¿En dónde quedaron 256.000 millones de pesos, unos US$12.800 millones del presupuesto de gobiernos y del Congreso de México?

Es la pregunta que muchos se formulan en el país. Y hasta ahora no hay una respuesta clara sobre el destino de ese dinero fiscal.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión, encontró que entre 2011 y 2014 no se comprobó el destino de estos recursos.

Es dinero que se destinó al gasto del gobierno federal, de los estados, municipios, la Cámara de Diputados y el Senado, entre otros.

El periodo analizado por la ASF abarca sobre todo la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, pero hasta el momento el gobierno no ha respondido públicamente al reporte.

Según el organismo oficial, una parte de los fondos pudo ser contabilizada incorrectamente, otra no se gastó y en otros casos el problema pudo haber sido que no se entregó a tiempo la información.

Pero una cantidad desconocida tal vez se extravió por completo, dice el responsable de la ASF, Juan Manuel Portal Jiménez.

"Difícilmente se puede recuperar al 100%, son observaciones que en muchos casos no hay forma de recuperarlas", reconoce.

"Ya se lo llevaron, y aunque se pueda meter a la cárcel a alguien, ¿cómo se le quita ese dinero? Ojalá se pueda recuperar lo más posible".

El Congreso también está involucrado en las observaciones de manejo irregular de recursos del presupuesto público.

Otra pérdida

Pero la situación puede ser aún más grave.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2015, la ASF -cuyas indagaciones cuentas con respaldo legal- encontró que no se ha comprobado el destino de otros 165.000 millones de pesos, unos US$8.200 millones.

Este dinero forma parte del presupuesto tan sólo de ese año y que se destinó al gobierno federal, municipios y gobiernos estatales, entre otros sectores.

Destaca, por ejemplo, Petróleos Mexicanos (Pemex) y un gasto de US$760 millones en comprar instalaciones inservibles, entre otras irregularidades detectadas por la ASF.

Legalmente las autoridades involucradas tienen un año para justificar el gasto de los recursos públicos.

Si no cumplen en ese plazo, empieza un nuevo procedimiento que, si de nuevo no se comprueba, la ASF informa a la Cámara de Diputados para que inicien procesos judiciales.

La empresa estatal Pemex gastó US$760 millones en instalaciones que son consideradas como inservibles.

Pero más allá del trámite –que puede durar varios años- el problema es la repetición de las irregularidades, señalan especialistas.

Cada año la ASF revisa el gasto público del gobierno y, por lo menos en la última década, siempre ha presentado observaciones por irregularidades.

Muchas se corrigen, dice el auditor Portal Jiménez. Pero otras no son solucionadas y por eso la acumulación de US$12.800 durante cuatro años.

Impunidad

El problema es que casi nunca hay castigo, le dice a BBC Mundo Miguel Pulido, director de la consultora jurídica independiente Critical Thinking Advocates.

"Los hallazgos de la Auditoría sufren el mismo destino que muchos otros temas legales en México: no tienen consecuencias", explica.

"Pero no sólo pasa aquí. La Suprema Corte tiene una pila de sentencias que no se implementan, hay órdenes de aprehensión que no se ejecutan".

El escándalo de los gobernadores “modelo” de México que ahora son prófugos de la justicia

Es un problema serio, pues en la revisión de las cuentas públicas, la ASF encontró irregularidades en prácticamente todas las áreas del gobierno mexicano.

Uno de los mayores casos de manejo sin transparencia de recursos de los últimos años ha sido el del gobernador Javier Duarte, actualmente prófugo.

Y muchos son casos que se repiten, pues habían sido denunciados en años anteriores. Un ejemplo es la adjudicación directa de contratos de obras o servicios.

La ASF encontró decenas de casos en que hubiera resultado más barato o eficiente concursar los proyectos.

Lo más común es evadir las licitaciones, reconoce Manuel Portal.

"Si bien está permitido por la ley, se ha abusado en su uso, eso ha permitido desviaciones muy importantes de recursos", explica el funcionario.

"Frustración"

¿Qué pasó con ese dinero? Es un misterio, reconocen autoridades y especialistas.

"No sabemos cuáles fueron recursos torpemente justificados, por así decirlo, una cuestión de torpeza burocrática, o cuántos en realidad son desvíos", explica Pulido.

Sin embargo, lo más grave es que la ASF sólo realiza una muestra aleatoria de los gastos oficiales, que representa una parte del total de los recursos públicos.

La corrupción es un serio problema en México fuertemente propiciado por la impunidad de quienes incurren en delitos.

Esto significa que, eventualmente, el extravío de dinero público puede ser aún mayor que lo reportado hasta 2015.

Los órganos de fiscalización similares a la Auditoría Superior de la Federación suelen revisar entre el 11% y el 17% de los recursos.

Una revisión en el tope de este proceso significaría que el organismo mexicano revisa menos del 20% del gasto público.

"Si el hallazgo de una quinta parte de lo fiscalizado es de este monto, qué pasaría si revisan el 100%", subraya el especialista.

Por eso, añade, es fundamental que las irregularidades se castiguen, aunque hasta ahora las denuncias judiciales son pocas en comparación con el monto del dinero que no aparece.

"La impunidad genera reclamos de mayor dureza", sostiene el responsable de la ASF.

"La percepción de que las sanciones no son oportunas o que no existen alimenta la frustración social".

BBC Mundo
Alberto Nájar
Ciudad de México
Martes 28 de febrero de 2017.


Con el aval de Felipe Calderón, quien le confesó que la “abandonó” como candidata presidencial en la elección de 2012, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) oficializó esta noche la designación de Josefina Vázquez Mota como su candidata a gobernadora del Estado de México.

Vázquez Mota, quien tiene el estigma de haber recibido más de mil millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto para su fundación Juntos Podemos, ganaría la gubernatura ante Delfina Gómez, de Morena, y el priista Alfredo del Mazo si hoy fueran las elecciones, según la encuesta de Varela y Asociados, pagada por el PAN.

La Comisión Permanente del PAN, encabezada por Ricardo Anaya, presidente de ese partido y el principal impulsor de Vázquez Mota, conoció el resultado de la encuesta interna, que arrojó que entre la población abierta el 59% la prefería como candidata por sólo 8% de la senadora Laura Rojas y 6% para el exalcalde José Luis Durán Reveles y el diputado federal Ulises Ramírez.

Luego se conoció la intención del voto en un careo con los candidatos de los otros partidos, cuyo resultado colocó a Vázquez Mota con 27%, por 13% de Del Mazo, 12 de Gómez y 10% del perredista Juan Zepeda, aunque con el altísimo porcentaje de no respuestas y no saber.

“Después de la presentación mencionada, la Comisión Permanente validó por unanimidad que los resultados muestran de manera contundente que, en este momento, Josefina Vázquez Mota es la aspirante más competitiva para ganar la elección de gobernador del Estado de México, entidad que tiene la oportunidad histórica de lograr un cambio después de los casi 90 años de malos gobiernos del PRI”, apuntó el PAN en un comunicado.

A la sesión asistieron también varios de los aspirantes a la candidatura, a excepción del diputado federal Ulises Ramírez –quien impugnó el método de designación–, y también Felipe Calderón, a quien la propia Vázquez Mota y varios de los miembros de su equipo de campaña en 2012 lo acusaron de haberla abandonado y operar a favor de Peña Nieto.

Vecina de la zona residencial del municipio de Huixquilucan, conurbado a la Ciudad de México, Vázquez Mota tendrá hasta el 3 de marzo calidad de precandidata y desde que se registró, el domingo 19, integra su equipo de campaña, cuyo coordinador se prevé sea el poblano Eduardo Rivera Pérez, un militante de la ultraderechista Organización Nacional del Yunque.

“El PAN será respetuoso de los tiempos legales para que, una vez que lleguen los plazos correspondientes, se acuerde la candidatura de manera oficial”, subrayó el comunicado, que también informó que la Comisión Permanente hizo un reconocimiento a todos los participantes en el ejercicio y se enfatizó la necesidad de anteponer el interés superior del país y del Estado de México a cualquier legítima aspiración personal.

Proceso
Álvaro Delgado
Ciudad de México
Domingo 26 de febrero de 2017.


El secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, aseguró que en caso de que en el operativo, realizado en conjunto con el gobierno del estado, hubiera existido un exceso de la fuerza sería el primero en reconocer si se cometió algún error

Tampico. - En el operativo en Tepic, Nayarit, donde murió Juan Francisco Patrón, El H2, no hubo exceso de fuerza por parte de la Secretaría de Marina (Semar), aseguró su titular, Vidal Francisco Soberón Sanz.

El secretario detalló que, según el reporte de inteligencia de la dependencia, en ningún momento hubo exceso de fuerza en el operativo donde se enfrentaron marinos y presuntos integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva.

Aseguró que en caso de que en el operativo, realizado en conjunto con el gobierno del estado, hubiera existido un exceso de la fuerza sería el primero en reconocer si se cometió algún error. Explicó que es necesario ver todos los hechos y no sólo el video de siete segundos donde se observan los disparos. “Soy el primero en levantar la voz y en reconocer si cometimos un error (…) obviamente el que ve el video de unos cuantos segundos, dice ‘hubo exceso de fuerza’. Habría que ver toda la película. Desde que llega nuestra gente, cómo es agredida a balazos, cómo se invita a esta gente a que se rinda y posteriormente cómo va progresando la operación. Yo estoy seguro que si ustedes tienen todo el panorama les va a quedar clarísimo que no hay exceso de la fuerza”, dijo.

Soberón Sanz explicó que durante el operativo se les informó a los presuntos delincuentes, con un megáfono desde el helicóptero ruso MI17, que ellos eran marinos y se les exhortó a rendirse; sin embargo, dijo, el grupo de la Marina fue agredido.

“Nosotros siempre, siempre, lo que hacemos es con megáfonos decir: ‘Es la Marina, ríndanse’. Esta gente sube a la azotea, varios de los sicarios, con armas de alto poder, empiezan a agredir. La Marina no hizo la agresión, los que comienzan a agredir a Marina son ellos”, dijo.

“Lo que hizo el helicóptero exclusivamente fue demostrarles que sí había con qué quitarles obviamente ese lugar de preferencia que tenían ellos. No hay ninguno de ellos que haya sido muerto o herido por el helicóptero. Simplemente el artillero fue extremadamente preciso en lo que estaba haciendo. Su orden no era ‘barrer’ a esa gente, su orden obviamente era hacer que abandonaran esa plaza a esa altura porque nos estaba ‘cociendo’ a balazos. El resto de la gente que muere en el enfrentamiento muere al tú por tú con nuestra gente, con los mismos calibres”, comentó.

El titular de Marina consideró que en este tipo de operativos es necesario “mostrarle al de enfrente que hay con qué” y aseguró que la dependencia aprende de la operación que realiza.

Rechazó que en el operativo del 9 de febrero hayan fallecido o hayan estado involucrados menores de edad. “Con toda la información que tengo de mis unidades de inteligencia, quiero decir que no había ningún menor de edad en este enfrentamiento”, afirmó.

En la conferencia de prensa donde se informó que el próximo 17 de junio las 103 capitanías de puerto de todo el país pasarán a control de la Semar, el almirante dijo que en la nueva Ley de Seguridad Interior ni ellos ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) buscan que se otorguen las funciones de policía, sino que se aclare quiénes son los responsables de la seguridad en el país.

“En la nueva ley de Seguridad Interior que tanto se ha manejado nosotros no estamos buscando, ni Semar, ni Sedena, que nos den un reglamento para que nosotros podamos hacer la función de policías. No, lo que estamos pidiendo nosotros en esta ley de seguridad nacional es que se diga con claridad quiénes son los responsables de la seguridad interior, nada más”, detalló.

El Universal
Pedro Villa y Caña
Tampico, Tamaulipas, Mx.
Martes 14 de febrero de 2017.


Emerge rechazo a EPN en la marcha: “La amenaza está en Washington, pero el enemigo está en Los Pinos”

Mensajes de repudio al presidente Enrique Peña Nieto surgieron entre los reclamos que miles de personas manifestaron durante la marcha contra Donald Trump denominada “Vibra México”, que se llevó a cabo hoy en esta capital.

Contrario a lo previsto y a la amplia convocatoria, relativamente pocas personas marcharon hoy: según la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, 18 mil 500 ciudadanos acudieron a la manifestación, la cual contó con un fuerte respaldo institucional.

Es más, el Ángel de la Independencia lució medio vacío a las dos de la tarde, cuando se entonó el Himno Nacional con el que culminó la marcha.

Más de 80 organizaciones de la sociedad civil, así como de integrantes de la élite empresarial e intelectual del país, entre ellas Claudio X. González y Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convocaron a la movilización.

Ciudadanos advirtieron a lo largo de la semana pasada que participarían en la marcha para refrendar su inconformidad con el gobierno federal y evitar que el acto fuera interpretado como un respaldo al gobierno de Peña Nieto.

Miles de familias -de la clase media acomodada, en general- siguieron las instrucciones de la convocatoria: vistieron de blanco y agitaron las banderas de México en el Paseo de la Reforma.

La marcha, que partió del Auditorio Nacional a mediodía y arribó al Ángel de la Independencia menos de una hora después, se llevó a cabo en calma e incluso en relativo silencio. A excepción de los cantos “México, México”, pocos contingentes o grupos gritaron consignas.

En el contingente de vanguardia iban el empresario Alejandro Martí así como los intelectuales León Krauze y Héctor Aguilar Camín.

Algunos grupos pidieron la renuncia de Trump, expresaron su rechazo al muro fronterizo que el magnate pretende construir, y exigieron respeto a la dignidad y la soberanía de México.

En las escaleras del Ángel de la Independencia, los organizadores erigieron y luego desmantelaron un muro simbólico cuyos ladrillos contenían mensajes de repudio al racismo y la corrupción.

Manifestantes esparcidos en los contingentes elevaron banderas pidiendo la renuncia de Peña Nieto, mientras otras mantas señalaban la responsabilidad del gobierno mexicano en la crisis que atraviesa el país.

“La amenaza está en Washington, pero el enemigo está en Los Pinos”, se podía leer en una manta. Otra decía: “Autoengaño: el peor enemigo vive aquí”.

De igual manera, ciudadanos se expresaron contra el gasolinazo, la corrupción y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Dos problemas, dos casas blancas”, decía un cartel mientras otro rezaba: “Apoyo a México, no a Enrique Peña Nieto”.

Una pareja sostuvo una amplia tela negra con la leyenda “México unido… ¡¡FAKE NEWS!!”, en referencia a los exhortos del gobierno federal a la unión nacional para enfrentar la amenaza de Trump.

Pocos estudiantes acompañaron a Enrique Graue en el contingente de la UNAM, en la primera marcha a la que convoca y acude un rector de la universidad más grande del país en las últimas cinco décadas.

Al llegar al Ángel de la Independencia, profesores y trabajadores de la UNAM desplegaron mantas para exigir la verdad en el caso de Ayotzinapa y manifestaron su rechazo a la convocatoria de Graue, deplorando que la decisión del rector fue arbitraria y unilateral.

Miles de mexicanos marchan por la unidad nacional ante ataques de Trump

Miles de mexicanos salieron hoy a las calles de distintas ciudades del país para expresar su repudio al presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus políticas contra México, en una muestra de unidad nacional que también incluyó críticas contra el Gobierno del país.

"A México se le respeta", "Unidos somos invencibles" y "Duro contra el muro" rezaron algunas de las pancartas visibles en las manifestaciones en Ciudad de México, plagadas de banderas mexicanas y en las que se escucharon cánticos espontáneos como el "Cielito lindo", muestra de su talante pacífico.

Algunos manifestantes blandieron también carteles en inglés con mensajes como "Friends, no borders" (amigos, no fronteras), en respuesta a los planes de Trump de construir un muro en el límite con México y hacérselo pagar al país latinoamericano, y de deportar a millones de inmigrantes mexicanos en EE.UU.

En declaraciones al diario El Universal durante la marcha, el historiador Enrique Krause aclaró que la protesta "no es en contra de Estados Unidos ni del pueblo americano".

"Es una marcha en contra del absurdo, la injusticia y del atropello que nuestros paisanos en Estados Unidos y sus familias, y en general todo el pueblo de México, están siendo víctimas" de parte de "este monstruo que por un accidente histórico ocupa la Casa Blanca", señaló Krauze.

Un punto de vista coincidente con una pancarta en la que Trump era tildado de "Narcisista y psicópata", y en otra que lo comparaba con Adolf Hitler.

La marcha, en la que participaron muchas familias y la mayoría vistió de blanco, fue convocada por las redes sociales con el emblema de "#VibraMéxico" en Ciudad de México, Mérida (Yucatán), Villahermosa (Tabasco), Guadalajara (Jalisco), Monterrey (Nuevo León), Hermosillo (Sonora), Colima (Colima), León e Irapuato (Guanajuato) y Morelia (Michoacán).

La acción, iniciada en el Auditorio Nacional y que culminará en el Ángel de la Independencia del emblemático Paseo de la Reforma, pretende expresar "rechazo e indignación ante las pretensiones del presidente Trump, a la vez de contribuir a la búsqueda de soluciones concretas ante el reto que ellas implican", según los organizadores.

El movimiento se define como "apartidista, pacífica y respetuosa los derechos de todos de exigir un buen gobierno y celebrar el orgullo de ser mexicano".

Entre las más de setenta organizaciones que se han sumado a la iniciativa están Amnistía Internacional o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Junto a #vibraméxico, otro movimiento bautizado "Mexicanos Unidos" salió también a las calles en contra del "muro de Trump" y por la "dignidad" y los "derechos" de los inmigrantes mexicanos en EE.UU.

Este grupo esta formado por 35 organizaciones civiles como Alto al Secuestro y ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, como Enrique Morones o Juan Manuel Estrada Juárez.

Además del repudio a Trump en las marchas pudieron verse consignas como "Amo a mi país pero rechazo a su Gobierno" o "Fuera Peña", contra el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

 EFE
Proceso
Ciudad de México
Domingo 12 de febrero de 2017.

Aunque el 31 de enero concluyó su sexenio, el panista Rafael Moreno Valle mantendrá, por los siguientes dos periodos gubernamentales, el control de las estructuras institucionales, jurídicas y políticas de la entidad.

De acuerdo con analistas, el ahora exmandatario mantiene a incondicionales suyos en secretarías clave del gabinete de su sucesor Antonio Gali Fayad; en el Congreso local, Supremo Tribunal de Justicia (STJE), Fiscalía General, Auditoría Superior del Estado, Instituto de Transparencia, instituciones electorales y de derechos humanos, entre otros.

Además, las leyes fueron modificadas durante su administración para que los actuales encargados de las instituciones tengan garantizada su permanencia por los próximos dos periodos gubernamentales, lo que muchos ubican como un maximato.

De hecho, algunos columnistas consideraron que este “entramado institucional”, además de blindar al exmandatario le permitirá sacar adelante su supuesto proyecto de lanzar a su esposa, Martha Erika Alonso, actual secretaria general de PAN, como candidata a suceder a Gali Fayad, quien sólo durará en el cargo un año y 10 meses.

“En el estado de Puebla viene configurándose un maximato, es decir un periodo de tiempo en el cual el gobernador saliente Rafael Moreno Valle será el hombre fuerte o la figura política principal que marcará el devenir de los siguientes dos gobiernos”, escribió el columnista Rodolfo Ruiz, director del periódico digital e-consulta.

“Uno de los propósitos del maximato morenovallista es construir desde ahora un entramado político e institucional que facilite la nominación de su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, al gobierno del estado en 2018 como candidata del PAN o de una coalición de partidos”, aseguró en su columna La Corte de los Milagros.

En el último día de la administración morenovallista, tres magistrados fueron designados por el Congreso, entre ellos Israel Mancilla Amaro, quien fue funcionario estatal, representante del PAN ante órganos electorales y operador político de Moreno Valle.

Los otros nombramientos recayeron en Marcos Moreno Gavaldón, exdirector de asistencia jurídica en el DIF estatal, y Héctor Sánchez, quien fue síndico del ayuntamiento de Puebla durante la administración de Gali Fayad.

En el caso de Moreno Gavaldón, el Congreso incluso modificó días antes la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para que pudiera ser designado, aunque no cumplía el requisito de haberse separado un año antes del cargo que ocupaba como coordinador jurídico de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social.

Según el columnista de La Jornada de Oriente, Fermín Alejandro García, tanto Mancilla Amaro como Moreno Gavaldón fueron “amadrinados” por la esposa de Moreno Valle.

“Parecería que se quiere mandar el mensaje de que Martha Erika Alonso empieza a ejercer un poder político especial, previo a su posible designación de candidata del PAN a la gubernatura para el 2018”, escribió.

Durante el sexenio que concluyó este martes 31 de enero, fueron sustituidos 16 de los 24 magistrados que conforman el STJE, y siempre los cargos recayeron en personas ligadas al ahora exmandatario, como fue el caso del actual presidente del Poder Judicial, Roberto Flores Toledano, quien no era abogado penalista y más bien litigaba en materia fiscal en la Ciudad de México.

Asimismo, está el caso de Roberto Grajales Espina, quien fue nombrado magistrado pese a que carecía de experiencia en el medio judicial, pues ni siquiera la tenía como abogado litigante y más bien fue operador político durante la campaña a la gubernatura en 2010.

En la sesión en la que fueron electos los magistrados, el diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Julián Peña, consideró que con el nombramiento de sus allegados Moreno Valle busca blindarse ante el posible riesgo de ser procesado por asuntos que dejó pendientes, como es el caso de la mega deuda, estimada en más de 75 mil millones de pesos.

Y apenas en enero, el Congreso local aprobó una reforma para dar facultades a los magistrados a fin de que puedan reelegir a Flores Toledano como presidente del Tribunal por un periodo de ocho años más, por lo que seguiría en el cargo hasta el 2025.

Doble blindaje

Víctor Carrancá Bourguet, fiscal general del Estado, quien ocupó el cargo de procurador desde el arranque del sexenio morenovallista, se mantendrá en funciones hasta 2022, luego de que fue ratificado tras la homologación del sistema penal local con el federal.

Durante todo el sexenio, organizaciones sociales y actores políticos acusaron a Carrancá de armar averiguaciones a modo para perseguir a todo aquel que disintiera de Moreno Valle. Se le acusa de haber fabricado expedientes a los más de 300 presos y perseguidos políticos que hubo en el sexenio.

Situación similar es la de David Villanueva Lomelí, auditor superior estatal, quien acaba su periodo hasta 2019 y tendrá opción de reelegirse por siete años más, es decir, hasta 2026. En distintas ocasiones los alcaldes poblanos han acusado que la Auditoría es utilizada como “garrote político”.

También es el caso del exedil de Puebla capital, el panista Eduardo Rivera Pérez, contra quien se inició un proceso de responsabilidad por supuestos malos manejos. El panista asegura que existe un trasfondo político en esa acusación, luego de que supuestamente Moreno Valle lo considera un “peligro” para el proyecto político que tiene el exmandatario por la gubernatura en 2018.

Villanueva Lomelí es yerno del exgobernador Melquiades Morales, sexenio en el que Moreno Valle fue secretario de Finanzas y el ahora auditor estatal fue su colaborador.

Así el 27 de enero pasado, cuando aún no concluía el sexenio, el Congreso aprobó la cuenta pública del último año de Moreno Valle.

Adolfo López Badillo, quien fue nombrado en 2011 como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue ratificado por el Congreso para desempeñar el cargo hasta el 2019.

Igual Badillo ha sido constantemente acusado por organizaciones sociales y promotores de actuar sólo para proteger los intereses del Ejecutivo estatal y no para resguardar los derechos humanos de los ciudadanos.

Gabriela Sierra Palacios, quien es cercana a la esposa de Moreno Valle, fue electa en enero como presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP). Será comisionada del órgano de transparencia hasta 2022.

Los otros dos integrantes Laura Marcela Carcaño Ruiz y Carlos Germán Loeschmann Moreno, igual son señalados de tener vínculos con Moreno Valle.

Aparte de esto, en los últimos días de la gestión de Moreno Valle, el Congreso aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que prevé el nuevo Tribunal Administrativo, instancia encargada de resolver quejas sobre abusos que cometan servidores públicos.

Los magistrados de este tribunal “anticorrupción” estarán en el cargo por 15 años y, aunque aún no han sido nombrados, se da por hecho que el ahora exmandatario intervendrá en su designación.

Igual, ya cuando se iba, Moreno Valle entregó 29 fiats a notarios públicos, que en su mayoría fueron asignadas a personas allegadas a su gobierno.

Es el caso de la ahora senadora Patricia Leal y los diputados locales Othilio Hernández Calderón y Manuel Pozos Cruz, así como Alejandra Maupomé Cajigal, esposa de Roberto Moya Clemente, quien era jefe de la oficina del gobernador, y María Elena Torres Machorro, exfuncionaria del DIF estatal, entre otros.

La herencia

Por si esto fuera poco, buena parte del gabinete morenovallista se mantendrá en funciones durante la gestión de Antonio Gali Fayad, quien por cierto fungió como secretario de Infraestructura durante los primeros tres años del sexenio, antes de ser electo alcalde de Puebla.

En cinco secretarías fueron ratificados los mismos funcionarios que fueron nombrados por Moreno Valle: en la General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano; en Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado; en Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren; en Desarrollo Social, Gerardo Islas, y en Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña.

También conservan los mismos cargos los titulares del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), Gustavo Gaytán Alcaraz, y del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Jorge Benito Cruz Bermúdez.

En la Coordinación de Agenda Digital y Comunicaciones fue nombrado Marcelo Almaguer, quien ocupó ese mismo cargo durante el pasado sexenio hasta 2015. Almaguer fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por promover de manera extraterritorial la imagen de Moreno Valle.

José Villagrana Robles, quien era subsecretario de Administración, fue nombrado secretario de la Contraloría estatal; Martha Vélez Xaxalpa, quien ocupaba la Subsecretaría de Obra Pública y Comunicaciones con el gobierno morenovallista, fue nombrada secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes.

Jesús Morales Rodríguez, quien era coordinador de Protección Civil, es ahora secretario de Seguridad Pública. Fernando Morales Martínez, hijo del exgobernador Melquiades Morales y quien era subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana en el sexenio que concluyó, ahora es coordinador de Vinculación Institucional y Participación Ciudadana.

Otro funcionario morenovallista que se integró a la nueva administración es Roberto Rivero Trewartha, quien fue secretario de Salud y ahora es titular de la dirección en Carreteras de Cuota Puebla.

También fue nombrado jefe de la Oficina del Gobernador el senador con licencia Javier Lozano Alarcón, quien igual ha tenido cercanía con el mandatario saliente.

Aparte de esto la actual legislatura, cuya composición es mayoritariamente morenovallista, así como las alcaldías, se mantendrán en funciones por el año y 10 meses que durará en el cargo Gali Fayad, pues fueron electos por un periodo de cuatro años y ocho meses.

El académico de la Ibero-Puebla, Miguel Calderón Chelius, considera que la actuación de Gali Fayad como gobernador estará acotada por el control político que mantendrá Moreno Valle aun después de concluir su sexenio.

También considera que la única diferencia que puede haber es de estilo, pero que el papel de Gali Fayad será el de un administrador que simplemente se encargará de cuidar que la situación que deja Moreno Valle en Puebla no se salga de control a fin de que no afecte su aspiración presidencial.

Control electoral

El morenovallismo también está presente en los órganos electorales de la entidad. El consejero presidente el Consejo Electoral de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, ocupó cargos en el gobierno desde el inicio del sexenio que concluyó el 31 de enero y estará en el órgano electoral hasta 2021.

Herrera, antes de ser consejero electoral, fue secretario particular en la Secretaría General de Gobierno (SGG); director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA); director de Investigación para la Formación de Recursos Humanos en el Consejo de Ciencia y Tecnología, y director de Vinculación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.

Otro consejero, Juan Pablo Mirón Thomé, era funcionario de la Secretaría General de Gobierno, donde fue secretario particular de Luis Maldonado Venegas, actual diputado federal por el PRD y uno de los operadores políticos más cercanos de Moreno Valle.

Federico González Magaña, antes de ser consejero electoral, fue asesor de Moreno Valle en la campaña del 2010 a la gubernatura, y luego se desempeñó como comisionado de la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP), donde fue acusado por bloquear las solicitudes de información que afectaban al mandatario.

La consejera Flor de Té Rodríguez era la titular del área de Transparencia del Instituto Electoral del Estado, y se negó a entregar el expediente del consejero presidente de ese instituto, Armando Guerrero, quien dejó el cargo cuando quedó al descubierto que falsificó su cédula profesional.

Situación similar ocurre en el Tribunal Electoral del Estado, donde el Senado designó a tres magistrados que igual tenían relación con la administración de Moreno Valle.

Fernando Chevalier Ruanova, quien será magistrado hasta 2018, trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, y luego formó parte de la campaña del morenovallista Mario Rincón González por la diputación federal.

El magistrado Adrián Rodríguez Perdomo, quien se mantendrá en el cargo hasta 2022, fue director de Asuntos Laborales y Agrarios de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública del gobierno morenovallista.

Jorge Sánchez Morales fue electo como magistrado hasta 2020, y fue consejero presidente del extinto Instituto Electoral del Estado en el periodo 2006-2012, cuando le tocó organizar los comicios en los que resultó ganador Moreno Valle.

En los pasados comicios locales ambos órganos electorales fueron puestos en evidencia en numerosas ocasiones, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que enmendarles la plana en más de 10 ocasiones por las resoluciones adoptadas.

Las entonces candidatas a la gubernatura Roxana Luna Porquillo y Ana Teresa Aranda acusaron tanto al Instituto como al Tribunal Electoral de Puebla de actuar por consigna del entonces mandatario poblano.

Ambos órganos seguirán vigentes en los próximos comicios locales que se llevarán a cabo en 2018, donde se renovará el Congreso, las 217 alcaldías y la gubernatura por un periodo constitucional de seis años.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 5 de febrero de 2017.


México.- El presidente Enrique Peña Nieto anunció que no asistirá a la reunión de trabajo que estaba programa para el próximo martes con su homólogo estadunidense, Donald Trump.

“Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”, precisó en su cuenta de Twitter @EPN.

En un segundo tuit escribió que “México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.

Notimex
Ciudad de México
Jueves 26 de enero de 2017.


El repudio al muro de Trump es unánime entre políticos, intelectuales y mexicanos de a pie


El muro que Donald Trump quiere construir en la frontera ha unido a México. Las divisiones entre los mexicanos se han matizado después de que el magnate estampara su firma en el decreto que pone en marcha la separación entre Estados Unidos y su vecino del sur. Políticos e intelectuales, gente de la cultura y mexicanos de a pie han repudiado la decisión del mandatario de Estados Unidos y han solicitado al presidente Enrique Peña Nieto a cancelar su visita a Washington, programada para el 31 de enero.

“Presidente Trump: su muro nos agrede y deja la Estatua de la libertad como leyenda”, escribió Andrés Manuel López Obrador, dirigente del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y puntero rumbo a las presidenciales de 2018. El político, que lleva en campaña desde el año 2006, ha realizado un viraje al centro y solicitó a los mexicanos respaldar a Peña Nieto en su encuentro frente a Trump la próxima semana, donde se renegociará el Tratado de Libre Comercio. Ante la firma del decreto de Trump de este miércoles, López Obrador dijo que acudirán a los tribunales internacionales por la separación entre ambas naciones. “Viva la fraternidad”, escribió en Twitter.

En un evento en el Estado de México, una de las tres entidades que celebrarán elecciones este verano, López Obrador sugirió al Gobierno mexicano demandar al estadounidense antes la Organización de las Naciones Unidas por "violación de derechos humanos y discriminación racial". El político, uno de los pocos que no han pedido a Peña Nieto cancelar sus planes, pidió al mandatario representar "con dignidad a nuestro pueblo y a todos los seres humanos que sueñan con un mundo justo... Eleve el decoro y la imagen de México".

Cuauhtémoc Cárdenas, otro líder histórico de la izquierda mexicana, pidió a Peña Nieto “cancelar su visita a Estados Unidos y buscar una posición digna para México”. Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato presidencial, dijo que los emisarios de Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, fueron recibidos con un “portazo en la nariz” este miércoles en Washington. Los secretarios iniciaron hoy las negociaciones con el Gobierno de Trump del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El muro no solo ha desatado la indignación en la izquierda, un sector históricamente nacionalista y que ha mantenido su distancia con Estados Unidos. Los políticos de la derecha también han repudiado la medida. Vicente Fox, expresidente de México del conservador Partido Acción Nacional (PAN) pidió a Peña Nieto “cero concesiones” y solicitó a su sucesor no repetir la fotografía del 31 de agosto, Trump fue recibido en Los Pinos en un humillante momento para el presidente del PRI. “Mexico is not going to pay for that fucking wall (México no pagará por el jodido muro)”, agregó Fox.

Otras voces prominentes del PAN han hecho públicas sus posturas. “Es una ofensa para México… se debe reconsiderar la visita”, dijo Margarita Zavala, aspirante a presidencia, un cargo que su esposo, Felipe Calderón, tuvo de 2006 a 2012. Roberto Gil, expresidente del Senado, dijo que “no tiene ningún sentido” el encuentro del día 31. “Trump dejó claro que la conversación con México será con sus condiciones y sobre su agenda”.

Jorge Castañeda, exsecretario de Exteriores el Gobierno de Fox, dijo que el anuncio de Trump la víspera a la llegada de Videgaray y Guajardo ha sido un “golpe en la cara” y se ha sumado a la petición para que Peña Nieto cancele su encuentro. Luis Ernesto Derbez, otro canciller de la primera presidencia del PAN, escribió en el periódico Reforma que el mandatario mexicano corre el riesgo de salir humillado del encuentro. Derbez citó el caso de Mitt Romney, que fue crítico con el magnate republicano durante la campaña y después fue a entrevistarse con el hoy presidente de Estados Unidos solo para ser maltratado.

Enrique Krauze dijo que los mexicanos nunca pagarán la obra de Trump, al que llamó el “monumento a la mentira” y “muro de la infamia”. El historiador ha llamado al Gobierno mexicano a confrontar a Trump en vez de negociar con él y recordó la guerra entre ambos países a mediados del siglo XIX. “México no negoció en 1846 la venta forzada de territorios a USA. México se negó a venderlos. Y nos defendimos. Así hay que actuar”.

El escritor e historiador Héctor Aguilar Camín también aseguró que no existe una coyuntura favorable para que Peña Nieto visite la Casa Blanca. “No recuerdo condiciones peores para un viaje del presidente mexicano a Estados Unidos”.

La oficina de la presidencia mexicana no ha dado señales de haber recibido la opinión mayoritaria de los mexicanos. Peña Nieto canceló ayer in extremis su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que iniciaba hoy en República Dominicana. El canciller Videgaray dijo que la cancelación se hizo por motivos de agenda, pero el hecho antecedió el anunció de Trump de que este miércoles firmaría el decreto que daría vida al muro en la frontera con México. El silencio de la presidencia aumenta por el momento la indignación de todo un país.   

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México
Miércoles 25 de enero de 2017.


La calificación actual es cinco puntos menor que la medición del año 2015; el organismo señala que no es suficiente el SNA


De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, que presentó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 30 puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 países.

La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior del año 2015. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos.

Es decir, 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos.

El organismo, en su capítulo México, advirtió que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no han sido suficientes para reducir la percepción y los efectos de la corrupción en México.

El organismo dijo que no basta con asegurar la transformación institucional, sino que éstos deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a las instituciones públicas del país.

“Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes”, advirtió.

Ante ese escenario, Transparencia Internacional emitió una serie de recomendaciones para el Estado mexicano.

“La corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas”.

Señala que es necesario crear una Fiscalía General de la República –cuyo proceso se encuentra atorado en el Congreso de la Unión- capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa.

Recomendó que su diseño permita emprender acciones sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción.

Transparencia Internacional urgió al Congreso de la Unión, y en especial a los Congresos locales, cumplir con su función de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.

El organismo internacional consideró que además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho.

“En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales”.

Expresó que en el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 25 de enero de 2017.

Aunque en los alrededores había decenas de personas que le gritaron “vende patrias” y al unísono coreaban: “Fuera Peña”, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en su gira por esta entidad, “pocos, muy pocos” le reclamaron por el gasolinazo.

Al participar junto con el gobernador Rafael Moreno Valle en la inauguración del tren turístico Puebla-Cholula, Peña dedicó parte de su discurso a resaltar la “generosidad y nobleza” del pueblo de México, que a pesar del alza a los combustibles, dijo, le brindó su respaldo en el recorrido.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, quien decidió no asistir al acto inaugural, denunció que desde hace “varios días” el Estado Mayor Presidencial y el gobierno estatal montaron un cerco para controlar el acceso a la zona en la que se llevaría a cabo el evento de este lunes.

Cuando caminaba hacia el templete, el Ejecutivo federal fue saludado por un grupo de mujeres que le lanzó alabanzas y hasta le dijeron: “Te amo”.

A pocos metros de ahí, integrantes de la organización Cholula Viva y Digna realizaban una protesta para denunciar la destrucción del patrimonio histórico y cultural con las obras del tren turístico, pero también se manifestaron en contra del gasolinazo.

“Por eso tanta valla de la Policía Federal, porque están inaugurando una obra que no fue aceptada por los cholultecas”, reclamó Adán Xicale, dirigente de la agrupación, quien estuvo preso por oponerse la construcción de un parque sobre la zona arqueológica.

“No estamos de acuerdo con las reformas estructurales que implementó Peña Nieto, tampoco con los diputados federales de todos los partidos que aprobaron estas reformas. Esos diputados son traidores a la Patria, así como Peña Nieto y Rafael Moreno Valle”, declaró a unas cuadras de donde se realizaba el acto inaugural.

A pesar de que elementos de seguridad acordonaron la zona y quitaron a los asistentes algunas cartulinas en las que manifestaban su repudio al mexiquense, hubo personas que le mentaron la madre y exigieron su renuncia a la Presidencia de la República.

Pero al tomar la palabra, Peña Nieto afirmó que se iba revitalizado de Puebla después de escuchar las muestras de apoyo. Lo tomo como “una inyección al alma”, sostuvo.

“Digo que somos un pueblo muy noble, porque al ir saludando a la gente, observaba sus rostros y expresiones de apoyo, de respaldo. Gente que no era convocada, gente que yo no sé en qué partido político milita, gente que se fue reuniendo en la calle. Los saludaba y yo decía: seguramente están enojados con el presidente, pero pocos me llegaron a expresar: ‘Ya no más gasolinazos, presidente, ya no más gasolinazos’”, apuntó.

El mandatario federal señaló que no es ajeno a las emociones de la gente y que sabía que las decisiones que tomó no son muy populares. “A veces al presidente sólo le toca escoger entre el mal menor”, justificó.

Añadió: “Me llevo de aquí la nobleza de la gente, porque pocos, salvo muy pocos, me dijeron: ‘No más gasolinazos, presidente’. Y además en un tono muy respetuoso, en un tono amable, conminándome al decirme: ‘Presidente, ahí nos encargamos con usted. Somos el pueblo, piense en el pueblo’, y es pensando en el pueblo que se toman estas decisiones”.

Antes de la llegada de Peña Nieto a esta ciudad, el alcalde José Juan Espinosa hizo pública su determinación de no asistir al acto oficial en el que se inauguraría el tren turístico –en el que se invirtieron mil 113 millones de pesos– y el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica, para el que se gastaron 200 millones de pesos.

“NO al gasolinazo”, decía una mega manta que fue colocada a la entrada de la presidencia municipal, mientras locales mostraban cartulinas en las que advertían a Peña que no era bienvenido a Cholula.

“No estamos de acuerdo en la torpe decisión de haber incrementado el precio de las gasolinas, que afecta el bolsillo de todos los ciudadanos”, explicó el alcalde.

“La mayoría de los habitantes de San Pedro Cholula no estamos presentes, porque hay todo un cerco que el gobierno ha montado ya desde hace varios días con el Estado Mayor Presidencial, con fuerzas armadas, donde ni siquiera la ciudadanía se puede acercar a conocer este proyecto que fue construido con los recursos del pueblo”, agregó.

De igual manera, criticó el costo “a precios estratosféricos” que tuvo la obra realizada por el gobierno estatal en los alrededores de la Gran Pirámide.

Los integrantes de Cholula Viva y Digna denunciaron que la construcción se hizo a pesar de que Moreno Valle no contó con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por la mañana, integrantes de la agrupación de vendedores y ambulantes 28 de Octubre se manifestaron frente a las vías del tren que pasan justo por el Mercado Hidalgo, su principal bastión, y luego marcharon hasta la terminal ubicada en la Calle 11 Norte, en la capital poblana.

La 28 de Octubre exigió que se respete el mercado porque es lugar de trabajo de cientos de familias, y que Moreno Valle libere a los “presos políticos” de esa organización antes de que concluya su mandato, el próximo 1 de febrero.

Proceso
Gabriela Hernández
San Pedro Cholula, Pue.
Lunes 23 de enero de 2017.


Luego de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México determinó negarle el amparo y protección de la Justicia Federal

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó esta tarde que Joaquín Guzmán Loera fue extraditado esta tarde a Estados Unidos, luego de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó negarle el amparo y protección de la Justicia Federal.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que se concedió la extradición de Joaquín Guzmán Loera para ser procesado por diversos delitos, al considerar “que dichos acuerdos cumplieron con las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado liberal y demás disposiciones legales vigentes para su emisión y que no fueron, ni han sido vulnerados, sus derechos humanos en los procedimientos instaurados”.

En consecuencia, para dar cumplimiento a los acuerdos de extradición, esta dependencia del Gobierno Federal puso a disposición de la Procuraduría General de la República a Joaquín Guzmán Loera, y a través de la misma, el Gobierno de la República el día de hoy entregó al Señor Guzmán Loera a las autoridades los Estados Unidos de América”, agrega el texto.

Extraditan a EU a 'El Chapo' Guzmán

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera fue extraditado esta tarde a Estados Unidos luego de que perdiera los amparos que había presentado para impedirlo.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México confirmó negar los amparos 302/2016 y 306/2016 al presunto líder del Cártel de Sinaloa contra la orden de extradición dictada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los Magistrados del Tribunal ratificaron la negativa que había dictado en octubre pasado Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en la materia.

La extradición se da un día antes de que Donald Trump asuma la Presidencia en Estados Unidos, país donde Guzmán es reclamado por las cortes federales del Distrito Sur de California, en San Diego, y del Distrito Oeste de Texas, en la Ciudad del Paso.

Los delitos que le imputan son narcotráfico, asociación delictuosa, lavado de dinero y homicidio, aunque por este último cargo, Estados Unidos se comprometió con México a no aplicarle la pena de muerte en caso de ser hallado culpable.

El Consejo de la Judicatura Federal dijo esta tarde que el Tribunal Colegiado rechazó amparar a Guzmán porque las órdenes de traslado de la Cancillería "se emitieron conforme a las disposiciones del Tratado de Extradición Internacional celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América".

Apenas ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que desechó la petición de los defensores del capo para atraer los amparos contra el proceso de la extradición.

Reforma
Excélsior
Abel Barajas
Ciudad de México
Jueves 19 de enero de 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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