•    La guerra contra las drogas en México cumple diez años, ¿qué se ha conseguido hasta ahora?

•    México se ha gastado 50.000 millones de euros en seguridad y defensa desde el comienzo de la guerra y EEUU ha aportado alrededor de 1.405 millones

•    Desde 2007, casi 200.000 personas han sido asesinadas y más de 28.000 declaradas desaparecidas


El 10 de diciembre de 2006, el recién investido presidente, Felipe Calderón, lanzó la guerra de México contra las drogas con el envío de 6.500 soldados a su Estado natal, Michoacán, donde cárteles enemigos, en su lucha por el control del lucrativo territorio, participaban en matanzas de venganza. La ola de violencia había estallado en 2005 y una serie de operaciones policiales y militares lanzadas por el anterior presidente, Vicente Fox, no habían logrado contener el derramamiento de sangre.

Calderón declaró la guerra tan solo ocho días después de ocupar el cargo, una decisión ampliamente percibida como un intento de impulsar su legitimidad tras una dura victoria electoral. En un periodo de dos meses, alrededor de 20.000 soldados participaron en operaciones en todo el país, que inicialmente gozaron de un apoyo generalizado en las comunidades, cansadas de tiroteos, ejecuciones horripilantes y corrupción policial.

¿Cuánto ha costado la guerra hasta ahora?

Estados Unidos ha aportado al menos 1.405 millones de euros desde 2008 a través de la Iniciativa Mérida (el Congreso ha aprobado otros 937 millones de euros). Por su parte, México se ha gastado, por lo menos, 50.600 millones de euros en seguridad y defensa desde el año 2007. Los críticos denuncian que este flujo de dinero ha permitido crear una industria de seguridad opaca abierta a la corrupción en todos sus niveles.

Pero los mayores costes han sido humanos: desde 2007, casi 200.000 personas han sido asesinadas y más de 28.000 declaradas desaparecidas. En septiembre de 2014, 43 profesores en prácticas desaparecieron y se presume que fueron asesinados tras ser atacados por agentes de policía corruptos y entregados a miembros de los cárteles de las drogas. El caso, en el cual el Ejército mexicano y políticos corruptos estuvieron implicados, se ha convertido en ejemplo emblemático de la violencia perpetrada en zonas altamente militarizadas.

Grupos defensores de los derechos humanos han registrado un aumento de abusos de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, presionados para llevar a cabo arrestos, obtener confesiones y justificar la guerra. Las informaciones sobre tortura por las fuerzas de seguridad incrementaron un 600% entre 2003 y 2013, según Amnistía Internacional.

Mientras los cárteles se han dividido y diversificado, otros crímenes violentos como el secuestro y la extorsión se han disparado. En 2010, el cártel Los Zetas, fundado por un grupo de desertores de las fuerzas especiales mexicanas, masacraron a 72 migrantes que fueron secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos.

Cientos de miles de personas han sido desplazadas por la violencia y han surgido grupos de autodefensa y vigilancia en varios estados, incluido Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde las comunidades han tomado las armas en un intento de protegerse a sí mismos. Algunas de esas milicias han sido atacadas una por una por las fuerzas estatales o apropiadas por el crimen organizado.

¿Qué se ha conseguido?

La colaboración reforzada entre los servicios de inteligencia y de seguridad de México y Estados Unidos ha resultado en numerosos arrestos de destacadas figuras e importantes redadas antidroga. Las autoridades aseguran que 25 de los 37 narcotraficantes más buscados en la lista del expresidente Calderón han sido encarcelados, extraditados a Estados Unidos o asesinados, aunque no se han comprobado todos estos datos de forma independiente. Durante la legislatura de Calderón, más de 110.000 toneladas de cocaína fueron decomisadas y se destruyeron casi 180.000 hectáreas de marihuana y opio.

Desde que el sucesor de Calderón y actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tomase posesión en diciembre de 2012, 101 de su lista de 122 capos más buscados están muertos o bajo custodia policial; de nuevo, no todas las supuestas muertes y detenciones han sido corroboradas de forma independiente.

La mayor victoria, y error garrafal, bajo el liderazgo de Peña Nieto fue la captura, huida y nueva captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Guzmán está luchando contra su extradición a EEUU, aunque esta parece cada vez más clara. Mientras tanto, sus rivales llevan a cabo audaces estrategias para hacerse con sus lucrativas rutas, provocando una nueva ola de violencia en estados como Colima, Baja California y Sinaloa.

La represión y captura de los cerebros de las bandas se ha ganado las alabanzas de Estados Unidos y de los medios de comunicación, pero ha hecho muy poco por reducir la violencia o instaurar el Estado de derecho.

¿Cómo ha evolucionado la guerra?

Bajo la presión de las autoridades, algunas facciones criminales se han dividido para reagruparse y volver a emerger como grupos más pequeños pero más despiadados.

Al mismo tiempo, han brotado nuevas batallas en lo que antes eran estados pacíficos. Esto se debe a que las operaciones militares han incitado a las bandas a encontrar nuevas rutas para el tráfico de drogas en territorios rivales.

Las políticas de Calderón han permanecido prácticamente intactas bajo el liderazgo de Peña Nieto, aunque la retórica ha cambiado notablemente en lo que ha sido un intento de reconstruir la imagen de México y de atraer inversión extranjera. “Mientras la Administración de Calderón estaba obsesionada con la seguridad, el presidente Peña Nieto se ha obsesionado en no obsesionarse con la seguridad”, señala David Shrik, experto en seguridad.

Bajo el nuevo Gobierno, el presupuesto de seguridad y defensa ha seguido creciendo, como también lo ha hecho el derramamiento de sangre. Unas 63.000 personas fueron asesinadas en la primera mitad del mandato de Peña Nieto, un 50% más que durante los tres primeros años de Calderón.

Además, inmensas cantidades de droga siguen llegando a Estados Unidos. El consumo de drogas en Estados Unidos, el mayor mercado mundial, sigue creciendo con 24,6 millones de consumidores en 2013, lo que equivale al 9,4% de la población mayor de 12 años. En 2002 esta cifra era de un 8,3%.

El consumo de drogas tiende a crecer y decrecer, en parte reflejando los esfuerzos de los cuerpos de seguridad. De este modo, aunque el consumo de cocaína se ha reducido levemente, el de marihuana, heroína y metanfetaminas están en alza.

La legalización de la marihuana en un creciente número de estados reducirá la demanda desde México, pero el resto del mercado está en pleno auge. Se estima que los cárteles mexicanos obtienen entre 17.900 y 27.300 millones de euros al año por la venta de drogas en Estados Unidos.

¿Qué papel ha jugado Estados Unidos?

La doctrina de 'guerra contra las drogas' se atribuye generalmente al presidente Richard Nixon, quien creó la agencia contra las drogas (DEA, Drug Enforcement Administration) en 1973 para declarar “una guerra sin cuartel contra la amenaza de las drogas”.

Desde entonces, Estados Unidos se ha gastado más de 2,3 billones de euros luchando contra este enemigo indeterminado a través de la prohibición y militarización. Durante las pasadas cuatro décadas, el modelo estadounidense ha sido exportado a Latinoamérica, especialmente a Colombia y México.

La guerra contra las drogas en México cumple 10 años y nunca hubiese sido posible sin la inmensa inyección de dinero y cooperación militar estadounidense bajo la Iniciativa Mérida. Los flujos han continuado a pesar de las crecientes evidencias de serias violaciones de derechos humanos.

The Guardian, América, México
Nina Lakhani - Ciudad de México
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
Lunes 16 de enero de 2017.


Inconformes llamaron a las autoridades a tomar medidas para revertir el alza de los precios de las gasolinas y así apoyar a la economía familiar


Un grupo de manifestantes bloqueó el acceso a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizada en el Parque Industrial Puebla 2000, con el fin de protestar contra el llamado “gasolinazo”.

El líder del Frente de Colonos Urbano Popular (FCUP) "8 de Junio", Alberto Hernández Romero, consideró urgentes medidas de apoyo a la economía familiar que reviertan o disminuyan el incremento al precio de los combustibles.

Los manifestantes impidieron el libre tránsito de camiones en este lugar, debido a la toma simbólica de las instalaciones de la paraestatal, la cual se llevó a cabo bajo la vigilancia, a distancia, de agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) y elementos de la Policía Estatal.

Enfrentamiento con 'huachicoleros' deja un policía muerto

Ayer martes, un elemento de la Policía Federal murió durante un enfrentamiento con ladrones de combustible en la comunidad de San Andrés Cacaloapan, municipio de Tepanco de López, Puebla, mientras los elementos policiacos luego de que un grupo de personas armadas que viajaban a bordo de una vagoneta realizó disparos contra los uniformados.

Durante el operativo, el elemento fue herido, por lo que fue trasladado a Tehuacán, Puebla, para su atención médica, sin embargo, más tarde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal informó que ya fue detenido un sospechoso y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para realizar las investigaciones; asimismo expresaron sus condolencias a los familiares del elemento que caído.

Excélsior
Ciudad de Puebla
Fernando Pérez Corona
Miércoles 11 de enero de 2017.



Por tercer día consecutivo, miles de ciudadanos marcharon en protesta contra el alza y liberación del precio de la gasolina, el gas y la “privatización” de la luz eléctrica. Sin emblemas partidistas ni sindicales, estudiantes y trabajadores caminaron desde la columna del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, y según las autoridades, hubo saldo blanco.

La movilización inició alrededor de las 4 de la tarde, cuando los manifestantes entonaron el Himno Nacional.

Un orador afirmó que ya no tienen miedo. “Sabemos que esta lucha la vamos a ganar en las calles. Vamos a echar atrás todas las reformas mal llamadas estructurales”, dijo y aclaró que el micrófono estaba abierto para cualquier ciudadano que quisiera manifestar su inconformidad por el gasolinazo.

Una cartulina con el mensaje “¡Pinches ratas dejen de robar!” sobresalía entre la gente. Un payaso que posó para las cámaras con un mensaje “Puto Peña y también el que lo lea” hizo reír a la gente. “Esa movilización es 100% ciudadana, ajena a cualquier partido político”, aclaró una voz tras el micrófono.

Más cartulinas, más mensajes: “¡Estamos hartos del gobierno de Peña Nieto!”, indicaba una. Otra voz pedía a la gente que se organizara porque “esta lucha no para aquí”, sino que es el comienzo.

Antes de iniciar la caminata, un grupo de jóvenes anarquistas del “Frente Roquero (sic) de Apoyo a las Causas Sociales” se incrustó al frente. Algunos llevaban paliacates cubriéndoles el rostro; otros portaban cascos. Uno de los que encabezaron ese contingente se cubrió completamente la cara con un trapo como el que usan los hipsters en el cuello.

Un hombre de camisa y corbata, sin pelo, era quien coordinaba a los anarquistas; coreaba con ellos sus consignas y hablaba con algunos que no parecían jóvenes ni mucho menos estudiantes. Uno de ellos quiso pintar el restaurante Sanborns de la calle La Fragua, pero un ciudadano lo denunció: “No hijo, no venimos a eso”, le gritó y después señaló a un policía: “¡Mira, haz algo!”, pero el uniformado ni se inmutó.

“El señor (Peña Nieto) dijo que iba a bajar la gasolina y no es cierto. Todos los productos básicos van a subir”, señaló otro ciudadano mientras algunos automovilistas mostraban su apoyo sonando tres veces el claxon.

En el contingente, un joven prendió una antorcha. Otro tomó el micrófono para contar su experiencia con los mensajes en redes sociales que se difundieron el pasado miércoles 2 de enero, respecto a los saqueos en el Estado de México.

“Vas a las redes sociales y empiezas a ver toda la sarta de mentiras”, dijo. Luego, criticó a quienes se dejan guiar por dichos mensajes sin corroborar la información: “Desde tu sillón no vas a salvar nada. Apaga la televisión y abre tu mente. ¡Adelante! ¡Adelante! La lucha es constante”, indicó.

Proceso
Mathieu Tourliere
y  Rosalía Vergara
Ciudad de México
Lunes 9 de enero de 2017.

El ex candidato presidencial de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, respondió al cuestionamiento “¿ustedes qué hubieran hecho?”, realizado la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto, al referirse al gasolinazo y delineó seis medidas inmediatas para bajar el precio de las gasolinas, detener el deterioro de Pemex y mejorar a futuro su eficiencia.

En video, publicado ayer en su cuenta de Twitter, Cárdenas Solórzano se dijo preocupado por las palabras del presidente del pasado jueves.

Por eso, esbozó su contrapropuesta al alza de gasolinas, llamó a “defender la industria más importante, la soberanía de nuestro país y el bienestar común de los mexicanos”, y fue más allá al plantear al gobierno federal la necesidad de “recuperar la confianza de los ciudadanos en su gobierno”.

Sobre el gasolinazo, el tres veces candidato presidencial demandó “echar atrás el aumento a las gasolinas, para mantener precios de diciembre de 2016; realizar un foro nacional de expertos para analizar el problema y proponer soluciones, recuperar el funcionamiento pleno de nuestras refinerías para abastecer 50% de la demanda”.

Además, indicó, se debe aumentar la inversión de Pemex “para incrementar su capacidad de refinación y exportación de productos de valor agregado”.

Otra medida sugerida por el ex perredista fue impulsar la construcción de ductos seguros que mejoren la eficiencia en el transporte nacional de petrolíferos y por último detener el robo de gasoductos y gasolineras.

Pero “de nada servirá continuar apuntalando la fiscalización si no existen elementos que aseguren a los mexicanos la integridad de la gestión pública”, razón por la que también propuso medidas relativas al manejo del presupuesto.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 9 de enero de 2017.

Ciudad de México.- Las protestas, en su mayoría pacíficas, contra el incremento en el precio de los combustibles continuaron en diferentes partes de México el sábado, y la ola de saqueos registrada durante la semana disminuyó. Sin embargo, el nerviosismo persistió.

En un incidente violento, un manifestante arremetió su camioneta contra una fila de policías que vigilaban una gasolinera en Baja California.

La policía federal informó que cuatro agentes resultaron heridos en el incidente en Rosarito, poblado cercano a la fronteriza ciudad de Tijuana.

Las imágenes de video mostraron una pequeña camioneta dirigirse hacia la fila de policías antimotines e impactarlos antes de retroceder y huir del lugar a toda velocidad.

Funcionarios en Veracruz, uno de los estados más afectados por los saqueos el miércoles y jueves, señalaron que en diversas partes se habían comenzado a formar patrullas de vecinos armados con palos y machetes para encarar a los saqueadores.

El gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, dijo que 532 personas han sido detenidas tan solo en su estado, y que los rumores —al parecer infundados— que se difundieron en las redes sociales sobre nuevos saqueos habían causado una "psicosis artificial".

Indicó que en el norte del estado, "derivado de esta situación de psicosis artificial generada por los grupos delincuentes, los vecinos decidieron tomar palos, tomar machetes, armarse, crearon la impresión de que había grupos de delincuentes armados".

Yunes añadió que el gobierno intenta convencer a los habitantes de que suspendan tales patrullajes.

La Secretaría de Gobernación reportó que más de 1.500 personas han sido detenidas por participar en saqueos y otros actos de alteración del orden en diversas partes del país desde el inicio de las protestas a principios de semana.

Se desconoce cuántas afrontan cargos penales. Centenares de tiendas fueron saqueadas, principalmente el miércoles y el jueves. La policía intensificó la protección de las tiendas desde entonces.

La policía federal aseveró que el sábado continuaban las protestas y cierres de algunas carreteras.

Miles de personas marcharon el sábado por las principales avenidas de la ciudad de Guadalajara, en el oeste, en protesta contra el alza de la gasolina, que se inscribe en el plan del gobierno para liberalizar el precio de los combustibles.

A pesar de los persistentes rumores de que intereses políticos incitaron a los saqueadores para manchar las protestas por el alza de la gasolina, Yunes Linares dijo que no hay pruebas de un involucramiento de los partidos políticos.

Las autoridades investigan si grupos delictivos participaron en los hechos, agregó.

Yunes Linares destacó que decenas de taxistas y motociclistas habían jugado un papel al transportar a saqueadores. Y anunció que impulsará una medida que obligue a todos los motociclistas a matricular sus vehículos y a usar chalecos con los números de las matrículas.

AP
Ciudad de México
Sábado 7 de enero de 2017.


El presidente dice comprender el "enojo" de los mexicanos por el aumento del combustible. 250 personas han sido detenidas por robo y vandalismo en el Estado de México y la capital


A pesar del tono comprensivo, la intervención del presidente Enrique Peña Nieto no ha calmado las protestas en contra del aumento al precio de la gasolina y este miércoles se multiplicaron los disturbios y bloqueos por todo el país.

En el Estado de México (Edomex) hubo al menos 250 detenidos por actos vandálicos en 13 municipios mientras que las tiendas del Centro Histórico de la capital, donde hubo 64 detenidos, cerraron antes de tiempo ante los rumores de nuevos saqueos. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio dio a conocer que 170 tiendas habían sido cerradas y 79 saqueadas, principalmente en Edomex. Precisamente en el populoso Ecatepec la policía tuvo que intervenir a tiro limpio en una tienda Elektra para impedir que los saqueadores siguieran llevándose colchones y televisiones con la excusa del alza en la gasolina.

La ira colectiva se alimentaba del aumento de la gasolina, pero a ello se suman la subida de la electricidad, el desabasto de combustible, la creciente inflación y la depreciación diaria del peso.

Por este motivo Peña Nieto apareció al mediodía del miércoles en la televisión para calmar las protestas ante la ola de malas noticias que golpean los bolsillos de los mexicanos desde el inicio de la Navidad.

La andanada de aumentos, principalmente de la gasolina que subirá hasta un 20%, ha dado paso a una incubadora de protestas que Peña Nieto quiso neutralizar con su sorpresiva aparición pública. Sin embargo, no hubo marcha atrás ni en la subida ni en las manifestaciones.

 “Comprendo el enojo que esto provoca en la población” dijo Peña Nieto, “pero no hacerlo hubiera supuesto poner en riesgo la estabilidad económica del país” había justificado. “No es fácil tomar esta medida y apelo a su comprensión. El ajuste en los precios refleja el aumento en los precios internacionales de la gasolina. Es una medida responsable en un tema prioritario para mi gobierno: preservar la estabilidad económica del país” señaló el mandatario para quien “de no hacerlo, el costo sería mayor”.

Pero mientras Peña Nieto hablaba, los focos rojos se prendían a lo largo de todo el país.

Convocados por las redes sociales desde Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, a Tapachula, en el límite con Guatemala, un día más se multiplicaron los bloqueos de carreteras, la toma de autopistas, saqueos, asaltos a las gasolineras o incluso agresiones a trabajadores de la paraestatal PEMEX en el marco de las protestas contra el aumento de entre un 15 y un 20% en el precio de las gasolinas

Varios supermercados en las afueras de las Ciudad de México, en las populosas Azcapotzalco y Cuautitlán, fueron saqueados por grupos de manifestantes. La noche del martes, en Nicolás Romero, también en el Estado de México, un grupo asaltó un hipermercado Chedraui y una tienda OXXO. En un gesto inusual el ejército llegó a la barriada para imponer el orden.

Paralelamente por cuarto día consecutivo, varias carreteras que conectan la Ciudad de México con Querétaro, Puebla o Pachuca, así como el anillo Mexiquense que rodea la capital, sufrieron bloqueos. La misma escena se repitió en Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco o Jalisco donde incluso hubo una huelga de autobuses urbanos.

La protesta contra el 'gasolinazo' suma focos de inconformidad cada hora. “Hemos tenido agresiones en 400 gasolineras y esto aumenta de forma viral con el paso de las horas” dijo Antonio Caballero, portavoz de la asociación G-500.

Su asociación, que agrupa a 1.800 estaciones de servicio, el 15% de las más de 11.000 que hay en el país, amenazó con cerrarlas todas si continuaban los disturbios. En la misma línea la organización de gasolineras de Veracruz anunció que otras 50 estaciones de servicio fueron “vandalizadas” y estaban fuera de servicio.

Políticamente el mandatario, con uno de los índices de popularidad más bajos del continente, salió ayer por primera vez a defender la “difícil” decisión. Desde que entró en vigor la liberalización de las gasolineras y el Gobierno fijó una subida de entre el 15 y el 20% al precio del carburante, el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade ha recorrido con los estudios y emisoras defendiendo que el “ajuste” se debe a la subida internacional del combustible y no a un nuevo impuesto. Actualmente un 36% del precio del litro de gasolina Magna (0,76 dólares) corresponde a impuestos.

Sin embargo, las palabras de Meade no han frenado el desgaste en el Gobierno, que en dos días ha “lamentado” dos veces la situación actual. El martes, en señal de repudio tras el anuncio de Ford de detener sus inversiones en México, y el miércoles, para justificar el “doloroso” aumento de los combustibles.

Desde la izquierda el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha sumado a una protesta que desborda los partidos políticos, sumidos en el marasmo navideño. Para la presidenta del partido, Alejandro Barrales, el gobierno de “hace todo lo posible para crear inestabilidad social” y recordó que la decisión de aumentar un 20% la gasolina llegó pocos días después de que se aprobara un incremento del salario mínimo del 10% y que las previsiones de inflación para este año rocen el 4’5%.

El País
Jacobo García
Ciudad de México
Jueves 5 de enero de 2017.


En la última década cayeron en cárceles castrenses 12 mil soldados, mil 200 al año. Antes del inicio de la “guerra contra las drogas” remitían a 800 al año, un aumento de 47%, revela Sedena

La “guerra contra las drogas”, decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006, ha dejado un saldo de 12 mil 43 militares presos en cárceles castrenses. En promedio, mil 200 uniformados fueron remitidos a estas prisiones cada año, revela un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenido por EL UNIVERSAL vía Ley de Transparencia.

Antes del inicio de esta batalla frontal contra los cárteles del narcotráfico, la justicia castrense sentenciaba en promedio a 800 militares al año (periodo 2000-2006), lo que representa un aumento de 47% en la cantidad de uniformados remitidos a prisiones de la Sedena.

El reporte en poder de este diario señala que 92% de los presos son parte de la tropa: cabos, soldados, sargentos. Les siguen capitanes y tenientes, que conforman 7%. Sólo ocho generales han caído en una cárcel militar.

Javier Oliva, especialista en seguridad, dice que hay 500 servicios diarios, en promedio, de apoyo a tareas de seguridad pública por parte del Ejército. Esto quiere decir que este sexenio concluirá con un millón de servicios.

“El número de eventos donde se verían implicados los militares mexicanos en lo que se refiere a violación a derechos humanos es sumamente bajo en comparación con el número de elementos que hay, unos 50 mil militares de las tres Fuerzas Armadas”, dice el experto.

¿Desobediencia o “narcodelitos”?

Los 12 mil militares remitidos en la última década están en las tres prisiones que hay en el país: 73% se encuentran en la cárcel de la Región Militar I, en la Ciudad de México; le sigue la prisión de la Región Militar III, en Mazatlán, Sinaloa, y sólo 1% están en la cárcel de la V Región Militar, en Zapopan, Jalisco. La mayoría de los altos mandos sentenciados se encuentran en la prisión del Campo Militar Número 1.

Uno de los casos más sonados de altos mandos sentenciados se dio en febrero de este año, cuando el general Manuel Barragán fue sentenciado a 16 años y medio de prisión más el pago de una multa de 19 mil 120 pesos. La pena la impuso el segundo consejo de guerra de justicia militar, por delitos contra la salud en grado de tentativa y abuso de autoridad, más la baja definitiva del Ejército Mexicano.

La Sedena tiene registrados 148 casos de militares juzgados por delitos del fuero federal y otros 303 casos por ilícitos comunes.

El documento castrense señala que los delitos más frecuentes son: abandono de servicio, abandono de mando, insubordinación, abuso de autoridad, desobediencia, robo, deserción, administración fraudulenta, daño a propiedad ajena, lesiones culposas y agravadas.

Sin embargo, Alejandro Carlos Espinoza, delegado de la Asociación Internacional de Justicias Militares, asegura que la mayoría de los soldados remitidos a prisiones castrenses cometieron delitos contra la salud.

“En su modalidad de fomento a la colaboración. Ellos son competentes ante eso”, señala el experto.

En el sexenio anterior se tuvo un promedio de mil 493 presos por año y, en 2013, inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registró un descenso de 46%. En 2013 hubo 829; en 2014, 773; en 2015, 800, y en lo que va de 2016 se reportan 381 presos.

Para Alejandro Carlos Espinoza, experto en justicia militar, el aumento en el número de presos está directamente relacionado con su participación en la lucha contra el narcotráfico.

“El tema es cuando los militares se confrontan con los civiles y se suman a las fuerzas de los policías, es cuando genera una problemática mayor e involucramiento en delitos”, señala.

El año con mayor registro de presos fue 2011, con mil 742. A partir de ahí comienza la baja. “La explicación también puede darse en el sentido de la modernización del sistema penal militar y los ajustes que se le hicieron desde el Poder Legislativo para la impartición de justicia.

“Esto agilizó los juicios de la presentación de los casos, hay que tomar en consideración que la justicia penal militar en México, desde su origen, se basa en juicios orales y abiertos. Esto permite darle más agilidad”, señala el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Oliva.

Guillermo Lecuona, doctor en Derecho, comenta que el hecho de que disminuyan los presos militares es por la reducción en la intensidad de las movilizaciones.

“En el periodo 2006-2012 parece un tema claramente relacionado con el Presidente, encabezando al Ejército, involucrándolo en la guerra contra las drogas, y posteriormente en la nueva administración se pasó de un discurso de guerra a una ausencia de discurso”, señala.

Crece presupuesto para “milicárceles”

La Sedena reporta que el presupuesto para las prisiones militares se incrementó 251% de 2006 a 2016, pasando de 263 mil a 925 mil pesos. La prisión con el mayor aumento fue la del Campo Militar Número 1, al pasar de 63 mil a 602 mil pesos, 856% mayor, mientras que las otras dos cárceles registran repuntes menores a 100%, 43 y 72, respectivamente.

Néstor Troncoso, abogado defensor de militares, advierte que son tres los elementos por los que un soldado está en prisiones castrenses: porque un superior lo ordenó, porque a alguien le estorba o porque se las tiene que pagar a algún alto mando.

“El enfoque no es qué hacemos con las Fuerzas Armadas, sino qué tenemos que hacer con las policías. Me parece que el foco está en ese faltante, y si las Fuerzas Armadas están de manera circunstancial participando en estas labores”, comenta Javier Oliva, quien se pronuncia por avanzar hacia una Ley de Seguridad Interior, actualizar la Ley de Seguridad Nacional y diseñar una política nacional de defensa.

Los especialistas coinciden en que hay que modernizar las reglas de participación del Ejército en tareas de seguridad.

El Universal
Íñigo Arredondo
Ciudad de México
Viernes 23 de diciembre de 2016.


El narco es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones.

Cuando Felipe Calderón llegó en 2006 a la presidencia de México, un país ya convertido en epicentro de los grandes carteles de la droga, le dijo a los mexicanos: “Si se preguntan si las cosas pueden cambiar, la respuesta es sí. Y van a cambiar para bien”. Para cumplir su promesa mandó a las calles al Ejército, y se lanzó a una guerra frontal contra el narcotráfico.

Las cosas, en efecto, cambiaron.

El año anterior a su investidura, el índice de homicidios en México era de 9,5 por cada 100.000 habitantes. La cifra se duplicó y entonces el discurso oficial negó que hubiera víctimas civiles: los muertos de la Guerra contra el Narco eran solo los villanos (narcotraficantes) o los héroes (policías y militares que combatían contra ellos). Una década después, esta guerra se ha cruzado en la vida de demasiadas personas anónimas. Se calcula que ha provocado 150.000 muertos y unos 28.000 desaparecidos. La promesa de Calderón fue grandilocuente; su estrategia, simplista.

La lucha de los narcos entre sí y con el Estado se ha extendido. En lugares como Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, denunciar equivale muchas veces a una sentencia de muerte. En el Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango, Sinaloa), los habitantes de la sierra tienen que huir de sus comunidades por las amenazas de los sicarios. Ni siquiera los santuarios turísticos están a salvo. Acapulco es hoy la ciudad más violenta del país y una de las más violentas del mundo.

Aunque los mexicanos creyeran en la promesa de Calderón, la pregunta que subyacía era: ¿por qué tantas miles de personas se dedicaban al narcotráfico?

El narco es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones. Viajar por zonas deprimidas de México es entender que, en muchas de ellas, el crimen organizado es la única presencia constante, el principio y el fin de la realidad cotidiana. Allí donde no llega el Estado, o lo hace solo para corromperse o luchar contra el crimen, lo ilícito es en ocasiones la única fuente de trabajo. Para miles de mexicanos el tráfico de drogas es un ejercicio de supervivencia. Los eslabones más débiles de la cadena, como los cultivadores o las mulas, no suelen plantearse si lo que hacen está bien o mal. Solo trabajan en lo que pueden para subsistir.

La Guerra contra el Narco ha demostrado ser un rotundo fracaso. La droga continúa subiendo a Estados Unidos, el gran consumidor, y las armas regresan a México desde el norte, donde siguen causando miles de muertos. La persecución sistemática del narcotráfico ha desembocado en un buen número de detenciones, incluso algunas de grandes capos como Joaquín “el Chapo” Guzmán. Las cárceles, de hecho, se han sobrepoblado. Pero el 41 por ciento de los presos por delitos de drogas han sido arrestados solo por la posesión de sustancias con un valor menor a 500 pesos (unos 30 dólares).

Mientras tanto, el trasiego de cocaína continúa, y también la trata de personas, el tráfico de recursos naturales, la extorsión y las plantaciones de amapola. Según datos de la DEA, la heroína mexicana ya es la más consumida por los estadounidenses, por encima de la colombiana. En Guerrero, el mayor estado productor del país, 50 bandas criminales luchan por el control del territorio.

Si Calderón fue el padre de esta política, Enrique Peña Nieto, el actual presidente, es como el hijo adolescente que quiere romper con el padre pero calcando los gestos paternos que veía en la infancia.

Julio fue el mes más violento de toda su presidencia con 2073 muertos. Hay que remontarse hasta el verano de 2011, el año más sangriento bajo el gobierno de Calderón, para encontrar una cifra similar.

Diez años son suficientes para tener perspectiva y ensayar otras soluciones. Empezar por despenalizar la posesión para el consumo personal sería un buen primer paso: aliviaría un sistema de justicia colapsado, aplacaría los incentivos de los policías para hacer detenciones y estos podrían centrar sus esfuerzos en apresar a aquellos traficantes que realmente atemorizan a los ciudadanos con el uso de la fuerza, no a los consumidores.

El gran giro de la política de Peña Nieto ha sido su apoyo al uso medicinal de la marihuana, una acción necesaria pero insuficiente. Mucho más si se compara con otras iniciativas en la región.

En los últimos años Colombia ha suspendido las fumigaciones de plantaciones, ha impulsado un plan nacional de sustitución de cultivos y el presidente Juan Manuel Santos decretó la regulación de la marihuana con fines medicinales; en Costa Rica, un país sin Ejército, se ha implementado un programa de reducción de daños; en Jamaica se han aprobado leyes para el uso tradicional y medicinal del cannabis; desde 2009 la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la punición a la tenencia de drogas, y Uruguay ha regulado la producción, distribución y uso de la marihuana.

México tabula las cantidades de droga que alguien puede poseer sin que se considere que podría estar traficando. Pero esa tabla no se ajusta a la realidad de los consumidores (por ejemplo, alguien solo puede llevar cinco gramos de marihuana). Si bien las políticas de drogas deben atender a las características de cada país, la descriminalización de los consumidores debería ser una base común.

Desde hace más de 15 años Portugal despenalizó la tenencia de drogas para uso personal y creó un sistema para la reducción de daños y la reinserción social. El consumo de cannabis sigue estabilizado, el número de adictos a la heroína ha bajado un 70 por ciento, y las muertes por sobredosis también se han reducido. Holanda, con su sistema de cafeterías, ha creado una fuente de trabajo legal alrededor del cannabis y, en parte, gracias a no perseguir a los consumidores, se ha quedado sin presos. En los últimos años varias cárceles holandesas han cerrado por la falta de delincuentes. El consumo de drogas —de todas las drogas— es un problema de salud, no penal. Y así debería ser tratado.

La Guerra contra el Narco como solución a la problemática en México ha sido una enfermedad mucho peor que la propia enfermedad. Diez años en estado de excepción, con el ejército inmune a las investigaciones sobre sus responsabilidades, ha probado ser otro fracaso.

Para que las cosas cambien realmente, el gobierno debería devolver las acciones antinarcóticos progresivamente a la autoridad civil. Después de esta década de luto, de matanzas sin castigo, de corrupción en las autoridades, es necesario pensar una política integral que visualice al narcotráfico más allá de un combate entre héroes y villanos. En medio de estos extremos, la sociedad se ha tenido que adaptar a una situación de violencia permanente. La despenalización del consumo no arreglará un problema tan arraigado en el país, pero ayudará a que los mexicanos distingan la droga de la Guerra contra el Narco. Los consumidores de los narcotraficantes. Es el primer paso para aceptar que otra solución es posible.

José Luis Pardo Veiras es periodista independiente y coautor de "Narcoamérica: de los Andes a Manhattan, 55.000 km tras la ruta de la cocaína".

The New York Times
José Luis Pardo Veiras
Ciudad de México / NY
7 de septiembre de 2016.


Peña Nieto propondrá ante el Senado la asignación de Raúl Cervantes y Arely Goméz respectivamente


Ciudad de México.- La tarde de este martes, la Presidencia de la República informó que el Presidente Enrique Peña Nieto propondrá ante el Senado de la República los nombramientos de Arely Gómez González como secretaria de la Función Pública y a Raúl Cervantes Andrade como nuevo Procurador General de la República.

Hace unos momentos la casa presidencial detalló que el mandatario determinó que de ser ratificados Gómez será la encargada de la mano con la sociedad y los estados el Sistema Nacional Anticorrupción; Cervantes a su vez trabajará con el Congreso, la sociedad civil y la academia, para desarrollar el mejor modelo de Fiscalía General de la República, para que la justicia penal esté a la altura de las exigencias sociales y necesidades del país.

En un comunicado se informó que el Presidente Peña Nieto reconoció la labor de Arely Gómez al mando de la Procuraduría General de la República.

"Su dedicación y esfuerzo en el ejercicio del cargo, es ejemplo de excelencia en el servicio público y compromiso en la lucha contra la delincuencia en nuestro país”, indicó el Mandatario.

En esta serie de movimientos el Jefe del Ejecutivo nombró a Cervantes Andrade, tras recibir licencia del Senado para separarse de su escaño, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales para que, en términos de la normatividad aplicable, realice las funciones como encargado de la PGR mientras se resulte su ratificación al frente de esta dependencia.

SUN
El Universal
Ciudad de México
Martes 25 de octubre de 2016.


Con la huida del gobernador de Veracruz, el presidente Peña Nieto se enfrenta a uno de los casos de más bochornosos de su mandato

En marzo de 2012 Enrique Peña Nieto estaba a un paso de alcanzar la presidencia de México. Por aquel entonces, con 46 años, era el hombre de moda formado en el extranjero, que recorría el país como líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), unas siglas con 87 años de vida. El telegénico candidato lideraba las encuestas y una nueva forma de hacer política ofertando una imagen de renovación generacional y moral.

Un PRI muy distinto al que había sido desalojado del poder 12 años antes, estaba a un paso de volver a la presidencia después de una dura travesía por el desierto para un partido que lleva la palabra gobernar escrita en su ADN.

Ante las dudas sobre la profundidad del cambio, Peña Nieto respondía como un mantra a la pregunta más repetida por la prensa nacional y extranjera: “Es imposible que vuelva el viejo PRI porque ese PRI ya no existe” decía. Y ponía como ejemplo a un grupo de gobernadores de su propio partido que habían llegado al poder unos meses antes. “El gobernador de Quinta Roo, Beto Borge, de Veracruz, Javier Duarte o el de Chihuahua, Cesar Duarte, son actores de una nueva generación que forma parte de la renovación del partido” dijo poco antes de ganar las elecciones durante una entrevista en la cadena Televisa.

Sin embargo, cuatro años después, los mandatarios citados por Peña Nieto como ejemplo de ética y juventud, están en busca y captura o tienen problemas con la justicia. El maquillaje del nuevo PRI se desmorona y los gobernadores que debían acompañar la renovación política han reproducido peores prácticas.

Los tres gobernadores que Peña Nieto ponía como ejemplo de regeneración del PRI están siendo investigados

En Veracruz, Javier Duarte, de 43 años tuvo que dejar prematuramente el cargo el 12 de octubre y se enfrenta a 53 denuncias distintas que van desde enriquecimiento ilícito a lavado de dinero. La Interpol lo busca en 190 países y hasta su cuñada ha sido detenida en el marco de una operación que incluye el registro de cinco de sus propiedades. En Quintana Roo, Roberto Borge está acusado de vender a sus amigos, familiares y prestanombres terrenos en los paradisiacos Tulum, Playa del Carmen y Cancún. En Chihuahua, Cesar Duarte, está desaparecido después de conocerse las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito y hasta crear un banco para manejar estos fondos

Antes de dejar el cargo, en una desesperada maniobra de última hora, los polémicos gobernadores intentaron blindarse y promovieron reformas legales que les habrían permitido protegerse de investigaciones, pero la propia Procuraduría (PGR) impugnó dichos cambios y fueron invalidados por la Suprema Corte (SCJN).

Tocado por los escándalos propios y ajenos, Peña Nieto ha perdido la iniciativa política y es un boxeador que encara los dos últimos años de su gobierno arrinconado en la esquina del cuadrilátero. La fuga esta semana de Duarte, a la vista de todos, supone uno de los momentos más bochornosos de su gobierno. De cómo encare el desafío que tiene delante, depende gran parte de su legado ético. Los analistas consultados, sin embargo, son escépticos.

Antes de dejar el cargo, en una desesperada maniobra de última hora, los polémicos gobernadores intentaron blindarse

“Peña Nieto no sabe manejar la corrupción, porque forma parte de su cultura. Él proviene del autoritarismo priísta en el Estado de México (donde fue gobernador) y en el que la utilización del patrimonio público para fines personales es aceptado como parte de la cultura” señala el analista Sergio Aguayo.

Aunque la dirigencia del PRI se ha lanzado en tromba contra los gobernadores corruptos y no ahorra epítetos, durante años se ha mostrado indiferente a las denuncias de la prensa y la opinión pública.

Según el escritor y periodista Sergio González el error de Peña Nieto ha sido gestionar el ‘caso Duarte’ en función del coste político que implicaba. Según González “Los escándalos de corrupción han sido tratados como un problema de manejo de crisis o control de riesgos. En ningún momento Peña Nieto ni su gobierno han mostrado ni una ética ni ejemplaridad auténtica frente a los abusos” afirma.

Para algunos analistas uno de los motivos del descontrol, tantos en casos de corrupción como de disparatado gasto público, tiene que ver con el hundimiento del poder presidencial frente a las regiones, controladas política y económicamente por un puñado de apellidos que sólo responden a Los Pinos cuando hay elecciones.

A diferencia de la etapa actual, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), 17 gobernadores dejaron sus administraciones estatales por diferentes motivos. Fue el último presidente tlatoani. Con la llegada de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000- 2012) la presidencia perdió en los estados la fuerza heredada y esos espacios fueron ocupados por los cárteles y los gobernadores, sostiene Aguayo. “La democracia supone la apertura de espacios y donde había un sistema político cerrado se abren grietas. Esos espacios fueron llenados por gobernadores y otra por el crimen organizado” añade.

Sin embargo, según Sergio González, los estados están lejos de ser reinos o feudos autónomos respecto del gobierno federal porque con él que mantienen un vínculo básico: el dinero que llega del Estado. “Desde luego, persiste una manipulación electorera y clientelar pero el poder presidencial tiene aún la fuerza que da tener mayoría en el Congreso, y es allí donde la partidocracia actualiza la subcultura del autoritarismo en México” explica.

El fenómeno sin embargo, no es exclusivo del PRI. Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora del principal partido de oposición, Acción Nacional (PAN), está en busca y captura por enriquecimiento ilícito y su partido prepara su expulsión si no se presenta el lunes en la sede del partido.

Para Hipólito Reyes, arzobispo de Xalapa, capital de Veracruz, la corrupción comienza en los congresos locales, donde el rodillo de las mayorías impide la fiscalización. Durante los últimos años el obispo ha denunciado los excesos de Duarte, entre ellas la muerte de más de una decenas de comunicadores y la quiebra económica en la que está sumida el estado. “De los 212 ayuntamientos de Veracruz, al menos 50 de ellos han pedido que los recursos lleguen directamente de la federación y que no pasen por las manos del gobierno de Veracruz” revela.

Sobre el precio que pagará Peña Nieto “será muy difícil que el PRI repita en la presidencia para el 2018. Ni en México ni en Estados Unidos hay un clima favorable para que acontezca tal circunstancia. Cada vez más, el gobierno estadounidense muestra su influencia sobre el sistema político mexicano. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en México para fomentar la democracia, los derechos humanos, el cambio de sistema penal, la seguridad pública, la transparencia gubernamental, el combate a la corrupción, etcétera. Y los resultados son alarmantemente exiguos” señala González.

Aguayo no se atreve a hacer pronósticos sobre el costo político de lo que considera la corrupción sistémica de los gobernadores. “Ignoro si el PRI lo va a pagarlos en las urnas, pero quien ya lo está pagando es el país” concluye.

El País
Jacobo García
Ciudad de México
Lunes 24 de octubre de 2016.

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