Reprochan 'cinismo' de Rosario Robles por desvíos millonarios


Ciudad de México. - La diputada Sandra Olvera, de Morena, exigió que Rosario Robles sea castigada por ser cómplice en los desvíos durante sus gestiones en Sedesol y Sedatu, y el diputado Emmanuel Reyes, del PRD, le pidió renunciar al cargo.

"¿Por qué permitió que desaparecieran millones de pesos?", dijo Olvera a la titular de la Sedatu.

Acusó que aunque ningún contrato tiene su firma, Robles aprovechó una excepción en la Ley de Adquisiciones para adjudicar contratos directamente y agregó que es responsable de este proceso como titular de la dependencia.

"Las mujeres hemos recuperado espacios, pero usted no nos representa. Pudiendo quedar como la primer Jefa de Gobierno, está quedando como la mayor cómplice de este Gobierno. Feminismo no es sinónimo de corrupción", dijo la legisladora morenista.

"¿Dónde quedó el dinero para los más pobres, donde quedaron los más de 2 mil millones de pesos en la Sedesol?, ¿en la Universidad del Estado de México?, ¿en la de Colima?, ¿en la de Morelos o en las empresas fantasma que usted toleró?, ¿en cuentas en el extranjero, quizá?, ¿en campañas políticas del algún partido oficial?, ¿o tal vez en caballos de pura sangre? Ahí tal vez está el dinero. Siendo usted una mujer, sagaz y preparada, ¿dejó que estos miles de pesos desaparecieran?, ¿por qué permitió este delito? Quizá es cierto que no aparezca su firma, pero sí se hizo con su conocimiento, porque es la titular, ¿no?", lanzó.

La morenista acusó a la funcionaria de servirse de México y no servir al país.

"Se lo pregunto de nuevo, Secretaria. ¿Por qué fue usted cómplice de la estafa maestra, o es usted la maestra de la estafa? No sea cínica, usted no le sirvió a México, usted se sirvió de México", agregó.

En su oportunidad, el diputado Emmanuel Reyes, del PRD, pidió a Robles dejar su cargo en Sedatu para someterse a investigación.

"Si usted está dispuesta a colaborar, yo quisiera, finalmente, invitarla a que no se espere hasta la entrega-recepción de su dependencia, sino más bien la convoco a que renuncie al puesto que usted ocupa, para que usted se entregue y que coopere con las investigaciones que la Auditoría Superior está realizando y que seguramente también lo hará la Procuraduría General de la República", pidió el legislador.

Al momento en el que hablaba el perredista, compañeros de su bancada mostraron pancartas contra la funcionaria en la Tribuna.

Reprochan 'cinismo' de Robles por desvíos

Diputados reprocharon a Rosario Robles, titular de la Sedatu, por los desvíos millonarios en esa dependencia y en la Sedesol.

"¿Dónde están los 7 mil millones de la Estafa Maestra?" y "Estafa Maestra, graduados en desaparecer dinero público", se lee en mantas que portan los legisladores.

Poco después de iniciada la comparecencia, Gerardo Fernández Noroña, del PT, demandó cancelarla ante lo que llamó "cinismo" en la ex perredista.

"Es intolerable seguir escuchando ese nivel de desvergüenza", expresó.

Por su lado, la legisladora Martha Tagle llamó a la funcionaria a no seguir tapando la red de corrupción, pues tendrán que rendir cuentas.

"Las condiciones de género no nos exime de asumir nuestra responsabilidad en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción, no te equivoques, Rosario, tampoco, al querer seguir tapando a esta red de corruptos que te pusieron en esa comisión", acusó.

"A ti te trajeron al pleno, justamente, para dividir esto. Más vale que ya no los sigas tapando, y no te equivoques, Rosario, no te equivoques, Rosario. No te equivoques porque esa red de corrupción, de la que formas parte, en algún momento van a rendir cuentas".

Lizeth Sánchez, del PT, señaló que Robles siempre ha estado envuelta en escándalos de corrupción.

"Las cifras alegres no resuelven los millones robados a las familias mexicanas, el daño es irreparable", señaló al reprochar a Robles su falta de ética.

"No es ningún secreto su largo recorrido por la vida en el sector público, en la que ha estado envuelta en escándalos de corrupción, desde que encabezó el Gobierno del Distrito Federal, primero, luego cuando encabezó el PRD y en cada uno de los cargos públicos por los que ha pasado desde entonces, siempre la ha perseguido una estela constante de corrupción".

En su intervención, el priista Eduardo Zarzosa manifestó que durante la comparecencia se lanzaron expresiones dolosas y falaces en contra de Rosarios Robles y del Gobierno de Peña Nieto.

Criticó que los legisladores de otras fracciones quieran sacar rajar política de un tema "cuyo único fundamento son notas mediáticas" y dijo que confían totalmente en la honestidad de la titular de la Sedatu.

En medio de la comparecencia, Fernández Noroña dejó su curul para ir a los lugares del PRI, donde se hizo de palabras con el diputado Luis Miranda. Ambos manotearon, pero el coordinador del tricolor, René Juárez Cisneros, intervino y se llevó al petista de regreso a su lugar.

Reforma
Ciudad de México
Martes 16 octubre 2018.


En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.


Río de Janeiro. - La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.

El ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.

La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región.

La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.

México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.

En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

El escándalo creció con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de exejecutivos de la constructora -como el exdirector en México Luis de Meneses-, que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.

Pese a estas evidencias la fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que la entidad mexicana que vela por el acceso a la información le pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.

En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios y nueve exfuncionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.

La fiscalía brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.

Por otra parte, Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.

La AP solicitó a la Procuraduría General de la República aclaraciones sobre el tema, pero no obtuvo ningún comentario.

En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron “un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado” pero no está claro si tiene algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil.

Associated Press
Rio de Janeiro, Brasil
Miércoles 10 octubre 2018.


Ilícito es 42 veces mayor que en la gestión de Fox; costo del delito es de 30 mil millones de pesos


Esta administración cerrará su ciclo con el número de tomas clandestinas más alto en la historia de México, a partir de que se empezó a contabilizar este delito de manera formal (2010). En seis años, las perforaciones ilegales que diversos grupos delincuenciales realizan en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían estar por arriba de las 40 mil tomas clandestinas, cifra que se alcanzaría con los resultados que la petrolera dé a conocer entre agosto y noviembre.

Con este número de incidencias sobre la red de ductos, cuya longitud es de 17 mil kilómetros destinados para la transportación de petrolíferos y petroquímicos, el crimen organizado en todas sus modalidades habría realizado en promedio 18.2 tomas clandestinas por día entre el 1 de enero de 2013 y el 30 noviembre de 2018.

“Es una locura, el problema es gigantesco. Hay que considerar que lo que se roban es una fortuna, que no va a los niños que están estudiando, sino va a dar a los mismos cárteles, con lo cual aumentan la maldad”, reconoció el director de la empresa petrolera, Carlos Treviño Medina.

“Deja esas 40 mil tomas clandestinas que tenemos, lo que hacen esos delincuentes con ese dinero es peor, porque lo usan para armarse, para pagar informantes, para seguir violentando la ley y causándole un daño patrimonial a Pemex y al país”, añadió.

El alto número de perforaciones supone, además, que los cárteles del narcotráfico, grupos especializados en el robo de combustibles y bandas criminales, entre otros, habrían perforado en promedio 2.3 veces cada kilómetro de la red de ductos, concentrándose en entidades federativas y municipios perfectamente localizables: Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y Tamaulipas, entre los más importantes.

El directivo comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que el costo de lo robado supera los 30 mil millones de pesos anuales.

En mayo de 2017, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, calculó que el daño económico de la ordeña era de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos. Sin embargo, en marzo de este año, el director de Pemex dijo que la cifra era de 30 mil millones.

“Una cosa es el valor del producto que le roban a Pemex y que es de 20 mil millones de pesos anuales y otra los costos en reparación, persecución y en los casos en donde las tomas clandestinas se descontrolan y que requieren reparación de daños ambientales y sociales, sobre todo cuando hay explosiones”, explicó en una entrevista con este medio.

Carlos Treviño dijo que ha platicado con el equipo del nuevo gobierno, el cual le ha manifestado su preocupación por el problema.

Este delito, tomando como referencia el número de ataques a los ductos de la petrolera en los últimos seis años, resulta 42 veces más elevado que en el periodo 2001-2006 y 7.7 superior que en el ciclo 2007-2012.

Debilidad legal

De acuerdo con la empresa EnergeA, Proyectos de Energía, el aumento del delito está asociado a varios factores, entre ellos, debilidades legales: “El robo de hidrocarburos es un delito grave que se ha incrementado exponencialmente desde 2008, y si bien entró en vigor la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos el 11 de enero de 2016, su efecto disuasorio contra el robo de hidrocarburos en México es todavía incierto”.

Además, el concepto de actividad estratégica dentro de la legislación actual sólo contempla las áreas Exploración y Producción, en términos del artículo 28 constitucional, las cuales son objeto de un régimen especial aplicable a su resguardo, el cual habilita al Ejecutivo para disponer de las distintas corporaciones policiales, pero el resto de la infraestructura de la industria petrolera no está comprendida dentro del concepto instalaciones estratégicas, entre ellas, comercialización, transporte, almacenamiento de petróleo y expendio al público de petrolíferos, así como transporte por ducto, lo cual provoca que las actividades que están fuera de este rango enfrenten los mismos riesgos y amenazas que las aquejaban antes de la reforma, pero desde una posición de mayor incertidumbre.

Crecen actividades delictivas

La Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex revela que el incremento en el número de perforaciones se presenta como resultado “de que México ha experimentado un incremento en las actividades delictivas”.

En el más reciente informe a la Bolsa Mexicana de Valores, la petrolera detalló que el país “ha experimentado un aumento en el delito, principalmente por las actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada, incluyendo narcotráfico, lo cual ha detonado el desarrollo del mercado ilícito de combustibles y ha dado lugar al mayor robo y comercio ilegal de los combustibles que produce Pemex, a pesar de que el gobierno federal ha implementado medidas y reforzado las fuerzas militares y policíacas y, junto con la empresa”.

EnergeA, Proyectos de Energía, recomienda considerar reformar la definición de instalaciones estratégicas previstas en los artículo 146 de la Ley General del SNSP y el 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos para incorporar al resto de la actividad petrolera a las obligaciones mínimas en materia de resguardo de instalaciones estratégicas, como en exploración y producción; desarrollar un diagnóstico de riesgo propio, programas de prevención y mitigación ante los riesgos de la extracción ilícita de hidrocarburos, el uso de tecnología y procesos que permitan prevenir, detectar y en su caso minimizar los daños que sufran, y crear un órgano copresidido por las secretarías de Gobernación y Energía.

Impacto desconocido

Plantea que los cambios son necesarios dado que hasta ahora, “las dimensiones cuantitativas del robo de hidrocarburos en México son desconocidas”, porque no hay un método exacto para saber cuánto combustible es robado; hay limitaciones institucionales, como la falta de capacidad para reaccionar al delito, y en aquellos casos en los que se ha llevado a cabo una averiguación previa, las autoridades federales y locales muestran cierta resistencia a proporcionar mayores detalles sobre las indagatorias por razones a veces mal entendidas de confidencialidad y secrecía.

El director de Pemex reveló que la empresa está trabajando en el ámbito de su competencia: “Hemos incrementado nuestra capacidad para reparar las tomas clandestinas, es decir, las detectamos y las reparamos mucho más rápido que antes”.

Partimos de la base de que en 2016 y durante el año pasado, la capacidad que tuvieron los malos para hacer más tomas fue mayor a la de nosotros para cerrarlas, añadió.

Adelantó que la petrolera está desarrollando una aplicación que va a tener los teléfonos de todos los equipos, entonces recibo una denuncia y me sale un reporte para que vaya a verla, llega el equipo de seguridad, toma una foto y manda una orden de trabajo para repararla; el otro departamento va la repara y saca una foto de la toma reparada.

Con esta aplicación que es el workflow, que está totalmente digitalizado, Pemex tiene altas expectativas de que el problema se reduzca, dijo Treviño Medina.

El Universal
Noé Cruz Serrano
Ciudad de México
Lunes 8 de octubre de 2018.

 

A Javier Duarte se le han decomisado 41 bienes inmuebles cuyo valor suma más de 600 millones de pesos

 

Siete cuadros, una escultura, un bote, fotografías familiares y los famosos diarios de la abundancia a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, fueron asegurados por el gobierno de Veracruz.

Pero aparte de ello, otros 41 bienes inmuebles fueron confiscados, cuyo valor suma más de 600 millones de pesos, entre ellos están:

-21 Parcelas ubicadas en el municipio de Lerma, Campeche, con superficies que van de 15 a 45 hectáreas, todas fueron aseguradas desde el 9 de noviembre de 2016.

Estas fueron adquiridas mediante el desvío de recursos públicos de dependencias del gobierno de Veracruz como la Secretaría de Educación, Seguridad Pública, Agricultura y Desarrollo Social por José Juan Janeiro Rodríguez, Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cysneiros y Rafael Rosas Bocardo; identificados por la PGR como prestanombres de Javier Duarte.

-Departamento en Campos Elíseos 71-Bis, Polanco

-Departamento en Arquímedes 189 L-103, Polanco, Sección V

Ambos asegurados el 18 de noviembre de 2016.

-También le fue decomisado el 33% del rancho Las Mesas, ubicado en el poblado de Las Mesas municipio de Valle de Bravo, Estado de México.

Esta porción del rancho pertenece a Moisés Mansur Cysneiros, asegurado desde el 31 de octubre de 2016.

-Tres departamentos de Torre Pelicano 6 A, 9 A y 9 B ubicados en el número 741 de Boulevard Manuel Ávila Camacho, Fraccionamiento Costa de Oro Mocambo, Municipio Boca del Río, Veracruz, asegurados desde el 24 de noviembre de 2016

-Cuatro departamentos en los niveles uno, dos, tres y Pentgarden del condominio Finestre Ixtapa ubicado en el municipio de José Azueta, Guerrero, valuados en 1.5 millones de dólares cada uno y los cuales fueron asegurados el 25 de enero de 2017

-Edificio Fortuni de Prado Norte 135, manzana 14, Lote 5, Colonia Lomas de Chapultepec, propiedad de Controladora Prado Norte S. de R. L. de C. V., asegurado desde el 31 de marzo de 2017

Alberga las instalaciones de una galería denominada Eme Espacio de Arte y fue restaurado por el artista visual Raymundo Sesma y el diseñador industrial Silvino Lopeztovar, responsables de Advento Art Design.

También alberga la clínica de fertilidad New Hope Fertility Center, las oficinas de Iberia Group y Gaia Design.

-Tres departamentos en Torres del Parque Santa Fe:

Números 1401, 1501 y 1601 que incluyen una bodega y seis cajones de estacionamiento cada uno, fueron adquiridos por José Juan Janeiro Rodríguez y asegurados el 2 de marzo de 2018.

-Cuatro terrenos en Cancún, Quintana Roo:

Lote 48-02, manzana 30, SM 86, Carretera Puerto Juárez y Lote 15, Manzana 2, SM86, Puerto Juárez; ambos a nombre de Crenum Desarrolladora Inmobiliaria S. de R. L de C. V. cuyos socios o accionistas son Alfonso Ortega López y Alfonso Ortega García

Unidad condominal 79-2-192 del condominio Maestros de Puerto Cancún; propiedad de MHS, S. A. de C.V. cuyos accionistas son Alfonso Ortega López y Andrés Estrada Vergara

Unidad Privativa Torre B, Calle Monte Ato, Lote 05, manzana 109, SM3110, Condominio Tania Residencial de Cancún, a nombre de Lorenza Concepción López Carrera

Lote 109, régimen de propiedad en condominio La Laguna, Unidad UC-14, Lote 1-02 manzana 27, Cancún a nombre de Lorenza Concepción López Carrera.

Todos asegurados desde el 22 de noviembre de 2017.

- El rancho "El Faunito" tenía 25 habitaciones, alberca, un helipuerto y un río. Ubicado en Fortín de las Flores, Veracruz, este lugar era uno de los sitios predilectos de Duarte y su esposa, Karime Macías.

El actual gobierno de Yunes aseguró que lo utilizará para crear un centro de Ciencias para el estado.

En ese mismo rancho se decomisaron 17 pinturas de artistas como Botero, Miró, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y además, una escultura de Javier Marín.

-El año pasado, el actual gobernador de Veracruz mostró objetos personales de Duarte y de su esposa, Karime, que mostraron parte de la personalidad de ambos. Los objetos fueron decomisados en una bodega localizada en Córdoba, Veracruz. En el lugar se encontraron retratos, fotografías, una colección de balones de futbol de los Tiburones Rojos, decenas de sillas de ruedas, vajillas, muebles, un pequeño barco y los famosos diarios de Karime Macías en los que escribió planas con la frase: "sí merezco abundancia".

-El gobierno de Miguel Ángel Yunes decomisó en mayo del año pasado una casa ubicada en Tlacotalpan, Veracruz.

La casa cuenta con 522. 44 metros de extensión y se encuentra en pleno centro de ese municipio. Según el gobernador actual, la propiedad será entregada para que se realice un centro cultural.

Por su parte la Procuraduría General de la República especificó que ninguno de los propietarios de los inmuebles mencionados está bajo proceso penal, pero son identificados como prestanombres de Javier Duarte.

¿Con qué bienes se quedaría el ex gobernador de Veracruz?

Autoridades indican que el ex gobernador se quedaría con el inmueble Sierra Fría 725, adquirido para ser Casa de Retiro de Duarte.

Sin embargo, no se especificó qué es lo que procede con los siguientes bienes:

-Una lancha italiana adquirida en 790 mil dólares.

-Tres condominios en el St Regis de Nueva York

-Joyas valuadas en 597 mil 158 dólares adquiridas por sus prestanombres.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 28 de septiembre de 2018.


Ciudad de México— Un juez federal condenó esta noche a Javier Duarte a nueve años de prisión y a una multa de 58 mil 890 pesos luego que se declarara culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también decretó el decomiso de 41 propiedades a favor de la Federación, entre ellas 21 parcelas en Campeche, 4 departamentos en Ixtapa y 9 inmuebles en la CDMX, incluidos 3 departamentos en Bosques de Santa Fe, 1 edificio en las Lomas de Chapultepec y 2 departamentos en Polanco.

El juzgador al mismo tiempo amonestó al exgobernador de Veracruz para que no vuelva a incurrir en un delito y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo en que permanezca en prisión.

La Procuraduría no reclamó la reparación del daño, en virtud que los delitos imputados no lo tienen previsto; los fiscales federales presentes en la audiencia también retiraron su solicitud de inhabilitar a Duarte por el mismo plazo de su condena.

Durante una audiencia de cinco horas de duración, a la que el expriista llegó con un procedimiento abreviado previamente negociado con la PGR, el juez le inquirió si aceptaba su plena responsabilidad en los ilícitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Fuerte Tapia le advirtió que, de aceptar la comisión de los ilícitos, no tendría derecho a ningún beneficio legal, como es la conmutación de la pena.

"¿Admite usted su responsabilidad en los delitos que le imputan?", preguntó el juez.

"En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría", respondió.

"Repito la pregunta, ¿acepta su responsabilidad en los delitos?".

"Repito, sí, su señoría", contestó Duarte, quien en la audiencia apareció vestido con el uniforme de reo color caqui, barba larga y rapado.

Originalmente, este miércoles tendría lugar una audiencia intermedia en la que se presentarían las pruebas a favor y en contra del exgobernador de Veracruz.

Sin embargo, desde el pasado 17 de septiembre, Duarte entregó un escrito a la PGR en el que solicitó un procedimiento abreviado con el que buscaba evitar el juicio, aceptar su responsabilidad y obtener a cambio un beneficio en la reducción de las penas.

El mismo día, Felipe Muñoz Vázquez, Subprocurador de Delitos Federales, aceptó conceder el procedimiento abreviado, lo que implicó que la PGR planteara al juez Fuerte Tapia una condena mínima por cada uno de los delitos y una reducción adicional a esas penas.

Las penas mínimas para tanto para el lavado de dinero como para la asociación delictuosa son de cinco años de cárcel, lo que en conjunto significaba una pena de 10 años. A este castigo, la PGR sólo restó una décima parte de la duración, aunque la ley permitía una reducción de hasta una tercera parte.

Para condenarlo, el juez consideró un total de 47 datos de prueba ofrecidos por la Procuraduría, entre ellos algunos testimonios novedosos de personajes que de manera tácita también aceptan haber participado o al menos atestiguado los ilícitos del veracruzano.

Entre estos testimonios se encuentran el del exdiputado federal Antonio Tarek Abdala, el presunto prestanombres Rafael Gerardo Rosas, el contador hoy preso Rafael Nava Soria y José Antonio Bandin Ruiz, quien también ha sido señalado como testaferro del exmandatario.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 26 septiembre 2018.


Se aumentan secretarías presupuesto en 6 meses

Ciudad de México. — En los primeros seis meses del año, nueve secretarías y la Presidencia registraron adecuaciones al alza sobre sus presupuestos inicialmente aprobados.

Las modificaciones más grandes son las de Energía, con un incremento de 128 por ciento respecto a lo aprobado al inicio de año, y Turismo con 89.7 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le aprobó a la Secretaría de Energía un monto total por 2 mil 470 millones de pesos, pero en el primer semestre del año se realizaron adecuaciones para que aumentara en 128 por ciento, con lo que la dependencia ahora podrá gastar un total de 5 mil 638 millones de pesos.

Otras dependencias con adecuaciones importantes son la Presidencia de la República, que incrementó su presupuesto en 49.9 por ciento, Función Pública con 43.7 por ciento y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con 31.2 por ciento.

Según los datos, Energía, Presidencia y Sedatu ya han consumido más del 70 por ciento del total de sus presupuestos modificados, es decir, les queda menos de 30 por ciento para gastar en los seis meses restantes.

Otras dependencias que subieron su presupuesto en 10 por ciento al inicialmente aprobado son Relaciones Exteriores, Hacienda y Gobernación.

Economía y la Secretaría de Medio Ambiente también ajustaron sus presupuestos, aunque en menor proporción, con 6.3 por ciento cada una.

De acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, modificaciones superiores al 5 por ciento en el presupuesto deben ser reportadas y publicadas por Hacienda cada trimestre.

Reforma
Ciudad de México
Martes 28 agosto 2018.


El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuyo mandato termina el 31 de noviembre, reconoció hoy lunes que uno de los mayores retos que enfrentará la siguiente administración gubernamental será generar condiciones de seguridad en el país.

     "Reconocemos que hay áreas o regiones del país con grados de inseguridad, en algunos donde se han acentuado y que sigue siendo uno de los grandes retos, para éste y el próximo gobierno, el tema de inseguridad", sostuvo Peña Nieto en rueda de prensa conjunta con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

     El tema de la inseguridad en México es un problema que se agrava en el país y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en 2017 se registraron 29.168 homicidios dolosos.

     Al dar inicio formal a la transición, Peña Nieto y López Obrador respondieron a la prensa seis preguntas, luego de reunirse en privado junto a los gabinetes del actual gobierno federal y de la próxima administración.

     "Soy el primero en reconocer que, si bien hubo avances, no fueron los suficientes para alcanzar el objetivo de la seguridad" en todo el país, admitió el mandatario mexicano.

     No obstante, remarcó que en términos generales, dejará un país con estabilidad política, "donde priva un clima de armonía y paz social".

     En materia económica "puedo afirmar que dejamos a un país con estabilidad, un país donde crece el empleo y mantiene una baja tasa de inflación y dónde los niveles de deuda que se tiene como nación son manejables y son razonables", aseguró Peña Nieto.

     Por su parte, López Obrador, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, destacó la buena disposición del gobierno saliente para una transición de gobierno "de la mejor manera", y dijo que la información recibida sobre diversos temas presentados por el gobierno saliente "es apegada a la realidad".

     Entre ellos mencionó los estudios de las obras del Nuevo Aeropuerto de México, un proyecto polémico debido a sus altos costos, que someterá a consulta popular.

     "No podemos adelantar nada, estamos iniciando una etapa nueva, un proceso de transición y vamos a esperar", acotó.

     Peña Nieto y López Obrador se reunieron en privado en Palacio Nacional durante más de una hora y media, donde intercambiaron puntos de vista sobre economía, seguridad y política exterior.

     Se trata del tercer encuentro que sostienen ambos desde el triunfo electoral de López Obrador.

     Peña Nieto entregará el mando al futuro presidente de México el 1 de diciembre durante una ceremonia en el Congreso.

Xinhua
Ciudad de México
Lunes 20 de agosto de 2018.


Engordan burocracia: entran 2 mil al mes

Ciudad de México.- En los últimos ocho años cerca de 2 mil burócratas por mes se sumaron a la nómina del gobierno federal.

Este año, 17 secretarías del gobierno federal tienen 777 mil 595 plazas, casi 200 mil más que las registradas en 2010, según una revisión de Reforma a los presupuestos federales.

Estos cerca de 800 mil nuevos funcionarios equivalen a 49 por ciento de los empleos generados por la Administración central, que el Inegi estima en un millón 600 mil y que incluyen órganos autónomos.

La estimación no considera a la Secretaría de Gobernación debido a que tuvo ajustes en 2013 al absorber a la SSP, ni a la Secretaría de Energía, que llegó a incluir a las paraestatales, lo que genera grandes fluctuaciones.

Aunque casi todas las dependencias han incrementado su planta laboral, en menos de 10 años algunas duplicaron su tamaño.

Salud, por ejemplo, pasó de 23 mil 896 plazas a 68 mil 776; la Sedesol, de 6 mil 801 a 15 mil 302, y la de Comunicaciones y Transportes pasó de 24 mil 664 a 51 mil 504.

Esto, pese a que el Gobierno que está a punto de concluir emprendió en más de una ocasión un plan de austeridad y control de plazas gubernamentales.

Dentro del sector central del Gobierno federal, una tercera parte de las plazas corresponde a empleados de confianza, mientras que el resto es personal de base o sindicalizado, de acuerdo con datos del último censo del Inegi.

Las variaciones del volumen de plazas pueden estar relacionadas con los ciclos electorales debido a que al ofrecer puestos de trabajo se pueden asegurar voluntades de grupos, explicó Oliver Meza, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

"El sector público puede funcionar como una mercancía para el clientelismo", dijo.

El investigador indicó que el incremento en 10 años es acelerado, aun si se considera que en economías emergentes los gobiernos tienden a ser grandes empleadores.

Incluso si se toma en cuenta la creación de diversos organismos dentro de las dependencias, así como modificaciones que han surgido de la demanda social y legislativa, las contrataciones carecen de claridad debido a la falta de estándares, explicó.

"Cuando no hay un servicio civil de carrera con estándares de permanencia y salida, las plazas se vuelven un botín", aseveró.

Reforma
Ciudad de México
Martes 7 de agosto 2018.


•    La SCT aprobó construir el segundo piso de Puebla, aunque era la opción más cara y sin planeación    

•    Aunque había tres opciones que serían más baratas, tanto en construcción como en el peaje que pagarían los usuarios, el gobierno de Moreno Valle eligió la opción más cara y la que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto.


Puebla.- En 2014 el gobierno federal dio luz verde a construir un Viaducto Elevado en Puebla aun cuando era el proyecto más caro de tres posibles opciones: un libramiento, que seis años antes se había presupuestado en mil 933 millones de pesos; ampliar la autopista a diez carriles en su cruce por la ciudad poblana, valuado en 4 mil 400 millones, o construir un paso elevado por 10 mil millones.

Se optó por el más caro, pero además sin que hubiera planeación previa: se adjudicó una obra de 13.3 kilómetros y 18 metros de ancho, pero se construyó un segundo piso de 15.3 kilómetros y 21 metros de ancho.

La obra resultó cara no sólo para las finanzas públicas —el gobierno federal pagó 4 mil 500 millones—, también para los usuarios. Recorrer la carretera México-Puebla cuesta 1.40 pesos por kilómetro, con dos casetas incluidas. El peaje del Segundo Piso cuesta 3.59 pesos el kilómetro, 2.5 veces más que toda la autopista.

Documentos oficiales consultados por Animal Político indican que el peaje del Segundo Piso también es más alto del que se hubiera pagado con el libramiento: 1.20 pesos por kilómetro.

Sin estudios previos

La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2012 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente año con una partida de 43 millones de pesos para un estudio de preinversión para el Viaducto Elevado de Puebla, pero el estudio jamás se realizó.

El 17 de mayo de 2013, el titular de la dirección general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Óscar Callejo Silva, pidió la cancelación del estudio a pesar de que la documentación era necesaria “para la correcta proyección” de la obra, pues incluía un estudio de demanda, el anteproyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental, entre otros documentos, según se lee en los documentos oficiales que consultó Animal Político.

Pero la falta de estudios no impidió que en 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aprobara la entrega de 5 mil millones de pesos para subsidiar el Viaducto Elevado, una de las 266 promesas de campaña que Enrique Peña firmó ante notario público como candidato a la Presidencia de la República.

La entrega de los recursos públicos se hizo sin contar con la aprobación de la Cámara de Diputados. Lo que se hizo fue una “modificación presupuestal” para inyectar recursos al “Programa de Apoyo para Infraestructura Carretera U002”, un programa que en el PEF aprobado por los legisladores en 2014 estaba en ceros, sin recursos asignados.

De ese programa salieron 2 mil 500 millones de pesos para el arranque de la obra en 2014, y se repitió el esquema en 2015 y 2016 para asignar un subsidio de mil millones anuales, hasta que finalmente, en agosto de 2016 se inauguró el viaducto elevado.

La falta de documentación y estudios que justificaran la obra fue la constante en el desarrollo del proyecto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó, entre otras irregularidades, que la obra se inició sin un proyecto ejecutivo autorizado, sin el estudio costo-beneficio y sin la Manifestación de Impacto Ambiental.

¿Fue mejor opción técnica? ¿la menos onerosa?

La promesa de campaña de Peña Nieto se rubricó con el folio CG-040 y se incluyó en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicación 2013-2018, acompañado por la leyenda: “o la opción que técnicamente mejor resulte”.

La SCT consideró dos posibles opciones, según documentación que la dependencia entregó a Animal Político, aunque al final se optó por la más cara.

La primera alternativa: modernización y ampliación a diez carriles del paso de la vialidad en su cruce por la ciudad, con carriles para laterales para el tránsito local, una solución que tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado” y costo estimado de 4 mil 400 millones de pesos.  

La segunda el viaducto elevado, una solución que —igual que la primera opción—, tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado”, pero con la desventaja de que “el uso de esta infraestructura sería en hora de máxima de demanda, con lo que podría existir una sobreoferta de la misma”. El costo estimado de esa obra fue de 10 mil 500 millones de pesos, más IVA, y consideraba un tramo de 16.6 kilómetros de largo.

En el mismo documento oficial hay contradicciones sobre la valoración de las dos opciones. Primero se dice que “de manera objetiva y cuantitativa se consideró al Costo Anual Equivalente (CAE) como el mejor indicador”, lo que significaba que ampliar la carretera era la mejor opción. “La alternativa 2 es la que requiere de una inversión mayor a lo largo de la vida útil del proyecto”. Pero en otro párrafo se menciona que la alternativa 2 “representa el menor CAE por lo tanto resulta ser la más adecuada”.

Alternativa    Costo de inversión    Conservación rutinaria    Riego de sello    Carpeta    Reconstrucción    CAE
1    4,400,000,000    2,669    12,900    71,171    195,721    539.6
2    10,500,000,000    5,641    27,265    150,422    413,682    1,285.3

Más allá de lo contradictorio de las afirmaciones en el estudio, los datos del CAE y los costos totales de las obras muestran que el viaducto elevado era 2.3 veces más caro que la ampliación, pero el gobierno optó por esa alternativa.

Pero además de la económica, entre los proyectos hay otra diferencia: la segunda opción es la que prometió Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial y la que buscaba el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, quien buscó sin conseguirla la candidatura del PAN para los comicios de este 2018.

El estudio de la SCT consideró además que la obra podría generar una ganancia del 17.6% anual (la Tasa Interna de Retorno), aunque en el contrato de concesión que el gobierno de Puebla con OHL-Pinfra se estableció que la ganancia sería del 10% anual real, más la recuperación de la inversión inicial.

También señaló que la obra se pagaría a partes iguales por el gobierno y empresas del sector privado, con un proceso de licitación que se realizará en junio de 2015 para que la obra estuviera en operación en enero de 2018.

Pero el proceso planteado en los documentos de la SCT no se siguió, la obra se adjudicó a mediados de 2014 sin licitación de por medio y se puso en operación en octubre de 2016, justo al cierre del sexenio de Moreno Valle.

Una obra ‘exprés’

El 19 de junio de 2014, la SCT entregó al gobierno de Puebla el permiso de derecho de vía para construir el viaducto elevado sobre la autopista federal. Ese mismo día la dependencia emitió los lineamientos del programa U002 “Programa para Infraestructura Carretera” para entregar el subsidio de 5 mil millones de pesos y financiar la mitad de la obra.

De acuerdo con esos lineamientos, de los que Animal Político tiene copia, para recibir el subsidio el gobierno de Puebla debía demostrar, entre otras cosas, que tenía “proyectos ejecutivos, evaluaciones financieras y técnicas que aseguren la factibilidad” de la obra.

Pero la obra se inició sin tener ni estudio de costo beneficio ni proyectos ejecutivos.

Al analizar la cuenta pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación dijo: “En la revisión del título de concesión, se observó que la SCT otorgó el subsidio en materia de infraestructura carretera al gobierno de Puebla, para el proyecto del viaducto elevado, aun cuando no se contaba con el estudio costo-beneficio ni con el proyecto ejecutivo”.

En respuesta a la auditoria, la SCT presentó en octubre de 2015, un año después de iniciada la obra, un estudio de costo-beneficio. Animal Político tuvo acceso al estudio, vía una solicitud de información que atendió la ASF. El documento no tiene la fecha en que fue realizado, no incluye firma, sello, ni tiene referencia alguna a los autores o responsables del estudio.

Además, dice la ASF, “no se tiene evidencia de que se contara con el estudio previo al otorgamiento del subsidio”.

Ni siquiera se tuvo el cuidado de tener un título de concesión que tuviera los datos correctos: la SCT se refiere a una autopista de 16.6 kilómetros de longitud y 21 metros de ancho, mientras que el título de concesión hace referencia a una obra de 13.3 kilómetros de largo y 18 metros de ancho, y la obra que se construyó fue de 15.3 kilómetros de largo y 21 metros de ancho.

Otras irregularidades

Pero no fueron las únicas irregularidades. La ASF revisó el desarrollo de la obra entre 2014 y 2016 y detectó costos inflados: “algunos de los precios son elevados respecto a los precios de mercado y a los propuestos en otros proyectos similares realizados por la misma empresa” por más de mil 173 millones de pesos.

También se detectaron pagos por obras y servicios no recibidos por más de 180 millones de pesos, y un pago de 2.7 millones de pesos por un anticipo no justificado.

A ello se sumaron “trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, losas y prelosas; ramales de tuberías de PVC, de marcos y registros”.

Dice uno de los informes de la ASF que “no obstante que la obra ya se había concluido y se encontraba en operación, no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas”.

El gobierno de Puebla incluso intentó que vehículos pesados o de carga tuvieran la obligación de transitar por el viaducto elevado —y pagar la cuota por hacerlo—, restringiendo su circulación por la parte baja de la autopista México-Puebla. La acción fue señalada por la ASF, quién pidió el inicio de un procedimiento administrativo contra los funcionarios responsables, sin que hasta la fecha se haya sancionado a nadie.

El viaducto elevado, un logro en infraestructura según la administración federal de Enrique Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle en Puebla, sí desahoga el tráfico en la zona y disminuye los tiempos de traslado.

Sin embargo, su construcción fue más para el lucimiento de los funcionarios involucrados y a un costo de 4 mil 500 millones de pesos, además de una concesión que no le retribuye ni un peso a las arcas públicas.

Animal Político
Ernesto Aroche
Ciudad de Puebla
(Jueves mayo 24 2018)
Jueves 19 julio de 2018.


Administración peñista hizo de todo “por obstaculizar” la creación de una comisión sobre los 43: AI

Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) se sumó al repudio por la resolución del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito en contra de la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, que esclarecería la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un breve comunicado, Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización internacional, responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto de la resolución donde se considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” (PGR), lo que –subrayó– demuestra que existe “una decisión política de ocultar la verdad” sobre el caso.

De acuerdo con la defensora, el gobierno federal hizo “todo lo posible por obstaculizar” la creación del mecanismo especial de investigación que había sido ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Y sostuvo que haber impugnado la sentencia del Tribunal Colegiado “muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”.

Gobierno de Peña atora en tribunales la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa

Para Guevara Rosas, la creación de esa comisión “era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y evidencia fabricada”, como lo demostró el propio Tribunal Colegiado en su sentencia que se suponía inatacable.

De igual manera, recordó que el gobierno federal “tomó más de cien acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”.

Finalmente, emplazó al gobierno federal “a dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente con esa medida”.

Gobierno de Peña atora en tribunales la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa

La Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa se mantiene en un limbo jurídico, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto logró que un tribunal unitario resolviera que existe imposibilidad jurídica y material para la creación de este ente ordenada por un tribunal colegiado.

El magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitió un fallo a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) en un recurso en el que el Ministerio Público Federal reclamó como exclusiva la facultad constitucional de investigación de los delitos federales.

“Fue un incidente excepcional” el promovido por la PGR para tratar de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró a Apro el académico y litigante constitucional Sergio Charbel Herrera.

La SCJN podría atraer el caso, pero no para revisar el fondo de la sentencia del tribunal colegiado que ordena la creación de la Comisión de la Verdad, sino para ver si en efecto se puede o no cumplir ese fallo, añadió.

La PGR alega que, por mandato constitucional, a ella le corresponde la investigación de los delitos federales, por lo que no pueden ser delegados a una Comisión de la Verdad integrada por los familiares de los normalistas desaparecidos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además de la PGR, ese fallo fue combatido como imposible de cumplir por las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional y Marina, así como por la Policía Federal, la Cámara de Diputados y la Comisión de Atención a Víctimas.

El martes 17, la SCJN pidió al tribunal unitario que le enviara las solicitudes de revisión extraordinaria promovidos por la PGR.

Antes, el lunes 9, el máximo tribunal de justicia del país informó a la PGR que en ese momento carecía de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión.

Si ese fallo no se cumple, la SCJN podría intervenir para revisar si en efecto hay imposibilidad constitucional para su incumplimiento.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Miércoles 18 julio de 2018.

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