Ciudad de México .- Todavía revive el día en que los policías la empujaron hacia la parte trasera del autobús. Tres de ellos se colocaron sobre ella.

“Me arrancan el pantalón, me muerden los brazos, me levantan el suéter para que sólo me cubra los ojos, me muerden los labios, me penetran con sus dedos en la vagina, tomaban turnos para hacerlo”, dijo Norma Aidé Jiménez Osorio.

Ella estudiaba arte en ese entonces, fue testigo de las medidas extremas de la policía para acabar con un movimiento social en el pueblo de San Salvador Atenco en Estado de México hace once años. Después, se convirtió en su víctima.

Jiménez, ahora de 34 años, inició una lucha de una década para conseguir una justicia que pronto podría ser resuelta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos examina el caso de Jiménez y de otras diez mujeres que fueron abusadas sexualmente, torturadas y encarceladas; sus vidas fueron irrevocablemente alteradas.

En una acusación que se ha vuelto emblemática de las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía mexicana, las mujeres buscan que las personas que ordenaron extinguir las protestas y toleraron los abusos —un grupo que ellas afirman incluye a Enrique Peña Nieto, actual presidente mexicano, pero que entonces era gobernador del Estado de México— rindan cuentas.

Con las manos entrelazadas, Jiménez dijo en una audiencia el mes pasado que los golpes de la policía le rompieron los dedos de la mano y el dolor la había forzado a abandonar la escuela de arte. Todavía le cuesta dormir.

Bárbara Italia Méndez testificó cómo los policías la arrastraron a la parte trasera de un autobús, antes de que “el infierno comenzara”. Los agresores le arrancaron la ropa interior, agarraron sus senos y la golpearon con el bastón policial (tolete). La penetraron con los dedos y les llamaron a los agentes en el frente del autobús para que se unieran, dijo.

Al ser encerrada, a Méndez, ahora de 38 años, le negaron la atención ginecológica aun después de que ella denunciara el ataque sexual. Cuando un médico llegó para suturarle una herida que sangraba en la cabeza, ella afirma que él no usó anestesia.

Mientras gritaba por el dolor, el médico se rio y respondió: “Aguántate”.

El testimonio de cinco de las once mujeres fue escuchado en una audiencia en San José, Costa Rica, donde el tribunal tiene su sede. Se esperaba que el gobierno mexicano enviara sus argumentos finales, los cuales no se hacen públicos, a más tardar el domingo y se calcula que la corte dará a conocer una determinación el próximo año.

Al construir su caso contra Peña Nieto, el equipo legal de las mujeres, citaron testimonio por escrito que afirman que el mandatario —quien entonces era gobernador del Estado de México— dio ante la Suprema Corte durante una investigación en 2009. Peña Nieto no solo ordenó el operativo policiaco, afirman el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), sino que también “fue informado del abuso de los policías” en ese momento.

“Ante preguntas de qué acciones tomó en el momento de enterarse de esa situación, no menciona haber tomado ninguna medida concreta para hacer cesar los abusos ya en curso”, dijo una integrante del equipo legal.

El equipo legal no ofreció detalles sobre qué información tenía Peña Nieto y es imposible confirmar de manera independiente las declaraciones porque el testimonio ante la Suprema Corte no está disponible al público.

El gobierno mexicano, en una declaración por escrito emitida el lunes, rechazó la afirmación de que el ahora presidente sabía de los abusos. En la fase inicial para desalentar las protestas, indica el comunicado, “no se tenía evidencia concreta de la comisión de abusos o violaciones a los derechos humanos”. Señala que Peña Nieto ordenó una investigación sobre qué había ocurrido en cuanto él se enteró sobre lo sucedido.

“La Suprema Corte confirmó que la violencia en Atenco fue permitida y alentada por la cadena de mando”, dijo Stephanie Brewer, abogada del Centro Prodh y parte del equipo legal que representa a las once mujeres. Sin embargo, en su resolución final, la corte mexicana decidió no considerar como responsables a Peña Nieto ni a otros altos funcionarios.

El caso ha exhibido cómo la brutalidad policiaca es una práctica común en México y también revela la impunidad que los torturadores gozan frecuentemente cuando las víctimas intentan hacer que ellos y sus supervisores rindan cuentas.

En representación del gobierno mexicano en la audiencia, Miguel Ruiz Cabañas, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, admitió que el abuso había ocurrido. No obstante, argumentó que las mujeres no tenían “información objetiva” para demostrar que los golpes y la tortura habían sido realizados por una orden directa o que fueran una “estrategia estatal”.

En una aceptación de que el abuso había ocurrido, el gobierno mexicano ofreció pagar la reparación del daño a las mujeres en 2013. Las mujeres rechazaron el dinero y las becas, y ejercieron presión para que se realice una investigación completa.

Ruiz Cabañas rechazó el argumento de las mujeres de que los crímenes habían quedado impunes, al hacer referencia a lo que él llamó una “investigación exhaustiva” de parte de la Suprema Corte.

Sin embargo, aceptó que ni una de las 52 personas arrestadas por el caso de las mujeres de Atenco —en su mayoría policías y funcionarios carcelarios— habían sido condenadas.

“Ellas han pedido una investigación de todos los presuntos responsables”, dijo Ruiz Cabañas a los reporteros. “Nosotros sostenemos que esa investigación, si bien no está concluida, si está muy avanzada”.

El testimonio de Ruiz Cabañas pareció no convencer a los jueces, quienes solicitaron al gobierno mexicano explicar exactamente qué responsabilidad estaba aceptando y cómo, sin ninguna condena, el gobierno podía alegar que no había impunidad.

En su dictamen final, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ordenar al gobierno mexicano efectuar una nueva investigación, bajo ciertos lineamientos para examinar la cadena de mando de la policía, dijo Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el cual representa a las mujeres. Dicho dictamen podría generar nuevos problemas para el presidente Peña Nieto.

El caso se originó en 2006 durante un operativo policiaco violento para desalojar a vendedores de flores que protestaban en la plaza principal de San Salvador Atenco, una población en Estado de México, entidad ubicada alrededor de Ciudad de México.

Dos personas murieron y doscientas fueron detenidas en un enfrentamiento de dos días. De las doscientas, cuarenta eran mujeres que fueron empujadas dentro de autobuses y llevadas a cárceles ubicadas a varias horas de camino.

Al no poder obtener justicia en México, once de ellas llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El organismo estuvo de acuerdo con que las autoridades mexicanas no habían investigado el abuso adecuadamente. La comisión exigió una investigación más profunda y envió el caso a la corte.

Para las mujeres —algunas activistas y estudiantes, otras amas de casa o vendedoras que estaban en la plaza— la batalla legal ha sido psicológicamente extenuante.

Los detalles de los ataques, los cuales las mujeres describieron en entrevistas con The New York Times el año pasado, dibujan una imagen de abuso sistemático. Fueron violadas, golpeadas y penetradas con objetos metálicos. Una fue forzada a realizar sexo oral a varios policías. Otras fueron obligadas a contar chistes mientras eran atacadas.

La humillación continuó, cinco de las mujeres fueron acusadas por delitos menores y pasaron hasta dos años en prisión antes de que sus casos fueran eliminados.

Mientras las mujeres esperan la determinación de la corte, su lucha para lidiar con el trauma permanece.

“Ha sido un camino muy difícil porque no pude retomar mi vida después de los hechos”, dijo Claudia Hernández, ahora de 34 años, llorando, mientras testificaba el mes pasado.

Hernández estudiaba Ciencias Políticas en la UNAM en ese entonces y escribía su tesis sobre el movimiento social en Atenco.

“Me sentía sucia, humillada, que no tenía ningún valor”, dijo.

Hernández afirmó que todavía sufre de un trauma tan grande que no podría soportar tener hijos. Su pareja le insiste en que inicien una familia, pero ella teme que sus hijos podrían algún día enfrentar el mismo tipo de abuso, señaló ella.

“No puedo tomar ese riesgo”.

The New York Times
Paulina Villegas
Ciudad de México / Nueva York
Miércoles 20 de diciembre de 2017.


Estado colombiano le otorgó una indemnización a Jineth Bedoya Lima como víctima del conflicto armado, por aproximados 8 mil 400 dólares.

Austin, Texas.- Jineth Bedoya Lima, la periodista colombiana que el 25 de mayo de 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por parte de un grupo de paramilitares como represalia a su trabajo periodístico, devolvió formalmente la indemnización administrativa que el Estado colombiano le otorgó como víctima del conflicto armado.

“Señores del Estado, el daño que este conflicto armado me causó a mí y a mi familia no valen los 24 millones 640 mil pesos (colombianos) que me dieron. Mi reparación es la verdad, es lo único que pido. Ustedes me han revictimizado con sus mentiras, sus omisiones y su inoperancia”, dijo la periodista, de acuerdo con un reporte de la agencia colombiana Colprensa.

La periodista aceptó hacer parte del proceso de reparación liderado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pero dijo en su momento que “la reparación a la que tengo derecho nunca podrá ser usada como un mecanismo de justicia en mi caso”.

Según El Tiempo, Bedoya Lima siempre se negó a recibir la indemnización —equivalente a 8 mil 400 dólares estadunidenses— la cual estuvo por más de seis meses en un banco sin ser cobrada. Sin embargo, en 2014 cuando el gobierno decretó el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual aceptó recibir el dinero, agregó el diario.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) informó que la decisión de Bedoya Lima se fundamenta en la “enorme contradicción que existe desde las autoridades en el tratamiento de su caso”. De acuerdo con la Flip, el Estado asegura luchar la justicia, pero no acepta su participación en el crimen “cuando existen pruebas que señalan la responsabilidad de agentes Estatales en el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista”.

Por años la periodista ha exigido verdad y justicia en su crimen. Durante la más reciente audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —entidad que estudia su caso desde 2011— recordó que nunca se ha investigado la responsabilidad de agentes estatales en su crimen.

En esta audiencia, el Estado presentó como avances en el caso la indemnización que recibió la periodista, informó El Tiempo. También presentó las condenas contra los exparamilitares Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía como grandes avances.

“Nunca en todos estos años he recibido una sola ayuda humanitaria o de otra índole económica por parte de gobierno alguno o del Estado. Y por eso quiero ser consecuente con mis acciones”, dijo la periodista, reportó El Espectador.

“Hoy le devuelvo a ese Estado, que no ha sido capaz de encontrar justicia y verdad en mi caso, y en los miles de casos que como yo, hemos sufrido la violencia sexual, esa indemnización”.

La Flip, que representa legalmente a Bedoya Lima, aseguró que apoya esta decisión y exigió al Estado brindar garantías para que avancen las investigaciones penales “de manera que permitan juzgar y sancionar a las personas que hoy en día están vinculadas al proceso”. También le pidió a la CIDH que el caso siga avanzando para que pueda llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El crimen contra Bedoya

El 25 de mayo de 2000, Bedoya Lima fue secuestrada a la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá a donde había llegado para realizar una entrevista en el marco de una investigación sobre una red de corrupción al interior de las cárceles del país.

Tras ser torturada, la reportera fue abandonada cerca de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta (región central de Colombia).

En 2012, los delitos de los que fue víctima fueron declarados como crímenes de lesa humanidad por la Fiscalía General de Colombia, enmarcados en un contexto de violencia contra la prensa del país como “método de guerra”. No obstante, las condenas contra dos exparamilitares en 2016 son las únicas en su caso.

emeexis
Austin, Texas. EU
Centro Knight de
Periodismo para las Américas
Sábado 14 de mayo de 2016.

 

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