La Comisión Inspectora detectó en la Auditoría Superior del Estado (ASE), durante el periodo de David Villanueva Lomelí, una incorrecta fiscalización de los recursos públicos, ya que incumplió de manera sistemática con el porcentaje de muestreo mínimo en las revisiones, dejando sin auditar miles de millones de pesos.

Lo anterior consta en un estudio que elaboró la Comisión Inspectora, la cual propuso al Congreso de Puebla la aprobación de un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que inicie una revisión integral de la actuación de la ASE en el periodo de 2011 a 2019, correspondiente al mandato de Villanueva.

En entrevista, Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidente del órgano legislativo, aseguró que una auditoría de la ASF comprobaría las inconsistencias detectadas y tendría que derivar en la imposición de sanciones contra los responsables, entre quienes podría encontrarse su extitular, aunque éste dejó el cargo en abril pasado.

David Villanueva encabezó el órgano fiscalizador del estado durante los gobiernos del PAN y dejó el cargo en abril para incorporarse a la Cámara de Diputados como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

El exhorto que aprobó la Comisión Inspectora para solicitar la auditoría integral se turnó al pleno del Congreso para que autorice,en sesión pública, el envío del documento a la Auditoría Superior de la Federación.

No hubo control sobre la autoridad

El estudio que elaboró la Comisión Inspectora señaló que existe poca efectividad en las funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos hacia las dependencias estatales, paraestatales, ayuntamientos y paramunicipales, e inclusive de los titulares del Poder Ejecutivo de los años recientes, en alusión a las administraciones panistas de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad.

Responsabiliza de los errores y deficiencias al quien fue titular de la ASE entre 2011 y 2019, a los auditores especiales y a los integrantes de la estructura de fiscalización denominados auditores externos.

Sobre los auditores externos se añade que los recursos que destinan las administraciones estatales y municipales a su contratación es mayor al presupuesto anual de la ASE, pese a que no les ayuda a arrojar mejores resultados.

En el documento también se critica que el proceso de fiscalización en muchas ocasiones abarca más de una década de trabajos de los servidores públicos de las distintas áreas de la auditoría y, por regla general, termina sin recuperar ni resarcir los recursos que han sido mal aplicados, desviados, e incluso sustraídos del erario.

“Es una generalidad que cada involucrado (en una auditoría) lo que obtiene es ser absuelto por la misma, con la consecuente aprobación, en ocasiones en tiempos récord y totalmente irreales, de las cuentas públicas, sobre todo en el caso del ayuntamiento de la capital, y del Poder Ejecutivo y sus dependencias”, se señala.

Sobre el porcentaje de muestreo mínimo en las revisiones, Olga Lucía Romero explicó que los lineamientos establecen la obligación de auditar más de 70 por ciento de las obras públicas, cuando lo máximo que cumplió la ASE fue 30 por ciento.

Además, consideró alarmante que los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades se han resuelto sin contar con la documentación y evidencias suficientes que soporten las irregularidades detectadas, y cuando se propone la aprobación de cuentas públicas tampoco se tienen pruebas de que los sujetos obligados subsanaron las observaciones.

La Comisión Inspectora concluyó que “ésta evidente falta de transparencia y de actuar oportuno no se le puede permitir a un ente fiscalizador ni a ninguna dependencia de carácter público”.

La Jornada
de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Viernes 15 de noviembre 2019.


Advierten investigación al extitular de la ASE y sus subordinados por solapamiento


Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia amagaron con investigar al extitular de la David Villanueva Lomelí, David Villanueva Lomelí, por no revisar el 60 por ciento de obras construidas en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Gabriel Biestro Medinilla (Morena), Raymundo Atanacio Luna (PT) y Miguel Trujillo de Ita (PES) coincidieron en que el gran número de proyectos sin auditar apunta a un solapamiento intencional que rayaría en lo ilegal.

En entrevistas por separado pugnaron porque no quede impune la omisión del ex auditor, designado el 30 de abril como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2019-2023.

Un informe presentado por la Comisión Inspectora del Congreso del estado el viernes, reveló que Villanueva Lomelí no revisó el 60.3 por ciento (5 mil 299) de las 13 mil 332 obras que se llevaron a cabo en los ocho años de gobiernos panistas.

Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta de la comisión, señaló que las obras que no se auditaron equivalen 33 mil 121 millones 911 mil 288 pesos.

Ven solapamiento

Trujillo de Ita alertó que a “ojo de buen cubero” resulta evidente un solapamiento intencional de la ASE hacia los gobiernos panistas, por la enorme cantidad de obras que no se fiscalizaron.

El vocal de la Inspectora sentenció que Villanueva Lomelí no actuó solo, sino que sería parte de un entramado de funcionarios que se hicieron de la “vista gorda” a cambio de algo.

Por ello consideró que una investigación por parte del Congreso del estado no es opcional, sino un acto de “responsabilidad”.

Atanacio Luna destacó el hecho de que Villanueva Lomelí estuvo al frente de la ASE precisamente el tiempo que duraron los gobiernos panistas y renunció meses antes de concluir su gestión tras recibir el nombramiento en la Cámara de Diputados.

Recordó que durante su gestión las cuentas públicas de Moreno Valle y Gali Fayad se aprobaron de inmediato y sin observaciones, a pesar de los cuestionamientos que caían de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como vocal de la Inspectora también vio necesaria la investigación y, de cara a la renovación de la ASE, planteó retirar el fuero constitucional a los auditores.

Biestro Medinilla vio también sospechosa la omisión de auditorías y consideró que se deben deslindar responsabilidades.

De acreditarse el solapamiento intencional, el también presidente del Poder Legislativo advirtió que es posible la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en este tipo de actos.

Hasta inhabilitación puede caer

La Constitución del estado prevé para los funcionarios culpables de anomalías la amonestación, suspensión del cargo, destitución o inhabilitación de varios años para ejercer otro cargo público.

De acuerdo con el artículo 125, un ex auditor puede ser juzgado incluso un año después de haber dejado el cargo y las sanciones pueden validarse hasta un año después de abrirse la investigación.

Violaciones graves a la Constitución, manejo indebido de fondos y recursos del estado, actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, actos de corrupción o actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia son algunos motivos por los que se puede castigar a un servidor público.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Martes 10 de septiembre de 2019.


La titular de la Dirección General de Auditoría Forense, de la Auditoría Superior de la Federación, impartió una conferencia magistral en la BUAP


Tras señalar que el robo de identidad en México aumentó en 500 por ciento y que descubrir un fraude lleva en promedio 18 meses, Muna Dora Buchahin, directora General de Auditoría Forense, de la Auditoría Superior de la Federación, destacó el papel relevante de la auditoría forense en el tema, al tratarse de un enfoque técnico cuyo fin es examinar y revisar indicios, procesos y hechos.

Al impartir una conferencia magistral ante alumnos, académicos y funcionarios, entre éstos Óscar Gilbón Rosete, titular de la Tesorería General de la BUAP, y David Villanueva Lomelí, auditor Superior del Estado de Puebla, la doctora Buchahin explicó que es difícil detectar a los defraudadores. Sin embargo, una planeación puede determinar acciones preventivas y establecer líneas de investigación para conocer cómo operan éstos.

Más tarde, indicó que en una auditoría forense se revisa que los documentos sean verídicos y que los recursos se apliquen de manera correcta; en estos procesos, la corrupción es uno de los temas recurrentes. Tal es el caso del fraude ocupacional, en el que se usa la propia ocupación para el enriquecimiento personal, a través de malversación de activos y declaraciones fraudulentas.

En este sentido, la auditoría debe vincularse a fraudes y actos corruptos, para prevención y disuasión. Su proceso se caracteriza por planeación, desarrollo, informe, dictamen y denuncia de hechos. “El 80 por ciento de las auditorías depende de una excelente planeación, el porcentaje restante de los especialistas”.

Por tal motivo, la titular de la Dirección General de Auditoría Forense señaló que se necesita un equipo multidisciplinario conformado por abogados, contadores, ingenieros, informáticos, ingenieros en sistemas y programadores, entre otros especialistas, ya que de acuerdo con el caso dependerá el perfil.

Para formar especialistas en auditoría forense es necesario fortalecer habilidades y conocimientos especializados, tener una capacitación apropiada y certificaciones internacionales, con el objetivo de que desarrolle aptitudes cognitivas para la identificación de operaciones inusuales o sospechosas.

Lamentablemente, en el país sólo existen 137 personas certificadas en materia de fraude, por lo que la doctora Muna Dora Buchahin expuso que se necesita establecer un frente común para promover mejores prácticas.

Por otra parte, Manuel Molina Parral, experto en tecnología de datos y cómputo forense, habló sobre técnicas y herramientas de tecnología de la información para apoyar la investigación de fraudes.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Lunes 23 de mayo de 2016.


Por cuarto año consecutivo se realiza este diplomado, mismo que fue inaugurado por el tesorero General de la BUAP, Óscar Gilbón Rosete, y el auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí


Con el objetivo de formar profesionales encargados de la fiscalización superior, dotados para asumir la responsabilidad que implica la revisión, control y auditoría del gasto público, la BUAP y la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) dieron inicio a los trabajos del “Diplomado en Fiscalización Superior conforme a la Armonización Contable”, que en este año llega a su cuarta edición ininterrumpida.

Durante la ceremonia de inauguración, en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario, el titular de la Tesorería General de la BUAP, Óscar Gilbón Rosete, señaló que este diplomado permitirá a los expertos del área llevar soluciones concretas a problemas de la vida profesional, gracias a que revitaliza los contenidos a partir de las necesidades actuales.

Acompañado del contralor General de la BUAP, Héctor Granados Rodríguez, así como de la contralora Social de la Universidad, Aurora Parada Salomón, Gilbón Rosete destacó que en su edición 2016, este diplomado tuvo una exitosa recepción por parte de quienes trabajan en este campo, debido a que una de sus ventajas es que brinda a los participantes la oportunidad de interactuar de forma cercana con los expertos.

Por su parte, el auditor Superior del Estado de Puebla, David Villanueva Lomelí, agradeció al rector Alfonso Esparza Ortiz su compromiso con la profesionalización continua y la generación de sinergias con ese organismo.

Tras reconocer el trabajo de los equipos de la BUAP y la ASE para hacer realidad este diplomado que por cuarto año consecutivo se realiza, destacó que los temas a tratarse, sin duda, fortalecerán las capacidades de los participantes, a saber: vinculación entre la armonización contable y la fiscalización superior, presupuestos, registros, estados financieros, ingresos y egresos, transparencia, control interno, así como normativa federal para la utilización de fondos específicos.

Finalmente, Villanueva Lomelí expresó su certeza de que los conocimientos y habilidades que se generarán tendrán efectos positivos en lo personal y profesional de los participantes, por lo que los invitó a ponerlos en práctica, para que se traduzcan en un mejor desempeño de las instituciones gubernamentales, en un incremento de la confianza ciudadana y la rendición de cuentas claras para Puebla.

Dirigido a servidores públicos, académicos, auditores externos, así como colaboradores de otras entidades gubernamentales, personal de los municipios e interesados en el tema, el diplomado tiene una duración de cuatro meses. Su objetivo es proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para analizar, comprender y realizar ejercicios que les permitan incrementar sus conocimientos y habilidades, con el fin de que la fiscalización superior de los recursos públicos genere mejoras en la gestión y de este modo valor a la sociedad.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Viernes 1 de abril de 2016.

 

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