La senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango en el Comité de Justicia de la Cámara alta de Estados Unidos, reveló este domingo que el Senado recopila información sobre un posible delito de obstrucción a la justicia cometido por el Presidente, Donald Trump.

"El Comité de Justicia tiene también una investigación en marcha que involucra una obstrucción a la justicia y lo que estamos empezando a valorar es construir un caso (específico) de obstrucción a la justicia", declaró Feinstein en una entrevista del programa Meet the press de la cadena NBC.

Con dicha declaración, la legisladora dio a conocer el nuevo rumbo que podrían tomar las audiencias realizadas en el Senado, con el objetivo de aclarar la posible veracidad de la llamada trama rusa, que es también objeto de investigación por parte del Buró Federal de Investigación (FBI).

Los argumentos de quienes consideran que el presidente intenta obstaculizar la investigación se vieron reforzados este sábado después de que el propio Mandatario escribiera en Twitter que había despedido a su entonces asesor de seguridad, Michael Flynn, al saber que había mentido sobre el tema al FBI.

Con el mensaje, el Presidente buscaba condenar las acciones de Flynn, quien el viernes se declaró culpable ante el tribunal de haber mentido tanto al vicepresidente, Mike Pence, como a la agencia de investigaciones sobre una serie de reuniones mantenidas con representantes del Gobierno ruso.

Sin embargo, Donald Trump dejó entrever que, en el menor de los casos, era conocedor de los hechos y que optó por distanciarse del problema en vez de por comunicárselo a las autoridades.

Asimismo, la legisladora señaló el despido en mayo del entonces director del FBI, James Comey, como otra señal de que el Mandatario ha intentado obstaculizar la investigación.

"Lo veo en la actitud hiperfrenética de la Casa Blanca, con comentarios cada día, con continuos tuits. Y lo que me parece más importante es lo que pasó con el despido del director Comey, que creo que fue porque no estaba de acuerdo con hacer la vista gorda en la investigación de la trama rusa", valoró Feinstein.

La investigación dirigida ahora por el Fiscal especial Robert Mueller ha supuesto la imputación de cuatro personas: el propio Flynn, el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, su número dos, Rick Gates, y el ex asesor George Papadopoulos, quien también se declaró culpable de haber mentido sobre sus vínculos con Moscú.

"Creo que esta (obstrucción a la justicia) se puede ver en las imputaciones; en las cuatro imputaciones y en las confesiones de culpabilidad que han tenido lugar, así como en los comentarios que se están haciendo", concluyó Feinstein.

EFE
Washington, Estados Unidos
Domingo 03 diciembre 2017.


Al menos 26 personas murieron y más de 20 resultaron heridas después de que un hombre dispara en el interior de la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, Texas, informaron autoridades locales.

El Gobernador del estado, Greg Abbott confirmó el número de decesos de personas entre 5 y 72 años, lo que lo convierte en el tiroteo más mortífero en la historia del estado.

El agresor, quien fue abatido por la Policía poco después realizar al ataque, disparó contra las personas que se encontraban al interior del lugar cerca de la 11:30 horas (tiempo local).

El Presidente estadounidense, Donald Trump, informó que estaba al pendiente del suceso desde Japón, donde realiza la primera escala como parte de su gira por Asia.

"Que Dios esté con la gente de Sutherland Springs, Texas. El FBI y la policía están en la escena. Estoy monitoreando la situación desde Japón", escribió el Mandatario en Twitter.

Al lugar acudieron varios vehículos de Policía y servicios de emergencia, además de que varias víctimas fueron llevadas en helicóptero a los hospitales más cercanos.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que solo se reporta la participación de un agresor, aunque se investigan otras posibilidades.

Reforma
Texas, Estados Unidos
Domingo 5 noviembre 2017.


El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual lleva tiempo siendo un saco de boxeo para el presidente Donald Trump, se estará acercando al colapso en las reuniones para la cuarta ronda de negociaciones.

En las últimas semanas, aseguran los negociadores de México y Canadá, la Casa Blanca de Trump se ha enfrentado con las empresas estadounidenses que respaldan el TLCAN y ha presionado para que haya cambios drásticos que son imposibles de cumplir. Mientras tanto, Trump ha seguido con las amenazas de retirar a Estados Unidos del acuerdo comercial, al que ha calificado como el peor de la historia.

“Si lo vamos a hacer bien, yo creo que el TLCAN debe terminar. De otra manera, no creo que se pueda negociar un buen acuerdo”, afirmó Trump en una entrevista con Forbes que se publicó el 10 de octubre.

“Es posible que no alcancemos un acuerdo y es posible que lo hagamos”, dijo Trump después de una reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. “Entonces veremos qué pasa con el TLCAN”.

El fin del acuerdo comercial de 1994 enviaría ondas sísmicas por toda la economía global, pues provocaría un daño económico mucho más allá de México, Canadá y Estados Unidos, e impactaría a varias industrias: desde la manufacturera hasta la energética, pasando por la agrícola. Al menos en el corto plazo, también sembraría el caos en las empresas —incluidas las de la industria automotriz— que han organizado sus cadenas de suministro en América del Norte alrededor de los términos del acuerdo, lo que provocaría una disminución del crecimiento y el aumento del desempleo.

La reacción en cadena también podría obstaculizar otros aspectos de la agenda presidencial estadounidense; por ejemplo, solidificar la oposición política entre los republicanos de estados agrícolas que apoyan el pacto, lo cual pondría en peligro prioridades legislativas como la reforma fiscal. Además, podría tener consecuencias políticas de mayor alcance, desde las elecciones generales de México en julio de 2018 hasta la propia reelección de Trump hacia 2020.

El medio empresarial se ha atemorizado pues cada vez hay más posibilidades de que desaparezca el acuerdo comercial. El lunes, más de 310 cámaras de comercio estatales y locales enviaron una carta a la Casa Blanca en la que la exhortaban a permanecer en el TLCAN. El martes, desde México, Tom Donohue, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, afirmó que las negociaciones habían “alcanzado un momento crítico, y la Cámara de Comercio no tiene otra opción más que tocar las campanas de alarma”.

“Permítanme ser contundente y directo. Todavía hay sobre la mesa varias propuestas que son ‘veneno puro’ y que podrían hundir todo el acuerdo”, señaló Donohue.

Si el acuerdo sucumbe, Estados Unidos, Canadá y México volverían a tarifas arancelarias promedio, las cuales son relativamente bajas: apenas unos puntos porcentuales en la mayoría de los casos. Sin embargo, varios productos agrícolas enfrentarían aranceles mucho más altos. Para enviar sus productos a México, los agricultores estadounidenses tendrían que pagar 25 por ciento de impuestos por la carne de res; 45 por ciento por el pavo y algunos productos lácteos, y 75 por ciento por el pollo, las papas y el jarabe de maíz de alta fructosa.

Durante meses, algunos de los líderes empresariales más poderosos de los países involurados —y los cabilderos y políticos que los representan— habían esperado que la retórica del presidente estadounidense fuera más una táctica de negociación que una amenaza verdadera y pensaban que al final aceptaría su agenda de modernización. El TLCAN tiene casi un cuarto de siglo de vida y la gente de todo el espectro político asegura que debería actualizarse para el siglo XXI y preservar el sistema de libre comercio que ha vinculado la economía de Norteamérica.

El pacto ha permitido que las industrias reorganicen sus cadenas de suministro en toda la región para aprovechar los recursos y fortalezas distintivas de los tres países, lo cual estimuló las economías del área y generó un incremento de más del triple en el comercio de Estados Unidos con Canadá y México desde sus inicios. Los economistas sostienen que estos cambios han beneficiado a muchos trabajadores ofreciéndoles salarios más altos y más empleos, pero muchos trabajadores quedaron sin empleo cuando las fábricas se reubicaron en México o Canadá, y esto provocó que el TLCAN se volviera el blanco de ataque de sindicatos, muchos demócratas y algunas industrias.

No obstante, la mayoría de los líderes empresariales mantenían la esperanza de que Trump, quien ha criticado el TLCAN de forma constante, quedaría satisfecho con supervisar modificaciones para modernizar el acuerdo y después proclamar el resultado como una “transformación política”.

Hubo ocasiones en que parecía que así iba a ser. El nombramiento de Robert Lighthizer como representante comercial de Estados Unidos, quien en su audiencia de confirmación prometió que “no dañaría” el TLCAN, reconfortó a muchos en el Capitolio, donde Lighthizer trabajó durante mucho tiempo. Y cuando la administración divulgó sus metas de negociación para el acuerdo en julio, hicieron eco muchas de las prioridades de administraciones pasadas.

Con todo, después de ocho semanas de pláticas sobre el acuerdo —las cuales en un inicio iban a concluir a finales de año—, la administración Trump continúa presionando para que se hagan concesiones que en esencia socavarían el pacto, según advierten los círculos empresariales, y que pocos observadores creen que Canadá y México podrían aceptar políticamente.

“Todos saben que una gran parte de lo que se está proponiendo en áreas clave es en realidad imposible de lograr, lo cual genera la siguiente pregunta: ¿qué está intentando obtener la administración de Trump exactamente?”, mencionó en un correo electrónico Michael Camunez, quien fue asistente del secretario de Comercio de Estados Unidos durante la presidencia de Obama. No es descabellado pensar que, al admitir las posturas más extremas del presidente, los negociadores estadounidenses estén “simplemente dando espacio a Trump para que haga lo que en verdad quiere hacer: retirarse del acuerdo”, afirmó Camunez.

“Todos saben que una gran parte de lo que se está proponiendo en áreas clave es en realidad imposible de lograr, lo cual genera la siguiente pregunta: ¿qué está intentando obtener la administración de Trump exactamente?”.

Michael Camunez, asistente del exsecretario de Comercio de EE. UU.

Phil Levy, quien fue asesor comercial durante el mandato de George W. Bush, señaló que lo más probable es que el presidente Trump esté buscando un pretexto para eliminar el TLCAN.

“Encuentren el último acuerdo comercial que haya aprobado Estados Unidos con la Cámara de Comercio en contra”, desafió Levy. “No lo hallarán. Ya es bastante difícil con la Cámara a favor”.

Las propuestas más controvertidas de la administración, las cuales presentó el secretario de Comercio, Wilbur Ross, incorporarían una cláusula de suspensión al acuerdo, lo cual provocaría que el TLCAN expirara de forma automática a menos que los tres países votaran periódicamente por mantenerlo. Esta disposición ha provocado una condena temprana del medio empresarial, el cual argumenta que establecería tanta incertidumbre en el futuro del TLCAN que, en esencia, anularía el acuerdo comercial.

Otra iniciativa polémica de Estados Unidos se centra en cambiar las reglas del TLCAN que rigen qué porcentaje de un producto debe haberse fabricado en Estados Unidos para poderse comercializar libre de impuestos en los países que integran el tratado. La administración de Trump está presionando para que el porcentaje sea mayor, incluyendo el requisito de que se fabrique el 85 por ciento del valor de los automóviles y de las autopartes en Estados Unidos —en contraste con el 62,5 por ciento actual— y un requisito adicional de que el 50 por ciento del valor provenga de ese país.

Esto ha confrontado a algunas de las empresas de autos más importantes del mundo con la Casa Blanca. Los representantes de la industria afirman que semejantes barreras tan altas y complejas podrían disuadir por completo a las empresas de fabricar en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense también ha propuesto límites sobre la cantidad de contratos a nivel federal que pueden ganar las empresas mexicanas y canadienses, así como cambios drásticos en la manera en que se resuelven las disputas en el TLCAN.

Los grupos comerciales aseguran que se oponen firmemente a la iniciativa que propone Estados Unidos de restringir una cláusula llamada “solución de diferencias inversionista-Estado”, la cual permite a las empresas demandar a Canadá, México y Estados Unidos por tratos injustos en el TLCAN. Mientras tanto, Canadá ha señalado que no considerará prescindir de otra cláusula, el capítulo 19 del TLCAN, el cual permite a los países desafiar las decisiones de cualquiera de las otras naciones respecto del derecho contra la competencia desleal y los derechos compensatorios ante un panel independiente.

En sus declaraciones del martes, Donohue dijo que los cambios que proponía la administración a estas cláusulas eran “innecesarios e inaceptables”.

Donohue hizo estos comentarios después de un intenso intercambio de palabras que tuvo lugar el viernes entre la Cámara de Comercio, el grupo de presión empresarial más poderoso de Estados Unidos, y la administración de Trump.

El 6 de octubre, John Murphy, vicepresidente sénior de política internacional de la Cámara de Comercio, señaló que las propuestas de la administración “no tenían una base que las apoyara”, y que habían detonado “un grado sorprendente de unidad en su rechazo”. Agregó que los círculos empresariales tal vez nunca habían estado en desacuerdo en tantos frentes con una administración respecto de una negociación comercial.

Unas horas más tarde, la Casa Blanca contratacó.

“El presidente ha sido claro en que el TLCAN ha sido un desastre para muchos estadounidenses y en que para lograr sus objetivos se requieren cambios sustanciales”, mencionó Emily Davis, vocera de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, encabezada por Lighthizer. “Por supuesto que estos cambios generarán oposición de los cabilderos en Washington y las asociaciones comerciales. Siempre hemos sabido que secar el pantano sería controvertido para Washington”.

Mientras algunos de los congresistas republicanos más poderosos guardaron silencio, sindicatos como AFL-CIO y United Steelworkers, al igual que algunos demócratas, emitieron mensajes de apoyo.

“Cualquier propuesta comercial que ponga nerviosos a los corporativos multinacionales es una buena señal de que apunta hacia la dirección correcta para los trabajadores”, señaló Sherrod Brown, senador demócrata por Ohio.

Trump es famoso por adoptar una postura fuerte al momento de negociar y los analistas señalaron que la administración tal vez considera que sus ambiciosas solicitudes iniciales son una manera de ganar más influencia en las negociaciones del TLCAN.

Sin embargo, Murphy y otros miembros del medio empresarial advirtieron que lo más probable era que ese tipo de estrategia estuviera destinada al fracaso. Trump es impopular tanto en Canadá como en México, y ceder antes sus demandas podría acarrear consecuencias devastadoras para los políticos locales. Los funcionarios del gobierno mexicano han dicho en repetidas ocasiones que no van a negociar con una pistola en la cabeza.

“Hay un viejo adagio en el mundo de las negociaciones: nunca tomes de rehén a alguien a quien no le dispararías”, sentenció Murphy.

The New York Times
Ana Swanson
Washington / Ciudad de México
Viernes 13 de octubre de 2017.


Ante la presión de Trump, no pudo sortear las revelaciones de que gastó más de 400 mil dólares en 26 vuelos chárter

Washington.- El secretario estadunidense de Salud, Tom Price, centro de un enorme escándalo a raíz de sus numerosos viajes en vuelos chárter pagados con dinero público, presentó este viernes su renuncia al cargo, informó la Casa Blanca.

Price “presentó su renuncia (…) y el presidente la ha aceptado”, señaló la Casa Blanca en un escueto comunicado. El presidente Donald Trump había dicho en la mañana que tomaría una decisión sobre el futuro de Price durante esta jornada.

Ha trascendido que Trump buscaría nombrar como interino en su relevo a Don J. en el último minuto de este viernes.

Price se encontraba literalmente en el centro de una espectacular polémica desde hace una semana después que se descubrió que realizó por lo menos 26 vuelos en aviones chárter con un costo superior a los 400 mil dólares.

Médico y ex legislador famoso por sus diatribas contra el gasto público, Price había incluso alquilado un avión para un vuelo de ida y vuelta entre Washington y Filadelfia, un viaje de poco más de media hora, por 25 mil dólares, aún cuando existen numerosos vuelos diarios entre esas ciudades.

En la tarde del jueves, Price emitió una nota afirmando que devolvería los costos de su “asiento en esos vuelos”, aunque aún hay investigaciones para determinar si miembros de su familia también se beneficiaron de esos vuelos.

Más allá del espectacular escándalo con el uso de aviones chárter, la posición de Price en el gabinete estaba evidentemente debilitada por su incapacidad de servir como interlocutor con el Congreso para hacer aprobar una nueva ley sobre seguros de salud.

Desde su banca en el Congreso Price había enfrentado de forma enérgica la aprobación del actual sistema, conocido como Obamacare, pero no logró articular un número suficiente de votos para que el legislativo apoye una solución alternativa.

AFP
Washington
Viernes 29 /9/ 2017.


Washington .- El gobierno de Donald Trump rechazó calificar a México como un “Estado fallido” ante la situación de inseguridad que priva en el país, pero reconoció que hay regiones que parecieran estar controladas por grupos criminales.

“Yo por mi parte, jamás he usado la expresión ‘Estado fallido’. Ustedes saben tanto como yo que en algunas áreas en México, y francamente quizás en algunas áreas en Estados Unidos, el control de Estado está amenazado por organizaciones y personas criminales violentas y con objetivos de beneficios económicos ilegales”, declaró Bill Brownfield, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Durante una teleconferencia de prensa para anunciar su retiro de la diplomacia estadunidense, el próximo sábado 30, Brownfield admitió que la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir al narcotráfico y al crimen organizado pasa por una etapa sensible, sobre todo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Estamos colaborando positivamente y efectivamente, incluyendo los últimos ocho meses y dos días. Estamos colaborando positivamente, porque esa colaboración represente el interés nacional de México y de Estados Unidos”, apuntó.

Cuestionado sobre la cifra de muertos que ha arrojado la lucha contra el narcotráfico en México en los últimos 11 años, y la de estadunidenses que han fallecido por sobredosis de droga como ejemplo del fracaso en la guerra contra el trasiego de drogas, el diplomático saliente se mostró reticente a dar una respuesta directa.

“Ojalá que no, porque un fracaso de la estrategia de colaboración entre México y Estados Unidos sería malísimo para las dos naciones”, insistió el subsecretario de Estado Adjunto.

Al abundar sobre las regiones de México que parecen ser controladas por las organizaciones criminales, Brownfield destacó que la colaboración bilateral está funcionando bien para resolver esa problemática.

“¿Hemos resuelto el problema? Las cifras son las respuestas a eso y ustedes lo saben tanto como yo. Sin duda alguna, cuando una organización criminal siente la presión del Estado, del gobierno, de su policía, de sus fuerzas de seguridad, va a tratar de usar la violencia, sangre y asesinatos para protegerse y para convencer al Estado de no intervenir y que les dejen en paz”, subrayó.

Donald Trump ha asegurado que todas las drogas ilegales que se consumen en su país llegan por México. Con este argumento y el señalamiento de que México está al borde del colapso y de convertirse en una nación como Venezuela, el presidente estadunidense ha pedido al Congreso de su país millonarios recursos para financiar la construcción de un muro en la frontera común. Sostiene que con una muralla se detendría el flujo de drogas.

“En este momento nos estamos acercando quizás a un punto de inflexión en la colaboración entre México y Estados Unidos. Ojalá que pudiera decir que en dos días más vamos a salir esto; esto sería una manera fantástica para concluir mi servicio diplomático”, concluyó Brownfield.

Proceso
J. Jesús Esquivel
Washington, DC, EU
Viernes 22 de septiembre de 2017.


Ciudad de México— El embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil, expresó su protesta por haber sido expulsado del país.

El diplomático leyó un posicionamiento en la Embajada ubicada en la Colonia Anzures, en el cual dijo que la medida tomada por México era ignorante.

"El problema nuclear de la Península Coreana, desde el surgimiento, el desarrollo, hasta las situaciones actuales en todos los aspectos, es el producto de la política de hostilidad de Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea y no tiene nada que ver con México.

"Por eso, protesto y expreso gran lástima por las medidas diplomáticas bilaterales tomadas por el Gobierno mexicano que profesa la política exterior soberana, sin fundamento ninguno, ni jurídicamente, ni moralmente", señaló.

Dijo que para hablar de las violaciones al derecho internacional, México primero tendría que condenar a Estados Unidos, que durante más de medio siglo ha intentado por todos los medios aplastar a un país soberano y año por año realiza abiertamente los ejercicios de guerra para agredir a Corea del Norte, incluyendo operaciones secretas destinadas a eliminar la máxima dirección de su país.

Dijo que Corea del Norte se ha visto obligada a tomar medidas auto defensivas para salvaguardar su independencia y su derecho a la existencia de su presidente, frente a la coerción y arbitrariedad de Estados Unidos, que ha venido practicando la política de extrema hostilidad y chantajes nucleares.

Recordó que su país ha declarado en varias ocasiones que las resoluciones del Consejo de seguridad de Naciones Unidas son ilegales e inhumanas por ser fabricadas forzosamente por las fuerzas hostiles a la República Popular Democrática de Corea y encabezadas por Estados Unidos.

"Hemos logrado poseer las armas nucleares más potentes, en medio de la sanciones más crueles del mundo, por lo cual no tenemos nada que temer.

"Seguiremos avanzando firmemente por el fortalecimiento, aún más, de las armas nucleares mientras que Estados Unidos no abandonen completamente la política de hostilidad contra la República Popular Democrática de Corea", manifestó.

El embajador no aceptó preguntas de la prensa.

El consejero político de la Embajada, Jong Cholhan, dijo que se quedará a cargo de la sede diplomática a partir del próximo domingo, día en que se tiene prevista la salida del Embajador.

A la conferencia de prensa llegaron los asambleístas de Morena, Ramón Jiménez y Ana Ángeles Valencia, así como Luis Guzmán Rivera, del Partido Popular Socialistas, acompañados de simpatizantes, quienes sostuvieron una reunión privada al interior de la Embajada para expresar su solidaridad.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 08 de septiembre de 2017.


Quince entidades estadounidenses y Washington D.C. demandaron al Gobierno federal para bloquear la orden de Donald Trump de terminar gradualmente con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a jóvenes indocumentados de ser deportados.

El Fiscal general de Washington, Bob Ferguson, dijo que la acción viola los derechos legales de los cerca de 800 mil inmigrantes resguardados por la ley.

"(Es) un tiempo oscuro para nuestro país", aseguró en conferencia de prensa antes de que se presentara la demanda en la corte del Distrito Este de Nueva York.

La iniciativa fue encabezada por ese estado y respaldada por Massachusetts, Washington, el Distrito de Columbia, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.

Ayer, el Procurador General Jeff Sessions dijo que el programa terminará en seis meses para dar tiempo al Congreso para encontrar una solución legislativa para los dreamers, como se conoce a los menores llevados a los Estados Unidos ilegalmente.

Quienes ya están inscritos en DACA siguen cubiertos hasta que expiren sus permisos. Si sus permisos expiran antes del 5 de marzo de 2018, son elegibles para renovarlos por otros dos años, siempre que se apliquen a más tardar el 5 de octubre.

Sin embargo, el programa no está aceptando nuevas solicitudes, lo que abre la puerta para su deportación en los próximos años.

Los opositores del programa dijeron que estaban satisfechos con la decisión de la administración Trump. Ellos llamaron al DACA un abuso inconstitucional del Poder Ejecutivo, mientras los defensores del programa calificaron la decisión de Trump como cruel.

AP
Nueva York, Estados Unidos
Viernes 6 de septiembre 2017.


•    La cancelación del DACA deja en vulnerabilidad migratoria a unos 618 mil jóvenes mexicanos, aunque la magnitud del problema se conocerá de forma gradual, señaló Enrique Graue

•    Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) participaron en el programa Líderes en Desarrollo, que los apoya para cursar una maestría en alguna de las 200 mejores universidades del orbe

•    Quienes realizan un posgrado en el extranjero triplican sus ingresos y ocupan puestos directivos en un periodo de tres años, aseveró Carlos Rojas Mota, presidente de la FUNED

Ante la decisión del presidente estadounidense de cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, llamó a que el país se prepare para enfrentar el eventual retorno masivo de estos jóvenes, quienes demandarán educación media superior y superior.

La cancelación de este programa, dijo, deja en vulnerabilidad migratoria a unos 618 mil jóvenes mexicanos, aunque la magnitud del problema se conocerá de forma gradual.

“¿Por qué nos pasó esto? Porque no nos preparamos para lo que venía, para tener un desarrollo homogéneo. Si bien se calcula que son 618 mil jóvenes, no sabemos cuántos quieran regresar, qué tantos se pueden amparar y en qué tiempo sucederá, ni a qué grupos etarios y niveles de educación corresponden.

“Algo vamos a tener que hacer en todo el sistema de educación media superior y superior nacional para enfrentar este problema”, aseveró el rector durante un encuentro con becarios del programa Líderes en Desarrollo, que apoya a estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) para estudiar una maestría en alguna de las 200 mejores universidades internacionales y 100 mejores programas del orbe.

Graue Wiechers felicitó a los 58 universitarios incluidos en este proyecto (que realiza la FCA, en colaboración con Banco Santander, Fundación UNAM (FUNAM) y la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia [FUNED]), a quienes reconoció por planear y prepararse para entrar “por la puerta grande” a las mejores universidades internacionales; y confió en que a su regreso ayuden a desarrollar al país y su economía.

En el auditorio de la torre de Rectoría, Sylvia Sámano Beristaín, beneficiaria del programa, compartió su experiencia de cursar la maestría en Arbitraje y solución de controversias en la Universidad de Hong Kong. Éste, dijo, ha sido el reto más importante en su vida y lo que le ha permitido llegar a posiciones laborales que nunca imaginó. También le implicó enfrentarse a nuevas experiencias y a una cultura diferente que la hizo madurar y valorar su país y su cultura.

Hoy, ella se desempeña como secretaría General del Centro de Arbitraje de México y es académica de la Universidad. “Sólo puedo aconsejarles que no desistan en su decisión de estudiar en el extranjero. Den su mayor esfuerzo por tener la oportunidad de representar a México y a la UNAM. Una vez que logren su objetivo, no olviden ser recíprocos con quienes les brindaron su apoyo para continuar con esta cadena e impulsar a otros alumnos”.

En su oportunidad, el presidente de la FUNED, Carlos Rojas Mota, indicó que México tiene un rezago en cuanto al número de jóvenes que envía a cursar un posgrado en el extranjero. Por cada mil millones de dólares del producto interno bruto (PIB), sólo manda a 1.5 jóvenes a estudiar maestrías o doctorados internacionalmente, mientras que los países asiáticos envían a siete (Corea del Norte hasta a 30).

Además, acotó, el 80 por ciento de los becarios señalan que al terminar su maestría triplican sus ingresos, y un 50 por ciento de ellos ocupa puestos directivos en un periodo de tres años. “Para el 83 por ciento, este apoyo ha hecho la diferencia”, aseveró.

El presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, Dionisio Meade, indicó que estos líderes en desarrollo son la cara de la Universidad Nacional en el mundo globalizado. Las becas de movilidad generan nuevas historias de vida, de oportunidades, y la posibilidad de llevar el nombre del país y de esta casa de estudios a otros lugares. “Tienen un voto de confianza y deben corresponder con resultados”.

A la reunión asistieron también el director de la FCA, Juan Alberto Adam Siade; el director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia México, Arturo Cherbowski Lask; el secretario general de la FCA, Tomás Humberto Rubio Pérez; y las directoras ejecutivas de Fundación UNAM y FUNED, Araceli Rodríguez de Fernández y María Elisa Rojas Coello, respectivamente.

Puebl@Media
Ciudad de México
Miércoles 6 de septiembre de 2017.


El diario informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump buscaba la construcción de "una enorme Trump Tower en Moscú" cuando era candidato a la Casa Blanca.

Según el diario The Washington Post, que cita como fuentes a personas familiarizadas con la propuesta y registros revisados por los abogados de la empresa de Trump, aseguró que dichas negociaciones se llevaron a cabo a finales de 2015 y principios de 2016, después de que Trump anunciase oficialmente su candidatura a la presidencia el 15 de junio de 2015.

Como parte de las discusiones, según el diario, el promotor inmobiliario de origen ruso Felix Sater instó a Trump a viajar a Moscú para promocionar la propuesta y sugirió que podría hacer que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera "grandes cosas" sobre él. Trump no llegó a viajar a Rusia.

Sater, nacido en la Unión Soviética y criado en Nueva York desde los ocho años, dijo en un correo electrónico fechado en noviembre de 2015 que pronto estarían celebrando el logro de ese negocio en Moscú y la elección de Trump como presidente.

El Post asegura que finalmente el proyecto se abandonó debido a que los inversores carecían de los terrenos y permisos para proceder, aunque llegaron a firmar una carta de intenciones con la empresa inmobiliaria de Trump.

Sater, a quien los medios estadounidenses atribuyen una vieja relación empresarial con Trump, fue condenado a prisión en 1990 por fraude y ocho años después fue acusado de conspirar con la mafia para blanquear dinero y defraudar a unos inversores.

En declaraciones al diario The New York Times, Trump se mostró sorprendido de que Sater hubiera sido condenado por fraude. Además, en julio de 2016, cuatro meses antes de las elecciones, Trump negó tener conexiones comerciales con Rusia con un tuit: "Para que conste, tengo cero inversiones en Rusia".

The Washington Post destacó que estos documentos, que muestran que Trump perseguía activamente intereses comerciales en Rusia al tiempo que hacía campaña para ser presidente de EEUU, un puesto desde el que determinaría las relaciones con esa potencia, serán entregados próximamente a los investigadores del Congreso.

El Congreso de Estados Unidos y un fiscal nombrado especialmente para esta tarea investigan las presuntas maniobras de Moscú para intentar influir en las elecciones estadounidenses de 2016 y si la campaña electoral del republicano Trump estuvo confabulada con el Kremlin para perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton.

EFE
Washington, EU
Lunes 28 de agosto de 2017.


Los Ángeles – Yunuen Bonaparte tiene 27 años y no puede planear su futuro. Me lo dice con mirada resignada mientras mueve una cucharita en su taza de té. Si obtiene un empleo, si recibe financiamiento para ir a la escuela, si alquila un lugar donde vivir, no sabe cuánto le durará el gusto: el presidente de Estados Unidos puede hacer de un plumazo que todo eso sea ilegal. Y, después de eso, con un golpe en la puerta, un agente de inmigración podría detenerla e iniciar un proceso de deportación en su contra. “Cada día tengo que pensar dónde voy a estar en los próximos meses. Cuando iba a la escuela mis compañeras me decían: ‘Mi mamá dice que puedo hacer lo que yo quiera en la vida’. Para mí siempre ha sido diferente”.

El 21 de julio el senador demócrata Richard Durbin presentó ante el congreso estadounidense una nueva versión del DREAM Act, la propuesta de ley que podría regularizar la situación de más de un millón y medio de jóvenes inmigrantes como Yunuen, conocidos como dreamers. Son chicos que fueron traídos a Estados Unidos siendo menores de edad; han crecido y se han educado en la cultura estadounidense y, al llegar a la edad adulta, se han visto privados del acceso a un empleo, a la educación superior o de recibir servicios públicos porque carecen de un número de seguridad social al que solo tienen derecho los ciudadanos, residentes permanentes o residentes con ciertos tipos de visas. La etiqueta para ellos: ilegal. La consigna: “Go back to your country”. A un país que la mayoría no recuerda.

Desde 2001 se han presentado cinco versiones diferentes de la propuesta y siempre ha sido rechazada. Por esta razón, en 2012 el presidente Barack Obama anunció la acción ejecutiva conocida como DACA, que da protección temporal a jóvenes como Yunuen a través de un número de seguridad social temporal que les permite continuar con su vida, pero que no les da residencia permanente y puede echarse para atrás con otra acción ejecutiva del presidente en turno. Durante su campaña por la presidencia, Donald Trump dijo que lo haría. La amenaza mantiene en un limbo a casi 800 mil jóvenes registrados en el programa, que este 15 de agosto cumple cinco años de haber entrado en vigor.

Paradójicamente, es en la administración del propio Trump que se ha vuelto a abrir una ventana para el DREAM Act. La nueva propuesta, firmada también por el republicano Lindsey Graham, conserva el espíritu de la primera versión pero es más generosa en otros aspectos. Las personas que llegaron al país siendo menores de 18 años –antes el límite era 15– y que han vivido aquí de manera continua al menos cuatro años –antes era cinco– podrán ser beneficiarios cuando completen dos años de educación superior o de servicio en las fuerzas armadas, o cuando hayan estado empleados por al menos tres años. Esta última previsión es nueva y da una oportunidad a quienes no quieren o no pueden ir a la universidad. Otro cambio importante es que no establece un límite en la edad actual del solicitante. Cumpliendo estos requisitos, los beneficiarios pueden recibir una residencia legal en el país hasta por ocho años, con opción para acceder a la ciudadanía.

La aprobación del DREAM Act en estos términos no es una concesión hacia estos jóvenes, sino una deuda de la sociedad estadounidense con ellos. La migración de sus familias suele ser una decisión en la que ellos no han tomado parte y de la cual no son responsables. Inician una vida de cero, aprenden el idioma y la cultura, van a la escuela como cualquier otro chico estadounidense. Son estadounidenses de facto y no tienen un delito por el cual se les deba perseguir: la jurisprudencia sobre el tema reconoce que los niños que han venido al país sin documentos no lo han hecho por su voluntad, por lo cual no son responsables de su estatus migratorio; esta es la razón por la que pueden recibir educación gratuita hasta la preparatoria. El DREAM Act, además de ser un acto de justicia social, resolvería un hoyo negro legislativo que no dice qué hacer con ellos una vez que se gradúan.

Lo anterior puede servir como argumento moral, pero existen también argumentos económicos sólidos que hacen que, aunque parezca necio impulsar una nueva versión del DREAM Act cuando el Partido Republicano tiene el control del congreso, la defensa de la iniciativa tenga mayor sustento en esta ocasión.

En años anteriores, cuando la ley fue discutida, sus defensores planteaban el beneficio económico del DREAM Act en términos hipotéticos: si se aprobara, la incorporación de sus beneficiarios al aparato productivo formal representaría un ingreso significativo para el país. Sin embargo, durante los más de cuatro años que los dreamers han estado protegidos por DACA –es decir, que han accedido a apoyos financieros para ir a la universidad y que han trabajado de manera legal– los resultados son tangibles en términos académicos, de empleo y de recaudación fiscal.

En octubre de 2016, a unos días de la elección presidencial, el Center for American Progress, un centro dedicado a la investigación sobre políticas públicas, realizó un estudio sobre los cuatro primeros años de DACA. De los 750.000 jóvenes que han recibido la protección del programa –el 77 por ciento de ellos mexicanos–, un 95 por ciento trabajan o estudian en la actualidad, o hacen ambas cosas. En el caso de quienes trabajan, seis de cada diez dijo haberse movido a un mejor empleo y que el salario promedio que perciben se incrementó en 42 por ciento, lo cual significa que aumentó la cantidad de impuestos que pagan. Seis por ciento se convirtieron en pequeños empresarios y están a su vez generando empleo.

En junio, los procuradores de diez estados republicanos, liderados por el de Texas, Ken Paxton, enviaron una carta al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, con una amenaza abierta: si para el 5 de septiembre Trump no desmantela DACA, los procuradores buscarán bloquear el programa ante una corte federal. En julio, en una misiva de respuesta, los procuradores de otros 19 estados y el Distrito de Columbia pidieron al presidente refrendar el programa debido a que su revocación afectaría no solo a los jóvenes, sino a sus empleadores, universidades, familias y a la economía del país.

Mientras continúa el jaloneo político, el apoyo público para los dreamers se mantiene. En una encuesta, el 78 por ciento de los votantes estadounidenses, incluido el 73 por ciento de quienes votaron por Trump, dijo estar de acuerdo con darles la oportunidad de quedarse en el país. Solo 14 por ciento considera que deben ser deportados.

Durante su presentación de la iniciativa, en un llamado desesperado al Partido Republicano, el senador Lindsey Graham cuestionó a sus colegas. “¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? El momento de dar la cara se acerca. Cuando se escriba la historia de estos tiempos, yo voy a estar del lado de estos chicos”, dijo.

La vía para regularizar a los dreamers debe pasar por el Congreso de Estados Unidos y se debe evaluar más allá de las pugnas de partido. Un “aliado” para ello podría ser el jefe de personal de Trump, John Kelly, quien, a pesar de ser partidario de impulsar medidas migratorias más restrictivas, en su cargo previo como secretario de Seguridad Nacional pidió a los congresistas buscar una solución legislativa al asunto de los dreamers. Es posible que la permanencia de DACA o la aprobación del DREAM Act en el congreso sean utilizadas como elemento de negociación por parte del gobierno, o del Partido Republicano, para apretar las tuercas en otros aspectos de las leyes de inmigración.

Una acción ejecutiva como DACA es solo un curita para una herida mayor. Estados Unidos necesita con urgencia una reforma migratoria integral que reconozca la realidad de la economía estadounidense, la necesidad de mano de obra inmigrante y la urgencia de proteger los derechos de esta población. Pero mientras eso ocurre, los dreamers merecen ser vistos con la lente de la justicia social, no como los rehenes políticos que han sido hasta ahora.

Eileen Truax es una periodista mexicana que vive en Los Ángeles. Es autora de “Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano”. Su próximo libro aborda historias de resistencia de mexicanos en Estados Unidos ante la era Trump.

The New York Times
Eileen Truax
Los Ángeles, California, EU.
Jueves 17 de agosto de 2017.

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