Duarte será presentado ante la Corte de Florida en las próximas 72 horas

En septiembre del año pasado, el priísta fue ubicado en Albuquerque, Nuevo México

"Detienen en Miami, Florida, a César "D" con fines de extradición", informó la Fiscalía sobre el exgobernador.


César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, fue detenido este miércoles en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de México.

En 2017, la justicia de Chihuahua emitió la primera orden de aprehensión tras detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de seis mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2015.

En ese año la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja para localizar en 190 países al ex mandatario, luego de que la Fiscalía de Chihuahua pidiera a la dependencia federal su apoyo para cumplir con la orden de aprehensión.

En septiembre del año pasado, Duarte fue ubicado en Albuquerque, Nuevo México, y en mayo de 2019, el PRI avaló la expulsión de Duarte del partido.

Duarte será presentado ante la Corte de Florida en las próximas 72 horas

La FGR detalla que la detención del ex gobernador de Chihuahua fue realizada por elementos del Servicio de Alguaciles Federales

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, este miércoles en Miami, Florida, fue realizada por elementos del Servicio de Alguaciles Federales (US Marshals Service, por sus siglas en inglés).

Mediante un comunicado, la FGR señaló que en las próximas 72 horas el ex mandatario podría ser presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales es requerido.

Indicó que en octubre de 2019, la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró una orden de aprehensión en contra de Duarte Jáquez por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

La FGR señaló que hace dos años (2018), el gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra de César Duarte, por diversos delitos.

Sin embargo, acusó, durante "todo ese año la entonces PGR, en la administración anterior, mantuvo inactivo el caso".

Ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, señaló, el año pasado la hoy Fiscalía General de la República (FGR) inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense.

Santiago Nieto felicita a Marcelo Ebrard

Luego de que se informó de la detención de César Duarte, en Florida, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el procedimiento de extradición del ex gobernador de Chihuahua.

"Nadie está por encima de la ley", escribió Santiago Nieto en redes sociales tras darse a conocer la noticia.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 8 de julio de 2020.


Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no sólo recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), también robó millones de dólares al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que militaba.

Lo anterior se desprende de documentos revelados ayer por la Audiencia Nacional de España, a los que la agencia estadunidense The Associated Press (AP) tuvo acceso.

Cuando Lozoya Austin era coordinador de vinculación internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012, le pidió 4 millones de dólares a Odebrecht.

Dicho dinero, según dijo Lozoya Austin a la empresa brasileña, sería para la campaña presidencial del PRI. Sin embargo, cuando recibió el dinero, no entregó todo a las arcas priistas, porque se quedó con la mitad, de acuerdo con documentos judiciales consultados por AP.

“A cambio de la ayuda prestada al director superintendente de Odebrecht para su posicionamiento en los estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en marzo de 2012, el reclamado solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI”, señalan los papeles judiciales consultados por la agencia estadunidense

Lozoya Austin gestionó sobornos por al menos 10 millones de dólares. Un primer pago, de 4 millones de dólares, antes de la contienda electoral, y el resto, 6 millones de dólares, cuando Peña Nieto ya había tomado posesión como presidente.

Esto conforme a las investigaciones realizadas por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab.

No obstante, los documentos referidos por AP detallan que el exdirector general de Pemex utilizó ese dinero para comprar una casa a nombre de su esposa, Marielle Helen Eckers.

“Parte de dicha cantidad se destinó el 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble por 1.9 millones de dólares en Guerrero, por la esposa del reclamado, Marielle Helen Eckers”, refieren los papeles judiciales.

Según AP, todo indica que se trata de la lujosa casa que la familia Lozoya adquirió en Ixtapa-Zihuatanejo y que fue incautada por las autoridades mexicanas tras liberarse su orden de aprehensión y posterior fuga.

Como director general de Pemex, Lozoya Austin entregó contratos gubernamentales, principalmente sobre la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, donde asignó contratos por miles de millones de pesos a la brasileña Odebrecht.

Además, recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) 3.4 millones de dólares, también en 2012, la misma empresa que vendió una empresa chatarra por un precio inflado a Pemex, razón por la que su director, Alonso Ancira Elizondo, fue detenido en España.

Con dicho dinero, el entonces director general de Pemex habría comprado una lujosa casa de 38 millones 175 mil pesos, de mil 165 metros cuadrados, en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Proceso
Ciudad de México
Martes 7 de julio de 2020.



Entre 2013 y 2016, Sedena realizó compras a una compañía que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura


El Ejército mexicano desvió 240,5 millones de pesos (unos 14,8 millones de dólares) a una empresa fantasma que actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofertaba a la dependencia militar. Entre 2013 y 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó compras a DRM Aceros Internacional por supuestos insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares. Sin embargo, la autoridad tributaria determinó en octubre de 2018 que esta era una empresa fantasma que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura para comercializar los bienes.

La instancia de la Sedena que otorgó los contratos fue la Dirección General de Industria Militar, un órgano técnico que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares que utiliza el Ejército para su operación. La mayoría de las contrataciones fueron por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, es decir, sin una convocatoria abierta de contratación (licitación pública). La Defensa Nacional es la única dependencia federal que firmó contratos con esta compañía desde que se constituyó, ya que no hay registros de compras hechas por otras dependencias federales de Gobierno.

El Ejército mexicano es una de las instituciones con más poder en México. Durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvo un papel preponderante en la llamada guerra contra el narcotráfico. Con la llegada de López Obrador poco o nada ha cambiado. Aunque en campaña el actual presidente planteó la opción de regresar al Ejército a los cuarteles, una vez que asumió la presidencia su discurso cambió radicalmente y se ha encargado de empoderarlos aún más. No solo legalizó la participación de estos en tareas de seguridad, sino que les ha encomendado liderar diversas tareas: desde el combate a la venta de combustible ilegal (huachicol) hasta la construcción de uno de sus proyectos más importantes: el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

López Obrador ha sostenido que la Sedena es una de las instituciones menos corruptas, pese a que la Auditoría Superior de la Federación —el órgano fiscalizador en México— ha documentado las irregularidades de los militares en las obras públicas que han estado bajo su ejecución. En el cancelado aeropuerto de Texcoco, la obra emblema del expresidente Peña Nieto, la ASF señaló deficiencias en la planeación y elaboración del proyecto ejecutivo que presentó la Defensa Nacional para la construcción de una de las pistas del aeropuerto. Los auditores también señalaron que los militares pagaron trabajos que no fueron realizados y que hubo sobreprecios en diversos servicios contratados en la edificación de la barda perimetral del inmueble.

Estas anomalías en el manejo de los recursos públicos por parte del Ejército no fueron las únicas. Esta investigación de EL PAÍS revela que en el sexenio anterior, la Sedena contrató a DRM Aceros Internacional para que le suministrara diversos insumos, pese a que esta no contaba con experiencia empresarial y simplemente era una firma de papel. La sociedad fue constituida el 19 de septiembre de 2013 ante un notario de Tlalnepantla, en el Estado de México, y dos meses después firmó su primer contrato. De 2013 a 2016 la empresa le vendió a la dependencia diversos materiales para la fabricación de cañones, lanzagranadas, así como piezas que son usadas en los procesos productivos para fabricar los componentes de los fusiles, cartuchos y granadas de mano, se lee en los contratos consultados en Compranet, el sistema oficial de compras de Gobierno. Este diario solicitó a la Sedena saber si los mandos involucrados en las contrataciones fueron sancionados, pero esta pidió requerir esos datos a la Función Pública, quien finalmente no brindó ninguna información.

DRM Aceros no solo simulaba sus actividades, sino que para vender a un mayor precio los insumos que le ofertaba a la Sedena se confabulaba con otras empresas, concluyó la Auditoría Superior tras hacer una revisión a tres procedimientos de contratación realizados en 2015. En las rondas de adquisición para comprar 30 mil piezas de barras de acero en enero de 2015, la compañía se puso de acuerdo con otras dos de las sociedades participantes, que solo presentaron sus propuestas para favorecerla. La ASF detectó que una de las accionistas de la compañía ganadora había sido comisaria de la otra sociedad mercantil que compitió.

No solo eso, el acero lo vendió a la Dirección de Industria Militar con un sobreprecio de 143,9%, ya que el material costaba 8,3 millones de pesos (522.637 dólares al tipo de cambio de entonces), pero DRM Aceros lo vendió en 26,7 millones de pesos (1,6 millones de dólares). Además, el órgano fiscalizador señaló que era probable que estuviera incumpliendo sus obligaciones fiscales porque con los datos proporcionados por Hacienda se pudo constatar que ésta realizó importaciones de acero, pero en su declaración anual de 2015 nunca informó de estas compras.

En otra ronda de asignación también de 2015 la Auditoría detectó que DRM Aceros (ganadora del contrato) presentó un certificado que respaldaba que los bienes ofertados los había producido una acerera española. Sin embargo, tras revisar las facturas que amparan la compra, los auditores se percataron que el acero fue adquirido en México con una empresa nacional, que a su vez lo había comprado a una compañía italiana. “Con esto se estima que el certificado presentado por la empresa adjudicada no es fidedigno”, concluyó el órgano fiscalizador. Esta triangulación, donde DRM Aceros fungió como intermediario, ocasionó que los bienes fueran vendidos con un incremento de 2,3 millones de pesos (144,827 dólares).

En el mismo procedimiento de contratación nuevamente se detectó contubernio entre los participantes. Según la Auditoría tres de las empresas estaban relacionadas con DRM Aceros, ya que en los movimientos notariales se encontró que compartían accionistas, comisarios y representantes legales. En otra contratación de septiembre de 2015 la compañía ganadora respaldó su propuesta con un certificado que la acreditaba como distribuidora autorizada de los insumos, pero omitió decir que éste se lo había expedido otra de las compañías participantes en el procedimiento.

Las compras que la Sedena hizo a esta empresa mediante invitación restringida las justificó asegurando que de esta forma se garantizaba la participación de especialistas en el ramo y que no era conveniente llevar a cabo una licitación pública porque había pocas compañías con los insumos y capacidad de respuesta inmediata. Este argumento es uno de los más utilizados por el Ejército para evitar los concursos de contratación, dice Marco Fernández, coordinador de área anticorrupción de la organización México Evalúa. “Hay un abuso a las excepciones por las cuales pueden asignar directamente, son 38 justificaciones a la ley”, menciona. Otro problema es que muchos de los contratos no son públicos y los clasifican como reservados valiéndose del argumento de la seguridad nacional.

Los datos recabados por la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa muestran el abuso que la Defensa Nacional ha hecho de la asignación directa. Mientras que en 2013, al inicio del sexenio de Peña Nieto apenas asignaban 270 millones de pesos (21,1 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), en 2018, el último año de ese gobierno, la cifra alcanzó los 3.270 millones de pesos (170 millones de dólares). Ahora con López Obrador la Sedena entregó contratos por 5.000 millones de pesos (259,6 millones de dólares) en 2019 sin lanzar una convocatoria de contratación, detalla Fernández. Estas asignaciones que carecen de transparencia pueden dar margen a actos irregulares en las contrataciones. “La Sedena debe rendir cuentas y debe haber un escrutinio para evitar corrupción. No se vale decir que porque son el Ejército hay un honor intangible que hace que sus contratos estén rodeados de un aura que los protege (de anomalías)”, menciona.

Sanciones endebles

Estas contrataciones a DRM Aceros se dieron durante la gestión, primero, del general Gerardo Rubén Serrano Herrera como titular de la Dirección de Industria Militar, que estuvo en el cargo desde principios de 2012 a enero de 2015. Tras una serie de reacomodos, Serrano Herrera quedó como titular de la primera región militar, que comprende la capital del país, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Luego, en diciembre de 2016 fue enviado a comandar la XI región militar, que abarca los estados norteños de Coahuila y Chihuahua. Actualmente se encuentra retirado de las fuerzas armadas.

En enero de 2015 asumió la Dirección de Industria Militar el general Genaro Fausto Lozano Espinosa, que estuvo en el puesto hasta diciembre de 2016 cuando pasó a retiro. En una ceremonia realizada el 1 de diciembre de 2016 en el Heroico Colegio Militar, el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, entregó una condecoración a Lozano Espinosa como un reconocimiento a su trayectoria de casi 50 años en las Fuerzas Armadas. En un discurso destacó que el general siempre fue un hombre visionario, con liderazgo y don de mando que se desempeñó de manera eficiente como comandante de diversas regiones militares. “Como director general de la Industria Militar, impulsó importantes e inéditos proyectos para satisfacer diversas necesidades del Ejército y de la Fuerza Aérea”, manifestó Cienfuegos.

Tras el retiro de Lozano Espinosa, la Sedena nombró a un nuevo director para el área de Industria Militar. Tres semanas después del evento encabezado por Cienfuegos, la Auditoría Superior emitió el dictamen donde señalaba las anomalías en las compras hechas por la Dirección General de Industria Militar durante 2015, en el periodo del recién condecorado general. En sus observaciones el órgano fiscalizador alertó sobre deficiencias en la selección de proveedores y concluyó que se carecieron de mecanismos de control en el manejo de los recursos, y que la confabulación de DRM Aceros con otras tres compañías se tradujo en que se ofertaron precios más altos.

Los últimos contratos con DRM Aceros se firmaron en 2016 y el último pago que la dependencia militar realizó a la empresa fue en enero de 2017 por concepto de un finiquito, es decir una compensación por haber terminado la relación contractual antes de lo estipulado. En octubre de ese año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la instancia fiscal que verifica la legalidad de las operaciones de estas empresas, tuvo sospechas de que DRM Aceros Internacional emitía comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal o la infraestructura para producir o comercializar los insumos. El 8 de octubre de 2018 el SAT finalmente concluyó su indagatoria y exhibió a la empresa en su listado de empresas fantasmas catalogadas como “definitivas” después de que no pudiera revertir las acusaciones.

La Contraloría del Ejército decidió inhabilitar y multar a la empresa de acero con 98 mil 140 pesos (alrededor de 5.000 dólares) hasta octubre de 2019, casi tres años después de que la Auditoría le notificara las anomalías en las que incurrió. La sanción fue porque se comprobó que había presentado información falsa, vendió insumos con sobreprecio y actuó como intermediario de los bienes que comercializó a la Defensa Nacional. En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación se pedía a las dependencias federales y a los estados “abstenerse” de contratar a la compañía durante tres meses. Aunque la inhabilitación concluyó en febrero pasado, a la fecha la empresa continúa impedida para celebrar contratos públicos porque no ha pagado la multa.

En los contratos firmados con la Sedena, la empresa reportó diversos domicilios. En 2014 el dueño de la empresa, Oliver de León Barredo, dijo que sus oficinas estaban en “calle 5 de febrero número 6, colonia Ahuehuetes”, en la localidad de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Sin embargo, esta dirección no existe. En el asentamiento no hay ninguna calle 5 de febrero. En otro procedimiento de contratación, la compañía proporcionó como dirección el número 20 de la avenida las granjas, en la colonia Las Colonias, también en Atizapán. En el lugar hay una vivienda de dos plantas que no cuenta con rótulos que hagan referencia a alguna empresa. Las direcciones de los supuestos dueños tampoco pudieron ser localizados, ya que las calles y colonias son imprecisas.

El País
Zorayda Gallegos
Ciudad de México
Domingo 5 de julio de 2020.


De los 3.000 millones de dólares que gastó el Ejecutivo en seis años, la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong y Navarrete empleó 2.200


Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, en 2013 y 2014, como adelantaba este miércoles EL PAÍS. El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor.

La partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional” empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011.

Esta partida ampara “programas, investigaciones y actividades” en materia de “seguridad pública y nacional” cuya realización implica “riesgo, urgencia o confidencialidad”, según la nomenclatura que usa la Secretaría de Hacienda. Pero dependencias que accedieron a este dinero, caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.

Para Vidal Llerenas, que fue diputado por Morena durante la anterior legislatura y fungió de secretario de la comisión de presupuestos de la Cámara, el uso de esta partida fue siempre un misterio. “El reporte del desglose del gasto en México es muy bueno”, explica, “pero en esto todo el mundo era muy hermético”. Durante años, Llerenas pidió información al Gobierno sobre el uso de esta partida, pero nunca le hicieron caso. “Nos llamaba mucho la atención que cada año hubiera miles de millones de pesos de esta partida que no sabíamos dónde iban”, cuenta.

Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, añade que “esta partida es un reflejo de la deficiencia en el sistema presupuestario mexicano y la falta de instituciones capaces”. García argumenta que su uso responde a un mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Calderón para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo. Pero con Peña, el gasto se disparó y fue usado, explica, de forma política. “Lo que pasa al final”, matiza García, “es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”.

De 2013 a 2018, el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social. Entre esas tres dependencias gastaron más de 40.000 millones de pesos -2.200 millones de dólares de la época-, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social.

La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6.817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5.541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Si en 2012, antes de su llegada, la dependencia gastó 424 millones, en el primer año de Murillo, 2013, esa suma ascendió a 1.793 millones de pesos. Desde el entorno de Murillo aseguran que el dinero se gastó en compra y reparación de aeronaves, formación e investigaciones varias, como Ayotzinapa o Tlatlaya y subida de sueldos.

Auditorías

Durante el sexenio anterior y el primer año de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal que fiscaliza las cuentas de la administración, realizó al menos seis informes sobre el uso de esta partida en años de Peña Nieto. En tres estudiaron el desempeño de Prevención y Readaptación Social, en uno el de la extinta Procuraduría General de la República, en otro al CISEN y en uno más el de la Policía Federal.

El más reciente y exhaustivo es el que examina el uso que hizo la Policía Federal de estos fondos en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.

El caso del convenio, por ejemplo. En 2018, la división de Seguridad Regional de la Policía Federal acordó pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días. Primero, los auditores dijeron que no tenía sentido que la corporación contratara vigilancia privada, ya que la matriz de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, dispone de un órgano para este tipo de servicios. Y segundo, que no había pruebas de que el servicio se había prestado porque en los archivos de la dependencia no existían “bitácoras, reportes de supervisión o programas de trabajo”.

En el caso de los contratos, en tres de los cuatro analizados los auditores identificaron un posible esquema de desvío de recursos de la partida. En los tres casos, la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que quería la Policía Federal. Cuando los auditores visitaron primero a los proveedores y luego a los intermediarios -los que supuestamente contrataban con las empresas israelíes- descubrían, primero, que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.

La ASF hizo públicos estos informes en febrero y algunos medios en México publicaron parcialmente los resultados de los auditores. Es el caso de uno de los contratos descritos en el párrafo anterior. Lo firmó la División Científica de la Policía Federal con una empresa, Dizoal, para la “adquisición de una solución integral de inteligencia”. El esquema fue el descrito arriba. Dizoal contrató a un tercero y a través del tercero a una empresa israelí, que era en realidad la que vendía el software. Dizoal aseguraba tener un acuerdo con la empresa israelí para distribuir sus productos en México. Pero los auditores probaron que el dinero que la Federal pagó a Dizoal nunca llegó a la empresa israelí, sino que fue a parar a otras empresas.

Los auditores probaron además que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20. Y también porque involucraba a la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, fundadora de la unidad, muy respetada dentro del cuerpo. Con el cambio de Gobierno y la desaparición de la Policía Federal, Trujillo se incorporó a la Guardia Nacional como comisaria. Con la divulgación de esta información, Trujillo dejó su cargo, al menos temporalmente.

Fuentes de los primeros escalones de mando de la Policía Federal consultadas por EL PAÍS indican que lo sucedido con Trujillo es injusto, porque en realidad todas las compras y contrataciones de la corporación las decidía Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Márquez llegó al puesto con el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Márquez y Osorio ya habían trabajado juntos: fue coordinador de asesores de Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública, que complementa el trabajo de la ASF, también ha señalado irregularidades en el uso que hizo la Policía Federal de esta partida. En su Informe de Fiscalización de 2019, le dependencia señala que “existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.

Irregularidades

Además del esquema de desvíos, el uso de la partida de gastos de seguridad estuvo marcada por irregularidades administrativas en los años de Peña Nieto. En los informes de la ASF sobre la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social, los auditores señalan constantemente que la urgencia, el riesgo o la confidencialidad requerida para acceder a estos fondos no está justificada y que por tanto hay contratos, convenios y cheques que se cargaron a esta partida sin motivo.

Los analistas apuntan también que ambas dependencias no buscaron las mejores opciones a la hora de contratar y que no verificaron ante la Secretaría de la Función Pública si las empresas proveedoras estaban sancionadas o inhabilitadas. Y también -y esto ocurre sobre todo con los contratos de la Policía Federal- que los titulares de unidad o división que aparecen en la firma de los contratos carecen de facultades para tal efecto.

En los informes de la ASF sobre Prevención y Readaptación Social son constantes los pagos extraños a la naturaleza de esta partida, como medicinas y productos farmacéuticos, obras, rentas de generadores eléctricos, recibos de la luz, incluso la impresión y encuadernación de manuales “en materia de capacitación penitenciaria”.

Y también hay casos de dinero perdido. Es el caso de los manuales de capacitación penitenciaria. Los auditores explican que Prevención y Readaptación Social pagó en 2014 algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato. Cuando analizaron los pagos, se dieron cuenta de que el órgano de Gobernación carecía del material que por contrato debía tener. Los auditores concluyeron que este contrato podría suponer un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos.

Informes como los mencionados tienen un recorrido largo en la administración. La ASF les da seguimiento por un tiempo, esperando que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Viernes 3 de julio de 2020.


La Fiscalía anuncia que inicia las gestiones para que el director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto vuelva al país "en un plazo inmediato"

Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha aceptado ser extraditado a México. Alejando Gertz, el fiscal general, ha informado este martes de que el exfuncionario público presentó este lunes ante la Audiencia Nacional de España la solicitud para ser entregado a las autoridades mexicanas y ofreció “su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”. Lozoya, un hombre muy cercano al exmandatario del PRI, fue detenido en Málaga en febrero después de haber sido acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude por la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno mexicano ha comenzado las gestiones para que Lozoya vuelva a México “en un plazo inmediato”. “Esta Fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo, desde España hasta México, en una aeronave de bandera mexicana”, ha anunciado el fiscal general sin dar a conocer detalles sobre el vuelo. Lozoya estuvo prófugo ocho meses. Las autoridades mexicanas e internacionales lo buscaron en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia. Finalmente lograron ubicarlo en una lujosa mansión propiedad de un magnate ruso dentro en una exclusiva zona residencial del sur de España. El nombre del empresario ruso que dio cobijo a uno de los hombres más buscados de México no ha sido revelado.

El fiscal Gertz ha reaparecido después de cuatro meses fuera de los reflectores. En un mensaje grabado en vídeo dejó caer una bomba noticiosa que vuelve a poner sobre la pista las investigaciones de corrupción del entorno cercano a Peña Nieto. El fiscal ha explicado que en enero de 2017 la entonces Procuraduría General, aún durante el Gobierno del PRI, puso en marcha pesquisas sobre presuntos delitos cometidos por la constructora brasileña Odebrecht en México. La intención era investigar el supuesto pago de millonarios sobornos con los que la empresa se benefició con contratos, un modus operandi utilizado en varios países de América. La investigación se dejó morir durante dos años sobre los escritorios de la Administración priista. “Tuvimos que retomar este caso para establecer, con toda precisión, los delitos cometidos y los posibles responsables”, ha dicho Gertz esta mañana en su primer mensaje público desde el 12 de febrero.

La investigación de la Fiscalía llevó al congelamiento y “aseguramiento” de los bienes de Emilio Lozoya vinculados con un presunto delito de lavado de dinero. Esto incluyó algunas cuentas de su madre, Gilda Austin. En mayo y junio de 2019 llegaron las primeras órdenes de aprehensión. El expediente en contra del exfuncionario siguió abultándose. La petrolera estatal, Pemex, acudió ante la justicia a denunciar la multimillonaria compra de una planta de fertilizantes en estado de chatarra realizada durante la gestión de Lozoya. Alonso Ancira, el empresario mexicano al frente de Altos Hornos de México, conocido como el rey del acero, fue el beneficiado por esta transacción. Ancira también espera la extradición desde España, donde fue detenido en mayo de 2019.

Después del anuncio de la Fiscalía, la defensa de Lozoya ha hecho pública su decisión, tomada hace un mes, de abandonar el caso del ex directivo de Pemex. “Debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas es que decidimos apartarnos de la defensa”, señala un comunicado firmado por el letrado mexicano Javier Coello. El exjuez Baltasar Garzón se sumó en marzo a la defensa de Lozoya en España, pero no se ha pronunciado tras el anuncio de la Fiscalía mexicana.

Desde hace varios meses, las autoridades mexicanas habían ofrecido a Lozoya el criterio de oportunidad. Esta figura, contemplada dentro del Código de Procedimientos Penales, plantea para los imputados la posibilidad de cooperar con la justicia para dar información sobre los superiores jerárquicos en hechos de corrupción. “La verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos [en el caso de Lozoya]: Luis Videgaray [exsecretario de Hacienda] y Enrique Peña Nieto”, aseguró recientemente a este periódico Santiago Nieto, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, una pieza clave en la investigación en contra de Lozoya. El retorno del exdirector de Pemex a México abre de nuevo la puerta a una investigación de corrupción de alto calibre.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Martes 30 de junio de 2020.


Durante 7 meses solicitó los servicios de una de las chefs más exclusivas de México


A raíz del amparo solicitado por Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la AIC (Agencia de Investigación Criminal), para no ser detenido por delitos que se derivan del caso de los 43 normalistas en Iguala, ha salido a la luz la cantidad que el funcionario empleó en comida gourmet mientras se dedicaba a la 'búsqueda' de los desaparecidos.

Zaida González, una de las chefs más reconocidas de México y dueña de Banquetes Les Croissants y Gastronómica Zayda, que se distingue por su incomparable menú, fue la encargada de brindarle sus exclusivos servicios a Zerón, ofreciéndole un festín en su oficina mientras éste supuestamente se dedicaba a la búsqueda de los normalistas que desaparecieron durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero.

Es así que desde mayo hasta diciembre del 2016, Zaida fue la encargada de brindar los alimentos diarios que incluían desayuno, comida y cena para Zerón y su equipo, así como para el personal de la Policía Federal Ministerial. Dicho servicio tuvo un costo total de 14 millones 990 mil 440 pesos.

Sin embargo, los millonarios gastos de Zerón no terminan ahí, pues al estar la AIC bajo su mando, éste desembolsó 3 millones 761 mil 788 pesos para servirse a él y al personal del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, del menú de Gastronómica Zayda.

Además, empleó otros 2 millones 996 mil 268 pesos de la AIC, en servicios de cafetería, box lunch y menús ejecutivos para los empleados de la Policía Federal Ministerial.

La información anterior corresponde a los contratos por Adjudicación Directa que fueron otorgados mientras Zerón estuvo a cargo de la AIC, por un periodo de 3 años, de 2013 a 2016.

Parte del contenido de sus contrataciones fue puesto bajo reserva por cinco años, poco antes de presentar su renuncia e Enrique Peña Nieto, Presidente de la República en aquel tiempo.

Siglo de Torreón
Ciudad de México
Viernes 19 de junio de 2020.


El SAT determinó que tales operaciones fueron simuladas con empresas fantasma


El desfalco al IMSS en el sexenio de Enrique Peña Nieto abarcó el desvío de recursos públicos a empresas fantasma que supuestamente vendieron ventiladores, uniformes quirúrgicos y medicamentos; sin embargo, el SAT determinó que tales operaciones
fueron simuladas, porque las compañías no contaban con empleados ni infraestructura para llevarlas a cabo.

Entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que pagó 320.9 millones de pesos que debieron emplearse para fortalecer la infraestructura hospitalaria del instituto, que ahora enfrenta uno de sus mayores retos ante el COVID-19.

La mayor parte de los recursos se destinaron a la supuesta compra de al menos 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.

En marzo, Impunidad Cero y Justicia Justa dieron a conocer en un estudio que entre 2014 y 2018 los sectores de Salud federal y estatales desviaron 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma. El IMSS fue la segunda institución con el mayor desfalco.

Este diario hizo una búsqueda en CompraNet y en el portal de compras del IMSS de los contratos que se otorgaron a los 133 proveedores señalados como fantasma por el SAT y exhibidos en el estudio. Así, se encontró que una parte de los recursos se usaron para la supuesta adquisición de insumos que hoy necesitan los hospitales.

Por ejemplo, uno de los contratos supuestamente fue para la adquisición de nueve ventiladores en 2017. La empresa beneficiada con 4.7 millones de pesos fue Interacción Biomédica, que cuando firmó el contrato con el IMSS el 28 de noviembre de 2017 ya tenía cuatro meses de haber sido exhibida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el SAT como una empresa fantasma.

Denise Dron, investigadora de Justicia Justa, explica que "la consecuencia más grave son todas las deficiencias que hay en los servicios de salud y que se agravan en zonas marginadas.

"Estamos viendo, ahora con el coronavirus, que no tenemos un sistema de salud que pueda hacer frente y atender a la población como esperaríamos".

El Universal
Ciudad de México
Lunes 04 de mayo de 2020.


El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas, de manera detallada, del actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, y de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.

En un primer oficio, del cual posee una copia EL UNIVERSAL, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).

La solicitud de información la envió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a Sandro García Rojas Castillo, quien es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, y fue recibida el pasado 14 de abril; en ella detalla que se realiza una investigación en materia de evolución patrimonial en contra del expresidente.

En la petición aparecen, al menos, 50 instituciones bancarias en donde podría haber cuentas de Peña Nieto y sus familiares, como Banca Afirme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Citibanamex, Santander, HSBC, Bancofiel, Bank of China México, Bank of America México, American Express Bank México, Banco Azteca, BBVA México y Banco Multiva, entre otras.

La Función Pública solicita permitir el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018, cuando finalizó su sexenio.

El oficio también pide una revisión en casas de cambio, entidades de ahorro y demás relativas “en las que figuren con el carácter de titular autorizado y/o beneficiario” de Peña Nieto Angélica Rivera, Paulina Peña, Nicole Peña, Alejandro Peña y Diego Alejandro Peña.

Después de este rastreo, la Función Pública solicita que se le proporcione “copia certificada de la documentación relativa a estados de cuenta, expedientes de apertura en donde se incluyan los contratos de registros de firmas, documentación proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente específico, expedientes tomados con motivo de contratos de créditos hipotecarios, créditos de automóvil, créditos personales y créditos de consumo, así como información relativa a la fecha de otorgamiento, monto original, plazo y saldo a la fecha”.

EL UNIVERSAL consultó a la Función Pública sobre la autenticidad del documento y un vocero de la institución respondió que, en cualquier investigación, por cuidado del debido proceso, se complica dar información o comentarios en un sentido u otro.

En un segundo oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó toda la información relativa al actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda y de su esposa Alma Laura Saldaña Farach, desde 2010 a la fecha, “con la finalidad de ejercer las facultades de análisis y procesamiento de información que se tienen conferidas a esta Unidad de Inteligencia Financiera”.

En este documento, del cual también EL UNIVERSAL posee una copia, se describe que Luis Enrique Miranda y Alma Laura Saldaña tienen carácter de “investigados” y se solicita además toda la información de cuentas, contratos firmados, créditos o casas a nombre de cualquiera de los dos.

“Hágase del conocimiento el presente requerimiento a la o al oficial de Cumplimiento de la institución requerida, por lo que se hace a la siguiente información, en lo correspondiente de manera electrónica, y en el caso aplicable conforme a las disposiciones y sus anexos correspondientes, a partir de noviembre de 2017, en archivo electrónico Excel modificable, respecto a la información de cada contrato, crédito y/o casa, cuenta localizada o registrada a nombre de las personas investigadas o bien en su calidad de cotitulares y/o terceros facultados o autorizados, beneficiarios finales, accionistas, fiduciarios, fideicomitentes o alguna otra figura en la que no funjan como titulares de manera directa”, define el documento.

Se solicitan estados de cuenta detallados y mensuales de 2010 a la fecha o desde la apertura de la cuenta, si fuese posterior a la señalada, hasta la fecha de recepción del presente.

Asimismo, pidió el expediente de identificación del cliente en donde se visualicen claramente los rasgos físicos del titular, cotitular, intervinientes y los terceros con facultades o autorizados.

También, documentos probatorios de sus respectivos domicilios y, en su caso, de sus verificaciones; también, los contratos de apertura y el registro de firmas autorizadas. Asimismo, las escrituras constituirles y de los documentos que contengan los poderes de los representantes legales cuando no se encuentren contenidos en dichas escrituras.

Este jueves, el propio titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que Luis Enrique Miranda se encuentra bajo investigación. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre qué casos.

Nieto Castillo aseguró que no se busca encarcelar a exfuncionarios de la administración pasada sólo por verlos presos, sino llevar los casos a tribunales para acabar con la impunidad.

“Se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya (exdirector de Pemex y en proceso de extradición), está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, dijo Santiago Nieto en una reunión virtual con diputados del PT.

EL UNIVERSAL buscó al expresidente Enrique Peña Nieto y al propio Miranda para que fijaran una posición, pero no se les localizó.

Peña Nieto se encuentra ausente de la vida pública del país y la última vez que se le vio en público fue el miércoles 18 de septiembre del año pasado, cuando se disfrazó junto a la modelo Tania Ruiz para poder cenar en un restaurante de Nueva York.

Cabe recordar que el 2 mayo de 2019 el extitular del Ejecutivo informó a través de sus redes sociales la separación definitiva de Angélica Rivera. Y hace unos días reapareció en Twitter para lamentar el fallecimiento de su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y del exgobernador mexiquense Ignacio Pichardo.

El Universa
Carina García
Horacio Jiménez
Ciudad de México
Viernes 17 de abril de 2020.


El exsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, falleció este miércoles tras sufrir un infarto cerebral el lunes pasado.

El exfuncionario público se encontraba en el hospital ABC de Observatorio desde el lunes 30 de marzo y estaba próximo a cumplir 71 años el 22 de abril.

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en Twitter para dar la noticia de su muerte y extender sus condolencias públicas a la familia de Ruiz Esparza, luego de meses alejado de esta red social.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y excolaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD”, publicó el expresidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter.

Enrique Peña Nieto

@EPN
Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y excolaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD

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15:04 - 1 abr. 2020
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La última vez que Peña Nieto publicó un comentario fue en 2019 cuando rechazó cualquier relación con la compra-venta de la planta chatarra de fertilizantes Fertinal.

Por su parte, el excandidato presidencial por el PRI y exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, también expresó sus condolencias vía Twitter.

“Mis oraciones y condolencias a la familia y amigos de @ruizesp por su sensible fallecimiento”, escribió Meade.

José Antonio Meade??

@JoseAMeadeK
Mis oraciones y condolencias a la familia y amigos de @gruizesp por su sensible fallecimiento.

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15:39 - 1 abr. 2020
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Mientras que Miguel Ángel Osorio Chong publicó: “Lamento el fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza. Mis sentidas condolencias para su familia y seres queridos. Que en paz descanse”.

Hombre cercano a Peña Nieto, como extitular de la SCT estuvo involucrado en escándalos de corrupción como en la llamada Estafa Maestra, en la que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) documentó un esquema de triangulación de recursos vía universidades públicas, que derivó en una amplia investigación periodística a once dependencias del gobierno federal.

También su gestión frente a la SCT durante todo el sexenio peñista quedó marcada por el trágico accidente en 2017 del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca a 5 meses de inaugurada la obra, con saldo de dos muertos. Tras indagatorias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la SCT era la principal responsable de las irregularidades en la planeación y ejecución del Paso Exprés.

Ruiz Esparza era investigado por actos de corrupción ligados a la empresa constructura OHL, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien reveló en 2019 que la unidad a su cargo había interpuesto dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por contratos asignados a OHL.

Ruiz Esparza se desempeñó también como secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno del Estado de México de 2005 a 2011, en ese entonces encabezado por Peña Nieto.

Proceso
Neldy San Martín
Ciudad de México
Miércoles 1 abril 2020.


•    Se trata de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas

•    Son cuatro convenios por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos

Ciudad de México. - La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal una audiencia para imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos, por el caso de la llamada "Estafa Maestra".

Se trata de Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución, quienes ya fueron requeridos para una audiencia de imputación.

Los presuntos implicados iban a comparecer esta semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, pero debido a la cancelación de actividades del Poder Judicial de la Federación (PJF), por el Covid-19, la audiencia fue pospuesta para después del 20 de abril.

De acuerdo con informes del PJF, será el primer caso en el que la FGR fincará el delito de peculado, ya que en los anteriores sólo ha imputado ilícitos como ejercicio o uso ilícito de atribuciones y facultades.

Este caso corresponde a cuatro convenios específicos suscritos en octubre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, por un monto de 186 millones 113 mil 374 pesos.

La Universidad debía entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec.

En marzo y abril de 2016, la Sedatu pagó la totalidad de los convenios con recursos presupuestales de ese año y del anterior, cuando fueron suscritos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Argumentado que no tenía el tiempo suficiente para un procedimiento de licitación, la UPCH subcontrató los servicios mediante adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por una suma de 81 millones 642 mil 800 pesos.

La empresa subcontratada por la Universidad cobró sin prestar un servicio y, además, la UPCH se quedó con más de 104 millones de pesos, el 56 por ciento de los recursos que recibió de Sedatu.

Según las pesquisas, la empresa también subcontrató a otras cuatro razones sociales que dispersaron los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.

De acuerdo con la imputación, los más de 104 millones no sólo no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con Sedatu, sino que la UPCH usó ese dinero para adquirir una solución tecnológica Big Data y dos camionetas, lo que presuntamente evidencia que los recursos públicos fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados, es decir, constituye el desvío o peculado.

El 6 de abril de 2017 el Rector de la UPCH comunicó por escrito a la ASF que no se habían realizado antes estudios similares a los prestados a la Sedatu, por lo que no tenían experiencia y manifestó que "fueron invitados a participar en el proyecto directamente por la titular de la Sedatu (Rosario Robles)".

Reforma
Ciudad de México
Sábado 21 de marzo 2020.

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