En un veredicto histórico, una jueza en EE.UU. proporcionó justicia a los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Afirmó que la versión oficial del caso Ayotzinapa fue fabricada.

Durante cuatro años fui testigo de un proceso judicial histórico en una Corte en Florence, Arizona. El veredicto fue dictado el 7 de enero pasado y dio un inesperado giro al caso de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Crimen que marcó el gobierno del ex presidente de México Enrique Peña Nieto. Lo que ni el actual gobierno de México se ha atrevido a decir, lo dijo de manera clara y contundente la Juez Molly S. Frazer: solo instituciones del gobierno federal mexicano tenían el poder e influencia política suficiente para desaparecer a los normalistas y fabricar una versión falsa oficial para encubrir la verdad.

Todo ocurrió en el marco de un juicio de asilo político solicitado por un mexicano llamado Ulises Bernabé García, quien la noche de la desaparición de los jóvenes estudiantes era un simple juez de barandilla temporal, que multaba las personas que bebían en la vía pública o manejaban en estado de ebriedad, o hacían escándalos en la vía pública. De un simple juez de paz, como también se conoce a estos servidores públicos, Bernabé García pasó a ser un testigo clave de los hechos que ocurrieron y que no ocurrieron esa noche.

Tradicionalmente las cortes migratorias en Estados Unidos son conservadoras, aún más en un estado como Arizona, donde existen grupos de ultra derecha que cazan en el desierto a migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera de México a la USA. Los juicios de mexicanos que piden asilo político en ese país son difíciles y que les sea concedida la protección del gobierno americano casi imposible.

A fines de 2015, la abogada americana Margo Cowan, representante legal de Bernabé García, reconocida por su lucha por la defensa de los derechos humanos de los migrantes, me pidió declarar ante la Corte como ‘testigo experto', una categoría judicial en la ley norteamericana. Yo había investigado el caso de la desaparición de los estudiantes y había ya encontrado pruebas documentales y testimonios claros que mostraban que la versión de la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto sobre los hechos ocurridos en Iguala era falsa. Mis hallazgos los hice siguiendo mi método de investigación que me ha permitido descubrir y documentar verdades antes que la lenta y muchas veces viciada justicia mexicana.

Cowan sabía que uno de mis testigos principales había sido Bernabé García. Lo conocí en noviembre de 2014 cuando viajé a Iguala por primera vez para hacer una investigación de campo de la desaparición de los normalistas, financiada por el Programa de Periodismo de Investigación de UC Berkeley. Mi padre había sido secuestrado y desaparecido en el año 2000, el no saber donde estaba, si sufría, si tenía hambre o frío, fue un suplicio. Podía imaginar lo que los padres de los 43 sentían por no saber nada de sus hijos en más de 30 días. Puedo imaginar su dolor luego de seis años de no conocer su paradero.

En aquel viaje la primera voz clara, nítida, espontánea y sin prejuicios que escuché fue la de Bernabé García. Cuando todo era turbio, cuando el gobierno de México imponía a los medios de comunicación nacionales e internacionales su "versión oficial”, cuando afirmaba que el ataque había sido orquestado por el presidente municipal José Luis Abarca y su policía, sin que el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la base de la Policía Federal, la base de la PGR, ni de la policía estatal tuvieran conocimiento de eso, cuando todas esas oficinas se encontraban en el perímetro de los lugares donde ocurrió el ataque contra los muchachos, la muerte de tres de ellos y la desaparición de los 43.

La conversación con él, como cuando hago este tipo de investigaciones, comenzó de manera casual. Él estaba libre, no tenía ningún problema legal, y el cargo que había tenido de juez de barandilla había sido accidental ya que era sustituto del titular que había pedido permiso de ausentarse durante tres meses. Le pregunté cómo había sido toda esa jornada del 26 de septiembre de 2014. Su memoria aún estaba muy fresca. Me dijo incluso hasta a qué hora se levantó, a qué hora se presentó a trabajar esa mañana en la base de la policía municipal de Iguala.  A que hora fue a comer el lunch, a qué hora regresó, y cuantas personas habían sido arrestadas durante ese día y llevadas a la base de la policía municipal. Dijo que seis. Me mostró ahí mismo las boletas de multas que había puesto y cómo a los hombres arrestados no habían tenido dinero para pagar los habían metido en las celdas de la base.

Según la versión de la PGR, esa noche, mientras el juez de barandilla ponía multas a personas que bebían u orinaban en la vía pública, los 43 habían sido llevados a la base de la policía municipal y de ahí habrían sido llevados en camionetas de la policía a un paraje donde habrían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado y quemado. Todo por órdenes que supuestamente había dado el presidente municipal José Luis Abarca.

Pregunté a Bernabé García por los estudiantes, me miró y con claridad me dijo: ‘nunca estuvieron ahí, que le pregunten al ejército. La prueba de que no estuvieron ahí es que el Ejército llegó a las mismas horas en que dicen que los estudiantes estaban ahí'. La hora que decía la PGR era entre las 23:30 y 24:00 A esa hora ocurrió en las calles del centro de Iguala el ataque más feroz. Los normalistas fueron balaceados y perseguidos por las calles. Dos de ellos quedaron heridos tirados en el asfalto bajo la lluvia.

Bernabé García fue el primer testigo en decir que el Ejército estuvo en las calles a la hora de los ataques. Era mentira que no habían tenido conocimiento de los hechos como decía el gobierno. ¿Por qué mentir si no había nada que esconder?, pensé. Ese fue el origen de mi investigación sobre la presencia y participación del Ejército. El juez de barandilla no mintió, un año después el propio Capitán del 27 Batallón, luego de mentir varias veces en sus declaraciones ministeriales, reconoció la versión de Bernabé García.

Después de esa pista encontré muchos elementos, incluyendo pruebas periciales que probaban que el Ejército y la Policía Federal encabezaron el ataque de esa noche y la desaparición de los estudiantes. Quien coordinaba a todas las fuerzas del orden era el Ejército, el alcalde y la policía municipal eran pequeñas figuras en comparación a la fuerza del Ejército y otras corporaciones del gobierno federal que estuvieron vigilando y siguiendo a los estudiantes desde cuatro horas antes de los ataques, durante estos y la desaparición de los 43. Gracias a Bernabé García seguí la pista para descubrir que el Ejército controlaba las cámaras de seguridad de toda la ciudad, y fue el Ejército el único que había podido borrar los videos de dichas cámaras para eliminar cualquier prueba que los involucrara.

Publiqué esta primera parte de mi investigación en diciembre de 2014, titulé al artículo "La Verdadera Noche de Iguala”, que después se convirtió en un libro publicado en 2016. A consecuencia de ese reportaje que pegaba justo en el punto más frágil del discurso del gobierno de Peña Nieto, días después el entonces procurador salió a dar "verdad histórica” basada en declaraciones obtenidas bajo tortura, y cero pruebas periciales que pudieran confirmar algún rastro de veracidad de dichas declaraciones. Comenzó una feroz persecución contra Bernabé García y para salvar su vida ingresó de manera ilegal a Estados Unidos y pidió asilo político porque su vida estaba en serio peligro.

Durante 4 años testifiqué en la Corte de Arizona ante la Juez Molly S Frazer. Yo solo narré mi investigación periodística paso por paso, aporte documentos y pruebas. En cada audiencia, ella preguntaba hasta el más mínimo detalle. Se veía que estudiaba el caso. Tuvo en su poder 61 pruebas presentadas por Cowan y por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security ) que se oponía a que Bernabé García tuviera el asilo político. En primer lugar porque por norma se oponen a dar asilo político no importa el perfil de la persona, y en segundo lugar porque a raíz de las declaraciones que me dio la PGR en México giró una orden de arresto en su contra, para silenciarlo, y el Ejército comenzó a perseguirlo.

Por el nivel de profundidad al que llegó el juicio, y lo sé porque estuve ahí, Frazer no sólo estaba juzgando su debía o no conceder el asilo a Bernabé García, ella quería realmente conocer la verdad de lo que pasó esa terrible noche en Iguala. La Juez pudo haber solo dado un resolutivo sobre Bernabé García, pero el 7 de enero de 2020 dio un paso más allá: no solo decidió conceder el asilo político del juez de barandilla, sino también emitió un fallo histórico que sienta el primer antecedente de una Corte americana sobre una violación grave a derechos humanos en México.

"La Corte está de acuerdo con la conclusión del testigo experto, la Señora Hernández, de que la verdad histórica oficial, creada por el gobierno de México ha sido refutada, que numerosos testigos fueron torturados por el gobierno de México y que piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fín de sustentar la falsa verdad histórica”, afirma la sentencia de la Corte de Arizona.

 "(La Corte) Desafía la creencia de que un departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más posible que el gobierno federal de México y la policía federal hayan sido responsables de este horrible incidente”, afirma.

De este modo, la jueza Frazer no sólo dio protección a Bernabé García, sino proporcionó en tantos sentidos una forma de justicia a los 43 estudiantes desaparecidos, a sus familias, y a la sociedad mexicana. Justicia y verdad que hasta el día de hoy el gobierno del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador no puede o no se atreve a dar. Hay personas de su gabinete que piensan que el caso se mantendrá inconcluso porque el mandatario no quiere pelear contra el Ejército Mexicano. Aún espero que eso no sea verdad.

DW
Contracoriente!
Anabel Hernández
Washington, EU.
Martes 25 de febrero de 2020.


ASF detecta presunto fraude de Lozoya por más de mil 228 mdp en beneficio de OHL


Ciudad de México. - A través de sus opacas estructuras offshore, encabezadas por su filial PMI, Petróleos Mexicanos (Pemex) benefició a la empresa española OHL con una planta solidificadora de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz, en un presunto fraude de más de mil 228 millones de pesos que se gestó durante la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de la petrolera y continuó a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El contrato inicial, que nunca fue sometido al conocimiento del Consejo de Administración de Pemex, establecía que la planta debía arrancar a finales de 2016 con un costo de 43 millones de dólares. Sin embargo, la empresa productiva del Estado se endeudó por 75 millones, de los cuales gastó al menos 64 millones 321 mil dólares en la planta, que hasta la fecha no funciona.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó, en un informe publicado el pasado jueves 20, que esto se debe a vicios ocultos de OHL en la construcción –una bodega sufre hundimiento– y a “la inexistencia de oferta del principal insumo, que es el azufre”; por si fuera poco, la petrolera desembolsó más de 26 millones de pesos en la contratación de expertos para determinar los daños.

Este presunto fraude se suma a la amplia lista de irregularidades documentadas en las operaciones de OHL, corporativo del que Lozoya fue consejero entre 2010 y 2012, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en el gobierno federal: la constructora española recibió contratos públicos por más de 43 mil millones de pesos, además de concesiones carreteras que le generan rendimientos multimillonarios.

Durante su labor, la ASF se enfrentó a la negativa de Pemex a entregarle las cédulas de reportes y avances de OHL que justificaron los pagos millonarios de PMI, por lo que el órgano fiscalizador determinó que hubo “riesgos y posibles faltas administrativas graves a cargo de servidores públicos de Pemex y particulares”.

El pasado 20 de enero, la ASF solicitó la intervención de la Unidad de Responsabilidades de Pemex para investigar el caso y fincar las responsabilidades correspondientes; además, a raíz de la fiscalización, PMI demandó a OHL para pedir una garantía, y en agosto de 2019 reclamó una fianza por la bodega hundida.

La ASF observó que al menos cuatro filiales de PMI participaron en el fraude, en el que “se observó la inexistencia de controles, la falta de transparencia y la discrecionalidad (…) debido a que Pemex no acreditó la evidencia de las instrucciones, los criterios y mecanismos de instrumentación, así como los empleados responsables de cada proceso de las empresas prestadoras de servicios”.

El 9 de diciembre de 2013, PMI Norteamérica autorizó la creación la empresa PMI Azufre Industrial, S.A. de C.V. para desarrollar un proyecto de hasta 45 millones de dólares, que consistía en construir una planta solidificadora en Coatzacoalcos, a fin de transformar y comercializar el azufre que Pemex producía en ese puerto veracruzano.

En aquel entonces José Manuel Carrera Panizzo, director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios en Pemex, presidía el Consejo de Administración de PMI; Mario Beauregard Álvarez era director de Finanzas, y Víctor Díaz Solís fungía como director Corporativo de Administración y Servicios en la petrolera. Esos tres funcionarios, cercanos a Lozoya Austin, participaron en la integración del esquema.

En julio pasado, Carrera fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública y multado con 4 mil 206 millones de pesos debido a su papel en la adquisición de la planta chatarra de Agronitrogenados, en la que Lozoya presuntamente cobró sobornos a Altos Hornos de México.

El 21 de febrero de 2014, PMI Azufre otorgó un contrato de 43 millones 311 mil dólares más IVA a Escolaire España, S.A., filial de OHL, para construir la planta en un plazo de 19 meses. Para ello PMI contrató créditos por 50 millones de dólares, cuyo monto creció en los años siguientes a través de diversos convenios modificatorios.

La operación continuó hasta 2018, en la gestión de Carlos Treviño Medina al frente de Pemex, e “implicó la obtención de financiamientos por 75,098.1 miles de dólares, la emisión de acciones por la capitalización de su deuda, pagos a la empresa constructora OHL, la validación de los avances de obra y las gestiones de transferencia a otras empresas filiales de Pemex, operaciones que no fueron sujetas de un proceso de administración de riesgos implícito”, abunda la ASF en el informe citado.

De acuerdo con éste, en junio de 2018 PMI transfirió la planta con vicios ocultos a Mex Gas Internacional S.L. y MGI Asistencia Integral, S. de R.L. de C.V., dos empresas filiales de Pemex Transformación Industrial (PTRI); a pesar de los vicios ocultos, el 28 de julio de 2018 estas empresas y la filial de OHL firmaron el Acta de Recepción de la planta, “con trabajos pendientes de concluir por la constructora”.

La ASF observó que a estas irregularidades se sumó el hecho de que desde años antes era “improcedente” continuar con el proyecto, dado que “ya no existía la oferta de azufre que motivó la construcción de la Planta Solidificadora”.

El contrato con la empresa española se pactó durante la gestión de Lozoya, quien había sido consejero de OHL en 2010 –con apenas 35 años de edad–, una época en la que el grupo español entró en la Bolsa Mexicana de Valores e implementó un elaborado esquema financiero que le permitió inflar sus cifras, multiplicar sus ingresos y presuntamente prestarse al financiamiento de campañas políticas (Proceso 2259).

OHL se encuentra actualmente en el centro de una tormenta judicial en España, donde se le acusa de haber pagado sobornos a funcionarios; las autoridades ibéricas incluso sospechan que parte de los recursos usados para estos fines incluso provienen de México, donde la empresa opera concesiones carreteras, otorgadas principalmente en las administraciones de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto.

Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, OHL incursionó en el sector energético mexicano: Escolaire España construyó una planta de hidrogeno en la refinería de Cadereyta por 13 mil 141 millones de pesos; otro por 689 millones de pesos para construir un turbogenerador en la Refinería Madero, y otro más para supervisar la construcción del gasoducto Los Ramones –a cargo de la empresa Odebrecht–, que posteriormente fue operado por IEnova, una empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien entró en el consejo de administración de OHL el mismo día que Lozoya.

Lozoya renunció a la dirección general de Pemex escasos días después de que se filtraran audios de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, en los cuales se evidenciaban reuniones secretas y conflictos de interés con Lozoya; años más tarde, las autoridades españolas descubrieron que el exdirector de Pemex era socio del yerno de Villar Mir en una empresa española que canalizó presuntos sobornos.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Lunes 24  de febrero de 2020.


La investigación contra el expresidente Peña Nieto forma parte de las indagatorias realizadas a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra en un proceso de extradición en Málaga, España, según el diario estadounidense

La justicia mexicana está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años, dijo un funcionario mexicano, según reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal.
Las indagatorias sobre el exmandatario forman parte de la investigación realizada a Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex durante parte del gobierno previo, quien fue detenido la semana pasada en Málaga, España.

El exlíder de Pemex, quien se encuentra en un proceso de extradición, está acusado por autoridades mexicanas de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de la acerera mexicana Altos Hornos.

"La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados (comprada a Altos Hornos) y Odebrecht llega al más alto nivel", dijo el alto funcionario a The Wall Street Journal, refiriéndose a Peña Nieto.

"La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro", agregó.

El prestigioso diario dijo que Peña, quien ha negado haber realizado cualquier acto de corrupción, no pudo ser contactado de inmediato.

Reuters
Ciudad de México
Miércoles 19 de febrero de 2020.


El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos días"

El que fuera director de Pemex se suma a un grupo de antiguos funcionarios cercanos al exmandatario que son investigados por corrupción

La caída de Emilio Lozoya se suma a los esfuerzos de la cruzada anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lograda por policías españoles este miércoles en Málaga es un argumento que rompe con la sospecha del supuesto pacto de impunidad que el actual Ejecutivo mantenía con sus antecesores. Lozoya aguarda su extradición a México para sumarse a un coro de exfuncionarios y personajes muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto que son investigados por lavado de dinero y desvío de recursos.

Aunque la Fiscalía aún tiene que sustentar las acusaciones que penden sobre Lozoya en los tribunales, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya ha dado una narrativa al caso. “Yo lo considero como algo que está vinculado a una forma de abusar del poder y de los bienes de la nación. Esto se tiene que entender como parte de un todo”, dijo Gertz al diario La Jornada. El todo al que hace referencia el funcionario es la estructura de poder que cobijaba al exdirectivo de Pemex durante su gestión, de 2012 a 2016.

Lozoya fue capturado en Europa en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por jueces mexicanos. Una de ellas le acusa de recibir al menos 9,1 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht para asegurar contratos una vez que el político fuera nombrado director de la petrolera pública. Tres exdirectivos de la constructora brasileña afirmaron en declaraciones judiciales juramentadas en 2017 que el pago de mordidas comenzó en abril de 2012, cuando Lozoya era director de la campaña internacional de Peña Nieto. Los sobornos continuaron hasta 2016, cuando el exfuncionario habría cobrado cuatro millones de dólares en una transferencia. La Fiscalía mexicana conecta uno de estos depósitos con la compra en 2013 de una lujosa residencia en el balneario de Ixtapa, en el Pacífico mexicano, con valor de 1,9 millones de dólares. Lozoya desmintió estas acusaciones en una rueda de prensa en agosto de 2017.

Las investigaciones periodísticas sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por la cúpula de Pemex también han salpicado al expresidente. Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que documenta los abusos del poder, reveló en 2017 que un exdirector de Braskem, una filial petroquímica de Odebrecht, presumía de haber acompañado a "tiempo completo” la campaña presidencial del PRI. Este acompañamiento se habría hecho con cuantiosos depósitos mientras Braskem construía una planta de polietileno en el Estado de Veracruz.

El constructor Marcelo Odebrecht, quien reveló el mayor escándalo de corrupción de América Latina, se entrevistó cuatro veces en privado con Enrique Peña Nieto. El primer encuentro se dio en 2010 en Brasil, cuando el político mexicano hizo una gira al país sudamericano como gobernador del Estado de México. El segundo fue en la capital de ese Estado, Toluca, en octubre de 2011, cuando Peña Nieto aún preparaba su asalto presidencial. En noviembre de 2012, ya siendo ganador de las elecciones y presidente electo, ambos se reunieron en el Estado de Querétaro. El último encuentro se llevó a cabo en octubre de 2013 en Los Pinos, la residencia oficial del mandatario.

El procedimiento contra Lozoya se suma al que ya se lleva a cabo en contra de Rosario Robles, quien ocupó dos ministerios en la Administración de Peña Nieto. La extitular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es investigada por su participación en el desfalco de más de 7.700 millones de pesos (420 millones de dólares) de dinero público desviados a través de universidades públicas y Pemex. Lozoya también ha negado haber formado parte de esta trama de corrupción, conocida popularmente como estafa maestra, a pesar de que parte de los desvíos se hicieron mientras ocupaba la dirección general. Juan Collado, el letrado de Peña Nieto, también está tras las rejas acusado de lavado de dinero. El abogado, que ha defendido a altos perfiles del PRI, movió más de 120 millones de dólares entre 2006 y 2015 en Andorra, un país protegido por el secreto bancario hasta 2017.

Los astilleros gallegos

Uno de los encargados de sustentar la investigación en contra de Lozoya ha dejado caer que el antiguo responsable de Pemex también es investigado por el fiasco que protagonizó la petrolera con el astillero gallego Barreras y Navantia. “Nosotros todavía seguimos investigando el caso de un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros”, ha dicho Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del ministerio de Hacienda y responsable del congelamiento de las cuentas bancarias del exdirectivo. Este caso aún tiene que ser justificado ante un juez para que dicte la orden de aprehensión.

En noviembre de 2013 el consejo de administración de Pemex, a propuesta de Lozoya, aprobó la compra del 51% de las acciones del astillero privado Hijos de J. Barreras cuando estaba cerca de la quiebra. La operación fue aplaudida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien había llevado las negociaciones, como un resurgimiento de la industria naval gallega, agobiada por la crisis. Sin embargo, la empresa pública mexicana nunca se involucró en la gestión de esta sociedad a pesar de haber desembolsado 5,1 millones de euros (5,5 millones de dólares) por ella. Tres años después, en 2016, la mala administración generó pérdidas al astillero de 5,5 millones de euros (casi seis millones de dólares). En octubre de 2019 Barreras solicitó el preconcurso de acreedores.

El exdirector de Pemex llevaba documentación falsa y asegura que llegó a España “hace dos día

La Audiencia Nacional envía a prisión al ejecutivo, detenido en una urbanización de lujo de Málaga, por riesgo de fuga

La decisión de Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, apenas ha tardado 24 horas en llegar. El magistrado ha acordado este mismo jueves mandar a prisión a Emilio Lozoya, el ex director general de la petrolera estatal mexicana Pemex señalado en el caso Odebrecht y detenido el miércoles en una lujosa urbanización de Benahavís (Málaga). Tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella, Moreno ha dictado su ingreso en la cárcel al apreciar un "fundado" riesgo de fuga. Lozoya, reclamado por su país, estaba en paradero desconocido desde hace casi un año.

El juez instructor ha adoptado esta medida, solicitada por la Fiscalía, tras considerar que Lozoya no tiene arraigo laboral y domicilio en España; además de que se ha evidenciado "su intención de sustraerse a la acción de la justicia". Según ha escrito en un auto, cuando fue arrestado, portaba una licencia de conducir mexicana falsificada: tenía su fotografía, pero estaba a nombre de un tal Jonathan Solís Fuentes. Además, el magistrado también destaca que el delito por el que se le reclama —similar al blanqueo de capitales— lleva aparejada una pena de hasta 15 años de cárcel.

El ejecutivo, que ha ingresado en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) sobre las siete de la tarde, dice que llegó al país hace "solo dos días". Pero su versión no coincide con la de la Policía, que lo sitúa en Málaga desde mucho antes. La investigación final para arrestarle arrancó a principios de 2020, cuando se recabaron los primeros indicios de que podía ocultarse en la Costa del Sol. La Fiscalía mexicana había lanzado en mayo de 2019 una orden de detención internacional tras conocerse la fuga del director general de la petrolera Pemex, pero su "alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización", según admitió este miércoles el Ministerio del Interior.

Es más, los investigadores creían que pasó por Alemania antes de aterrizar en España. Entre otros motivos, porque su esposa es nacional de ese país; la madre de Lozoya, Gilda Austin, fue detenida allí el pasado julio. Y porque, desde la clandestinidad, Lozoya se defendió de las acusaciones a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el conglomerado de medios suizo Tamedia, y Quinto Elemento Lab, de México. "Todo esto es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia. En ningún momento, como funcionario público, ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción", dijo entonces en respuesta a los periodistas.

Pese a esas pistas, los agentes españoles fijaron la diana en La Zagaleta, una urbanización de lujo cercana a Marbella. Estaban seguros de que Lozoya, uno de los hombres de confianza del presidente Enrique Peña Nieto durante su mandato, se ocultaba en una de sus villas. Pero apenas salía. Por lo que decidieron retrasar el arresto hasta este miércoles, cuando lo cazaron al aprovechar que abandonó el complejo residencial en un vehículo que había acudido a recogerlo. Según fuentes policiales, no opuso resistencia durante su detención.

Los agentes sospechan, además, que detrás de Lozoya iba su guardia pretoriana, un séquito de "personal de seguridad ruso" que le ha dado cobertura durante su estancia en España. Los investigadores creen incluso que Lozoya —un avezado economista de 45 años, con estudios en Harvard— podía estar blanqueando dinero para alguna organización mafiosa procedente de ese país, según fuentes próximas a la investigación.

Fuentes del residencial de lujo aseguran que en sus registros no aparece el nombre de Jonathan Solis que consta en el carné falso intervenido. Ni tampoco el de Emilio Lozoya. "Si ha accedido al interior de la urbanización ha sido con documentación falsa y como invitado de residentes", explican desde la gerencia, donde subrayan que el mexicano no tiene ni ha tenido "jamás" vivienda en propiedad o alquiler.

Los investigadores españoles también analizan si, frente a la sospecha inicial de que Lozoya había pasado por Alemania antes de llegar a España, hubiese ido directamente a Rusia, a San Petersburgo, y desde allí volado a la Península. En tal caso, el empresario mexicano, que lideró la campaña internacional de Peña Nieto en sus últimas elecciones por sus grandes contactos con empresas y políticos a escala mundial, habría simulado que tomaba un vuelo con destino a Frankfurt en el que realmente nunca se habría subido.

Las acusaciones

Lozoya, que ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país, está acusado de fraude a gran escala y corrupción en 2012 y 2013. Según la documentación enviada a España, el antiguo director de la petrolera adjudicó supuestamente contratos públicos a cambio de sobornos millonarios. Las autoridades mexicanas cifran el fraude en 280 millones de dólares (257 millones de euros). Por su parte, la Audiencia Nacional destaca que supuestamente adquirió una vivienda en México con dinero "procedente de una actividad ilícita" tras diseñar un entramado financiero para ocular el origen de esos fondos.

Entre otras pruebas recabadas contra el exdirector general de Pemex se encuentra el testimonio de tres exdirectivos de la constructora brasileña que aseguran que recibió más de 10 millones de dólares en sobornos para ayudar en la firma de contratos. También una reconstrucción realizada por la justicia brasileña con decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…— vincula a Lozoya con varias operaciones irregulares. Según esta investigación, Odebrecht le pagó para asegurarse el favor de alguien cercano a Peña Nieto.

Moreno ha abierto ahora un plazo de 45 días para que las autoridades mexicanas entreguen toda la documentación que sustente la extradición. Eso sí, la decisión de enviar a Lozoya no es firme y el exdirectivo de Pemex puede recurrirla ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

El País
Luis Pablo Beauregard
J. J. Gálvez/ Nacho Sánchez
Ciudad de México/Madrid/Málaga
Viernes 14 de febrero de 2020.


Desde la prisión el exdirector de Pemex encarará el proceso de extradición solicitado por el gobierno de México ante cargos de asociación delictuosa y cohecho


Ciudad de México.- El juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, ordenó dar prisión provisional comunicada a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señalado en el caso Odebrecht.

El titular de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dio a conocer su decisión tras tomarle declaración a Lozoya a través de videoconferencia desde los juzgados de Marbella.

La determinación se dio con base en que el inculpado no cuenta con domicilio en España, además, para evitar un posible riesgo de fuga. Trascendió que al memento de ser detenido presentó una licencia falsa a nombre de Jonathan Solis Fuentes.

Exhiben licencia de Lozoya, detenido en Málaga, España

La detención de Lozoya ocurrió en la ciudad española de Málaga, en la región sureña de Andalucía, según informó en México el fiscal general, Alejandro Gertz, y confirmó a la AFP un portavoz de la Policía Nacional de España.

La policía española amplió luego la información a través de su cuenta oficial de Twitter:

Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional".

Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público", añadió la institución.

Por su parte, el fiscal Gertz detalló que la orden de detención, expedida por un juez mexicano, fue ejecutada con el apoyo de Interpol y de la policía española, y tiene como objetivo su extradición a México.

En este momento lo que va a ocurrir es que ya queda sujeto ya al proceso de extradición (...) Ahora vamos a comenzar el litigio específicamente para traerlo a México" dijo Gertz.

Excélsior
Ciudad de México
Jueves 13 de febrero de 2020.



Pesquisas de las autoridades mexicanas apuntan a que el exdirector de Pemex adquirió con dinero de sobornos un inmueble en el lujoso barrio de Las Lomas

Una clave de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en México está en una casa en la zona residencial de Las Lomas. La edificación, de 1.165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht. En esa vivienda, además, se negociaron las condiciones en las que se asignó un contrato millonario a la compañía brasileña en la refinería de Tula (Hidalgo), de acuerdo al testimonio de Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quien confesó que la obra se obtuvo mediante coimas.

La casa de las Lomas era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam.

Las pesquisas oficiales, a las que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), siguieron la ruta del dinero pagado por Odebrecht y se toparon con dos transferencias realizadas a México el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza de la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana fueron identificados por las autoridades como los beneficiarios.

El monto transferido aquel día fue de 2,58 millones de francos suizos que, al tipo de cambio de entonces, equivale a 38 millones de pesos (2,9 millones de dólares). Esa es justo la cantidad que Lozoya pactó con la señora Ampudia Cárdenas para adquirir su vivienda.

Las autoridades identificaron que el mayor de los traspasos desde Suiza fue depositado a la cuenta 00101419489 en Intercam Casa de Bolsa, que se atribuye a la señora Ampudia.

Uno de los pagos refería como domicilio del beneficiario la calle Ladera número 20, en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares. Esta era la casa que ocupaba el directivo de Intercam y su esposa, que fue vendida a Lozoya.

Ante los indicios de que la residencia fue adquirida con dinero de sobornos de Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó este lunes (27 de mayo de 2019) congelar las cuentas bancarias de Lozoya, su hermana Gilda Susana y la señora Ampudia.

El inmueble se ubica en un condominio habitacional denominado Residencial La Retama, que forma parte de Lomas de Bezares, entre Bosques de las Lomas y Santa Fe, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.

En diciembre de 2016, Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México dijo varias veces a las autoridades de justicia brasileña que se había reunido con Lozoya en su casa de Santa Fe para negociar sobornos a cambio del contrato de la refinería de Tula. En realidad, la vivienda está en la zona de Las Lomas, sobre Prolongación Paseo de la Reforma, cerca de Santa Fe.

Las reuniones que se efectuaron en esa casa, según Weyll, tenían que ver con el pago de otros seis millones de dólares en sobornos a cambio de contratos en la planta del Estado de Hidalgo.

En total, el exdirectivo de Odebrecht confesó que pagó diez millones de dólares a Lozoya. Cuatro en 2012 y seis más entre 2013 y 2014. Lozoya siempre ha negado estas acusaciones.

Vínculos en las Islas Vírgenes

Estas nuevas investigaciones, realizadas en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya han detectado un vínculo entre Emilio Lozoya y una empresa afincada en las Islas Vírgenes Británicas a la que el departamento de sobornos de Odebrecht transfirió 3,1 millones de dólares en 2012, equivalentes a 40 millones de pesos al tipo de cambio de aquel año.

Una hermana del exdirector de Pemex era la beneficiaria de esa cuenta, según han encontrado las autoridades. Por ello también han ordenado el congelamiento de sus activos.

En un testimonio rendido el 16 de diciembre de 2016 ante las autoridades de justicia de Brasil, Luis Weyll aseguró que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya. En ese encuentro acordó con el entonces coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto el pago de cuatro millones de dólares en retribución por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, donde Odebrecht asentó su base de operaciones y donde tiene su principal negocio, la planta de Etileno XXI, de su subsidiaria Braskem.

Según el delator, Lozoya le solicitó que los depósitos los hicieran en una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie a nombre de la empresa Latin America Asia Capital Holding.

MCCI corroboró que la mencionada empresa de papel o de gaveta fue creada el 10 de septiembre de 2008 en la diminuta ciudad de Road Town, de la isla Tórtola, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas, en el Océano Atlántico, uno de los más opacos paraísos fiscales del mundo.

MCCI ha encontrado nuevos registros que establecen que la empresa se creó en el despacho de TMF Services, perteneciente a TMF Group, una firma multinacional de servicios fiscales y legales especializada en crear empresas offshore.

En su momento, TMF Group tuvo como uno de sus principales competidores al despacho panameño Mossack Fonseca, que administró activos de políticos y personalidades de todo el mundo y cuyos archivos filtrados dieron lugar en 2016 al escándalo conocido como Panama Papers.

Luis Weyll liga a Emilio Lozoya y a su hermana con una empresa offshore que recibió 3.1 millones de dólares en siete depósitos

Mediante peticiones de colaboración, las autoridades mexicanas han identificado que TMF Group era el administrador de la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, que los delatores de Odebrecht atribuían a Emilio Lozoya, pero que las investigaciones apuntan a que la beneficiaria de la misma es Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex.

Las autoridades también tuvieron acceso a estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua y confirmaron la información revelada por MCCI el 14 de agosto de 2017, acerca de cómo fluyó el dinero del departamento de sobornos de Odebrecht en plena campaña presidencial de 2012 a favor de la empresa ligada a Lozoya.

El dinero fue enviado al banco Gonet & Cie de Suiza desde la cuenta 244006 del Meinl Bank de Antigua, que estaba a nombre de la compañía fachada Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), la cual era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos.

Una primera transferencia a la cuenta de Latin America Asia Capital, por 250.000 dólares, se realizó el 20 de abril de 2012, a tres semanas de haber iniciado la campaña presidencial en México, según los estados de cuenta obtenidos desde 2017 por MCCI y de los que ahora han obtenido copia las autoridades mexicanas.

El 25 y 27 de abril de 2012 hubo otros dos depósitos por un millón de dólares. El 23 de mayo, se transfirieron 500.000 dólares y el 31 de ese mes otros 490.000 dólares. En junio, hubo dos depósitos. Uno el día 8 por 510.000 dólares y el día 18 por 400.000 dólares. En suma, las transferencias a la empresa que el testimonio de Luis Weyll liga a Emilio Lozoya, y donde las autoridades mexicanas ubican a su hermana, sumaron 3.150.000 dólares, en siete depósitos.

Una nueva cuenta identificada

No existieron más transferencias en favor de Latin America Asia Capital Holding porque la cuenta fue cancelada en noviembre de 2012.

Las pesquisas del Gobierno de López Obrador han identificado que los fondos del banco suizo Gonet & Cie fueron transferidos a una nueva cuenta, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, la cual también fue creada en el despacho TMF de la isla de Tórtola, según consta en un documento gestionado por MCCI.

Las autoridades han encontrado en su rastreo financiero que los beneficiarios de esta empresa eran Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana, y como administrador, el despacho TMF.

En el análisis de movimientos de la cuenta 0240880974, se identificaron dos traspasos de Suiza a México el 1 de diciembre de 2012, el día en que Peña Nieto tomó protesta como presidente de México.

Una transferencia fue por 1.500.000 francos suizos a una cuenta de Intercam Casa de Bolsa. Otro pago fue por 1.080.000 francos. Al tipo de cambio de aquel entonces, el monto de las dos transferencias, 2.580.000 francos, coincide con el precio acordado por la residencia de Lomas de Bezares (alrededor de 38 millones de pesos).

El mismo día se identificó un traspaso por 39.000 dólares de la cuenta de Tochos Holding al despacho de servicios legales Plan B Asesoría y Estrategia, del que ha sido representante Andrés Constantin Antonius González, que en 2012 colaboró como coordinador de estrategia en el equipo de transición de Peña Nieto.

Consultado por MCCI este martes (28 de mayo 2019) vía telefónica, Antonius reconoció que existe el despacho Plan B, pero dijo no recordar haber hecho una operación en esa fecha y dijo que él nunca brindó servicio alguno a Emilio Lozoya. Sin embargo, pidió tiempo para revisar la eventualidad de que, sin su conocimiento, alguien de su despacho haya realizado la operación.

En su primera declaración patrimonial, a inicios del sexenio de Peña Nieto, Lozoya reportó que el 14 de noviembre de 2012 había adquirido de contado, al precio de 38.175.000 pesos, una casa con una superficie de 1.165 metros cuadrados. En el reporte que hizo público, no reveló la ubicación del inmueble ni el folio real con el que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

MCCI obtuvo copia del contrato de compraventa, el cual se formalizó ante el notario Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, hermano de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El precio coincide con el de la declaración patrimonial.

La vivienda ubicada en el conjunto La Retama había sido vendida dos años y cuatro meses antes, en julio de 2010, en 2.950.000 dólares.

Las medidas de congelamiento de activos a Lozoya, anunciadas el lunes, se sumaron a la inhabilitación por 10 años determinada por la Secretaría de la Función Pública el 22 de mayo por el ocultamiento de cuentas como las que las autoridades han descubierto en Suiza. (Miércoles 29 Mayo 2019)

El País
Raúl Olmos
Mexicanos contra la
corrupcion e impuidad
Ciudad de México /Madrid.
Miércoles 12 de febrero de 2020.

¡CAE LOZOYA!

12 Feb 2020


Detenido en España el exdirector de Pemex Emilio Lozoya

El ex directivo, arrestado en Málaga, es uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht

Emilio Lozoya, director de la petrolera estatal mexicana Pemex durante la Administración de Enrique Peña Nieto y uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ha sido detenido este miércoles a primera hora de la mañana en Málaga, según han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales españolas. El arresto se produjo en una urbanización de lujo de la capital de la Costa del Sol en la que, según señalan estas fuentes, el antiguo directivo de la petrolera residía en una vivienda de la que prácticamente no salía. La detención, efectuada por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos, se produjo en una de esas salidas. Fuentes policiales señalan que no opuso resistencia.

La detención del ex directivo de Pemex se produce a petición de la Fiscalía mexicana, que el pasado mes de mayo lanzó una orden de detención internacional contra él. Lozoya está acusado de fraude a gran escala, corrupción y soborno durante los años 2012 y 2013. Según la documentación remitida a España, el antiguo director de la petrolera presuntamente adjudicó contratos públicos a cambio de sobornos. Las autoridades cifran el fraude en 280 millones de dólares (257 millones de euros). Lozoya ya había sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país.

La detención de Lozoya es un golpe al corazón de la anterior Administración mexicana, presidida por Peña Nieto, de quien Lozoya era uno de sus hombres de confianza. El exdirector de Pemex era una persona muy próxima al último canciller de Peña Nieto, Luis Videgaray, y fue considerado uno de los chicos de oro del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El caso de Lozoya es distinto en un sexenio golpeado por numerosos casos de corrupción, en la medida en que supuso que el escándalo de Odebrecht se comenzaba a abrir paso en México, que no se había visto afectado hasta entonces por el vendaval que ha sacudido a otros países de América Latina. En el caso del exdirector de Pemex, tres ex directivos de la constructora brasileña aseguraron que Lozoya recibió más de 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 para ayudar en la firma de contratos.

Las delaciones corresponden a funcionarios de la constructora —Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva— que accedieron a colaborar con la justicia para obtener beneficios en sus penas. Una reconstrucción realizada por la justicia brasileña a partir de los testimonios jurados de los tres inculpados y de decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…—  ha constatado que el nombre de Lozoya aparece vinculado a diversas operaciones.

Los documentos y testimonios apuntaban que Lozoya solicitó y recibió 4,1 millones de dólares entre abril y noviembre de 2012, es decir, durante y después de la campaña electoral de las presidenciales mexicanas de ese año. Según se desprende del material, los responsables de Odebrecht aseguran que ese pago era una manera de asegurarse el favor de alguien que por aquel entonces se consolidaba por su cercanía al expresidente Peña Nieto. Lozoya participó en el área internacional de la campaña del candidato priísta. Lozoya aseguró en repetidas ocasiones que no había evidencias en su contra. “Niego categóricamente mi participación en estos hechos”, insistió después de conocerse las acusaciones de soborno.

El paradero de Lozoya era un misterio, circunstancia que comenzaba a salpicar al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien le han llovido críticas por no haber hecho nada para avanzar en las investigaciones contra Lozoya. “Si están prófugos, van las autoridades competentes a procurar detenerlos, esa es una función de la Fiscalía General”, afirmó el pasado año López Obrador. "Yo no tengo problema de conciencia ni en este ni en otros casos porque no protejo a nadie. Cuando se trata de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger; ya lo he dicho, no tengo compromisos, al contrario. Nosotros no permitimos la corrupción, ni la impunidad, que nosotros no vamos a ser tapadera de nadie y que no se van a autorizar negocios ilícitos desde la presidencia de la república”, añadió durante una de sus conferencias matutinas, en las que se defendió de las críticas: “Lo que no se puede decir es que no los detienen porque nosotros los protegemos, ¡Eso no, eso es una vil mentira! Si se llegara a pensar sobre él que existe la misma impunidad de siempre. No, son otros asuntos y no vamos a permitir la impunidad en ninguno de los casos”.

El País
Javier Lafuente
Oscar López-Fonseca
Madrid / Ciudad de México
Miércoles 12 de febrero de 2020.


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aseguró que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), desvió 83 millones de pesos, con fines electorales, mediante el esquema de triangulación de recursos a través de una universidad.

Durante su participación en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Santiago Nieto sostuvo que en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto fue una constante la utilización de empresas fantasma para el desvío de recursos públicos.

“Es que es el mismo esquema que se encuentra en la estafa maestra es el mismo esquema que se encontró en Pemex, y a partir de ahí se hacen transferencias internacionales”, puntualizó.

Añadió: “Lo que encontramos durante la administración anterior fue la generación de empresas fachada; esas empresas fachada eran constituidas, se convertían en elementos absolutamente contrarios al interés del empresariado mexicano, en razón de que competían ilícitamente contra los empresarios, porque ganaban los contratos, y estas empresas, tres o cuatro veces después de haber ganado millones de pesos en contratos, desaparecían”.

El extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) dijo que en todos los casos el dinero fue trasladado a cuentas particulares y muchas veces sacado del país.

“Creo que este es uno de los temas centrales del combate a la corrupción: identificar las tipologías y generar los mecanismos para eliminar a las empresas fachada y las factureras”.

Al rendir un breve informe de labores, el funcionario federal aseguró que durante 2019 se presentaron 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Los montos –y creo que esto es lo importante– en moneda nacional son más de 317 mil millones en depósitos, y en retiros 286 mil millones de pesos”, explicó.

Asimismo, comentó que el número de sujetos bloqueados también ha aumentado, siendo que en 2019 sumaron un total de mil 371 personas por corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico ilegal de migrantes.

“El número de cuentas bloqueadas da un total de más de 12 mil durante 2019. En montos económicos da un total de 4 mil 554 millones de pesos actualmente bloqueados, y 52 millones de dólares”, finalizó.

Proceso
Neldy San Martín
Ciudad de México
Domingo 2 de febrero de 2020.


Próxima audiencia fue programada para el 2 de abril


El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció este martes en un juzgado de Brooklyn, Nueva York.

Al salir de la audiencia, el abogado de oficio de Genaro García Luna, César de Castro, aseguró que no están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello.

Agregó que al exfuncionario del expresidente Felipe Calderón le cortaron el acceso al sistema financiero mexicano y por eso no ha podido contratar abogado.

El abogado de oficio señaló que, en Texas, García Luna estuvo en aislamiento y ha tenido muy poco o ningún contacto con la familia.

El juez Brian Cogan fijó nueva audiencia para el 2 de abril.

En tanto, que los fiscales dijeron que tienen toneladas de evidencia contra Genaro García Luna.

Tanto la defensa como la fiscalía pretenden que el caso sea considerado como "complejo", lo que permitiría que entre la audiencia de este lunes y la siguiente transcurrieran 60 días.

Sin embargo Cogan solo aprobó 30 días para que se presenten registro financieros, de propiedad y de la forma en que el exfuncionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en Dallas, Texas. Su primera audiencia fue el pasado 3 de enero para enfrentar los cargos en la corte federal de Brooklyn, donde la jueza Peggy Kuo le denegó dejarlo en libertad bajo fianza.

El gobierno de Estados Unidos acusa al exfuncionario de aceptar millones de dólares en sobornos. Según la acusación, entre 2001 y 2012 aceptó dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Entre 2001 y el 2005, García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox).

De 2006 a 2012 ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en la administración de Calderón. Según la acusación, entre 2001 y 2012 recibió ese dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa.

Notimex
El Universal
Nueva York, EUA.
Martes 21 de enero 2020.


Genaro García Luna ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, tiene cargos por conspiración de tráfico de cocaína, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU, según el Departamento de Justicia.

El exfuncionario mexicano fue señalado de recibir sobornos millonarios del narcotráfico, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.


Las autoridades estadounidenses detuvieron el lunes a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, por presuntos vínculos con el narcotráfico y haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa entre 2006 y 2012.

El Departamento de Justicia informó que presentó tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína contra García Luna, así como falsedad de declaraciones ante la justicia de EE.UU., según un comunicado emitido por la fiscalía de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

"A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer por agentes federales en Dallas, Texas, y el Gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos", explica el texto.

Richard P. Donoghue, fiscal de los EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, dijo que el arresto demuestra la determinación de "llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir un daño devastador en los EE.UU. y México, independientemente de las posiciones que sostuvieron mientras cometían sus crímenes".

De acuerdo a la Fiscalía, en dos ocasiones "el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Además, según los registros financieros obtenidos por las autoridades, cuando García Luna se mudó a los EE.UU., en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares".

De ser hallado culpable por los delitos que se le imputan, García Luna podría alcanzar una condena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, según el Departamento de Justicia.

La reacción de Calderón

Tras enterarse de la detención, el expresidente Felipe Calderón señaló que su postura "será siempre en favor de la justicia y la ley".

"Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que, en su caso, se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley", dijo en un tuit.

García Luna fue el principal encargado de desarrollar la estrategia de la llamada "guerra contra el narcotráfico", que decretó el expresidente Calderón a partir de diciembre de 2006, que provocó un aumento significativo de la violencia en ese país.

Un negro historial

Los vínculos entre García Luna y el narcotráfico fueron documentados por la periodistaAnabel Hernández en su libro 'Los señores del narco', además de orquestar una conspiración en su contra para asesinarla por develar dicha información.

"A finales de 2010, una persona que trabajaba cerca del círculo del jefe policiaco me informó que había un plan para asesinarme. Esa advertencia fue precedida por varios atentados contra mi familia, fuentes de información, contra mí, contra mi casa. Un infierno. Hace pocos meses un funcionario del gobierno americano me dijo que ellos habían confirmado que García Luna y su gente habían hechoun complot para matarme", escribió Hernández en su más reciente libro, 'El traidor'.

Durante el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, un testigo de la fiscalía, Jesús 'el Rey' Zambada, quien era el contador del Cártel de Sinaloa, aseguró que la organización criminal creó un fondo de 50 millones de dólares para Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón.

El 'Rey' Zambada informó también que, en 2005, le entregó personalmente a García Luna tres millones de dólares en un maletín cuando el funcionario estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

A lo largo de su gestión al frente de la política de seguridad mexicana, el exfuncionario fue señalado de crear un montaje televisivo durante la detención de la francesa Florence Cassez, que detonó una crisis diplomática entre México y Francia durante el sexenio de Calderón.

En octubre de 2019, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, admitió que la administración del expresidente Felipe Calderón lo presionó durante la resolución judicial que decretó la liberación de Cassez, quien fue acusada de narcotráfico con pruebas manipuladas por la secretaría encabezada por García Luna.

Tras dejar su cargo, al término del mandato de Calderón, García Luna se fue a vivir a un millonario complejo habitacional en Miami, Florida, en una casa propiedad del empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg,quien obtuvo millonarios contratos con el Gobierno mexicano en la venta de equipo de seguridad durante la gestión de García Luna.

RT
AFP
Alfredo Estrella
Washington, EU
Martes 10 de diciembre de 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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