En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.


Río de Janeiro. - La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.

El ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.

La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región.

La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.

México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.

En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

El escándalo creció con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de exejecutivos de la constructora -como el exdirector en México Luis de Meneses-, que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.

Pese a estas evidencias la fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que la entidad mexicana que vela por el acceso a la información le pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.

En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios y nueve exfuncionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.

La fiscalía brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.

Por otra parte, Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.

La AP solicitó a la Procuraduría General de la República aclaraciones sobre el tema, pero no obtuvo ningún comentario.

En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron “un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado” pero no está claro si tiene algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil.

Associated Press
Rio de Janeiro, Brasil
Miércoles 10 octubre 2018.


Altos Hornos de México (AHMSA) que en 2014 vendió a Pemex la planta chatarra de Agro Nitrogenados, un mes luego de la operación transfirió 3.7 millones de dólares a una firma “offshore” vinculada a Odebrecht y a Emilio Lozoya Austin.

De acuerdo con un reportaje de Quinto Elemento Lab, basado en el expediente de la operación “Lava Jato” de Brasil, una red de sobornos entre políticos, funcionarios y ejecutivos de constructoras para adjudicarse obras de la empresa petrolera Petrobras, Grangemounth Trading Compan recibió 3.7 millones de dólares procedentes de AHMSA y transfirió cinco millones de dólares a Zecapan SA, firma “offshore” presuntamente vinculada a Lozoya, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre diciembre de 2012 y febrero de 2016, publicó el diario Reforma.

De acuerdo con el testimonio de altos exejecutivos de Odebrecht, fue proporcionada por el mismo exdirector de Pemex para que le efectuaran pagos por sus servicios.

Las transferencias de dinero se realizaron el 17 y 24 de febrero y el 10 de marzo de 2014 sumando un total de 3 millones 703 mil 540 dólares.

AHMSA informó a Quinto Elemento Lab que las transferencias a Grangemouth fueron por el pago de un asesoramiento para la ampliación de las siderúrgicas en Monclova, Coahuila.

Las transferencias se hicieron desde la firma, una de las 20 que Derecha utilizaba para pagar los sobornos a los funcionarios de diversos países incluyendo a Lozoya.

Por su parte, el abogado de Lozoya, Javier Coello, negó que su cliente tenga "relación de negocios con directivos de AHMSA o haber recibido pagos de ésta".

Una búsqueda por Quinto Elemento Lab en Escocia y Reino Unido a Grangemouth Trading Company presentó que la firma no tiene actividades, propiedades, oficinas o hipotecas y tampoco declara empleados.

El Siglo de Torreón
Ciudad de México
Lunes 20 de agosto de 2018.


En 2013 y 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó un contrato por mil 436 millones de pesos a Odebrecht, al tiempo que se registró la transferencia de cinco presuntos sobornos por cinco millones de dólares de la empresa brasileña a la dirigida en ese entonces por Emilio Lozoya.

En un cotejo de documentos realizado por el reportero Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la carpeta de investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) -reservada hasta el año 2021-, se revela:
 
Al día siguiente de que Pemex recibió la propuesta de Odebrecht para el contrato de la modernización de la refinería de Tula, el departamento de sobornos de la constructora brasileña transfirió desde el Meinl Bank de Antigua un millón de dólares a una cuenta en el Neue Bank AG, en Liechtenstein, a nombre de la empresa offshore Zecapan SA, que según los delatores en Brasil, estaba ligada a Emilio Lozoya, lo cual él ha negado reiteradamente.

Según la investigación de MCCI, la brasileña Odebrecht presentó su propuesta a Pemex el 2 de diciembre de 2013 y la transferencia del soborno se realizó un día después.

Ocho días después, el 10 de diciembre, la dirección de Pemex refinación avaló la excepción a la licitación pública, y ese mismo día una empresa offshore de la oficina de sobornos transfirió 480 mil dólares a la misma cuenta en el Neue Bank de Liechtenstein.

El fallo a favor de Odebrecht lo emitió Pemex a los tres días.

En los meses siguientes fluyeron más sobornos, que coincidieron con la formalización del contrato, de acuerdo con los documentos checados por MCCI.

El 27 de enero de 2014, el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Emilio Lozoya, aprobó los términos y condiciones del contrato y al día siguiente la subdirección de proyectos del área de refinación, a cargo de Jesús Lozano Peña, elaboró el dictamen de adjudicación directa para otorgar a Odebrecht el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.

El contrato fue firmado finalmente el sábado 15 de febrero de 2014, y en los siguientes días el operador de la oficina de sobornos, identificado como “Gigolino” (identidad de Olivio Rodriguez Júnior) ordenó tres transferencias a la cuenta de Zecapan SA en el Neue Bank de Liechtenstein:

Un depósito por un millón 350 mil dólares fue ordenado el 21 de febrero (a los seis días de la firma); otro el 11 de marzo por un millón de dólares y uno más el 17 de marzo por un millón 170 mil dólares.

Según el cotejo de documentos, en noviembre de 2014 hubo otras transferencias que coincidieron con dos ampliaciones consecutivas al contrato en Tula por 879 millones de pesos.

Pemex reservó hasta el año 2021 cualquier documento relacionado con la asignación directa del contrato de la refinería de Tula a Odebrecht, con el argumento de que forma parte de las investigaciones que realiza la PGR.

Los documentos reservados

MCCI obtuvo algunos de los documentos reservados, uno de ellos corresponde al acta de una reunión del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, en las que se aprobaron las condiciones del contrato, con el aval de funcionarios de la petrolera y de la Secretaría de Energía.

Entre los asistentes a aquella reunión, realizada el 27 de enero de 2014 en el piso 44 de la Torre Ejecutiva de Pemex, estaban Miguel Tame, director de Refinación; Carlos Murrieta Cummings, director de operaciones; Mario Alberto Beauregard Álvarez, director de finanzas; Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico; Leonardo Cornejo Serrano, coordinador de proyectos de modernización y Jesús Lozano Peña, subdirector de proyectos, y quien firmó el contrato con Odebrecht.

También acudieron a la sesión dos cercanos colaboradores de Emilio Lozoya: Froylán Gracia Galicia, su coordinador ejecutivo, y Carlos Roa Rodríguez, su coordinador de asesores.

En la sesión del consejo se tomó el acuerdo CAPR-004/2014 para asignar sin licitación el contrato para “el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería”.

También los consejeros aprobaron incluir en el contrato una cláusula anticorrupción, en la que el contratista se comprometía a que, durante la ejecución de la obra, ni él, ni sus subcontratistas o empleados ofrecerían o darían dinero o cualquier otra dádiva a servidores públicos.

Sin embargo, ya para entonces Odebrecht había pagado una primera tanda de sobornos, de acuerdo con los documentos obtenidos por MCCI.

Los consejeros argumentaron que la asignación directa evitaría incrementos en el costo de la obra.

“La estrategia de contratación que se propone, permitirá adjudicar los trabajos a una propuesta que asegure el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de programación para el desarrollo de las obras, evitando con ello pérdidas o costos adicionales importantes (…) con lo que se justifica el procedimiento mediante excepción a la licitación pública”, fue el argumento que quedó por escrito.

El Consejo de Administración acordó que el monto del contrato sería por hasta 165 millones de dólares, equivalentes a 2 mil 225 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces, con un plazo de ejecución de 540 días naturales.

No obstante, el contrato se firmó por mil 436 millones de pesos, aunque luego se elevó a dos mil 315 millones de pesos a través de dos convenios modificatorios realizados en el transcurso de la obra.

La información de MCCI da cuenta que en la reunión del 27 de enero, los consejeros acordaron que, para obtener la oferta más conveniente, Pemex-Refinación haría una investigación de mercado para identificar potenciales contratistas que contaran con atributos de trayectoria, cumplimiento, capacidad y soporte financiero.

Una vez identificadas las potenciales empresas, se acordó que Pemex les solicitaría su propuesta técnica y económica para analizarla y decidir la mejor alternativa.

Sin embargo, ese procedimiento era una simulación, pues desde un mes antes –el 13 de diciembre de 2013- Pemex había evaluado la propuesta de Odebrecht y ese mismo día había elaborado el fallo que sirvió como base para asignarle el contrato.

Es decir, el contrato ya estaba apalabrado. Prueba de ello es que al día siguiente de la sesión del consejo, el 28 de enero de 2014, la Subdirección de Proyectos de Pemex-Refinación elaboró el dictamen de adjudicación directa a Odebrecht.

“El procedimiento de adjudicación directa es el único esquema de contratación que permite el cumplimiento de las fechas clave” para las obras asociadas al proyecto de aprovechamiento de residuales en Tula, argumentó la petrolera estatal.

A la sesión del 27 de enero de 2014, tanto el director de la petrolera, Emilio Lozoya, como el subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, no se presentaron a la reunión.

Lozoya tenía el cargo de presidente del Consejo, posición que tuvo que ser ocupada en aquella reunión por su suplente, Víctor Díaz Solís, en ese entonces director corporativo de Administración de Pemex, según consta en la lista de asistencia, obtenida por MCCI.

Ochoa Reza, por su lado, era consejero propietario del Consejo, y su lugar fue ocupado ese día por su suplente, Daniel Guerrero Rodríguez, director de transformación industrial de hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

Tampoco se presentaron a la reunión otros dos consejeros propietarios: Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Energía y Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda.

De los 23 funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía que acudieron a la reunión, sólo cuatro permanecen en sus cargos.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 18 de mayo de 2018.


El Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht

Ciudad de México. - La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que las sanciones impuestas contra la empresa Odebrecht y sus representantes legales fueron conforme a derecho, luego de identificar irregularidades en la ejecución de contratos suscritos por la constructora y sus filiales con Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un comunicado, la dependencia dirigida por Arely Gómez informó que en lo que se refiere a "su compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas" para reducir las sanciones, la empresa no entregó elementos de prueba por lo que fueron improcedentes.

La dependencia dijo que en marzo de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. (Odebrecht) presentó un escrito en el que manifestó su intención de "colaborar (confesar) con las autoridades competentes", a efecto de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de reducción de sanciones previsto en Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).

"En respuesta a lo anterior, la SFP le requirió que presentara y precisara los requisitos legales de su cooperación y confesión de responsabilidad y que aportara elementos de prueba en términos de la LFACP".

La dependencia explicó que en abril de 2017 la empresa solamente presentó un escrito sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta.

En junio de 2017, la SFP le notificó a la constructora que no era procedente su petición de reducción de sanciones, en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes para acreditar la infracción.

Empero, la SFP dejó a salvo sus derechos para el momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas.

"Ante ello, Odebrecht interpuso Juicio de Amparo, mismo que fue resuelto en favor de la SFP al haber sido declarado improcedente por un Juez Federal, quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción".

Odebrecht consideró como "infundadas e improcedentes", las sanciones administrativas en contra de su subsidiaria en México que anunció la Unidad de Responsabilidades de la SFP, que les impide participar en contrataciones públicas federales.

Las sanciones económicas ascienden a 543 millones 488 mil 615 pesos para cada una de las empresas, mientras que los representantes legales recibieron una multa por un millón 262 mil 222 pesos cada uno.

El Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht

Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector regional de la constructora, declaró que dio 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto

La constructora brasileña Odebrecht ha sido nuevamente sancionada e inhabilitada para operar en México, esta vez, durante dos años y tres meses, según ha dado a conocer este jueves el periódico Reforma. La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno mexicano ha decretado el castigo por simulaciones e incumplimientos de un contrato que fue adjudicado en noviembre de 2015 por un monto superior a los 1.800 millones de pesos, más de 105 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Las autoridades han responsabilizado al director de finanzas de la constructora brasileña, Gleiber José de Faria, y a su director en México, Alberto de Meneses Weyll. De Meneses Weyll declaró en Brasil que dio un soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016.

Ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos implicados en la trama de corrupción. La sanción de la SFP, un ministerio dependiente del Ejecutivo que se encarga de vigilar el desempeño del Gobierno mexicano, es la primera contra miembros del consejo directivo de una empresa privada, refiere Reforma. Además de la inhabilitación, Odebrecht deberá pagar una multa de 543,5 millones de pesos (poco menos de 30 millones de dólares).

El contrato que mereció el castigo contemplaba la construcción de accesos y obras externas en la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, en el centro del país. El acuerdo fue adjudicado a Odebrecht el 12 de noviembre de 2015, unos tres meses antes de que Lozoya, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto y el principal señalado en México por participar en la red de sobornos de la constructora brasileña, dejara Pemex.

La SFP ha dicho que las obligaciones del contrato fueron cedidas a la empresa Construcción Internacional de México para "simular" el cumplimiento, otro de los cargos que se imputan a Odebrecht. La constructora brasileña ya había recibido otras dos inhabilitaciones en diciembre y febrero pasados por un contrato que se firmó en febrero de 2014. La anterior inhabilitación era por cuatro años.

El convenio de 2014 se celebró por 1.465 millones de pesos (unos 108 millones de dólares al tipo de cambio de entonces) y obligaba a Odebrecht a acondicionar el sitio y construir plataformas en la misma refinería de Tula. La multinacional cobró trabajos ya previstos en el acuerdo como actividades extraordinarias y causó daños indirectos a Pemex por 119 millones de pesos (9 millones de dólares), según la prensa mexicana. Otro convenio, firmado a finales de ese año por 1.151 millones de pesos (85 millones de dólares), no ha supuesto sanciones para la empresa brasileña.

Las investigaciones de la SFP son independientes a las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR, el equivalente a la Fiscalía nacional), encargada de fincar las responsabilidades penales sobre Odebrecht en México. "Donde se está celebrando un acto de corrupción hay dos partes (...) es una sanción incompleta", ha dicho este jueves Rafael Hernández, diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática sobre la decisión de la SFP.

Lozoya ya había sido llamado a declarar ante la PGR después de que tres ex directivos de la constructora aseguraran que recibió sobornos entre 2012 y 2016. El exdirector de Pemex ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones y ha logrado retrasar el proceso judicial en su contra con recursos presentados por su defensa.

El papel de la PGR en las investigaciones ha sido fuertemente cuestionado debido a que depende del Ejecutivo. Pese a que ya se aprobó una reforma constitucional que creaba una Fiscalía independiente y un nuevo sistema anticorrupción, las nuevas instituciones no han comenzado a funcionar porque no se han nombrado a sus titulares. El nombramiento de los fiscales independientes provocó el año pasado disputas políticas álgidas en el Legislativo mexicano, pero meses después el tema se ha diluido de la agenda de las campañas presidenciales rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.

El País
El Universal
Ciudad de México
Lunes 23 de abril de 2018.


El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, goza de protección del Presidente Enrique Peña Nieto porque el dinero de sobornos de Odebrecht paró en su campaña, acusó Andrés Manuel López Obrador.

Al iniciar una gira de cinco días por Puebla, el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia advirtió que, de ganar, aplicará justicia en ese caso.

"Hay impunidad, pero ya se va a terminar todo eso (...) en el caso de Lozoya hay protección clara, manifiesta de Peña Nieto, porque no sólo es el asunto de Odebrecht, hay otros negocios que hicieron juntos, Salinas, Peña y Lozoya", señaló.

"No va a pasar nada (en este sexenio); es claro que Lozoya tiene protección del Ejecutivo porque el dinero que recibió, los sobornos de Odebrecht, fueron a parar a la campaña de Peña Nieto, eso está probado".

No obstante, dijo, si obtiene el triunfo se aplicará la ley para que haya justicia, pero descartó venganza.

REFORMA publicó que un allegado de Lozoya es investigado por la Función Pública.

La dependencia federal indaga el patrimonio de Froylán Gracia García, ex coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex y uno de los principales hombres de confianza del ex director de la petrolera Emilio Lozoya.

La Dirección de Evolución Patrimonial de la SFP ha pedido explicaciones a Gracia García sobre una casa en Jardines del Pedregal con valor de 12 millones de pesos, un departamento de 5 millones de pesos en la Colonia Reforma Chapultepec y unos depósitos supuestamente no justificados por 66 mil 633 pesos.

La revisión de sus bienes ocurre en paralelo a la investigación que también llevan a cabo la SFP y la Procuraduría General de la República por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex.

Pide evitar injerencias del extranjero

Andrés Manuel López Obrador pidió a Gobiernos extranjeros, entre ellos al de Estados Unidos, a evitar injerencias en temas nacionales como los comicios del próximo 1 de julio.

En relación a los pronunciamientos del Secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre presuntos intentos de injerencia de Rusia en América Latina, manifestó que sus dichos no crean mayor impacto porque, sostuvo, siempre las potencias amagan con ese discurso.

"Si nosotros mantenemos nuestra postura de no permitir la injerencia extranjera de ningún Gobierno, no vamos a tener ningún problema, se los puedo decir así, de manera muy coloquial y sencilla, ni verdes ni maduros", sostuvo.

"Nosotros somos respetuosos de todos los Gobiernos del mundo y también pedimos que se respeten los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos; de estos últimos, van a haber elecciones en México, y solamente los mexicanos vamos a decidir".

El precandidato presidencial admitió que sí es necesario exista una buena relación con Estados Unidos por motivos de geopolítica, comercio, economía, y ofreció construirla.

Reforma
Francisco Rivas
Pahuatlán, Puebla, México
Viernes 02 de febrero de 2018.


•    La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse

•    Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas


México.- Los recientes escándalos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht es una muestra de que América Latina aún afronta grandes desafíos de la corrupción sistemática.

"Es una pena escuchar cada semana un nuevo escándalo en algún país latinoamericano por algún político relacionado con Odebrecht", sostuvo el investigador Jorge Sánchez Tello, de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), un centro del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En entrevista con Xinhua, el experto dijo que los sobornos de Odebrecht en una decena de países de América Latina, un caso originalmente destapado en Brasil por una pesquisa anticorrupción llamada "Lava Jato", exhibieron que la región carece de un Estado de derecho robusto.

En Perú, el mayor escándalo de corrupción en la región de los últimos años ya derivó en una orden de arresto contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), y llevó a la cárcel preventiva al ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, por imputaciones de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral.

La semana pasada el actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado a seis años de cárcel luego de que la Fiscalía lo acusó de haber recibido sobornos por 13,5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht con contratos del Estado en cinco proyectos de sectores estratégicos, mientras hay pesquisas en curso en Colombia, Venezuela y México, entre otros.

"Esto se debe justamente a que en América Latina no se ha construido el Estado de derecho, es la principal causa", expresó Sánchez Tello.

"América Latina ha tenido gobiernos de izquierda, derecha, centro, populistas, tecnócratas, pero la corrupción sigue porque no ha existido alguien en los últimos 50 años que realmente quiera crear instituciones para aplicar la ley", lamentó.

El investigador consideró que la debilidad institucional abre la puerta a que políticos o funcionarios aprovechen su cargo para beneficiarse con negocios ilícitos, una situación que en México ha quedado demostrada con varios casos de ex gobernadores encarcelados o buscados por presuntamente desviar recursos públicos.

La constructora brasileña contaba incluso con un departamento especializado en los sobornos a funcionarios de los países a cambio de obtener negocios en infraestructura, recordó.

Sánchez Tello expuso que es común que empresas accedan e incluso estén acostumbradas a pagar dádivas en los países de la región para trámites o permisos, como licencias para construcción, porque es algo que piden funcionarios de cualquier nivel de gobierno.

La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse, además de que a la par dificulta la recaudación debido a que la población desconfía que sus impuestos sean destinados a servicios, subrayó.

Al respecto, el director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, Hugo Beteta, señaló que el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones es fundamental para un desarrollo de la economía.

Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, por lo que los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas, agregó en entrevista con Xinhua.

"Las instituciones de combate a la corrupción son fundamentales para la inversión, para el crecimiento y para el funcionamiento y la sostenibilidad social de las políticas", expuso Beteta.

En tanto, para el investigador adjunto del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, Guo Cunhai, la "corrupción en América Latina ya no es un fenómeno esporádico, sino sistemático".

"La serie de escándalos de corrupción en América Latina agudizará las perturbaciones políticas de la región, lo cual dificultará la configuración de nuevas políticas económicas destinadas a estimular el desarrollo latinoamericano y seguramente dejará un impacto negativo a la economía de América Latina", expresó a Xinhua.

Guo agregó que "si bien muchos países latinoamericanos cuentan con un marco jurídico relativamente completo, la aplicación de la ley todavía es bastante débil en algunos países".

Por su parte, el analista argentino Rosendo Fraga dijo a Xinhua que la lentitud de la Justicia argentina para abordar los casos de corrupción, con procesos que demoran en promedio 14 años, genera escepticismo en la opinión pública, la que termina relegando la importancia de ese tema por detrás de cuestiones "urgentes", como la economía y la inseguridad.

Algo similar ocurre en Perú, donde la justicia ha procesado desde 2012 a 12.000 funcionarios de diversos niveles de la administración pública por presuntos actos de corrupción y de ese total ha admitido denuncias contra 1.500, según informó recientemente el contralor general del país, Nelson Shack Yalta.

"En el período 2009-2017, durante el gobierno de los dos contralores que me han antecedido, se procesaron ante la Justicia penal más de 16.000 funcionarios; de éstos, solo 61 fueron condenados", anotó el funcionario.

Xinhua
Luis Brito, Pei Jianrong y Juan Manuel
Ciudad de México
Viernes 22 de diciembre de 2017.


En un video hasta ahora inédito, un ex directivo de la empresa brasileña confesó cómo Emilio Lozoya le pidió que Odebrecht contribuyera a la campaña presidencial de Peña Nieto.

Emilio Lozoya Austin pidió al gigante brasileño Odebrecht una "contribución" millonaria a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto para posicionarse dentro del grupo de quien ocuparía la titularidad del Ejecutivo federal de México, según confesó Alberto Meneses Weyll, director superintendente de Odebrecht en México, el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en Sao Paulo, Brasil.

La organización periodística Quinto Elemento Lab tuvo acceso y difundió un video de la confesión del exdirectivo de la constructora brasileña. Lozoya fue Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto de 2012.

En la grabación se escucha decir a Meneses Weyll que cuando Lozoya ya estaba posicionado en el comité de la campaña presidencial, él le planteó que sería muy importante para que Odebrecht pudiera contribuir con algo en la campaña. El confesor precisó que venían trabajando con Lozoya de 2009 y que era la única persona que conocían en la campaña.

Meneses indicó que ya que no había habido “un reconocimiento” de Lozoya por las contribuciones a los planes de la empresa, consideró atender la solicitud y ante todo porque él era parte del equipo de un candidato de un partido que lideraba las encuestas. “Decidí invertir y materializar en algo que venía ocurriendo en los últimos años principalmente para posicionarnos ante una eventual victoria y ante un eventual posicionamiento de él en el futuro gobierno”.

“Él solicitó un reconocimiento de 5 millones de dólares. Consulté a mi líder y le indiqué el potencial que Lozoya podría representar. Le sugería a mi líder que aprobáramos una buena cantidad para reconocer la actividad que se estaba desarrollando y así lo hicimos”, dijo. El exdirectivo precisó que posteriormente se reunió con Lozoya y le indicó que le darían 4 millones de dólares, algo que el mexicano aceptó. Unos días después, Emilio Lozoya le brindó a Meneses los datos de cuentas de en el extranjero en las que se depositarían las “contribuciones”, según el testimonio.

Las confesiones de directivos de Odebrecht ante la justicia brasileña indican que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex, los directivos del gigante brasileño lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos, una petición a la que él accedió. De esta manera, según la misma información, se acordaron otros pagos por un total de 6 millones de dólares. De este monto, 4 millones estaban condicionados por un contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Cuando Odebrecht obtuvo el contrato en Hidalgo, se llevaron a cabo transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por el mismo Emilio Lozoya. Esto empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, según la misma información. Las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de 1 millón 170,000 dólares y varias más, hasta sumar 5 millones de dólares.

Newsweek
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.


Odebrecht acompañó al PRI y a Peña Nieto en toda la campaña presidencial, revela delator

Ciudad de México. - La filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, en ese tiempo director de la compañía y hoy delator ante la justicia brasileña para esclarecer el gigantesco caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato.

“Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013, según consta en la transcripción del encuentro.

De acuerdo con nuevos documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.

Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa y ha asegurado que demandará a los delatores por dañar su honor. Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México.

El pasado 14 de agosto, MCCI publicó que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores.

Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias por 1.5 millones provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en el estado de Veracruz, en alianza con la empresa mexicana Idesa.

Los documentos revelados por MCCI –que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank- fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Esta no es la primera vez que Braskem es investigada por financiamiento de campañas electorales. En la pesquisa del caso Lava Jato, se descubrió que la firma petroquímica financió a candidatos y partidos políticos en Brasil, mientras que en Argentina aportó dinero para la campaña del actual presidente Mauricio Macri.

Reuniones, desde 2010

De acuerdo con la información de MCCI, el seguimiento de Braskem y de Odebrecht a la trayectoria de Peña Nieto se dio desde antes de que éste fuera candidato a la Presidencia.

En la primera semana de abril de 2010, el entonces gobernador del Estado de México viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht y luego, en octubre de 2011 –cuando ya se perfilaba como candidato presidencial-, se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca.

Esta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil como parte de la investigación del caso Lava Jato.

Según estos correos –de los que MCCI tiene copia-, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó un encuentro de dos horas con Peña Nieto; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para reunirse con el entonces gobernador Javier Duarte, y por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fadigas, el director de Braskem. En dos días, Odebrecht se reunió con personajes de tres partidos (PRI, PAN y PRD).

Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló con Carlos Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.

“Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI), no sólo del actual presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya 100%”, aseguró Fadigas en aquella reunión.

Apenas asumió la Presidencia, dice MCCI, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.

“Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no sólo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013 en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado “de tiempo completo” al candidato priista.

En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos.

De Braskem a Latin America Asia Capital

Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del caso Lava Jato.

En esas planillas se detalla que un primer pago de Braskem a Latin America Asia Capital se efectuó el 23 de mayo de 2012 por 500 mil dólares a través del Meinl Bank de Antigua; a los siete días (el 30 de mayo) hubo otra transferencia por 490 mil dólares y una semana después (el 8 de junio) una más por 510 mil dólares. En suma, 1.5 millones en dos semanas.

Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.

En cada transacción aparece la clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.

En el caso de la empresa ligada a Lozoya, aparece la clave “Salvador”, mientras que en las de sobornos pagados en Petrobras el código es “Volley” y “Competitivo”, que era la identidad oculta de Bernardo Freiburghaus, operador de Odebrecht en Suiza y Alexandrino Alencar, exdirector de Braskem.

La cercanía con la campaña de Peña

Luis Alberto de Meneses Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, confirmó en su delación premiada rendida el 16 de diciembre de 2016 ante autoridades de justicia de Brasil, que la empresa había seguido la campaña presidencial de 2012, y que su trato había sido con Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional.

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito en las encuestas”, dijo Weyll a los fiscales brasileños, de acuerdo con el expediente revelado el pasado 13 de agosto por la organización El Quinto Elemento Lab.

“Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, añade el expediente.

Según el expediente citado, Weyll concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.

De acuerdo con el delator, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

Rodrigo Tacla, quien trabajó en el Departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País de España el pasado 28 de julio que la compañía brasileña le había apostado a futuro a Lozoya, a quien veían como futuro presidente, y confesó que una práctica común era invertir en las campañas en Latinoamérica para después conseguir contratos gubernamentales.

“El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. (…) La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno”, declaró Tacla, quien está en libertad provisional en España acusado de soborno y lavado de dinero.

Se deslinda Emilio Lozoya

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, deslindó a su cliente de cualquier transferencia realizada a favor de la empresa Latin American Asia Capital Holding, en Islas Vírgenes.

“Esa cuenta no pertenece al señor Emilio Lozoya Austin y no tiene relación con ese dinero a que hace referencia”, expresó al preguntársele sobre las transferencias realizadas por Braskem entre mayo y junio de 2012.

“Hasta el momento la PGR no ha hecho del conocimiento información alguna que se obtuviera de la Fiscalía de Brasil, siguiendo en espera de la misma para poder ejercer el debido derecho de defensa”, añadió.

Proceso
Reforma
Raúl Olmos
Lunes 23/10/2017.


•    Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

•    Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) lo cesó de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivo el despido, la PGR refirió que Santiago Nieto Castillo “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia que se encuentra acéfala tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Fue el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien “actuando en suplencia del Procurador General de la República”, informó de la decisión.

El miércoles pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con el hasta hoy titular de la FEPADE en la que afirmó que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

Y es que en agosto pasado la dependencia abrió una carpeta para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht se destinó al financiamiento de la campaña del PRI.

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte.

“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto al diario Reforma.

Según Nieto Castillo, la FEPADE prepara una acción penal contra quienes resulten responsables si se comprueba un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI.

Entre los elementos de esa investigación estarían cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.

Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

Empresarios, activistas e integrantes de organizaciones ciudadanas reprobaron la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y calificaron la decisión como vergonzosa, cínica y sospechosa.

“Huele, y mucho, a represalia política, y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”, expresó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien dijo que se trata de una decisión muy delicada.

La medida pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht, secundó la presidenta del Consejo Rector de la organización, María Marván Laborde.

“El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un Fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para el 2018”, denunció en sus redes sociales la exconsejera del Instituto Nacional Electoral.

Añadió: “Qué vergüenza y qué tristeza de País. Se cesa a un Fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel ¿de qué tamaño es Odebrecht?”.

Por su parte, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, fundador de AHORA, destacó que la remoción de Nieto es “una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”.

Es muy grave porque se registra después de que el fiscal de delitos electorales reveló las presiones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012, subrayó.

A su vez, el activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.

Y el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que la destitución del fiscal es un signo de intolerancia y del “neoautoritarismo” que está surgiendo en el país.

Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Senadores de oposición cuestionaron la destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que corresponde al Senado objetar o ratificar a quien desempeñe ese cargo en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la Constitución en el artículo 102, párrafo VI.

El propio Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que acudirá al Senado “en términos de la Constitución”.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, advirtió el abogado, designado por la mayoría de los senadores como titular de la FEPADE a raíz de la reforma constitucional de 2014.

El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, subrayó que el gobierno debe dar una “explicación puntual” de la remoción de Santiago Nieto, quien se convirtió en un funcionario “incómodo” por haber actuado contra personajes ligados al PRI en las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Herrera recordó que también por la acción de Santiago Nieto, el exsenador del Partido Verde y entonces subsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar, fue consignado ante un juez en 2015 acusado de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios de ese año.

A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, aclaró que la destitución de Nieto Castillo se inscribe “en un conjunto de hechos que pronto irán corroborándose”.

Entre esos hechos señalados por Barbosa Huerta destacan la averiguación previa en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e implicados en el presunto desvío de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del 2012.

“De todos es conocida la cercana amistad de Emilio Lozoya con el presidente Enrique Peña Nieto y sus vínculos políticos y económicos que ponen a Lozoya como uno de los hombres más poderosos del sexenio y por tanto su condición de intocable”, fustigó Barbosa.

El senador poblano también vinculó el caso Odebrecht con la dimisión del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.

“No presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht”, reveló Barbosa.

La senadora Dolores Padierna recordó que el fiscal Santiago Nieto llevaba “casos emblemáticos” de corrupción vinculados a los comicios y presunta triangulación de recursos públicos, como fueron el caso de OHL en el Estado de México, el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua acusado de desviar recursos de la burocracia a la campaña del PRI, o el caso de la diputada local veracruzana Eva Cadena, que recibió sobornos presuntamente para Morena.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Viernes 20 de octubre de 2017.


Emilio Lozoya exigió que lo exoneraran y una disculpa pública por el ‘caso Odebrecht’

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presionó para que se le declarara inocente y se le ofreciera una disculpa pública. Así lo asegura Santiago Nieto, el fiscal especializado en delitos electorales, en una entrevista publicada este martes por el periódico Reforma. Lozoya había sido señalado en agosto pasado por supuestamente recibir 10 millones de dólares en sobornos, según el testimonio de tres ex directivos de Odebrecht a la Justicia brasileña. Nieto investiga si parte de ese dinero terminó en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, en la que Lozoya participaba como jefe de asuntos internacionales.

"Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte", relata Nieto. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) abrió el expediente sobre Lozoya en agosto, el mismo mes que los reportes periodísticos lo acusaban de corrupción.

"Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar'. Esto es lo que me parecía particularmente grave", recoge Reforma. Lozoya, uno de los hombres de confianza de Peña Nieto, desmintió en su momento las acusaciones y negó que existieran evidencias en su contra. "Mi consciencia está tranquila", dijo Lozoya, quien dejó la dirección de Pemex en 2016. "Es falso. En ningún momento se pide impunidad, se pide aclaración o se pide que lo liberen. Solamente se pide que lo citen para que se aclare lo que la Fiscalía imputó", ha dicho a El Financiero Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, sobre los dichos de Nieto.

Nieto afirma que hay indicios de un supuesto financiamiento de Odebrecht a campañas del Partido Revolucionario Institucional y que prepara una denuncia contra los responsables. Reforma cita como elementos de la investigación cuentas bancarias ligadas a Lozoya y Odebrecht en las islas Caimán, Suiza y Brasil.

Raúl Cervantes, extitular de la Procuraduría General de la República (el equivalente a la Fiscalía nacional), dijo tras presentar su renuncia este lunes que había concluido "las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto".

El titular de la FEPADE, ocupado de la deriva electoral del caso, ha optado por la cautela y no ha dado más detalles sobre la pesquisa en curso. "Es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas", sentenció Nieto.

El País
Reforma
Ciudad de México
Miércoles 18 de octubre de 2017.

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