Muere uno en incendio por toma ilegal

Un incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) se registró en el Municipio de Esperanza, en el Estado de Puebla.

El incidente ocurrió tan sólo un día después de que una persona muriera calcinada por las llamas de otro ducto en el Municipio de Amozoc.

El incendio, presuntamente provocado por ordeña de combustible, no cobró víctimas mortales ni heridos.

Ocurrió alrededor de las 15:20 horas en unos terrenos de cultivo, en las inmediaciones de la autopista Puebla-Orizaba y la carretera El Seco-Azumbilla.

A unos metros del fuego, cuyas llamas alcanzaron los 15 metros de altura, se encontró calcinada una camioneta con contenedores, misma que, se presume, era utilizada para el trasladado del hidrocarburo robado.

Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil de Esperanza acudieron al sitio, acordonaron el área y dieron aviso a personal de la paraestatal.

De acuerdo con autoridades locales, el incendio ocurrió en una zona rural inhabitada, por lo que no hay peligro para la población.

Personal de la Policía Militar arribó al sitio para resguardar la zona.

Muere uno en incendio por toma ilegal

Una persona murió calcinada debido a un incendio provocado por una toma clandestina en Amozoc, Puebla.

Integrantes de los cuerpos de emergencia detallaron que la conflagración en la Colonia Ignacio Zaragoza comenzó cerca de las 5:10 horas.

El fuego consumió una camioneta en la que presuntamente se trasladaría hidrocarburo extraído de forma ilícita, y a unos metros fue hallado el cadáver calcinado.

Las autoridades indagan para establecer si el occiso era uno de los huachicoleros que robaba combustible.

Vecinos relataron que las llamas alcanzaron cerca de 50 metros de alto y el siniestro cesó después de una hora.

"Daba miedo, todavía estaba oscuro y las llamas estaban bien altas por eso nos salimos", dijo un vecino.

Autoridades municipales informaron que desalojaron a familias que viven a 500 metros a la redonda.

La zona quedó resguardada por personal de Petróleos Mexicanos y del Ejército.

Reforma / Jesús Lima
Norma Herrera/ Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Lunes 3 de abril de 2017.



Un camión del Ejército Mexicano volcó la tarde del domingo en la localidad Cuesta Blanca, perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, cuando los militares perseguían a los tripulantes de una camioneta que era utilizada para transportar hidrocarburo robado de los ductos de Pemex.

Según un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, ocho elementos del Ejército resultaron con heridas “leves” por lo que tuvieron que ser trasladados a recibir atención médica.

Por la mañana algunos medios aseguraron que el percance de los militares se debió a que un grupo de pobladores de la comunidad de Cuesta Blanca había atacado al convoy del Ejército con palos, piedras y hasta armas de fuego.

Sin embargo, tanto la Sedena como la SSP desmintieron esa versión al asegurar que se trató de un accidente, luego de que los militares perseguían a una camioneta de supuestos “huachicoleros”.

De acuerdo con la versión oficial, el camión del Ejército chocó con la camioneta negra que era tripulada por los “huachicoleros”, lo que provocó que saliera del camino y volcara.

Para confirmar esto, la SSP proporcionó un video en el que se pueden observar las dos unidades, tanto la militar como la de los supuestos delincuentes, recién accidentadas, y los soldados lesionados en el suelo, que son auxiliados por sus compañeros.

Con esto la dependencia igual desmintió que las lesiones de los militares se hayan debido a disparos o piedras lanzadas por los supuestos pobladores de la comunidad Cuesta Blanca, que supuestamente estaban molestos por un operativo llevado a cabo contra ladrones de combustible.

De hecho, la SSP señala que elementos de la Policía Estatal Preventiva llegaron en esos momentos al lugar y que, al no estar en la unidad volcada, no sufrieron ninguna lesión.

En el comunicado no se menciona qué ocurrió con los tripulantes de la camioneta, sin embargo, algunos testimonios aseguran que los delincuentes abandonaron el vehículo y huyeron del lugar a pie, adentrándose en el monte.

Los medios locales habían divulgado que el percance de los soldados se debió a un ataque de pobladores, como ya han ocurrido otros en comunidades poblanas ubicadas en la llamada zona del “Triángulo Rojo”, donde prolifera el robo de combustibles a Pemex.

Primera versión

Habitantes de un municipio poblano que se encuentra en la zona de alta incidencia de chupaductos, atacaron un convoy del Ejército Mexicano e incluso volcaron un camión de transporte de tropa.

A pesar de los reportes policiacos, fuentes castrenses aseguraron que solo se trató de un incidente con el conductor de una camioneta que transportaba hidrocarburo robado, lo que originó la volcadura y la lesión a ocho militares.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer domingo en la comunidad de Cuesta Blanca del municipio de Palmar de Bravo, asentado en el llamado Triángulo Rojo, donde las bandas de la delincuencia organizada tienen el control total del territorio.

Los militares, que participan en un operativo especial de combate a los llamados huachicoleros, fueron atacados para evitar que se llevaran dos camionetas aseguradas con combustible hurtado.  

Los reportes policiacos, señalan que los pobladores armados con palos, machetes y una que otra arma de fuego emboscaron a los militares en un camino de terracería que conduce a la localidad de Guadalupe Piletas.

Los habitantes, quienes tienen como forma de vida el robo de combustible, detuvieron una pesada unidad y a los militares que viajaban en ella.

El Ejército mexicano se vio en la necesidad de enviar más efectivos y unidades para rescatar a sus compañeros y llevarse las unidades aseguradas.

El Universal / Proceso
Gabriela Hernández
Edgar Ávila Pérez / Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Lunes 27 de marzo de 2017.


Resaltó que el involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno y en persecución del delito puede ser un ‘gran error’


 El ex relator de Naciones Unidas para la tortura, Juan Méndez, advirtió este miércoles a México de los riesgos que acarrea la participación de militares en el combate al narcotráfico, en momentos en que el Legislativo local discute una ley para regular su actuación.

Méndez, de nacionalidad argentina y quien dejó su cargo en la ONU en 2016, destacó que la advertencia también ha sido planteada "consistentemente" por "todos los organismos internacionales de protección de derechos humanos".

"Desde hace años hemos advertido que involucrar a Fuerzas Armadas que están entrenadas para el combate (...) en tareas de orden interno y especialmente de persecución del delito puede ser un gran error", dijo el experto durante una conferencia en la capital mexicana.

Méndez se vio envuelto en una polémica con el gobierno de México tras sostener que la tortura en el país es "generalizada" luego de realizar una visita en 2014, lo que desató una airada respuesta de las autoridades que descalificaron su informe. El entonces relator solicitó un segundo viaje pero no se alcanzó un acuerdo para el mismo.

El experto fue interrogado sobre la ley de seguridad interior que discute el Congreso mexicano y que contempla incluir la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.

Desde que el gobierno mexicano lanzó en 2006 una ofensiva militar contra el crimen organizado, se han registrado más de 170 mil asesinatos y unas 28 mil desapariciones, aunque estas cifras oficiales no especifican cuántas fueron víctimas de la violencia relacionada con este delito.

Méndez argumentó que prefiere esperar a conocer a fondo el texto de la ley que finalmente sea aprobado, pero adelantó que en todo caso es mejor que exista un marco legal que limite las funciones de los militares a que actúen sin reglamento alguno, aunque señaló algunas problemáticas implícitas.

"Pensamos que el involucramiento de las fuerzas armadas lo que hace es demorar y retardar la reforma de las instituciones policiales y, peor que eso, tiende a militarizarlas a ellas también", dijo.

Explicó que en su investigación en México encontró que existía una correlación entre el número de militares desplegados en una zona con el número de denuncias de violaciones a derechos humanos, aunque aclaró que los abusos son generalizados en todas las corporaciones, sean civiles o castrenses.

Y esa presencia militar, añadió, "no se correlaciona con una lucha efectiva contra el crimen organizado" por lo que lo más deseable es que "las fuerzas armadas se dediquen a su rol de protección de la soberanía y de las fronteras de cada país".

En diciembre pasado, el ministro de Defensa Nacional de México, general Salvador Cienfuegos, advirtió que las Fuerzas Armadas no se sentían a gusto desempeñando tareas que correspondían a las policías y urgió a que se aprobara una ley que regule la actuación de las tropas.

AFP
Ciudad de México
Miércoles 15 de marzo de 2017.


Organizaciones civiles y académicos de México advirtieron que una iniciativa de ley para regular la presencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir el narcotráfico podría acabar protegiendo a militares que violen los derechos humanos.


El proyecto de la Ley de Seguridad Interior, que se discute en el Congreso, busca dar un marco legal a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, que comenzó a finales de 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón.

La ola de violencia que sacude a México ha dejado en la última década al menos 177.000 muertos, según cifras oficiales que no especifican cuántos casos están relacionados con el crimen organizado.

La politóloga y escritora Denise Dresser sostuvo que el objetivo último de la iniciativa es permitir que los militares hagan uso de la fuerza inconstitucionalmente.

"Parecería que los generales quieren que les lavemos la cara, que les proveamos de leyes que protejan al mando militar, leyes para evitar que algún día la fiscalía general o la comunidad internacional los llamen a rendir cuentas", afirmó en una conferencia de prensa.

A menos de una semana de que militares abatieran al cabecilla de un cártel junto a otros siete presuntos delincuentes abriendo fuego desde un helicóptero sobre una zona residencial de la ciudad de Tepic (noroeste), activistas expresaron su preocupación por los métodos de las fuerzas armadas.

Alejandro Madrazo, coordinador del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, cuestionó la versión ofrecida por la Marina de México sobre el incidente, según la cual todos los involucrados eran sicarios.

"¿Qué autoridad independiente de la Marina realizó esa investigación y nos puede corroborar que las cosas sucedieron como dice el Secretario? (de la Marina) ¿Cómo debemos tomarle la palabra cuando dice que es proporcional el uso de helicópteros artillados en zonas residenciales de noche en contra de la población civil?", se preguntó Madrazo.

El experto consideró además que las iniciativas propuestas por legisladores locales para la Ley de Seguridad Interior son de "enorme deficiencia técnica y dudosa constitucionalidad".

Aseveró que en los últimos diez años se ha realizado una multiplicidad de estudios, de diversos órganos nacionales e internacionales, que encienden fuertes señales de alarma sobre la militarización de la lucha contra el crimen en México.

"Esta información no parece estar siendo tomada en cuenta por nuestros legisladores. Nuestra exigencia es que legislen con base en evidencia, porque evidencia hay", sentenció.
 
AFP
Ciudad de México
Miércoles 15 de febrero del 2017.


Ciudad de México. - El Ejército mexicano, siguiendo órdenes de un capo del estado de Guerrero, fue el máximo artífice de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la muerte de seis civiles la noche del 26 de septiembre de 2014, según una investigación de la periodista Anabel Hernández.

"Esa noche ocurre un evento donde participa el Ejército, que coordina como mando supremo todas las autoridades, el alcalde, la Policía Federal, estatal y municipal", dijo en entrevista Hernández, autora del libro La verdadera noche de Iguala.

La Premio Nacional de Periodismo 2002 en México recoge en esta investigación de dos años numerosos documentos y entrevistas que prueban, como ya denunciaron organismos internacionales, enormes irregularidades en torno a la investigación de la tragedia de Iguala, y da nombres y apellidos sobre los verdaderos responsables.

Según su investigación, fue el Ejército el que ordenó parar dos autobuses tomados por los estudiantes, pues llevaban un cargamento de heroína valorado en dos millones de dólares.

Según la versión oficial, los 43 jóvenes fueron arrestados por policías municipales de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero.

No obstante, según la periodista, fue el Ejército el que tomó el control de la situación, siguió órdenes de un capo local desvinculado de Guerreros Unidos y desapareció a los jóvenes para eliminar testigos.

"Hay casquillos que prueban la participación armada del Ejército. El Ejército disparó esa noche y el Gobierno lo ha negado", resaltó.

Prueba de ello son los peritajes de balística de esa noche, con casquillos y perforaciones en varios vehículos con balas fabricadas por la Secretaría de la Defensa, agregó.

"En vez de procesar (funcionarios implicados), el Gobierno mexicano decidió hacer una operación de encubrimientos, que es otra etapa del crimen", denunció.

Numerosas instituciones han denunciado la imposibilidad de entrevistar directamente a miembros del Ejército sobre la noche de Iguala.

De los 120 detenidos por el caso, el 90 % de ellos fueron "brutalmente torturados", tal y como revelaron exámenes médicos y denunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, por ejemplo.

A base de confesiones se construyó la llamada "verdad histórica", que se centra en el cártel Guerreros Unidos y que, según esta experta en narcotráfico, es una organización menor.

Varios jóvenes de Cocula también fueron señalados como los sicarios encargados de desaparecer a los 43.

Según la periodista, sus declaraciones son "contradictorias" y fueron fruto de "brutales torturas".

Entrevistando a los familiares de las víctimas, Hernández descubrió que eran albañiles que vivían "en la miseria extrema" y formaban parte de un programa de apoyo gubernamental para población de muy bajos recursos.

Todo ello, aseguró, derrumbaría la hipótesis del basurero de Cocula, que también fue rechazada por el grupo de expertos de la CIDH o el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense.

Acorde a testimonios de vecinos de la zona, los 43 estudiantes no fueron agrupados, sino que los movieron en distintas direcciones.

Uno de ellos incluso aseveró que vio al menos dos camionetas de la Policía ministerial (adscrita a la PGR) con personas apiladas "unas sobre otras, como cerdos", detalló.

El minucioso relato de "La verdadera noche de Iguala" se ha visto además reforzado por dos informes elaborados este año por César Alejandro Chávez Flores, titular de la Visitaduría General (Asuntos Internos) de la Fiscalía mexicana, hasta que renunció en septiembre pasado.

El primero de ellos relaciona a la propia PGR con la tragedia de los 43 estudiantes, pues estuvieron presentes la noche de la tragedia, y habla de 66 funcionarios - entre militares, marinos, policías y ministeriales (de la fiscalía)- involucrados en tortura para obtener confesiones.

"La PGR fue juez y parte en esta historia, lo cual invalida moralmente todas las actuaciones", consideró la periodista.

Los informes del visitador piden investigar a policías federales y a militares del 27 Batallón de Infantería (asentado en Iguala), en especial al capitán José Martínez Crespo, por posibles nexos con el crimen organizado.

También destapan irregularidades en la investigación en torno al río San Juan, donde se halló una bolsa con restos calcinados de uno de los estudiantes que sirvió para fundamentar la versión del basurero de Cocula.

Estos documentos fueron avalados por la entonces procuradora Arely Gómez -salió del cargo en octubre- pero no dejó al visitador poner la rúbrica, ya que el presidente Enrique Peña Nieto pidió "tajantemente" que no salieran a la luz, denunció Hernández.

"Sé que el presidente ordenó que se cambiara el sentido del documento y las responsabilidades porque incluso prefería castigar algunos funcionarios públicos de la PGR a decir que todo el proceso fue ilegal, porque entonces se desbarataba totalmente la verdad histórica, la fabricada", denunció la periodista, en disposición de los dos informes en el momento de la entrevista.

EFE
Ciudad de México
Viernes 16 de diciembre de 2016.


Hijos de El Chapo podrían ser responsables de la emboscada

Los Chapitos; Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán podrían estar vinculados con el tiroteo de hoy en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- A través de una conferencia de prensa, el comandante de la Novena Zona Militar, Alfonso Duarte Mújica, señaló que en base a las primeras averiguaciones sospechan de que el ataque viene por parte de los hijos de 'El Chapo': Iván Archivaldo Guzmán y Alfredo Guzmán.

"Aún no tenemos la certeza de los grupos, pero es muy probable que sean los hijos de el chapo" señaló el comandante.    

Las autoridades señalaron que el primer enfrentamiento se dio en Bacacoragua, Badiraguato y en el trayecto se encontraron con un hombre herido, el cual fue identificado como Julio Óscar Ortiz Vega, alias 'El Kevin', a quien trasladaron en primera instancia a un hospital en la cabecera municipal de Badiraguato, pero debido a que no hubo las condiciones ahí decidieron traerlo hasta esta ciudad capital para que recibiera atención médica.

"Sin embargo estos grupos actuaron de forma premeditada, cobarde y alevosa, llevando a cabo la acción con armas de fuego, con granadas, en las cuales nosotros de acuerdo a la proporcionalidad de la fuerza, únicamente se cuentan con armas automáticas", expresó Mújica.
De acuerdo al gobernador del estado, Mario López Valdez, en el convoy iban 17 militares, de los cuales cinco fallecieron, 10 más están heridos y dos resultaron ilesos.

El comandante señaló que es muy probable que a partir de la detención Ortiz Vega se hayan comunicado a Culiacán para esperarlos en el lugar que se registró el enfrentamiento, donde resultaron las víctimas antes mencionadas y dos vehículos de las fuerzas castrenses incendiados por las granadas.

Guerra en Sinaloa: ¿El Guano Guzmán contra Beltrán Leyva?

El general Duarte reconoció que en la zona donde se dio el primer enfrentamiento en Bacacoragua y otras comunidades aledañas como Huixiopa, hay un conflicto entre Aureliano Guzmán 'El Guano' y 'El Mochomito' hijo mayor de Alfredo Beltrán Leyva, quienes se disputan el control de los sembradíos de enervantes en la zona serrana.

De los militares heridos se reportan tres muy graves quienes están dentro del quirófano, otros dos en el hospital del IMSS y cuatro en el hospital Civil.

Dentro de los heridos también se encuentra un paramédico, el cual se reporta estable.
De la persona que trasladaban hacia un hospital de esta ciudad capital se sabe que los sicarios se lo llevaron, y aunque se hablaba de que los delincuentes se habían llevado a la ambulancia, esto fue descartado por las autoridades.

Los hechos

La madrugada de este viernes se suscitó un enfrentamiento armado entre un grupo de presuntos sicarios y personal militar, dejando como saldo la muerte de cinco personas y 10 heridos.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas de la madrugada en las inmediaciones de la salida al norte de la ciudad sobre la México 15, cuando sujetos desconocidos atacaron a sangre fría a los soldados.

Por su parte, el general retirado Moisés Melo García mencionó que esta emboscada podría tratarse de un ataque premeditado, pues los militares ya tenían tiempo en la sierra de Badiraguato.

Además, relató que el violento encuentro se llevó a cabo con armas Barret M82, granadas y armas automáticas, por lo que la intensidad de la disputa fue alta.

Matan a cinco militares en Culiacán; hay 10 más heridos

Culiacán, México.- Cuatro elementos del Ejército Mexicano fueron asesinados y al menos 10 más resultaron heridos durante un enfrentamiento a balazos con un grupo de sicarios que buscaba rescatar a un detenido.

Los hechos ocurrieron a las 04:00 horas, sobre la carretera Internacional México 15 al norte, frente al fraccionamiento Espacios Barcelona, en la Ciudad de Culiacán.

Los militares trasladaban a una persona detenida y, al llegar al Bulevar Malova, fueron interceptados por un comando de hombres armados que les disparó.

Se inició una balacera cuando los elementos repelieron la agresión de los sicarios, los cuales, según las autoridades estatales, pudieron haber sido al menos 40.

Los empistolados lograron rescatar al delincuente detenido e incendiaron dos de las unidades militares, presuntamente a granadazos.

El Debate /Reforma
Zulma Morales
Culiacán, Sinaloa, México
Viernes 30 de septiembre de 2016.

   
Ciudad de México— En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo.

Pero en México es al revés.

Según las cifras del Gobierno, las Fuerzas Armadas Mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad.

Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los cárteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las Fuerzas Armadas Mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.

Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay ejecuciones sumarias”.

Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.

En México la cuenta es a la inversa: el Ejército Mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere.

Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.

Las cifras se desprenden del documento ‘Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad’ publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El trabajo tiene como fundamento una serie de estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Las estadísticas, que el Gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las Fuerzas Armadas Mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado.

Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un Gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar los miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década.

De las 4 mil denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, sólo 15 han terminado con una condena.

Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, dijo que “la tortura no sólo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad. Si el Gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista. El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla.

“Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos al diario Milenio este mes.

El Ejército ha matado a alrededor de 3 mil personas entre 2007 y 2012. En ese período han muerto 158 soldados. Hay quienes creen que esa cifra de muertos es puro pragmatismo. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios terminan en condena, las Fuerzas Armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial.

El Gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada.

Hace varias semanas, se hizo pública una grabación, que se volvió viral, en la que un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla. Hubo una petición de disculpas públicas por parte de las Fuerzas Armadas, algo nunca antes visto.

Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización. Según el informe de la comisión de expertos extranjeros que investigó el caso, la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército no aceptó entrevistarse con los expertos y el gobierno no se lo exigió.

El Gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que, durante la administración del presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.

“Cada informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante”, dijo el Gobierno. “Pero esos casos aislados no reflejan el estado general de los derechos humanos en el país”.

Aunque las denuncias por tortura contra las Fuerzas Armadas han caído desde 2011, fecha en la que se redujo de manera importante el despliegue de tropas en el país, la letalidad de los encuentros no ha disminuido según los datos hechos públicos a principios de 2014.

La relación singular entre el Ejército y el Gobierno se remonta a más de 70 años, cuando el país salió de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas: a cambio de una autonomía casi total, el Ejército no intervendría en política.

A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido un golpe de Estado. Y aunque el Gobierno a menudo no ha sido generoso con el presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio externo.

Y esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el Ejército salió a las calles para combatir a los carteles y como consecuencia aumentó la violencia. A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el Gobierno optó por no hacer nada por limitar al Ejército en su competencia.

Y desde hace dos años, las Fuerzas Armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.

Algunos episodios llegan a los tribunales, como un enfrentamiento en Tlatlaya, cerca de Ciudad de México, donde el Ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El Ejército hizo alarde de que durante el combate sólo resultó herido un soldado.

El caso se convirtió en un escándalo de inmediato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de las víctimas fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena para que pareciera que hubo un combate.

Incluso así, los tres soldados a los que se acusó por su responsabilidad en los hechos fueron absueltos por la justicia la semana pasada. El único soldado condenado, por desobediencia, ya cumplió su sentencia.

La impunidad existe pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de las Fuerzas Armadas Mexicanas a los derechos humanos.

Hace dos años, Estados Unidos aceptó vender helicópteros black hawk a México en un acuerdo que podría valorarse en más de mil millones a lo largo de 25 años, que también acercará al Ejército Mexicano a los estándares de Estados Unidos.

“No sólo les vendimos los helicópteros”, dijo Todd M. Rosenblum, quien fuera un alto funcionario en políticas sobre México para el Pentágono. “Les vendimos 15 años de colaboración estrecha que no hubiéramos podido tener de otra manera”.

La cercanía ha hecho poco para suavizar las críticas en el Congreso estadounidense.

“Ni todo el entrenamiento del mundo funcionará si no hay personas al mando que crean en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el senador demócrata de Vermont, Patrick J. Leahy.

Para mayor preocupación del Gobierno de México, algunos casos de abuso han logrado llegar a las instituciones internacionales.

El 29 de diciembre de 2009, tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua y nunca se volvió a saber de ellas. Tras buscar un recurso legal a nivel estatal, federal y militar, los familiares llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

Cinco años después, la comisión entregó su reporte confidencial, según dos personas que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante.

También existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: un grupo sin fines de lucro en Baja California recolectó más de 90 ejemplos de lo que considera tortura realizada por el Ejército Mexicano desde 2006 a 2013. La Corte aún no ha respondido a la solicitud.

El expediente incluye el caso de Ramiro López, quien fue arrestado con otras tres personas y torturado por el Ejército en junio de 2009. Los hombres casi fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron toques eléctricos en los genitales antes de ser presentados como secuestradores y de que fueran sentenciados por ello.

Pero en 2015, tras una investigación poco común de Naciones Unidas, se resolvió que los hombres no eran culpables. El Gobierno los absolvió, pero no buscó a los responsables de dicha confesión forzada.

“Ellos no deberían intentar justificar su trabajo con confesiones obtenidas bajo tortura”, dijo Mayra, hermana de Ramiro López. “Pero tampoco parece que esto vaya a cambiar pronto”.

The New York Times
Ciudad de México
Jueves 26 de mayo de 2016.

El GIEI sostiene en su informe final que el Ejecutivo ha dejado sin investigar las conductas de ciertos funcionarios públicos y apunta al Ejército

Ciudad de México.- La noche de Iguala no encuentra amanecer. La desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa le ha vuelto a estallar en las manos al Gobierno de Enrique Peña Nieto. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras la negativa del Ejecutivo a prorrogar sus investigaciones, se ha despedido con un informe que pone en duda no sólo la versión oficial de la matanza, sino la credibilidad misma del Estado mexicano.

A lo largo de 608 páginas, este equipo, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla las dilaciones, obstrucciones y bloqueos que sufrieron, pero sobre todo denuncia que, más allá del alcalde de Iguala y sus policías municipales, las “conductas omisivas de los funcionarios públicos” han quedado sin investigar. Un obús que tiene como blanco al intocable Ejército mexicano.

En un país acostumbrado a los seísmos, la despedida y cierre del GIEI responde a una escala de magnitud desconocida. Cuando el Gobierno de Peña Nieto, en plena crisis de confianza, abrió las puertas a esta comisión para que brindara su asistencia técnica en el caso Ayotzinapa, el gesto fue interpretado como el inicio de una nueva era en el sangrante capítulo de las desapariciones. El equipo, formado por cinco personalidades iberoamericanas conocidas por su lucha a favor de los derechos humanos, parecía asegurar la transparencia y las buenas prácticas en la investigación.

Su trabajo empezó en marzo de 2015 y, al igual que las familias de las víctimas, no tardó mucho en distanciarse de la línea oficial. La ruptura se evidenció en septiembre pasado, cuando la comisión presentó su primer informe. Aunque admitía la colusión entre el cártel de Guerreros Unidos y la Policía Municipal de Iguala, su prospección iba mucho más allá. Para escándalo de los sectores más conservadores, ponía en entredicho el papel del Ejército. Y con el objeto de indagar los motivos de su pasividad en la noche de Iguala, solicitaba que se practicasen nuevas pruebas y que se interrogase al 27 regimiento. La petición fue rechazada de plano. Por el alto mando y por el propio presidente. Nadie dudó del motivo: en una nación inmersa en una brutal guerra contra el narco, con más de 100.000 muertos a sus espaldas, el GIEI pretendía abrir una puerta a lo desconocido, a una posible incriminación de la columna vertebral del Estado.

Pero el informe guardaba más sorpresas. Basándose en el trabajo de un especialista internacional, negaba que los cuerpos de los estudiantes hubiesen sido eliminados en una hoguera en el basurero de Cocula. Esta hipótesis, aunque afectaba sólo a una rama colateral del sumario, suponía un reto mayúsculo para la versión oficial. Si no había incendio en el vertedero, entonces los testimonios de los sicarios que lo habían descrito perdían credibilidad. Y la investigación al completo, como un árbol contaminado, quedaba en entredicho. Nuevamente, estalló la bomba. Y aunque meses después un grupo de expertos en fuego volvió al planteamiento inicial, la confianza había quedado irremediablemente dañada. La salida del GIEI ya sólo fue cuestión de tiempo. Cuando llegó la hora de prorrogar su permanencia en México, el Ejecutivo, sin perder la sonrisa, optó por darles el billete de vuelta para el próximo día 30.

La respuesta ha sido el informe presentado esta mañana en la Ciudad de México. Su lectura conduce al nudo gordiano del caso: Ayotzinapa refleja el fracaso del Estado mexicano y no sólo la barbarie del narco. El texto, aunque sin decirlo explícitamente, ronda una y otra vez este punto. No hay resquicio que se libre de la crítica. A ojos de los expertos, la investigación misma revela los males que aquejan al país. Lentitud procesal, burocracia paralizante, excesivo formalismo, falta de pruebas objetivas, apresuramiento en las detenciones, ausencia de garantías, carencias periciales, debilidad de los indicios incriminatorios, filtraciones interesadas… El rosario de males descrito por el GIEI supone un varapalo al sistema policial mexicano, pero carecería de pólvora, si no fuera porque da un paso más y entra en el campo de la acusación. “La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad del caso. La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”, señala el informe.

Para los expertos, este obstruccionismo aumentó a medida que avanzaban las pesquisas hasta el punto de sufrir “un claro bloqueo”. Los ejemplos citados son numerosos. Entre ellos destaca el blindaje de la información referida al Ejército. “Independientemente de que el Grupo no haya podido entrevistar a los militares del 27 Batallón que estuvieron presentes en los hechos […] Los reportes de inteligencia, las bitácoras, las fotografías y los vídeos vinculados a los hechos no han sido incorporados a la investigación”, indica el texto. En esta línea, el GIEI sostiene que en el caso Ayotzinapa “las conductas omisivas de los funcionarios públicos prácticamente no han sido investigadas” y ello pese a que “ciertos agentes del Estado tienen una posición de garante, como es el caso de las fuerzas policiales y militares, que tienen el deber de proteger a los ciudadanos y cuya omisión puede constituir una violación de los derechos humanos”.

En su despedida, el GIEI lamenta que su trabajo haya sido utilizado como un elemento de “polarización” política y atribuye parte de la polémica que le ha rodeado al miedo de ciertos funcionarios públicos, que vieron cuestionado su trabajo, y también a una “actitud soberanista” ante un “grupo de extranjeros”. Como última recomendación, recuerda que la “comunidad internacional” puede ayudar en la investigación, pero que el papel central corresponde a “México, a su pueblo y sus instituciones”. El próximo sábado el GIEI dejará su misión en el país.

El País
Jan Martínez Ahrens
Ciudad de México
Domingo 24 de abril de 2016.

Raymundo Riva Palacio          

El secretario de la Defensa sigue muy enojado. Por tercera vez en las últimas semanas, el general Salvador Cienfuegos aireó la molestia del alto mando y la tropa, y recurrió a los medios para defender al Ejército contra las acusaciones de que son violadores de los derechos humanos. En una larga entrevista que concedió a Televisa, el general Cienfuegos defendió a los elementos del Batallón 27 de Infantería, con sede en Iguala, donde la noche del 26 de septiembre del año pasado desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, capturados por la Policía Municipal y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Su verdad, sin embargo, es a medias.

El general alegó que los soldados ni siquiera estaban en Iguala hasta después, dijo, que habían pasado los hechos violentos. El general estableció que los soldados regresaron a su cuartel cerca de las 10 y media de la noche y no realizaron acciones de seguridad pública. Personal del Batallón 27 de Infantería tenía presencia en la sala de control del C-4, el sistema de televisión de circuito cerrado que utiliza la policía. Asimismo, sabían lo que pasaba y una célula de inteligencia militar había seguido a los normalistas desde su salida de la normal en Tixtla. Por tanto, conocían que los hechos se prolongaron mucho más allá de lo que admitió el secretario.

En Iguala, dijo, no actuaron contra los estudiantes, aunque puede argumentarse que el haber impedido que uno de ellos fuera atendido en una clínica privada por heridas de bala, fue una intervención directa. De la misma forma es discutible su inacción, como cuando el comandante del Batallón rechazó el pedido del ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, para llevar a sus instalaciones a los policías municipales para desarmarlos y tomarles sus primeras declaraciones. La justificación jurídica del secretario de la Defensa es que sin haber una solicitud expresa de la autoridad civil, los militares no pueden participar en acciones de seguridad pública. Ahí lo pidieron y se las negaron.

Sin embargo, la vulnerabilidad del argumento no está en sus responsabilidades de esa noche, sino en los antecedentes. Iguala, según información de la Fiscalía de Guerrero de cuando menos cinco meses antes, estaba controlada por Guerreros Unidos, aliado con el entonces alcalde, José Luis Abarca. El jefe del Batallón 27, el coronel José Rodríguez, mantenía una relación con Abarca y con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a cuyo informe de labores al frente del DIF, acompañó horas antes que empezaran los sucesos. El Batallón, que nació en los 70 para enfrentar a la guerrilla rural, cuenta con una oficina de inteligencia, que estaba a cargo del mayor Luis Alberto Rodríguez. Entonces, se puede plantear, ¿no sabían los militares de la injerencia criminal en las instituciones en Iguala?

El papel que jugaban los militares en Iguala mucho tiempo antes del crimen, es un misterio. El secretario Cienfuegos relevó al coronel Rodríguez diez meses después del crimen, y no se sabe qué ha sido de él. Se desconoce también la suerte del mayor Rodríguez y del mayor de Infantería, Raymundo Barrera, que era jefe de personal en el cuartel. Dos de sus subalternos habían sido denunciados públicamente de tener vínculos con criminales, y no se sabe si el Ejército los investigó para determinar si sus oficiales y soldados estaban o no involucrados con ellos. La defensa del general Cienfuegos no ha tenido matices, lo que ante la sociedad política y los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, lo colocan en una situación vulnerable.

El secretario de la Defensa está hablando, pero no parece decir todo lo que le molesta. Si un observador analiza lo que hizo el Batallón esa noche, salir a la calle, recoger información, reportar lo que veía y establecer un perímetro de seguridad alrededor de Iguala, como ha sido narrado en testimonios desde el sábado 27 de septiembre, no deja de sorprender la analogía con el modus operandi en Michoacán, cuando los grupos de autodefensa civil –donde había sicarios renegados– iban a aniquilar a sus enemigos, Los Caballeros Templarios. En Michoacán, donde el gobierno organizó y armó a los grupos de autodefensa civil, la instrucción al Ejército era que sellaran las comunidades mientras había una depuración de los cárteles. Después de los enfrentamientos, actuaban.

En Michoacán, esa estrategia la diseñó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo, nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto, y recibió el aval y respaldo de la Secretaría de Gobernación. El secretario de la Defensa se oponía al modelo y se enfrentó con Castillo. El diferendo fue resuelto en la oficina del exjefe de Oficina, Aurelio Nuño: Castillo dejó de lastimar al Ejército y el Ejército aceptó el modus operandi. Si Iguala fue una réplica de la arquitectura construida en Michoacán, ¿quién tiene la primera responsabilidad del costo que hoy pagan los militares?

La respuesta es simple: el gobierno. Los mismos que les causaron la herida de Tlatelolco, volvieron a infligirles un nuevo daño. El secretario de la Defensa grita todo el tiempo por la injusticia con la que tratan al Ejército, pero es parte del andamiaje institucional que, como en 1968, es la parte más delgada del hilo cuando se rompe. Pero también hay que decirlo, hubo cosas que tuvo que hacer el secretario con el Batallón 27, que no hizo. Esta responsabilidad, sí es del general.

Eje Central
Puebl@Media
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
Ciudad de México
Sábado 10 de octubre de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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