Ciudad de México.- El Senado "pospuso" la ratificación del ascenso a general de división de José Luis Sánchez León, lo cual es un hecho sin antecedente reciente, en la relación del poder Legislativo con las fuerzas armadas.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Félix Salgado Macedonio, sometió a la aprobación del órgano legislativo 186 de los 187 nombramientos firmados por el Ejecutivo, de ascensos en el Ejército y la Fuerza Aérea.

La omisión de uno de los nombramientos, el de José Luis Sánchez León, lo explicó Salgado Macedonio, tiene el propósito de solicitar mayor información de la trayectoria del militar.

Sánchez León, en agosto pasado asumió el mando de la VI Región Militar, y está relacionado con los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, en 2014.

La ratificación de ascensos del Ejército y Fuerza Aérea aprobados esta mañana en la Comisión de Defensa Nacional, será presentada al pleno del Senado en su sesión de este jueves y ello permitirá que los 186 nombramientos aprobados surtan efecto el próximo 20 de noviembre, como es tradición en las Fuerzas Armadas.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 14 noviembre 2018.


El abogado del capo agregó que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es su co-acusado Ismael "Mayo" Zambada, quien está prófugo

El Cártel de Sinaloa habría hecho sobornos millonarios al presidente Enrique Peña Nieto y a su antecesor, Felipe Calderón, aseguró este martes Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín "Chapo" Guzmán, ante el jurado en el juicio contra el narcotraficante.

Lichtman agregó que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es su co-acusado Ismael "Mayo" Zambada, quien está prófugo, y que ha pagado "al actual y al anterior presidente de México (...) millones de dólares en sobornos".

La estrategia de la defensa es poner a "El Chapo" como un rango medio del cártel bajo el mando de "El Mayo" Zambada, y tratar de describirlo como una "figura mitológica" que el gobierno de México usó como "chivo expiatorio" en el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

El Universal
Ciudad de México
Martes 13 noviembre 2018.

 
Ciudad de México. - Desde hace 83 años, la Residencia Oficial de Los Pinos ha sido el hogar del Presidente de México; sin embargo, hoy vive sus últimos días como residencia oficial para transformarse, según anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en un museo que se integrará al Bosque de Chapultepec.

En tanto ocurre, la mudanza del actual inquilino, el presidente Enrique Peña Nieto, y su familia ha iniciado de manera paulatina, y será definitiva a más tardar el próximo 30 de noviembre.

De acuerdo con funcionarios consultados, la familia del mandatario mexicano, su esposa y los seis hijos, ya no habitan el lugar, pues se han traslado a su nueva morada junto con todo el menaje de casa; la mudanza se ha hecho a distintas horas del día, principalmente por las noches.

El Presidente sigue habitando Los Pinos, aunque los fines de semana se traslada a su residencia ubicada en el Country Club Gran Reserva Golf de Ixtapan de la Sal, en su natal Estado de México.

Su labor como titular del Poder Ejecutivo la sigue cumpliendo en la casa Lázaro Cárdenas del complejo habitacional, donde se encuentra su despacho y las principales áreas de trabajo, salones de eventos, o en Palacio Nacional para reuniones oficiales.

Al sexenio le quedan los días de noviembre, tiempo en el que el mandatario permanecerá en Los Pinos, de donde partirá el 1 de diciembre rumbo a la Cámara de Diputados a hacer entrega de la banda presidencial, como parte de la ceremonia de cambio de poderes, y de ahí irá a un lugar que aún no está definido.

En las próximas semanas seguirá el acomodo de artículos personales, como fotografías, libros y obsequios que serán llevados a su casa particular.

Las últimas horas

El 30 de noviembre próximo será el último día de Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo federal. De acuerdo con la agenda oficial prevista, ese día amanecerá en Buenos Aires, Argentina, donde participará en dos reuniones de la Cumbre del G20, junto a los jefes de Estado de las principales economías del mundo.

Ahí mismo podría atestiguar, acompañado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, la firma del T-MEC —el sustituto del TLCAN— que harán los ministros de los países de América del Norte.

El regreso del mandatario a la Ciudad de México está previsto para la tarde de ese viernes para que, en el primer minuto del 1 de diciembre, asista a la ceremonia de cambio de poderes en el Palacio Nacional, en la que hará entrega de la Bandera Nacional a Andrés Manuel López Obrador, lo que significará la transmisión del mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Peña Nieto descansará por última vez en la Residencia Oficial de Los Pinos desde donde saldrá el sábado por la mañana, aún escoltado por elementos del Estado Mayor Presidencial, rumbo a la Cámara de Diputados a la ceremonia oficial de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

Una vez concluida, Peña Nieto será acompañado por el general Roberto Miranda Moreno, hasta ese día jefe del Estado Mayor Presidencial, a su nuevo domicilio.

Personal al mínimo

Con la llegada del nuevo gobierno, la administración saliente ha debido compactar la plantilla de servidores públicos al mínimo. Así, desde finales de agosto y mediados de septiembre se realizó un primer recorte de trabajadores en distintas áreas de la Residencia Oficial. Y el 30 de octubre, un segundo recorte dejó a menos de una tercera parte, alrededor de mil 300 plazas, que llegaron a ocuparse en la administración peñista.

En Los Pinos, las principales áreas redujeron su personal 70%. Ahí operan la Jefatura de la Oficina de la Presidencia; la Coordinación de Política y Gobierno; la de Comunicación Social y la Vocería del Gobierno de la República; la Coordinación de Asesores; la Coordinación de Estrategia Digital; la Secretaría Técnica de Gabinete, la Secretaría Particular y la Jefatura del Estado Mayor Presidencial, que son el centro neurálgico de la Presidencia de la República.

Por ejemplo, en Comunicación Social sólo permanece su titular, Eduardo Sánchez, con no más de 15 colaboradores. Al finalizar el sexenio, en Los Pinos sólo quedarán empleados de base que habrán de ser reasignados a otras funciones.

Excélsior
Ciudad de México
Domingo 11 noviembre 2018.


La Policía Federal (PF) es la institución que más ha invertido, puesto que en el oficio PF/OCG/DGE/4489/2018 se detalló que en los últimos dos sexenios se ha erogado 176 millones 137 mil 923 pesos.

 
Ciudad de México.- En los últimos 12 años, la utilización de telefonía celular en 22 instituciones públicas ha costado al erario federal 912 millones 468 mil 955 pesos, publicó El Universal. En respuesta a solicitudes de información obtenidas por dicho periódico, se detalla que este gasto aumenta, debido a que en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, de 2006 a 2012, se destinaron 404 millones 745 mil pesos, mientras que en la presente administración federal este gasto ha sido, hasta agosto de este año, de 507 millones 723 mil 951 pesos.

La documentación entregada señala que la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las secretarías de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gobernación (Segob) y Defensa (Sedena), así como la Cámara de Diputados, son los organismos que más han gastado en esta prestación.

En su plan de austeridad de 50 puntos, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, propone en el apartado 42 ahorrar servicios telefónicos y de internet en las dependencias públicas.

La Policía Federal (PF) es la institución que más ha invertido, puesto que en el oficio PF/OCG/DGE/4489/2018 se detalló que en los últimos dos sexenios se ha erogado 176 millones 137 mil 923 pesos. Empero, al solicitar el nombre y cargo de las personas que tienen este apoyo, la PF respondió que la información se encuentra clasificada como reservada, debido a que se pondría en riesgo la vida y seguridad de estos servidores.

“El proporcionar el nombre de los integrantes o ex integrantes que reciben o recibieron la prestación de telefonía celular por la PF pone en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los mismos, siendo obligación de la institución protegerlos en todo momento para salvaguarda de los mismos (..) poner en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los integrantes ocasiona riesgos personales en su vida y seguridad, que pueden alcanzar hasta sus familias”.

La PGR es otra de las instituciones que más dinero ha destinado a telefonía celular, puesto que desde 2006 ha desembolsado casi 160 millones de pesos, y con base en la partida presupuestal 315-01, este año mil 173 funcionarios públicos tienen esta prestación.

El Consejo de la Judicatura Federal informa que en los últimos 12 años por el pago de telefonía celular, se ha destinado un total de 124 millones 440 mil 274 pesos de su presupuesto. El organismo judicial detalla que para este año se tienen contratadas mil 504 líneas, de las cuales 848 fueron asignadas a magistrados de Circuito, 565 a jueces de Distrito, y cinco para los consejeros de la Judicatura Federal.

Mientras que en la respuesta con folio 6440000124318, la UNAM informó que de 2006 a la fecha, ha destinado 97 millones 297 mil pesos en este rubro, y señaló que la telefonía celular no es una prestación, debido a que la institución no está obligada a proveerla, sino que es “una herramienta de apoyo a las actividades y responsabilidades de determinados usuarios y se otorga con base en lo que cada titular de entidad o dependencia considera procedente”.

La Universidad Nacional indicó que en los pagos de telefonía celular se incluyen los servicios de internet móvil y transmisión de datos que no operan directamente en un smartphone, sino en equipos especializados, módems, tablets y tarjetas BAM en USB.

En los últimos dos sexenios, la CFE informó que ha gastado 80 millones 928 mil 45 pesos en inversión de este servicio, puesto que argumentó que es “de vital importancia” que personal operativo “esté localizable las 24 horas del día y cuente con comunicación que le permita recibir mensajes y notificaciones de los sistemas de automatización del sistema eléctrico, para dar atención oportuna a la operación y eventos de la red nacional de transmisión con el fin de reducir el tiempo de afectación en caso de algún disturbio o contingencia”.

La Secretaría de Gobernación detalló que a Alfonso Navarrete Prida no se le paga el servicio de telefonía celular, pero sí se le pagó esta prestación a José Francisco Blake Mora, titular en 2011, así como a Alejandro Poiré Romero, quien fungió como secretario en 2012.

La solicitud de información 0000400149918 detalló que entre los 224 funcionarios que reciben la prestación está Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Patricia Bugarin Gutiérrez, coordinadora Nacional Antisecuestro, así como los subsecretarios Manuel Cadena Morales, Patricia Martínez Cranss, Andrés Chao Ebergenyi, Rafael Adrián Avante Juárez y José Luis Stein Velasco.

La Dirección General de Tecnologías de Información de la Cámara de Diputados, que ha gastado 27 millones 428 mil 246 pesos en telefonía celular, indicó que ningún legislador cuenta con este servicio, pero “hay personal que recibe esta prestación para atender tareas de resguardo, seguridad y operación”. En tanto que el Senado detalló que en este año se tienen asignadas 120 líneas, de las cuales 28 están asignadas a órganos de gobierno, y el resto, 92 líneas, para trabajadores de las áreas parlamentarias, técnicas y administrativas.

Durante este 2018, según la solicitud 021000048518, la Oficina de Presidencia de la República paga 85 líneas telefónicas para igual número de funcionarios, entre ellos Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, así como secretarias particulares del presidente Enrique Peña Nieto y asesores del organismo.

El Universal
Ciudad de México
Domingo 11 noviembre 2018.


Diputados revisarán Museo Internacional Barroco, Línea 2 del Metrobús, teleférico y remodelación del estadio

Con el apoyo de los diputados locales del PRI y Compromiso por Puebla, Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) aprobó la reapertura del ejercicio fiscal 2016-2017 del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
El proyecto avalado en la sesión del Congreso estatal establece solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregar la información relacionada con el ejercicio del ahora senador del PAN.

La diputada local de Morena, Vianey García Reyes, señaló: “Debe abrirse la coladera de corrupción que se vivió en el gobierno de Moreno Valle a través de las obras”. Los proyectos cuestionados que citó la legisladora son el Museo Internacional Barroco, emblemático de la administración pasada, la Línea 2 del Metrobús, la remodelación del Estadio Cuauhtémoc y el teleférico.

“Hay obras de todos los años de Rafael Moreno Valle: está el caso del teleférico que se pagó dos veces en la ciudad de Puebla, siendo una obra que no tiene razón de ser; hay que destapar toda la coladera de la corrupción”, dijo García Reyes.

La bancada morenista recordó que, en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades del ejercicio 2015, hasta por 4 mil 570 millones de pesos. A favor de Moreno Valle, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales Álvarez, refirió que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas fija que un ejercicio fiscal no puede revisarse dos veces, una vez que fue juzgado y abrió la posibilidad de que el ex mandatario interponga un amparo federal.

El Universal
Edgar Ávila
Corresponsal
Puebla, México
Martes / 11 / 2018.


Con el voto a favor de las bancadas de Morena, PT, PES, MC, PAN y PRD, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, reprobaron la Cuenta Pública 2016 de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, porque aún falta por aclarar 103 mil 377 millones de pesos en ese ejercicio.

En una sesión ordinaria, los diputados federales del PRI y del Partido Verde Ecologista votaron en contra de reprobar la Cuenta Pública del titular del Ejecutivo y argumentaron que ven tintes políticos en esta votación.

"Este documento debe tener un aspecto técnico y no político, y lo marca muy claro el artículo de la Ley General de Fiscalización. Es por ello, que dado que algunos artículos del cuerpo de dictamen tiene valoraciones políticas y no técnicas, es que el grupo parlamentario votará en contra de este dictamen, y expondremos nuestros motivos en la discusión que se lleve a cabo en el Pleno, y realizaremos por supuesto las reservas correspondientes en el Pleno una vez que se presente a discusión", explicó Fernando Galindo diputado del PRI.

De acuerdo con el dictamen que analizó la Comisión de Presupuesto, que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) y que tiene hasta este miércoles 31 de octubre para avalar o rechazarla en el pleno, se detalla que la información contenida en la Cuenta Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, se desprende que el Ejecutivo Federal ejerció ampliaciones netas por 613 mil 975.6 millones de pesos, que al 31 de diciembre del 2016, el saldo de la deuda bruta del gobiernos federal ascendió a 7 billones 447 mil 963.4 millones de pesos, esto es, 952 mil 884.7 millones de pesos superior al informado un año antes.

Además, se describe que de los mil 865 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, se determinaron 8 mil 069 observaciones que dieron lugar a 10 mil 346 acciones.

"Sin embargo, existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios. Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reporta recuperaciones operadas que ascienden a 8 mil 906.7 millones de pesos, con corte al mes de mayo del 2018, y que a mayo de 2018 aún falta de aclarar 103 mil 377 millones de pesos", describe el quinto resolutivo del dictamen avalado.

En el documento se dice que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, "los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública objeto del presente decreto".

Define que acatando lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Comisión considera que la aprobación del dictamen "no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación.

"Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación, para que presente a esta soberanía una propuesta de modificación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se considere materia de responsabilidades: el rebase desmedido del Presupuesto de Egresos, así como la no consideración de todos los requerimientos financieros en el proceso de integración del Paquete Económico".

En el resolutivo se instruye también a la ASF a que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta pública 2016, y le dé parte a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con hechos de corrupción o en su defecto a la PGR.

El Universal
Ciudad de México
Martes 30 de octubre de 2018.


Empresa GEA, de la que es socia y consultora esposa del periodista, recibió contrato de más de 400 millones de pesos por parte de la administración de Peña Nieto

De acuerdo con el documento titulado “The Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Mexico”, la esposa del periodista Carlos Loret de Mola, Ruth Berenice Yaber Coronado aparece en la página 93 como socia de GEA/StructurA, en la página de Linkedin la pareja del periodista de Televisa aparece como consultora de la empresa GEA (Grupo de Economistas Asociados) y un artículo del periódico El Norte titulado “Representa el ISAN el 1% de los ingresos” Ruth Berenice Yaber Coronado, esposa de Loret de Mola es referida como socia consultora de la empresa GEA.

El Portal de Obligaciones y Transparencia registra que el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) ha suscrito con el gobierno federal al menos 46 contratos. Entre los múltiples contratos celebrados por GEA con el gobierno federal, destaca el contrato DGTFM-16-14 por un monto de 428 millones, el cual le fue otorgado junto a las empresas ADHOC Consultores y Asociados, Grupo Consultor Independiente, Sistemas Integrales para Transporte, EM Consultoría en Proyectos Públicos y Privados. El objeto del contrato fue: “estudios de Planeación e Integración, Topográficos, Mecánica de Suelos, Arquitectónicos, Urbanos, Ambientales, Hidrológicos, Jurídicos, Financieros, Ferroviarios; Electromecánicos y de material rodante para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para construir el Tren Peninsular de la Estación Chichén Itzá al cadenamiento (KM 272+900), y la Ingeniería básica desde ese cadenamiento a Cancún”.

El millonario contrato no fue asignado a través de una licitación pública, sino a través de un método de adjudicación denominado “invitación a cuando menos tres personas” según consta en el contrato DGTFM-16-14.

En este conglomerado empresarial destacan varios ex funcionarios públicos como el caso de Jesús Reyes Heroles exdirector de PEMEX en el gobierno de Felipe Calderón en el periodo de 2006 a septiembre de 2009, y que actualmente se desempeña como presidente del grupo empresarial StructurA, organización que agrupa a las empresas GEA Grupo de Economistas y Asociados, PROA, MBD y EnergeA,  esta última una empresa tiene como fin según su portal “desarrollar proyectos en el sector energético” el hermano de Jesús Reyes Heroles, Federico es miembro del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, además de ser analista político y columnista en el periódico Excélsior.

Guillermo Valdés es otro de los exfuncionarios públicos en el grupo directivo de StructurA, Valdés se desempeñó como exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.  Alejandro Hope otro exfuncionario en el organigrama de la empresa fungió entre 2008 y 2011 como funcionario del (CISEN). Alejandro Hope ha participado en numerosas mesas de análisis organizadas por el periodista Carlos Loret de Mola, en ninguna ocasión el periodista ha hecho saber a su audiencia la relación laboral que existe entre la esposa del periodista y el consultor Alejandro Hope.

La empresa presidida por Jesús Reyes Heroles ha sido señalada como una empresa favorecida por el gobierno federal gracias a que su presidente Jesús Reyes Heroles sea desempeñado como funcionario público y empresario, lo cual le ha permitido establecer relaciones de negocios muy favorables.

En un reportaje de Esteban David Rodríguez titulado “Jesús Reyes Heroles y socios, magnates gracias a Pemex” el periodista de la revista Proceso señala  que el exdirector de PEMEX fue “repudiado por la cúpula priista en 2006 tras negar su apoyo al candidato presidencial tricolor y anunciar su adhesión a la campaña de Felipe Calderón, Jesús Reyes Heroles González Garza regresa en 2013 como figura estelar del show de legitimación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, quien le perdonó todo”

Berenice Yaber es economista egresada del ITAM y además de ser socia-consultora de la empresa GEA, la esposa del periodista es muy aficionada a viajar y la fotografía, desde su cuenta de Instagram, Yaber Coronado comparte su gusto por la fotografía y los viajes que ha realizado a Japón, China, Indonesia, Hong Kong, India, Sudáfrica, Botsuana, Francia, España, Alemania, y varias ciudades en los Estados Unidos de Norteamérica.

Los Angeles Press
Por Julio C. Roa
Ciudad de México
Lunes 29 de octubre de 2018.

 
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia Constitucional ante la SCJ para proteger a Enrique Peña Nieto y su gabinete de trabajo de posibles órdenes de aprehensión, citatorios o averiguaciones abiertas por el gobierno de Chihuahua.

El 11 de octubre pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia Constitucional para ampararse ante posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales de Chihuahua contra cualquier funcionario federal.

Esta acción legal viene tras las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien hace unas semanas dijo que la “justicia alcanzaría” al presidente Enrique Peña Nieto toda vez que Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, fue liberado el 28 de septiembre, situación que Corral calificó como un acto de protección del ejecutivo federal para el priista.     

Si procede la controversia Constitucional presentada por Presidencia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), no solo el presidente, Enrique Peña Nieto, quedaría protegido, sino también todos los integrantes de su gabinete, ante cualquier investigación, citatorio u orden de aprehensión.

De acuerdo con el diario Reforma, en el recurso presentado se nombra al gobernador Javier Corral; a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, y al Poder Judicial local. Esta sería la primera vez que la presidencia de México presenta una acción legal para protegerse.

En mayo pasado Javier Corral acusó a un juez federal de tratar de violentar las leyes al solicitar el traslado del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos, y dos ex colaboradores del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a Ciudad de México para continuar con sus procesos penales.

César Duarte es acusado de corrupción y se encuentra prófugo de la justicia, en tanto que Alejandro Gutiérrez es señalado por un presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos para campañas priistas.

Leer: Javier Corral asegura que PGR busca la liberación del exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez

Aunque Alejandro Gutiérrez fue detenido y encarcelado desde diciembre de 2017, el pasado 28 de septiembre quedó en libertad y con la medida cautelar con una tobillera de geolocalización, con la restricción legal de no salir del estado de Chihuahua.

De acuerdo con la PGR, la Fiscalía General de Chihuahua no solo no aportó elementos de prueba suficientes que permitieran mantener el proceso en contra de Gutiérrez Gutiérrez, sino que obstaculizó las investigaciones e impidió robustecer la causa penal del político.

Alejandro Gutiérrez aún tiene un proceso pendiente por peculado.

Ante esto, el gobernador Javier Corral acusa que la PGR y el presidente Peña Nieto han procurado que prevalezca la impunidad.

Animal Político
Ciudad de México
Lunes 22 de octubre de 2018.


Reprochan 'cinismo' de Rosario Robles por desvíos millonarios


Ciudad de México. - La diputada Sandra Olvera, de Morena, exigió que Rosario Robles sea castigada por ser cómplice en los desvíos durante sus gestiones en Sedesol y Sedatu, y el diputado Emmanuel Reyes, del PRD, le pidió renunciar al cargo.

"¿Por qué permitió que desaparecieran millones de pesos?", dijo Olvera a la titular de la Sedatu.

Acusó que aunque ningún contrato tiene su firma, Robles aprovechó una excepción en la Ley de Adquisiciones para adjudicar contratos directamente y agregó que es responsable de este proceso como titular de la dependencia.

"Las mujeres hemos recuperado espacios, pero usted no nos representa. Pudiendo quedar como la primer Jefa de Gobierno, está quedando como la mayor cómplice de este Gobierno. Feminismo no es sinónimo de corrupción", dijo la legisladora morenista.

"¿Dónde quedó el dinero para los más pobres, donde quedaron los más de 2 mil millones de pesos en la Sedesol?, ¿en la Universidad del Estado de México?, ¿en la de Colima?, ¿en la de Morelos o en las empresas fantasma que usted toleró?, ¿en cuentas en el extranjero, quizá?, ¿en campañas políticas del algún partido oficial?, ¿o tal vez en caballos de pura sangre? Ahí tal vez está el dinero. Siendo usted una mujer, sagaz y preparada, ¿dejó que estos miles de pesos desaparecieran?, ¿por qué permitió este delito? Quizá es cierto que no aparezca su firma, pero sí se hizo con su conocimiento, porque es la titular, ¿no?", lanzó.

La morenista acusó a la funcionaria de servirse de México y no servir al país.

"Se lo pregunto de nuevo, Secretaria. ¿Por qué fue usted cómplice de la estafa maestra, o es usted la maestra de la estafa? No sea cínica, usted no le sirvió a México, usted se sirvió de México", agregó.

En su oportunidad, el diputado Emmanuel Reyes, del PRD, pidió a Robles dejar su cargo en Sedatu para someterse a investigación.

"Si usted está dispuesta a colaborar, yo quisiera, finalmente, invitarla a que no se espere hasta la entrega-recepción de su dependencia, sino más bien la convoco a que renuncie al puesto que usted ocupa, para que usted se entregue y que coopere con las investigaciones que la Auditoría Superior está realizando y que seguramente también lo hará la Procuraduría General de la República", pidió el legislador.

Al momento en el que hablaba el perredista, compañeros de su bancada mostraron pancartas contra la funcionaria en la Tribuna.

Reprochan 'cinismo' de Robles por desvíos

Diputados reprocharon a Rosario Robles, titular de la Sedatu, por los desvíos millonarios en esa dependencia y en la Sedesol.

"¿Dónde están los 7 mil millones de la Estafa Maestra?" y "Estafa Maestra, graduados en desaparecer dinero público", se lee en mantas que portan los legisladores.

Poco después de iniciada la comparecencia, Gerardo Fernández Noroña, del PT, demandó cancelarla ante lo que llamó "cinismo" en la ex perredista.

"Es intolerable seguir escuchando ese nivel de desvergüenza", expresó.

Por su lado, la legisladora Martha Tagle llamó a la funcionaria a no seguir tapando la red de corrupción, pues tendrán que rendir cuentas.

"Las condiciones de género no nos exime de asumir nuestra responsabilidad en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción, no te equivoques, Rosario, tampoco, al querer seguir tapando a esta red de corruptos que te pusieron en esa comisión", acusó.

"A ti te trajeron al pleno, justamente, para dividir esto. Más vale que ya no los sigas tapando, y no te equivoques, Rosario, no te equivoques, Rosario. No te equivoques porque esa red de corrupción, de la que formas parte, en algún momento van a rendir cuentas".

Lizeth Sánchez, del PT, señaló que Robles siempre ha estado envuelta en escándalos de corrupción.

"Las cifras alegres no resuelven los millones robados a las familias mexicanas, el daño es irreparable", señaló al reprochar a Robles su falta de ética.

"No es ningún secreto su largo recorrido por la vida en el sector público, en la que ha estado envuelta en escándalos de corrupción, desde que encabezó el Gobierno del Distrito Federal, primero, luego cuando encabezó el PRD y en cada uno de los cargos públicos por los que ha pasado desde entonces, siempre la ha perseguido una estela constante de corrupción".

En su intervención, el priista Eduardo Zarzosa manifestó que durante la comparecencia se lanzaron expresiones dolosas y falaces en contra de Rosarios Robles y del Gobierno de Peña Nieto.

Criticó que los legisladores de otras fracciones quieran sacar rajar política de un tema "cuyo único fundamento son notas mediáticas" y dijo que confían totalmente en la honestidad de la titular de la Sedatu.

En medio de la comparecencia, Fernández Noroña dejó su curul para ir a los lugares del PRI, donde se hizo de palabras con el diputado Luis Miranda. Ambos manotearon, pero el coordinador del tricolor, René Juárez Cisneros, intervino y se llevó al petista de regreso a su lugar.

Reforma
Ciudad de México
Martes 16 octubre 2018.


En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.


Río de Janeiro. - La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.

El ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.

La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región.

La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.

México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.

En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

El escándalo creció con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de exejecutivos de la constructora -como el exdirector en México Luis de Meneses-, que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.

Pese a estas evidencias la fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que la entidad mexicana que vela por el acceso a la información le pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.

En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios y nueve exfuncionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.

La fiscalía brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.

Por otra parte, Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.

La AP solicitó a la Procuraduría General de la República aclaraciones sobre el tema, pero no obtuvo ningún comentario.

En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron “un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado” pero no está claro si tiene algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil.

Associated Press
Rio de Janeiro, Brasil
Miércoles 10 octubre 2018.

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