Durante su gestión, el panista Felipe Calderón Hinojosa pretendió combatir la delincuencia organizada con un Estado sucio y corrupto. Contó para ello con un gran presupuesto para instrumentar una “represión sucia con desapariciones forzadas”.

El priista Enrique Peña Nieto no sólo sumó a las pifias de su predecesor “la represión social” contra grupos que buscaban detener las violaciones masivas a derechos humanos; también se metió a negociar con grupos criminales. El resultado: más fosas y más desapariciones forzadas.

Así resume Edgardo Buscaglia lo que ha pasado en México durante los últimos dos sexenios. Y advierte: las desapariciones forzadas en el país no son producto de una junta militar, sino de “un fenómeno atomizado” que se va trasladando de un lugar a otro. Forman parte de la corrupción y la impunidad donde 99.9% de los casos no se resuelven.

Según el especialista en seguridad, prevención y combate al delito, temas en los que ha asesorado a países de cuatro continentes, eso es resultado del vacío de poder. “Estamos ante un Estado fragmentado donde algunos sectores se asocian a los grupos criminales; otros luchan contra ellos, y así como hay policías que combaten a cárteles de la droga, otros se les alinean”.

E insiste: las desapariciones forzadas empiezan a darse de manera fragmentada en todo el país. “A veces son periodistas; otras, activistas sociales: otras, empresarios que se niegan a ser extorsionados, otras pueden ser entre los mismos ­delincuentes”.

En junio de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 27 mil 243, cifra similar a la que reportó la Secretaría de Gobernación: 27 mil 523.

En marzo de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, admitió que la cifra creció a 28 mil 161 personas. A ellas habría que sumar las 43 desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa.

Ellos fueron calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, según “la verdad histórica” construida por Tomás Zerón cuando fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Hoy, este personaje es secretario técnico del secretariado encargado de contabilizar a los desaparecidos.

“Pax” mafiosa

Edgardo Buscaglia sostiene que, antes de combatir a la delincuencia organizada y “lanzar a las Fuerzas Armadas o policiacas a la calle, primero se debe limpiar mínimamente al Estado”, algo que no hizo Calderón. Y, añade, deben establecerse controles patrimoniales democráticos a funcionarios y policías, así como una ley de extinción de dominio que apliquen las unidades de investigación patrimonial autónomas en cada entidad federativa que trabajen en red.

Asimismo, dice, debe haber una prevención social y una prevención de corrupción política para evitar la filtración del crimen organizado en las listas de candidatos a cargos de elección popular en todos los niveles.

Si no se limpia el Estado sucio, advierte, la corrupción aumenta exponencialmente a nivel operativo. Y pone un ejemplo: cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, los policías federales ya estaban corrompidos.

Así, cuando Calderón lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública y le otorgó un presupuesto 20 veces superior, la corrupción se incrementó; peor aún, los delitos y violaciones a los derechos humanos se dispararon, explica.

Y puntualiza: Al incrementar el presupuesto a la Policía Federal (PF), Calderón sólo le echó gasolina al fuego. Además, indica, lo hizo contar con instituciones de prevención social en medio de vacíos de Estado, sin someter a la policía a una auditoría social.

“¿Cómo pudo ocurrírsele aumentar la capacidad represiva a través de presupuestos altos? Lo único que hizo fue crear este tsunami de más de 27 mil desaparecidos.”

Lo que hoy tiene México es represión sucia con desapariciones forzadas, gente colgada en las calles, comandos de la PF secuestrando a sus propios compañeros, activistas sociales. Calderón nunca entendió que con un Estado fragmentado y sucio era imposible combatir a la delincuencia organizada, sostiene Buscaglia.

Abunda: en este clima de impunidad y corrupción, pequeños pedazos de la PF trabajan para grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa; otros se alinean con Los Zetas o con La Familia Michoacana, etcétera. Hoy, ellos mismos comienzan a limpiar sus territorios para los grupos criminales. En ese proceso de limpia caen ángeles y demonios.

Ante la impunidad –99.9% de las desapariciones jamás se resuelven–, los grupos criminales piensan en los costos y beneficios: si no hay sanción por asesinar a alguien o enterrarlo en una fosa, las cosas pueden seguir.

En su reporte entregado al Senado en febrero último, la Procuraduría General de la República (PGR) indica que de agosto de 2006 a octubre de 2015 el gobierno localizó 662 cuerpos en 201 fosas.

El año más crítico fue 2011, cuando se detectaron 26 fosas en Veracruz, Tamaulipas y Durango. En la última entidad había 53 cuerpos, según la PGR. Sin embargo, la prensa local reportó 231, la mayoría no identificados, y denunció que las autoridades estatales exhumaron los cadáveres con trascabos y retroexcavadoras, “como si se tratara de cascajo”.

Según el reporte de la procuraduría, entre octubre de 2014 y junio de 2015 en Iguala, Guerrero, se descubrieron 63 fosas con 133 cuerpos: ninguno era de los estudiantes de Ayotzinapa.

Buscaglia comenta al respecto: Las desapariciones donde participa el crimen organizado son por disputas territoriales, como en Durango. Cuando ello sucede, las convenciones internaciones lo consideran “un conflicto armado”, pues algunos elementos del Estado se alinean con alguno de los bandos, mientras la población civil queda en medio de los enfrentamientos.

“Durango sufrió uno de los más altos índices de desapariciones forzadas; luego se colapsa ese índice una vez que el Cártel de Sinaloa toma el territorio y establece a sus funcionarios”, señala el especialista.

Explica: dada la crónica incapacidad del Estado mexicano para procesar casos, imponer castigos y desmantelar redes criminales por falta de controles patrimoniales, la tasa de homicidios se reduce porque un grupo criminal se adueña del territorio, desplaza a sus rivales y hace alianzas con el gobierno. Esa es la pax mafiosa.

Comisión de la verdad

Los tsunami de desapariciones forzadas y homicidios obedecen sólo a los conflictos, aleatorios o no, entre las redes criminales. Cuando un grupo triunfa, va en pos de otro territorio. Ante el vacío de poder del Estado, las bandas criminales son las que imponen las tasas de desapariciones, no el Estado.

Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, recuerda que en los ochenta había una “pirámide de comando y control” del gobierno federal. El crimen organizado formaba parte de ella, pero durante la pretendida “transición democrática” se desmantelaron las instituciones autoritarias. Lo grave es que no se sustituyeron.

Y pone un ejemplo: Lo que hizo Vicente Fox con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no fue sustituirlo por una policía democrática. Además, en las entidades siguen los mismos jueces. “Con esa pirámide de comando de control desquebrajada, el crimen organizado comenzó a financiar a los políticos y a imponer policías y funcionarios.

También hay grupos que cometen desapariciones forzadas. “Forman parte del Estado y los conforman policías estatales. Ellos son los que cavan las fosas, extorsionan gente, asesinan”.

Cita el caso de Chiapas, donde, como sucedió en Afganistán, “un pedazo del Estado trata de imponer la ley a otro pedazo del Estado, asediando a fiscales y deteniéndolos. Eso me tocó verlo. Y esto es difícil de resolver porque no está sujeto a una orden de Los Pinos, Hoy, el presidente Peña Nieto es un cero a la izquierda, una figura simbólica con menos poder que la reina de Inglaterra”.

Buscaglia insiste: Peña Nieto continuó con los errores de Calderón en la persecución al crimen organizado, y además lo hizo sin implementar ninguna medida de control patrimonial ni de prevención para atacar la corrupción política.

Peor aún, “se metió a negociar con los grupos criminales, como en Michoacán. Ahí neutralizó a los grupos sociales que defendían a la población. Con ello agregó a los errores de Calderón la represión a los grupos sociales y la entrega incondicional de territorio (a los criminales)”.

También habla de otros estados, como Chihuahua, donde ese mismo esquema se aplicó pero no de manera pública. Afirma que hoy el control de esa entidad lo tienen los grupos criminales.

Buscaglia también menciona el caso de Cherán, donde Peña Nieto ha enviado a la PF y al Ejército para fragmentar a esa comunidad indígena y reprimirla. Al mismo tiempo empieza a incrementarse la violencia, la violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas.

Frente a esa realidad oprobiosa, dice, los familiares de víctimas y desaparecidos deben crear una sola agrupación, una Comisión de la Verdad, y elaborar una agenda nacional; deben buscar el respaldo y financiamiento de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Desapariciones, invitar a técnicos extranjeros para organizar sus descubrimientos y testimonios, y pedir asesoría a jueces o exjueces extranjeros.

Recomienda que, una vez organizados, deben “rodear el Congreso”, ejercer presión para que las autoridades respondan por los desaparecidos. Dice que un ejemplo digno es el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes el gobierno de Peña Nieto no ha podido dividir.

“Ellos han tenido la mejor práctica internacional, apoyo en Europa. Han hecho escándalo mediático. Ya pusieron en jaque al gobierno. Tarde o temprano su caso va a llegar a la Corte Penal Internacional.”

Advierte que cuando las organizaciones de víctimas empiezan a aglutinarse, el gobierno trata de cooptarlas, bloquearlas, meterles miedo, darles dinero. “Nunca había visto tanto reparto de dinero como en México. En Brasil, Colombia o Argentina nunca vi algo así”.

Proceso
Jesús Cervantes
Ciudad de México
Miércoles 28 de septiembre de 2016.

Ese es el caldo de cultivo por el cual la delincuencia organizada sigue prosperando y expandiéndose en México

Ciudad de México.- El mal desempeño económico, un pacto de impunidad y la corrupción política son las características que definen a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto en estos tres años que lleva de gobierno en México, consideró Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en entrevista para la televisión internacional alemana Deutsche Welle (DW).

    “El sistema judicial mexicano se cierra, se paraliza automáticamente cuando existen investigaciones contra políticos en ejercicio. No se investiga, y se asedia a los periodistas que sí lo hacen y hasta se los asesina. Ese es el caldo de cultivo por el cual la delincuencia organizada sigue prosperando y expandiéndose en México a través de múltiples tipos de delitos”, advirtió el experto.

Buscaglia compartió junto con el politólogo Javier Corrales, del Amherst College, de Massachusetts, su opinión acerca de la popularidad de los presidentes latinoamericanos.

El manejo de los recursos públicos, la impartición de justicia y el combate a la corrupción determina el sube y baja en la popularidad de los mandatarios, como se ve en el caso de México, coincidieron los expertos entrevistados por la periodista Eva Usi.

Edgardo Buscaglia destacó que la única forma de combatir la corrupción, que existe en todas partes del mundo, es con sistemas judiciales que funcionen adecuadamente, recordó el caso de Brasil, donde la Presidenta Dilma Rousseff se encuentra inmersa en una serie de escándalos de este tipo.

    “Los sistemas judiciales de Brasil funcionan, investigan, encarcelan a los empresarios y ya hay sentencias judiciales en el caso de Petrobras. Ya se tienen políticos al más alto nivel acusados. En la medida en la que los sistemas judiciales reaccionan y generan sentencias la corrupción no es tan preocupante”, aseguró el investigador a DW.

También lamentó que ese no sea el caso de México, en donde los políticos en ejercicio se protegen entre sí para intercambiar favores y traficar influencias, y advirtió que el “club de impunes” no romperá con su situación privilegiada. “La presión tiene que venir de la ciudadanía, de los empresarios y de la comunidad internacional”, advirtió Buscaglia a la televisora.

Desde noviembre del año pasado, la admnistración federal en México ha sido fuertemente cuestionada luego de descubrirse que la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, el Presidente, Enrique Peña Nieto, y el Secteario de Hacienda, Luis Videgaray Caso habían comprado casas a contratistas del gobierno bajo condiciones poco claras.

Esta semana, la agencia de noticias Bloomberg reveló que en el caso de Luis Videgaray, la constructora Higa cobró el cheque con el que se hizo la transacción de una casa de descanso en Malinalco, lo que pone en entredicho la investigación que sobre el tema realizó la Secretaría de la Función Pública (SPF) y que exoneró a los tres de cualquier conflicto de interés.

La popularidad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, refiere Deutsche Welle, cayó siete puntos en los últimos 12 meses, del 51 por ciento al 44 por ciento, según una encuesta publicada por el Pew Research Center.

    “El sondeo, que coincide con una reestructuración del gabinete de Peña Nieto, asegura que el 72 por ciento de los mexicanos está insatisfecho con el manejo en cuestiones como educación, seguridad, economía y combate a la corrupción. Los escándalos en torno a un presunto conflicto de interés que salpicaron al entorno cercano de Peña Nieto en 2014, así como la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán el pasado 11 de julio, influyeron en la percepción de los ciudadanos”, destacó el medio alemán.

Otro caso que menciona Deutsche Welle es el del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien la recesión económica, la alta inflación y el desabastecimiento de productos básicos, aunados a los menores ingresos que percibe ese país por sus exportaciones de petróleo, han provocado una caída en picada en la popularidad del mandatario.

“Es probablemente uno de los niveles de popularidad más bajos entre los presidentes venezolanos”, afirmó el politólogo Javier Corrales a la periodista Eva Usi.

Además de la crisis económica, la crisis de gobernabilidad y la inseguridad, el experto subrayó la peligrosa combinación de control de cambios con la caída de los precios del petróleo y el gasto desenfrenado del sector público.

“El gobierno está racionando los dólares a muchos sectores. Sin dólares no puede haber importaciones y eso paraliza la actividad productiva del país. La gente trata de cambiar sus bolívares por dólares baratos y tan pronto puede, los saca, eso está provocando una fuga de capitales del país”, planteó Corrales.

En el caso del Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, detalló que hasta el momento ha tenido una buena gestión económica en comparación con sus homólogos de América Latina.

“Al igual que Venezuela, este país depende de la explotación y exportación de recursos naturales, en este caso, de gas natural. Tiene también un gobierno anti-imperialista, socialista y chavista. Sin embargo, Bolivia no está sufriendo un desplome económico como el de Venezuela. Por el contrario, está registrando altos niveles de crecimiento económico”, expuso el politólogo.

Sin Embargo
Ciudad de México
Sábado 29 de agosto de 2015.

México no es un Estado fallido, sino en un Estado “esquizofrénico”

Hablar de México hoy en día es referirse a un país con problemas de gobernabilidad, que aparece incluso en la lista de las cinco naciones donde es más barato hacer negocios ilícitos. Pero también es discutir sobre un Estado en el que la gran mayoría tiene sueldos raquíticos, mientras un puñado de funcionarios y políticos perciben ingresos equiparables a los de los principales empresarios suizos, pero con un desempeño similar al de una nación subdesarrollada como Sudán.

Con estas reflexiones, el experto en temas de seguridad, Edgardo Buscaglia, trató de definir en SinEmbargo el momento en el que se encuentra México, donde la corrupción, los conflictos de interés y una sociedad civil pujante, pero aún desorganizada y que en muchas ocasiones cede ante el dinero del gobierno, impiden que el país entre en un proceso que lleve a sus habitantes a mejores condiciones de vida e ingresos.

A juicio del experto, los controles patrimoniales y políticos son también dos temas que están pendientes en la agenda, pues en México pasar de “delincuente a político” se considera un juego de niños, lo que ha hecho del país uno de los más corruptos del planeta. Para las mafias, además, se ha convertido en el sitio donde más barato les resulta operar. A diferencia de los estados fallidos, dice Buscaglia, en México hay instituciones, pero el problema es que algunas, como el Instituto Nacional Electoral (INE), están más desprestigiadas que el propio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ciudad de México.- La crisis de corrupción, inseguridad, violaciones a los derechos humanos y conflicto de interés no ha convertido a México en un Estado fallido, sino en un Estado “esquizofrénico” en el que funcionarios y jueces ganan salarios equiparables a los de importantes empresarios de Suiza, pero con resultados de naciones como Sudán. Así lo consideró Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos.

Entrevistado por SinEmbargo para analizar el momento en el que se encuentra el país, Buscaglia, quien de 1990 a la fecha ha trabajado como asesor de reformas judiciales, combate/prevención del delito organizado y corrupción en al menos 109 países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente, aseguró que técnicamente México es un país con un “colapso de gobernabilidad” en el que las instituciones existen, pero se han visto corrompidas y rebasadas por la penetración del crimen organizado, la debilidad para establecer controles financieros y una sociedad civil que en cierta medida también “ha sido comprada” por el gobierno.

De acuerdo con información disponible sobre los sueldos de los funcionarios públicos en México, tan sólo un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) percibía el año pasado 316 mil 442 pesos, mientras que un magistrado del máximo tribunal estadounidense ganaba el equivalente a 280 mil 500 pesos. Mientras que para 2015, las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán de entre 6 y 4 millones de pesos en el año.

A juicio de Buscaglia, la falta de controles también se extiende a los candidatos, pues ante la falta de mecanismos legítimos para elegirlos, para cualquier persona el pasar de criminal a político “es un juego de niños”.

La sociedad civil adormecida

– ¿Qué tan grave considera que es la crisis actual en México?

–México está viviendo una crisis que desde hace varios años va empeorando. En un país promedio de América Latina, como hacen Bolivia, Argentina o Brasil, la sociedad civil ya se hubiera organizado y hubiera paralizado al país, porque no hay tanto dinero del gobierno hacia la sociedad civil para mantenerla adormecida. México tiene esa combinación de terror y flujos patrimoniales de corrupción hacia lo político y hacia la sociedad civil que son improcedentes en América Latina, lo que adormece a la sociedad civil.

– ¿Esta situación agrava problemas como la corrupción y el Estado de Derecho?

–Las autoridades están tratando de resolverlo todo con detenciones gestionadas, mediáticas y están tratando de generar chispazos. Todo es mediático para esta gente, viven bajo la convicción de que la imagen que ellos venden a través de sus firmas consultoras determinan la realidad. Es una postura cínica la que tienen.

–Desde el tema “casa blanca” parece que hubo un divorcio entre los mexicanos y el gobierno, ¿esto se ha ido agravando?

–Los indicadores de gobernabilidad como el del Global Financial Integrity Report (Reporte Global de Integridad Financiera) ya colocan a México entre los países con mayores colapsos de gobernabilidad dentro de los estados medianamente funcionales y eso dice mucho. En México hay cantidades cuantiosas de dinero comprando a la sociedad civil continuamente, intentado reparar daños extrajudicialmente. Las víctimas acuden a la prensa para adquirir un alto perfil mediático y que no las puedan asesinar. En un país con tanto flujo de dinero donde tienes a los ministros de la Suprema Corte mejor pagados del planeta, ganando más de 50 mil dólares al mes, diputados y senadores ganando sueldos de empresarios poderosos europeos y sociedad civil de amigos recibiendo cifras cuantiosas, la sociedad no reacciona y no genera los cambios que queremos que se generen.

– ¿Pero a quién se refiere a esa sociedad civil comprada: a las ONGs, las AC, los famosos think tanks…?

–Debo decir que hay brotes de sociedad civil en México muy valiosos que no sólo se limitan a Alejandro Solalinde: hay ciertos brotes que comparados hace 20 años dan esperanza de que se van a poder multiplicar, pero lamentablemente la corrupción y el terror mantiene a la sociedad civil fragmentada y las mafias políticas se aprovechan de esta fragmentación y se mantiene en el poder, sea cual sea la crisis. Estamos en un momento de inflexión en la historia mexicana, pero lamentablemente cuanto más dinero colocan los peñas nieto y los calderones para silenciar a la sociedad civil con contratos, con donaciones, la reparación de daños de manera extra judicial, como lo hizo Marcelo Ebrard Casaubón [el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal] y Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República (PGR), para callar conciencias con dinero, más tardará en aterrizar ese punto de inflexión en transformarse en un proceso de reforma, como el que todos esperamos. Las reformas que requieren los mexicanos para cubrir sus vacíos de Estado y acabar con la impunidad de las mafias políticas debía aplicarse a través de organizaciones serias.

–Esa ha sido una lucha de años ¿qué tan fuerte es ahora la presión para aplicar esta transformación?

–Las resistencias para aplicar estas medidas son fuertes. Un ejemplo concreto: es obvio para cualquier persona que trabaja en países medianamente gobernables que la penetración de dinero sucio en campañas electorales o precampañas, donde un candidato promedio tiene aproximadamente el 90 por ciento de sus recursos financiados con recurso ilícitos, la solución pasa por tener una especie de auditorías de Estado y auditorías sociales, eso es algo que Brasil y Paraguay pusieron en práctica. Cuando yo expuse esto ante senadores y sociedad civil en México, los senadores se quedaron callados y la sociedad civil se dejó comprar para hacer análisis de declaraciones patrimoniales que es toda una simulación, porque no te van a llevar a desmantelar ningún tipo de flujo ilícito de las campañas electorales.

–Le vuelvo a insistir, ¿a qué sociedad civil es a la que se está comprando?

–La sociedad civil mexicana a través de contratos cuantiosos se deja comprar, algunos de buena fe, otros no, y eso está retrasando la implementación de acciones. Los recursos presupuestales públicos y privados destinados a comprar a la sociedad civil son hasta 30 veces mayores a los que yo veo en Argentina. Es difícil que esos movimientos de cambio se puedan fortalecer.

–Dice que México está entre los países con colapsos de gobernabilidad, ¿cuáles son los síntomas de que un país que está en ese momento?

–Uno es la impunidad. Hay más de un 98 por ciento de impunidad de todos los delitos que se generan anualmente. Las encuestas de victimología te dan una cantidad de los que llegan a una sentencia final condenatoria del menos del 2 por ciento. Es un país con un sistema judicial de Estado fallido, a pesar de que sus jueces están ganando salarios superiores a los de Suiza. Hay una esquizofrenia institucional, por un lado tienes a jueces que ganan más que los ministros suizos y por otro lado tienes un desempeño judicial igual al de Sudán. Es una situación clara de colapso.

Por otro lado están los controles patrimoniales, en donde los cabecillas del crimen de México se ubican en la oficina de control de activos extranjeros de la Oficina del Tesoro en Estados Unidos vinculados a redes criminales y en México están pagando impuestos y operando normalmente. Tienen un problema obsceno de controles patrimoniales qué sólo se explica a través de un pacto político de impunidad. Tienes un vacío de controles patrimoniales ilícitos que hace de México uno de las cinco economías más ilícitas del planeta.

– ¿Qué otras características hacen de México un país con colapso de gobernabilidad?

–En un país donde existe la combinación venenosa de un vacío judicial y vacíos de control patrimonial y lo transforma un paraíso fiscal para la delincuencia organizada patrimonial. Se instala a través de inversiones y dinero sucio con más impunidad que en las Islas Caimán. México es un país de bajo costo para la delincuencia organizada.

El día que empiecen a combatir en serio a la delincuencia organizada se van a dar cuenta de que hay grupos de Brasil, Japón, de la India… operando en México, que mantienen un perfil más silencioso que “Los Zetas” y “Los Caballeros Templarios”, porque actúan de manera muy discreta y sólo se dedican a hacer sus negocios. Por otro lado está la corrupción político electoral donde existe un control de quien entra o no a las listas, elaboradas por los caciques de cada partido. Es un juego de niños para un delincuente transformarse en político de la noche a la mañana; este es un sistema de la listas cerradas que están elaboradas por chuchos, peñas nietos y con tres o cuatro personas que no están sujetos a ningún tipo de proceso y ahí tienes un vacío de controles electorales y no tengo nada que decir del INE [Instituto Nacional Electoral] que está más desprestigiado que “El Chapo” Guzmán.

–El tema de la sociedad civil fragmentada, ¿también hace de México un país con problemas de gobernabilidad?

–México tiene asignaciones presupuestarias hacia la sociedad civil y es muy fácil entender por qué está fragmentada. Hay una vasta cantidad de sociedad civil que está comprada a través de contratos o proyectos, y si vas y les preguntas te van a decir que están haciendo algo, pero la cuestión es cómo acceden a esos recursos del gobierno. Por eso llama la atención que la sociedad civil esté tan adormecida. Hay organizaciones se ven muy bonitas desde papel pero hay mucha compra de voluntades. A veces se acercan a mí a pedirme consejos fuera de grabadoras porque saben que si se acercan a mí les quitan los contratos. Les pagan cifras que son de ciencia ficción. Cuando le cuento a sociedades civiles de Argentina, como las madres de la Plaza de Mayo, que en México se pagan 5 mil euros para dar conferencia, se quedan callados y piensan que es un chiste. Los movimientos de víctimas los fragmentan con dinero, eso que pasó en el News Divine –caso en el que fallecieron 12 personas durante un operativo policial en la capital del país en 2008– yo vi de cerca cómo a través de manera extrajudicial compraban a la gente, es un modus operandi de los gobiernos que de alguna manera neutralizan los controles de prevención social que es el cuarto punto de un país con problemas de gobernabilidad al que yo me quería referir.

– ¿Cómo era esta entrega de recursos del News Divine?

–Hay un decreto de Marcelo Ebrard –el Jefe de Gobierno en aquella época– que le asigna a un funcionario que implementó el arreglo extrajudicial. Yo no quiero atacar ni al PRI [Partido Revolucionario Institucional] ni al PRD [Partido de la Revolución Democrática] porque sucede igualmente en la PGR con casos como los estudiantes de Iguala que han intentado comprar a las familias a través de una funcionaria de apellido Limón [Lía Limón, ex subsecretaria de Gobernación] que hacía eso. En el caso del News Divine yo estaba muy cercana a las familias. Lo que quiero decir es que cuando las víctimas no se pueden integrar a un movimiento eso te retasa el gran movimiento de prevención social que tuvimos en Italia, Colombia… que explica por qué esos países implementaron las mejores prácticas. En México hay controles judiciales retrasados y de prevención social retrasados.

– ¿Cuál las diferencia entre un país con problemas de gobernabilidad y un estado fallido?

–Un país con problemas de gobernabilidad tiene instituciones funcionales. Tienes problemas de transparencia, de rendición de cuentas, pero tienes una policía operando; entonces hay gravísimos problemas, pero la institución mal o bien funciona. En temas de seguridad, el Estado mexicano es un Estado débil, con instituciones judiciales colapsadas o casi colapsadas, pero existen. Los jueces están cobrando sus salarios. México tienen un estado débil pero con presupuesto de países súper desarrollados. Un Estado fallido es cuando se producen vacíos de Estado. La institución desaparece, ya sea que se fragmenta como sucedió en Yugoslavia en los 90. México no es Estado fallido, pero tiene bolsones territoriales de Estado fallido como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, porque el Estado ya fue coptado por los grupos criminales. En el caso de Michoacán, el mismo Presidente Peña Nieto reconoció que era Estado fallido. Es un Estado esquizofrénico con pedazos de Suiza, Somalia y Sudán. En el tema de seguridad, que es donde hay más corrupción, desafíos a los estados ilícitos mexicanos. La delincuencia organizada se dedica a traficar bienes legales, como los productos farmacéuticos; se dedican a cientos de negocios que no han sido identificados y han sido una enorme caricatura.

– ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para recomponer el Estado mexicano?

–México salió después de más 70 años de un partido único de Estado y lo sociedad civil desarrolló los instintos. Había embajadores como [Jesús] Silva Herzog que el comprar voluntades lo llamaba “la diplomacia a la mexicana”. La sociedad mexicana no se deprendió de ese virus que sigue estando. Aunque no se consideren priistas, la sociedad civil mexicana sigue siendo priista en muchos sentidos porque siguen esperando que el Estado financie sus actividades, lo ve como una obligación. Eso retrasa el acabar con la cultura de impunidad.

SinEmbargo
Juliana Fregoso
Ciudad de México
Miércoles 11 de marzo de 2015.

La corrupción política es el padre y la madre de la violencia mexicana, dice el académico

Edgardo Buscaglia le cuenta a la periodista Lolita Bosh que cuando el Presidente sudafricano Frederik Willem de Klerk se sentó con Nelson Mandela tras masivas protestas contra el Apartheid, le pidió que negociaran los términos de la agenda de cambios. “No tengo nada que negociar”, repuso Mandela. “Yo soy el mensajero del pueblo”. Y eso la llevó a preguntarle qué está diciendo ahora el pueblo de México. Dónde está la esperanza en la deslumbrante protesta social derivada de los crímenes de Ayotzinapa, la pésima respuesta del Gobierno, la indignación y la tristeza.

Buscaglia se desempeña actualmente como Presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México), como Director del International Law and Economic Development Center, como Investigador Principal en derecho y economía en la Universidad de Columbia (Estados Unidos de América) y como Profesor Invitado de la UNAM (2012). Su trabajo como asesor de reformas judiciales y combate/prevención del delito organizado y corrupción, viene cubriendo –desde 1990 a la fecha– a 109 países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. Y es una voz imprescindible hoy en este México fragmentado.

“Los periodistas y los movimientos sociales como los de Ayotzinapa desafían a los directorios que simbolizan el liderazgo de la delincuencia organizada dice Buscaglia en la conversación. ‘Los jóvenes de Ayotzinapa, desde hace años, vienen desafiando y cuestionando al poder mafioso en Guerrero, y normalmente el poder mafioso asesina a sus cuestionadores y a quienes desafían su poder. Y así es cómo han desaparecido o han sido asesinados en México periodistas, líderes sociales o madres que buscaban a los asesinos de sus hijos. Ayotzinapa es un  caso más.

¿Qué ha sucedido en estos días posteriores a la desaparición de los 43 normalistas? A lo que hay que sumar los 11 estudiantes detenidos en el Distrito Federal, los muertos del 26 de septiembre y las bolsas de ceniza con las que [el Procurador Jesús] Murillo Karam pareció dar por cerrada la búsqueda del paradero de los jóvenes. ¿Ha habido un cambio real en la sociedad? ¿Y ya podemos prever si esto afectará de algún modo contundente y real al Gobierno de [Enrique] Peña Nieto?

Los cambios sociales no son fenómenos meteorológicos, se pueden empujar y promover con diferentes acciones. Aunque no se puedan asegurar los resultados. Y ahora lo que estamos haciendo es tratar de promover este cambio, antes que nada, neutralizando su reflejo corrupto en toda la sociedad caviar que rodeaba a [Felipe] Calderón [Hinojosa] y a [Genaro] García Luna. Porque están intentando rodear las comisiones de la verdad y a los jóvenes de Ayotzinapa, que se transformaron en el cal de la conciencia social mexicana. De tal modo que vamos a empezar a ver foros organizados por la misma gente que apoyaba a Calderón y a García Luna apoyando propuestas que yo ya apoyaba desde hace tiempo como la comisión de la verdad y la justicia transicional. Pero hay que neutralizar este tipo de cosas para que la gente entienda quién es quién, quién se disfraza de sociedad  civil, y apoyar a los focos genuinos de cambio en México. Que los hay.

Los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa insisten en algo que es música para mis oídos: que todo movimiento social que ha tenido éxito en la historia de la humanidad, aglutinó e inspiró a millones a través de una acción madre que provoque un efecto dominó de reformas que termine con los cánceres que azotan a la sociedades a través de gobiernos mafiosos. El estudiante Omar García hizo eco de esos movimientos exitosos y llamó a través del programa de Carmen Aristegui a un movimiento social y de unión que promueva acciones concretas y con visión de futuro.

--¿Crees que la sociedad mexicana tiene ya la red necesaria para responder a eso?

–No, todavía no. Esas redes se forman a través de liderazgos que inspiran, como por ejemplo el de Omar. Él no tiene la experiencia pero representa a una larga serie de crímenes de lesa humanidad que incluye a los miles de desaparecidos. Omar simboliza a toda esa gente e inspira un movimiento nacional. De ahí a que se traduzca, en efecto, en un movimiento nacional, depende de cuán bien neutralicemos a los foros que la sociedad caviar hará para controlarlo, al nuevo responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos –que hoy está presidida por un salinista que se llama Luis González [Pérez]– y a otros movimientos ficticios, vamos a ver. Muchos movimientos empiezan bien pero acaban distrayéndolos en negociaciones con el Gobierno de turno. Y ahora es cuando hay que tratar de evitar los errores del pasado para avanzar hacia un movimiento social genuino, que es justo lo que propuso el estudiante Omar en la entrevista con Carmen Aristegui. Él tiene la capacidad de simbolizar la tragedia y si logramos traducir ese llamado en una o dos “acciones madres”, capaces de promover cambios reales y masivos, sí podríamos hablar de un movimiento nacional de impacto.

– ¿Crees que ya se hizo alguna de esas “acciones madre”?

–Ninguna. Todavía no. No se puede pretender ningún impacto positivo sin una limpieza social de las listas electorales. Los mafiosos son incorregibles y debemos empezar a limpiar las listas de afuera hacia adentro. El sistema  político sudafricano es una muestra de cómo hacerlo desde afuera hacia dentro con una acción concreta: el acceso popular de toda la población al voto. México enfrenta un problema similar. La función electoral es un sistema disfrazado de democracia donde el ciudadano no tiene ningún impacto en la elaboración de las listas. Y cuando las listas están elaboradas con el 70 u 80% de mafiosos, porque son listas cerradas, hechas a oscuras por los caciques de los partidos, no puede haber ninguna  reforma –ni de salud, ni ambiental, ni de educación, ni judicial– que pueda llegar a implementarse. A la mejor no podemos limpiar las listas completamente, pero cuando menos debemos echar a los más obscenos. Porque México tiene miles de Abarcas. Eso fue lo que hicieron Martin Luther King y Mandela: forzar el voto directo, no solamente en la elección general sino en la elaboración misma de listas. Y promover un movimiento social y nacional que tome como bandera esta intención de llevar el voto popular a las listas, sería fundamental. El “abogadito medio” está diseñado para defender el sistema, por eso el movimiento popular debe ir a la puerta de los congresos, nacional y de los estados, para forzar la limpieza de listas a través de una reforma de la ley electoral. Ésa sería una reforma madre.

– ¿Crees que el movimiento que se está forjando ahorita está dispuesto a establecer un diálogo con la política? Porque parecería que no quieren dialogar.

–No, y no deben hacerlo. Debe haber un movimiento de abajo hacia arriba, que inspire a millones, e imponérselo al sistema político mexicano. Y después, cuando se ascienda con esta acción claramente definida y con el apoyo popular, ahí es cuando recién te sientas con el poder político y les dices, como le dijo Mandela a De Klerk: “Yo no tengo nada que negociar. Soy simplemente un mensajero del pueblo”. Ése fue el gran error del Movimiento por la Paz con Justicia y

Dignidad: que se sentaron a negociar la agenda con el poder. Cuando en realidad hay que ir con una agenda al poder mafioso y decirle: “Ésta es la agenda popular, nosotros sólo somos mensajeros. O la implementas o de acá no nos movemos”. Y paralizar al país pacíficamente. Y esta paralización, obviamente, le cuesta mucho dinero a la elite, a la sociedad caviar y a los corruptos legalizados.

No van a salir a la fácil y espero que no cueste vidas, pero el cambio sí le va a costar mucho dinero a la elite. No obstante, ésa es la acción que debemos promover. Ayotzinapa es ahora un punto focal y universal. Estuve recién en un concierto de Peter Gabriel en Italia y le pasamos la nota para que la leyera y la leyó antes miles y miles de italianos. ¡Y se caía la casa cuando mencionó Ayotzinapa! Porque, sin duda, hoy es el  punto focal y universal de las conciencias colectivas, y esto tiene que traducirse en acciones de unificación de movimientos que no incluyan solamente a estudiantes. Nunca se puede incluir a todo el mundo, pero se tiene que aglutinar mucho más que estudiantes y juntos avanzar con una propuesta concreta.

¿Crees que va a suceder?

–Puede suceder, pero no puedo predecirlo. Aunque si se promueven estas acciones  que te digo, las probabilidades de cambio son mucho mayores que si se sientan a negociar previamente como hizo el movimiento de Sicilia. Fracasó porque la negociación fue prematura y estuvo sujeta a cooptaciones del Gobierno de Felipe Calderón no a imponer una agenda popular de seguridad y paz acordada con millones, desde las bases, para ser impuesta a través del Congreso y rodeando al Congreso. Es decir, desde afuera hacia dentro del Estado, y no cooptada desde el Gobierno con sus shows hacia afuera. La historia te demuestra que son acciones como las que propone el estudiante Omar las que pueden hacer que un movimiento tenga un impacto de limpieza y de recuperación del Estado. Y no hay que confundir el Estado mafioso con un Gobierno débil. La sociedad mexicana debe recuperar el estado. El Estado es tuyo, no es de los mafiosos.

– ¿Dirías que el Gobierno ha decidido silenciar a los estudiantes de manera sistemática?

–No te quepa la menor duda. La primera reacción instintiva de la bestia fue reprimir, a través de la tipificación penal de las manifestaciones genuinas y sociales, acusando a once estudiantes de terrorismo e intento de homicidio. Con total seguridad, ante cualquier corte universal de derechos humanos, esto es un abuso. Se está tratando de reprimir no sólo a través de la tortura, que ya es una práctica habitual en México, sino a través de la tipificación penal de la manifestación popular. Y si esto sigue así, se van a aglutinar las respuestas de otros países en favor de los estudiantes.

– ¿Crees que el movimiento social que ha surgido en México en estas últimas semanas ha logrado que haya una presión internacional entre gobiernos?

–No, todavía no está habiendo ninguna presión de este tipo. Se logró el primer pasito: llevar el hecho a la conciencia de las sociedades y penetrar la cortina de humo mediática que el Gobierno ha creado en Europa y Norteamérica asesorado por las mismas consultoras que asesoraron a Tony Blair o a Bill Clinton. El crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa logró penetrar esa cortina y llevó a las conciencias de la ciudadanía de Europa y Norteamérica el horror mexicano. Esto hizo que algunos gobiernos, como el italiano, adoptaran la retórica de la crítica. Aunque otros, como el gobierno alemán, no hayan dicho nada. El gobierno alemán, con 900 empresas en México, sigue teniendo a su conciencia colectiva comprada con dinero. Yo no creo que el pueblo de Alemania, después de sus episodios históricos de los años 30 y 40, quiera tener su conciencia comprada por ningún factor. Pero lamentablemente Alemania ha estado muy ausente de toda la crítica internacional. Si les preguntáramos, nos dirían que tienen cooperación técnica, pero su cooperación es más represiva que preventiva. El Gobierno alemán es la fuerza económica más poderosa en México después de los Estados Unidos, y es importante que adopte una postura ética. En Alemania hay una ética social y no deberían poder hacer lo contrario en su política exterior. Pero en México todavía no existe la presión exterior y aguda que se veía en Colombia cuando tras las apariciones de fosas de campesinos asesinados por paramilitares los embajadores europeos iban en masa a ver al Presidente y criticaban duramente al Gobierno Colombiano. En México esto todavía no lo vemos, se está avanzando de a poco. Colombia tardó muchos años en lograr esa presión de afuera hacia adentro, y México apenas está pasando por esos mismos dolores de parto. Las democracias no nacen solas, son procesos muy traumáticos. Y todo lo que podemos hacer con nuestro trabajo es tratar de acelerar ese proceso para que termine cuanto antes.

¿Por qué crees que se generó tanta respuesta internacional? Aunque pueda parecer evidente, ¿cómo resumirías tú lo que diferencia Ayotzinapa de otras tragedias como las de los 72 migrantes asesinados en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, por ejemplo?

–En principio, los estudiantes de Ayotzinapa estaban mejor organizados. No olvidemos que Ayotzinapa tiene una historia muy rica que lo vincula a la Revolución Mexicana, a la verdadera Revolución Mexicana. El ‘ethos’ de Ayotzinapa y de los estudiantes de escuelas rurales es muy compatible con el de una organización que promueve cambios sociales o, por lo menos, trata de recuperar parte de lo que se ha perdido desde el salinismo hasta el presente. Ellos ya estaban organizados más allá de lo que puedan organizarse, por ejemplo, los grupos de migrantes. Y además, ellos inmediatamente avisaron y llegó la prensa nacional e internacional y se comenzaron a difundir de forma instantánea la imagen de un ser humano sin ojos. Las fotos llegaron a las conciencias de la opinión pública europea y norteamericana y eso hizo imposible que la corrupción legalizada de las consultoras de imagen que contrata el Gobierno pudiera contenerlo. Y claramente se lo dijeron a Peña Nieto: “We can spin reality, we can not change it”. Se lo dijeron así, textualmente. O sea, le dijeron que ya se les había descontrolado la propaganda. Porque la estructura de propaganda que ha creado el Gobierno Mexicano a través de sus embajadas es tan o más sofisticada que la propaganda Nazi en los años 30. Te lo puedo asegurar, no tengas ninguna duda. Sólo un crimen de lesa humanidad perpetrado contra un grupo social organizado, como el de los estudiantes de Ayotzinapa, pudo llegar a penetrar esa cortina de humo mediática y conseguir que las conciencias sociales europeas tengan mayor conocimiento del horror que está aconteciendo en México. No todo, pero mayor.

– ¿Dirías que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está haciendo un esfuerzo por encontrar nuevas estrategias para silenciarlo todo y no le está saliendo bien?

–Están tratando de buscar nuevas estrategias a la corrupción y están tratando de organizarla mejor, que es otra cosa. Y organizándola mejor baja la violencia, porque lo que ellos quieren hacer es transformar en ovejas a las pirañas que hoy se disputan con violencia y corrupción pedazos del Estado. Y es muy difícil, después de tantos años, convertir las pirañas en ovejas. Porque el sistema político del PRI operaba bajo el control político piramidal de arriba hacia abajo, de tal  modo que la corrupción era muy organizada. No era lo que fue en la Unión Soviética de antes, sino una corrupción en el que las empresas, los sindicatos y los grupos criminales formaban parte de una estricta estructura de control de arriba hacia abajo. Y cuando tras una transición muy caótica con grandes vacíos, se desmantelaron de manera parcial los sistemas autoritarios, no fueron reemplazados institucionalmente. De tal modo que los grupos criminales y los políticos se comenzaron a rebelar y, ante la ausencia de controles de arriba hacia abajo, empezaron a actuar como pirañas disputándose pedazos el Estado entre ellos. Y una vez que la cultura política ha convertido a las ovejas en pirañas, es muy difícil transformarlos de nuevo en ovejas. Muy, muy difícil… Yo recuerdo que en los ochenta cuando se bajaba un funcionario federal en cualquier estado, los funcionarios estatales se cuadraban como soldados. Era una disciplina casi militar

–Soldados del PRI.

–Soldados del PRI, claro. ¡Se cuadraban! Hasta la postura del cuerpo te llamaba la atención. En ese sentido, era una corrupción organizada de ovejas. Pasar a la corrupción desorganizada de pirañas, que es lo que tenemos hoy, genera violencia. Porque la corrupción política desorganizada pirañesca, genera violencia. Diferentes políticos comienzan a formar parte de diferentes grupos criminales, y usan esos grupos criminales para atacar a sus adversarios. Y la corrupción política es el padre y la madre de la violencia mexicana. Eso también lo demuestra Ayotzinapa. Ayotzinapa es un botón de muestra de miles y miles y miles de crímenes en los que la corrupción política es la generadora de la violencia.

--¿Qué crees que pasó en Ayotzinapa? Y no te estoy preguntando por el destino de los estudiantes, sino si sirve como paradigma de lo que hoy ocurre en México.

–Una red criminal tiene un directorio que está formado por políticos, empresarios y demás; debajo están los gerentes operativos que se dedican a traficar diferentes tipos de bienes y servicios: desde trata de personas hasta automóviles; luego están los empleados de planta; y abajo, abajo, abajo están las franquicias: que son los chicos que mueven las drogas. Los periodistas y los movimientos sociales como los de Ayotzinapa desafían a los directorios que simbolizan el liderazgo de la delincuencia organizada. Los jóvenes de Ayotzinapa, desde hace años, vienen desafiando y cuestionando al poder mafioso en Guerrero, y normalmente el poder mafioso asesina a sus cuestionadores y a quienes desafían su poder. Y así es cómo han desaparecido o han sido asesinados en México periodistas, líderes sociales o madres que buscaban a los asesinos de sus hijos. Ayotzinapa es un  caso más. Pero no es un hecho casual que los hayan atacado a ellos, sino un episodio de reacción mafiosa frente a un grupo social que cuestiona al poder político mexicano. Y una obscenidad institucional. Además, es alarmante pensar que si, por ejemplo, el pueblo alemán supiera lo que está ocurriendo habría en Alemania manifestaciones masivas. Porque hay un elemento que está creando una inercia en la reacción internacional: el tamaño exponencialmente mayor de los negocios mexicanos, en comparación con los que había en Colombia.

– ¿Crees que es el momento en el que se ha visto más esperanza frente a una posible reacción social desde que Calderón le declaró la guerra al narcotráfico?

–Sí, en la medida que a los jóvenes de Ayotzinapa no los rodeen los actores que llevaron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a negociar con Gobernación y con Calderón. Si los comienzan a rodear y los llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano controlado por el Gobierno Mexicano a través de la Comisión, un foro judicial político, generador de recomendaciones pero que no genera sentencias ni condena a cárcel –porque no es la función de la Corte Interamericana–, puede paralizar el movimiento social y todo va a terminar con una solución negociada con las mafias mexicanas. He visto el primer impulso de la Corte Interamericana de rodear a estos chicos y el Gobierno Mexicano está brincando en una pata y feliz, porque ellos pueden controlar políticamente las recomendaciones que salgan de ahí y porque saben que de ahí no saldrá ninguna investigación ni ninguna sentencia. El lugar natural para que Ayotzinapa tenga impacto, si vamos a usar una instancia supranacional, es la Corte Penal Internacional. Ése es el único foro.

– ¿Lo veremos?

–Hay que hacer algo al respecto. Hay que ir a la Corte y hay que entender que ésa es el área natural para castigar a los culpables. Por eso a mí me entristece cierta clase intelectual mexicana: porque se casan y se excitan con sus propias soluciones. La Corte Interamericana es muy buena para generar criterios de respeto a los Derechos Humanos. Pero aquí no se necesitan criterios, sino castigo. Y eso lo emite la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la elite mexicana inmediatamente corrió a la Corte Interamericana a buscar una solución. Por eso creo que hay que replantearse el rol que ha tenido la sociedad civil de elite mexicana en este parto hacia el nacimiento de una futura democracia. Creo que es una de las razones por las que las soluciones no se han implementado más rápido.

--¿Es cada vez más evidente la alineación de muchos intelectuales con el poder?

–Claro, quienes hemos trabajado en muchos países, con conocimientos tácitos sobre los factores que llevan a un país a un abismo de inseguridad humana, sabemos que lamentablemente los dineros que se han asignado desde los gobiernos a la clase intelectual mexicana explican la inercia y la ausencia del impacto de la sociedad civil en México. Toda esa gente depende del sistema. El PRI maneja hoy, igual que siempre, la clase intelectual. Tal vez de una manera más desordenada y obscenamente burda, pero es tanto el dinero que se ha asignado a los intelectuales que nadie dice que llevar Ayotzinapa frente a la Corte Interamericana sea una obscenidad, un mecanismo de  negociación con el poder mafioso. Yo lo he dicho con Carmen Aristegui y en otros foros, pero nadie más lo está diciendo. Y no porque yo tenga ideas geniales, sino porque no tengo ningún compromiso en México. Hay un problema muy grave en la ética social mexicana, los intelectuales parecen haber perdido su rol social. Pareciera que sólo están viendo la manera de no hablar mal de México. ¡Pero, por favor, no son diplomáticos ni agentes de turismo!

–Una última cosa que preocupa a algunas personas: Esta inmensa cantidad de gente que afortunadamente está reaccionando, ¿crees que están correctamente informados sobre lo que está pasando en México?

–No.

– ¿Y esa falta de información no les puede ir en contra?

–Ahí es donde los periodistas tienen que cumplir su importantísimo rol social. Sólo los periodistas pueden lograr que todo esto se sepa y se entienda. Y no sólo a través de libros, sino también a través de las redes y de la información constante.

Sin Embargo
Lolita Bosch
Ciudad de México
Sábado 29 de noviembre de 2014.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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