La mayoría de los desaparecidos son de Puebla capital


Puebla ocupa el octavo lugar nacional en desaparición de personas con 8 mil 500 casos registrados en los últimos ocho años, según las estadísticas del colectivo La Voz de los Desaparecidos, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) solo reconoce 2 mil 69 en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Pero además la organización refirió que de 2018 a la fecha se han contabilizado seis desapariciones diarias, tres de ellas son menores de edad y la mayoría pertenecen al municipio de Puebla, cifra que lo ubica en la primera posición a nivel nacional, de acuerdo con la fundadora del colectivo, María Luisa Núñez Barojas.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas este 30 de agosto y durante el Tercer Foro Itinerante sobre desaparecidos en Puebla, familiares gritaron “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, para denunciar que Olivia, Karina Jazmín, Paola, Michel, Nadia Guadalupe, José Martín, Valentín, Brandon, Jorge, Abraham, Vicente y Juan de Dios, entre otros, desaparecieron en los municipios de Puebla, Amozoc y Tehuacán.

Ellos no confían en las cifras oficiales de la FGE, pues existe la percepción de que quemaron los expedientes o los perdieron a propósito para no dar seguimiento a los casos, algunos que incluso se han registrado en los límites de Puebla y Veracruz.

“Es un estado fallido, corrupto, de gente insensible, indolente. Esta es nuestra realidad de horror, de terror, no es una película, es una vida de suspenso, un duelo que los familiares no pueden vivir, por eso pedimos la empatía y solidaridad, porque los desaparecidos son de todos, por una búsqueda incansable hasta encontrarlos a todos”, dijo María Luisa.

En los recorridos por los municipios con mayor incidencia –Huauchinango, Xicotepec de Juárez y Tehuacán y el Triángulo Rojo– la organización ha podido identificar que las razones de las desapariciones son para el reclutamiento del crimen organizado, tortura, secuestro, asalto, trata de personas, tráfico de órganos y explotación laboral.

Pero también responsabilizaron al estado, la corrupción de las autoridades, los policías municipales y ministeriales que han sido “cochinos”, y nunca han detenido a los responsables de desaparecer a niñas, niños, jóvenes y adultos en el estado de Puebla.

Datos oficiales ubican a Puebla en octavo lugar

Aunque existe diferencia entre los datos reportado por el colectivo y las cifras del RNPED, los casos reconocidos por la FGE sí ubican a la entidad en el octavo lugar nacional.

En la primera posición se encuentra Tamaulipas con 5 mil 990 desapariciones, enseguida el Estado de México con 3 mil 890 casos, Jalisco 3 mil 362, Sinaloa 3 mil 27, Nuevo León 2 mil 895, Chihuahua 2 mil 186, Sonora 2 mil 150 y Puebla que registra 2 mil 69 casos.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que se alimenta con información de la FGE, señala que en Puebla existen 2 mil 69 personas desaparecidas o extraviadas desde 2008 a la fecha, de las cuales mil 46 son mujeres y mil 23 son hombres. Del total de casos 496 ocurrieron en el municipio de Puebla.

Estos números no coinciden con los 8 mil 500 casos que ha reportado La Voz de los Desaparecidos en conjunto con la organización Uniendo Cristales, cuyos integrantes dijeron que el 30 de agosto no conmemoran nada, por el contrario, es un día de reproche, un movimiento en contra del estado, el gobierno y las instituciones que no dan respuesta.

“Es muy cansado, agotador, desgastante. No vengo a conmemorar, este no es un evento que indique que nos tenemos que acostumbrar a ellos, para mí conmemorar este día es irlo haciendo normal, natural y no debe ser así, no debemos acostumbrarnos a que nuestros familiares día con día vayan desapareciendo de nuestra familia, esto no debiera suceder”.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Domingo 1 de septiembre de 2019.


Integrantes del colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla” se reunieron este martes con representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir informes sobre la investigación de 20 casos de desaparición forzada.

Así lo dio a conocer en entrevista previa al encuentro María Luisa Núñez Barojas, cuyo hijo, Juan de Dios Núñez Barojas, de 23 años de edad, desapareció en el Triángulo Rojo el 28 de abril del año pasado.

De acuerdo con Núñez, el colectivo ha recolectado el sentir de madres y familias que por varios años han buscado a sus familiares, entre ellos José Sedano Posadas, quien fue visto por última vez el 2 de abril de 2006, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.

Por este caso se han realizado diversas protestas frente a la sede central de la FGE, en el bulevar 5 de Mayo, para presionar a las autoridades y continuar la búsqueda de Sedano Posadas y otros desaparecidos.

Según los familiares, “han sido búsquedas simuladas e investigaciones de escritorio por parte de la autoridad ministerial”.

“Las familias que vivimos esta incertidumbre de no encontrar a nuestros hijos y no saber nada de ellos estamos solos. En Puebla no hay una ley, no hay una institución o una asociación que respalde a las familias (…) Al día de hoy somos 17 familias con 20 desparecidos”, detalló María Luisa.

Y precisamente esos 20 casos se expondrán al encargado de despacho de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, para que las investigaciones sean retomadas y se haga un trabajo real, a fin de esclarecer los casos sin importar el destino de las víctimas.

A la reunión también asistieron familiares de María Guadalupe Morales, quien desapareció el 27 de octubre de 2017 en Cholula. Aunque la familia no tiene información oficial sobre su paradero, han tenido que lidiar con llamadas y mensajes anónimos donde se les dice que la joven está en Veracruz o en el Estado de México y es víctima de trata, de acuerdo con la información publicada.

Otros casos son los de los hermanos Abraham y Vicente Basurto Linares, quienes desaparecieron junto con Juan de Dios Núñez Barojas en el municipio de Palmar de Bravo.

Aunque las autoridades han vinculado este caso con las bandas delictivas que operan en la región del Triángulo Rojo, hasta hoy no hay certeza de qué ocurrió con los desaparecidos.

Proceso
Ciudad de México
Martes 6 de noviembre 2018.

UILIMA HORA

Frida Melissa se presentó en un estacionamiento de Ciudad Universitaria; declaró que decidió dejar el domicilio de sus tíos para vivir con sus compañeros

La estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Frida Melissa Gómez, reportada como desaparecida desde el pasado 20 de octubre, apareció sana y salva.

La Fiscalía General del Estado informó que la joven fue localizada en un estacionamiento de Ciudad Universitaria y se presentó voluntariamente ante las autoridades.

La muchacha declaró que decidió dejar el domicilio de sus tíos para vivir con sus compañeros, pues sus padres fallecieron hace seis años.

La mujer estudia la licenciatura en Criminología y fue reportada como desaparecida el 20 de octubre.

Sus familiares presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por su desaparición ocurrido hace cuatro días en la BUAP.

A la par se emprendió una campaña en redes sociales para tratar de ubicarla, pues desde las tres de la tarde no se volvió a tener comunicación con ella.

Los familiares relataron que ese día les llamó por su celular para avisarles que iba de regreso a casa, pero nunca llegó y su móvil se encontraba apagado.

Parece que hay una epidemia de violencia contra las mujeres: Diódoro Carrasco

Frida Melissa Gómez Pérez desapareció desde el pasado 20 de octubre, estudia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene 21 años de edad

Una estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) está reportada como desaparecida desde el pasado viernes 20 de octubre.

De acuerdo a los primeros informes, Frida Melissa Gómez Pérez, de 21 años de edad, avisó desde la Universidad y aproximadamente a las 3:00 pm de ese día, que se dirigía a su domicilio; sin embargo, nunca llegó y su celular se encuentra apagado.

Los familiares de la joven compartieron en redes sociales, una fotografía con señas particulares y la vestimenta que portaba el día de su desaparición.

Indicaron que Frida Gómez es de complexión robusta, de tez morena clara, tiene una estatura de 1.63 metros, cara ovalada, ojos cafés claro, ceja poblada, boca mediana, nariz corta y cabello lacio castaño.

Asimismo, informaron que vestía una playera gris, chamarra a rayas azul marino, pantalón de mezclilla y tenis con cuadros negros y blancos.

En septiembre pasado, el caso de la alumna Mara Fernanda, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UAEP), también llamó la atención, pues desapareció tras abordar un taxi Cabify.

Mara cursaba el tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas, gozaba de beca y tenía 19 años de edad; su cadáver fue encontrado en una carretera de Puebla.

Parece que hay una epidemia de violencia contra las mujeres: Diódoro Carrasco

El secretario de Gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco, consideró que el debate sobre la alerta de género para la entidad es una discusión politizada e interesada.

Advirtió que no sólo Puebla enfrenta ese problema, sino el país en general y el mundo entero.

“Parece que hay una epidemia de violencia contra las mujeres”, señaló.

En entrevista con Luis Cárdenas, en MVS, Carrasco afirmó que, si se determina la alerta de género para la entidad, será bienvenida, pero si no, Puebla seguirá trabajando en contra de la violencia hacia las mujeres como lo ha hecho.

“Me parece que esta discusión sobre alerta, o alerta no, es una discusión bastante politizada, es una discusión simulada, es una discusión interesada”, expuso.

“Para empezar, nadie explica que la alerta de género la determina el gobierno federal. La Secretaría de Gobernación, como consecuencia de un proceso de investigación y de cumplimiento de recomendaciones que hace la Conavim, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres".

Dijo que a Puebla hace un año les hicieron 11 observaciones, y al cabo del cumplimiento de dichas observaciones, en junio de este año, se determinó que no ameritaba alerta de género el estado.

“Es un reto que estamos enfrentando como sociedad, no sólo en Puebla, (sino) en el país, en América Latina y en el mundo entero. Parece que hay una epidemia de violencia contra las mujeres”, señaló.

“Afortunadamente, se ha hecho más visible, creo que de eso se trata con esa alerta. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese tema, con alerta o sin alerta”.

Carrasco consideró que es un enfoque mal planteado decir que con la alerta de género se resolverán los problemas de feminicidios.

“Si nos dan la alerta de género, bienvenida, si no nos dan la alerta de género, vamos a seguir trabajando como lo estábamos haciendo”, declaró.

Resaltó que el gobierno de Puebla no considera que la alerta de género sea la varita mágica que automáticamente resuelva los problemas de violencia.

Mencionó también que los feminicidios ocurren en todo el país, y argumentó que septiembre, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el mes más violento en México, como territorio.

Agregó que Puebla comparte realidades con el estado de México, ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, que forman parte de la zona centro del país.

“En esa zona, que es una de las zonas donde ocurren más feminicidios, Puebla siempre está por debajo de la media. No quiero compararlo con ningún estado, porque es muy chocante eso. Lo cual tampoco nos da ningún consuelo.

Afirmó que en Puebla no hay registrados 85 feminicidios, que es un dato mal enfocado y mal inducido, sino 65, de los cuales, 47 casos resueltos, consignados, en proceso e identificado al agresor.

Apuntó que el caso de Mara Fernanda fue un paradigma en el estado, que está obligando a la sociedad en su conjunto a repensar y profundizar medidas en torno al combate a la violencia contra las mujeres.

El Universal
Puebla, México
Martes 24 octubre 2017.


Siete cadáveres, cuatro de ellos calcinados, fueron encontrados este lunes en el Municipio Venustiano Carranza, en Puebla, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia notificó del hallazgo a Veracruz, ya que algunos de los restos estarían relacionados con desapariciones reportadas en ese Estado.

De acuerdo con los primeros informes, cuatro de los cuerpos fueron localizados en una camioneta Ford Explorer a nombre de Ricardo Curiel Castillo, quien fue reportado como no localizado en Poza Rica, al igual que otras cuatro personas.

Los desaparecidos desde el 23 de abril son Gabriel Hernández Pérez, Amada y Mariana González Pérez, Curiel Castillo y otro individuo de nombre Rafael.

Los cadáveres, calcinados y en avanzado estado de descomposición, estaban al interior del rancho Cedro Pando, aproximadamente a kilómetro y medio de Veracruz.

Horas después se reportó el hallazgo de tres cuerpos más en una plataforma dentro de instalaciones de Pemex conocidas como "Corralillo", a las que sólo dan mantenimiento una o dos veces por quincena.

Hallan 9 ejecutados en Puebla; 2 de las víctimas serían hermanas de “El Z-37”

En distintos puntos de los límites de Puebla y Veracruz fueron localizados, en un lapso de 48 horas, nueve personas asesinadas, entre ellas dos que se presume son hermanas del líder de Los Zetas, Cirilo González Pérez, El Puchini o El Z-37, quien fue detenido en octubre pasado.

En avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, los nueve cadáveres fueron encontrados en distintos lugares de los municipios de Venustiano Carranza, Jalpan y Xicotepec de Juárez, los tres limítrofes con Veracruz y ubicados en la región conocida como Sierra Norte de Puebla.

Cuatro de los cuerpos fueron localizados calcinados dentro de una camioneta con placas de circulación YGP9221, en las inmediaciones de un rancho llamado Cedro Pando, en el municipio de Venustiano Carranza, y presuntamente corresponden a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Poza Rica, Veracruz.

Según información difundida por los medios de comunicación veracruzanos, dos de ellos serían Bertha y Amada González Pérez, hermanas de El Z-37, quien operaba grupos de sicarios en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, y fue detenido en Pachuca, Hidalgo en octubre del año pasado.

De acuerdo con esa información, las hermanas González Pérez desaparecieron cuando viajaban en una camioneta negra Ford Explorer, en compañía de Ricardo Curiel Castillo y Rafael Díaz, y fueron detenidos presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en el municipio veracruzano de Poza Rica.

Ayer, familiares de cuatro personas que fueron detenidas el sábado 23, presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en Poza Rica, se manifestaron frente a las instalaciones de la corporación en la colonia Miguel Hidalgo de esa ciudad veracruzana.

En la protesta, Natali Ramírez González, hija de una de las mujeres detenidas, explicó que su madre Amada González Pérez, y su tía, Mariana González Pérez, un hombre de nombre Ricardo Curiel Castillo y otro del que desconocen su nombre, viajaban en una camioneta Explorer negra cuando fueron interceptados el sábado anterior por elementos de la Fuerza Civil sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Tajín.

Sin embargo, ese mismo día por la tarde las autoridades de Veracruz desmintieron la participación de la Fuerza Civil en la detención de estas personas, y aseguraron mantener el diálogo con los familiares de las personas no localizadas, “colaborando en la investigación correspondiente para dar con su paradero”.

Este martes la Fiscalía General de Puebla confirmó que el vehículo en el que fueron encontrados esos cuatro cuerpos estaba a nombre de Curiel Castillo.

Otros tres cuerpos fueron encontrados en un campo petrolero conocido como Corralillos en el mismo municipio de Venustiano Carranza, el cual colinda con la localidad veracruzana de Tihuatlán.

Por la tarde, la Fiscalía de Puebla emitió un comunicado en el que precisa que ha brindado información a Veracruz ante estos dos hallazgos de siete personas asesinadas en la misma zona, “derivados de hechos ocurridos presuntamente en el vecino estado”.

En el comunicado, la autoridad poblana señala que ofreció a su homóloga de Veracruz la información relacionada con estos dos casos para que se investigue si existe un vínculo entre los siete cuerpos localizados.

En Jalpan, el cadáver de Julio César Ortega Sampayo, de 29 años, reportado como desaparecido desde hace una semana, fue encontrado en estado de descomposición en una alcantarilla a un costado de la carretera federal México-Tuxpan.

Finalmente, en Xicotepec de Juárez fue hallado Hipólito Danin Lechuga, de 37 años, quien presenta heridas de bala en la nuca y el tórax.

Reforma/Proceso
Gabriela Hernández
Puebla, México
Martes 26 de abril de 2016.

Antes de las movilizaciones la Fiscalía rechazaba la participación de policías ministeriales en desaparición de los 6 jóvenes

Puebla.- La Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) capturó a los presuntos responsables del secuestro y asesinato de seis jóvenes vecinos de la colonia Lomas de San Miguel de esta ciudad, cuya desaparición se había denunciado desde noviembre del año pasado.

De acuerdo con información extraoficial, entre los ocho detenidos se encuentran dos policías ministeriales, así como un supuesto empresario de Puebla y Tlaxcala, quien habría pagado por el “levantón” de los seis jóvenes como una venganza, luego de éstos supuestamente se introdujeron a su casa para robar y habían agredido a una niña y a una mujer de edad avanzada.

De la misma forma se informó que los restos de los seis jóvenes ya fueron localizados en estado de calcinación en un paraje del vecino estado de Tlaxcala.

Sin embargo, la Fiscalía aún no proporciona mayores datos sobre los presuntos responsables de estos hechos y sólo se asegura que el autor intelectual es un “reconocido empresario”.

Desde un principio los familiares de los jóvenes habían denunciado que los muchachos desaparecieron luego de que fueron detenidos por policías ministeriales, tras ser acusados de haber participado en un robo.

Las víctimas fueron identificadas como Román Limón Gómez, Marco Antonio Cuautle, Rogelio Rivera Osorio, Luis Ángel Flores, Pedro Negrete Orea y Brayan Gerardo Torres Sandoval.

La semana pasada, los familiares de los jóvenes llevaron a cabo una manifestación a las afueras de la Fiscalía para exigir que se agilizaran las investigaciones para localizar a las víctimas.

La dependencia emitió un boletín para asegurar que no había evidencia de que los muchachos habían desaparecido tras ser detenidos por policías.

Los afectados habían filtrado a la prensa local la posibilidad de que la desaparición se derivaba de que los muchachos se habían metido a robar a la casa del fiscal general Víctor Carrancá o de algún otro funcionario de alto nivel de esa dependencia.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 20 de febrero de 2016.

El viernes 1 de enero, la perredista Gisela Mota Ocampo tomó protesta como alcaldesa de Temixco, Morelos. La mañana siguiente, la munícipe fue asesinada al interior de su casa.

Según se sabe, la agresión ocurrió poco después de las siete. Tras el atentado, algún vecino denunció el hecho y los agentes del Mando Único persiguieron a los responsables. Al momento se sabe de dos presuntos agresores muertos y otros tres detenidos.

El gobierno de Morelos ha dicho que cuenta con las evidencias suficientes para resolver el caso en poco tiempo. A su vez, el gobernador Graco Ramírez calificó el hecho como un desafío contra las instituciones y aseguró que el caso no quedará impune. Acaso por ello, el mismo Graco ordenó reactivar el protocolo de seguridad para alcaldes en Morelos.

Nuevamente, el gobierno de Graco Ramírez dejó ver que lo suyo es reaccionar y no prevenir. Una vez más, Graco demostró que es el gobernador que ahogado el niño, manda cubrir el pozo. Otra vez, el perredista exhibió lo absurdo que fueron —y siguen siendo— sus aspiraciones presidenciales.

Y es que, mientras el gobierno de Morelos investiga y busca deslindar responsabilidades; mientras el perredismo trata de entender hasta dónde llega su responsabilidad por el asesinato de Gisela Mota y mientras los morelenses terminan de entender el tamaño del golpe, una cosa es cierta: la tragedia de Temixco sepultó la vida política de Graco Ramírez.

En otros momentos, aquí hemos dicho que Graco es algo parecido a un gobernador zombie. Antes de lograr la candidatura a gobernador, Ramírez parecía acabado. No pocos aseguraban que el ahora gobernador había concluido sus días en la política. Sin embargo, el perredismo entregó la candidatura a Graco Ramírez y, eventualmente, lo hizo mandatario en Morelos.

Desafortunadamente —para el estado y para el mismo Graco—, su regreso a la vida sirvió de muy poco. A todas luces, la gestión del perredista ha destacado por los desaciertos y no por los triunfos; el gobierno de Ramírez pasará a la historia por sus excesos, por sus errores, por sus derrotas y no por sus avances. Hoy es evidente que el asesinato de la alcaldesa confirmó lo que muchos sabían pero pocos se atrevían a decir: que Graco es un espécimen peculiar; es el gobernador que dice que despacha pero, en los hechos, es un cadáver político.

Si existen dudas de peculiar condición de Graco Ramírez, basta recordar que Morelos es el estado donde más creció la pobreza en los primeros tres años de este sexenio. Morelos es, además, una de las entidades que concentra el mayor número de delitos de alto impacto. De hecho, en Temixco, el 56.8 por ciento de la población vive en condición de pobreza; y para rematar, la incidencia de homicidios dolosos coloca a este municipio en la posición 31 entre las 233 localidades con más de 100 mil habitantes.

Por donde se vea, el escenario político, social y de seguridad en Morelos es el menos alentador. Por donde se mire, los aciertos de la administración de Graco Ramírez fueron sepultados por sus errores y deficiencias. Por donde lo quiera entender, el atentado en Temixco ratifica que la carrera de Graco Ramírez llegó a su final.

La Otra Opinión
Ricardo Alemán
Ciudad de México
Domingo 3 de enero de 2016.

Solicitud de apoyo para localizar a tres chicos desaparecidos

Ellos son:

Carlos Enrique Salas Ramírez
Angel Huerta Hernández y
Rigoberto Hernández López

Son originarios de Chignahuapan. Viajaron juntos a la ciudad de Mexicali, BCS. Sus familiares perdieron contacto con ellos el sábado 20 de junio y desde entonces se desconoce su paradero.

Se solicita el apoyo de organizaciones solidarias, autoridades y a la ciudadanía para su pronta localización.

Se agradecerá cualquier informe que permita su ubicación. Sí los ha visto o sabe algo de ellos, favor de reportarlo a los teléfonos: 7971183038 o al 7971096877. Gracias.

Los padres de los 43 desaparecidos encabezan una marcha multitudinaria en el DF

Pasadas las cuatro de la tarde hora local, arrancó en la sede presidencial de Los Pinos la tercera gran manifestación ciudadana por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre. La marcha pacífica llegó sobre las siete al Zócalo, plaza principal de la capital y centro simbólico del país, después de atravesar el Paseo de la Reforma, una avenida nuclear de la ciudad. Los organizadores estiman que hubo unos 100.000 manifestantes, pero el Gobierno del DF calcula que fueron 20.000. La marcha la integraron fundamentalmente estudiantes universitarios.

“¿Por qué-por qué-por qué / por qué nos asesinan / si somos la esperanza / de América Latina?”, cantan los estudiantes. “¡Ayotzi vive, Ayotzi vive, Ayotzi vive y vive-la lucha sigue y sigue!”. El predominio de los estudiantes ha sido abrumador frente a la presencia aún discreta del ciudadano medio, del trabajador, del funcionario, del profesional liberal, de familias, aquellos sectores que, unidos al creciente impulso estudiantil, podrían hacer que las protestas actuales alcanzasen un nivel mayor de masa crítica. La indignación es notable y masiva, pero parece que de momento no ha roto diques.

“Este caso ha removido conciencias, pero todavía no es suficiente la respuesta", dice Ilda Rosales, una profesora de 52 años que participa en la marcha con su hija Silvana, estudiante de cine. Detrás de ellas avanza una pancarta blanca con grandes letras negras en la que se lee: “El Estado ha muerto”. Silvana explica que los muchachos que llevan ese cartel son parte del “contingente” de escuelas de arte -un concepto organizativo que remite más a la disciplina marcial que a la rebeldía social, pero así se organizan las marchas masivas en México: por contingentes-. Su madre opina que falta que más gente de su generación se sume al movimiento, y cree que una de las razones de que eso no ocurra aún en mayor medida se debe a que a través de la televisión, el medio de más influencia en todo el país, se transmite “un discurso de conformismo y pasividad”.

“Aquí estamos, pegándole. Ayotzinapa está abriéndole los ojos a mucha banda”, dice Ana, estudiante de 16 años de Procesos Industriales en el Instituto Politécnico, un centro público de tradición reivindicativa, como demostró en octubre con una serie de marchas en contra de la reforma educativa del actual Gobierno, que acabaron provocando que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, bajase de su despacho a la calle para atender sus reclamos. A la izquierda de Ana hay un pequeño cartel en manos de otra joven: “Seguimos en pie, por la sangre de nuestros compañeros”.

Las marchas no están siendo canalizadas por partidos políticos. El caso Iguala, ocurrido en la zona de Guerrero, un Estado gobernado por la izquierda, el PRD, dentro de una República dirigida por un partido de centro, el PRI, ha potenciado en la opinión pública la idea de que la corrupción que aqueja al país hunde sus raíces en todas las formaciones.

A la cabeza de la marcha están los alumnos de la mayor universidad pública de México, la UNAM; los del Instituto Politécnico, las escuelas de Magisterio rurales y los de la Universidad Iberoamericana, un prestigioso centro privado. Estas universidades han decidido hacer paros desde este miércoles hasta el viernes. El movimiento también incluye organizaciones sociales, sindicatos, colectivos de artistas o miembros críticos de la Iglesia.

Sobre las siete de la tarde la manifestación llegó al Zócalo y ahí hablaron los familiares de los desaparecidos, que vienen y van desde la Escuela Normal de Ayotzinapa (donde estudiaban los desaparecidos) hasta la capital de la República para reforzar con su presencia los actos de protesta. Unas ocho horas de camino ida y vuelta para tratar de que México no pierda el pulso de la tragedia. Detrás del estrado principal estaba sentado Víctor Alfonso, 16 años, hermano de uno de los desaparecidos, Jesús Govany Rodríguez Tlatempa. “Me siento con mucho rencor. Sobre todo con el presidente Abarca”, dice aludiendo al exalcalde de Iguala recién detenido. “A veces me siento adolorido porque no tengo cerca a mi hermano. Quiero ir a buscarlo. O matar al que le hizo eso a mi hermano”.

El País
Pablo de Llano
Ciudad de México
Jueves 6 de noviembre de 2014.

El horror no tiene límite. El secuestro, muerte y descuartizamiento de estudiantes de magisterio sacude a una sociedad que no soporta más ser rehén del narcotráfico, los parapoliciales y la corrupción.

Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay cinco hoyos bien trazados: son cinco fosas que escondían los fragmentos de 28 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de jean. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo “Escena del crimen”. El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.

Esta historia comienza mucho antes del hallazgo de estas fosas. Inicia la noche del 26 de septiembre cuando estudiantes de una escuela normal rural del pueblo de Ayotzinapa, donde se forman los profesores que enseñarán a los niños más pobres de México, viajaron a la ciudad de Iguala, donde la esposa del alcalde José Luis Abarca daba su informe de gobierno. Por la intromisión fueron reprimidos por la policía municipal con un desastroso resultado: en distintas balaceras murieron dos normalistas, un jugador de fútbol adolescente, un taxista y una pasajera; unos  veinte estudiantes heridos (uno con muerte cerebral) y 48 desaparecidos.

Tres días después se encontró el cadáver de otro normalista; desollado. No tenía ojos, piel ni carne en la cara.

Los policías municipales fueron detenidos y en sus confesiones revelaron que entregaron a los estudiantes a sicarios del cártel Guerreros Unidos (presuntamente comandados por un hermano de la esposa del alcalde) y que estos asesinaron a 17, les prendieron fuego y los enterraron en varias fosas. Las fosas que vigila el policía que asegura que nunca vio algo similar.

La noticia erizó los pelos a todos. Fue la constatación más burda y cruda de lo que desde hace años la prensa documentaba: en algunas zonas los gobernantes y los narcotraficantes son los mismos; la narcopolítica gobierna territorios enteros. Ya antes se habían difundido historias sobre policías en distintas partes de México que se encargaban de detener personas y las entregaban a los Zetas (acuñaron el nombre de Los Polizetas); no pocos alcaldes han estado en la cárcel por sus tratos con el crimen organizado o han sido exhibidos en videos con capos mafiosos.

Pero la desaparición de los 43 estudiantes –y el que se presume fue su destino final–se sintió como una puñalada al corazón de los mexicanos.
La identidad de los cuerpos en las fosas no ha sido confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos y lo que se imagina fueron los últimos momentos de los condenados a muerte: “Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas”.

El lugar condensa el horror de la narcopolítica mexicana. El hallazgo de fosas no es nuevo, desde el sexenio pasado –cuando el presidente Felipe Calderón declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico” y lanzó a los militares a las calles a combatir delincuentes, el país se convirtió en una interminable fosa común. Al menos 70 mil personas fueron asesinadas por las disputas territoriales y 27 mil fueron desaparecidas (aunque luego el gobierno rebajó a 19 mil  la cifra). Guerrero, el estado al que pertenece la ciudad de Iguala, vivió episodios indescriptibles como el hallazgo de los cuerpos de 18 turistas michoacanos que iban a Acapulco, cuyo error fue haber viajado en un autobús que llevaba placas de su estado natal que engendró también un cártel rival al de Guerrero. O el descubrimiento de un pozo que contenía 55 cadáveres. También hubo un tiempo en el que aventar cabezas humanas era una modalidad muy común entre enemigos para mandarse mensajes. Pero estas noticias quedaron opacadas por atrocidades que siguieron sucediendo a lo largo del país.

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa duelen distinto porque eran estudiantes, pobres, indígenas en su mayoría y eran los mejores alumnos de sus comunidades.

La tragedia activó resortes insospechados: un grupo guerrillero anunció que ejecutará a quienes reprimieron; los zapatistas hicieron una marcha; narcotraficantes firmaron varias mantas expuestas en la vía pública en las que exigen la liberación de los 22 policías arrestados por la barbarie, a cambio de no matar inocentes y no revelar los nombres de los políticos que les dan protección; grupos de autodefensas indígenas llegaron para activar brigadas de búsqueda, debido a su desconfianza hacia la policía; las normales rurales del país y universidades como la UNAM pararon en protesta.

Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolado desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la Independencia mexicana que comenzó a esbozarse aquí hace 200 años, aunque hoy la gente viva como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda. ¿Cómo explicar la saña con la que fueron perseguidos los estudiantes que pedían ayuda económica y tomaron tres camiones para volver a su escuela? ¿Cómo se explican los episodios con balaceras, la cacería, la rafaguiza a los camiones que los transportaban, la persecución como perros, el desollamiento de quien no quiso quitarse la bufanda del rostro, las ejecuciones, la entrega de los jóvenes a sicarios, la masacre en un cerro donde la fiscalía dice que quemaron a los que permanecen desaparecidos y arrojaron a fosas?

Los policías municipales que se salvaron de ir a la cárcel porque no trabajaban en el turno de la muerte trazaron respuestas. “Esos estudiantes no eran una perita en dulce”, dijo un administrativo de la policía, encargado de cuidar las armas. Otro calificó de vándalos a los jóvenes por sus recurrentes protestas para exigir el aumento de plazas escolares o de la ración de alimentos subsidiados por el gobierno que se negocian después de la toma de oficinas gubernamentales que acaban con destrozos millonarios o los cierres de la carretera hacia Acapulco. “

Yo vi cuando esos ‘ayotzinapos’ pintarrajearon el palacio, quebraron vidrios, hicieron vandalismo el otro año. Vandalismo, eso es lo que saben. Otro es el que paga por lo que ellos hacen”, dijo despectivo un policía que antes fue campesino, como los normalistas.

El médico cirujano Ricardo Herrera dejó sin auxilio a un estudiante con la quijada rota, la cara perforada por un balazo la noche del 26 de septiembre, cuando lo encontró escondido en su hospital, con una veintena de estudiantes normalistas. “Vi al herido, pero no lo atendí porque no era mi responsabilidad”, dijo ufano. En lugar de auxiliarlo, llamó a la Policía Municipal para que se los llevara, a la misma autoridad que esa noche emboscó hasta tres veces a los estudiantes. Justificó su indolencia: “los ‘ayotzinapos’ vienen agresivos, violentos, sacan a los pacientes, destruyen, vienen como delincuentes. Si de veras son estudiantes, eso no se hace”. Cuando se le recordó que los estudiantes están desaparecidos y podrían haber terminado en fosas dijo: “Eso es lo que va a pasar a todos ‘los ayotzinapos’, ¿no cree?”

Los estudiantes normalistas no son los primeros que han pagado por la lucha social que encabezan. A raíz del escándalo, comenzaron a surgir historias sobre las torturas, levantones (secuestros temporales), desapariciones o asesinatos que en ese municipio han sufrido diversos líderes sociales que osaban cuestionar al alcalde. Todas operadas por sicarios con la complicidad (cuando no la autoría) de las policías municipales.

En este municipio circulan varias versiones sobre los resortes que activaron la barbarie.

“El presidente municipal perdió el control. Su vieja estaba tan encabronada de que le echaran a perder su acto que se le hizo fácil dar la orden a su hermano El Molón, que ordenó a los Guerreros Unidos que se lleve a los Ayotzinapos para madrearlos. Creo que eso pensaban y los iban a esconder como siempre hacen”, explica un miembro del Cabildo.

Un dirigente de derechos humanos lanza otra teoría: Fue en venganza por los destrozos causados durante las manifestaciones por el asesinato de Hernández Cardona, que nunca les perdonaron, “y la sensación de intocable del presidente municipal que era cobijado por el Congreso del Estado, el gobernador y su partido que le generaba un marco de impunidad cuando la gente exigía su desafuero”.

Una más: existió un falso rumor de que los estudiantes eran sicarios del cártel de Los Rojos que llegaron a disputar terreno a Guerreros Unidos, de allí la cacería de los camiones.

Sea cual sea la verdadera, lo cierto es que los estudiantes estaban marcados por un fuerte estigma alimentado desde el gobierno del Estado que ha tratado en varias ocasiones de cerrar la Normal Rural y en uno de tantos forcejeos provocó el asesinato de dos normalistas en diciembre de 2011 mientras bloqueaban la Autopista del Sol.

El mal manejo de la crisis por parte de las autoridades (informan que hallaron seis fosas y luego dicen que fueron cinco; o avisan primero a la prensa antes que a las familias), la tardía búsqueda de los estudiantes con vida (ya que primero se dedicaron a detener policías y a buscar fosas), la pelea entre los gobierno estatal y el federal (el primero es del PRD, el segundo es del PRI) ha hecho que los familiares y los estudiantes comiencen a desesperar y a lanzar protestas más radicales. La última fue la quema del Palacio de Gobierno del estado y el municipal de Chilpancingo, la capital de Guerrero. Los dos gobiernos bloquearon al Equipo Argentino de Antropología Forense, invitado a participar en la identificación de cadáveres por parte de las familias de las víctimas y los estudiantes.
La escuela normal ha servido de lugar de espera de las familias del regreso de los ausentes mientras ahuyentan la idea de que esas fosas pudieran ser las tumbas de sus hijos como insinúa la procuraduría de justicia. Todos los esperan con vida.

Bernardo es un joven indígena nahuatlaca que espera solo en su dormitorio el regreso de sus compañeros: “Yo soy el único aquí. Uno se fue a su casa, los otros seis están desaparecidos”. A su alrededor, recargados sobre las paredes pelonas, están los maletines, la ropa, los zapatos y recuerdos que cuida hasta que regresen sus dueños. Un costal blanco, como los que contienen semillas, está erguido contra la pared atiborrado de ropa, es la maleta de uno de sus compañeros. Todos pobres. En las paredes varios murales narran la historia de esta escuela, las represiones sufridas a lo largo del tiempo, las muertes y asesinatos de sus antecesores normalistas. En los muros se asoman también las fotos de los 43 que faltan. Y todos sus nombres: Bernardo, Felipe, Benjamín, Israel, José Ángel, Marcial, Jorge Antonio, Miguel Ángel, Emiliano Alen, Dorian, Jorge Luis, Alexander, Saúl, Luis Ángel, Jorge, Magdaleno Rubén, José Luis, Jesús Jovany, Mauricio, José Ángel, Jorge Aníbal, Giovanni, Jhosivani, Carlos Lorenzo, Israel, Adán, Abelardo, Christian, Martín Getsemaní, Cutberto, Everardo, Marco Antonio, César Manuel, Christian Tomás, Luis Ángel, Leonel, Miguel Ángel, Jonás, José Eduardo, Julio César, Carlos Iván, Antonio, Abel.

Marcela Turati es periodista, creó la organización Periodistas de a pie, es autora del libro Fuego cruzado: las víctimas atrapadas en la guerra del narco y acaba de recibir el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.

Clarín
Revista Ñ
Marcela Turati
Ciudad de México
Martes 28 de octubre de 2014.

 

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