Moreno Valle y “El Cachetes” caso emblemático de complicidad PRI y PAN para saquear a Pemex.


En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña, uno de los principales capos de la ordeña de gasolina en Puebla pactó con la PGR -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- declararse culpable por un decomiso de armas y nunca fue acusado de robo de combustible.

Othón Muñoz Bravo, alias "El Cachetes", empresario poblano a quien se le vinculó con la venta de huachicola, negoció con la PGR una sentencia de sólo 3 años con 10 meses de prisión, una multa de 6 mil 416 pesos y los beneficios legales para no pisar la cárcel.

En agosto de 2017, en un operativo especial de la Marina se logró decomisar dos rifles AR15, un cuerno de chivo AK47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, mariguana y cristal. Además, dos gasolineras le fueron clausuradas.

"Gracias a la coordinación entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible", celebró en aquella ocasión el entonces Gobernador de Puebla, el panista José Antonio Gali Fayad.

"El Cachetes" tuvo vínculos con dirigentes del blanquiazul en Puebla como el propio ex Gobernador Rafael Moreno Valle y con jueces como el Magistrado Carlos Loranca Muñoz, quien fue destituido meses después.

Tras su captura y luego de algunos meses de estar encarcelado, Othón Muñoz Bravo se acercó en agosto pasado a la PGR, en ese entonces bajo la responsabilidad de Alberto Elías Beltrán, para negociar un procedimiento abreviado en el cual ofreció declararse culpable por las armas que le aseguraron en su casa a cambio de una pena mínima.

Dicha terminación anticipada del proceso está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Conforme a la reducción de sanciones solicitada por el Ministerio Público de la Federación, se imponen a Othón Muñoz Bravo las penas de 3 años 10 meses de prisión y multa de 85 Unidades de Medida y Actualización, equivalente esta última a 6 mil 416.65 pesos", señala la sentencia dictada el pasado 8 de agosto.

La dependencia federal aceptó entonces que un juez de control federal de Puebla sentenciara al empresario gasolinero por portación y posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército.

Información del Poder Judicial de la Federación indica que "El Cachetes" se acogió al beneficio de la condena condicional, prevista para delitos que no tienen contemplada la prisión preventiva oficiosa, con penas menores a 5 años y sentenciados con buena conducta.

El día de su captura las autoridades señalaron a "El Cachetes" por presuntos vínculos con Antonio Martínez Fuentes "El Toñín", líder de una banda dedicada al robo de combustible en el Triángulo Rojo, ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México.

Pero a pesar de las múltiples menciones, hasta donde se tiene conocimiento, "El Cachetes" nunca fue imputado penalmente de robo de hidrocarburos.

De hecho, tras solicitar el cambio de medida cautelar, el 30 de octubre de 2017 obtuvo la libertad provisional, con la obligación de acudir a firmar cada 15 días al juzgado y cubrir una garantía de 1 millón de pesos.

Un huachicolero de peso

Othón Muñoz Bravo es vinculado con los huachicoleros que operan en Puebla, mediante la red de gasolineras que opera en la entidad.

Pese a ello, al menos cuatro gasolineras de su propiedad fueron regularizadas en el Municipio de Puebla y hoy operan con la marca MaxFuel, tras la cancelación de las antiguas marcas, aunque sigue recibiendo combustible de Pemex.

En enero del 2018, tras la revelación de una fotografía en la que Muñoz aparecía en un convivio con Javier Lozano y el magistrado federal Carlos Loranca Muñoz, este último fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Aunque legisladores urgieron a investigar al entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y reabrir la indagatoria contra "El Cachetes", el tema quedó archivado.

El año pasado, "El Cachetes" reapareció en una reunión privada convocada por Mario Marín para respaldar las aspiraciones de los candidatos priistas a diputados federales: Ramón Fernández, por el distrito 11 en Puebla y Ricardo Urzúa, por el distrito de Huauchinango.

En marzo de 2018, el Cártel Jalisco Nueva Generación supuestamente dejó varias mantas amenazantes en contra de "El Cachetes".

"El CJNG respeta al Gobierno, nosotros no ponemos mantas en contra de ustedes vamos por ti Otton alias El Cachetes y Bukanas, dejen de poner mantas (sic)", decía las dos mantas que fueron colocadas en zonas distintas de Puebla.

Reforma
Abel Barajas
Benito Jiménez
Ciudad de México
Viernes 1 de marzo de 2019.


Puebla: Es uno de los estados más pobres del país y uno en los que más se germinó una cultura alrededor del huachicol.

Hasta Vicente Fox Quesada, las cifras del robo de combustible en México eran modestas; con Felipe Calderón se dio el salto en los índices y con Enrique Peña Nieto se llegó a cifras récord. Esta actividad se convirtió en una de las más importantes para los nueve estados donde más creció e impregnó en la economía, la cultura y la violencia.

Ciudad de México.- Son nueve los estados del país que vieron en la extracción ilegal de combustible una actividad económica viable. Durante 12 años, en que la incidencia de ese robo incrementó exponencialmente, la pobreza también lo hizo. Hoy esas entidades concentran el 50.2 por ciento de las personas en condiciones de pobreza de todo México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en diversas ocasiones que en los municipios del Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas y Sinaloa, se optó por el robo de combustible por las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y de olvido gubernamental.

De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), esas nueve entidades tienen 26 millones 851 mil personas en condiciones de pobreza, lo que representa el 50.2 por ciento del nivel nacional.

El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo informó que dentro de las principales actividades que el Gobierno de México implementará en esta estrategia contra el huachicol estará el reforzamiento de los programas sociales en todos los municipios y poblaciones aledañas a los ductos.

El Presidente dijo al respecto que la población que se dedica a eso lo hizo porque fueron abandonados por completo y eso los indujo a tomar el camino de la ilegalidad, “ahora vamos a aplicar un plan integral, todos van a tener trabajo, todos los jóvenes van a ser contratados, van a estar de aprendices en actividades productivas, tanto en el campo como en la ciudad”.

“Estoy seguro que vamos a contar con la gente, como ya estamos contando con la gente, también en esos lugares. Porque la gente se está replegando, están llegando los que se dedican a estos ilícitos, los traviesos a decirles: ‘A ver, aprovecha, trae tu cubeta. Aquí vas a tener combustible para vender’. Y ya la gente no les está haciendo caso, no los está protegiendo. Y vamos a lograr pronto que se tenga una forma justa de vivir, ese es el propósito principal”, agregó en conferencia de prensa.

Los datos del Coneval indican que de estos nueve estados, los tres con mayor número de pobres son Estado de México, Veracruz y Puebla.

El Presidente enlistó tres programas sociales que se reforzarán en los puntos detectados, sobre todo en los 30 municipios por donde cruza el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, con el objetivo, dijo, de que sus habitantes tengan alternativas de desarrollo.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha insistido en el tema de las políticas públicas. En un documento titulado “Hacia un desarrollo con inclusión social” señalan que “la exclusión, la violencia, la pobreza y la marginación son solo algunas de esas consecuencias, que dan paso a un deterioro social y económico extendido y persistente: intolerancia y rechazo a mujeres o grupos minoritarios en temas de escolaridad o trabajo, desigualdad de oportunidades para las personas con discapacidades o en edad avanzada, estigmatización y falta de respeto a los derechos de las personas por razones de diversidad sexual, y más”.

Los Estados del Huachicol

Estado de México: Los números de extracción ilícita de gasolina incrementaron durante la administración de Eruviel Ávila Villegas. En la entidad el 47.9 por ciento de la población es pobre, es decir, 8 millones 230 mil personas.

La cantidad de personas que no tienen seguridad social es incluso mayor a las que son consideradas pobres: 9 millones 535 mil personas. Y también es mayor la cifra de las personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar: 9 millones 874 mil.

Veracruz: En la entidad, 5 millones 049 mil personas viven en condiciones de pobreza, mil 370 en pobreza extrema. En cuanto a sus carencias, Veracruz tiene a 2 millones 087 mil con rezago educativo, a 1 millón 422 mil con carencias en la calidad y espacios de vivienda y a 1 millón 578 mil sin acceso a los servicios de salud.

Puebla: Es uno de los estados más pobres del país y uno en los que más se germinó una cultura alrededor del huachicol. Ahí el 59 por ciento de la población es pobre, es decir, 3 millones 728 mil personas.

4 millones 340 mil poblanos no tienen acceso a la seguridad social, 1 millón 260 mil tienen carencias alimentarias y 4 millones 117 mil, un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Jalisco: Este estado tiene el porcentaje más bajo de pobreza de la lista de nueve: 31.8 por ciento, o sea, 2 millones 560 mil habitantes en esa condición. Sobre sus carencias, en Jalisco hay 1 millón 313 mil con rezago educativo, 3 millones 952 mil sin seguridad social y 1 millón 239 mil con carencia de acceso a la alimentación.

Guanajuato: Esta es otra de las entidades donde el huachicol alcanzó grandes niveles y lo hizo en una población donde el 42.4 por ciento es pobre (2 millones 489 mil personas).

La carencia más marcada en esta entidad es la de acceso a la seguridad social, ya que 3 millones 203 mil no la tienen y le sigue la de acceso a la alimentación con 1 millón 162 mil. Cerca de 2 millones 971 mil reportaron a Coneval un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Hidalgo: Este estado tiene al 50.6 por ciento de su población en pobreza. No tiene problemas mayores por carencias sino en ingresos: 1 millón 614 mil viven con lo mínimo indispensable y no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria.

Tabasco: Al igual que Hidalgo, Tabasco tiene a la mitad de su población en pobreza, es decir, al 50.9 por ciento: 1 millón 618 mil no tiene acceso a seguridad social, 1 millón 178 mil no tienen los servicios básicos en su vivienda y 1 millón 093 mil tienen carencia alimentaria.

Tamaulipas: Aunque el porcentaje de pobreza disminuye en esta entidad a 32.2 por ciento, con 1 millón 156 mil personas en esta condición, Tamaulipas enfrenta rezagos en el acceso a la seguridad social y al ingreso mínimo.

Sinaloa: Esta sería la entidad menos pobre de la lista de estados que crecieron en tomas clandestinas. Solo 929 mil personas son consideradas pobres de acuerdo a la medición del Coneval.

SinEmbargo
Daniela Barragán
Ciudad de México
Jueves 17 de enero 2019.


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que al momento se han detectado 24 cuentas bancarias más que podrían se congeladas por presentar irregularidades vinculadas al blanqueo de recursos del huachicol


Ciudad de México.- En todos los estados del país se ha detectado lavado de dinero por el robo de combustible, pero son 7 estados los que concentran 8 de los 10 mil millones de pesos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó del blanqueo de recursos provenientes del huachicol.

Encontramos casi 10 mil millones de pesos relacionados con los reportes de operaciones inusuales y relevantes de los bancos en todas las entidades; hay unas con mayor incidencia.

Ciudad de México con mil 204 millones de pesos; Estado de México con 2 mil 426; Michoacán, mil 125; Guanajuato, mil 176; Puebla, mil 654 y Querétaro 993 millones de pesos, siendo con Hidalgo, los estados con mayor presencia de actividades”, detalló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia financiera de SHCP, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Nieto detalló que la hipótesis para la investigación se basó en la necesidad de verificar las ventas de las gasolineras y las compras a Pemex o importación.

En un primer barrido, de esas 50 localizamos 32 donde el monto de las ventas era mayor a la compra; ese diferencial entre ventas y compras es la gasolina robada”, indicó.

Lavan de Pemex $10,000 millones; eran recursos del huachicol

Santiago Nieto comentó que esta medida ha permitido que se presenten una serie de denuncias ante la Fiscalía General, sustentadas por el SAT, la Unidad de Inteligencia y Pemex, para generar las acciones legales contra 15 personas de manera directa. Agregó que además de estos 15 casos, se han detectado 24, cifra que puede aumentar si los bancos detectan más movimiento irregularidades.

Huachicoleros pagaban joyas, autos y obras de arte en efectivo

Santiago Nieto agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de revisar la información que proporcionan diversas instancias, con lo que se concluyó que, en uno de los casos, un exalcalde tenía gasolineras y vínculos con un empresario, que transferían recursos al extranjero y que, en muchos casos, pagaron en efectivo joyas, autos de lujo y obras e arte.

Esto implicaba que eran recursos de procedencia ilícita que se incorporaba a través de estas transacciones. La legislación permite el control de las cuentas, la presentación de la denuncia y la solicitud del aseguramiento para continuar el proceso penal”, indicó.

Excélsior
Ciudad de México
Martes 15 de enero de 2019.


La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) no sólo tienen bajo investigación al general brigadier Eduardo León Trauwitz, sino que ya le fueron congeladas sus cuentas bancarias, de acuerdo con información publicada por el semanario Proceso en su edición que empezó a circular este domingo.

León Trauwitz es hasta ahora el primer exfuncionario de alto nivel sujeto a investigación por robo de combustible.

En las carpetas de investigación de la PGR, derivadas de las acciones en Pemex, se consignan testimonios de funcionarios de la paraestatal que, en calidad de testigos, le atribuyen al general responsabilidad en el robo de combustible.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investiga a 30 distribuidoras de gasolina presuntamente implicadas en la venta de combustible obtenido ilegalmente.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que llevaron ante la PGR cinco casos relacionados con el robo de hidrocarburos, que incluyen a un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local y un exalcalde.

También se detalló que se han realizado bloqueos de cuenta a 15 personas y a 24 relacionadas.

León Trauwitz fue un hombre poderoso protegido por Peña Nieto, a quien había servido como escolta desde el Estado de México. Éste no le dio la jefatura del Estado Mayor Presidencial (EMP), pero a cambio, además de un ascenso a destiempo, lo colocó en una posición de seguridad nacional en la que llegó a manejar 5 mil millones de pesos y 2 mil 500 efectivos del Ejército, además de cientos de agentes civiles. Pese a esos cuantiosos recursos, el robo de combustibles se incrementó el sexenio pasado.

Peor aún, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, que estuvo al mando de León Trauwitz, al final de la administración pasada presentó a la empresa petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. Además, en el libro blanco sobre la “estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina que estuvo a cargo del general también aseguró que el incremento registrado entre los años 2016 y 2017 “estaba proyectado” para, a partir de entonces, empezar a decrecer.

En diciembre, desde que anunció el inicio del combate al robo de combustibles –y pese a su insistencia en que el delito se comete con la participación de personal de la propia empresa–, y hasta principios de la semana pasada, López Obrador sólo había afirmado que se investigaba a tres funcionarios de la paraestatal.

Pero el martes 8, en su conferencia matutina y a pregunta expresa, mencionó a León Trauwitz: “Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya nada definitivo”. Sin abundar, el presidente también dijo: “Sí existe el general, pero no se sabía nada. Ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de Pemex”.

Proceso
Álvaro Delgado
Ciudad de México
Lunes 14 de enero de 2019.


Ciudad de México.- El Senado "pospuso" la ratificación del ascenso a general de división de José Luis Sánchez León, lo cual es un hecho sin antecedente reciente, en la relación del poder Legislativo con las fuerzas armadas.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Félix Salgado Macedonio, sometió a la aprobación del órgano legislativo 186 de los 187 nombramientos firmados por el Ejecutivo, de ascensos en el Ejército y la Fuerza Aérea.

La omisión de uno de los nombramientos, el de José Luis Sánchez León, lo explicó Salgado Macedonio, tiene el propósito de solicitar mayor información de la trayectoria del militar.

Sánchez León, en agosto pasado asumió el mando de la VI Región Militar, y está relacionado con los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, en 2014.

La ratificación de ascensos del Ejército y Fuerza Aérea aprobados esta mañana en la Comisión de Defensa Nacional, será presentada al pleno del Senado en su sesión de este jueves y ello permitirá que los 186 nombramientos aprobados surtan efecto el próximo 20 de noviembre, como es tradición en las Fuerzas Armadas.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 14 noviembre 2018.


El abogado del capo agregó que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es su co-acusado Ismael "Mayo" Zambada, quien está prófugo

El Cártel de Sinaloa habría hecho sobornos millonarios al presidente Enrique Peña Nieto y a su antecesor, Felipe Calderón, aseguró este martes Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín "Chapo" Guzmán, ante el jurado en el juicio contra el narcotraficante.

Lichtman agregó que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es su co-acusado Ismael "Mayo" Zambada, quien está prófugo, y que ha pagado "al actual y al anterior presidente de México (...) millones de dólares en sobornos".

La estrategia de la defensa es poner a "El Chapo" como un rango medio del cártel bajo el mando de "El Mayo" Zambada, y tratar de describirlo como una "figura mitológica" que el gobierno de México usó como "chivo expiatorio" en el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

El Universal
Ciudad de México
Martes 13 noviembre 2018.

 
Ciudad de México. - Desde hace 83 años, la Residencia Oficial de Los Pinos ha sido el hogar del Presidente de México; sin embargo, hoy vive sus últimos días como residencia oficial para transformarse, según anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en un museo que se integrará al Bosque de Chapultepec.

En tanto ocurre, la mudanza del actual inquilino, el presidente Enrique Peña Nieto, y su familia ha iniciado de manera paulatina, y será definitiva a más tardar el próximo 30 de noviembre.

De acuerdo con funcionarios consultados, la familia del mandatario mexicano, su esposa y los seis hijos, ya no habitan el lugar, pues se han traslado a su nueva morada junto con todo el menaje de casa; la mudanza se ha hecho a distintas horas del día, principalmente por las noches.

El Presidente sigue habitando Los Pinos, aunque los fines de semana se traslada a su residencia ubicada en el Country Club Gran Reserva Golf de Ixtapan de la Sal, en su natal Estado de México.

Su labor como titular del Poder Ejecutivo la sigue cumpliendo en la casa Lázaro Cárdenas del complejo habitacional, donde se encuentra su despacho y las principales áreas de trabajo, salones de eventos, o en Palacio Nacional para reuniones oficiales.

Al sexenio le quedan los días de noviembre, tiempo en el que el mandatario permanecerá en Los Pinos, de donde partirá el 1 de diciembre rumbo a la Cámara de Diputados a hacer entrega de la banda presidencial, como parte de la ceremonia de cambio de poderes, y de ahí irá a un lugar que aún no está definido.

En las próximas semanas seguirá el acomodo de artículos personales, como fotografías, libros y obsequios que serán llevados a su casa particular.

Las últimas horas

El 30 de noviembre próximo será el último día de Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo federal. De acuerdo con la agenda oficial prevista, ese día amanecerá en Buenos Aires, Argentina, donde participará en dos reuniones de la Cumbre del G20, junto a los jefes de Estado de las principales economías del mundo.

Ahí mismo podría atestiguar, acompañado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, la firma del T-MEC —el sustituto del TLCAN— que harán los ministros de los países de América del Norte.

El regreso del mandatario a la Ciudad de México está previsto para la tarde de ese viernes para que, en el primer minuto del 1 de diciembre, asista a la ceremonia de cambio de poderes en el Palacio Nacional, en la que hará entrega de la Bandera Nacional a Andrés Manuel López Obrador, lo que significará la transmisión del mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Peña Nieto descansará por última vez en la Residencia Oficial de Los Pinos desde donde saldrá el sábado por la mañana, aún escoltado por elementos del Estado Mayor Presidencial, rumbo a la Cámara de Diputados a la ceremonia oficial de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

Una vez concluida, Peña Nieto será acompañado por el general Roberto Miranda Moreno, hasta ese día jefe del Estado Mayor Presidencial, a su nuevo domicilio.

Personal al mínimo

Con la llegada del nuevo gobierno, la administración saliente ha debido compactar la plantilla de servidores públicos al mínimo. Así, desde finales de agosto y mediados de septiembre se realizó un primer recorte de trabajadores en distintas áreas de la Residencia Oficial. Y el 30 de octubre, un segundo recorte dejó a menos de una tercera parte, alrededor de mil 300 plazas, que llegaron a ocuparse en la administración peñista.

En Los Pinos, las principales áreas redujeron su personal 70%. Ahí operan la Jefatura de la Oficina de la Presidencia; la Coordinación de Política y Gobierno; la de Comunicación Social y la Vocería del Gobierno de la República; la Coordinación de Asesores; la Coordinación de Estrategia Digital; la Secretaría Técnica de Gabinete, la Secretaría Particular y la Jefatura del Estado Mayor Presidencial, que son el centro neurálgico de la Presidencia de la República.

Por ejemplo, en Comunicación Social sólo permanece su titular, Eduardo Sánchez, con no más de 15 colaboradores. Al finalizar el sexenio, en Los Pinos sólo quedarán empleados de base que habrán de ser reasignados a otras funciones.

Excélsior
Ciudad de México
Domingo 11 noviembre 2018.


La Policía Federal (PF) es la institución que más ha invertido, puesto que en el oficio PF/OCG/DGE/4489/2018 se detalló que en los últimos dos sexenios se ha erogado 176 millones 137 mil 923 pesos.

 
Ciudad de México.- En los últimos 12 años, la utilización de telefonía celular en 22 instituciones públicas ha costado al erario federal 912 millones 468 mil 955 pesos, publicó El Universal. En respuesta a solicitudes de información obtenidas por dicho periódico, se detalla que este gasto aumenta, debido a que en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, de 2006 a 2012, se destinaron 404 millones 745 mil pesos, mientras que en la presente administración federal este gasto ha sido, hasta agosto de este año, de 507 millones 723 mil 951 pesos.

La documentación entregada señala que la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las secretarías de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gobernación (Segob) y Defensa (Sedena), así como la Cámara de Diputados, son los organismos que más han gastado en esta prestación.

En su plan de austeridad de 50 puntos, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, propone en el apartado 42 ahorrar servicios telefónicos y de internet en las dependencias públicas.

La Policía Federal (PF) es la institución que más ha invertido, puesto que en el oficio PF/OCG/DGE/4489/2018 se detalló que en los últimos dos sexenios se ha erogado 176 millones 137 mil 923 pesos. Empero, al solicitar el nombre y cargo de las personas que tienen este apoyo, la PF respondió que la información se encuentra clasificada como reservada, debido a que se pondría en riesgo la vida y seguridad de estos servidores.

“El proporcionar el nombre de los integrantes o ex integrantes que reciben o recibieron la prestación de telefonía celular por la PF pone en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los mismos, siendo obligación de la institución protegerlos en todo momento para salvaguarda de los mismos (..) poner en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los integrantes ocasiona riesgos personales en su vida y seguridad, que pueden alcanzar hasta sus familias”.

La PGR es otra de las instituciones que más dinero ha destinado a telefonía celular, puesto que desde 2006 ha desembolsado casi 160 millones de pesos, y con base en la partida presupuestal 315-01, este año mil 173 funcionarios públicos tienen esta prestación.

El Consejo de la Judicatura Federal informa que en los últimos 12 años por el pago de telefonía celular, se ha destinado un total de 124 millones 440 mil 274 pesos de su presupuesto. El organismo judicial detalla que para este año se tienen contratadas mil 504 líneas, de las cuales 848 fueron asignadas a magistrados de Circuito, 565 a jueces de Distrito, y cinco para los consejeros de la Judicatura Federal.

Mientras que en la respuesta con folio 6440000124318, la UNAM informó que de 2006 a la fecha, ha destinado 97 millones 297 mil pesos en este rubro, y señaló que la telefonía celular no es una prestación, debido a que la institución no está obligada a proveerla, sino que es “una herramienta de apoyo a las actividades y responsabilidades de determinados usuarios y se otorga con base en lo que cada titular de entidad o dependencia considera procedente”.

La Universidad Nacional indicó que en los pagos de telefonía celular se incluyen los servicios de internet móvil y transmisión de datos que no operan directamente en un smartphone, sino en equipos especializados, módems, tablets y tarjetas BAM en USB.

En los últimos dos sexenios, la CFE informó que ha gastado 80 millones 928 mil 45 pesos en inversión de este servicio, puesto que argumentó que es “de vital importancia” que personal operativo “esté localizable las 24 horas del día y cuente con comunicación que le permita recibir mensajes y notificaciones de los sistemas de automatización del sistema eléctrico, para dar atención oportuna a la operación y eventos de la red nacional de transmisión con el fin de reducir el tiempo de afectación en caso de algún disturbio o contingencia”.

La Secretaría de Gobernación detalló que a Alfonso Navarrete Prida no se le paga el servicio de telefonía celular, pero sí se le pagó esta prestación a José Francisco Blake Mora, titular en 2011, así como a Alejandro Poiré Romero, quien fungió como secretario en 2012.

La solicitud de información 0000400149918 detalló que entre los 224 funcionarios que reciben la prestación está Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Patricia Bugarin Gutiérrez, coordinadora Nacional Antisecuestro, así como los subsecretarios Manuel Cadena Morales, Patricia Martínez Cranss, Andrés Chao Ebergenyi, Rafael Adrián Avante Juárez y José Luis Stein Velasco.

La Dirección General de Tecnologías de Información de la Cámara de Diputados, que ha gastado 27 millones 428 mil 246 pesos en telefonía celular, indicó que ningún legislador cuenta con este servicio, pero “hay personal que recibe esta prestación para atender tareas de resguardo, seguridad y operación”. En tanto que el Senado detalló que en este año se tienen asignadas 120 líneas, de las cuales 28 están asignadas a órganos de gobierno, y el resto, 92 líneas, para trabajadores de las áreas parlamentarias, técnicas y administrativas.

Durante este 2018, según la solicitud 021000048518, la Oficina de Presidencia de la República paga 85 líneas telefónicas para igual número de funcionarios, entre ellos Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, así como secretarias particulares del presidente Enrique Peña Nieto y asesores del organismo.

El Universal
Ciudad de México
Domingo 11 noviembre 2018.


Diputados revisarán Museo Internacional Barroco, Línea 2 del Metrobús, teleférico y remodelación del estadio

Con el apoyo de los diputados locales del PRI y Compromiso por Puebla, Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) aprobó la reapertura del ejercicio fiscal 2016-2017 del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
El proyecto avalado en la sesión del Congreso estatal establece solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregar la información relacionada con el ejercicio del ahora senador del PAN.

La diputada local de Morena, Vianey García Reyes, señaló: “Debe abrirse la coladera de corrupción que se vivió en el gobierno de Moreno Valle a través de las obras”. Los proyectos cuestionados que citó la legisladora son el Museo Internacional Barroco, emblemático de la administración pasada, la Línea 2 del Metrobús, la remodelación del Estadio Cuauhtémoc y el teleférico.

“Hay obras de todos los años de Rafael Moreno Valle: está el caso del teleférico que se pagó dos veces en la ciudad de Puebla, siendo una obra que no tiene razón de ser; hay que destapar toda la coladera de la corrupción”, dijo García Reyes.

La bancada morenista recordó que, en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades del ejercicio 2015, hasta por 4 mil 570 millones de pesos. A favor de Moreno Valle, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales Álvarez, refirió que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas fija que un ejercicio fiscal no puede revisarse dos veces, una vez que fue juzgado y abrió la posibilidad de que el ex mandatario interponga un amparo federal.

El Universal
Edgar Ávila
Corresponsal
Puebla, México
Martes / 11 / 2018.


Con el voto a favor de las bancadas de Morena, PT, PES, MC, PAN y PRD, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, reprobaron la Cuenta Pública 2016 de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, porque aún falta por aclarar 103 mil 377 millones de pesos en ese ejercicio.

En una sesión ordinaria, los diputados federales del PRI y del Partido Verde Ecologista votaron en contra de reprobar la Cuenta Pública del titular del Ejecutivo y argumentaron que ven tintes políticos en esta votación.

"Este documento debe tener un aspecto técnico y no político, y lo marca muy claro el artículo de la Ley General de Fiscalización. Es por ello, que dado que algunos artículos del cuerpo de dictamen tiene valoraciones políticas y no técnicas, es que el grupo parlamentario votará en contra de este dictamen, y expondremos nuestros motivos en la discusión que se lleve a cabo en el Pleno, y realizaremos por supuesto las reservas correspondientes en el Pleno una vez que se presente a discusión", explicó Fernando Galindo diputado del PRI.

De acuerdo con el dictamen que analizó la Comisión de Presupuesto, que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) y que tiene hasta este miércoles 31 de octubre para avalar o rechazarla en el pleno, se detalla que la información contenida en la Cuenta Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, se desprende que el Ejecutivo Federal ejerció ampliaciones netas por 613 mil 975.6 millones de pesos, que al 31 de diciembre del 2016, el saldo de la deuda bruta del gobiernos federal ascendió a 7 billones 447 mil 963.4 millones de pesos, esto es, 952 mil 884.7 millones de pesos superior al informado un año antes.

Además, se describe que de los mil 865 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, se determinaron 8 mil 069 observaciones que dieron lugar a 10 mil 346 acciones.

"Sin embargo, existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios. Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reporta recuperaciones operadas que ascienden a 8 mil 906.7 millones de pesos, con corte al mes de mayo del 2018, y que a mayo de 2018 aún falta de aclarar 103 mil 377 millones de pesos", describe el quinto resolutivo del dictamen avalado.

En el documento se dice que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, "los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública objeto del presente decreto".

Define que acatando lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Comisión considera que la aprobación del dictamen "no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación.

"Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación, para que presente a esta soberanía una propuesta de modificación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se considere materia de responsabilidades: el rebase desmedido del Presupuesto de Egresos, así como la no consideración de todos los requerimientos financieros en el proceso de integración del Paquete Económico".

En el resolutivo se instruye también a la ASF a que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta pública 2016, y le dé parte a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con hechos de corrupción o en su defecto a la PGR.

El Universal
Ciudad de México
Martes 30 de octubre de 2018.

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