"Una incógnita recorre Puebla tras la reciente transición del gobierno estatal: ¿quién ejerce el poder real en el estado, el mandatario constitucional que asumió funciones el pasado 1 de febrero, Antonio Gali Fayad, o su jefe político y antecesor Rafael Moreno Valle?"

Salvador García Soto

Una incógnita recorre Puebla tras la reciente transición del gobierno estatal: ¿quién ejerce el poder real en el estado, el mandatario constitucional que asumió funciones el pasado 1 de febrero, Antonio Gali Fayad, o su jefe político y antecesor Rafael Moreno Valle? La pregunta se basa no sólo en la estrecha relación política y de intereses existente entre los dos personajes, sino también en el hecho de que en el gabinete del mandatario entrante, con el argumento de la “continuidad”, cinco secretarios del gobierno anterior fueron ratificados, entre ellos el influyente titular de Gobernación, Diodoro Carrasco, además de que el Fiscal estatal, el auditor del Estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el del Instituto de Transparencia y hasta consejeros y magistrados de los órganos electorales locales y del Poder Judicial estatal, tienen vínculos directos con el ex gobernador Moreno Valle.

La dependencia política de Gali con su antecesor es hasta ahora clara y el escaso margen de maniobra que le dejaron para el año y 8 meses que estará en el cargo hace pensar que eso no cambiará. De hecho, antes de su salida, Moreno Valle no sólo negoció con su sucesor mantener en sus cargos a los secretarios más importantes del gabinete, sino que además completó su “blindaje” jurídico con el nombramiento, desde el Congreso local, el último día de su gobierno, de tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado: Israel Mancilla Amaro, Marcos Moreno Gavaldón y Héctor Sánchez, los dos primeros ex funcionarios y muy cercanos al gobernador saliente y a su esposa, Martha Ericka Alonso, actual dirigente del PAN en Puebla.

Porque ese es otro elemento que apunta a que los analistas empiecen a hablar de la reedición de un “Maximato” como el que vivió Puebla con Maximino Ávila Camacho, quien controló el gobierno estatal desde 1937 que fue electo hasta 1945 con gobernadores a los que manejaba a su antojo. El control brutal y absoluto que ejerció Maximino en Puebla hasta antes de ser envenenado por sus propios colaboradores, es hoy recordado en los corrillos políticos de la capital poblana a propósito de un nuevo gobernador que, aunque por un periodo tan breve, parece “atado de manos” por su antecesor y jefe político.
El carácter de Gali.

Sin embargo, aunque nadie duda de las intenciones transexenales de Moreno Valle, que van incluso más allá de la actual gubernatura, con el proyecto de perfilar a su esposa Martha Ericka como posible candidata del PAN en 2018, hay otros panistas que se mueven en contra de la idea de un “Maximato” que le dé al ex gobernador el control del estado por los próximos ocho años. Uno de ellos es el diputado federal Juan Pablo Piña Kurczyn, hijo del ex gobernador priísta de Puebla Mariano Piña Olaya, y quien después de haber sido secretario particular y consejero jurídico en el gobierno de Moreno Valle, se distanciara del ex mandatario y hoy se ve más cercano a Ricardo Anaya.

Piña Kurczyn fue el único de los diputados poblanos del PAN que se rebelaron en contra de Moreno Valle en la votación en diciembre pasado de la Ley de Ingresos que autorizó el “gasolinazo”, ordenada por el ex gobernador al coordinador poblano en San Lázaro, Eukid Castañón. Esa rebelión le valió acusaciones de “traidor” de los morenovallistas, aunque lo acercó al grupo de Marko Cortés, coordinador de la bancada blanquiazul, quien fue reservado sobre el artículo transitorio en que se incluían los aumentos a gasolina y diésel a partir del 1 de enero pasado.

Por eso la gran interrogante es qué papel jugará el gobernador Tony Gali en los planes transexenales de Moreno Valle. La duda es si una vez que se afiance en el cargo, Gali buscaría mayor independencia de su antecesor o si, acotado como está y con morenovallistas como Diódoro en su gabinete, el gobernador poblano no tendrá muchas lealtades que le apoyen en el momento de intentar dar un manotazo a su antecesor.

El incidente más tenso que llegaron a tener Rafael Moreno Valle y Antonio Gali durante la campaña fue el día que a Gali invitó a Ricardo Anaya a un acto posterior al debate entre candidatos, sin consultar a Moreno, el 12 de mayo de 2016. Cuentan cercanos al hoy gobernador que al enterarse Moreno Valle llamó encolerizado al abanderado: “!Cómo se te ocurre invitar a ese cabrón! ¿a quién le preguntaste? No puedes invitarlo, te exijo que retires la invitación”, le dijo. Pero para sorpresa de Moreno Valle su ‘delfín’ no acató la orden: “No voy a desinvitarlo y hay problema por eso hoy mismo presento mi renuncia a la candidatura”. El tono del gobernador cambió ante la amenaza. “No, tranquilízate, pero esas cosas tienes que consultarlas antes”. Y Anaya estuvo aquella noche en el Hotel de la zona de Angelópolis celebrando con Gali su desempeño en el debate.

Esa es la gran pregunta que hoy muchos se hacen en Puebla: ¿Antonio Gali se sentará realmente en la silla de gobernador y ejercerá el poder que (“haiga sido como haiga sido”, Calderón dixit) se ganó en las urnas? Si eso ocurre el juego de poder en Puebla puede cambiar; si no, el actual mandatario será sólo un títere que dará paso al nuevo maximato del morenovallismo que conocerán los poblanos.

El Universal
Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
Ciudad de México
Sábado 11 de febrero de 2017.


Ricardo Raphael

La propuesta de unidad convocada por el presidente Enrique Peña Nieto divide las opiniones. Lo mismo sucede con el llamado a marchar que varias organizaciones sociales han hecho para este domingo bajo la consigna “Mexicanos Unidos”.

No son pocos los liderazgos, grupos y ciudadanos que se han negado a participar. En principio parece mezquino negarle al país la urgente solidaridad que se requiere para enfrentar un desafío exterior tan grave como el encabezado por el gobierno de Donald Trump.

¿Quién con un mínimo de decencia puede decir que no al llamado del Presidente?

Ayuda como clave para responder a esta interrogante una frase que Isabel Miranda de Wallace, ex candidata panista al gobierno de la capital, pronunció con gran convicción el día de ayer: “¡Qué se llene todo el Paseo de la Reforma, no es momento de cuestionarnos dentro de nuestro país!”.

¿Para salir adelante necesitamos los mexicanos someternos a un esfuerzo de unidad incondicional, sumisa, acrítica, ciega —sin cuestionamientos— sin conciencia ni argumento?

En estos días me parece equivocado renunciar a la inteligencia propia para sumarse a un movimiento convocado sólo por el miedo o por el odio que despiertan las políticas del país extranjero.

Así como no debemos permitirnos responder con xenofobia a su xenofobia, con mentiras a sus mentiras o con nacionalismo infantil al suyo, tampoco habríamos de renunciar al cuestionamiento cuando el habitante de la Casa Blanca utiliza la estupidez masiva como su principal parlamento de poder.

Los mexicanos no merecemos convertirnos en el espejo de nadie: contra la negación de la conciencia que la fe trumpista promueve en el país vecino, México debe afirmar conciencia crítica a la hora de mirarse y mirar al resto del globo.

La historia humana es abundante en llamados intolerantes a la unidad y todos han resultado un desastre. En unos años Estados Unidos habrá de recordar este penoso pasaje de su biografía como un trance absurdo de histeria colectiva.

Mientras esto ocurre, en México no podemos permitirnos jugar como imitadores de su locura. Al revés, lo deseable sería tomar distancia sincera de la epidemia social que aqueja a los vecinos.

Temo que la unidad nacional convocada por mis compatriotas pueda ser un espejismo peligroso, sobre todo si con ella se pretende ocultar la naturaleza diversa de las identidades mexicanas.

Lo que nuestro país requiere hoy es solidaridad, mucha solidaridad, y no la impostura de una visión homogénea —unificadora— dispuesta sin reflexión para darle la espalda a lo múltiple, en vez de reconocer que es en el acomodo generoso y fraterno de nuestras diferencias dónde se halla el mejor emplazamiento para sobrevivir la temida amenaza geopolítica.

En su discurso del domingo pasado, a propósito del aniversario de la Constitución, el presidente Peña Nieto hizo referencia a los valores de la soberanía, la libertad, la justicia, la democracia y la igualdad. Sin embargo, olvidó mencionar el valor de la diversidad —el único que Donald Trump no podría pronunciar sin que la lengua se le atorase en la tráquea.

Este es el momento justo para combatir la supremacía unitaria del magnate neoyorkino con una visión que sepa abrazar genuinamente lo plural y lo diverso. Presumamos la naturaleza múltiple de México; hoy valen más que nunca nuestros contrastes regionales, sociales, económicos, identitarios, ideológicos, éticos o religiosos. No enmascaremos la diferencia con la pretendida unidad.

Al revés, habríamos de sostener una robusta inteligencia crítica sobre lo que somos y lo que queremos ser. No hay diversidad que pueda vivirse pacíficamente sin conciencia, argumento y razón; sin crítica en todo momento y a toda hora: en los medios, en la academia, en la calle, en el espacio público y también en el privado.

Un México crítico será gigante. En cambio, un México diseñado a la imagen y semejanza de Donald Trump sería miserable.

ZOOM: No asistiré a la marcha convocada por Mexicanos Unidos para este fin de semana porque prefiero la solidaridad del México diverso a la sumisión de la impostura unificante.

El Universal
Ricardo Raphael
Ciudad de México
Jueves 9 de febrero de 2017.

Ricardo Raphael

“Los medios deberían estar humillados y avergonzados. Tendrían que mantener la boca cerrada y, por un tiempo, sólo dedicarse a escuchar”. Esta es la sentencia que Stephen K. Bannon, el principal comisario político de Donald Trump, arrojó la semana pasada contra la prensa.

En una conversación publicada por la revista Time, entre verdad y broma este sujeto se comparó a sí mismo con Darth Vader y es que, en efecto, Bannon ostenta hoy un enorme poder dentro de la Casa Blanca.

Este nacionalista blanco y extremo ha estado detrás de las decisiones más polémicas de la brevísima administración Trump. Fue él quien redactó varios de los párrafos centrales del discurso de toma de posesión y también las órdenes ejecutivas contra los migrantes y los refugiados.

Se rumora en Washington que Bannon es igualmente autor de algunos de los tuits más polémicos del magnate neoyorquino.

El jefe de estrategia en la Casa Blanca dice detestar al periodismo que hace crítica contra su jefe —el Emperador. Declaró también que considera a la prensa como un partido de oposición al que debe vencerse.

El mensaje explícito es por entero autoritario: ¡el periodismo o nosotros (Trump y él)!

Todavía falta tiempo y mal azar antes de que el Emperador y Darth Vader lancen el poderoso rayo desde la Estrella de la Muerte para eliminar las libertades con que hoy cuenta la ciudadanía estadounidense.

A pesar del embate arrojado sobre migrantes y refugiados, las instituciones democráticas en el país vecino todavía tienen mucho con qué defenderse. Como prueba emblemática de la protección frente a la arbitrariedad, la semana pasada el juez federal James L. Robart decidió suspender la polémica orden ejecutiva signada por Donald Trump para cerrar la puerta a migrantes y refugiados de origen musulmán pertenecientes a siete países distintos.

El argumento toral del juez fue que Trump decidió proteger la frontera de Estados Unidos frente a individuos cuya peligrosidad no ha sido probada. Lo acusó puntualmente de especular en vez de sustentar su temeraria orden ejecutiva.

La Casa Blanca no tardó en reaccionar instruyendo al Departamento de Justicia para que apelara la decisión ante un tribunal superior.

Incapaz de guardar para sí el resentimiento, el presidente de los Estados Unidos cuestionó con impertinencia la legitimidad de Robart llamándolo “el presunto juez”. Horas más tarde el senador demócrata Patrick J. Leahy salió en su defensa advirtiendo que la hostilidad de Trump contra el Estado de derecho no era sólo vergonzosa, sino también peligrosa.

Durante la madrugada del domingo, por fortuna el tribunal de apelación ratificó la suspensión dictada por Robart. Impuso así la segunda derrota de Donald Trump frente al Poder Judicial. (La última ronda de este pleito será ante la Suprema Corte).

El error del Emperador y su escudero vestido de negro fue desestimar la independencia del sistema judicial estadounidense. Un yerro que ambos cometieron antes contra el periodismo. El poder de los jueces y la fuerza crítica de la prensa son dos anticuerpos robustos para enfrentar las pulsiones autoritarias que estos varones comparten en su intento por destruir el patrimonio democrático de Estados Unidos y del resto del mundo.

Contra la uniformidad racial, política e ideológica que Trump y los suyos pretenden imponer, los estadounidenses tendrán que hacer más y no menos periodismo crítico. Más litigio rebelde de los abogados y mayor insubordinación judicial —con la Constitución en la mano.

Sólo estos contrapesos de la democracia pueden contra los intentos para abolir derechos y libertades.

ZOOM: Observando a Bannon cabe temer que sus imitadores en otros gobiernos del mundo intenten jugar a la política del espejo atacando a sus propios periodistas. Con el pretexto de la pretendida unidad nacional, nada más peligroso que socavar las libertades de expresión y prensa.

El Universal
Ricardo Raphael
Ciudad de México
Lunes 6 de febrero de 2017.


Ordena INE retirar propaganda de Moreno Valle en portal de El Universal


La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro de la propaganda sobre el sexto informe del gobernador Rafael Moreno Valle contratada en el portal del periódico El Universal, por considerarla extraterritorial.

En cambio, por mayoría de votos los consejeros dieron el aval a la promoción que realiza el mandatario poblano dentro del estado, aunque el presidente de la Comisión, José Roberto Ruiz, consideró que sus slogans de “México necesita el cambio que en Puebla ya comenzó” y “El cambio es posible”, apartan su contenido del objetivo de rendir cuentas.

Con el voto de los consejeros Beatriz Galindo y Ruiz, la Comisión ordenó retirar la propaganda del periódico El Universal, debido a que podría contravenir la norma electoral.

“La consejera Galindo y el consejero Ruiz precisaron que el uso de una empresa de comunicación de alcance nacional implica la extraterritorialidad de la difusión de la propaganda”, destaca un comunicado del órgano interno del INE.

En la misma sesión de este martes, Ruiz consideró que la propaganda que Moreno Valle desplegó en territorio estatal en medios electrónicos, digitales, impresos, espectaculares y parabuses, no señala la fecha del Informe de labores, mientras que los anuncios de radio no cuentan con elementos que los relacionen con el Informe.

Las consejeras Adriana Favela y Beatriz Galindo consideraron que no proceden medidas cautelares contra la publicidad divulgada en Puebla, porque, aunque hace alusión a la frase “hace seis años”, el contenido se refiere a obras que se llevaron a cabo en 2016.

“Además, se estimó que la omisión de la fecha de la rendición del Informe en los promocionales (15 de enero pasado) no implicaría una falta, toda vez que ésta, en el caso específico del Informe del Ejecutivo de Puebla, está establecida en la Constitución del estado”, precisa el comunicado.

En diciembre pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una restricción que había ordenado el mismo órgano interno del INE, donde prohibía a Moreno Valle hablar sobre sus aspiraciones presidenciales en medios de comunicación.

En ese entonces, el mandatario poblano acusó al órgano electoral de violentar su derecho y el de los periodistas a la libertad de expresión, incluso dijo que el INE había incrementado los señalamientos en su contra “de manera inusual”.

Antes, el Instituto había ordenado a la revista Líderes Mexicanos retirar la promoción de su edición en la que aparecía el nombre y la imagen de Moreno Valle, y una medida similar se tomó con las revistas TV Notas y Esquire.

El mandatario poblano también ha publicitado su imagen en las portadas de otras revistas como Vértigo y Central, cuyas ediciones se han promocionado en campañas nacionales, no comunes en este tipo de revistas, con anuncios en espectaculares, paraderos de transporte público y spots televisivos y radiofónicos.

Desde septiembre pasado Moreno Valle anunció que buscará la candidatura presidencial del PAN.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 17 de enero de 2017.

A Peña Nieto le pareció oportuno aprovechar el nombramiento de Videgaray para improvisar una reacción frente al movimiento social que crece en el país en contra del gasolinazo

Ayer el Presidente nombró a Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores. Le pareció oportuno aprovechar el acto solemne para improvisar una reacción frente al movimiento social que crece en el país en contra del gasolinazo.

Alguien en su oficina debió aconsejarlo sobre la impertinencia de enviar mensajes tan contradictorios. Hace dos años fue Luis Videgaray quien, desde la Secretaría de Hacienda, propuso la liberación del precio de la gasolina. Él es responsable principal del argumento que hoy tiene encabritados a los mexicanos. Si realmente Peña Nieto compartiera la molestia que genera esta medida no habría aprovechado el momento para tan falsa empatía hacia los ciudadanos.

Esta fue la primera mentira del discurso que pronunció el Presidente el día de ayer. Luego vino el segundo embuste: dijo que el gasolinazo no se debió a la reforma energética. Y sin embargo tal reforma previó la entrada de competidores al mercado de combustibles —diesel y gasolina— para romper el monopolio de Pemex. Con este objeto se modificó el esquema de precio único liberando el costo en casi un 20%.

Que el gasolinazo no fue causado por la reforma hacendaria es el tercer engaño. En esa otra iniciativa se previó que el precio de ambos hidrocarburos sería determinado por los valores internacionales. Hasta diciembre pasado, México contaba con una banda que establecía mínimos y máximos en el precio, independientemente de lo que sucediera con el valor de estos productos fuera del país.

Si la diferencia entre los precios nacional e internacional de la gasolina era grande, la SHCP entraba a subsidiar la brecha. En 2008, por ejemplo, los contribuyentes aportamos alrededor de 300 mil millones de pesos para cubrir el faltante. Algo así como cinco veces el costo del entonces programa Oportunidades, o el equivalente a toda la inversión del Estado mexicano para financiar el sistema de seguridad.

La reforma hacendaria de Peña Nieto se diseñó, entre otras cosas, para terminar con este subsidio y ni él, con todo y su investidura presidencial, puede negar lo obvio.

La cuarta mentira es echar la culpa del gasolinazo al incremento en los precios internacionales. Si la reformas energética y fiscal no hubieran abierto la competencia, liberado los precios y cortado el subsidio, hoy no se observaría un incremento tan dramático de los combustibles.

Es cierto que, a estas tres variables se añade como problema la devaluación de la moneda mexicana, cuestión que incrementa el costo de la gasolina importada. Sin embargo, por la misma razón, Pemex está teniendo mayores ingresos con las exportaciones de crudo. Antes se compensaban las pérdidas de un lado con las ganancias que se obtenían del otro. Pero eso ya no es posible después de las reformas.

La quinta ficción de ayer fue cuando el Presidente dijo que se trataba de “una medida responsable y consistente para preservar la estabilidad de la economía del país”. ¿Qué tan responsable puede ser el gasolinazo? Las reformas mencionadas previeron todos estos movimientos —competencia y liberación del precio— para enero de 2018 y sin embargo el gobierno decidió adelantar la medida. ¿Por qué?

La explicación ofrecida tiene que ver con el subsidio. Si se mantenía la banda de precios durante este año de terremotos financieros, podía suceder otra vez que el contribuyente terminara aportando una cantidad similar a la de 2008. Pero también cabe que la explicación al adelanto de las manecillas sea otra: el año próximo habrá elecciones y el Presidente no quiso que tan tremenda medida fuera a lastimar los votos del PRI.

Peña Nieto entiende poco de economía, pero cuando se trata de elecciones, lo sabe casi todo. Mejor quemar los cartuchos ahora que dentro de doce meses. No le importó por tanto que el gasolinazo ocurriera cuando Donald Trump ha puesto en jaque a la economía mexicana, cuando la presión inflacionaria es grave, cuando el precio del peso se muestra tan volátil y cuando los ánimos sociales andan desbocados.

La séptima mentira de ayer fue decir que “el gobierno está trabajando en medidas a favor de los segmentos más vulnerables de la población.” Falso de nuevo. No hay nada previsto para mejorar el transporte popular y así paliar el alza de la gasolina. Tampoco hay una apuesta por construir los ductos que trasportan combustible hacia las regiones apartadas del país, donde los precios escalarán porque faltan décadas para que haya competencia.

ZOOM: Se entiende que haya pedido a Luis Videgaray que regrese. La dependencia que tiene con este personaje público es grande. Además, es un político mexicano que está en buenos términos con el próximo presidente de Estados Unidos. Sin embargo, ¿para qué arruinar la ocasión hablando del gasolinazo? Me temo que ha perdido el sentido común; ese que se obtiene del contacto sincero con los comunes.

El Universal
Ricardo Raphael
Jueves 5 de enero de 2017.

Compitió contra 200 trabajos elaborados por jóvenes de diferentes partes del país.
 
Cholula.- Mariana Angulo Tapia, estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla, obtuvo el tercer lugar del Premio Nacional para Periodistas Jóvenes convocado por El Gran Diario de México.

“El trabajo con el que concursé y gané este premio se refiere a la mala distribución de las escuelas indígenas en Puebla; concretamente tiene que ver con la problemática que existe en Puebla sobre el desplazamiento de los indígenas de esta región”, comentó Mariana, quien además destacó que esta investigación la hizo porque desde siempre ha tenido una gran inquietud por la población indígena, “la cual es una de las poblaciones más marginadas del país. A raíz de esto, mi trabajo es un reportaje de datos recabados del INEGI y la SEP que me tomó cerca de un año darle forma y hacer un trabajo bien estructurado”, comentó la estudiante UDLAP.

Sobre el concurso, Mariana Angulo informó que en el evento participaron 200 estudiantes de todo el país quienes presentaron trabajos sobre contenidos de índole social. “El tema que yo elegí es poco estudiado porque en México existe una separación de clases sociales muy fuerte, lo que lo hace un tema que vale la pena seguir luchando y estudiando”, expresó Mariana.

Explicó, en un breve resumen, las conclusiones de su trabajo de investigación: “Lo que planteo es que en Puebla existe una mala distribución de las escuelas indígenas, un ejemplo de ello es la comunidad de Cuetzalan en donde a pesar de que hay muchos niños indígenas existen muy pocas escuelas; lo contrario al anterior es Quimixtlán donde hay aproximadamente 11 niños que de querer estudiar, tendrían que recorrer dos horas de distancia para llegar a la comunidad indígena más cercana: Rafael Lara Grajales" explicó.

Resaltó que la importancia de este trabajo radica en que demuestra la necesidad de atención a este tipo de comunidades. “Nosotros como estudiantes estamos obligados a responder por los pueblos indígenas porque son nuestra identidad cultural; y parte de esto es lo que me ha enseñado la UDLAP, a ser un estudiante crítico y ser gente pensante que no sólo se preocupa por su propio bienestar. Impulsan en nosotros el tener conciencia social”.

Finalmente, Mariana Angulo Tapia, estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en Comunicación de la UDLAP y ganadora del tercer lugar del Premio Nacional para Periodistas Jóvenes convocado por El Gran Diario de México, habló sobre la importancia de la educación en México. “Creo que la educación es la base de todo, que hay que rescatar y preservar de la mejor forma que se pueda porque finalmente los niños y los jóvenes son los que forjarán el futuro del país. Por lo anterior, lo que México necesita es crear trabajo, escuelas, educación, porque si no hay educación no hay gente pensante”.

Para más información de este tema visitar la liga: https://youtu.be/gN7N_DGBqUM donde podrán observar en video la entrevista de Mariana Angulo Tapia, estudiante de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla y ganadora tercer lugar del Premio Nacional para Periodistas Jóvenes convocado por El Gran Diario de México.

Puebl@Media
Cholula, Puebla
Lunes 08 de noviembre de 2016.

Salvador García soto

A diferencia de la tibia reacción que tuvieron con la revelación de la Casa Blanca de Angélica Rivera, el 9 de noviembre de 2014, ayer la Presidencia de la República reaccionó de inmediato a la noticia del diario The Guardian sobre el uso por la esposa del presidente Peña Nieto, de un departamento en Miami, valuado en 2.5 millones de dólares, del empresario Ricardo Pierdant, a quien el diario británico calificó como “potencial” contratista del gobierno mexicano, interesado en el tema de puertos marítimos y trenes en el país.

El mismo vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, que en noviembre de 2014 —tras la publicación del reportaje de Aristegui sobre la lujosa residencia en Las Lomas— decía que la casa era propiedad de la señora Rivera y ofrecía que ella daría mayores aclaraciones a su regreso de China —donde se hallaba de viaje con el Presidente—, ayer habló a nombre del “gobierno de la República” y aclaró que Pierdant no es contratista federal. “El señor Pierdant no ha celebrado contratos con el gobierno de la República, ni participa en ningún concurso en proceso”, dijo el vocero presidencial, quien cuestionó a The Guardian por publicar “una especulación a todas luces dolosa” y de “orientar a sus reporteros a predecir el futuro, más que a confirmar la veracidad de la información”.

¿Qué cambió entre la publicación de la ‘Casa Blanca’ y el departamento de lujo en Miami? Todo. Del equivocado tratamiento que le dieron a la mansión de Las Lomas, cuando intentaron presentar a la señora Rivera de Peña Nieto como única propietaria del lujoso inmueble que supuestamente compró a Grupo Higa —ese sí contratista favorito del gobierno— con la solvencia que le dio su trabajo como actriz de telenovelas, al tratamiento de un “asunto de seguridad” que ahora dieron al exclusivo departamento que usaría la esposa del Presidente, hay un viraje radical de la Presidencia de la República, en el tratamiento de una información que cuestiona no sólo a la señora sino al Presidente mismo y a su familia.

Lamentablemente, el cambio es sólo en la forma, porque en el fondo del asunto, que es lo que realmente importa a los mexicanos, el vocero presidencial no aclara ni explica cómo es que la señora Rivera, con sólo su trabajo de actriz de telenovelas, fue capaz en unos cuantos años de amasar una fortuna que le permitió comprarse dos departamentos de lujo en Miami, valuados en conjunto en más de 5 millones de dólares. Un departamento es el que ella misma reconoció haber comprado en 2005, con un crédito a nombre de una empresa ficticia, pero que liquidó en 2011 cuando ya como esposa de Peña Nieto pagó 1.3 millones de dólares de golpe; y el otro departamento, que sería una segunda propiedad, a nombre de Angélica Rivera que es la revelada ayer por ‘The Guardian’. Ambos departamentos están en la exclusiva zona de Key Vizcayne.

Si a eso se suma la versión —que ella misma dio por instrucciones del Presidente el 18 de noviembre del 2014— cuando dijo que la ’Casa Blanca’ valuada en 86 millones de pesos (7 millones de dólares) la había adquirido con el producto de su trabajo de 25 años como actriz de telenovelas exitosas (durante los cuales dijo haber recibido sueldos estratosféricos de la empresa Televisa que tan sólo en 2010 le pagó 88 millones de pesos, con motivo de la liquidación de su contrato de exclusividad, además de regalarle una residencia en Las Lomas), la pretendida solvencia económica de Angélica Rivera se vuelve más bien una enorme fortuna que le dio para convertirse en acaudalada propietaria en unos cuántos años y justo después de contraer matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México y hoy Presidente.

<p>Eso es lo que no se explicó ayer y que tal vez tampoco vayan a explicar. Hay cosas que, de tan evidentes, se vuelven inexplicables.

NOTAS INDISCRETAS

Ayer fue día de comparecencias. En un mismo día, pero en distintos escenarios, compareció ante la Fiscalía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, por la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Al mismo tiempo Duarte comparecía ante los medios, y decía en entrevista radiofónica que no pediría licencia y que no estaba seguro de asistir a la ceremonia de entrega de poderes en su estado. Y, contra todos los pronósticos, el que sí se presentó en el juzgado en el proceso por apoyos ilegales a la empresa automotriz Kia, fue Rodrigo Medina, el ex gobernador de Nuevo León, que sorprendió al pedir que se le finquen ya acusaciones formales sobre ese proceso, del que dijo sentirse tranquilo ¿Le cree a alguno de los tres?... Los dados mandan Escalera doble. Mejora el tiro.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 10 de agosto de 2016.


Ricardo Raphael  

El ex gobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz calcula en alrededor de 22 mil millones de pesos la deuda escondida que habría contraído el gobierno de Rafael Moreno Valle, a través de un fideicomiso cuyo fiduciario es Evercore, Casa de Bolsa.
Lo alarmante es que el caso poblano no es único. La mancuerna Evercore-Protego, empresas que son propiedad del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, estaría detrás de una estrategia regular y sistemática para ayudar a los gobiernos de los estados a esconder deuda pública, eludir la normatividad de adquisiciones y obras, vulnerar la vigilancia del Poder Legislativo sobre el origen y destino de los recursos y violar el principio de anualidad que la Constitución exige, tanto para los egresos como los presupuestos de los estados.

La operación es compleja pero puede comprenderse a través de ejemplos concretos. Uno que vale la pena observar es el caso Sonora. En el año 2007 el gobierno de esa entidad recibió una consultoría para modificar siete leyes estatales (orgánica del Poder Ejecutivo, acceso a la información, presupuesto de egresos y contabilidad, adquisiciones y arrendamiento, deuda pública, código fiscal y ley de ingresos).

Gracias a sus asesores externos, el entonces gobernador Eduardo Bours presentó reformas que tenían como principal propósito esconder la deuda pública a través de la creación de un fideicomiso, supuestamente privado, donde habría de depositarse —al infinito— la totalidad de los ingresos producto del impuesto sobre la nómina.

Una vez dentro de ese vehículo financiero, el estado quería “bursatilizar” —vender los flujos futuros— para hacerse de recursos en el presente. En palabras del lego: hipotecar los impuestos del contribuyente sin que tal operación pudiese ser registrada como deuda pública.

El Congreso de Sonora aprobó ese mismo año las iniciativas pero una facción de diputados locales presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad que, por el voto mayoritario de los ministros, le favorecería dos años más tarde.

El proyecto de resolución cayó en manos de José de Jesús Gudiño. Los suyos hoy son argumentos clave para juzgar el fideicomiso Evercore-Puebla y otros esquemas similares en varias entidades de la República.

De ese texto destacan distintas claves. Primero, contrario a lo que se pretendía, si el recurso que se ingresa al fideicomiso es público, entonces el fideicomiso es público. De acuerdo con la legislación vigente de transparencia, esto quiere decir que todo lo que ocurre en él debe publicitarse y por tanto no opera el secreto fiduciario.

Segundo, si son autoridades del estado quienes firman como parte fideicomitente, el fideicomiso no puede excluirse de la Administración Pública.

Tercero, el esquema quería de manera ilegal eliminar el control legislativo sobre los actos del Poder Ejecutivo en lo que toca a empréstitos y otros temas relativos a sus políticas de ingreso y gasto.

Cuarto, dado que hipoteca los flujos de ingreso durante periodos indeterminados, el fideicomiso viola el principio de anualidad que obliga a los Congresos a aprobar año con año leyes para definir el origen y el destino de los recursos.

Quinto, el fideicomiso es contrario al principio constitucional que obliga a los estados a endeudarse si y solo si los recursos obtenidos se dedican a inversiones productivas. Impide también que sean los legisladores quienes verifiquen el cumplimiento de este principio.

La conclusión de la Corte fue invalidar varias de las reformas aprobadas en Sonora.

Sin embargo, este mismo modelo siguió siendo utilizado después en otros estados. Es el caso de Puebla, pero existen esquemas parecidos en Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Yucatán, Guanajuato y varios más.

Detrás de ellos suele estar, como consultor o como operador directo, el mismo fantasma de la ópera: Evercore-Protego.

Dado que el esquema se fabricó justo para ocultar deuda pública no es posible hoy precisar el monto total de la hipoteca que pesa sobre los contribuyentes pero podría temerse, desde ya, que se trata de una cantidad peligrosamente elevada.

Se agradece la acción que el abogado Rodrigo Diez y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, a través de su director Enrique Cárdenas, han emprendido para exhibir esta trama repudiable.

Este episodio tiene aires de Fobaproa y lleva también a recordar Isosa, aquel fideicomiso que el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz utilizó para privatizar recursos aduaneros a principios de siglo.

Ricardo Raphael

Periodista, académico y escritor. Profesor afiliado a la División de Administración Pública y Coordinador de la maestría en periodismo en el CIDE. Conductor del programa Espiral de Canal 11.

El Universal
Ricardo Raphael
Ciudad de México
@ricardomraphael
www.ricardoraphael.com
Viernes 12 de febrero de 2016.

Ricardo Raphael    

Que el IMSS haga públicos los documentos y deje a otros juzgar si es una privatización o un una asociación con particulares

No es casual que el debate sobre la seguridad social mexicana esté tan enredado. Cuando se miente en la conversación pública la discusión se hace incomprensible. Y ciertamente las partes están alimentando el debate con falsedades.

De un lado el IMSS y el ISSSTE aseguran que no se privatizarán los servicios que ofrecen y sin embargo ambas instituciones están dando pasos para asociarse con privados en la construcción y operación de hospitales.

Del otro, el sindicato del IMSS engaña al afirmar que el seguro universal tiene como pretensión eliminar servicios y prestaciones. La calumnia radica en que el gobierno federal no se ha atrevido a proponer con seriedad un seguro universal de salud. (Abordaré este segundo tema en mi columna del próximo jueves).

En las líneas que siguen continúo con el análisis que ofrecí la semana pasada. No es ocioso reiterar que las Asociaciones Público Privadas (APPs) implican la sustitución del Estado con empresas privadas para que, en su lugar, ofrezcan un servicio público.

En el caso de los cuatro hospitales que el IMSS quiere construir y operar a través de APPs hay sin duda intención de trasladar costos, responsabilidades y riesgos hacia sus futuros socios privados.

En materia de hospitales, las APPs siguen una amplia gama de modelos: desde el outsourcing o subrogación de ciertos servicios —como la hemodiálisis o los análisis de laboratorio— hasta la total privatización de las clínicas.

Como la decisión del Consejo Técnico del IMSS no se ha dado a conocer, y los documentos que la respaldan están lejos del ojo público, es todavía difícil analizar el modelo de APP —el grado preciso de privatización— por el que está optando ese instituto.

Tal y como ocurre con los pases de magia de la fiesta infantil, el ocultamiento de la información es lo que permite afirmar al IMSS que no se trata de una acto privatizador.

De ahí la exigencia para que la autoridad actúe con transparencia. El gobierno federal no puede seguir exigiendo la fe del gobernado. No se merece esa confianza.

Que el IMSS haga públicos los documentos y deje a otros juzgar si es una privatización o un una asociación con particulares, acotada y sin consecuencias.

Un segundo argumento para exigir transparencia es el fracaso que en otros países han significado las APPs, cuando se utilizaron para la prestación de servicios hospitalarios.

La primera nación que en los años noventa incursionó por esta vía —Inglaterra— tiene ejemplos monumentales sobre el error que pueden significar para la seguridad social. No hace mucho la cabeza del comité auditor de cuentas del Parlamento británico las nominó como “la cara inaceptable del capitalismo”.

Y es que después de haber embarcado al sistema de salud inglés en una masiva asociación con particulares para la prestación de los servicios hospitalarios, hoy los resultados son devastadores:

Los costos se multiplicaron, las prestaciones fueron recortadas, el número de camas disminuyó, el personal sufrió despidos drásticos, la calidad del servicio empeoró, la coordinación entre los socios fue muy mala, no hubo mayor eficiencia en la gestión, se detuvo la innovación, el Estado terminó asumiendo los riesgos y el gasto fiscal se multiplicó por tres.

A pesar de todo lo anterior, las utilidades de los particulares fueron abusivas y el gobierno inglés debió distraer parte representativa de su ingreso para pagar a los particulares por un servicio de muy mala calidad.

Inglaterra no es el único país que incursionó en APPs para hospitales. La práctica en otras naciones europeas, africanas o latinoamericanas (Chile) han reiterado, en mayor o menor grado, el error que pueden significar las APPs y la privatización de los servicios hospitalarios.

(Pongo a disposición en mi página www.ricardoraphael.com las referencias que me llevan a presentar esta conclusión).

ZOOM: 22 años después de la primera APP, en el 2012, el Parlamento inglés abolió la obligación del gobierno británico para asegurar el derecho a la salud de la población inglesa.

Ricardo Raphael

Periodista, académico y escritor. Profesor afiliado a la División de Administración Pública y Coordinador de la maestría en periodismo en el CIDE. Conductor del programa Espiral de Canal

El Universal
Ricardo Raphael
www.ricardoraphael.com
@ricardomraphael
Ciudad de México
Lunes 3 de agosto de 2015.

Denuncian que Korenfeld utiliza helicóptero oficial para viajes familiares

Fue a través de la social Facebook que se denunció que el domingo 29 de marzo un helicóptero oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue usado por su director, David Korenfeld Federman, para transportar a su familia, presuntamente por placer.

Aunque después de que circularon las fotografías en las redes sociales, voceros de la dependencia federal, aclararon al periódico "El Universal" que el aparato aéreo fue utilizado por “motivos de salud” y no un "traslado vacacional", aunque una postura oficial no ha sido declarada.
 
En la imágenes publicadas por un usuario se observa cómo en el fraccionamiento Bosque Real ubicado en Huixquilucan, Estado de México, un grupo de personas -entre ellas varios niños– desciende de una camioneta de lujo color gris, mientras la aeronave de la dependencia gubernamental espera a sus pasajeros en un área verde del conjunto habitacional.

David Korenfeld Federman, de 44 años de edad, se considera un político cercano al Presidente Enrique Peña Nieto. Su carrera se ha hecho, básicamente, en el Estado de México. Abogado, subió de Regidor a Presidente municipal de Huixquilucan y después a Secretario de Agua y Obra Pública del gobierno del entonces Gobernador. Después de la campaña electoral de 2012, Korenfeld Federman fue el Coordinador de Agua en el equipo de transición.

La polémica Ley General de Aguas Nacionales que se discute en la Cámara de Diputados es de su autoría. Organizaciones civiles mexicanas y extranjeras, así como rectores de varias universidades públicas en todo el país acusan a esta iniciativa de arrebatar el derecho humano a millones de mexicanos para favorecer a la industria.

SDP Noticias publicó hoy las fotos tomadas por un vecino de la zona. Después dio a conocer, en otra nota, esta versión: “Ante la serie de especulaciones por el uso de un helicóptero oficial de la Comisión Nacional del Agua, se informó que en la aeronave se trasladó al director de la dependencia, David Korenfeld, al hospital”.

Zeta/Sin Embargo
Ciudad de México
Miércoles 1 de abril de 2015.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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