Al frente de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn sacó a la luz los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”, a través de los cuales dependencias federales desaparecieron más de siete mil 700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que exhibió uno de los casos más sonados de corrupción del sexenio, el pasado 23 de mayo, Buchahin Abulhosn fue notificada de su despido en condiciones “tan sorpresivas como improcedentes”: la única explicación fue que la orden vino de David Rogelio Colmenares Páramo, el recién nombrado titular de la ASF, señalado por sus vínculos con el PRI.

En una carta dirigida al mismo Colmenares, la doctora, quien lleva 13 años en la ASF, pidió su derecho a “saber con precisión sus razones para separarme del cargo” y señaló que ella queda ahora en estado de vulnerabilidad, pues encabezó “investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad”.

Fechada el 30 de mayo, en la misiva que dio a conocer hoy el portal Aristegui Noticias, Buchahin Abulhosn informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias “documentadas” que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga.

Esta aparente maniobra para frenar las investigaciones, que salpican a prácticamente todo el gabinete de Peña Nieto, parece confirmar los temores expresados por organizaciones de la sociedad civil, según los cuales la ASF fue “capturada” por el gobierno federal.

Dichas agrupaciones denunciaron la cercanía de Colmenares -nombrado al frente de la ASF en diciembre pasado- con José Antonio Meade Kuribreña: ambos coincidieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, fue asesor de Peña Nieto y del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Las auditorías forenses que encabezó Buchahin Abulhosn a los convenios celebrados por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante los mandatos de Rosario Robles Berlanga determinaron que cinco mil 251 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2015, mediante esquemas de “simulación de servicios” que involucraron universidades públicas y empresas fantasmas.

La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces, señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. José Antonio Meade Kuribreña tomó el control de la Sedesol ocho meses después y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude.

Robles Berlanga no fue la única integrante del primer círculo del gabinete de Peña Nieto señalada en prácticas de desvío: también lo fueron Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin –vinculado con el escándalo de sobornos de Odebrecht–, Alfredo Del Mazo Maza –ahora gobernador del Estado de México– y Enrique Martínez y Martínez.

En su carta la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn le recordó a Colmenares Páramo, titular de la ASF, que él mismo le había expresado su reconocimiento por su conducta e insistió en que sus investigaciones fueron “premiadas incluso a nivel internacional”.

Luego, añadió: “Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”.

Y advirtió: “Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad”.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Viernes 1 de junio de 2018.


Suman ya 20 las fincas incautadas al ex gobernador del PRI

La Fiscalía General del Estado aseguró cuatro ranchos del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, que se suman a las 20 fincas incautadas derivadas de investigaciones por enriquecimiento ilícito.

La dependencia informó, en un comunicado, que en cumplimiento a una orden de cateo librada por un Tribunal de Control, se efectuaron las diligencias en los predios ubicados en el municipio de Balleza.

Expuso que los ranchos asegurados son: “El Molino”, con una superficie de 28.74 hectáreas, “Las Granjas”, con una superficie de 9.35 hectáreas, “Loma Alta”, con una superficie de 133.28 hectáreas y “El Molino de los Nogales”, con una superficie de 951 metros cuadrados.

Indicó que los primeros tres inmuebles cateados son de predios rústicos, mientras que el último es una huerta nogalera; además, en las indagatorias ministeriales se pudo establecer que estos ranchos son propiedad de César Horacio Duarte Jáquez.

Precisó que los predios fueron asegurados por la Fiscalía General, con el propósito de culminar con las diligencias de investigación necesarias, entre estas, peritajes en materia criminalística, topográfica y de valuación.

Notimex
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.



•    Andrés Manuel López Obrador, puntero de las todas las encuestas, no mencionó el nombre de Carlos Romero Deschamps. Pero claramente prometió el fin de su reinado al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, en donde lleva tres décadas a pesar de los señalamientos de corrupción.

•    El candidato de izquierda dijo hoy, en la región petrolera de Minatitlán, Veracruz, que una de sus labores como Presidente de la República será rescatar a Pemex del abandono en el que se encuentra.

•    Apenas el 11 de diciembre del año pasado, Romero Deschamps se reeligió al frente del STPRM hasta el año 2024. Con esta reelección, el cuestionado Senador planea permanecer 31 años al frente de una organización que ha garantizado votos y dinero al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ciudad de México. - Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró desde la región petrolera de Minatitlán, Veracruz, que acabará con el cacicazgo en el sindicato petrolero, en donde Carlos Romero Deschamps, Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha fincado su reino desde hace tres décadas.

“Se acabó el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero, llegó a su fin. Sí me entienden, ¿verdad?”, dijo en un mitin en el que además prometió revitalizar la industria petrolera, que hoy pasa por un proceso de privatización gracias a la Reforma Energética impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por su partido, el PRI, y por Acción Nacional (PAN).

El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que una de sus labores como Presidente de la República será rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) del abandono en el que se encuentra. “Va a ser ahora exactamente lo mismo con los trabajadores en activo, con su experiencia: vamos a levantar a Pemex”, dijo.

Romero Deschamps ha pasado décadas como Diputado federal y como Senador, y nunca ha presentado una sola iniciativa. Ha estado al servicio de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Todos han respetado su cacicazgo, con todos se ha tomado la foto.

Dos de los últimos presidentes de México han sido de Acción Nacional.

Apenas el 11 de diciembre del año pasado, Romero Deschamps se reeligió al frente del STPRM hasta el año 2024. Con esta reelección, el cuestionado Senador planea permanecer 31 años al frente de una organización que ha garantizado votos y dinero al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Romero Deschamps, cuyos hijos se hicieron famosos en años pasados por presumir viajes por todo el mundo en aeronaves particulares, logró permanecer los 12 años que duraron los gobiernos de Acción Nacional (PAN): todos los presidentes, incluidos Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, se han tomado la foto con él.

La reelección es para el periodo 2019-2024.

En 1993 se convirtió en el Secretario General del STPRM, luego de que Joaquín Hernández Galicia, “La Quina” fuera detenido y encarcelado.

El entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, felicitó a su compañero de partido. Ahora, Navarrete es Secretario de Gobernación del Presidente Enrique Peña Nieto.

Sin haberse sometido en toda su vida a una elección, Romero Deschamps ha sido dos veces Senador de la República [1994-2000 y 2012-2018] y tres veces Diputado federal [1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003].

Pese a las acusaciones sobre corrupción, Deschamps no ha pisado la cárcel como Elba Esther Gordillo, quien también llegó a lo alto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en tiempos del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y quien se mantuvo al frente de su organización sindical por alrededor de 25 años.

LUJOS Y EXCESOS

El poder de Romero Deschamps es tan grande, que a pesar de que instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, la Gran Alianza Nacional Petrolera, la Unión Nacional para el Desarrollo Social de Trabajadores de la Industria Petrolera y el movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, entre otros, han presentado denuncias en los últimos 20 años ante la Procuraduría General de la República (PGR), su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), e inclusive ante la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), no han prosperado.

De este modo, al Senador le es fácil moverse con tranquilidad y disfrutar de comidas en restaurantes de lujo –como en The Palm, donde una comida individual con entradas, plato fuerte y bebidas puede costar hasta tres mil pesos–. Tiene los bolsillos holgados. Y lo mejor de todo: no tiene por qué rendir cuentas. Ejemplo de ello fue el denominado “Pemexgate”, que, a 17 años de haber sido destapado, no ha sido resuelto y mantiene pendientes algunos juicios de amparo.

Un hecho que implicó el desvío de 500 millones de pesos por parte del sindicato petrolero para financiar la campaña del ex candidato priista Francisco Labastida Ochoa, quien contendió y perdió las elecciones del año 2000 frente al panista Vicente Fox Quesada.

Romero Deschamps no es una persona que esconde su opulenta vida. En 2008, se supo que gustaba de los relojes caros de la marca Aude Piquet valuados hasta en 7 millones de pesos (mdp) -al tipo de cambio de entonces-; que contaba con un departamento en Cancún valorado en 18.7 mdp; además de dos propiedades de lujo en The Bath Club en Miami, con un valor aproximado de 110.8 mdp [en conjunto].


Hasta hace cuatro años, el otrora Diputado era el orgulloso dueño de tres yates: el “Indomable”, un regalo hecho a su hija Paulina por un costo aproximado de 16.4 millones de pesos -al tipo de cambio de 2007, cuando fue adquirido–; el “Guly”, una embarcación valuada en 14 mdp (2013) que le obsequió a su hijo Alejandro; y el “Güero”, mismo que cuesta cerca de 28 millones de pesos (2013).

El líder sindical es, también, un padre que consiente a sus hijos –Paulina, Alejandro y José Carlos–. Viajes en aviones privados; gustos y aderezos que van desde la compra de unos brazaletes de la marca Cartier –con un costo de 2 millones de pesos– hasta la adquisición de coches de lujo, como el que recibió José en 2013: un Ferrari Enzo valuado en 26.2 millones de pesos –al tipo de cambio de ese año–, mismo que se sumó al vehículo que ya tenía: un Lamborghini Aventador de 6.5 mdp.

El sucesor del sindicalista Joaquín Hernández Galicia es tan celoso de su patrimonio que, incluso, todo intento por develar la magnitud de su peculio mediante el INAI, es revirado con un recurso de amparo.

A pesar de que en 2002 se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –sustituida en 2015 por una Ley similar– que obliga a las instituciones que reciben recursos públicos federales a transparentar la información sobre el uso y destino de su presupuesto, de agosto de 2013 a la fecha, el STPRM ha promovido más de 47 demandas de amparo en contra de los peticionarios ante el INAI, para evitar que alguien sepa a cabalidad cómo se mueve el dinero en su interior.

PIDEN SU CABEZA

El pasado 20 de abril, una centena de trabajadores petroleros sindicalizados se concentró en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para exigir el desafuero de Romero Deschamps, su encarcelamiento y el regreso del dinero y propiedades del sindicato.

Miguel Arturo Flores Contreras, dirigente nacional de Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, informó que entregaron un oficio a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que se investigue y se proceda en contra del dirigente sindical, pues hay nulos avances a las denuncias interpuestas en su contra.

“Ya estamos cansados de toda la corrupción que impera en nuestro gremio e interpusimos un recurso ante varias instancias federales”, dijo.

El abogado Jorge Alejandro Sosa, presidente de la Confederación Nacional para Salvaguardar los Derechos Humanos, explicó que el recurso expone que la PGR ha sido omisa en las investigaciones en contra de Romero Deschamps y sus 36 delegados seccionales.

“Hay datos de prueba suficiente de la vida que han llevado y el saqueo que han hecho a las instalaciones de nuestro sindicato, desde tiendas de consumo, ranchos, fábricas y un sin número de propiedades”, dijo Flores Contreras.

Sin Embargo
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.

 
•    La fiscalía de Veracruz informó que existen denuncias por el presunto daño contra el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, por más de 112 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares), cuando Macías estuvo al frente.

     MEXICO, 27 may (Xinhua) -- Las autoridades de México informaron hoy domingo que emitieron una orden de captura en contra de la esposa del ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, Karime Macías, por el presunto desvío de recursos por más de 112 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares).

     El fiscal estatal, Jorge Winckler, dijo que dado que Macías se encuentra en el extranjero, la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitará a la fiscalía federal una alerta migratoria y la publicación de una ficha roja para su búsqueda, localización y detención con fines de extradición.

     "Desde el inicio de esta gestión, la fiscalía general del estado de Veracruz se impuso como uno de sus objetivos prioritarios llevar ante la justicia a aquellas personas que como servidores públicos llevaron a Veracruz a la crisis más profunda de la que se tenga memoria", dijo Winckler en una rueda de prensa.

     El funcionario estatal dijo que existen denuncias por el presunto daño contra el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local cuando Macías estuvo al frente.

     Winckler dijo que se registraron contratos de compra-venta con al menos seis empresas "fantasma" para la adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos y sistemas de purificación de agua, entre otros artículos.

     El funcionario indicó que no hay evidencia de que los bienes adquiridos hubieran sido entregados a la población vulnerable, una de las funciones del DIF, y sólo hay constancia de los pagos.

     "Quiero ser preciso en que ese no es el total del daño causado, mismo que podrá determinarse con total precisión en la etapa procesal correspondiente", dijo Winckler sobre los 112 millones de pesos.

     Macías es esposa del detenido ex mandatario veracruzano, Javier Duarte, quien está acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

     Duarte, identificado con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó Veracruz de 2010 a octubre de 2016, y fue arrestado en Guatemala en abril del año pasado, desde donde fue extraditado a México.

     El pasado 20 de mayo, un juez mexicano abrió un nuevo proceso contra Duarte, por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias e incumplimiento del deber.

Xinhua
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.


Una airada reacción de usuarios de redes sociales se generó durante todo este día al conocerse la decisión de Once TV, televisora pública del IPN, para reinstalar el programa “Despertador Político” de Ricardo Alemán, suspendido el sábado 5, tras la polémica generada por un tuit del periodista que hacía alusión al homicidio del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El especialista y ex ombudsman de derechos de las audiencias, Gabriel Sosa Plata, afirmó a Apro que esta decisión de recontratación no debió involucrar al defensor del televidente de Once TV, pero sí implica una “enorme responsabilidad ética y un compromiso autorregulatorio que debe reforzarse a través de capacitación constante a periodistas”, más si se trata de un medio público.

Buena parte de los usuarios de Facebook y de Twitter que condenaron la decisión destacaron el hecho de que Alemán fuera recontratado, tras el reciente acto oficial del aniversario del IPN, en el que participó el presidente Enrique Peña Nieto.

“¡Y con la casualidad de que fue después de la visita del tlatoani mayor en conmemoración de los ‘400 o 500 años’ de la fundación del INP! En este México que vivimos las casualidades no existen, ¡qué bajo cayó el IPN al sucumbir ante la presión del sistema!”, escribió en Facebook Cristian Larios Ocón.

El doctor Ernesto Lammoglia, suspendido por sus críticas al gobierno del programa Diálogos en Confianza, se preguntó: “¿Y cuáles fueron estos derechos (de las audiencias), cuando me despidieron injustamente a mí de Diálogos…? Mi querido amigo Jorge Saldaña se volvería a morir si supiera lo que hoy hace su hija”.

En Twitter se promovió el hashtag #NoAlPeriodismoSicarioCanalOnce, que aglutinó varios comentarios negativos a la decisión, calificada como “vergonzosa”. El productor Epigmenio Ibarra afirmó en su cuenta de esta red social: “¿Cabría esperar otra cosa de un medio gubernamental? Viene lo peor de la guerra sucia y el régimen, a punto de perder, no puede darse el lujo de prescindir de uno de sus sicarios editoriales”.

Consejo sin especialistas

El comunicado oficial de Canal Once afirmó que “el Consejo Ciudadano, en sesión ordinaria en las instalaciones de la emisora, conoció del caso, así como de los análisis antes mencionados. Las y los integrantes de este Consejo coincidieron en que no se encuentra causal para la rescisión del contrato del periodista Ricardo Alemán y que esta decisión es apegada a derecho”.

De acuerdo con la página oficial del Canal Once, el Consejo Ciudadano está integrado por especialistas en diversas disciplinas, pero ningún comunicólogo o experto en temas de contenidos mediáticos.

Los integrantes son Daniel Aceves Villagrán, presidente de Medallistas Olímpicos AC; Bertha Cea Echenique, coordinadora ejecutiva del mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso; Julieta Fierro Gossman, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias del Instituto de Astronomía de la UNAM; Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación Pública, y Héctor Mayagoitia Domínguez, químico y bacteriólogo en la Escuela Nacional de Ciencias del Instituto Politécnico Nacional.

Según sus funciones, el Consejo Ciudadano es el “responsable de conocer y analizar los programas de trabajo y los contenidos audiovisuales que se producen y transmiten en Canal Once y, hará revisiones periódicas de su operación y normatividad interna”.

El actual Consejo Ciudadano fue electo el 30 de junio pasado por un comité de selección formado, éste sí, por comunicadores y periodistas como María Amparo Casar, Ricardo Raphael, Javier Solórzano, Fernanda Tapia y Raúl Contreras Zubieta, vocero del IPN.

Según el mismo comunicado, la revisión determinó que el programa continúe hasta el 31 de julio próximo.

“Enorme responsabilidad”

El boletín informó que “la defensoría de la audiencia señaló que, respecto del espacio ocupado por la emisión que conduce en Canal Once, éste no ha violado las prerrogativas de ley con que cuenta la audiencia ni ninguno de los derechos de la misma”.

El ex ombudsman de las audiencias en MVS y actualmente defensor en Canal 44, de Guadalajara, y Radio UDG, Gabriel Sosa Plata, afirmó que “la defensoría de las audiencias no tiene atribuciones legales ni de otro tipo para recomendar o no la contratación o recontratación de un medio de comunicación”.

“Bajo esta circunstancia, la defensoría del televidente de Once TV no podría oponerse a que Ricardo Alemán regresara a su programa, más aún cuando hay un contrato que debería cumplirse”, afirmó Sosa Plata, consultado por Apro.

Sin embargo, agregó, esto “no limita la posibilidad para que la defensoría emita las recomendaciones necesarias para prevenir o evitar que se vulneren los derechos de las audiencias”.

“Considero que estar en un medio público o comercial implica una enorme responsabilidad, ética y un compromiso autorregulatorio que debe reforzarse a través de capacitación constante a periodistas (aún más los afamados) en materias como derechos humanos y derechos de las audiencias. Debería ser algo obligatorio y más ante casos como estos”, consideró Sosa Plata.

El especialista recomendó también producir cápsulas para transmitirse en el programa de Alemán “sobre el uso responsable de las redes sociales y más de quienes colaboran en un medio como Once TV”.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Jueves 24 de mayo de 2018.


Los asaltos a transportistas tocaron un récord en 2017 en México, donde 80% de las mercancías viaja por carreteras y trenes, y solo uno de cada tres viajes terrestres está asegurado.

Puebla.-Temeroso, siempre mirando por el retrovisor, "el flaco" viaja por las peligrosas carreteras de México acosado por el recuerdo de haber sido secuestrado hace dos años por supuestos policías que le robaron su camión repleto de blue jeans.

Aquella vez, el camionero, que prefirió obviar su nombre por temor a represalias, fue llevado a golpes y con los ojos vendados a una casa en el centro del país donde lo amenazaron de muerte. Tres días después, en un descuido de sus captores, logró escabullirse y huyó.

Ahora viaja con un machete para protegerse, pero muchos otros transportistas que, como él, recorren miles de kilómetros en México, van en cabinas blindadas, con vigilancia satelital y en convoyes, en un intento por mitigar los robos, que siguen al alza y en 2017 tocaron un récord con casi 3,000 casos.

"La carretera cada vez es más peligrosa, trata uno de no pararse", dijo a Reuters el chofer de 50 años en la cabina de su tráiler, aparcado en una carretera del central estado Puebla, epicentro de la mayoría de robos al transporte terrestre de carga, que casi se triplicaron en los últimos dos años.

"Desde que me secuestraron me quedó la maña de siempre ver las placas de los carros, quién me pasó (...) me voy fijando en todo", agregó el veterano camionero.

En un país donde más del 80% de la mercadería se transporta por carreteras y trenes, no hay cifras oficiales de las pérdidas por robo de mercancías, sin embargo, en 2016 las aseguradoras pagaron casi 100 millones de dólares a afectados, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

No obstante, el impacto para la industria podría ser mayor, ya que sólo uno de cada tres de los traslados terrestres de mercancías están asegurados, amenazando la competitividad cuando el país busca diversificar sus mercados y posicionarse como una atractiva plaza comercial.

Los delincuentes no discriminan los productos, pero los más robados son combustibles, seguidos de alimentos y bebidas, materiales de construcción, químicos, artículos electrónicos, bebidas alcohólicas, autopartes, ropa y zapatos, de acuerdo a un informe de Sensitech, una firma estadounidense de seguridad.

Competitividad a la baja, primas al alza

Cuando asumió como presidente en 2012, Enrique Peña Nieto prometió acabar con la inseguridad que agobia al país. Pero a poco de entregar su mandato, los números no lo han favorecido.

A pesar que las cifras oficiales de robos en carreteras se redujeron hasta 2014, en 2015 casi se duplicaron, al registrarse 985 atracos a camiones de carga en todas las vías del país. Y desde ese año, el delito ha ido en franco crecimiento para cerrar el año pasado en 2,944 robos, todo un récord.

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), realizada por el instituto de estadística, mostró que en 2015 la inseguridad tuvo un costo de unos 7,000 millones de dólares para las compañías mexicanas, un 0.73% del Producto Interno Bruto (PIB).

El estudio también reveló que sólo un uno de cada 10 delitos cometidos ese año fue denunciado por las empresas.

Buscando atacar el problema, el gobierno de Peña ha llevado a cabo operativos policiales en las zonas afectadas y modificó el código penal este año para incrementar a 15 años de cárcel las penas para quienes cometan robos al transporte de carga.

"Está impactando la productividad y la competitividad", dijo a Reuters Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), un gremio que agrupa a las principales empresas usuarias del transporte de carga.

En su "Índice de desempeño logístico" de 2016, el Banco Mundial sostuvo que México cayó ligeramente, al pasar del puesto 50 al 54. Por su parte, el Foro Económico Mundial ubica al crimen y los robos como la segunda causa que más afecta el índice de competitividad del país, luego de la corrupción.

"El creciente poder organizacional, territorial y de fuego de los grupos delictivos y de narcotráfico, sumado a las penas relativamente bajas que estos delitos reciben (...), han hecho que se haya acrecentado (el robo en el transporte)", dijo la Comisión Económica para América y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) en un informe sobre los robos al sector en la región.

Y la situación preocupa a muchas empresas que reclaman mayor eficiencia en las cadenas logísticas en momentos en que el país negocia la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y afina los detalles de acuerdos comerciales con la Unión Europea y la región Asia-Pacífico.

"Si deseamos que México se posicione, como se ha anunciado mucho, como una plataforma logística de América, hay que tomar las acciones pertinentes", se quejó Miguel Elizalde, presidente de la Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Elizalde y otros entrevistados del rubro aseguraron que, producto del alza en los robos, las pólizas de seguro han disparado sus costos y algunas no cubren al 100% las mercancías que pasan por zonas de alto riesgo, una razón por la que muchos transportistas deciden viajar sin protección.

Hoy, un 80% de la flota de carga terrestre no está asegurada, según cálculos del sector asegurador.

El incremento de la inseguridad también ha llevado a muchos transportistas a blindar las cabinas de sus camiones: según la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), el año pasado sus agremiados acorazaron 53 unidades contra armas de alto calibre, un 40% más que en 2016.

A pesar de que la cifra es baja comparada con el tamaño de la flota de camiones de carga en circulación -casi 11 millones-, demuestra el rápido incremento del blindaje.

Más robos, más violentos

México, la segunda mayor economía de América Latina, tiene una red vial de unos 379,000 kilómetros que, entre autopistas, carreteras y vías sin asfaltar, conecta a casi todo el país.

Pero cada vez es más difícil transportar mercancía por tierra y, en los tramos más peligrosos, de cada dos camioneros que pasan por una misma ruta, es casi un hecho que uno será atracado, reveló el estudio de Sensitech, que mide los riesgos de seguridad y logística.

Las vías más peligrosas son las que conectan la capital con importantes puertos en el Golfo de México y el océano Pacífico y las que cruzan los estados centrales Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Ello ha obligado a que las empresas tomen cartas en el asunto: la cervecería Grupo Modelo, propiedad del gigante AB InBev, y la filial mexicana de LG Electronics reforzaron en los últimos meses sus estrategias para prevenir robos en varias zonas del país, controladas principalmente por grupos del crimen organizado.

Sofisticados aparatos de geolocalización satelital y una estrecha comunicación con las autoridades son algunas medidas adoptadas por estas dos firmas para mitigar riesgos. Otras dijeron a Reuters que intentan minimizar los atracos con escoltas armados y hasta borrando los logotipos de sus camiones.

Pero los ataques no se concentran únicamente en las carreteras. En las vías férreas se produjeron 1,752 robos y 10,867 actos vandálicos el año pasado, según estadísticas oficiales. Si bien no hay cifras anuales comparativas, en el último trimestre de 2017 los siniestros se incrementaron.

Grupo México Transportes, que opera la red más grande de trenes de carga en el país a través de Ferromex y Ferrosur, dijo en su último reporte de 2018 que continuó elevando la velocidad de marcha de sus trenes, como parte de su estrategia "para erradicar robos y vandalismo".

Pero no ha tenido éxito: el fin de semana, uno de sus trenes descarriló en la ruta Ciudad de México-Veracruz después de que delincuentes violentaron sus mecanismos de seguridad. La firma dijo que es el séptimo incidente similar que sufre en la región en las últimas tres semanas.

Entre enero y marzo, las pérdidas por robos y bloqueos para Grupo México Transportes sumaron al menos 15 millones de dólares.

Un policía de Tlaxcala, un estado al este de la capital, dijo, bajo condición de anonimato, que "la situación es cada vez peor, esto se ha vuelto el pan de cada día en esta zona".

Pero los delitos no sólo aumentaron, también son cada vez más violentos y sofisticados.

En muchos casos, los delincuentes utilizan armas de alto calibre y optan por dispositivos de bloqueo de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS por su sigla en inglés) para evitar que se sepa el paradero de las unidades.

"Están atacando a nuestros empleados de todas las ramas", dijo un empresario de Puebla, quien reporta hasta 10 asaltos semanales a sus camiones.

En medio de este problema, el hombre de negocios aseguró que muchas empresas se niegan a asegurar mercancías en la zona conocida como "el triángulo rojo", donde convergen Puebla, Veracruz y Ciudad de México, los más afectados por el delito.

"Efecto cucaracha"

Anteriormente, los transportistas sólo eran asaltados y se tenía un alto porcentaje de recuperación de sus vehículos. Sin embargo, en los últimos meses ha empezado a surgir una "economía alrededor del robo", dijeron afectados y especialistas.

"No solo interesan las mercancías, sino también los camiones", dijo Carlos Jiménez, de la AMIS. "Se suministran refacciones al mercado negro".

En Tlaxcala, en el centro del país, vendedores informales ofrecen clandestinamente partes de camiones desvalijados. Y, a plena luz del día, en mercados callejeros, la mercancía robada es ofrecida mucho más barata que su precio real, incluso con las etiquetas de las tiendas donde iban a ser comercializadas.

Presionado, el gobierno ha desplegado operativos para combatir el robo en carreteras y vías férreas, pero analistas y usuarios aseguran que los delincuentes huyen de los uniformados y se establecen en otras zonas sin seguridad.

"Se ha identificado, tanto en tramos carreteros como de ferrocarril, lo que se conoce coloquialmente como 'efecto cucaracha'", dijo Elizalde, de Concamin, comparando lo que sucede cuando se fumiga una casa contra aquellos insectos que, en vez de extinguirse, aparecen en otro hogar.

"Si se hace un operativo en un región y se aminora el impacto de los robos, estos crecen luego en otra entidad federativa, los criminales se van a otras zonas donde no hay tantos operativos", se lamentó.

Reuters
Puebla, México
Martes 22 de mayo de 2018.

   
Durante el año pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Aurelio Nuño, gastó mil 963 millones de pesos en comunicación social, de acuerdo con la Cuenta Pública 2017.

Esto fue un sobreejercicio de recursos de 2 mil 680 por ciento debido a que el Congreso de la Unión sólo había aprobado una partida de 70.6 millones de pesos.

El año pasado, la SEP reforzó la campaña del nuevo modelo educativo, derivado de la reforma en el sector, y el gasto en el rubro de comunicación social ascendió a 5.3 millones de pesos al día en propaganda.

Además, la estrategia coincidió con una sobreexposición de Nuño, quien a principios de ese año sonaba como uno de los aspirantes a la nominación presidencial del PRI.

El monto gastado durante 2017 contrasta con el presente año, para el cual se programaron 72 millones de pesos para el gasto en imagen de la SEP.

Y resalta también que el actual titular de Educación, Otto Granados, disminuyó el protagonismo como encargado de la Secretaría.

De 2013 a 2017, la SEP destinó 4 mil 443 millones de pesos a comunicación social a pesar de que el Congreso de la Unión le autorizó únicamente 406 millones de pesos en ese lapso. Durante ese periodo, cada año el presupuesto autorizado se ha modificado para el rubro de comunicación social y ha aumentado con respecto a lo aprobado por los diputados.

Reprueban exceso en gasto de SEP en imagen

 Senadores y diputados de Oposición reprobaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante la Administración de Aurelio Nuño, haya excedido su gasto en comunicación social por 2 mil 700 por ciento.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, afirmó que el ahora coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade gastó casi 3 mil millones de pesos más de lo presupuestado en su gestión para promover su imagen.

"En tan sólo dos años de gestión de Aurelio Nuño, la SEP se gastó más de 2 mil 700 millones de pesos en publicidad oficial", afirmó el legislador en un video publicado en su cuenta de Twitter.

"Con este dinero se pudieron haber arreglado 3 mil 500 escuelas, 3 mil 500 escuelas que no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen luz y que pudieron haber tenido una infraestructura mínima básica para darle una garantía a sus estudiantes", añadió.

Álvarez Maynez también comentó que con este dinero pudieron haberse becado al menos a 100 mil niños y niñas para darles una educación de calidad.

"Podían haber sido becados 100 mil mexicanos con oportunidades para el desarrollo, pero Aurelio Nuño prefirió promover su imagen, y tratar de construir, a través del presupuesto público, una candidatura presidencial", aseveró.

En el mensaje, Álvarez Maynez advirtió que una vez que se acaben las elecciones, y de ganar la coalición de Por México al Frente, los legisladores de Movimiento Ciudadano van a buscar que haya una consecuencia o una sanción por el gasto excesivo en la SEP.

"Aurelio Nuño, la campaña se acaba el 1 de julio y vas hacer el peor ridículo porque el candidato del PRI va a tener la peor derrota en la historia, pero ahí no se va acabar esto, va a haber un castigo por haberte robado el dinero de los niños", afirmó.

"Basta de secretarios vanidosos que se la pasan viéndose en el espejo".

La senadora Martha Tagle expuso que el aumento en el gasto en publicidad en la SEP es una muestra de los efectos de la recién promulgada Ley de Publicidad Oficial.

"Es una atrocidad que el año pasado, Nuño haya destinado poco más de 5 millones de pesos al día a la promoción de los supuestos logros de la reforma educativa, es decir, rebasó por mucho los 70.6 millones que el Congreso de la Unión le había aprobado para dicha partida para el 2017", manifestó en un comunicado.

"Por ello buscaremos revertir los efectos de la Ley Chayote llevando a la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad y se derogue dicha ley pues legaliza las prácticas que han llevado a destinar miles de millones de pesos por parte del gobierno para controlar y censurar a periodistas y medios de comunicación".

La legisladora independiente afirmó que, aunque el coordinador de la campaña presidencial del PRI lo niegue, el dinero se utilizó para promocionar su imagen.

"A pesar de que Nuño niegue que ese recurso haya sido destinado a promover su imagen, su pretexto de la reforma educativa, hizo una campaña mediática para posicionarse y ser considerado como candidato presidencial del PRI", manifestó Tagle.

"Lo que hizo Nuño fue usar el dinero de una manera discrecional, con el aval de la Secretaría de Hacienda, quien puede mover a su antojo el presupuesto público, y ha dado pie a la corrupción rapaz signo del sexenio de Enrique Peña Nieto".

Reforma
Ciudad de México
Lunes 14 de mayo de 2018.


René Juárez Cisneros fue designado este miércoles como presidente nacional provisional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sustitución de Enrique Ochoa Reza.

Hasta este día, Juárez Cisneros se desempeñaba como coordinador territorial de la campaña de José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México.

Previo a asumir su nuevo cargo, René Juárez, cuya permamencia en el cargo definirá el Consejo Político Nacional, se reunió con Enrique Ochoa Reza, presidente saliente del Revolucionario Institucional, con quien dialogó sobre diversos temas.

Ochoa Reza deja presidencia del PRI; llega René Juárez

A menos de dos meses de la elección y como parte de los ajustes de la campaña presidencial de José Antonio Meade, fuentes del partido han confirmado un relevo en la dirigencia nacional del PRI, de la cual sale Enrique Ochoa Reza para dar paso a la llegada de René Juárez Cisneros.

Juárez Cisneros había fungido como coordinador de campaña de Meade en la cuarta circunscripción.

Quien será el nuevo dirigente tricolor, es exgobernador de Guerrero y exsubsecretario de Gobernación.

Con su llegada, se convertirá en el primer guerrerense en presidir el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El nuevo presidente del PRI llega a su nueva responsabilidad en cuanto los consejeros sean citados, lo cual ocurrirá la tarde de este miécoles.

Es una decisión que tomó José Antonio Meade para tener más cercanía con las bases, indicaron en el equipo de campaña del candidato presidencial.

Notimex
Ciudad de México
Miércoles 2 de mayo de 2018.


•    De todos lados los han corrido; minería y geotérmica ahora amenazan a Chignahuapan, Puebla

•    Minería afecta 60% de territorio de la Sierra Norte de Puebla; son 440 concesiones otorgadas por Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI)


Chignahuapan. - Ante la amenaza que representa para su territorio la existencia de al menos dos concesiones mineras, una de geotermia y el proyecto para la construcción de un acueducto, pero también para conocer las leyes emitidas que permiten el “saqueo y la depredación” de los bienes naturales, pobladores de Chignahuapan realizaron el primer Foro en Defensa del Territorio y la Biodiversidad.

Fue Gerardo Pérez Muñoz de la Asamblea Social del Agua quien se encargó de dar a conocer la situación que se vive en la Sierra Norte de Puebla por la existencia 440 concesiones mineras que comprometen el 66 por ciento de la región, además de los permisos para la instalación de hidroeléctricas y la entrega de diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usa la fractura hidráulica o fracking y la aprobación de leyes que permitirán apropiación de bienes como el agua y los bosques.

En el salón El Honguito, ubicado en el barrio de Tenextla, los conocieron a grandes los megaproyectos de la industria extractiva en la zona, supieron que están rodeados de ellos por su vecindad con Zacatlán, Aquixtla, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, pero también fueron informados que Chignahuapan “tiene sus propios proyectos de muerte”, dijo Pérez Muñoz

“Por ello es importante unirse, porque no es un problema de Chignahuapan”, sino regional por lo que reconocieron que es importante la concientización de las familias y las comunidades sobre las afectaciones que provocarán la puesta en marcha de este tipo de proyectos y buscar canales para su organización.

Los pobladores recordaron la experiencia que tuvieron cuando, el año pasado, frenaron la privatización del agua en este municipio y al mismo tiempo se manifestaron en contra de la ley que privatiza el servicio de agua potable en el estado.

En los límites de Chignahuapan y Ahuazotepec, en terrenos conocidos como Terrerillos, la minera canadiense AlmandenMinerals tiene una concesión de más de 9 mil hectáreas de terreno para la extracción de oro, plata, plomo, cadmio, cobre, zinc que está vigente hasta el 19 de abril del 2061.

Mientras que otras 100 hectáreas de terreno fueron concesionadas a Sandra Cruz López para la extracción de Cuarzo, Feldespato y toda sustancia permisible en el terreno Cascabel que concluirá el 28 de abril del 2061.

Mientras que a 27.5 kilómetros de la cabecera municipal de Chignahuapan, en los mismos terrenos concesionados a la minera canadiense AlmadenMinerals, se encuentra Acoculco, una zona entregada por el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la explotación de su potencial geotérmico.

De probarse su factibilidad, éste sería el segundo campo de geotermia en el estado de Puebla, junto con Los Humeros, ubicado en la sierra nororiental en el municipio de Chignahutla, que también pertenece a CFE y que usa esta energía proveniente del núcleo de la tierra en forma de calor para producir electricidad, tras extraerla a través de fisuras de rocas de las capas de la corteza terrestre, con una técnica similar a la utilizada para obtener el gas shale: la fracturación hidráulica o fracking.

Regeneración
Leticia Ánimas
Chignahuapan, Puebla
Martes 1 de mayo de 2018.


‘La estafa maestra’, ganadora del Ortega y Gasset, documenta una maquinaria de corrupción que mueve cientos de millones de dólares y por la que nadie ha pisado la cárcel

La aritmética de La estafa maestra es sorprendente. 517 de solicitudes de información, más de 100 entrevistas y largas jornadas de reporterismo en zonas marginales y entornos hostiles. El resultado es el descubrimiento de un fraude de más de 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) en el que están involucrados 11 dependencias del Gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios.

Pero quizás el dato más impresionante que ha arrojado este trabajo periodístico es una cifra que enciende las alarmas en México: cero responsables. Ninguno de los implicados ha pisado la cárcel, nadie ha pagado ni dado la cara por los desvíos masivos de recursos públicos. Los premios Ortega y Gasset de este año han premiado una investigación que debió sacudir un país, pero no lo hizo. Seis meses después de su publicación, el galardón ha vuelto a colocar en la agenda los reclamos ciudadanos de transparencia y justicia cuando parecía que ya habían sido olvidados.

La estafa maestra desentrama una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto, delegaron programas y políticas públicas a universidades. Las casas de estudio cobraron una comisión millonaria y subcontrataron a empresas fantasma que no tenían la capacidad de cumplir con esas tareas y que llevaron el dinero a otras compañías opacas. “No se trata de una manzana podrida, se trata de un sistema perfectamente engranado por la corrupción”, señala Nayeli Roldán, coautora de la investigación. “La guinda del pastel es la impunidad”, agrega Manu Ureste, su colega en el portal Animal Político.

Roldán, Ureste y Miriam Castillo de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dan cuenta de que gran parte del fraude se realizó a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética, que borró el monopolio de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y quitó los candados para la participación de inversores extranjeros. Los contratos analizados por La estafa maestra se firmaron entre 2013 y 2014 durante la administración de Emilio Lozoya, el principal señalado por la trama de corrupción de Odebrecht en México. Lozoya dejó Pemex a principios de 2016 y ha negado cualquier responsabilidad.


La segunda es la Cruzada contra el Hambre y toca fibras más sensibles: el desvío se perpetró a costa de la población más vulnerable de México. Las dudas sobre el destino final del dinero que debía destinar la Secretaría de Desarrollo Social a los más pobres se materializan en más de 2.220 millones de pesos (más de 100 millones de dólares), según la investigación. “Hubo una doble utilización de los más pobres, se les quitaron recursos y se les usó como testaferros para formar las empresas fantasma”, apunta Roldán.

El reparto de responsabilidades entre los titulares de las dependencias involucradas es complejo porque su firma no aparece en ninguno de los contratos. Todos están rubricados por mandos medios. Los autores, que pidieron una explicación a los funcionarios al frente de esas carteras, argumentan que existe al menos una responsabilidad “por omisión” en la cadena de mando y por no cuidar los recursos ni desempeñar de forma correcta sus tareas. “Nuestras fuentes nos dicen que los mecanismos de fiscalización en el Gobierno son muy exigentes y que si esto ocurre es porque alguien lo está permitiendo”, asegura Roldán.

Los periodistas agregan que desenmascarar un sistema y no un caso de corrupción incide directamente en las consecuencias de la investigación y entraña una dificultad adicional: no hay un chivo expiatorio a quien culpar, sino que los dedos de ambas manos no alcanzan para señalar a los culpables.

El trabajo tomó casi un año y fueron cuatro meses dedicados solo a llenar bases de datos con miles y miles de celdas. “¿Cuál es la nota?”, preguntaba una y otra vez Daniel Moreno, director de Animal Político, recuerdan los autores entre risas. Había vértigo por la magnitud del trabajo, por descifrar el titular, por varias hipótesis que se desvanecieron en el terreno, por obtener datos irrefutables. “Fue extenuante y una lección de disciplina trabajar todos los días como hormiguitas sin saber si esa jornada trabajo iba a llegar a buen puerto”, confiesa Roldán.

A diferencia de otros países latinoamericanos que han castigado los escándalos recientes de corrupción, en México no hay un caso similar a los de Lula en Brasil, Ollanta Humala en Perú y Otto Pérez en Guatemala en gran parte porque no hay fiscalías independientes. La Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Función Pública dependen del Ejecutivo y la Auditoría Superior de la Federación, del Congreso. “Los amigos no se investigan entre sí”, dice Roldán. “No queremos que rueden cabezas, solo exigimos que haya una investigación real”, agrega Ureste.

¿Tiene valor el periodismo de investigación, aunque no provoque la defenestración de un Gobierno? La pregunta ronda por las redacciones del mundo desde los escándalos de Watergate, al menos. Ureste y Roldán no tienen dudas. “Nuestro principal propósito está cumplido, la gente se enteró de este megadesvío”, dice Ureste y complementa Roldán: “A lo mejor ya hay una semilla de indignación en los lectores (…) lo que ocurra después ya no está en nuestras manos”.

El segundo aire de La estafa maestra ha llegado a poco menos de tres meses que se celebren las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio y con la publicación de un libro que pinta “el cuadro completo” de la trama. “La gente no es la misma que en 2006 o en 2012 y eso se debe en gran parte por el periodismo que se hizo durante este sexenio”, afirma Roldán. El Ortega y Gasset ha supuesto un espaldarazo y ha dado un impulso al tema más allá de México, comentan y ponen la mirada en el próximo trabajo. “La creatividad de los corruptos es el gran reto de los periodistas de investigación”, sentencia Ureste.

El País
Elías Camhaji
Ciudad de México
Miércoles 25 de abril de 2018.

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