Se aumentan secretarías presupuesto en 6 meses

Ciudad de México. — En los primeros seis meses del año, nueve secretarías y la Presidencia registraron adecuaciones al alza sobre sus presupuestos inicialmente aprobados.

Las modificaciones más grandes son las de Energía, con un incremento de 128 por ciento respecto a lo aprobado al inicio de año, y Turismo con 89.7 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le aprobó a la Secretaría de Energía un monto total por 2 mil 470 millones de pesos, pero en el primer semestre del año se realizaron adecuaciones para que aumentara en 128 por ciento, con lo que la dependencia ahora podrá gastar un total de 5 mil 638 millones de pesos.

Otras dependencias con adecuaciones importantes son la Presidencia de la República, que incrementó su presupuesto en 49.9 por ciento, Función Pública con 43.7 por ciento y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con 31.2 por ciento.

Según los datos, Energía, Presidencia y Sedatu ya han consumido más del 70 por ciento del total de sus presupuestos modificados, es decir, les queda menos de 30 por ciento para gastar en los seis meses restantes.

Otras dependencias que subieron su presupuesto en 10 por ciento al inicialmente aprobado son Relaciones Exteriores, Hacienda y Gobernación.

Economía y la Secretaría de Medio Ambiente también ajustaron sus presupuestos, aunque en menor proporción, con 6.3 por ciento cada una.

De acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, modificaciones superiores al 5 por ciento en el presupuesto deben ser reportadas y publicadas por Hacienda cada trimestre.

Reforma
Ciudad de México
Martes 28 agosto 2018.


El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuyo mandato termina el 31 de noviembre, reconoció hoy lunes que uno de los mayores retos que enfrentará la siguiente administración gubernamental será generar condiciones de seguridad en el país.

     "Reconocemos que hay áreas o regiones del país con grados de inseguridad, en algunos donde se han acentuado y que sigue siendo uno de los grandes retos, para éste y el próximo gobierno, el tema de inseguridad", sostuvo Peña Nieto en rueda de prensa conjunta con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

     El tema de la inseguridad en México es un problema que se agrava en el país y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en 2017 se registraron 29.168 homicidios dolosos.

     Al dar inicio formal a la transición, Peña Nieto y López Obrador respondieron a la prensa seis preguntas, luego de reunirse en privado junto a los gabinetes del actual gobierno federal y de la próxima administración.

     "Soy el primero en reconocer que, si bien hubo avances, no fueron los suficientes para alcanzar el objetivo de la seguridad" en todo el país, admitió el mandatario mexicano.

     No obstante, remarcó que en términos generales, dejará un país con estabilidad política, "donde priva un clima de armonía y paz social".

     En materia económica "puedo afirmar que dejamos a un país con estabilidad, un país donde crece el empleo y mantiene una baja tasa de inflación y dónde los niveles de deuda que se tiene como nación son manejables y son razonables", aseguró Peña Nieto.

     Por su parte, López Obrador, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, destacó la buena disposición del gobierno saliente para una transición de gobierno "de la mejor manera", y dijo que la información recibida sobre diversos temas presentados por el gobierno saliente "es apegada a la realidad".

     Entre ellos mencionó los estudios de las obras del Nuevo Aeropuerto de México, un proyecto polémico debido a sus altos costos, que someterá a consulta popular.

     "No podemos adelantar nada, estamos iniciando una etapa nueva, un proceso de transición y vamos a esperar", acotó.

     Peña Nieto y López Obrador se reunieron en privado en Palacio Nacional durante más de una hora y media, donde intercambiaron puntos de vista sobre economía, seguridad y política exterior.

     Se trata del tercer encuentro que sostienen ambos desde el triunfo electoral de López Obrador.

     Peña Nieto entregará el mando al futuro presidente de México el 1 de diciembre durante una ceremonia en el Congreso.

Xinhua
Ciudad de México
Lunes 20 de agosto de 2018.


Engordan burocracia: entran 2 mil al mes

Ciudad de México.- En los últimos ocho años cerca de 2 mil burócratas por mes se sumaron a la nómina del gobierno federal.

Este año, 17 secretarías del gobierno federal tienen 777 mil 595 plazas, casi 200 mil más que las registradas en 2010, según una revisión de Reforma a los presupuestos federales.

Estos cerca de 800 mil nuevos funcionarios equivalen a 49 por ciento de los empleos generados por la Administración central, que el Inegi estima en un millón 600 mil y que incluyen órganos autónomos.

La estimación no considera a la Secretaría de Gobernación debido a que tuvo ajustes en 2013 al absorber a la SSP, ni a la Secretaría de Energía, que llegó a incluir a las paraestatales, lo que genera grandes fluctuaciones.

Aunque casi todas las dependencias han incrementado su planta laboral, en menos de 10 años algunas duplicaron su tamaño.

Salud, por ejemplo, pasó de 23 mil 896 plazas a 68 mil 776; la Sedesol, de 6 mil 801 a 15 mil 302, y la de Comunicaciones y Transportes pasó de 24 mil 664 a 51 mil 504.

Esto, pese a que el Gobierno que está a punto de concluir emprendió en más de una ocasión un plan de austeridad y control de plazas gubernamentales.

Dentro del sector central del Gobierno federal, una tercera parte de las plazas corresponde a empleados de confianza, mientras que el resto es personal de base o sindicalizado, de acuerdo con datos del último censo del Inegi.

Las variaciones del volumen de plazas pueden estar relacionadas con los ciclos electorales debido a que al ofrecer puestos de trabajo se pueden asegurar voluntades de grupos, explicó Oliver Meza, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

"El sector público puede funcionar como una mercancía para el clientelismo", dijo.

El investigador indicó que el incremento en 10 años es acelerado, aun si se considera que en economías emergentes los gobiernos tienden a ser grandes empleadores.

Incluso si se toma en cuenta la creación de diversos organismos dentro de las dependencias, así como modificaciones que han surgido de la demanda social y legislativa, las contrataciones carecen de claridad debido a la falta de estándares, explicó.

"Cuando no hay un servicio civil de carrera con estándares de permanencia y salida, las plazas se vuelven un botín", aseveró.

Reforma
Ciudad de México
Martes 7 de agosto 2018.


•    La SCT aprobó construir el segundo piso de Puebla, aunque era la opción más cara y sin planeación    

•    Aunque había tres opciones que serían más baratas, tanto en construcción como en el peaje que pagarían los usuarios, el gobierno de Moreno Valle eligió la opción más cara y la que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto.


Puebla.- En 2014 el gobierno federal dio luz verde a construir un Viaducto Elevado en Puebla aun cuando era el proyecto más caro de tres posibles opciones: un libramiento, que seis años antes se había presupuestado en mil 933 millones de pesos; ampliar la autopista a diez carriles en su cruce por la ciudad poblana, valuado en 4 mil 400 millones, o construir un paso elevado por 10 mil millones.

Se optó por el más caro, pero además sin que hubiera planeación previa: se adjudicó una obra de 13.3 kilómetros y 18 metros de ancho, pero se construyó un segundo piso de 15.3 kilómetros y 21 metros de ancho.

La obra resultó cara no sólo para las finanzas públicas —el gobierno federal pagó 4 mil 500 millones—, también para los usuarios. Recorrer la carretera México-Puebla cuesta 1.40 pesos por kilómetro, con dos casetas incluidas. El peaje del Segundo Piso cuesta 3.59 pesos el kilómetro, 2.5 veces más que toda la autopista.

Documentos oficiales consultados por Animal Político indican que el peaje del Segundo Piso también es más alto del que se hubiera pagado con el libramiento: 1.20 pesos por kilómetro.

Sin estudios previos

La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2012 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente año con una partida de 43 millones de pesos para un estudio de preinversión para el Viaducto Elevado de Puebla, pero el estudio jamás se realizó.

El 17 de mayo de 2013, el titular de la dirección general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Óscar Callejo Silva, pidió la cancelación del estudio a pesar de que la documentación era necesaria “para la correcta proyección” de la obra, pues incluía un estudio de demanda, el anteproyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental, entre otros documentos, según se lee en los documentos oficiales que consultó Animal Político.

Pero la falta de estudios no impidió que en 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aprobara la entrega de 5 mil millones de pesos para subsidiar el Viaducto Elevado, una de las 266 promesas de campaña que Enrique Peña firmó ante notario público como candidato a la Presidencia de la República.

La entrega de los recursos públicos se hizo sin contar con la aprobación de la Cámara de Diputados. Lo que se hizo fue una “modificación presupuestal” para inyectar recursos al “Programa de Apoyo para Infraestructura Carretera U002”, un programa que en el PEF aprobado por los legisladores en 2014 estaba en ceros, sin recursos asignados.

De ese programa salieron 2 mil 500 millones de pesos para el arranque de la obra en 2014, y se repitió el esquema en 2015 y 2016 para asignar un subsidio de mil millones anuales, hasta que finalmente, en agosto de 2016 se inauguró el viaducto elevado.

La falta de documentación y estudios que justificaran la obra fue la constante en el desarrollo del proyecto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó, entre otras irregularidades, que la obra se inició sin un proyecto ejecutivo autorizado, sin el estudio costo-beneficio y sin la Manifestación de Impacto Ambiental.

¿Fue mejor opción técnica? ¿la menos onerosa?

La promesa de campaña de Peña Nieto se rubricó con el folio CG-040 y se incluyó en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicación 2013-2018, acompañado por la leyenda: “o la opción que técnicamente mejor resulte”.

La SCT consideró dos posibles opciones, según documentación que la dependencia entregó a Animal Político, aunque al final se optó por la más cara.

La primera alternativa: modernización y ampliación a diez carriles del paso de la vialidad en su cruce por la ciudad, con carriles para laterales para el tránsito local, una solución que tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado” y costo estimado de 4 mil 400 millones de pesos.  

La segunda el viaducto elevado, una solución que —igual que la primera opción—, tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado”, pero con la desventaja de que “el uso de esta infraestructura sería en hora de máxima de demanda, con lo que podría existir una sobreoferta de la misma”. El costo estimado de esa obra fue de 10 mil 500 millones de pesos, más IVA, y consideraba un tramo de 16.6 kilómetros de largo.

En el mismo documento oficial hay contradicciones sobre la valoración de las dos opciones. Primero se dice que “de manera objetiva y cuantitativa se consideró al Costo Anual Equivalente (CAE) como el mejor indicador”, lo que significaba que ampliar la carretera era la mejor opción. “La alternativa 2 es la que requiere de una inversión mayor a lo largo de la vida útil del proyecto”. Pero en otro párrafo se menciona que la alternativa 2 “representa el menor CAE por lo tanto resulta ser la más adecuada”.

Alternativa    Costo de inversión    Conservación rutinaria    Riego de sello    Carpeta    Reconstrucción    CAE
1    4,400,000,000    2,669    12,900    71,171    195,721    539.6
2    10,500,000,000    5,641    27,265    150,422    413,682    1,285.3

Más allá de lo contradictorio de las afirmaciones en el estudio, los datos del CAE y los costos totales de las obras muestran que el viaducto elevado era 2.3 veces más caro que la ampliación, pero el gobierno optó por esa alternativa.

Pero además de la económica, entre los proyectos hay otra diferencia: la segunda opción es la que prometió Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial y la que buscaba el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, quien buscó sin conseguirla la candidatura del PAN para los comicios de este 2018.

El estudio de la SCT consideró además que la obra podría generar una ganancia del 17.6% anual (la Tasa Interna de Retorno), aunque en el contrato de concesión que el gobierno de Puebla con OHL-Pinfra se estableció que la ganancia sería del 10% anual real, más la recuperación de la inversión inicial.

También señaló que la obra se pagaría a partes iguales por el gobierno y empresas del sector privado, con un proceso de licitación que se realizará en junio de 2015 para que la obra estuviera en operación en enero de 2018.

Pero el proceso planteado en los documentos de la SCT no se siguió, la obra se adjudicó a mediados de 2014 sin licitación de por medio y se puso en operación en octubre de 2016, justo al cierre del sexenio de Moreno Valle.

Una obra ‘exprés’

El 19 de junio de 2014, la SCT entregó al gobierno de Puebla el permiso de derecho de vía para construir el viaducto elevado sobre la autopista federal. Ese mismo día la dependencia emitió los lineamientos del programa U002 “Programa para Infraestructura Carretera” para entregar el subsidio de 5 mil millones de pesos y financiar la mitad de la obra.

De acuerdo con esos lineamientos, de los que Animal Político tiene copia, para recibir el subsidio el gobierno de Puebla debía demostrar, entre otras cosas, que tenía “proyectos ejecutivos, evaluaciones financieras y técnicas que aseguren la factibilidad” de la obra.

Pero la obra se inició sin tener ni estudio de costo beneficio ni proyectos ejecutivos.

Al analizar la cuenta pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación dijo: “En la revisión del título de concesión, se observó que la SCT otorgó el subsidio en materia de infraestructura carretera al gobierno de Puebla, para el proyecto del viaducto elevado, aun cuando no se contaba con el estudio costo-beneficio ni con el proyecto ejecutivo”.

En respuesta a la auditoria, la SCT presentó en octubre de 2015, un año después de iniciada la obra, un estudio de costo-beneficio. Animal Político tuvo acceso al estudio, vía una solicitud de información que atendió la ASF. El documento no tiene la fecha en que fue realizado, no incluye firma, sello, ni tiene referencia alguna a los autores o responsables del estudio.

Además, dice la ASF, “no se tiene evidencia de que se contara con el estudio previo al otorgamiento del subsidio”.

Ni siquiera se tuvo el cuidado de tener un título de concesión que tuviera los datos correctos: la SCT se refiere a una autopista de 16.6 kilómetros de longitud y 21 metros de ancho, mientras que el título de concesión hace referencia a una obra de 13.3 kilómetros de largo y 18 metros de ancho, y la obra que se construyó fue de 15.3 kilómetros de largo y 21 metros de ancho.

Otras irregularidades

Pero no fueron las únicas irregularidades. La ASF revisó el desarrollo de la obra entre 2014 y 2016 y detectó costos inflados: “algunos de los precios son elevados respecto a los precios de mercado y a los propuestos en otros proyectos similares realizados por la misma empresa” por más de mil 173 millones de pesos.

También se detectaron pagos por obras y servicios no recibidos por más de 180 millones de pesos, y un pago de 2.7 millones de pesos por un anticipo no justificado.

A ello se sumaron “trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, losas y prelosas; ramales de tuberías de PVC, de marcos y registros”.

Dice uno de los informes de la ASF que “no obstante que la obra ya se había concluido y se encontraba en operación, no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas”.

El gobierno de Puebla incluso intentó que vehículos pesados o de carga tuvieran la obligación de transitar por el viaducto elevado —y pagar la cuota por hacerlo—, restringiendo su circulación por la parte baja de la autopista México-Puebla. La acción fue señalada por la ASF, quién pidió el inicio de un procedimiento administrativo contra los funcionarios responsables, sin que hasta la fecha se haya sancionado a nadie.

El viaducto elevado, un logro en infraestructura según la administración federal de Enrique Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle en Puebla, sí desahoga el tráfico en la zona y disminuye los tiempos de traslado.

Sin embargo, su construcción fue más para el lucimiento de los funcionarios involucrados y a un costo de 4 mil 500 millones de pesos, además de una concesión que no le retribuye ni un peso a las arcas públicas.

Animal Político
Ernesto Aroche
Ciudad de Puebla
(Jueves mayo 24 2018)
Jueves 19 julio de 2018.


Administración peñista hizo de todo “por obstaculizar” la creación de una comisión sobre los 43: AI

Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) se sumó al repudio por la resolución del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito en contra de la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, que esclarecería la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un breve comunicado, Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización internacional, responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto de la resolución donde se considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” (PGR), lo que –subrayó– demuestra que existe “una decisión política de ocultar la verdad” sobre el caso.

De acuerdo con la defensora, el gobierno federal hizo “todo lo posible por obstaculizar” la creación del mecanismo especial de investigación que había sido ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Y sostuvo que haber impugnado la sentencia del Tribunal Colegiado “muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”.

Gobierno de Peña atora en tribunales la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa

Para Guevara Rosas, la creación de esa comisión “era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y evidencia fabricada”, como lo demostró el propio Tribunal Colegiado en su sentencia que se suponía inatacable.

De igual manera, recordó que el gobierno federal “tomó más de cien acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”.

Finalmente, emplazó al gobierno federal “a dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente con esa medida”.

Gobierno de Peña atora en tribunales la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa

La Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa se mantiene en un limbo jurídico, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto logró que un tribunal unitario resolviera que existe imposibilidad jurídica y material para la creación de este ente ordenada por un tribunal colegiado.

El magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitió un fallo a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) en un recurso en el que el Ministerio Público Federal reclamó como exclusiva la facultad constitucional de investigación de los delitos federales.

“Fue un incidente excepcional” el promovido por la PGR para tratar de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró a Apro el académico y litigante constitucional Sergio Charbel Herrera.

La SCJN podría atraer el caso, pero no para revisar el fondo de la sentencia del tribunal colegiado que ordena la creación de la Comisión de la Verdad, sino para ver si en efecto se puede o no cumplir ese fallo, añadió.

La PGR alega que, por mandato constitucional, a ella le corresponde la investigación de los delitos federales, por lo que no pueden ser delegados a una Comisión de la Verdad integrada por los familiares de los normalistas desaparecidos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además de la PGR, ese fallo fue combatido como imposible de cumplir por las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional y Marina, así como por la Policía Federal, la Cámara de Diputados y la Comisión de Atención a Víctimas.

El martes 17, la SCJN pidió al tribunal unitario que le enviara las solicitudes de revisión extraordinaria promovidos por la PGR.

Antes, el lunes 9, el máximo tribunal de justicia del país informó a la PGR que en ese momento carecía de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión.

Si ese fallo no se cumple, la SCJN podría intervenir para revisar si en efecto hay imposibilidad constitucional para su incumplimiento.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Miércoles 18 julio de 2018.


Ciudad de México.- El gobierno de Enrique Peña Nieto dejará una deuda histórica a la próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, publicó Expansión.

De acuerdo con la información difundida en su sitio digital, esto representarán una carga para las finanzas públicas.

¨Cifras de Hacienda al cierre de mayo refieren que los Saldos de la Deuda del Sector Público Federal, la medida más amplia de la deuda, llegaron a los 10.8 billones de pesos, el monto más alto del que se tenga registro¨, agregó Expansión.

Al cierre de 2017, esta deuda pública representó 47.2% del PIB, y aunque este último índice fue menor al cierre de 2016; 49.4% del PIB, es el más alto que deja una administración a menos de un año de su salida.

Tan solo los primeros cinco meses del año el saldo aumentó 496,914 millones de pesos (mdp).

Expansión reveló basado en datos oficiales de Hacienda que en 1993, con Carlos Salinas de Gortari, la deuda representó el 26.5% del PIB, con Ernesto Zedillo, en 1999, 24.8%; en 2005 con Vicente Fox, 22.1% del PIB y con Felipe Calderón en 2011, un año antes de heredar el poder a Enrique Peña Nieto, el 34.8%.

Expansión
Ciudad de México
Domingo 8 de julio de 2018.


Dos hombres fueron detenidos hoy por llevar en una camioneta tres bolsas con 20 millones de pesos en efectivo, los cuales iban dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

La detención ocurrió por la tarde cuando los sospechosos circulaban en una camioneta Lincoln Navigator sobre Insurgentes Norte, en la Colonia Buenavista.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), agentes del Estado Mayor Policial y de la Subsecretaría de Tránsito los sorprendieron en un Punto de Control Preventivo, en una revisión aleatoria.

En la inspección les encontraron 20 millones de pesos en bolsas de plástico de la empresa Global Traslado de Valores, con un comprobante de traslado de valores el cual señalaba que el efectivo debía ser entregado en Insurgentes 59, Colonia Buenavista, donde se encuentra el PRI nacional.

Los sujetos se identificaron como Alan Torres y Óscar Castañeda, de 32 y 44 años de edad.

Al no poder acreditar su procedencia lícita y por tratarse de un delito federal, fueron trasladados, junto con el dinero, a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en Azcapotzalco.

La dependencia federal informó que solicitaron peritos en materia de contabilidad para el conteo del efectivo.

Al respecto, el CEN del PRI rechazó la acusación.

Reforma
Ciudad de México
Martes 26 Junio 2018.


Los recursos del PRI en las presidenciales: de Cambridge Analytica a la politización de la justicia

Ciudad de México.- Haciendo uso del poder y de los recursos del gobierno, el oficialista Partido Revolucionario Institucional ha aprovechado algunas de las instituciones más importantes de la nación en un intento por cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales del 1 de julio, de acuerdo con ex oficiales del partido y observadores electorales independientes.

El procurador general —nombrado por el presidente— ha acusado públicamente a uno de los principales candidatos de oposición de delitos graves sin ofrecer mucha evidencia del presunto crimen. Y el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron nombrados por el Congreso dominado por el PRI, ha sido criticado por varias decisiones polémicas que han marcado la campaña.

No es nada nuevo en la política mexicana que haya tácticas de juego sucio, pero las acciones tomadas por el PRI presentan una escalada por parte del partido oficialista para influenciar una elección.

A principios del año pasado, ante muy malos números en encuestas para el voto presidencial, la —ahora extinta— Cambridge Analytica se acercó al partido. Ofreció ayudar al PRI a ganar tal como lo había hecho con Donald Trump, según la propuesta de 57 páginas que redactó la compañía y que fue vista por The New York Times.

El PRI revisó esa propuesta durante meses, y al final decidió que no necesitaba pagar millones de dólares a alguien externo para una campaña sucia. El partido podía hacer eso por sí solo. Sin embargo, como una muestra de las medidas extremas a las que el priismo está dispuesto para afianzar su posición en el poder, le pagó de cualquier manera a Cambridge Analytica… para que no colaborara con ningún otro partido, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo de las negociaciones.

Esa decisión tomada a principios de 2017 fue el inicio informal de lo que, para algunos, ha sido un periodo alarmante del mal uso de recursos del gobierno para fines electorales.

“Lo que están haciendo es tomar la poca credibilidad y confianza que hay en nuestras instituciones y tirándola a la basura”, dijo Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general mexicano en los años noventa, cuando el PRI también estaba en el gobierno. “Deja entrever el débil Estado de derecho que tenemos aquí y señala un deseo de hacer lo que sea para mantenerse en el poder”.

La Procuraduría General de la República (PGR), que anunció en febrero la investigación contra el candidato opositor Ricardo Anaya, no ha presentado cargos ni ha ofrecido evidencia, lo que ha despertado quejas de que la única pretensión con la pesquisa es que el partido gobernante dirija el resultado electoral.

Mientras que el tribunal electoral ha rechazado dos auditorías de gastos indebidos por parte del PRI, revirtió una decisión que intentó regular un mecanismo para la posible compra de votos y permitió que estuviera en la boleta un candidato presidencial cuya campaña fue acusada de amaños, una decisión que los encuestadores creen podría restarle votos a la oposición.

Más allá de eso, los fondos destinados a observadores electorales se desplomaron, mientras que el gasto en tarjetas de regalo y otros servicios públicos ha aumentado en los últimos meses. Esas tácticas han sido usadas desde hace mucho tiempo para conseguir los votos de personas pobres en México, según observadores.

Por más de setenta años, el PRI ha dominado la política del país. Ahora, pese a los esfuerzos recientes, parece encaminado a una derrota contundente en las elecciones de julio como resultado de los escándalos de corrupción y los niveles históricos de violencia.

La búsqueda frenética por parte del partido de una ventaja en las elecciones son las que llevaron al PRI a discusiones con Cambridge Analytica, cuyos detalles no habían sido reportados antes.

La propuesta de la empresa comenzó a circular en 2017, cuando Enrique Ochoa aún era presidente del PRI y buscaba soluciones para que su partido no se desmoronara. Para entonces, Cambridge Analytica, una consultora de datos que usó la campaña de Trump antes de la elección estadounidense de 2016, ya se había establecido en México para buscar negocio. El PRI era la opción más obvia: era el partido más grande y necesitaba ayuda desesperadamente.

El presidente Enrique Peña Nieto tenía los peores índices de aprobación que cualquier presidente en un cuarto de siglo; Cambridge Analytica le prometió al PRI lograr una remontada sorpresiva.

En su presentación por 7,2 millones de dólares al PRI, la empresa prometió mejorar la imagen del partido y destruir la de su principal competencia, Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas. “Con técnicas similares a las empleadas en contra de Hillary Clinton en la elección presidencial de 2016”, Cambridge Analytica prometió “una poderosa estrategia de campaña negativa para socavar” a López Obrador.

La propuesta incluía un componente “de optimismo” para cambiar las percepciones negativas del partido gobernante; la táctica era sencilla:  una “campaña anti López Obrador”.

“No hay mejor ejemplo de esto que Hillary Clinton”, dice la consultora en su propuesta. “La puntera que muchos pensaban tenía una ventaja inalcanzable y que gastó mucho más que su rival republicano, fue derrotada justamente de este modo”. La empresa incluso mostró bosquejos de cómo la campaña de “Clinton corrupta” podrían verse con un enfoque anti-AMLO.

Pero los funcionarios del PRI decidieron que ese tipo de focalización de electores que la empresa dijo haber usado en Estados Unidos no iba a funcionar en México, según las personas con conocimiento de las discusiones. Los datos de los votantes mexicanos, dijeron, no estaban suficientemente desglosados.

Cambridge Analytica estuvo bajo un intenso escrutinio después de las revelaciones de que había explotado la información de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento expreso y se declaró en bancarrota en mayo.

La empresa rechazó hacer comentarios sobre las negociaciones con México; el PRI, por su parte, negó tener relación alguna con Cambridge Analytica.

Sin embargo, el partido usó una serie de estrategias mediáticas, a instituciones de procuración de la ley y a órganos judiciales que controla, de acuerdo con observadores electorales independientes y exintegrantes del partido.

En febrero, la PGR anunció una investigación contra Ricardo Anaya, uno de los candidatos de oposición que va mejor en las encuestas que el candidato priista. Lo acusó de lavado de dinero y después publicó un video de Anaya en las oficinas de la procuraduría (en una reunión que solicitó el mismo candidato).

Cuando Anaya criticó la publicación del video, la PGR defendió su decisión al decir que lo hizo “derivado del interés público mostrado por los medios”. Los críticos destacaron que el gobierno no había publicado grabaciones similares para otras investigaciones que los medios han seguido muy de cerca, como la desaparición de 43 estudiantes. La PGR niega estar usando su posición para influir en las elecciones.

Las tácticas del PRI han desatado una reacción violenta. Varios mexicanos destacados —incluidos académicos, activistas y exfuncionarios— han exhortado públicamente al presidente a que deje de intervenir en las elecciones. Un poderoso consorcio de empresas hizo lo mismo.

“Cuando cruzas una raya así en este país realmente ya no queda nada que te detenga”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, director de ese grupo gremial, la Coparmex.

Pasarse de esa raya es algo que ocurre con frecuencia en la política mexicana y va más allá de un partido en una elección. Pero De Hoyos y otros han alertado sobre el efecto que tiene en las instituciones mexicanas.

Los fondos para observadores electorales han disminuido 81 por ciento en comparación a la última elección presidencial, en 2012, de acuerdo con un estudio reciente del grupo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Y muchos mexicanos dicen que la autoridad electoral más importante del país se ha visto comprometida: el tribunal especial encargado de supervisar a las autoridades electorales y, en última instancia, de validar la votación. A casi cada paso del camino este tribunal ha fallado en contra de lo dictaminado por los reguladores responsables de salvaguardar la integridad del voto.

Un caso que causó furor fue el de Jaime Rodríguez, un candidato presidencial particularmente extravagante apodado el Bronco.

Para conseguir estar en la boleta como independiente, Rodríguez entregó casi 900.000 firmas, pero el Instituto Nacional Electoral encontró que más de la mitad eran fraudulentas, por lo que dictaminaron que no cumplía los requisitos para ser candidato.

Entonces el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron designados en 2016 por el Congreso de mayoría priista, revirtió la decisión al considerar que el Bronco no recibió un trato justo.

La decisión fue objetada en todo México. Rodríguez Calderón es gobernador con licencia y, como López Obrador, se presenta como alguien ajeno al sistema que puede enfrentarse a los intereses de quienes lo componen. Los expertos dicen que su presencia podría restarle votos a López Obrador.

Otra decisión contenciosa por el tribunal electoral involucra el uso de tarjetas prepagadas entregadas a los votantes.

Según la ley mexicana, esas dádivas no son ilegales a menos que sean usadas por el partido explícitamente para conseguir votos. Estas tarjetas son usadas en todos los niveles del gobierno y por prácticamente todos los partidos políticos. Pueden usarse para un almuerzo gratis o despensas de 25 dólares.

Pero en los últimos años su uso durante periodos electorales se ha vuelto innegable: una y otra vez los ciudadanos han denunciado que les prometieron esos beneficios a cambio de su voto.

Sucedió durante la elección de 2012, en la que Peña Nieto llegó al poder. Y en 2017, cuando el PRI ganó las elecciones en los estados de Coahuila y de México, los reguladores investigaron gastos cuestionables durante las campañas. Realizaron auditorías y anunciaron en julio pasado que habían encontrado irregularidades en el gasto de publicidad, pagos a organizadores de campo y en monederos electrónicos.

Las repercusiones podrían haber sido graves; esos hallazgos pueden invalidar una elección. Pero, antes de que sucediera eso, el tribunal electoral descartó las auditorías y dijo que eran inválidas.

“El tribunal resuelve siempre conforme a derecho”, indicó. “Nuestras sentencias y los datos estadísticos son una prueba de ello: en este proceso, ninguna de las fuerzas políticas ha sido o se ha favorecido por las resoluciones en una manera desproporcional”.

La polémica respecto al tribunal surgió de nuevo. En septiembre, los consejeros electorales anunciaron que regularían con mayor firmeza el uso de los monederos electrónicos durante la contienda de 2018. Y fueron aún más lejos: declararon que el gasto en programas sociales estaba siendo manipulado para fines electorales.

Sin embargo, ese esfuerzo regulatorio fue frenado antes de que pudiera empezar, por el mismo tribunal electoral.

A los analistas les preocupa que las decisiones del tribunal ya han tenido un efecto en la elección, al permitir que el gasto en campaña no sea monitoreado.

Por ejemplo, en las afueras de Ciudad de México, los muros de muchos hogares lucen capas de pintura nueva y camiones con tinacos están llegando a comunidades con escasez de agua, cortesía de los partidos políticos en busca de votos.

Con frecuencia, el gasto del gobierno aumenta en programas para el combate del hambre o para ayudar a los pobres; dichos programas son transformados en máquinas de compra de voto durante los años electorales. Este no es la excepción. Los gastos totales en los principales programas sociales mexicanos se dispararon un 20 por ciento en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con el grupo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Sin embargo, pese a todos esos esfuerzos, las ganancias han sido marginales para el partido gobernante, que aún parece encaminarse a una derrota contundente en julio. El candidato José Antonio Meade está en un distante tercer lugar en encuestas.

De hecho, las acciones priistas parecen haber surtido el efecto contrario y posiblemente terminaron por ayudar a López Obrador.

“El uso de oficinas, recursos e instituciones públicas para propósitos electorales es tan visible en esta campaña y apunta hacia el flanco más débil de nuestra democracia”, dijo Guillermo Cejudo, profesor de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una universidad en Ciudad de México.

“Desafortunadamente”, añadió, “las instituciones de procuración de justicia son herramientas usadas por la élite económica y política no para defender y proteger a los mexicanos, sino para golpearse el uno al otro con un palo”.

The New York Times
Azam Ahmed
Danny Hakim
Paulina Villegas
Ciudad de México
Lunes 25 de junio de 2018.


Las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

Ciudad de México.- Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados del Poder Judicial ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la naci{on (SCJN).

Dicho estudio, elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, llegó a manos también de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y revela además que las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial: de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.

Según el reporte, 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás, y aunque identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.

El artículo 97 de la constitución faculta a jueces y magistrados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Dicha disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero sólo ha servido para el nombramiento discrecional de parientes.

Y peor aún, no sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución.

El estudio muestra que secretarios, actuarios, oficiales y administrativos tienen familiares en el mismo circuito y en otros, e influyen en la designación sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad.

Incluso, los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden de igual manera.

Uno de los casos más notables es el de un magistrado del circuito de Durango que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, con cargos de actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno, señala el estudio, cuyos datos fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del país, y la información recabada fue corroborada con información del CJF.

Hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito décimo sexto, correspondiente a Guanajuato, donde 38 de 46 titulares tienen familiares, es decir, el 82.61%.

El único circuito no incluido en el estudio es el primero, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que “los responsables del estudio no pudieron obtener información”. Tampoco consiguieron datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan.

En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tienen parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares.

El circuito correspondiente a Jalisco ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial, con 76%.

Pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, del 70% en el caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del vigésimo octavo circuito.

Mientras que el tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados: 33 juzgadores tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos.

Los jueces también suelen integrar a sus parejas en la nómina: entre los 31 circuitos analizados, se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Destacan el circuito sexto de Puebla, en donde se ha dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados, el décimo sexto de Guanajuato con 10 casos y el décimo octavo de Morelos con nueve.

Por último, el estudio revela que 136 juzgadores tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. En este caso Michoacán está en primer lugar, con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17, y en el caso de emplear a los padres, esta práctica se dio en once circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados. Destaca el caso de Puebla, donde se empleó a papás o mamás de 13 juzgadores.

Proceso
Reportaje Especial
Ciudad de México
Jueves 21 de junio de 2018.


 Al frente de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn sacó a la luz los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”, a través de los cuales dependencias federales desaparecieron más de siete mil 700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que exhibió uno de los casos más sonados de corrupción del sexenio, el pasado 23 de mayo, Buchahin Abulhosn fue notificada de su despido en condiciones “tan sorpresivas como improcedentes”: la única explicación fue que la orden vino de David Rogelio Colmenares Páramo, el recién nombrado titular de la ASF, señalado por sus vínculos con el PRI.

En una carta dirigida al mismo Colmenares, la doctora, quien lleva 13 años en la ASF, pidió su derecho a “saber con precisión sus razones para separarme del cargo” y señaló que ella queda ahora en estado de vulnerabilidad, pues encabezó “investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad”.

Fechada el 30 de mayo, en la misiva que dio a conocer hoy el portal Aristegui Noticias, Buchahin Abulhosn informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias “documentadas” que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga.

Esta aparente maniobra para frenar las investigaciones, que salpican a prácticamente todo el gabinete de Peña Nieto, parece confirmar los temores expresados por organizaciones de la sociedad civil, según los cuales la ASF fue “capturada” por el gobierno federal.

Dichas agrupaciones denunciaron la cercanía de Colmenares -nombrado al frente de la ASF en diciembre pasado- con José Antonio Meade Kuribreña: ambos coincidieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, fue asesor de Peña Nieto y del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Las auditorías forenses que encabezó Buchahin Abulhosn a los convenios celebrados por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante los mandatos de Rosario Robles Berlanga determinaron que cinco mil 251 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2015, mediante esquemas de “simulación de servicios” que involucraron universidades públicas y empresas fantasmas.

La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces, señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. José Antonio Meade Kuribreña tomó el control de la Sedesol ocho meses después y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude.

Robles Berlanga no fue la única integrante del primer círculo del gabinete de Peña Nieto señalada en prácticas de desvío: también lo fueron Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin –vinculado con el escándalo de sobornos de Odebrecht–, Alfredo Del Mazo Maza –ahora gobernador del Estado de México– y Enrique Martínez y Martínez.

En su carta la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn le recordó a Colmenares Páramo, titular de la ASF, que él mismo le había expresado su reconocimiento por su conducta e insistió en que sus investigaciones fueron “premiadas incluso a nivel internacional”.

Luego, añadió: “Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”.

Y advirtió: “Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad”.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Viernes 1 de junio de 2018.

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