Diez policías jalonean y arrestan a una indígena en Chignahuapan, Puebla, por “cometer el delito” de vender fruta


Al menos 10 policías municipales de Chignahuapan, Puebla, fueron acusados de abuso de autoridad al arrastrar a una mujer indígena por vender frutas en la vía pública. Este sería el segundo acto de abuso por parte de los uniformados contra un vendedor en el municipio.

El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales y en cual se muestra tanto a los efectivos llevando a la mujer por las calles del centro del pueblo mágico como a los testigos, quienes, indignados, gritaban a los oficiales.

Al percatarse de la molestia de los ciudadanos, y de que los estaban grabando, uno de los oficiales levanta su celular y comienza a grabar a los inconformes que los siguen.

Entre gritos de “deberían detener a los delincuentes”, algunos pobladores interceptaron a los policías, un hombre comenzó a cuestionar a los policías: “¡¿sabes quién es?!, es una señora que no sabe leer ni escribir”.

El video termina en esa parte, por lo que no se supo si hubo reacción por parte de los uniformados.

Hasta el momento, nadie de la administración actual, encabezada por el edil Juan Enrique Rivera Reyes, ha fijado una postura por el proceder de sus elementos de policía.

Sin embargo, en agosto de este mismo año, Periódico Central informó de otro acto de violencia policial en contra de un comerciante, también en pleno centro de Chignahuapan.

Sin Embargo
Periódico Central
Chignahuapan, Puebla
Viernes 15 diciembre 2017.


•    Preocupante, que el gobierno responda con amenazas a víctimas: ONG

•    Por más que se desdiga, el mensaje de Peña Nieto fue de amenaza, critican ONG

Al condenar el espionaje contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), así como contra otros defensores de las garantías fundamentales y periodistas, los provinciales de los Jesuitas de América Latina y el Caribe consideraron que este hecho agrava aun más "la situación de irrespeto de los derechos humanos en México".

En el mismo sentido, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema constituyen una amenaza a las víctimas e indican que no se va a realizar ninguna investigación real sobre estos hechos, lo cual podría catalogarse como un acto de obstrucción de la justicia.

En un pronunciamiento firmado por el presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL), dicha congregación religiosa exigió a las autoridades mexicanas que garanticen la integridad de todos los miembros del Centro Prodh y de aquellos que han sido víctimas de espionaje.

"En nombre de todos los jesuitas nos unimos a la exigencia de nuestros compañeros de México de que se investigue exhaustivamente este hecho ilegal y violatorio a los derechos humanos, se sancione a los culpables y que se garantice que la información extraída ilícitamente no sea utilizada de forma indebida", enfatizó la organización.

Los jesuitas recalcaron la necesidad de esclarecer lo ocurrido, "tanto más cuando el mismo presidente Enrique Peña Nieto, anunciando que ordenó realizar con celeridad una investigación sobre el hecho, afirmó que las acusaciones son falsas y pidió que caiga el peso de la ley contra quienes lo denunciaron, erigiéndose así a la vez en juez y parte, y condenando la investigación al fracaso".

Mayor vulnerabilidad

Por su parte, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, consideró grave que el gobierno mexicano espíe a activistas, promotores de la lucha contra la corrupción y periodistas, como si se tratara de criminales, y que además de todo amenace a las víctimas de dichos actos.

"Si pide que se investigue y se sancione a quienes han hablado sobre este tema, no queda más que verlo como una amenaza. Por más que se desdiga, finalmente ya emitió su mensaje, ya dijo lo que piensa. El gran problema estriba en que de esta forma se pueden generar nuevas agresiones contra los periodistas y defensores de derechos humanos", consideró.

César Pérez Verónica, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, coincidió en que las declaraciones hechas por Peña Nieto el jueves pasado dejan ver que no se realizará ninguna indagatoria sobre los actos de espionaje, aunque el mandatario haya invitado a las víctimas a denunciar lo ocurrido ante los organismos de procuración de justicia.

"Desde el momento en que no ordena una investigación imparcial y objetiva para saber cuál dependencia hizo estas intervenciones, la carga de la prueba la está dejando en quienes denunciaron. Es un acto de hostigamiento y una amenaza velada. Lo que está haciendo es tirar línea para que se desestime cualquier denuncia", lamentó.

La Jornada
Alma E. Muñoz y
Fernando Camacho
Ciudad de México
Sábado 24 de junio de 2017.


Un juez federal liberó bajo reservas de ley al militar acusado de matar a un supuesto huachicolero en Palmarito, Puebla.

El sargento José, quien fue acusado de ser el militar que aparece en un video cuando aparentemente mata a un presunto ladrón de combustible durante los enfrentamientos del pasado 3 de mayo, quedó en libertad el pasado miércoles.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Luis Jiménez, resolvió lo anterior porque la PGR no ofreció un dictamen de balística que vinculara el arma de cargo del soldado con el homicidio, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

En su fallo, también consideró que los testigos de cargo no le hacen imputaciones y que, en relación con el video, no tiene una fuente identificada y fue tomado de las redes sociales.

Si bien la PGR dijo recientemente que contaba con un video original sin editar sobre los hechos -mismos que fueron grabados por una red de circuito cerrado de los propios huachicoleros-, esa grabación aparentemente no es la misma con la que se formuló la acusación contra el soldado.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia hizo referencia a la seguridad que necesitan los integrantes de las Fuerzas Armadas que realizan labores de seguridad pública.

En el caso Palmarito, destacó que la secuencia de los hechos se desarrolló en medio de un enfrentamiento donde imperaba un escenario de matar o morir, un ambiente de guerra.

"La línea entre el soldado bueno y el soldado malo no puede ser tan difusa ni tan frágil, ellos están arriesgando su vida por defender a la sociedad", dijo al principio de la audiencia, palabras más, palabras menos, según una fuente que estuvo presente en la audiencia del CJPF de Puebla.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, el juez determinó la no vinculación a proceso del soldado, pero sin efectos de sobreseimiento, lo que significa que la PGR sigue teniendo la oportunidad de perfeccionar su acusación y volver a imputarlo.

Fuentes de la PGR informaron que la indagatoria sigue en curso no sólo contra José, sino contra otros miembros de las fuerzas del orden que participaron en esa operación que tuvo un saldo de 6 civiles y 4 soldados muertos.

El 2 de junio, la PGR ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio contra el sargento en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, donde estaba acuartelado.

A las 9:00 horas de la misma fecha fue presentado a la audiencia de formulación de imputación ante el juez en Puebla, misma que se prolongó hasta poco después de las 14:00 horas, indican los reportes recabados.

Según los informes, los testigos de cargo que rindieron su testimonio no formularon una imputación directa contra el soldado, a quien tampoco le hicieron acusación alguna sus compañeros uniformados.

A la audiencia no asistieron familiares ni personas de confianza de la víctima de homicidio, sólo su defensora pública federal.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 12 de junio de 2017.


Contingentes ciudadanos de cinco regiones de Puebla emprendieron una caravana hacia esta capital a fin de pronunciarse contra la reforma al artículo 12 de la Constitución local que abre la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable en toda la entidad.

La caravana considera tres días de manifestación contra la reforma, hasta que todos los grupos ciudadanos se concentren en el Congreso del estado el próximo 22 de marzo.

Una de las rutas partió este día de Cuetzalan, e incluye a habitantes de los municipios de Jonotla, Zoquiapan, Xochitlan, Nauzontla, Huahuaxtla, Zacapoaxtla y San Miguel Tenextatiloyan.

En la ruta dos participan manifestantes de los municipios de Ayotoxco, Hueytamalco, Teziutlan, Chignautla, Tacopan, Atempan, Teteles, Tlatlauqui y Zaragoza; mientras que a la tercera se suman lugareños de Tlapacoya, Tlaola, Necaxa, Xicotepec, Huauchinango, Zacatlan y Chignahuapan.

En la cuarta ruta, que tuvo como punto de partida Tehuacán, participan ciudadanos de Tepanco, Tlacotepec de Juárez, Tecamachalco, Huixcolotla, Tepeaca y Amozoc; mientras que en  la cinco, de Ocotepec, Libres-Oriental, San José Chiapa, Grajales, Nopalucan y Acajete.

De acuerdo con los organizadores, esta caravana tiene como objetivo insistir ante el Congreso del estado para que se deroguen las reformas aprobadas durante el sexenio de Rafael Moreno Valle que permiten la privatización del servicio de agua potable en Puebla.

El 6 de enero, a unos días de concluir la administración de Rafael Moreno Valle, el Congreso local aprobó una reforma constitucional que permite al gobierno estatal quitar a los municipios el control del servicio de agua potable, supuestamente con el fin de garantizar el abasto a la población.

Sin embargo, autoridades municipales se han pronunciado contra esta reforma pues consideran que abriría paso a que el gobierno estatal determine privatizar la prestación del servicio a una empresa privada, tal como lo hizo en Puebla capital en 2014.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió 13 controversias constitucionales que fueron interpuestas por los municipios de Chiautla de Tapia, Izucar de Matamoros, Altepexi, Zinacatepec, Tehuacán, San Gabriel Chilac,  Tlaltenango, Zoquitlán, Ajalpan, Coxcatlán, Coronango, Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, aseguró que se falsificaron siete actas de Cabildo para avalar la reforma al artículo 12 de la Constitución de Puebla, la cual fue promulgada el 27 de enero, antes de que venciera el plazo para declararla constitucional.

Indicó que en el Periódico Oficial del Estado aparecen enlistados municipios que no avalaron el decreto como San Martín Texmelucan, Tepeyahualco, Libres, Cuautlancingo, Xoxtla, Juan C. Bonilla y Coronango.

El diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva, indicó que de las 142 actas de cabildo que respaldaron la reforma para la privatización del agua, se han detectado ocho falsas, ya que en esos municipios no se efectuaron sesiones de cabildo para aprobar el decreto legislativo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 21 de marzo de 2017.


Un ataque dirigido contra la población civil, refiere, contiene una línea de conducta que implique la comisión múltiple de crímenes de lesa humanidad

Ciudad de México. - La intensidad y los patrones de violencia en México son pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones y torturas constituyen crímenes de lesa humanidad.

Los responsables de estos crímenes son tanto integrantes de las fuerzas de seguridad como de los cárteles del narcotráfico, indica la organización Open Society Justice Initiative (OSJI) en su informe "Atrocidades innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México", que se presenta este martes en la Ciudad de México.

Según el documento, desde 2006 el Gobierno federal ha mantenido una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza como parte de la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, lo que ha puesto en la mira a cualquier civil "supuestamente" vinculado con las organizaciones criminales, al tiempo que se ha reforzado una impunidad casi completa para los funcionarios federales que ejecutan dicha violencia.
Notas Relacionadas

"Las fuerzas federales han cometido numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver un patrón de comportamiento muy claro que permite concluir que no se trata de actos aislados ni al azar", indica el reporte.

La organización presenta una serie de estadísticas que permiten observar la ineficacia del sistema de procuración de justicia, y hace referencia al caso Ayotzinapa, que califica como emblema de una investigación federal criminal "inepta".

El informe parte de examinar las razones por las cuáles ha habido tan poca justicia en México, cuando los crímenes son tan atroces, y concluye que los factores son políticos, pues los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña han mantenido una retórica de negación y de desviación de la problemática, minimizando las atrocidades, culpando a las víctimas y criticando a los mensajeros, sean éstos organizaciones de la sociedad civil, relatores de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los líderes del Gobierno, cuestiona, insisten en que los crímenes son aislados y que ocurren al margen de la política del Estado, culpan a los cárteles de la droga de las atrocidades, al mismo tiempo que dan información imprecisa sobre estos delitos.

"Restarle importancia a los crímenes atroces ha sido un componente central de la historia de la impunidad de México.

"Tal parece que los líderes de México tienen mayor interés en ocultar la crisis de atrocidades que en terminarla", subraya.

Más que llevar a México a la Corte Penal Internacional, OSJI sugiere que México debe comenzar a investigar y juzgar estos crímenes bajo la óptica del derecho penal internacional, establecido en el Estatuto de Roma, lo que posibilitaría evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando.

En ese sentido, refiere que el sistema de justicia en México no puede considerarse colapsado, pues cuenta con grandes ventajas para luchar contra la impunidad, tales como recursos económicos sustanciales, profesionales capacitados y ejemplos de compromiso, coraje y capacidad.

OSJI recomienda crear una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción.

Asimismo, pide crear equipos integrados para investigar desapariciones; establecer servicios forenses y de protección de testigos autónomos; retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y aprobar legislación para regular el uso de la fuerza.

Crímenes de Lesa Humanidad

Según el Estatuto de Roma, un crimen se considera "de lesa humanidad" cuando responde a una política de un Estado o de una organización, que no necesariamente es explícita, sino que es posible deducir de la improbabilidad de que los actos ocurran de manera aislada o aleatoria.

El informe enumera los elementos contextuales para calificar crímenes como de lesa humanidad: que el ataque haya sido dirigido contra una población civil; que haya sido cometido de conformidad con una política de Estado u organización; que sea generalizado y sistemático; que no exista un vínculo entre el acto individual y el ataque y que el autor tenga el conocimiento o la intención de que su acción sea parte de dicho ataque.

Un ataque dirigido contra la población civil, refiere, contiene una línea de conducta que implique la comisión múltiple de crímenes de lesa humanidad, más que actos aleatorios agregados.

El ataque requiere de cierto patrón de comportamiento, así como la evidencia pertinente para determinar el grado de planeación, dirección y organización por parte de un grupo u organización.

En México, subraya, el Gobierno parece haber aplicado una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, incluidos el asesinato, la tortura y la desaparición forzada, contra un subgrupo de la población civil en México, que comprende a aquellas personas que se les considere vinculadas a la delincuencia organizada, aun sin evidencias.

Para determinar si existe una política de Estado, explica el reporte, se considera la magnitud de los actos perpetrados, el ambiente histórico y político y la movilización de las fuerzas armadas, así como la omisión deliberada de adoptar medidas para investigar, criterios con los que cumple el País.

"La movilización de las fuerzas armadas de México ocurrió en medio de una desenfrenada impunidad para los actos ilícitos de dichas fuerzas.

"Los agentes federales han operado casi con completa impunidad en el combate contra el crimen organizado, con poco o ningún éxito en los procesos judiciales por asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura", indica.

El informe concluye que, según las pruebas disponibles, las fuerzas federales en México no solo han cometido un número considerable de crímenes comprendidos en el Estatuto de Roma a partir de 2006, sino que estos actos comparten diversas semejanzas, lo que sugiere que forman parte de una serie de eventos generalizados.

"Por lo tanto los numerosos ejemplos de asesinato, desaparición forzada y tortura constituyen una línea de conducta de donde se sigue que son considerados como un ataque".

El reporte también analiza la estructura y operación de Los Zetas, quienes también son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en México.

Reforma
Silvia Garduño
Ciudad de México
Lunes 06  de junio de 2016.

   
Ciudad de México— En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo.

Pero en México es al revés.

Según las cifras del Gobierno, las Fuerzas Armadas Mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad.

Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los cárteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las Fuerzas Armadas Mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.

Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay ejecuciones sumarias”.

Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.

En México la cuenta es a la inversa: el Ejército Mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere.

Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.

Las cifras se desprenden del documento ‘Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad’ publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El trabajo tiene como fundamento una serie de estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Las estadísticas, que el Gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las Fuerzas Armadas Mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado.

Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un Gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar los miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década.

De las 4 mil denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, sólo 15 han terminado con una condena.

Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, dijo que “la tortura no sólo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad. Si el Gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista. El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla.

“Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos al diario Milenio este mes.

El Ejército ha matado a alrededor de 3 mil personas entre 2007 y 2012. En ese período han muerto 158 soldados. Hay quienes creen que esa cifra de muertos es puro pragmatismo. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios terminan en condena, las Fuerzas Armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial.

El Gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada.

Hace varias semanas, se hizo pública una grabación, que se volvió viral, en la que un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla. Hubo una petición de disculpas públicas por parte de las Fuerzas Armadas, algo nunca antes visto.

Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización. Según el informe de la comisión de expertos extranjeros que investigó el caso, la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército no aceptó entrevistarse con los expertos y el gobierno no se lo exigió.

El Gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que, durante la administración del presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.

“Cada informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante”, dijo el Gobierno. “Pero esos casos aislados no reflejan el estado general de los derechos humanos en el país”.

Aunque las denuncias por tortura contra las Fuerzas Armadas han caído desde 2011, fecha en la que se redujo de manera importante el despliegue de tropas en el país, la letalidad de los encuentros no ha disminuido según los datos hechos públicos a principios de 2014.

La relación singular entre el Ejército y el Gobierno se remonta a más de 70 años, cuando el país salió de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas: a cambio de una autonomía casi total, el Ejército no intervendría en política.

A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido un golpe de Estado. Y aunque el Gobierno a menudo no ha sido generoso con el presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio externo.

Y esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el Ejército salió a las calles para combatir a los carteles y como consecuencia aumentó la violencia. A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el Gobierno optó por no hacer nada por limitar al Ejército en su competencia.

Y desde hace dos años, las Fuerzas Armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.

Algunos episodios llegan a los tribunales, como un enfrentamiento en Tlatlaya, cerca de Ciudad de México, donde el Ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El Ejército hizo alarde de que durante el combate sólo resultó herido un soldado.

El caso se convirtió en un escándalo de inmediato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de las víctimas fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena para que pareciera que hubo un combate.

Incluso así, los tres soldados a los que se acusó por su responsabilidad en los hechos fueron absueltos por la justicia la semana pasada. El único soldado condenado, por desobediencia, ya cumplió su sentencia.

La impunidad existe pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de las Fuerzas Armadas Mexicanas a los derechos humanos.

Hace dos años, Estados Unidos aceptó vender helicópteros black hawk a México en un acuerdo que podría valorarse en más de mil millones a lo largo de 25 años, que también acercará al Ejército Mexicano a los estándares de Estados Unidos.

“No sólo les vendimos los helicópteros”, dijo Todd M. Rosenblum, quien fuera un alto funcionario en políticas sobre México para el Pentágono. “Les vendimos 15 años de colaboración estrecha que no hubiéramos podido tener de otra manera”.

La cercanía ha hecho poco para suavizar las críticas en el Congreso estadounidense.

“Ni todo el entrenamiento del mundo funcionará si no hay personas al mando que crean en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el senador demócrata de Vermont, Patrick J. Leahy.

Para mayor preocupación del Gobierno de México, algunos casos de abuso han logrado llegar a las instituciones internacionales.

El 29 de diciembre de 2009, tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua y nunca se volvió a saber de ellas. Tras buscar un recurso legal a nivel estatal, federal y militar, los familiares llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

Cinco años después, la comisión entregó su reporte confidencial, según dos personas que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante.

También existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: un grupo sin fines de lucro en Baja California recolectó más de 90 ejemplos de lo que considera tortura realizada por el Ejército Mexicano desde 2006 a 2013. La Corte aún no ha respondido a la solicitud.

El expediente incluye el caso de Ramiro López, quien fue arrestado con otras tres personas y torturado por el Ejército en junio de 2009. Los hombres casi fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron toques eléctricos en los genitales antes de ser presentados como secuestradores y de que fueran sentenciados por ello.

Pero en 2015, tras una investigación poco común de Naciones Unidas, se resolvió que los hombres no eran culpables. El Gobierno los absolvió, pero no buscó a los responsables de dicha confesión forzada.

“Ellos no deberían intentar justificar su trabajo con confesiones obtenidas bajo tortura”, dijo Mayra, hermana de Ramiro López. “Pero tampoco parece que esto vaya a cambiar pronto”.

The New York Times
Ciudad de México
Jueves 26 de mayo de 2016.

Tras denunciar una red de prostitución y pornografía infantil en el año 2005, Lydia Cacho fue detenida y trasladada del estado de Quintana Roo a Puebla, gobernada entonces por el priista Mario Marín y uno de los acusados de participar en dicha red de prostitución.

Ciudad de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para revisar un amparo promovido por la periodista Lydia Cacho en contra de una orden judicial de que se tenga que carear con policías ministeriales de Puebla que la privaron de su libertad luego de que denunciara la existencia de redes de pornografía infantil que operaban en Puebla.

A propuesta del ministro José Ramón Cossío, la Primera Sala del Alto Tribunal resolvió que el caso es de interés y trascendencia por que el fondo del juicio de amparo está vinculado con las medidas de protección que se le deben otorgar a una víctima de tortura, en este caso Lydia Cacho, para prevenir una afectación emocional o psicológica durante un careo con los inculpados de cometer el delito.

El expediente del caso establece que, tras denunciar una red de prostitución y pornografía infantil en el año 2005, fue detenida y trasladada del estado de Quintana Roo a Puebla, gobernada entonces por el priista Mario Marin y uno de los acusados de participar en dicha red de prostitución.

Durante el traslado, Lydia Cacho fue torturada por los policías judiciales, por lo que presentó una denuncia penal por estos hechos, de la cual se desprendió una orden de aprehensión y de captura en contra de los presuntos responsables.

Una vez detenido uno de los inculpados, el juez de Distrito ordenó el desahogo de los careos constitucionales ofrecidos por la defensa del acusado, los cuales pretendía efectuar a través de videoconferencia entre el procesado y Cacho Ribeiro.

Sin embargo, la autora del libro “Los Demonios del Edén” promovió amparo en su calidad de víctima, el cual le fue concedido por el juez federal, para el efecto de que se establecieran medidas de protección a su favor, pero sin que se fijarán los lineamientos mínimos a la autoridad responsable para garantizar que la víctima sufriera una afectación a su salud física y emocional, incluyendo la posibilidad de prescindir totalmente de dicha diligencia.

Con este juicio de amparo, se podrían establecer criterios para que los juzgadores en procesos penales investiguen la comisión de actos de tortura y malos tratos a fin de resguardar y garantizar los derechos de las víctimas, incluyendo la temporalidad de las medidas que se deben adoptar.

Además, la Corte se deberá pronunciar sobre si basta evitar el contacto físico y visual entre los presuntos agresores y las víctimas para cumplir con la obligación de proteger a estas últimas y si derivado de los estudios médicos y psicológicos que se realicen a las víctimas, se pueden cancelar careos para evitar la afectación de las mismas.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 13 de abril de 2016.


Barack Obama, dijo que su país “no ve a Cuba como una amenaza”, aunque admitió las diferencias que persisten entre ambos países.

La Habana.- Los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama, reafirmaron su disposición de seguir avanzando en la normalización de las relaciones entre ambos países, aunque reconocieron que persisten las diferencias en su visión de la democracia y los derechos humanos.

En conferencia de prensa conjunta, tras reunirse varias horas en el Palacio de la Revolución en La Habana, el  mandatario cubano admitió que “existen profundas diferencias entre  nuestros países que no van a desaparecer”, sin embargo dijo hay que  centrarse en aquello que los acerca como países.

Dijo que las  principales diferencias son respecto a la concepción de la democracia,  el ejercicio de los derechos humanos, la justicia social, la paz y la  estabilidad mundial.

“Defendemos los derechos humanos,  consideramos que los derechos civiles, políticos, sociales y culturales  son indivisibles, interdependientes y universales. No concebimos que un  gobierno no garantice y defienda el derecho a la salud, a la educación y  a la seguridad social”, dijo Castro.

Negó que hubiera presos  políticos en la isla y pidió a los reporteros que le cuestionaron sobre ese tema que en caso de tener una lista  con los nombres, se la entregaran para liberarlos.

“Dame la lista  de los presos para soltarlos. Menciona ahora los presos políticos, dime el nombre o los nombres y me das una lista. Si hay una lista, van a  estar sueltos", dijo el mandatario cubano.

Castro recordó que para que las relaciones se normalicen “será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado en la base naval de Guantánamo”, así como poner fin al bloqueo económico que limita “nuestro desarrollo económico y el desarrollo del pueblo cubano”.

“Le reiteré al  presidente nuestra disposición mantener el diálogo que iniciamos el  pasado 17 de diciembre de 2014”, dijo Castro al recordar que se debe aprender a convivir de forma civilizada a pesar de las diferencias.

Enseguida, el presidente de EU, Barack Obama, dijo que su país “no ve a Cuba como una amenaza”, aunque admitió las diferencias que persisten entre ambos países.

“Reconocemos el avance cubano como nación (…) y quizá lo más importante  el destino de Cuba no será decidido por Estado Unidos”, dijo; no obstante, aseguró que   Estados Unidos continuará “hablando sobre la democracia, el derecho de   los cubanos a decidir su futuro”.

“Espero que el hecho de que yo estoy aquí abra un nuevo capítulo en las relaciones cubanoamericanas, pero en los países donde tenemos relaciones normalizadas seguiremos afirmando principios básicos de democracia, de expresión, de reunión, de religión, no son valores estadunidenses, sino universales”, dijo.

Obama pidió al Congreso de Estados Unidos levantar el embargo a la isla, al ser éste un impedimento para la normalización de las relaciones.

“Levantar el embargo requiere el voto de la mayoría en el Congreso en ambas cámaras y, como le indiqué al presidente Castro, varias cosas van a permitir acelerar el paso. Lo primero y en lo que podemos tomar ventaja son los cambios que ya hemos hecho y eso va a permitir ese cambio de política”, dijo.

Ambos mandatarios hablaron sobre economía, salud, cooperación internacional y derechos humanos.

Obama llega al Palacio de la Revolución

El presidente de Estados Unidos Barak Obama se reunió con el presidente Raúl Castro. El mandatario lo recibió en un salón lleno de plantas y sillones blancos.

Enseguida caminaron por un pasillo y escucharon los himnos nacionales de ambos países. Pasaron una revista a efectivos militares y se encerraron a dialogar con dos mujeres que fungen como intérpretes.

Poco antes Obama había depositado una ofrenda floral en el monumento a José Martí, uno de los héroes nacionales cubanos. Obama iba acompañado de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba.

En el arreglo floral, de rosas rojas, amarillas y blanquiazules, se leía: "From the people of USA".

Minutos muy interesantes, porque Obama caminó por la Plaza de la Revolución, ese gigantesco espacio donde se congregaban cientos de miles de cubanos para escuchar los larguísimos discursos de Fidel Castro que siempre tenían marcadas dosis de frases antiestadunidenses. Y ahí estaba hoy, el primer presidente de Estados Unidos en la enorme plancha de cemento rodeada de imágenes del Che Guevara y Camilo Cienfuegos donde se tejían las frases más duras contra "el imperialismo yanqui", como dicen los cubanos.

Obama entró momentos después al memorial y escribió tres líneas en el libro de visitas.

Posteriormente caminó al Palacio de Gobierno donde fue recibido por Raúl Castro. Al término de su encuentro darán un mensaje a los medios.

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Milenio
Juan Pablo Becerra-Acosta
Enviado / La Habana, Cuba
Lunes 21 de marzo de 2016.

Topo Chico: El infierno de unos, el paraíso de otros

El presidente del PRD, Agustín Basave Martínez, pidió que el motín del penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, no se vea como un hecho aislado y se tomen medidas, pues las cárceles en México “son unas bombas de tiempo”.

Cada vez que hay un problema de estos se toma como un hecho aislado y se hace algún escándalo mediático, pero ahí queda. El problema es de mucho más fondo, el problema exige que se tomen medidas muy radicales para el manejo de los centro penitenciarios”, enfatizó Basave.

En ese sentido dijo que muchos de estos centros son controlados por los prisioneros, sobre todo por quienes son los más peligrosos e incluso los visitadores han sido recibidos con armas de fuego por los internos.

Hay casos patentes, flagrantes, de cómo los propios internos, los presos, controlan las cárceles. Todo se paga, todo se compra, por todo se les cobra”, argumentó.

Expuso que mucha población recluida, incluso la mitad de ella, no está sentenciada y son los mismos reos quienes padecen las consecuencias; específicamente aseguró que quienes murieron en Topo Chico, ubicado en la entidad gobernada por Jaime Rodríguez Calderón, se encontraban en esta situación.

Hubo quienes dijeron, bueno pues, se mataron entre ellos, son criminales, como si no tuvieran derechos humanos. Pero además, como digo, muchos de ellos ni siquiera estaban sentenciados. Ese es un problema gravísimo”, apuntó.

Topo Chico: El infierno de unos, el paraíso de otros

Un siniestro puso al descubierto la corrupción que imperaba en el penal, donde se consentía a los criminales con comida, bar, aire acondicionado y sauna

Monterrey.- Aunque vivían privados de su libertad, detrás de rejas y con altas bardas que los aislaban del exterior, los presos del penal del Topo Chico tenían lujos que no poseen el común de los ciudadanos.

Con baños sauna, minisplit, frigobar, parrillas eléctricas, un acuario, caminadora para ejercitarse, colchones de alta calidad y habitaciones con acabados, así vivían en el interior del centro penitenciario.

El Gobierno de Nuevo León difundió unas imágenes de las celdas de algunos de los reclusos del Penal, en donde la noche del miércoles se registró una riña que costó la vida de 49 internos y otros  12 resultaron lesionador.

Los hechos sangrientos fueron por la lucha de poder, por el dominio dentro del penal. Los líderes están identificados como Jorge Iván Hernández Cantú “El Credo” y Juan Pedro Saldívar  Farías, “El Z-42”.

Esos dos personajes eran quienes gozaban de más privilegios ante, presuntamente, la mirada consentidora de la propia directora, Gregoria Salazar.

La funcionaria ya se encuentra detenida por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.

La celda de “El Credo” era de grandes dimensiones, en las imágenes difundidas luce incendiada como quedó tras la riña, sin embargo era amplia y lujosa.

En la de "El Z-42" se observa un minisplit y un espacio para su propia regadera y sanitario. Las paredes están recubiertas de azulejo.

No se específica en cuál de las celdas, pero también se detectaron un sauna, un acuario y una caminadora.

Comida y bebidas dentro del penal

Se informó que dentro del centro penitenciario se desmantelaron 280  puntos semifijos de venta de abarrotes y alimentos que eran operados por el crimen organizado, de manera directa o mediante el cobro de piso.

Lo más sorprendente es que tenían un bar con techos con pinturas con una imagen de la Santa Muerte y otra de una calavera.

La construcción tenía acabados de yeso en forma de molduras y áreas recubiertas de azulejo. Las paredes pintadas de color claro.

Familiares de las víctimas, que no quisieron revelar sus nombres por temor a represalias, dijeron que las autoridades siempre estuvieron al tanto de la corrupción en el penal.

“La directora ya está tras las rejas y está bien porque ella siempre supo lo que pasaba. No era ignorante de los lujos de unos y las golpizas que les daban a otros porque no tenían para pagar la cuota por protección”, señaló una  mujer de unos 50 años.

Le pedían a la Santa Muerte

La intervención del estado, a través de Fuerza Civil retomó el control del Penal del Topo Chico, y entre lo que desmantelaron también se encontraban altares a la Santa Muerte.

La Santísima, como también se le conoce, la tenían en cuadros y también en figuras de bulto.

“La gente que se dedica a la venta de droga le pide mucho a la Santa Muerte que los cuide mucho de sus enemigos, por eso tenían sus altares”, mencionó la entrevistada.

Expuso que a “La Niña” le ponen ofrendas de vino, manzanas, tabaco, veladoras y hasta dosis de droga como mariguana y cocaína.

“Las ofrendas son a cambio de los favores que se le solicitan”, reveló.

Excélsior
Aracely Garza/Corresponsal
Monterrey, Nuevo León, Mx.
Lunes 15 de febrero de 2016.


El fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, informó a familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, que tras la ubicación y aseguramiento de un rancho en el municipio de Tlalixcoyan, expertos en materia forense y criminalística de la Policía Federal recolectaron restos óseos así como manchas hemáticas, mismos que fueron sometidos a un riguroso análisis genético.

Durante un encuentro al que asistió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, los padres fueron informados sobre dicho hallazgo.

El funcionario detalló que al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos.

Campa Cifrián ratificó su compromiso con los familiares de informar cualquier avance en las indagatorias, además, informó que continuará la búsqueda y el proceso de acompañamiento a las familias, hasta completar todo el proceso de investigación y castigo a los responsables.   

SDP Noticias
Ciudad de México
Lunes 08 dde febrero de 2016.

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