pero el Instituto Nacional Electoral encontró que más de la mitad eran fraudulentas, por lo que dictaminaron que no cumplía los requisitos para ser candidato.

Entonces el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron designados en 2016 por el Congreso de mayoría priista, revirtió la decisión al considerar que el Bronco no recibió un trato justo.

La decisión fue objetada en todo México. Rodríguez Calderón es gobernador con licencia y, como López Obrador, se presenta como alguien ajeno al sistema que puede enfrentarse a los intereses de quienes lo componen. Los expertos dicen que su presencia podría restarle votos a López Obrador.

Otra decisión contenciosa por el tribunal electoral involucra el uso de tarjetas prepagadas entregadas a los votantes.

Según la ley mexicana, esas dádivas no son ilegales a menos que sean usadas por el partido explícitamente para conseguir votos. Estas tarjetas son usadas en todos los niveles del gobierno y por prácticamente todos los partidos políticos. Pueden usarse para un almuerzo gratis o despensas de 25 dólares.

Pero en los últimos años su uso durante periodos electorales se ha vuelto innegable: una y otra vez los ciudadanos han denunciado que les prometieron esos beneficios a cambio de su voto.

Sucedió durante la elección de 2012, en la que Peña Nieto llegó al poder. Y en 2017, cuando el PRI ganó las elecciones en los estados de Coahuila y de México, los reguladores investigaron gastos cuestionables durante las campañas. Realizaron auditorías y anunciaron en julio pasado que habían encontrado irregularidades en el gasto de publicidad, pagos a organizadores de campo y en monederos electrónicos.

Las repercusiones podrían haber sido graves; esos hallazgos pueden invalidar una elección. Pero, antes de que sucediera eso, el tribunal electoral descartó las auditorías y dijo que eran inválidas.

“El tribunal resuelve siempre conforme a derecho”, indicó. “Nuestras sentencias y los datos estadísticos son una prueba de ello: en este proceso, ninguna de las fuerzas políticas ha sido o se ha favorecido por las resoluciones en una manera desproporcional”.

La polémica respecto al tribunal surgió de nuevo. En septiembre, los consejeros electorales anunciaron que regularían con mayor firmeza el uso de los monederos electrónicos durante la contienda de 2018. Y fueron aún más lejos: declararon que el gasto en programas sociales estaba siendo manipulado para fines electorales.

Sin embargo, ese esfuerzo regulatorio fue frenado antes de que pudiera empezar, por el mismo tribunal electoral.

A los analistas les preocupa que las decisiones del tribunal ya han tenido un efecto en la elección, al permitir que el gasto en campaña no sea monitoreado.

Por ejemplo, en las afueras de Ciudad de México, los muros de muchos hogares lucen capas de pintura nueva y camiones con tinacos están llegando a comunidades con escasez de agua, cortesía de los partidos políticos en busca de votos.

Con frecuencia, el gasto del gobierno aumenta en programas para el combate del hambre o para ayudar a los pobres; dichos programas son transformados en máquinas de compra de voto durante los años electorales. Este no es la excepción. Los gastos totales en los principales programas sociales mexicanos se dispararon un 20 por ciento en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con el grupo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Sin embargo, pese a todos esos esfuerzos, las ganancias han sido marginales para el partido gobernante, que aún parece encaminarse a una derrota contundente en julio. El candidato José Antonio Meade está en un distante tercer lugar en encuestas.

De hecho, las acciones priistas parecen haber surtido el efecto contrario y posiblemente terminaron por ayudar a López Obrador.

“El uso de oficinas, recursos e instituciones públicas para propósitos electorales es tan visible en esta campaña y apunta hacia el flanco más débil de nuestra democracia”, dijo Guillermo Cejudo, profesor de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una universidad en Ciudad de México.

“Desafortunadamente”, añadió, “las instituciones de procuración de justicia son herramientas usadas por la élite económica y política no para defender y proteger a los mexicanos, sino para golpearse el uno al otro con un palo”.

The New York Times
Azam Ahmed
Danny Hakim
Paulina Villegas
Ciudad de México
Lunes 25 de junio de 2018.


Las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

Ciudad de México.- Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados del Poder Judicial ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la naci{on (SCJN).

Dicho estudio, elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, llegó a manos también de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y revela además que las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial: de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.

Según el reporte, 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás, y aunque identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.

El artículo 97 de la constitución faculta a jueces y magistrados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Dicha disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero sólo ha servido para el nombramiento discrecional de parientes.

Y peor aún, no sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución.

El estudio muestra que secretarios, actuarios, oficiales y administrativos tienen familiares en el mismo circuito y en otros, e influyen en la designación sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad.

Incluso, los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden de igual manera.

Uno de los casos más notables es el de un magistrado del circuito de Durango que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, con cargos de actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno, señala el estudio, cuyos datos fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del país, y la información recabada fue corroborada con información del CJF.

Hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito décimo sexto, correspondiente a Guanajuato, donde 38 de 46 titulares tienen familiares, es decir, el 82.61%.

El único circuito no incluido en el estudio es el primero, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que “los responsables del estudio no pudieron obtener información”. Tampoco consiguieron datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan.

En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tienen parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares.

El circuito correspondiente a Jalisco ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial, con 76%.

Pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, del 70% en el caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del vigésimo octavo circuito.

Mientras que el tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados: 33 juzgadores tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos.

Los jueces también suelen integrar a sus parejas en la nómina: entre los 31 circuitos analizados, se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Destacan el circuito sexto de Puebla, en donde se ha dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados, el décimo sexto de Guanajuato con 10 casos y el décimo octavo de Morelos con nueve.

Por último, el estudio revela que 136 juzgadores tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. En este caso Michoacán está en primer lugar, con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17, y en el caso de emplear a los padres, esta práctica se dio en once circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados. Destaca el caso de Puebla, donde se empleó a papás o mamás de 13 juzgadores.

Proceso
Reportaje Especial
Ciudad de México
Jueves 21 de junio de 2018.


 Al frente de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn sacó a la luz los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”, a través de los cuales dependencias federales desaparecieron más de siete mil 700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que exhibió uno de los casos más sonados de corrupción del sexenio, el pasado 23 de mayo, Buchahin Abulhosn fue notificada de su despido en condiciones “tan sorpresivas como improcedentes”: la única explicación fue que la orden vino de David Rogelio Colmenares Páramo, el recién nombrado titular de la ASF, señalado por sus vínculos con el PRI.

En una carta dirigida al mismo Colmenares, la doctora, quien lleva 13 años en la ASF, pidió su derecho a “saber con precisión sus razones para separarme del cargo” y señaló que ella queda ahora en estado de vulnerabilidad, pues encabezó “investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad”.

Fechada el 30 de mayo, en la misiva que dio a conocer hoy el portal Aristegui Noticias, Buchahin Abulhosn informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias “documentadas” que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga.

Esta aparente maniobra para frenar las investigaciones, que salpican a prácticamente todo el gabinete de Peña Nieto, parece confirmar los temores expresados por organizaciones de la sociedad civil, según los cuales la ASF fue “capturada” por el gobierno federal.

Dichas agrupaciones denunciaron la cercanía de Colmenares -nombrado al frente de la ASF en diciembre pasado- con José Antonio Meade Kuribreña: ambos coincidieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, fue asesor de Peña Nieto y del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Las auditorías forenses que encabezó Buchahin Abulhosn a los convenios celebrados por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante los mandatos de Rosario Robles Berlanga determinaron que cinco mil 251 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2015, mediante esquemas de “simulación de servicios” que involucraron universidades públicas y empresas fantasmas.

La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces, señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. José Antonio Meade Kuribreña tomó el control de la Sedesol ocho meses después y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude.

Robles Berlanga no fue la única integrante del primer círculo del gabinete de Peña Nieto señalada en prácticas de desvío: también lo fueron Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin –vinculado con el escándalo de sobornos de Odebrecht–, Alfredo Del Mazo Maza –ahora gobernador del Estado de México– y Enrique Martínez y Martínez.

En su carta la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn le recordó a Colmenares Páramo, titular de la ASF, que él mismo le había expresado su reconocimiento por su conducta e insistió en que sus investigaciones fueron “premiadas incluso a nivel internacional”.

Luego, añadió: “Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”.

Y advirtió: “Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad”.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Viernes 1 de junio de 2018.


Suman ya 20 las fincas incautadas al ex gobernador del PRI

La Fiscalía General del Estado aseguró cuatro ranchos del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, que se suman a las 20 fincas incautadas derivadas de investigaciones por enriquecimiento ilícito.

La dependencia informó, en un comunicado, que en cumplimiento a una orden de cateo librada por un Tribunal de Control, se efectuaron las diligencias en los predios ubicados en el municipio de Balleza.

Expuso que los ranchos asegurados son: “El Molino”, con una superficie de 28.74 hectáreas, “Las Granjas”, con una superficie de 9.35 hectáreas, “Loma Alta”, con una superficie de 133.28 hectáreas y “El Molino de los Nogales”, con una superficie de 951 metros cuadrados.

Indicó que los primeros tres inmuebles cateados son de predios rústicos, mientras que el último es una huerta nogalera; además, en las indagatorias ministeriales se pudo establecer que estos ranchos son propiedad de César Horacio Duarte Jáquez.

Precisó que los predios fueron asegurados por la Fiscalía General, con el propósito de culminar con las diligencias de investigación necesarias, entre estas, peritajes en materia criminalística, topográfica y de valuación.

Notimex
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.



•    Andrés Manuel López Obrador, puntero de las todas las encuestas, no mencionó el nombre de Carlos Romero Deschamps. Pero claramente prometió el fin de su reinado al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, en donde lleva tres décadas a pesar de los señalamientos de corrupción.

•    El candidato de izquierda dijo hoy, en la región petrolera de Minatitlán, Veracruz, que una de sus labores como Presidente de la República será rescatar a Pemex del abandono en el que se encuentra.

•    Apenas el 11 de diciembre del año pasado, Romero Deschamps se reeligió al frente del STPRM hasta el año 2024. Con esta reelección, el cuestionado Senador planea permanecer 31 años al frente de una organización que ha garantizado votos y dinero al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ciudad de México. - Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró desde la región petrolera de Minatitlán, Veracruz, que acabará con el cacicazgo en el sindicato petrolero, en donde Carlos Romero Deschamps, Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha fincado su reino desde hace tres décadas.

“Se acabó el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero, llegó a su fin. Sí me entienden, ¿verdad?”, dijo en un mitin en el que además prometió revitalizar la industria petrolera, que hoy pasa por un proceso de privatización gracias a la Reforma Energética impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por su partido, el PRI, y por Acción Nacional (PAN).

El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que una de sus labores como Presidente de la República será rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) del abandono en el que se encuentra. “Va a ser ahora exactamente lo mismo con los trabajadores en activo, con su experiencia: vamos a levantar a Pemex”, dijo.

Romero Deschamps ha pasado décadas como Diputado federal y como Senador, y nunca ha presentado una sola iniciativa. Ha estado al servicio de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Todos han respetado su cacicazgo, con todos se ha tomado la foto.

Dos de los últimos presidentes de México han sido de Acción Nacional.

Apenas el 11 de diciembre del año pasado, Romero Deschamps se reeligió al frente del STPRM hasta el año 2024. Con esta reelección, el cuestionado Senador planea permanecer 31 años al frente de una organización que ha garantizado votos y dinero al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Romero Deschamps, cuyos hijos se hicieron famosos en años pasados por presumir viajes por todo el mundo en aeronaves particulares, logró permanecer los 12 años que duraron los gobiernos de Acción Nacional (PAN): todos los presidentes, incluidos Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, se han tomado la foto con él.

La reelección es para el periodo 2019-2024.

En 1993 se convirtió en el Secretario General del STPRM, luego de que Joaquín Hernández Galicia, “La Quina” fuera detenido y encarcelado.

El entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, felicitó a su compañero de partido. Ahora, Navarrete es Secretario de Gobernación del Presidente Enrique Peña Nieto.

Sin haberse sometido en toda su vida a una elección, Romero Deschamps ha sido dos veces Senador de la República [1994-2000 y 2012-2018] y tres veces Diputado federal [1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003].

Pese a las acusaciones sobre corrupción, Deschamps no ha pisado la cárcel como Elba Esther Gordillo, quien también llegó a lo alto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en tiempos del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y quien se mantuvo al frente de su organización sindical por alrededor de 25 años.

LUJOS Y EXCESOS

El poder de Romero Deschamps es tan grande, que a pesar de que instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, la Gran Alianza Nacional Petrolera, la Unión Nacional para el Desarrollo Social de Trabajadores de la Industria Petrolera y el movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, entre otros, han presentado denuncias en los últimos 20 años ante la Procuraduría General de la República (PGR), su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), e inclusive ante la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), no han prosperado.

De este modo, al Senador le es fácil moverse con tranquilidad y disfrutar de comidas en restaurantes de lujo –como en The Palm, donde una comida individual con entradas, plato fuerte y bebidas puede costar hasta tres mil pesos–. Tiene los bolsillos holgados. Y lo mejor de todo: no tiene por qué rendir cuentas. Ejemplo de ello fue el denominado “Pemexgate”, que, a 17 años de haber sido destapado, no ha sido resuelto y mantiene pendientes algunos juicios de amparo.

Un hecho que implicó el desvío de 500 millones de pesos por parte del sindicato petrolero para financiar la campaña del ex candidato priista Francisco Labastida Ochoa, quien contendió y perdió las elecciones del año 2000 frente al panista Vicente Fox Quesada.

Romero Deschamps no es una persona que esconde su opulenta vida. En 2008, se supo que gustaba de los relojes caros de la marca Aude Piquet valuados hasta en 7 millones de pesos (mdp) -al tipo de cambio de entonces-; que contaba con un departamento en Cancún valorado en 18.7 mdp; además de dos propiedades de lujo en The Bath Club en Miami, con un valor aproximado de 110.8 mdp [en conjunto].


Hasta hace cuatro años, el otrora Diputado era el orgulloso dueño de tres yates: el “Indomable”, un regalo hecho a su hija Paulina por un costo aproximado de 16.4 millones de pesos -al tipo de cambio de 2007, cuando fue adquirido–; el “Guly”, una embarcación valuada en 14 mdp (2013) que le obsequió a su hijo Alejandro; y el “Güero”, mismo que cuesta cerca de 28 millones de pesos (2013).

El líder sindical es, también, un padre que consiente a sus hijos –Paulina, Alejandro y José Carlos–. Viajes en aviones privados; gustos y aderezos que van desde la compra de unos brazaletes de la marca Cartier –con un costo de 2 millones de pesos– hasta la adquisición de coches de lujo, como el que recibió José en 2013: un Ferrari Enzo valuado en 26.2 millones de pesos –al tipo de cambio de ese año–, mismo que se sumó al vehículo que ya tenía: un Lamborghini Aventador de 6.5 mdp.

El sucesor del sindicalista Joaquín Hernández Galicia es tan celoso de su patrimonio que, incluso, todo intento por develar la magnitud de su peculio mediante el INAI, es revirado con un recurso de amparo.

A pesar de que en 2002 se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –sustituida en 2015 por una Ley similar– que obliga a las instituciones que reciben recursos públicos federales a transparentar la información sobre el uso y destino de su presupuesto, de agosto de 2013 a la fecha, el STPRM ha promovido más de 47 demandas de amparo en contra de los peticionarios ante el INAI, para evitar que alguien sepa a cabalidad cómo se mueve el dinero en su interior.

PIDEN SU CABEZA

El pasado 20 de abril, una centena de trabajadores petroleros sindicalizados se concentró en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para exigir el desafuero de Romero Deschamps, su encarcelamiento y el regreso del dinero y propiedades del sindicato.

Miguel Arturo Flores Contreras, dirigente nacional de Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, informó que entregaron un oficio a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que se investigue y se proceda en contra del dirigente sindical, pues hay nulos avances a las denuncias interpuestas en su contra.

“Ya estamos cansados de toda la corrupción que impera en nuestro gremio e interpusimos un recurso ante varias instancias federales”, dijo.

El abogado Jorge Alejandro Sosa, presidente de la Confederación Nacional para Salvaguardar los Derechos Humanos, explicó que el recurso expone que la PGR ha sido omisa en las investigaciones en contra de Romero Deschamps y sus 36 delegados seccionales.

“Hay datos de prueba suficiente de la vida que han llevado y el saqueo que han hecho a las instalaciones de nuestro sindicato, desde tiendas de consumo, ranchos, fábricas y un sin número de propiedades”, dijo Flores Contreras.

Sin Embargo
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.

 
•    La fiscalía de Veracruz informó que existen denuncias por el presunto daño contra el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, por más de 112 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares), cuando Macías estuvo al frente.

     MEXICO, 27 may (Xinhua) -- Las autoridades de México informaron hoy domingo que emitieron una orden de captura en contra de la esposa del ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, Karime Macías, por el presunto desvío de recursos por más de 112 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares).

     El fiscal estatal, Jorge Winckler, dijo que dado que Macías se encuentra en el extranjero, la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitará a la fiscalía federal una alerta migratoria y la publicación de una ficha roja para su búsqueda, localización y detención con fines de extradición.

     "Desde el inicio de esta gestión, la fiscalía general del estado de Veracruz se impuso como uno de sus objetivos prioritarios llevar ante la justicia a aquellas personas que como servidores públicos llevaron a Veracruz a la crisis más profunda de la que se tenga memoria", dijo Winckler en una rueda de prensa.

     El funcionario estatal dijo que existen denuncias por el presunto daño contra el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local cuando Macías estuvo al frente.

     Winckler dijo que se registraron contratos de compra-venta con al menos seis empresas "fantasma" para la adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos y sistemas de purificación de agua, entre otros artículos.

     El funcionario indicó que no hay evidencia de que los bienes adquiridos hubieran sido entregados a la población vulnerable, una de las funciones del DIF, y sólo hay constancia de los pagos.

     "Quiero ser preciso en que ese no es el total del daño causado, mismo que podrá determinarse con total precisión en la etapa procesal correspondiente", dijo Winckler sobre los 112 millones de pesos.

     Macías es esposa del detenido ex mandatario veracruzano, Javier Duarte, quien está acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

     Duarte, identificado con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó Veracruz de 2010 a octubre de 2016, y fue arrestado en Guatemala en abril del año pasado, desde donde fue extraditado a México.

     El pasado 20 de mayo, un juez mexicano abrió un nuevo proceso contra Duarte, por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias e incumplimiento del deber.

Xinhua
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.


Una airada reacción de usuarios de redes sociales se generó durante todo este día al conocerse la decisión de Once TV, televisora pública del IPN, para reinstalar el programa “Despertador Político” de Ricardo Alemán, suspendido el sábado 5, tras la polémica generada por un tuit del periodista que hacía alusión al homicidio del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El especialista y ex ombudsman de derechos de las audiencias, Gabriel Sosa Plata, afirmó a Apro que esta decisión de recontratación no debió involucrar al defensor del televidente de Once TV, pero sí implica una “enorme responsabilidad ética y un compromiso autorregulatorio que debe reforzarse a través de capacitación constante a periodistas”, más si se trata de un medio público.

Buena parte de los usuarios de Facebook y de Twitter que condenaron la decisión destacaron el hecho de que Alemán fuera recontratado, tras el reciente acto oficial del aniversario del IPN, en el que participó el presidente Enrique Peña Nieto.

“¡Y con la casualidad de que fue después de la visita del tlatoani mayor en conmemoración de los ‘400 o 500 años’ de la fundación del INP! En este México que vivimos las casualidades no existen, ¡qué bajo cayó el IPN al sucumbir ante la presión del sistema!”, escribió en Facebook Cristian Larios Ocón.

El doctor Ernesto Lammoglia, suspendido por sus críticas al gobierno del programa Diálogos en Confianza, se preguntó: “¿Y cuáles fueron estos derechos (de las audiencias), cuando me despidieron injustamente a mí de Diálogos…? Mi querido amigo Jorge Saldaña se volvería a morir si supiera lo que hoy hace su hija”.

En Twitter se promovió el hashtag #NoAlPeriodismoSicarioCanalOnce, que aglutinó varios comentarios negativos a la decisión, calificada como “vergonzosa”. El productor Epigmenio Ibarra afirmó en su cuenta de esta red social: “¿Cabría esperar otra cosa de un medio gubernamental? Viene lo peor de la guerra sucia y el régimen, a punto de perder, no puede darse el lujo de prescindir de uno de sus sicarios editoriales”.

Consejo sin especialistas

El comunicado oficial de Canal Once afirmó que “el Consejo Ciudadano, en sesión ordinaria en las instalaciones de la emisora, conoció del caso, así como de los análisis antes mencionados. Las y los integrantes de este Consejo coincidieron en que no se encuentra causal para la rescisión del contrato del periodista Ricardo Alemán y que esta decisión es apegada a derecho”.

De acuerdo con la página oficial del Canal Once, el Consejo Ciudadano está integrado por especialistas en diversas disciplinas, pero ningún comunicólogo o experto en temas de contenidos mediáticos.

Los integrantes son Daniel Aceves Villagrán, presidente de Medallistas Olímpicos AC; Bertha Cea Echenique, coordinadora ejecutiva del mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso; Julieta Fierro Gossman, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias del Instituto de Astronomía de la UNAM; Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación Pública, y Héctor Mayagoitia Domínguez, químico y bacteriólogo en la Escuela Nacional de Ciencias del Instituto Politécnico Nacional.

Según sus funciones, el Consejo Ciudadano es el “responsable de conocer y analizar los programas de trabajo y los contenidos audiovisuales que se producen y transmiten en Canal Once y, hará revisiones periódicas de su operación y normatividad interna”.

El actual Consejo Ciudadano fue electo el 30 de junio pasado por un comité de selección formado, éste sí, por comunicadores y periodistas como María Amparo Casar, Ricardo Raphael, Javier Solórzano, Fernanda Tapia y Raúl Contreras Zubieta, vocero del IPN.

Según el mismo comunicado, la revisión determinó que el programa continúe hasta el 31 de julio próximo.

“Enorme responsabilidad”

El boletín informó que “la defensoría de la audiencia señaló que, respecto del espacio ocupado por la emisión que conduce en Canal Once, éste no ha violado las prerrogativas de ley con que cuenta la audiencia ni ninguno de los derechos de la misma”.

El ex ombudsman de las audiencias en MVS y actualmente defensor en Canal 44, de Guadalajara, y Radio UDG, Gabriel Sosa Plata, afirmó que “la defensoría de las audiencias no tiene atribuciones legales ni de otro tipo para recomendar o no la contratación o recontratación de un medio de comunicación”.

“Bajo esta circunstancia, la defensoría del televidente de Once TV no podría oponerse a que Ricardo Alemán regresara a su programa, más aún cuando hay un contrato que debería cumplirse”, afirmó Sosa Plata, consultado por Apro.

Sin embargo, agregó, esto “no limita la posibilidad para que la defensoría emita las recomendaciones necesarias para prevenir o evitar que se vulneren los derechos de las audiencias”.

“Considero que estar en un medio público o comercial implica una enorme responsabilidad, ética y un compromiso autorregulatorio que debe reforzarse a través de capacitación constante a periodistas (aún más los afamados) en materias como derechos humanos y derechos de las audiencias. Debería ser algo obligatorio y más ante casos como estos”, consideró Sosa Plata.

El especialista recomendó también producir cápsulas para transmitirse en el programa de Alemán “sobre el uso responsable de las redes sociales y más de quienes colaboran en un medio como Once TV”.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Jueves 24 de mayo de 2018.


Los asaltos a transportistas tocaron un récord en 2017 en México, donde 80% de las mercancías viaja por carreteras y trenes, y solo uno de cada tres viajes terrestres está asegurado.

Puebla.-Temeroso, siempre mirando por el retrovisor, "el flaco" viaja por las peligrosas carreteras de México acosado por el recuerdo de haber sido secuestrado hace dos años por supuestos policías que le robaron su camión repleto de blue jeans.

Aquella vez, el camionero, que prefirió obviar su nombre por temor a represalias, fue llevado a golpes y con los ojos vendados a una casa en el centro del país donde lo amenazaron de muerte. Tres días después, en un descuido de sus captores, logró escabullirse y huyó.

Ahora viaja con un machete para protegerse, pero muchos otros transportistas que, como él, recorren miles de kilómetros en México, van en cabinas blindadas, con vigilancia satelital y en convoyes, en un intento por mitigar los robos, que siguen al alza y en 2017 tocaron un récord con casi 3,000 casos.

"La carretera cada vez es más peligrosa, trata uno de no pararse", dijo a Reuters el chofer de 50 años en la cabina de su tráiler, aparcado en una carretera del central estado Puebla, epicentro de la mayoría de robos al transporte terrestre de carga, que casi se triplicaron en los últimos dos años.

"Desde que me secuestraron me quedó la maña de siempre ver las placas de los carros, quién me pasó (...) me voy fijando en todo", agregó el veterano camionero.

En un país donde más del 80% de la mercadería se transporta por carreteras y trenes, no hay cifras oficiales de las pérdidas por robo de mercancías, sin embargo, en 2016 las aseguradoras pagaron casi 100 millones de dólares a afectados, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

No obstante, el impacto para la industria podría ser mayor, ya que sólo uno de cada tres de los traslados terrestres de mercancías están asegurados, amenazando la competitividad cuando el país busca diversificar sus mercados y posicionarse como una atractiva plaza comercial.

Los delincuentes no discriminan los productos, pero los más robados son combustibles, seguidos de alimentos y bebidas, materiales de construcción, químicos, artículos electrónicos, bebidas alcohólicas, autopartes, ropa y zapatos, de acuerdo a un informe de Sensitech, una firma estadounidense de seguridad.

Competitividad a la baja, primas al alza

Cuando asumió como presidente en 2012, Enrique Peña Nieto prometió acabar con la inseguridad que agobia al país. Pero a poco de entregar su mandato, los números no lo han favorecido.

A pesar que las cifras oficiales de robos en carreteras se redujeron hasta 2014, en 2015 casi se duplicaron, al registrarse 985 atracos a camiones de carga en todas las vías del país. Y desde ese año, el delito ha ido en franco crecimiento para cerrar el año pasado en 2,944 robos, todo un récord.

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), realizada por el instituto de estadística, mostró que en 2015 la inseguridad tuvo un costo de unos 7,000 millones de dólares para las compañías mexicanas, un 0.73% del Producto Interno Bruto (PIB).

El estudio también reveló que sólo un uno de cada 10 delitos cometidos ese año fue denunciado por las empresas.

Buscando atacar el problema, el gobierno de Peña ha llevado a cabo operativos policiales en las zonas afectadas y modificó el código penal este año para incrementar a 15 años de cárcel las penas para quienes cometan robos al transporte de carga.

"Está impactando la productividad y la competitividad", dijo a Reuters Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), un gremio que agrupa a las principales empresas usuarias del transporte de carga.

En su "Índice de desempeño logístico" de 2016, el Banco Mundial sostuvo que México cayó ligeramente, al pasar del puesto 50 al 54. Por su parte, el Foro Económico Mundial ubica al crimen y los robos como la segunda causa que más afecta el índice de competitividad del país, luego de la corrupción.

"El creciente poder organizacional, territorial y de fuego de los grupos delictivos y de narcotráfico, sumado a las penas relativamente bajas que estos delitos reciben (...), han hecho que se haya acrecentado (el robo en el transporte)", dijo la Comisión Económica para América y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) en un informe sobre los robos al sector en la región.

Y la situación preocupa a muchas empresas que reclaman mayor eficiencia en las cadenas logísticas en momentos en que el país negocia la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y afina los detalles de acuerdos comerciales con la Unión Europea y la región Asia-Pacífico.

"Si deseamos que México se posicione, como se ha anunciado mucho, como una plataforma logística de América, hay que tomar las acciones pertinentes", se quejó Miguel Elizalde, presidente de la Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Elizalde y otros entrevistados del rubro aseguraron que, producto del alza en los robos, las pólizas de seguro han disparado sus costos y algunas no cubren al 100% las mercancías que pasan por zonas de alto riesgo, una razón por la que muchos transportistas deciden viajar sin protección.

Hoy, un 80% de la flota de carga terrestre no está asegurada, según cálculos del sector asegurador.

El incremento de la inseguridad también ha llevado a muchos transportistas a blindar las cabinas de sus camiones: según la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), el año pasado sus agremiados acorazaron 53 unidades contra armas de alto calibre, un 40% más que en 2016.

A pesar de que la cifra es baja comparada con el tamaño de la flota de camiones de carga en circulación -casi 11 millones-, demuestra el rápido incremento del blindaje.

Más robos, más violentos

México, la segunda mayor economía de América Latina, tiene una red vial de unos 379,000 kilómetros que, entre autopistas, carreteras y vías sin asfaltar, conecta a casi todo el país.

Pero cada vez es más difícil transportar mercancía por tierra y, en los tramos más peligrosos, de cada dos camioneros que pasan por una misma ruta, es casi un hecho que uno será atracado, reveló el estudio de Sensitech, que mide los riesgos de seguridad y logística.

Las vías más peligrosas son las que conectan la capital con importantes puertos en el Golfo de México y el océano Pacífico y las que cruzan los estados centrales Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Ello ha obligado a que las empresas tomen cartas en el asunto: la cervecería Grupo Modelo, propiedad del gigante AB InBev, y la filial mexicana de LG Electronics reforzaron en los últimos meses sus estrategias para prevenir robos en varias zonas del país, controladas principalmente por grupos del crimen organizado.

Sofisticados aparatos de geolocalización satelital y una estrecha comunicación con las autoridades son algunas medidas adoptadas por estas dos firmas para mitigar riesgos. Otras dijeron a Reuters que intentan minimizar los atracos con escoltas armados y hasta borrando los logotipos de sus camiones.

Pero los ataques no se concentran únicamente en las carreteras. En las vías férreas se produjeron 1,752 robos y 10,867 actos vandálicos el año pasado, según estadísticas oficiales. Si bien no hay cifras anuales comparativas, en el último trimestre de 2017 los siniestros se incrementaron.

Grupo México Transportes, que opera la red más grande de trenes de carga en el país a través de Ferromex y Ferrosur, dijo en su último reporte de 2018 que continuó elevando la velocidad de marcha de sus trenes, como parte de su estrategia "para erradicar robos y vandalismo".

Pero no ha tenido éxito: el fin de semana, uno de sus trenes descarriló en la ruta Ciudad de México-Veracruz después de que delincuentes violentaron sus mecanismos de seguridad. La firma dijo que es el séptimo incidente similar que sufre en la región en las últimas tres semanas.

Entre enero y marzo, las pérdidas por robos y bloqueos para Grupo México Transportes sumaron al menos 15 millones de dólares.

Un policía de Tlaxcala, un estado al este de la capital, dijo, bajo condición de anonimato, que "la situación es cada vez peor, esto se ha vuelto el pan de cada día en esta zona".

Pero los delitos no sólo aumentaron, también son cada vez más violentos y sofisticados.

En muchos casos, los delincuentes utilizan armas de alto calibre y optan por dispositivos de bloqueo de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS por su sigla en inglés) para evitar que se sepa el paradero de las unidades.

"Están atacando a nuestros empleados de todas las ramas", dijo un empresario de Puebla, quien reporta hasta 10 asaltos semanales a sus camiones.

En medio de este problema, el hombre de negocios aseguró que muchas empresas se niegan a asegurar mercancías en la zona conocida como "el triángulo rojo", donde convergen Puebla, Veracruz y Ciudad de México, los más afectados por el delito.

"Efecto cucaracha"

Anteriormente, los transportistas sólo eran asaltados y se tenía un alto porcentaje de recuperación de sus vehículos. Sin embargo, en los últimos meses ha empezado a surgir una "economía alrededor del robo", dijeron afectados y especialistas.

"No solo interesan las mercancías, sino también los camiones", dijo Carlos Jiménez, de la AMIS. "Se suministran refacciones al mercado negro".

En Tlaxcala, en el centro del país, vendedores informales ofrecen clandestinamente partes de camiones desvalijados. Y, a plena luz del día, en mercados callejeros, la mercancía robada es ofrecida mucho más barata que su precio real, incluso con las etiquetas de las tiendas donde iban a ser comercializadas.

Presionado, el gobierno ha desplegado operativos para combatir el robo en carreteras y vías férreas, pero analistas y usuarios aseguran que los delincuentes huyen de los uniformados y se establecen en otras zonas sin seguridad.

"Se ha identificado, tanto en tramos carreteros como de ferrocarril, lo que se conoce coloquialmente como 'efecto cucaracha'", dijo Elizalde, de Concamin, comparando lo que sucede cuando se fumiga una casa contra aquellos insectos que, en vez de extinguirse, aparecen en otro hogar.

"Si se hace un operativo en un región y se aminora el impacto de los robos, estos crecen luego en otra entidad federativa, los criminales se van a otras zonas donde no hay tantos operativos", se lamentó.

Reuters
Puebla, México
Martes 22 de mayo de 2018.

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