La periodista Soledad Gallego-Díaz se convertirá en la primera mujer en dirigir El País, el diario más leído de España, justo después de la formación de un gobierno mayoritariamente femenino, informó este viernes el grupo editor Prisa.

La designación de esta periodista nacida en 1951 en Madrid fue respaldada el jueves por un 97,2% de los casi 300 periodistas de la redacción que participaron en una votación no vinculante.

Todavía debe ser nombrada formalmente por el consejo de administración del periódico, precisó un portavoz del grupo Prisa, propietario de uno de los periódicos más leídos en el mundo hispánico con sus ediciones en América Latina.

Soledad Gallego-Díaz entró en El País poco después de su fundación en 1976. Empezó su trayectoria como periodista política antes de iniciar una larga carrera internacional como corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

También fue directora adjunta del periódico históricamente cercano al partido socialista PSOE, siendo la primera mujer en la dirección.

Su designación se produce en plena ola feminista en España y tras la formación del gobierno más femenino de su historia con 11 ministras y 6 ministros, además del presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez.

Soledad Gallego-Díaz releva a Antonio Caño, en el cargo desde 2014. Su mandato se caracterizó por un alejamiento de las tradicionales posturas izquierdistas del periódico y una crítica feroz contra Pedro Sánchez, secretario general del PSOE desde ese mismo año.

El Espectador
Madrid / Bogotá
Viernes 8 de junio de 2018.


El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, emitió un par de memorandos insólitos el 20 de febrero. Son un plan de batalla para la “fuerza de deportación” que el presidente Trump prometió crear durante su campaña.

La razón por la que memorandos son insólitos es porque dan marcha atrás y descomponen políticas migratorias sensatas, y por cómo pretenden volver a la maquinaria de deportaciones más extrema y espeluznante, sin mencionar cara, para el detrimento de valores estadounidenses.

Una recapitulación rápida: el gobierno de Obama reconoció que millones de migrantes no autorizados, especialmente aquellos con hijos ciudadanos y vínculos fuertes con sus comunidades y con el país, merecían tener la oportunidad de quedarse y de regularizar su situación. Sus políticas se concentraban en deportar a criminales peligrosos, que fueran amenazas a la seguridad nacional y a quienes recién hubieran cruzado la frontera de manera ilegal.

El secretario Kelly se deshizo por completo de esas provisiones. Convierte en prioridad para la deportación a prácticamente cualquier persona que pueda ser deportada. Quiere a todos, empezando con quienes hayan sido condenados por algún crimen, sin importar cuán pequeño haya sido o qué tan antiguo. La proporcionalidad, la discreción procesal, la idea de que algunas condenas son injustas, los principios detrás de un impulso a las reformas judiciales… todos esos conceptos ya no aplican.

Los blancos de deportación ni siquiera tienen que ser criminales. Pueden haber sido sencillamente acusados de algún crimen –es decir, mantener la presunción de inocencia– o haber hecho algo que lleve a un agente migratorio a creer que esa persona pueda posiblemente enfrentar algún cargo.

Kelly incluyó una provisión amplia para que agentes de la Patrulla Fronteriza o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), e incluso policías locales o ayudantes de alguaciles, puedan detener a quien crean pueda ser “un riesgo a la seguridad pública o nacional”. Esa es una receta para que se den abusos policiales y discriminación racial, una posibilidad aún mayor si el congreso autoriza la solicitud de Kelly de fondos para contratar otros 10.000 oficiales del ICE y 5000 agentes de la Patrulla Fronteriza.

Quiere, en sus palabras, una “explosión” en la contratación de jueces migratorios y funcionarios que revisen casos de asilo. Quiere más centros de procesamiento y de detención, lo que probablemente ha hecho salivar a la industria de prisiones privadas por las ganancias que se acercan.

Kelly también quiere reforzar programas que permitan a oficiales de la policía locales y estatales actuar como encargados de hacer cumplir las leyes migratorias. Los llama “un multiplicador de fuerzas altamente exitoso”, lo que es cierto si lo que quieres es una red de arrastre policial. Cuando cualquier encuentro con un policía local se puede convertir en el preludio de la deportación, los migrantes no autorizados temerán y evitarán a cualquier oficial. Y cuando los agentes locales y estatales sin entrenamiento en materia migratoria de repente pueden decidir quién se queda y quién se va, el riesgo de cometer injusticias es profundo.

Al igual que los peligros para el debido proceso. El procedimiento actual permite que haya deportaciones inmediatas, sin audiencias judiciales, para migrantes atrapados cerca de la frontera o que ingresaron de manera reciente. Pero Kelly hace notar que la ley le permite acelerar la expulsión de migrantes detenidos en cualquier parte del país que no puedan demostrar que han estado ahí “continuamente” por al menos dos años. El secretario se queda así con la posibilidad de saltarse el debido proceso con una política de “enséñame tus papeles” vigente de costa a costa.

Planea publicar datos de crímenes cometidos por migrantes no autorizados e identificar a las jurisdicciones locales y estatales que no cooperen con las fuerzas migratorias federales. ¿Por qué? Para promover la idea falsa, como lo ha hecho Trump de manera vergonzosa, de que los migrantes son un riesgo particular para la seguridad y para castigar a las llamadas ciudades santuario que, por razones de decencia y de mantener el orden público, quieren desconectarse del ICE.

Así es como se han vuelto armas los despotriques de Trump sobre bad hombres y terroristas extranjeros violadores: con burocracia.

Kelly prometió antes de ser confirmado al cargo que sería responsable del cumplimiento de políticas que fueran defendibles. Pero los migrantes tienen razón en estar asustados por su posicionamiento repentino junto con el nativismo de Trump. También tienen razón en estar asustados los estadounidenses que creen que el país está, o debería estarlo, comprometido a la ejecución sensata y proporcional de las leyes, y que debe ser acogedor para los migrantes y respetuoso de los hechos.

El País
Madrid, España
Miércoles 22 de febrero de 2017.


Carlos Carnero    

Ha tenido que ser George Soros quien, con sus declaraciones, haya dado la voz de alarma, cuando la mayor parte de los políticos, los medios y, por supuesto, los ciudadanos de a pie llevaban semanas o incluso meses contemplando el pronunciado y brusco descenso bursátil mundial como quien oye llover, como algo que no iba con ellos.

"Estamos ante un desafío que me recuerda a la crisis de 2008", ha dicho Soros, que sabe bien de lo que habla porque lleva décadas dedicándose a los mercados financieros y, en muchos casos, no precisamente para fomentar el bien común, sino para especular contra todo lo que se mueva y obtener pingües beneficios.

No sé si lo que está pasando es igual o terminará provocando lo mismo que la crisis iniciada en 2008 y cuyos efectos más perversos todavía sufrimos, con su balance brutal de desempleo, recesión, pobreza y desigualdad. Pero lo que sí sé es que o se empieza a actuar ya para cortar en seco lo que está ocurriendo o se terminará pagando caro.

En el capitalismo, el dinero es una mercancía (podría decirse incluso que la mercancía por excelencia). Algo tan simple de enunciar implica que las turbulencias en los mercados financieros, empezando por las bolsas, tienen consecuencias inmediatas y devastadoras en la economía real: desde 1929 hasta hoy sobran los casos históricos.

Sin embargo, el sentido común social tiende a pensar que las bajadas en la bolsa solo afectan a quienes tienen dinero invertido en ella. Nada más lejos de la realidad. Por ejemplo: bajadas como las registradas en los pocos días hábiles de 2016 han supuesto una descapitalización de las empresas del IBEX que supera los 25.000 millones de euros, algo que impacta directamente sobre sus balances y estrategias de inversión, lo que terminará influyendo en el crecimiento y el empleo. Otro ejemplo: como los Fondos de Pensiones no podrían hacer frente a sus compromisos únicamente con las aportaciones de sus participantes, invierten en bolsa ante los nulos resultados de hacerlo en renta fija; si la bolsa no para de caer, el valor de los Fondos bajará y si, para protegerse de los descensos, se van a activos monetarios -sin rentabilidad- sufrirán un evidente coste de oportunidad. Tercer ejemplo: los particulares que sufran minusvalías en bolsa (directamente o a través de los Fondos de Inversión), reducirán su consumo, lo que perjudicará las expectativas de venta de mayoristas y minoristas. Pongan todo en una coctelera y agítenlo...

“Combatir a los hedge funds no sólo es una cuestión de responsabilidad, es un asunto de pura dignidad democrática.

Repito lo dicho otras veces: intentar explicar el batacazo bursátil de enero porque el PMI de China ha bajado del 48'6 al 48'2 o porque baja el petróleo es un insulto a la inteligencia. Cualquier día terminarán argumentando que las acciones suben o bajan dependiendo de la previsión del tiempo. Para comprobarlo, basta hacer la prueba del nueve: cuando baja la bolsa de Shangai, se hunden las europeas y norteamericanas; cuando sube, siguen haciéndolo. O vale también pensar racionalmente que un petróleo más barato debería servir para aumentar la producción y el consumo en Occidente, ¿o no?

Así que tenemos que volver a señalar a los de siempre, a quienes Soros conoce muy bien: los hedge funds, los fondos especulativos, los bajistas que están hundiendo las bolsas desde hace ocho meses sin que se haya tomado una sola medida para impedirlo. ¿Qué ha pasado de malo en el IBEX, por poner un caso, para que haya caído desde los 11.800 puntos de abril a los 9.000 actuales -que me temo durarán pocos días u horas, todo sea dicho-? Nada, ni siquiera la crisis política que vive España lo explica, porque al resto de bolsas europeas o americanas les ha afectado la misma tendencia sin tensión alguna.

Las soluciones serían tan claras como contundentes: a corto plazo, prohibir por un período determinado las operaciones bajistas y dejar pillados a los especuladores es una de ellas. Alguien dirá que eso solo debe hacerse en casos desesperados: ¿este no lo es? Esperen unas semanas y ya me dirán si quien tiene que tomar la decisión no se ve obligado a hacerlo deprisa y corriendo. Y a medio plazo, controlar y, sobre todo, gravar exponencialmente los beneficios obtenidos por esa vía especulativa para todos los que participan en la cadena. O incluso prohibir las llamadas operaciones a corto definitivamente.

Si un comerciante acapara un producto de forma irresponsable o trata de manipular los precios abusivamente, hay mecanismos legales que aplicarle, ¿no es cierto? ¿Por qué a quien lo hace con las bolsas, introduciendo la inestabilidad y fomentando la crisis económica sin aportar ningún valor añadido, no se pueden parar los pies?

Es hora de que las grandes empresas europeas, los sindicatos, Juncker, el Parlamento Europeo y los gobiernos de los estados miembros de la UE se pongan manos a la obra antes de que sea tarde. Combatir a los hedge funds no solo es una cuestión de responsabilidad, es un asunto de pura dignidad democrática.

The Huffington Post
Carlos Carnero
Washington, DC. EU
Domingo 17 de enero de 2016.

Juan Villoro

Quien habla en nombre de la “verdad histórica” pretende cancelar otras explicaciones

¿De qué manera circula la verdad? En las sociedades autoritarias anteriores a Internet había que ir al extranjero para saber lo que pasaba. Durante décadas las noticias sobre el franquismo circularon mejor en Francia que en España.

Terreno de las paradojas, México cuenta con numerosas instituciones para indagar sucesos, pero suelen pactar con el secreto. Casi siempre, los hechos se conocen a través de los evanescentes recursos del rumor. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, es un ejemplo de laboratorio sobre las dificultades para acceder a la verdad.

Ignorar lo que pasó es grave; aún más grave es que la indagación haya sido sustituida por hipótesis incomprobables. El procurador Jesús Murillo Karam, responsable de la investigación, presentó una tesis inverificable que llamó “verdad histórica”. De acuerdo con su suposición, los estudiantes habrían sido llevados por miembros del crimen organizado al basurero de Cocula, en el Estado de Guerrero, para ser cremados a la intemperie. Varios expertos consideraron imposible calcinar tantos cuerpos en esas condiciones y el gobierno respondió con evasivas: el presidente Peña Nieto invitó a “pasar la página” y el procurador hizo la más célebre de sus declaraciones, que dio lugar a un instantáneo hashtag: “Ya me cansé”.

En febrero de 2015, Murillo Karam dejó su cargo para asumir la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (teatro de ambivalencias, México cuenta con un ministerio donde lo “territorial” se distingue de lo rural y lo citadino: el limbo para un creador de simulacros).

El 6 de septiembre asistí a la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa. A las 11 de la mañana, en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los padres de los desaparecidos gritaron la consigna: “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”. Luego se hizo un silencio reverente. La campana de una iglesia sonó a lo lejos, pero la revelación del domingo no tenía que ver con el misterio de la fe, sino con algo más esquivo: la verdad.

Me concentro en un solo punto del informe: las noticias de la lumbre. La hipótesis de que los cuerpos ardieron en una pira al aire libre fue analizada por José Torero, especialista en Seguridad de Fuego de origen peruano, doctorado en Berkeley, quien ha enseñado en la Universidad de Edimburgo y actualmente trabaja en la de Queensland, Australia. De acuerdo con su peritaje, para calcinar 43 cuerpos en un claro habrían sido necesarios más de 30.000 kilogramos de madera y más de 13.000 kilogramos de neumáticos. La hoguera debería haber durado al menos 60 horas, con llamas de siete metros de altura y un penacho de humo de 300 metros, incidente difícil de ocultar a los habitantes de la zona. Tomando en cuenta los vientos y la proximidad del bosque, se habría provocado un incendio forestal. Las plantas en derredor deberían mostrar marcadas deformaciones. Nada de eso ocurrió: “Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dijo el relator de los hechos.

Los exiguos restos de los que hasta ahora se dispone (enviados a expertos forenses de Austria) son el saldo de una cremación. Si todos los cuerpos corrieron ese destino, la clave está en hornos crematorios de funerarias, hospitales o el ejército.

Quien habla en nombre de la “verdad histórica” pretende cancelar otras explicaciones. A un año de los hechos, una comisión independiente ofrece el estudio que la Procuraduría no quiso hacer.

Lo que el Gobierno calló, lo ha dicho el fuego.

El País
Juan Villoro
Ciudad de México
Viernes 11 de septiembre de 2015.

Antonio Navalón    

El peligro es ignorar que no es solo un problema de castigo, sino de estructura legal

En América es una creencia generalizada que la gripe, la viruela y la corrupción fueron importadas por la conquista.

Generaciones y generaciones de americanos han vivido con la corrupción como se vive cotidianamente con el cumplimiento de las funciones orgánicas del cuerpo humano. Porque ser poderoso y corrupto ha sido casi tan inevitable como comer y respirar.

La corrupción forma parte del decálogo de las promesas de dos siglos.

La corrupción forma parte del decálogo de las promesas de dos siglos
Cuando América buscaba la democracia no tenía tiempo más que para lamentar en abstracto que la corrupción formaba parte de su ser.

Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, ha experimentado lo que se debió sentir durante las grandes turbulencias de la época del Terror, al dormir en un palacio y despertar en una celda.

Y ha sido así porque la corrupción ha dejado de ser un mal inevitable. Y también ha dejado de ser parte de las necesidades orgánicas de los políticos para convertirse en un delito de alta traición que afecta por igual a todos y a cada uno de los ciudadanos. En México, los niños crecieron aprendiendo que “el que no transa, no avanza”.

Y en España, todos los casos de corrupción que han ido arrastrando los catalanes del Gobierno de Convergència Democrática, más los del PSOE y PP en el resto del Estado, poniendo contra las cuerdas lo que en su momento fue un exitoso proceso de transformación política, son ahora los signos inequívocos de una enfermedad social que en América está sufriendo una curiosa transformación.

Antes la corrupción era un problema aislado, cuando alguien se aprovechaba de su poder mediante el abuso y el robo, tomando lo que no era suyo para llevárselo a su bolsillo, perjudicando así al pueblo entero.

Pero hoy es la causa directa, no sólo de la pérdida del impulso moral de un país, sino de la mala construcción de las carreteras, de la muerte por medicinas caducadas, de la mala enseñanza en las escuelas y de la incapacidad para salir del circuito de la pobreza estructural.

En Brasil, la corrupción ya no es un delito individual, es de hecho un golpe de Estado contra la moral y los principios del pueblo brasileño.

Pero lo que hoy sorprende es el efecto contagioso del castigo indiscriminado que se exige a los corruptos.

Porque ahora la corrupción es el principio y el fin de millones de personas que nunca han salido de la pobreza extrema. Ahora se encuentra en los pilares que sepultaron a miles de ciudadanos en el sismo de 1985 en México. Y está también en el hartazgo de un pueblo que vive en una democracia formal, donde hay mucha injusticia y muy pocas ganas de arreglar la brecha social.

Ese salto cualitativo, que delinea la diferencia entre la corrupción para los corruptos y la corrupción como delito de alta traición, resulta ser un fenómeno relativamente nuevo.

El problema más grave es que la lucha contra la corrupción en América Latina no es precisamente la primavera árabe. Y que ahora América, tan indefensa institucionalmente, depende del poder judicial, que más allá de las referencias universitarias a Montesquieu, ha estado siempre al servicio del primer poder. Es decir, los jueces ganan las limosnas que les dan los parlamentarios al servicio del poder Ejecutivo.

Por eso ahora, el gran peligro está en que, una vez iniciada la recuperación moral, se ignore que no sólo es un problema de castigo, sino que también es un problema de estructura legal para garantizar que lo que hoy tumba presidentes, alienta esperanzas y anuncia primaveras no será en un futuro la mejor forma de volver a poblar de pinochets las Américas.

El País
Antonio Navalón
Ciudad de México
Miedo a la libertad
Lunes 7 de septiembre de 2015.

Antonio Navalón    

Camille Desmoulins, el abogado y periodista que el 12 de julio de 1789 arengó a las masas desde los jardines del Palais Royal para que tomaran la Bastilla, algo que ocurrió dos días después, acabó guillotinado por la Revolución que ayudó a engendrar, precisamente por reírse y denunciar desde su semanario satírico la violencia posterior.

Si ahora en nuestros días, la tragedia de Charlie Hebdo refleja que la prensa sigue siendo el espejo del mundo en que vivimos, es inevitable volver los reflectores hacia América. Por ejemplo, México fue en 2014, según el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), el país más peligroso para ejercer el periodismo en el subcontinente y está en el séptimo puesto mundial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que, de los 102 periodistas asesinados entre 2000 y 2014, sólo en el 10% de los casos ha habido sentencia y 89 crímenes siguen impunes. Es muy peligroso opinar sobre un político corrupto o al servicio de los carteles.

En Argentina, el pulso es enorme y lo entiendo. Llegó un momento en el que el cuarto poder se convirtió en el primero. La lucha entre la presidenta Cristina Kirchner y el grupo Clarín exige una puntualización fundamental, con independencia de las razones de cada uno. A Kirchner, para bien o para mal, la eligen los argentinos; a los del Clarín, sólo los elige el Clarín. El principio de soberanía del Estado radica en quién es elegido y no en quién puede elegir. Los medios se convirtieron en el principal elector hasta que, como decía Stendhal, “todo lo exagerado se vuelve insignificante”. Así, su poder llegó a ser tan desmesurado que se convirtió —por supervivencia— en insignificante.

En Ecuador, el presidente Correa, que se sintió ofendido, cambió la Constitución y aprobó en 2013 la controvertida Ley Mordaza por la que, si se considera que un medio ha faltado a la verdad, se le sanciona económicamente de forma tan salvaje que equivale al cierre. Un ejemplo es el diario El Universo, cuyos tres directores y uno de sus periodistas fueron condenados a tres años de cárcel y a pagar una exorbitante multa de 40 millones de dólares. En Colombia, el director de El Espectador, Guillermo Cano, ha recibido a sus compañeros de Charlie Hebdo en los cielos. Ellos murieron por las balas de un Kaláshnikov y él en 1986 por las de Pablo Escobar, pero al final, la causa de la muerte fue la misma. En Brasil, frente a la riada de inteligencia, simpatía y cambio social encarnada en el expresidente Lula, sólo la actuación vigilante de algunos medios como Folha han sacado a la luz el escándalo de corrupción de Petrobras, desafiando al Gobierno de Dilma Rousseff a explicar los contratos otorgados por la paraestatal. Además de las numerosas detenciones, se ha ordenado el bloqueo de bienes que ascienden a cerca de 300 millones de dólares.

Los tiempos en los que solamente los medios de comunicación eran la conciencia de los pueblos han pasado, entre otras cosas por la emergencia de las redes sociales. Hoy deben encontrar su propio lugar en el juego del poder.

No sólo porque los fanáticos, los dictadores y los poderosos tengan poco sentido el humor, sino porque intuyen —con razón— que detrás del humor suele venir el sentido crítico y éste puede espolear lo único que, junto al temor, es el motor de los seres humanos: la esperanza. Cuando la esperanza es mucha y de muchos, se llama revolución, por eso, hay que cegarla en el origen.
El mapa de la libertad de expresión está en peligro. Hay una pregunta elemental: ¿Quién manda al final: los medios o los Gobiernos? Son mejores los Gobiernos, a fin de cuentas los elegimos en las urnas. Sin embargo, también es verdad que mientras China ocupa América Latina (y no es un buen referente para la libertad de expresión) o Cuba se convierte en el factor clave para el diálogo entre las Américas, la falta de atención de Estados Unidos, junto con la prepotencia de los Gobiernos de la zona, han colocado en una grave y definitiva crisis de identidad a los medios de comunicación latinoamericanos.

El terror no es exclusivo de nadie; es de todas las religiones, todos los colores, todos los dioses, todas las banderas. Es bueno que en este momento en el que Europa mira al terror cara a cara, los medios de comunicación sepamos que hay todo un continente que habla español, cuyo rostro desencajado refleja, desde hace ya mucho tiempo, un estado de terror.

El País
Antonio Navalón
Ciudad de México
Lunes 19 de enero de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter