Además de aguinaldo de $140 mil, bono navideño de $150 mil y apoyo de $141 mil, los diputados se asignaron otro 'regalo' de 109 mil pesos.

Además de un aguinaldo de 140 mil pesos, su bono navideño de 150 mil y el apoyo para atención ciudadana de 141 mil, los diputados se asignaron de última hora otro bono de 109 mil 400 pesos.

Se trata de una tajada extra por 54.6 millones de pesos –adicional a los 75 millones de pesos que fueron recibidos para el bono navideño–, la cual fue repartida por los grupos parlamentarios para gastos de fin de año.

El Comité de Administración autorizó asignar esa otra partida, directa para el gasto de las bancadas y a la decisión discrecional de los coordinadores, misma que fue ocultada por la Cámara de Diputados.

El acuerdo para repartir el nuevo bono a los 499 diputados que integran bancadas, sin incluir al independiente Manuel Clouthier, se aprobó el pasado 15 de diciembre, mismo día en que se autorizó el pago del bono navideño.

Los nuevos recursos deben ser justificados y gastados a más tardar hoy 31 de diciembre a fin de comprobar su uso dentro del ejercicio fiscal de 2016.

Los 54.6 millones de pesos tienen que destinarse a la adquisición de servicios y/o compra de bienes. En medio de las críticas por la entrega del bono navideño de 150 mil pesos, los coordinadores parlamentarios decidieron no mencionar la existencia de la otra bolsa extra. Incluso el acuerdo se maneja en secrecía para mantener en la opacidad la entrega de estos recursos.

El reparto del dinero se hace de forma proporcional al número de integrantes por grupo parlamentario. De los 54.6 millones, al PRI le corresponden 22.8 millones; al PAN, 11.9 millones; al PRD, 6.6 millones, y al Partido Verde, 4.6 millones de pesos. A Morena le tocaron 3.9 millones; a Nueva Alianza, 1.2 millones, y a Encuentro Social, 1.1 millones pesos. La bancada de Movimiento Ciudadano, al igual que con el bono navideño, no aceptó el reparto de la partida extra de fin de año, que era de 2.5 millones de pesos.

“Efectivamente, existe ese acuerdo del Comité. En su momento nos preguntaron si aceptaríamos ese dinero, y respondimos que no. “No conozco el contenido del acuerdo e ignoro si el monto que era para MC lo repartieron entre las bancadas o se quedó en el presupuesto de la Cámara”, indicó el coordinador parlamentario Clemente Castañeda.

Opinó que fue una acción desmedida pretender que en 15 días los grupos parlamentarios pudieran gastar el dinero para poder justificar el gasto dentro del ejercicio presupuestal de 2016.

Reforma
Claudia Salazar
Ciudad de México
Sábado 31 de diciembre de 2016.

Algunos de los candidatos, que incluso sin haber perdido las elecciones se reincorporan a la Cámara de Diputados

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la solicitud de 27 diputados federales que contendieron por diversos cargos de elección popular el pasado 7 de junio, para reincorporarse a su curul.

Algunos de los candidatos, que incluso sin haber perdido las elecciones se reincorporan a la Cámara de Diputados federal son: Óscar Bautista Villegas, candidato ganador a diputado local al Congreso de San Luis Potosí.

Además de María del Rocío Corona Nakamura, del PRI, quien retornó a concluir la actual Legislatura Federal en San Lázaro mientras inicia la Legislatura local en el estado de Jalisco, donde ganó un escaño.

A su vez, Gisela Raquel Mota Ocampo, del PRD, solicitó licencia para dejar su curul en la Cámara de Diputados federal, del 16 de junio al 5 de julio de 2015. Ella ganó la alcaldía de Temixco, Morelos.

Completan la lista de diputados federales de todos los partidos que solicitaron su reincorporación al trabajo legislativo en San Lázaro, Brenda Alvarado Sánchez, a partir del día 15 de junio, y Xavier Azuara Zúñiga, el 12 del presente mes.

Así como Laura Barrera Fortoul, a partir del día 11 de junio; Víctor Manuel Bautista López, del día 9; Ángel Cedillo Hernández, del 8; Claudia Delgadillo González, del 9, y Alberto Díaz Trujillo, del día 12 del mes corriente.

En el mismo caso están: Catalino Duarte Ortuño, a partir del 11 de junio; Enrique Alejandro Flores Flores, del 12; Cuauhtémoc Galindo Delgado, del 15; Rafael González Reséndiz, del 8; Leticia Mejía García, del 17, y Esther Angélica Martínez Cárdenas, a partir del pasado 9 del mismo mes.

Así como Ma. Leticia Mendoza Curiel, el día 8 junio; Ma. Guadalupe Mondragón González, el 16; Ramón Montalvo Hernández, el 12; José Everardo Nava Gómez, el 9, y Ernesto Núñez Aguilar, a partir del día 17.

Socorro de la Luz Quintana León, a partir del día 12 del presente mes; Luis Miguel Ramírez Romero, el 9; José Enrique Reina Lizárraga, el 16; Miguel Sámano Peralta, el 16; María Rebeca Terán Guevara, el 9; Juan Carlos Uribe Padilla, el 16, y Francisco Alberto Zepeda González, a partir del día 8 de junio, completan el listado.

Notimex
Siete24.mx
Ciudad de México
Miércoles 17 de junio de 2015.

Moreno Valle evita comparecencia en San Lázaro; manda a subalternos y acarreados

Con burócratas acarreados, representantes del gobierno estatal comparecieron en la Cámara de Diputados para responder a los cuestionamientos sobre violaciones a los derechos humanos supuestamente cometidas por la administración de Rafael Moreno Valle.

Desde las siete de la mañana, las sillas del salón de los Cristales en la sede legislativa fueron ocupadas por más de un centenar de burócratas, quienes fueron trasladados desde Puebla en autobuses.

Para cuando el encargado de despacho de la Secretaría General del gobierno poblano, Jorge Benito Cruz Bermúdez, y el procurador Víctor Carrancá llegaron a la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos, el lugar ya se encontraba “saturado” y los guardias impedían el acceso, incluso a la prensa.

El diputado perredista Roberto López Suárez se quejó de que la presencia de estos servidores públicos para copar el espacio retrasó el acceso a representantes de agrupaciones sociales de Puebla, que previamente habían solicitado estar presentes en ese encuentro.

“Vemos cuatro autobuses allá afuera, en los que llegaron personas que están aquí adentro del estado de Puebla, servidores públicos, que quisiéramos que se nos informara cuál fue el procedimiento para que se les dejara pasar y a otras personas no”, reclamó.

También censuró que el mandatario Moreno Valle haya mostrado un “evidente desprecio” ante la reunión de trabajo con los legisladores, pues en lugar de asistir para responder a los cuestionamientos por las supuestas violaciones a derechos humanos cometidas por su gobierno, envió a un “encargado de despacho”.

La diputada por el PRD, Roxana Luna Porquillo, reprobó la presencia de “acarreados” en el acto, mientras que representantes de organizaciones sociales de Puebla tuvieron que quedarse afuera.

Algunos integrantes de Cholula Viva y Digna y de la organización de vendedores ambulantes “28 de Octubre” lograron ingresar al salón cuando la comparecencia estaba avanzada. Trataron de colocarse atrás de los funcionarios poblanos con tres mantas, pero el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos, Rafael Sifuentes, les impidió el paso y los replegó a un costado del salón.

“Alto a Rafael Moreno Valle y su gobierno represor disfrazado de democrático, civil y respetuoso de la ley y los derechos humanos”, se advertía en uno de los letreros que pudieron mostrar.

De la hora y 20 minutos que duró el encuentro, los funcionarios del gobierno de Puebla apenas ocuparon alrededor de 20 minutos para dar respuesta a los múltiples cuestionamientos de los legisladores.

Los diputados preguntaron sobre la insistencia por mantener vigente la llamada “ley bala”, el cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los casos de “presos políticos”, el descontento generado por el parque en Cholula, y la agresión contra estudiantes del Colectivo Universitario por una Educación Popular, entre otros asuntos.

El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno sólo repitió las respuestas que ya antes ha dado la administración morenovallista sobre esos mismos temas. “Son preguntas muy generales y que se repiten mucho, así que trataré de ser lo más general posible para tratar de abundar mayor en ello”, justificó el funcionario.

Cruz Bermúdez defendió la llamada “ley bala” al asegurar que sigue lineamientos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, que fue avalada por la CNDH y que se ha sometido a comparativos con una ley similar a la vigente en el Distrito Federal.

Además, hizo referencia a que recientemente el Congreso del de Puebla pidió que los legisladores federales revisen y enriquezcan esa misma ley.

En cuanto a las recomendaciones que hizo la CNDH en torno al caso Chalchihuapan, en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, el funcionario estatal insistió en que están “prácticamente cumplidas”, pese a que el ombudsman Raúl González Pérez aseguró, unos días antes al comparecer ante la misma comisión, que su cumplimiento estaba incompleto.

“La única recomendación que no se ha satisfecho en su totalidad es la que se refiere a la capacitación a policías, y no se ha hecho en su totalidad porque es una recomendación de trato sucesivo, va sucediendo en el tiempo… debe ser de carácter permanente”, excusó.

Asimismo, aseguró que el proyecto que ha causado protestas públicas en Cholula no se trata de un parque de diversiones, sino “un esquema de mejoramiento urbano” que es supervisado y realizados por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Sobre los hechos ocurridos el 8 de febrero, cuando un grupo de estudiantes del CUEP fueron desalojados, secuestrados y golpeados, cuando realizaban una huelga de hambre en el zócalo de Puebla, Cruz Bermúdez aseguró que se trató de “un conflicto estudiantil” en el que no tuvo participación ninguna fuerza policiaca y que sobre el que hay una investigación abierta.

En torno a los señalamientos de que están documentados al menos 134 “presos políticos” en la entidad, el funcionario afirmó:

“En Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o posturas políticas o ideológicas, lo que sí quiero señalar es que en Puebla existe un marco legal e institucional que permite procesar a presuntos responsables de delitos del fuero común, quienes quiera que sean.

“Hay libre manifestación de ideas, pero cuando la libertad de ideología y la expresión misma de ellas, lleva a la comisión de delitos como incendiar patrullas, como arrojar elementos explosivos a maquinarias diferente, por el simple hecho de defender una postura, consideramos que eso trasgrede el orden social y es menester del Estado que haya actuación en ello”, concluyó.

Las preguntas que quedaron sin respuesta fueron muchas.

La perredista Roxana Luna cuestionó sobre por qué el gobierno poblano no ha presentado los vídeos de las cámaras de la ciudad, ni de los comercios del zócalo que podrían ser clave para esclarecer las agresiones contra estudiantes del CUEP.

También la legisladora entregó una la lista de 134 perseguidos que ha documentado el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla.

Luego reclamó que el gobierno de Puebla no haya devuelto a los operarios de mototaxis sus unidades, pese a que la justicia federal les otorgó amparos en ese sentido, así como sobre la legalidad de los procesos judiciales que se siguen en contra del dirigente de la agrupación “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, y su hijo, Rubén Sarabia Reyna.

“Se ha señalado a atacantes encapuchados en casos como el de los estudiantes de la BUAP, mototaxis y la 28 de Octubre, entre otros, ¿tienen conocimiento de quiénes son estas personas? Pareciera que estamos ante un caso más de ataque de un grupo de paramilitares contra manifestantes en Puebla”, advirtió Luna Porquillo.

En tanto que la diputada del Movimiento Regeneración Nacional, Loreta Ortiz, recordó que existen dos denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que implican al gobierno de Moreno Valle y por las que el Estado mexicano podría ser señalado como trasgresor a los derechos humanos.

La legislador indicó que esas quejas se refieren a la llamada “ley bala” que, aseguró, violenta el derecho a la libertad de expresión y manifestación, y al caso de los “presos políticos”, en los que se ha documentado que fueron encarcelados sin respetar sus derechos de debido proceso y de presunción de inocencia.

“Puedo apostar que en estos casos va a resultar responsabilidad al Estado mexicano”, afirmó.

La legisladora priista Rocío García Olmedo se refirió al incremento de feminicidios que se han registrado en la entidad.

A la vez, el diputado perredista Roberto López Suárez llamó la atención sobre que el gobierno de Moreno Valle aún no ha fincado responsabilidad al secretario de Seguridad del estado, Facundo Rosas, ni al procurador Víctor Carrancá por el caso Chalchihuapan.

Y que los policías responsabilizados por disparar cartuchos de gas lacrimógeno contra los habitantes de Chalchihuapan fueron liberados la noche del 24 de diciembre. Igual, preguntó a Cruz Bermúdez, sobre si podría considerarse válida la disculpa pública a las víctimas cuando ninguna de las personas afectadas estuvo presente en el acto.

Estas posturas contrastaron con la participación del legislador del Panal, René Roberto Fujiwara, nieto de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, considerada la madrina política de Moreno Valle, quien se dedicó a resaltar los supuestos logros de la administración morenovallista.

Al término de la comparecencia, los funcionarios poblanos salieron a toda prisa para evitar ser entrevistados.

La diputada poblana Roxana Luna consideró que los representantes del gobierno morenovallista dejaron sin respuesta la mayoría de los cuestionamientos y dieron, “una vez más”, muestra de su postura cerrada al diálogo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 30 de abril de 2015.

Las actividades legislativas representarán un aumento presupuestal de 7.9% respecto a 2014, pues gastarán 841 millones de pesos adicionales

Para 2015, el Congreso de la Unión dispondrá para sus funciones de un presupuesto total de 11 mil 358 millones 343 mil 464 pesos, lo que representa un incremento del 7.9% respecto a lo ejercido durante el presente año.
 
Según se estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, que entró en vigor el pasado 3 de diciembre, la Cámara de Diputados gastará el próximo año un total de 7 mil 339 millones 166 mil 195 pesos, mientras el Senado de la República dispondrá de un presupuesto de 4 mil 19 millones 177 mil 269 pesos.
 
Con estas cifras, se advierte que el presupuesto en materia legislativa para el año 2015 se incrementó en poco más de 841 millones de pesos, en comparación con 2014, año en el que la Cámara de Diputados gastó 6 mil 795 millones 524 mil 255 pesos, mientras su colegisladora ejerció 3 mil 722 millones 428 mil 466 pesos.
 
Según lo detalla el PEF 2015, la Cámara de Diputados destinará el próximo año 4 mil 294 millones de pesos (el 58.5% de su presupuesto) en “servicios personales”, partida que integra las remuneraciones al personal permanente y transitorio; remuneraciones adicionales y especiales; seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas, así como por el pago de estímulos a servidores públicos.
 
Adicionalmente, ejercerán mil 665 millones de pesos en “servicios generales”  que incluyen los dineros presupuestados para servicios de comunicación social y publicidad, traslados y viáticos, y servicios de arrendamiento, entre otros. Asimismo, destinará cerca de 118 millones de pesos en “materiales y suministros”, partida que contempla gastos por alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción, productos farmacéuticos, y combustibles, herramientas y refacciones.
 
Del presupuesto total asignado a San Lázaro, 2 mil 39 millones de pesos serán destinados el próximo año a la Auditoría Superior de la Federación, organismo que depende de este órgano legislativo.
 
Cámara alta
 
En lo que respecta, a la Cámara de Senadores se destinarán cerca de 2 mil 200 millones de pesos (cerca del 54% de su presupuesto) al pago de sueldos y salarios de sus trabajadores, así como al otorgamiento de prestaciones sociales y económicas.
 
Adicionalmente, ejercerá cerca de mil 600 millones de pesos para servicios de comunicación social y publicidad; viáticos; servicios profesionales y técnicos, entre otros. Además tiene presupuestado más de 70 millones de pesos dentro de  la partida  “materiales y suministros” que al igual que en San Lázaro contempla gastos por alimentos y utensilios; materiales y artículos de construcción; productos farmacéuticos; combustibles, lubricantes, aditivos y refacciones vehiculares.

24 Horas
Estéfana Murillo
Ciudad de México
Miércoles 24 de diciembre de 2014.

La representación del PAN dijo que la sociedad mexicana exige investigar la relación entre Peña Nieto e Hinojosa.

La oposición en la Cámara de Diputados recopiló suficientes firmas para pedir que se integre una comisión investigadora de todos los contratos que ha obtenido el Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a la Constitución, se puede solicitar crear una instancia investigadora si presentan un mínimo de 125 firmas de los diputados.

Durante la sesión de ayer, las bancadas del PAN, el PRD, el PT y MC reunieron más de 190 firmas de apoyo para crear la comisión que indague los contratos obtenidos por el empresario que vendió a Angélica Rivera, esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, la  residencia de Sierra Gorda 150, en Las Lomas.

"Se crea la Comisión de Investigación encargada de examinar los contratos suscritos con organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, y con el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, y relacionadas con la misma, e investigar si las entidades de intereses públicos incurrieron en una transgresión a las disposiciones jurídicas que las regulan", dice la propuesta avalada por legisladores de Oposición.

El acuerdo plantea que la comisión sea integrada por 16 diputados, en una conformación que evite que el PRI, el PVEM y el Panal hagan mayoría.

Serían 5 diputados de PRI, 3 del PAN, 3 del PRD, y uno por cada fracción del PVEM, el PT, MC, el Panal y hasta la de Morena que está por conformarse.

El petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que el PRI no podrá impedir crear la comisión, porque es un derecho de las minorías.

"Tampoco la podrán presidir y habrá una mayor fuerza representativa de la Oposición", expuso.

La panista Elizabeth Yáñez dijo que la sociedad mexicana exige investigar la relación entre Peña Nieto e Hinojosa.

"El caso se cerrará cuando la gente esté satisfecha de los resultados de la investigación que, por obligación, debemos hacer los diputados", expresó.

Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, consideró que se debe aclarar la relación del Presidente Peña Nieto con el dueño del Grupo Higa, en términos de negocios e inmobiliarios, como en relación a los contratos en el sector público.

La solicitud será presentada a la Junta de Coordinación Política esta misma semana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 11 de diciembre de 2014.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Ventana al mundo

Síguenos en Twitter