Una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los movimientos financieros de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex –a la cual Proceso accedió–, arroja detalles sobre el entramado que el brasileño Marcelo Odebrecht construyó en México. También da cuenta de cómo fueron usadas empresas, cuentas bancarias y firmas fantasma para pasear el dinero por diversas partes del mundo y que al final fue usado para concretar sobornos.

El entramado financiero que Marcelo Odebrecht montó en México no sólo se usó para presuntamente transferirle millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, también sirvió para inyectarle recursos a las empresas del brasileño que están relacionadas con casos de sobornos en diversas partes del mundo.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a Emilio Lozoya se le depositaron 5 millones de dólares vía una empresa offshore que Odebrecht creó, y a la cual Altos Hornos de México (AHMSA) depositó 3.7 millones de pesos poco después de que vendió Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

AHMSA también depositó 2.1 millones de dólares a la Constructora Norberto Odebrecht SA en 2014.

Hay más en el entramado: de una de las cuentas de ESEASA Construcciones, empresa mexicana vinculada comercialmente a Odebrecht, “salieron recursos en diversas divisas” hacia AHMSA y a una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, creada en Suiza y en la cual el beneficiario es Emilio Lozoya.

Los documentos de los cuales Proceso tiene copia aclaran que “se desconoce” el monto de las transferencias en moneda extranjera; no obstante más adelante se detalla cuánto tiene la cuenta donde Lozoya habría sido el beneficiado y que se trata de dólares, francos suizos y euros.

Lo presuntamente entregado por Odebrecht a Lozoya no se compara con los recursos que la empresa brasileña movió en México y que tuvieron como destino final compañías creadas en otras partes del mundo y que fueron usadas para los sobornos. ((Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2237).

Proceso
Jesusa Cervantes
Ciudad de México
Sábado 14 de septiembre de 2019.


Gobierno de Peña atendió sólo daños menores de sismos y no gastó 13 mil mdp autorizados para reparaciones, acusa titular de reconstrucción.


La pasada Administración federal abandonó el plan de reconstrucción de daños por los sismos de septiembre de 2017, que dejaron 165 mil viviendas con afectaciones en siete Estados.

David Cervantes, coordinador del Programa Nacional de Reconstrucción en el actual Gobierno federal, reconoció que a dos años no se ha avanzado en la reparación de escuelas, hospitales, iglesias y espacios públicos, pues sólo se atendieron inmuebles con daños menores.

Sostuvo que la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) —dependencia que coordinó los trabajos y que encabezaba Rosario Robles— no entregó completo los apoyos ni se gastó una partida de 13 mil millones de pesos autorizada para reparaciones.

"Se asignó un presupuesto del Fondo de Desastres Naturales para escuelas, templos y algunas instalaciones de salud, pero no se lo gastaron. Quizá en escuelas tomaron un poco para atender daños menores, pero dejaron casi todas las de daño total", explicó.

La actual Administración, señaló, recibió un desastre administrativo respecto a la entrega de apoyos, pues mientras en la página Fuerza México, el Gobierno reportó 171 mil 784 afectados, la Sedatu dejó un censo de 164 mil 898 damnificados en siete entidades. La Ciudad de México no está contemplada en esas cifras.

"Se dedicaron a entregar tarjetas, pero no necesariamente el recurso se convirtió en reconstrucción, como no dio asesoría técnica ni seguimiento ni nada, realmente no se puede saber con certeza en qué casos la gente usó el recurso.

"En los recorridos vemos que se avanzó muy poco en la reconstrucción. Muchos jamás recibieron nada, a otros los calificaron con daño parcial, pero perdieron todo, muchos usaron sus ahorros, pero otros no han tenido dinero para reconstruir", agregó Cervantes.

En junio, la Auditoría Superior de la Federación también reportó opacidad y anomalías en la aplicación de los recursos, pues inicialmente informaron de un presupuesto a viviendas por 6 mil 185 millones 591 mil, y luego creció a 10 mil 29 millones de pesos.

Sin embargo, esos datos tampoco corresponden a los archivos que dejaron en la Sedatu, explicó Cervantes, pues reportan la entrega de 7 mil 77 millones de pesos.

Desde abril, el Gobierno federal comenzó a repartir una bolsa de 26 mil 545 millones de pesos, que contemplan fondos de las aseguradoras que tampoco habían ejercido.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 28 de agosto de 2019.


La UIF presuntamente desbloqueó cuentas bancarias entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.


México.- El actual Gobierno denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la devolución de dinero al narco en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Seis meses antes de concluir la administración del priista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presuntamente desbloqueó de manera  por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.

nte ello, dijeron fuentes del Gobierno a Reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudió ante la Fiscalía, así como ante la Secretaría de la Función Pública para presentar la denuncia.

    Revisión exhaustiva

Las autoridades federales resaltaron a ese rotativo que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.

Fue en junio de 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, dijeron los informantes.

Agregaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

    Ex director en la UIF,  bajo la mira

Las investigaciones se amplían a varios exfuncionarios, aunque hay uno que está en la mira de las autoridades.

Se trata de Mauricio Moreno Balbuena, ex director General de Procesos Legales de la UIF, pues, según la información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP.

Abel Barajas destaca en su nota que el ex funcionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

    Ayuda a Javier Duarte

El nombre de Mauricio Moreno Balbuena comienza a hacer polémica pues este lunes 26 de agosto se reveló que cuando estaba al frente de la UIF ayudó a Javier Duarte.

El 21 de agosto de 2018, el exfuncionario solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) retirarle al ex gobernador de Veracruz la acusación del delito de delincuencia organizada.

Unos dos días después de la solicitud, Arturo Elías Beltrán, encargado de la PGR, «anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa» publicó el diario.

Reforma
Ciudad de México
Martes 27 de agosto de 2019.


Red de extorsión habría sido operada desde la UIF de EPN y despachos ligados a Presidencia


El titular de la UIF, Santiago Nieto, revela que la red de extorsión presuntamente fue dirigida por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, un caso que sumado a los procesos de Emilio Lozoya y Rosario Robles 'apuntan' al expresidente Peña Nieto, cuyas finanzas también están bajo la lupa de la UIF.


El gobierno de México sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto que podrían apuntar a posibles actos de corrupción.

Así lo reveló en entrevista Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Sí, apenas estamos trabajando en eso (revisar finanzas de Peña Nieto)”, dijo el funcionario.

Nieto señaló que, para llevar a cabo la revisión de las finanzas de Peña Nieto, la UIF colabora con autoridades de diversos gobiernos extranjeros.

Al cuestionarle sobre cuándo estaría listo el expediente completo del caso sobre las finanzas de Peña Nieto, el titular de la UIF dijo que en “unos meses”, antes de que termine este año, sería concluido.

“Lo que estamos haciendo es la construcción de abajo hacia arriba, entonces las ligas te tienen que llevar (…), es un tema metodológico, a partir de ahí hay que armarlo, hay que avanzar,” dijo Nieto.

Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), sostuvo que los casos de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado, también cercano a Peña Nieto, están siendo tomados en cuenta en la investigación sobre las finanzas del ex presidente EPN.

“Yo creo que todo apunta (a Peña Nieto), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación,” dijo Nieto.

Mientras que Robles y Collado están actualmente presos acusados de diversos delitos, Lozoya es considerado prófugo de la justicia, acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”, sostuvo Nieto.

Incluso, dijo que, además de la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, la UIF ya comenzó a armar un expediente sobre el dos veces secretario de Estado, Luis Videgaray, considerado uno de los más cercanos colaboradores del expresidente.

Al preguntarle si coincidía con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de implementar un “punto final” y no perseguir los crímenes cometidos por expresidentes, Nieto dijo que la orden de López Obrador a funcionarios federales fue de no permitir la impunidad en ningún caso.

“Lo que vimos con (Carlos) Romero (Deschamps), con Lozoya, con Rosario, no podría darse sin el conocimiento del presidente. Lo que me ha dicho (López Obrador), es si encontramos cualquier irregularidad, se denuncie, no me ha dicho que no vayamos contra nadie en particular (…) creo que tenemos que cumplir las normas del Estado de Derecho,” expresó Nieto.

Cuestionado sobre la posibilidad de investigar las finanzas personales de los expresidentes que precedieron a Peña Nieto, el titular de la UIF declaró que se investigaría cualquier caso en que se presuman actos de corrupción.

Sin embargo, dijo que, considerando que los delitos financieros prescriben luego de 10 años, “no tendría sentido” investigar las finanzas de expresidentes como las del priista Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994.

Agregó que, en el caso del expresidente Felipe Calderón, se podrían investigar actividades ilícitas cometidas del 2009 en adelante.

“Nosotros podemos actuar, ahorita, de 2009 a 2019, en realidad sería la parte final del gobierno de Calderón, y todo el gobierno de Peña Nieto, por eso las cosas se han enfocado en el tema de Peña Nieto, más hacia atrás no tendría sentido,” agregó.

Presunto esquema de extorsión se operó desde la UIF y Los Pinos

Nieto dijo que, al asumir la jefatura de la UIF, tres informantes lo alertaron sobre un presunto esquema de extorsión que habría sido operado dentro de la unidad bajo las órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico del Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la gestión de Peña Nieto, Castillejos fue considerado uno de los más influyentes funcionarios del gobierno federal.

La UIF estuvo encabezada por Alberto Bazbaz desde enero del 2013 hasta enero del 2018. Al dejar la UIF, Bazbaz fue nombrado titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por Peña Nieto.

El actual titular de la UIF señaló que el esquema de extorsión presuntamente operado desde la la unidad consistió en solicitar sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde la UIF entre el 2014 y 2018.

Dichas cuentas habían sido congeladas bajo sospechas de lavado de dinero.

Los sobornos presuntamente fueron cobrados a través de representantes de al menos cinco despachos jurídicos ligados a Castillejos, acusó Nieto.

“Lo que sí nos explicaron (los informantes) es que había despachos, que eran despachos cercanos a Los Pinos, que eran los que los buscaban (…), entonces, ¿qué es lo que hacían?, no es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas.

“Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es ¿cómo podían tener esa información?, y partir de ahí se generaba el caso”, explicó el funcionario.

Incluso, Nieto expresó que dos de los tres informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido víctimas de la extorsión operada desde la UIF. El tercer informante fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación.

“El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos (…), estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, sostuvo Nieto.

Nieto dijo que el desbloqueo injustificado de las cuentas quedó asentado en un “Acuerdo de Desbloqueo” expedido por la UIF en junio del 2018. Castillejos renunció a la consejería jurídica de la presidencia en junio del 2017, un año antes del desbloqueo.

“Hay un acuerdo (de desbloqueo), (que consiste en) tres hojitas, donde dicen que es porque ya están denunciados (los casos de cuentas bloqueadas), y porque ya están aseguradas las cuentas por el Ministerio Público, cuando hacemos el recorrido con el Ministerio Público para ver si esto era cierto, resulta que no era cierto.”, dijo Nieto.

Nieto dijo que dicho “Acuerdo de Desbloqueo” fue firmado por Mauricio Moreno, quien fungía como director de Procesos Legales de la UIF. Nieto sostuvo que la UIF presentó una queja ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso en contra de quien resulte responsable.

Al cuestionarle si se presumía que Peña Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsión, Nieto dijo que difícilmente el presidente pudo haber ignorado la operación de dicho esquema.

“Este era un acto, a lo mejor, chico, si lo comparamos con la ‘Estafa Maestra’, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense, digamos hubo mayores actos de corrupción, y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, dijo Nieto.

‘La UIF era utilizada para golpeteo político’

El titular de la UIF sostuvo que durante la gestión de Peña la unidad fue principalmente utilizada para atacar a opositores políticos y no para combatir actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano, función para la que fue creada la dependencia.

Nieto dijo que, entre quienes fueron investigados desde la UIF con fines políticos durante la administración anterior estuvieron el ahora Presidente López Obrador y el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, así como la ex-líder magisterial Elba Esther Gordillo.

También fueron investigados desde la UIF en la época de Peña Nieto otros políticos prominentes como Alfonso Durazo, actual Secretario de Seguridad federal, Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación, y hasta la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota.

El funcionario dijo que, incluso, información publicada por el sitio web lanzado durante el proceso electoral presidencial del 2018 llamado “Pejeleaks”, dedicado a publicar datos relacionados con López Obrador y sus colaboradores, “vinieron de la UIF”.

También datos de de la UIF en la época de Peña Nieto fueron utilizados en el documental “Populismo en América”, señaló.

Nieto añadió que él mismo fue investigado por la UIF, algo que descubrió al revisar los archivos internos elaborados por la unidad durante el anterior gobierno al asumir la jefatura de la unidad.

Agregó que, en contraste, la UIF en la actual administración ha incrementado el número de casos investigados por presunto lavado de dinero.

Tan solo en lo que va del 2019, la UIF ha presentado 118 denuncias ante la FGR, lo que supera el récord histórico de la unidad de 113 denuncias en un periodo de un año.

Extitular de la UIF permitió vulneración de sistema interno

Al asumir las riendas de la UIF, el equipo técnico alertó a Nieto sobre una vulneración a la que fue expuesto el sistema informático interno de la agencia durante la anterior gestión.

Dicha vulneración dejó el funcionamiento de la unidad sin las protecciones necesarias para evitar robos de información, dijo el funcionario.

Nieto dijo que la UIF actualmente investiga al personal que estuvo encargado de garantizar el funcionamiento técnico e informático de la unidad.

Agregó que, una vez detectada la vulneración a la que fue expuesto el sistema interno, la UIF incrementó la seguridad informática de sus sistemas internos para garantizar la seguridad de la información.

Con estas revelaciones, el funcionario federal hace énfasis en el trabajo que realiza la UIF en relación con casos de corrupción que se presume se configuraron en el anterior gobierno, como la red de altos ex funcionarios de Los Pinos que actualmente son investigados y que podrían llevar a un caso mayor que incluiría al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Aristegui Noticias
Marcos Martínez Chacón
Ciudad de México
Lunes 26 de agosto de 2019.


Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusar de ser “omisa” por no informar sobre el desvío 5 mil 73 millones de pesos conocido como la “Estafa Maestra”.

“Como han señalado mis abogados, yo me presente aquí de manera voluntaria. Vivo en la misma casa hace 24 años. He trabajado en la ciudad. Yo no tengo millones de pesos para vivir en Canadá y regresar impune. Mis cuentas están congeladas”, alegó en su defensa, minutos antes de que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó imponerle medidas precautorias.

La audiencia se extendió desde las 18:00 horas de este lunes hasta las 06:15 de este martes, al presentar cerca de 32 pruebas que intentaron librarla de la investigación y, posteriormente, convencer al juez de que no buscaría sustraerse a la justicia.

La resolución de Delgadillo Padierna fue dictada la mañana de este martes, quien determinó internarla dos meses –que se pueden extender a seis – al penal femenil de Santa Martha Acatitla en lo que duran las investigaciones.

Un par de horas antes, una vez que el juez determinó desechar los argumentos esgrimidos por los abogados Oscar Ramírez y Luis Hernández Barros, retó a la exfuncionaria federal a presentar pruebas de que el expresidente Enrique Peña Nieto, así como José Antonio Meade Kuribreña, fueron alertados del desvío de recursos.

Un equipo de cinco ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como tres abogados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), acusaron a la exfuncionaria federal de asumir una actitud “omisa” ante sus subalternos que se valieron de firmas falsas, triangulación de recursos y autonomía para firmar convenios con diversas universidades.

“El argumento que acusamos, no es que haya hecho posesión de ese dinero, como que ni siquiera se ha manifestado en esta audiencia, sino la pérdida de 5 mil millones de pesos que no fueron usados para los fines que fueron destinados en un inicio”, señaló uno de los ministerios públicos que formularon las acusaciones contra la exfuncionaria federal.

“Es inentendible cómo fue que esperó cuatro años para actuar”, reprocharon los abogados de la ASF.

A decir de la defensa de Robles Berlanga, del 2014 a 2015, fue informada mediante diversos pliegos de observaciones emitidos por la ASF sobre el desvió de recursos. Pero por el desfase de las cuentas públicas, sólo tuvo conocimiento hasta el año 2017, cuando comenzó a actuar en contra del robo de recursos.

Una licencia de conducir, crucial en la prisión preventiva a Robles

Una licencia de conducir que tramitó Rosario Robles con una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán, ayudó al juez a dar prisión preventiva a la exfuncionaria.

Una licencia para conducir, sacada de un domicilio distinto al que originalmente reportó a las autoridades, fue una de las principales causas por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió dictaminar prisión preventiva en contra de Rosario Robles.

Eso sumado a que, de acuerdo con el juez, no hay forma de comprobar arraigo de Robles en la Ciudad de México y a que cuenta con la capacidad económica para poder esconderse o darse a la fuga.

En una audiencia que duró 12 horas, el juez Delgadillo vinculó a proceso a la exfuncionaria federal tras acreditar que cometió, al menos, un ilícito en dos dependencias diferentes: ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y ejercicio indebido del servicio público en la Sedatu.

Aunque el delito no merece prisión preventiva, el juez decidió dictaminar dicha medida cautelar, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República, debido a que existía un riesgo latente de que Robles pudiera darse a la fuga.

Hasta 23 años de prisión

Los agentes de la FGR expusieron, al solicitar la prisión preventiva, que, si bien Robles se presentó de manera voluntaria a las dos audiencias en el Reclusorio Sur, esa situación podía cambiar debido a que, al vincularla a proceso, podría recibir sentencia definitiva de 11 años con 6 meses por cada acusación, por lo que, en total, podría recibir hasta 23 años de prisión.

Esto porque, si bien el delito de ejercicio indebido del servicio público amerita una pena de dos años, en el caso de Robles se encuentra agravado el ilícito, porque hubo dolo directo y la conducta se repitió de manera sistemática y reiterada en las dos dependencias de las cuales fue titular.

Además, expuso la FGR, Robles tendría que reparar el daño cometido, el cual fue de 5,073 millones de pesos, algo que sería imposible para ella.

Para el juzgador, la exsecretaria de Estado cuenta con solvencia económica y la capacidad para esconderse de las autoridades o incluso darse a la fuga a otro país.

Hay ciertos datos para demostrar falsedad en las declaraciones, falsedad en el informe de domicilio: se tramitó una licencia de conducir en un domicilio diferente. Hay una falsedad en su domicilio y tiene facilidad para ocultarse; (el) pasaporte no le impide salir del país".

Por otra parte, el juez rechazó los argumentos de que Robles debería recibir prisión preventiva debido a que, si estuviera en libertad, podría amenazar a los testigos que declararon en su contra, además de que su propia seguridad podría estar en riesgo ante eventuales ataques de ciudadanos molestos con su actuar como secretaria de Estado.

Las razones del juez

El juez Delgadillo, al atender la petición y los argumentos de la Fiscalía, acreditó que no hay forma de comprobar un arraigo de Robles en la Ciudad de México, lo que impediría su eventual fuga, debido a que actualmente no cuenta con un empleo fijo.

Además, lo más importante, de acuerdo a la decisión del juez, hubo falsedad en la información presentada por Robles respecto a su domicilio, pues en la información entregada ante las autoridades el 7 de agosto pasado, afirmó que el mismo se encontraba en Los Reyes, Coyoacán; sin embargo, la Fiscalía acreditó que hace unos días, tramitó una licencia de conducir desde otro domicilio.

El juez expuso que en el domicilio de Los Reyes, Robles no fue encontrada por las autoridades cuando intentaron notificarle que tenía que acudir a audiencia al Reclusorio Sur.

Pese a ello, Delgadillo consideró que, aunque el delito de ejercicio indebido del servicio público no contempla la prisión preventiva, Robles debía recibir esa medida cautelar debido a la gravedad y dolo de sus acciones al frente de la Sedesol y Sedatu, por haber falseado información respecto a sus domicilios y por un riesgo latente de poderse dar a la fuga.

Toda la vida en la CDMX

Desesperada y con la voz entrecortada Robles pidió, infructuosamente, que no se le dictara prisión preventiva debido a que ella sí tiene arraigo en la Ciudad de México pues, si bien no cuenta con trabajo, su hija, Mariana Moguel, vive en dicha entidad.

Expuso que ella misma ha vivido toda su vida en la capital mexicana, fue Jefa de Gobierno y ha residido durante más de 24 años en el domicilio de Los Reyes, Coyoacán.

La exfuncionaria mencionó que tampoco cuenta con dinero para fugarse y escaparse al extranjero, pues nunca se enriqueció ilícitamente y actualmente todas sus cuentas y tarjetas están congeladas.

Robles manifestó que ella siempre ha dado la cara y no es como otras personalidades acusadas de corrupción que tienen los recursos para esconderse en Canadá y después regresan.

Pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora.

A pesar de esos argumentos, el juez Delgadillo consideró que la falsedad en las declaraciones de Robles respecto a su domicilio y su capacidad para fugarse eran argumentos necesarios para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva.

“He vivido en la Ciudad de México en Los Reyes, Coyoacán, desde hace años”, interrumpió Robles brevemente, con la voz entrecortada y desesperada, al juez mientras dictaminaba que debía ser recluida en Santa Martha.

Proceso
Expansión
José Raúl Linares
Ciudad de México
Martes 13 de agosto de 2019.


La FGR indicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa.

 
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rosario Robles, ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu), un posible daño al erario por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos a través de la llamada ‘Estafa Maestra’.

En la audiencia de imputación, la FGR explicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa, con las agravantes de que el delito se cometió con dolo, de manera reiterada y con evidente omisión.

De acuerdo con el pliego de imputación, el daño al erario se registró a través de 27 convenios generales que firmaron Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas de televisión estatales, a pesar de que estos no tenían las condiciones para prestar los servicio contratados y sin que se acreditara en algunos casos el cumplimiento de lo contratado.

La fiscal Teresa Maldonado explicó que Rosario Robles fue omisa al no hacer uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y en no denunciar ante su superior jerárquico, es decir, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios y funcionarias que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu

La imputación también señala que la omisión persistió a pesar de que en junio de 2014 el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, le advirtió de los presuntos desvíos y convenios irregulares que habían firmado sus subordinados sin que actuara de alguna forma para impedirlo.

Además, la FGR dio cuenta de al menos una decena de oficios presentados por ex funcionarios de Sedesol y Sedatu para advertir del esquema ideado por servidores públicos para la subcontratación de servicios que no eran requeridos y que tampoco se prestaban, puesto que no existen documentos comprobatorios, es decir, que carecen de entregables.

“La conducta ilícita se hizo con pleno conocimiento, repito, con pleno conocimiento de la hoy imputada, provocando que se diera una afectación al erario al no actuar contra los terceros que de manera reiterada cometían las irregularidades, por lo que es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, de forma continuada, con dolo y en calidad de autora directa”, explicó la Fiscal.

La audiencia presidida por el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, entró en receso para que la Fiscalía General de la República aclare diversas peticiones de la defensa.

Aristegui Noticias
Juan Omar Fierro
Ciudad de México
Jueves 8 de agosto de 2019.


Las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios fueron congeladas ante las sospechas de desvío de recursos cuando estuvieron al frente de la Sedesol y Sedatu


Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró las cuentas de la extitular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles así como la de quien fuera su Oficial Mayor en dicha dependencia, Emilio Zebadúa por el caso de la Estafa Maestra.

Según información consultada por Excélsior, las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto fueron congeladas ante las sospechas de desvío de recursos durante si paso por la Sedesol y la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Fuentes federales explicaron que se trata de un procedimiento realizado por la UIF para la recopilación de elementos que, de considerarlo, se podrán integran a la carpeta de investigación y presentarlos ante un juez federal.

Se detalló que investigaciones y los datos que esto arroje, se deben considerar reservados con motivo de la pesquisa, pero podrán conocerse durante el desarrollo de la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República busque imputar a Robles Berlanga.

Incluso la defensa de la también exjefa de Gobierno del Distrito Federal puede interponer una demanda de amparo ante un juez federal con el objetivo de evitar que se mantengan congeladas las cuentas de su cliente en caso de que el juzgador así lo considere o bien, le de una negativa.

Serpa este jueves a las 11:00 horas cuando Rosario Robles deba presentarse ante un juez de control federal con sede en el Reclusorio Sur para que el ministerio Público de la Federación formule su imputación por ejercicio indebido del servicio público y busque vincularla a proceso.

Los delitos por los que se le acusa no merecen prisión preventiva de oficio, por lo que podría llevar su proceso en libertad.

Excélsior
Juan Pablo Reyes
David Vicenteño
Ciudad de México
Domingo 4 de agosto de 2019.


Quinto Elemento Lab*


Emilio Lozoya Austin rompió el silencio. El exdirector de Pemex calificó las acusaciones como “un ataque político cobarde y sin fundamentos” contra él y su familia. Desde una locación no identificada, Lozoya responde por primera vez a la prensa desde que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados.

El exfuncionario, quien es buscado a escala global por la Interpol, contestó a través de su abogado Javier Coello un cuestionario de nueve preguntas que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, como parte de una investigación periodística realizada en conjunto con Quinto Elemento Lab.

Coello entregó las respuestas el sábado 27 de julio, tres días después de la captura de Gilda Austin, madre de Lozoya, en una pequeña isla al norte de Alemania. “A mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?”, dijo el exdirector de Pemex, investigado en México por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ligados con la trama de Odebrecht.

Süddeutsche Zeitung, Tamedia y Quinto Elemento Lab publicaron que Lozoya y su familia tienen intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, y las autoridades europeas están iniciando investigaciones.

A continuación, se reproducen íntegramente las respuestas de Lozoya, con varios comentarios y precisiones hechas por su abogado Javier Coello.

Pregunta: Las autoridades mexicanas lo acusan de corrupción y lavado de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

Emilio Lozoya: Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción.

P: ¿Es correcto que a partir de 2016 participó en dos empresas registradas en la misma dirección en Múnich, ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me Hamburg GmbH? ¿Cuáles fueron las razones para participar en estas dos empresas?

EL: Las inversiones en las empresas que usted menciona, ELMO y ALLME son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública cada año, mientras fui funcionario público. Todas, producto de mi trabajo empresarial antes de ser funcionario público.

P: En diciembre de 2016, tres entonces altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht confesaron a la justicia brasileña que le sobornaron entre 2012 y 2014 con pagos por un total de 10.5 millones de dólares utilizando empresas offshore con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Como contrapartida, dicen que usted les ayudó a consolidarse en México y ganar contratos con Pemex. ¿Es verdad lo que confesaron? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

EL: He negado categóricamente los supuestos dichos de los brasileños. A cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Por motivos profesionales los conocí, como a las principales empresas de la región, antes de ser funcionario público.

P: La justicia mexicana le acusa como entonces director de Pemex de haber comprado una planta de fertilizantes a sobreprecio. Quinto Elemento Lab escribe que Pemex pagó casi 100 millones de dólares más que el valor de la planta. ¿Es verdad? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

Javier Coello: La acusación sobre el sobreprecio no tiene sustento. Mi cliente nunca participó en los comités de aprobación de dicha transacción, ya que anualmente representaba menos del 1% del monto total a invertir.

En los comités de aprobación hubo consejeros independientes y de áreas de personas involucradas, White & Case, AT Kearney y empresas de consultoría global.

Las valuaciones las hicieron consultores globales reconocidos y el INDAABIN, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.

EL: El problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después, es absurdo.

P: En diciembre de 2012 usted compró una casa en la Cuidad de México por 2.58 millones de francos suizos a través de la empresa offshore Tochos Holding. Se dice que parte del dinero proviene de los sobornos de los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quiere comentar algo?

EL: Mi casa en la Ciudad de México se compró en noviembre de 2012, un mes antes de ser funcionario público. ¿Cómo se puede acusar de sobornos a una persona que no es funcionario público? Todo el dinero que se usó para la compra de dicho inmueble es producto de actividad empresarial de años de trabajo antes de ser funcionario público.

P: En agosto de 2013 su esposa Marielle Eckes compró una residencia en la costa pacífico de México a través de un abogado que trabajaba para Altos Hornos. El dinero para la compra provino de una cuenta bancaria de la empresa Tochos. ¿Qué relación tienen la adquisición de la residencia, la compra de la planta de fertilizantes a sobreprecio y el hecho de que la misma empresa offshore en que según los ejecutivos de Odebrecht le depositaron los sobornos recibiera pagos millonarios por parte de Altos Hornos?

EL: Su información es incorrecta, el abogado que asesoró la transacción es un abogado con cientos de clientes que lleva un despacho privado; que haya asesorado otras empresas o individuos lo desconozco, pero dicho despacho tiene más de una década ayudando a mi familia con su consejería jurídica.

No hay relación en absoluto entre la adquisición de dicha casa y cualquier otro negocio. Igualmente, todos los recursos utilizados de dicha compra fueron producto de dinero que se tenía, tanto mi esposa como yo antes de que fuera funcionario.

Sobre los tratos de Odebrecht y AHMSA, debe preguntarles a ellos. Ambas empresas facturan miles de millones de dólares y desconozco sus tratos empresariales. Aunque es del conocimiento público declaraciones de AHMSA que habían contratado a Odebrecht para algún proyecto de expansión, más allá de eso no tengo detalles.

P: En el registro de empresas de Luxemburgo se puede comprobar que entre noviembre de 2009 y julio de 2013 usted fue miembro del consejo de administración de Cormus Holding S.A., que a partir de octubre de 2010 se llamó JF Holding S.A. Además, entre 2013 y 2014 usted invirtió aproximadamente 10 millones de euros en tres fracciones en JF Holding S.A. y por eso recibió acciones. ¿De dónde vienen esos 10 millones de euros? ¿Vienen de los pagos de los cuales hablan los ejecutivos de Odebrecht?

EL: No puedo dar detalles de esto por no tener los documentos a la mano, pero es absurdo ligar a Odebrecht con esto.

JC: Todas las inversiones que tenía el Sr. Lozoya fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública, incluyendo cualquier participación en empresas extranjeras.

Asimismo, su información es incorrecta, el Sr. Lozoya dejó cualquier Consejo de Administración de empresas privadas antes de entrar al gobierno. Se cuentan con pruebas de eso y cualquier omisión puede ser un error de la administración de dichas empresas.

P: Según los Panama Papers usted recibió un poder legal en marzo de 2011 para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte a nombre de la offshore panameña Balerg Associates Inc. En emails que pudimos leer se ve que el representante del beneficiario final de la empresa Balerg se niega a revelar el nombre del dueño de la compañía. Así que el despacho Mossack Fonseca renuncia como agente registrado. ¿Es verdad que usted fue beneficiario final de la sociedad? ¿Para qué fue utilizada esta empresa?

EL: Sobre el despacho de Mossack Fonseca, es mentira que yo haya aperturado alguna empresa ahí. Es posible, y ya lo he dicho antes, que le hayan tratado de vender algún servicio a mis empresas y hayan intentado abrir una cuenta para mí, pero jamás tuve mi empresa ni dinero con dicho despacho, ni recuerdo haberlos conocido. Pudo haber tenido contacto con algún empleado mío sin que yo lo supiera, pero de cualquier forma el negocio no se concretó.

P: Su madre fue detenida en Alemania bajo sospecha de blanqueo de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

EL: En dicha persecución política atacan a mi familia, a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión.

JC: Finalmente al defender a una Sra. de 71 años, que no ha cometido delito alguno y que al momento de la detención contaba en México con una orden que frenaba cualquier intento de detención, ¿qué clase de justicia política se está promoviendo en México?

* * *

Aunque Lozoya no se ha dejado ver en público y su paradero oficial es desconocido, la última vez que el exdirector de Pemex habló sobre el caso fue el 10 de junio pasado cuando publicó en Twitter que había decidido no presentarse ante la Fiscalía mexicana debido a que no confiaba en un juicio imparcial.

Hace tres días su abogado Javier Coello reveló que dentro de dos semanas Lozoya reaparecerá en un video en el que dará a conocer su versión sobre las compras de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, así como el saqueo a Pemex que, asegura, cometieron el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación de Quinto Elemento Lab, Süddeutsche Zeitung y Tamedia, publicada el 26 de julio, encontró que Emilio Lozoya entró a Alemania vía el aeropuerto internacional de Frankfurt hace unas semanas. La Fiscalía de Múnich, Alemania, inició una investigación preliminar en torno al mexicano y su esposa alemana, Marielle Eckes.

Una de las líneas de investigación que persigue apunta a que el exdirector de Pemex abandonó Alemania y se encuentra en Suiza.

*Este texto es parte de la investigación colaborativa de Quinto Elemento Lab, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y Tamedia, de Suiza.

Quinto Elemento
Ciudad de México
Viernes 02 de agosto de 2019.


Cinco meses antes de que Enrique Peña Nieto dejara el poder, benefició con un "apoyo adicional" al sindicato de Carlos Romero Deschamps

Ciudad de México. - Cinco meses antes de que Enrique Peña Nieto dejara el poder, Carlos Romero Deschamps pactó con Pemex un "apoyo" adicional al sindicato por 353 millones 175 mil pesos al año.

Esos recursos son adicionales a los 99.6 millones anuales para gastos de administración, y se mantenían reservados vía Transparencia.

Representantes de la empresa y el sindicato se reunieron el 25 de junio de 2018 para "concertar los mecanismos de aplicación del Convenio Administrativo Sindical número 10970/2018" relativo a los incrementos pactados al salario en efectivo por cuota diaria y ayudas, durante los trabajos de la revisión salarial 2018.

En la Cláusula 251 se informó de un "apoyo" al CEN del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por 8 millones 337 mil 112 pesos mensuales para gastos de operación, administración y mantenimiento de sus instalaciones.

Pero en la Cláusula 251 bis, que se mantuvo reservada, se refleja otra "ayuda" por 29 millones 431 mil 304 pesos al mes para fomentar la "capacitación a trabajadores, organizar y conmemorar aniversarios, celebrar asambleas ordinarias y extraordinarias, y la realización de obras sociales", refiere Pemex en una respuesta de información del 7 de junio de 2019.

En dicho convenio se reporta además un aumento al préstamo hipotecario para quedar en 2 millones 142 mil pesos y al préstamo administrativo que sumó 108 mil 404 pesos.

Con distintos amparos, el STPRM frenó a Pemex para otorgar información sobre sus finanzas.

El convenio 10970 fue firmado por Romero Deschamps, como Secretario General del sindicato; por Fernando Navarrete Pérez, en su carácter de Secretario del Interior, y por Ricardo Aldana, Secretario del Consejo General de Vigilancia.

Por parte de la petrolera firmaron Marco Antonio Murillo Soberanis, director corporativo de Administración y Servicios; y Carlos Argüelles Name, Gerente Jurídico Laboral. Fue dado a conocer después por el director Carlos Treviño, pero sin detallar la Cláusula 251 bis.

Hasta noviembre de 2018, el sindicato reportó en sus arcas un saldo de mil 59 millones 698 mil pesos por la Cláusula 251 bis, de acuerdo con el contrato 745521 con Banorte.

El pasado 13 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Romero Deschamps actuar con racionalidad ante las exigencias salariales y de prestaciones para los trabajadores de la empresa productiva.

Reforma
Ciudad de México
Martes 23 de julio de 2019.

 
 
El 93.6 % de los mexicanos está de acuerdo con que el expresidente Enrique Peña Nieto sea investigado por la presunta compra irregular de una planta de fertilizantes de la petrolera estatal Pemex, reveló este jueves una encuesta de la consultora Gabinete de Comunicación Estratégica.

Solo el 5 % de los encuestados se opone a una investigación contra Peña Nieto (2012-2018) a raíz de este caso de corrupción por el cual un juez emitió una orden de arresto contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que el resto no se posiciona al respecto.

Asimismo, el estudio revela que el 72.1 % de los ciudadanos tiene una mala o muy mala opinión del expresidente, mientras que solo 17.7 % tiene una buena o muy buena y el 8.7 % una regular.

Un 91.9 % de los mexicanos apoya incluir también en las pesquisas al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y, en un 90.4 % de los encuestados, al exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell.

Ambos ejercieron como ministros durante la Presidencia de Peña Nieto.

Un juez ordenó el arresto de Lozoya por su presunta participación en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes mientras dirigía la petrolera estatal.

Fruto de esa misma investigación, fue arrestado Alonso Ancira, dueño y presidente de Altos Hornos de México, en Mallorca (España).

No obstante, se desconoce la ubicación de Lozoya, prófugo de la justicia.

De acuerdo con el estudio, el 52.1 % de los encuestados conoce la existencia de esta orden de arresto, mientras que el 47.4 % la desconoce y el 0.5 % no respondió a la pregunta.

La defensa de Lozoya pidió que se cite a declarar a Peña Nieto y a otros exfuncionarios por su presunta implicación en este caso, algo que una jueza rechazó por considerarlo improcedente.

El 60.8 % de los mexicanos considera que esta decisión obedece al hecho de que el Gobierno los está "encubriendo".

El 13.3 % cree que se debe a que sus declaraciones no son relevantes para la investigación, el 4.3 % considera que no hay suficientes pruebas en su contra y el 4.1 % ve una negociación política de por medio.

En menor medida, el resto de encuestados da otros motivos como que "son inocentes", "tienen buenos abogados" o "el gobierno no hace su trabajo", o simplemente no se posicionan.

Esta encuesta se llevó a cabo de manera telefónica entre los días 9 y 10 de julio con una muestra de 601 personas, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 4 %.

Lozoya también es investigado por haber recibido presuntamente 10 millones de dólares en sobornos de la trama de la brasileña Odebrecht en México.

EFE
Ciudad de México
Jueves 11 de julio de 2019.

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