El primer gobierno que tuvo el PAN en Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, dio peores resultados para sus habitantes que la administración del PRI de Mario Marín Torres, de acuerdo con la encuesta que levantó en Puebla la firma Global Media.

Ante la pregunta “quién cree usted que ha sido el peor gobernador que ha tenido Puebla”, el 53 por ciento de los ciudadanos que participaron en el estudio señalaron a Moreno Valle, quien ha sido acusado por líderes políticos de oposición del PRI y Morena de pretender heredar el cargo a su esposa, Martha Érika Alonso Hidalgo, candidata al Poder Ejecutivo local de la coalición PAN-PRD-MC-CPP-PSI.

De acuerdo con la ficha metodológica, la encuesta se realizó del 13 al 27 de abril pasado a 4 mil personas de manera telefónica con un margen de error de 3.8 por ciento.

Mario Marín, cuya imagen ha sido utilizada por el PAN para atacar a Morena en el presente proceso electoral por incorporar como candidatos a ex priistas que fueron cercanos a ese ex mandatario conocido como el “góber precioso”, se llevó el 43 por ciento de las menciones.

La sombra de los ex gobernadores

Aunque Moreno Valle dejó la administración pública estatal el 31 de enero de 2017 y Mario Marín el 31 de enero de 2011, la percepción ciudadana que gira en torno a ellos ha sido motivo de debate entre dirigentes de partido y candidatos.

Un sector mayoritario de Acción Nacional, desde su presidente estatal Jesús Giles Carmona hasta el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, ha defendido al gobierno morenovallista, así como la postulación de Martha Érika Alonso, al considerarlos un factor de “transformación” en Puebla.

En tanto, el abanderado a la gubernatura de PRI, Enrique Doger Guerrero, declaró el 9 de marzo pasado que Moreno Valle dio peores resultados que Marín, por el incremento de la inseguridad y de la deuda pública que se registró en su sexenio (2011-2017).

Al debate su sumó Nancy de la Sierra Arámburo, candidata al Senado de la coalición Morena-PT-PES, quien es víctima de una campaña negra debido a que fungió como diputada del PRI en la administración marinista y tuvo como testigo de su boda al ex gobernador tricolor, quien recibió el mote de “góber precioso” por el escándalo Lydia Cacho en 2006.

Si le preguntan a los poblanos quién les dio mejores resultados como gobernador dirían que Mario Marín Torres, porque en su sexenio no hubo huachicol, feminicidios ni la persecución política, aseguró la aspirante el 9 de abril pasado.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla, México
Jueves 3 de mayo de 2018.


El Gobernador Javier Corral denunció que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretende cambiar a Alejandro Gutiérrez, presunto operador del PRI, a un Centro de Readaptación Federal para ponerlo en libertad condicional.

"Desde Monterrey, advierto de la treta que el Gob. Federal @PGR_mx ha puesto en marcha para tratar de poner en libertad condicional a Alejandro Gutiérrez Gtz. 1.- Cambiarlo a un penal federal para tenerlo bajo su control; 2.- Luego atraer caso "por tortura", con nueva Fiscalía", publicó esta tarde el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Corral agregó que el domingo ofrecerá una conferencia de prensa sobre esta estrategia del Gobierno federal.

El Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, informó a REFORMA que el también ex senador permanece recluido en el penal estatal.

Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, se encuentra preso en el Cereso Estatal número 1, en Aquiles Serdán, Chihuahua, por dos procesos penales de presunto peculado agravado.

El primero es por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la Administración del ex Gobernador priista César Duarte a través de empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas del 2016. Por esta investigación, Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva.

El segundo proceso es por haber recibido, una empresa propiedad de él, un millón 740 mil por servicios que nunca prestó y se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.

Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del 2017.

El pasado 20 de enero, el Gobernador Javier Corral emprendió en Ciudad Juárez la Caravana por la Dignidad que llegará a la Ciudad de México para reclamar dos propósitos: la extradición efectiva del ex Mandatario priista César Duarte y la entrega de 900 millones de pesos retenidos por la SHCP como represalia por la investigación que realizan a la red de corrupción de su antecesor.

Este sábado, el contingente cuyo lema es "Unidos con Valor" pasó por las ciudades de Saltillo y Monterrey.

Reforma
Ciudad de México
Pedro Sánchez Briones
Domingo 28 de enero de 2018.


PRD expulsa a su dirigente en Puebla; ella dice que no se le ha notificado


Puebla.- Como parte de los conflictos al interior del Partido de la Revolución Democrática, este día un Consejo Estatal de ese instituto eligió como dirigente estatal al morenovallista Carlos Martínez Amador, mientras que la diputada Socorro Quezada Tiempo dijo que al no ser aún notificada de su expulsión, se mantendrá al frente del PRD en Puebla.

En ruedas de prensa que dieron por separado ambos grupos, desconocieron mutuamente sus decisiones.

Por la mañana, el grupo de perredistas tradicionales que han mantenido una postura crítica al exgobernador Rafael Moreno Valle, presentaron a la delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Dulce María Arias Ataide, quien dijo que estará a cargo del PRD en Puebla durante el proceso electoral federal y local de 2018.

En este acto estuvo presente Quezada Tiempo, quien aclaró que aún no recibe formalmente la notificación de haber sido expulsada del PRD, por lo cual aseguró que el acto no tiene aún vigencia y por lo tanto se mantiene al frente del partido, lo cual fue avalado por la delegada Arias Ataide.

Arias Ataide confirmó que la Comisión Nacional Jurisdiccional no ha notificado a Quezada la decisión de expulsarla, por lo que sigue siendo la líder el sol azteca poblano.

“Nosotros tenemos una presidenta hasta este momento”, declaró la delegada, quien estuvo acompañada de perredistas de la corriente Alternativa Democrática, entre ellas la exdiputada Roxana Luna Porquillo.

En ese sentido, dijo desconocer el fundamento bajo el cual se llevaría a cabo una sesión del Consejo Estatal para elegir un nuevo dirigente.

Su nombramiento como delegada, acotó, se llevó a cabo el 2 de noviembre en la 36 Sesión Ordinaria del CEN del partido. “Desde el día de hoy hasta un día después de las elecciones en 2018, terminará mi función”, puntualizó.

A unas cuadras de ese lugar, el grupo perredista afín a Moreno Valle llevó a cabo dos sesiones extraordinarias del Consejo Estatal en el Hotel Barceló, en las cuales se decidió la designación de Martínez Amador como dirigente estatal, quien es director estatal del Colegio de Bachilleres de Puebla, y se tomaron decisiones con miras a los comicios locales del próximo año.

Jorge Benito Cruz Bermúdez, vicepresidente del partido, dijo que, tras la expulsión de Quezada Tiempo la semana pasada, procedía la designación de un nuevo dirigente del partido en Puebla. Aseguró que en la sesión que llevaron a cabo participaron 120 consejeros de las corrientes Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol y Galileo.

Entre los acuerdos tomados, se aprobó la plataforma electoral y se acordó encomendar a Martínez Amador iniciar pláticas con el PAN, Convergencia Ciudadana y otros partidos para conformar el Frente Amplio Ciudadano a fin de contender en los comicios locales de 2018.

Esta determinación abre la puerta para que el PRD se sume a la inminente candidatura panista de Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle, a la gubernatura.

Al ser cuestionados sobre los señalamientos de que el cambio de dirigencia obedecía a los intereses del ahora exmandatario Moreno Valle, la consejera nacional Martha Dalia Gastélum, aseguró que las decisiones tomadas en el consejo son de orden institucional y fueron acordadas por el “perredismo auténtico”. “Esto no es una cuestión de Moreno Valle”, manifestó.

Martínez Amador señaló que la expulsión de Quezada Tiempo del partido es un hecho y no es necesario que se le haga efectiva la notificación. Además, afirmó que su designación no se contraponía al nombramiento de Arias Ataide como delegada, por lo que este lunes acudirá a las instalaciones del partido a tomar posesión de las instalaciones.


PRD expulsa a su dirigente en Puebla; ella dice que no se le ha notificado


La diputada Socorro Quezada Tiempo aseguró que aún no recibe la notificación sobre su supuesta expulsión del Partido de la Revolución Democrática (PRD), determinada ayer por la Comisión Nacional Jurisdiccional del instituto político.

El partido anunció que designará a un nuevo dirigente este domingo 5, sin embargo, la legisladora poblana convocó a una rueda de prensa el lunes 6 en las instalaciones del sol azteca, para dar a conocer su postura.

La expulsión de Quezada Tiempo daría paso a que el grupo del exgobernador Rafael Moreno Valle tome el control del partido en Puebla, ya que al interior se da por hecho que el domingo se elegirá a un militante cercano a aquel, y entre ellos se menciona al dirigente a Carlos Martínez Amador, director general del Colegio de Bachilleres, y al exregidor Arturo Loyola González.

La expulsión de la legisladora deriva de una queja que presentó en su contra Enrique Rivera Martínez, representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por supuesta traición al partido ante las críticas que hizo a la dirigente nacional, Alejandra Barrales, por la alianza que acordó con el Partido Acción Nacional (PAN).

Otro de los señalamientos que se le hicieron fue por manifestar su respaldo al senador experredista Luis Miguel Barbosa, virtual candidato de Morena a la gubernatura.

Además, hace una semana Quezada Tiempo criticó en las redes sociales a Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle, quien se perfila como candidata del PAN a la gubernatura para los comicios del próximo año.

La legisladora censuró a Alonso Hidalgo porque unos días antes inició una campaña contra los femicidios y desaparición de mujeres, y luego se reunió con el alcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, quien tiene una denuncia por violencia política de genero contra dos regidoras.

Aparte, Quezada Tiempo mantuvo una postura crítica contra el gobierno de Moreno Valle en temas como corrupción, presos políticos, espionaje y otros, y por lo mismo se manifestó públicamente en contra de una alianza electoral del PRD con el PAN.

De hecho, presentó una denuncia en contra de militantes de su partido ligados al morenovallismo que en los comicios de 2016 operaron públicamente a favor del candidato del PAN a la gubernatura, Antonio Gali Fayad. Su queja no prosperó.

Martínez Amador, quien se perfila como posible dirigente estatal del PRD en sustitución de Quezada, ha sido acusado por trabajadores del Colegio de Bachilleres por afiliar sin consentimiento a trabajadores, o por obligarlos a hacerlo mediante amenazas laborales.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Domingo 5 de noviembre de 2017.


•    Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

•    Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) lo cesó de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivo el despido, la PGR refirió que Santiago Nieto Castillo “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia que se encuentra acéfala tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Fue el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien “actuando en suplencia del Procurador General de la República”, informó de la decisión.

El miércoles pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con el hasta hoy titular de la FEPADE en la que afirmó que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

Y es que en agosto pasado la dependencia abrió una carpeta para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht se destinó al financiamiento de la campaña del PRI.

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte.

“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto al diario Reforma.

Según Nieto Castillo, la FEPADE prepara una acción penal contra quienes resulten responsables si se comprueba un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI.

Entre los elementos de esa investigación estarían cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.

Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

Empresarios, activistas e integrantes de organizaciones ciudadanas reprobaron la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y calificaron la decisión como vergonzosa, cínica y sospechosa.

“Huele, y mucho, a represalia política, y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”, expresó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien dijo que se trata de una decisión muy delicada.

La medida pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht, secundó la presidenta del Consejo Rector de la organización, María Marván Laborde.

“El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un Fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para el 2018”, denunció en sus redes sociales la exconsejera del Instituto Nacional Electoral.

Añadió: “Qué vergüenza y qué tristeza de País. Se cesa a un Fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel ¿de qué tamaño es Odebrecht?”.

Por su parte, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, fundador de AHORA, destacó que la remoción de Nieto es “una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”.

Es muy grave porque se registra después de que el fiscal de delitos electorales reveló las presiones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012, subrayó.

A su vez, el activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.

Y el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que la destitución del fiscal es un signo de intolerancia y del “neoautoritarismo” que está surgiendo en el país.

Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Senadores de oposición cuestionaron la destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que corresponde al Senado objetar o ratificar a quien desempeñe ese cargo en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la Constitución en el artículo 102, párrafo VI.

El propio Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que acudirá al Senado “en términos de la Constitución”.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, advirtió el abogado, designado por la mayoría de los senadores como titular de la FEPADE a raíz de la reforma constitucional de 2014.

El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, subrayó que el gobierno debe dar una “explicación puntual” de la remoción de Santiago Nieto, quien se convirtió en un funcionario “incómodo” por haber actuado contra personajes ligados al PRI en las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Herrera recordó que también por la acción de Santiago Nieto, el exsenador del Partido Verde y entonces subsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar, fue consignado ante un juez en 2015 acusado de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios de ese año.

A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, aclaró que la destitución de Nieto Castillo se inscribe “en un conjunto de hechos que pronto irán corroborándose”.

Entre esos hechos señalados por Barbosa Huerta destacan la averiguación previa en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e implicados en el presunto desvío de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del 2012.

“De todos es conocida la cercana amistad de Emilio Lozoya con el presidente Enrique Peña Nieto y sus vínculos políticos y económicos que ponen a Lozoya como uno de los hombres más poderosos del sexenio y por tanto su condición de intocable”, fustigó Barbosa.

El senador poblano también vinculó el caso Odebrecht con la dimisión del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.

“No presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht”, reveló Barbosa.

La senadora Dolores Padierna recordó que el fiscal Santiago Nieto llevaba “casos emblemáticos” de corrupción vinculados a los comicios y presunta triangulación de recursos públicos, como fueron el caso de OHL en el Estado de México, el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua acusado de desviar recursos de la burocracia a la campaña del PRI, o el caso de la diputada local veracruzana Eva Cadena, que recibió sobornos presuntamente para Morena.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Viernes 20 de octubre de 2017.

Partido tranza, corresponsable de la corrupción de los gobernadores estatales

Senadores de Morena pedirán al Instituto Nacional Electoral (INE) la disolución del PRI por los desvíos de recursos públicos de los estados de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo a sus arcas.

Los legisladores aseguraron que las autoridades electorales deben actuar para sancionar de manera definitiva al tricolor, luego de las denuncias que se han registrado y que, incluso, han derivado en investigaciones de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

"Exigimos que el INE abra una investigación con el propósito de decretar la disolución del PRI como partido político", informó el vicecoordinador de Morena, Miguel Barbosa.

"En cualquier sistema de partidos de cualquier país del mundo un partido al que se le acredita esta condición tiene como sanción su disolución".

REFORMA reveló que los ex Gobernadores Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; y Roberto Borge, de Quintana Roo, desviaron recursos del erario para aportarlos al PRI o a las campañas de sus candidatos.

El veracruzano Javier Duarte es acusado de desviar unos mil 300 millones de pesos a la campaña de Héctor Yunes Landa, candidato del tricolor a la Gubernatura de la entidad en 2016.

En Chihuahua, por testimonios de ex funcionarios locales, se documentó que el ex Gobernador Cesar Duarte entregó más de 330 millones de pesos para la campaña del candidato tricolor a la Gubernatura de Chihuahua, Enrique Serrano.

En el caso de Quintana Roo, los fiscales indagan a Mauricio Góngora, ex candidato del PRI a la gubernatura, por recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral.

Barbosa anunció que también exigirán a la PGR que se finquen responsabilidades penales en contra de los dirigentes estatales y nacional del tricolor, Enrique Ochoa, por la complicidad en la recepción de recursos de origen ilícito.

"Retamos a Enrique Ochoa a que siga hablando de honradez y que siga hablando en contra de otros partidos políticos, que salga y dé la cara y hable y explique y que en todo caso se determine también la responsabilidad de Enrique Ochoa en estos actos por el tiempo que ha sido el dirigente nacional", señaló.

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Miércoles 21 de junio de 2017.


El secretario de Desarrollo Social del estado, Gerardo Islas Maldonado, negó que la entrega de tinacos azules realizada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle en pleno año electoral enfrente observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); no obstante, los reportes del máximo órgano fiscalizador del país desmienten esa versión, ya que identificó un posible daño a la hacienda pública en el manejo de 61 millones 928 mil pesos.

El interés de Islas por ocultar las inconsistencias detectadas en la operación del Programa Estatal de Tanques de Agua Potable para Viviendas no se quedó en un pronunciamiento público, pues el 14 de octubre de 2016 la dependencia a su cargo aprobó la reserva del expediente completo para que ningún ciudadano pueda acceder al mismo mediante solicitud de información.

La administración anterior del PAN convirtió el reparto de tinacos en política pública durante la contienda por la gubernatura de 2016, razón por la cual los partidos de oposición del PRI y Morena denunciaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) el manejo político de ese beneficio.

Al comparecer ante el Congreso de Puebla el 18 de enero pasado, Gerardo Islas dio a conocer que se distribuyeron más de 57 mil tanques de agua con un valor superior a los 103 millones de pesos, por lo que diputados del tricolor estimaron un sobrecosto de 26 por ciento, pues la administración invirtió 2 mil 65 pesos por unidad, cuando en las tiendas minoristas se ofrecen a un valor de mil 629 pesos.

 Documentos de la ASF exhiben anomalías en el programa

La ASF investiga la operación del Programa Tanques de Agua Potable debido a que el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla utilizaron recursos de dos fondos federales para financiarlo: el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM–DF).

Con base en la auditoría 1229, dada a conocer en febrero pasado, el órgano fiscalizador del país concluyó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) pudo incurrir en daño o perjuicio a la hacienda pública federal en el manejo de 40 millones 775 mil pesos del FISE, debido a que los destinó a la compra de tinacos azules dentro de un procedimiento que reportó como no concluido, pese a que los periodos de ejecución de contrato finiquitaron el 8 de agosto de 2016, antes de la inspección de la ASF.

Los 40 millones 775 mil pesos del FISE representan 49 por ciento de la inversión total de 82 millones 751 mil pesos que la Sedeso destinó a esa acción identificada con el número de obra 20150935.

También enfrenta observaciones de la ASF el ayuntamiento de Puebla debido a que financió la entrega de tambos en la capital del estado al firmar un convenio con la administración de Moreno Valle, en el que comprometió 21 millones 153 mil pesos del FISM–DF.

“El municipio no dispone de la documentación que ampare los trabajos realizados, lo que impidió realizar la visita física y verificar el beneficio directo a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social”, concluyó la ASF en la auditoría 1252.

El órgano fiscalizador informó que la Contraloría Municipal de Puebla inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos ante la falla cometida en la comprobación del gasto y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 09/2016. Sin embargo, la ASF aclaró que la investigación de la Contraloría no es suficiente para solventar las observaciones, por lo que queda pendiente la aclaración de un monto total de 109 millones 873 mil pesos, que corresponde a los recursos del FISM–DF que el gobierno capitalino aplicó en 16 convenios con el gobierno estatal, dentro de los cuales se encuentra el de Programa Tanques de Agua Potable.

Repartición quedó en manos de operadores electorales, denuncian

El periodista Fermín Alejandro García evidenció los problemas que enfrenta la Sedeso para solventar el manejo de recursos federales el 24 de abril pasado, en la columna “Cuitlatlán”, que se publica en La Jornada de Oriente, donde señaló que las dificultades para comprobar la correcta utilización del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades surgieron porque la repartición de los tambos quedó en manos de operadores electorales del Partido Acción Nacional que en la mayoría de las ocasiones los regalaron sin que mediara algún justificante.

“Por tanto, no se tienen las listas de todos los beneficiarios y obviamente no se cuenta con el soporte para justificar por qué se les dio esos depósitos (…) a quienes se agraciaron con los mismos”, expuso el columnista.

Ese mismo 24 de abril Gerardo Islas dio respuesta a este diario a través de su cuenta de twitter, en donde rechazó que su dependencia tenga pendientes con la auditoría superior por el manejo de Tanques de Agua Potable para Viviendas.

“En el pliego de observaciones de la #ASF de febrero no realizó a @SedesoPuebla observación alguna respecto a la operación de este programa”, afirmó el funcionario federal, quien llegó a la secretaria el 20 de julio de 2016, tras fungir como presidente del Partido Nueva Alianza (Panal), posición desde la cual operó el triunfo del PAN en la elección gobernador de ese año, fuerza política aliada del Panal en Puebla desde 2010.

Menos de tres meses después de su incorporación a la Sedeso, la dependencia aprobó la reserva del expediente según el índice de acuerdos de clasificación al que tuvo acceso el portal de noticias Status Puebla. La secretaría justificó la decisión en que el programa está bajo auditoría de la ASF dentro de la cuenta 2015, por lo no entregará datos del mismo hasta que concluya esa revisión.

La Jornada de Oriente
Ciudad de Puebla, México
Martes 9 de mayo de 2017.


El detenido empresario Marcelo Odebrecht afirmó haber entregado esta suma al ex presidente de Brasil entre 2012 y 2013


El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora Odebrecht, declaró ante la Justicia haber pagado 13 millones de reales (unos 4,15 millones de dólares) en efectivo al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva entre 2012 y 2013, informaron medios locales.

Marcelo Odebrecht, preso desde junio de 2015, declaró este lunes ante el juez federal Sérgio Moro, responsable de las investigaciones del gigantesco caso de corrupción en Petrobras, que Lula es en realidad el beneficiario de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de la empresa bajo el nombre de "amigo".

Se trata de la primera declaración del ejecutivo ante la justicia tras haber llegado a un acuerdo para delatar la trama de corruptelas alrededor de la petrolera estatal Petrobras a cambio de tener una rebaja en la condena.

Aunque su testimonio está bajo sigilo, fue filtrado a los medios de comunicación. Según las informaciones, Odebrecht aseguro haber entregado el dinero a Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, en pagos realizados entre 2012 y 2013.

El empresario también explicó que hizo varios pagos al Instituto Lula, que dirige el expresidente, para la compra de un terreno en el que debía construirse un edificio en el que la entidad tendría su sede.

Además, también habría entregado 50 millones de reales (cerca de 16 millones de dólares) para la campaña electoral en 2010 de Dilma Rousseff, ahijada política de Lula y sucesora suya en el cargo (2011-mayo de 2016), mediante el entonces ministro de Hacienda, Guido Mantega.

Odebrecht declaró que otros nombres que aparecían en la libreta de contabilidad del grupo, como "post-italiano" e "italiano", eran Guido Mantega y Antonio Palocci respectivamente.

Palocci, quien fue ministro con Lula y Rousseff, era el principal interlocutor del Gobierno con el grupo Odebrecht, según el empresario, y fue sustituido en la función por Mantega.

Odebrecht declaró en un proceso contra Palocci, acusado de usar su influencia en el Gobierno para favorecer los intereses de la constructora Odebrecht, la mayor de Brasil, y de la que habría cobrado 128 millones de reales (40 millones de dólares).

Tras conocer las acusaciones, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y dijo que el exmandatario no comentaría ninguna declaración bajo sigilo en la Justicia "filtrada selectivamente y de forma ilegal".

Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión en uno de los procesos vinculados a la gran red de corrupción en Petrobras, en la que la constructora que dirigía es una de las más salpicadas por los desvíos.

Según investigaciones policiales divulgadas hoy por la prensa, el grupo Odebrecht, causó daños por valor de 5.684 millones de reales (unos 1.810 millones de dólares) en 11 contratos inflados firmados con Petrobras entre 2003 y 2014.

La mayor constructora de Brasil participó de un "cartel" con otras 15 importantes constructoras del país para hacerse con las licitaciones de manera fraudulenta de Petrobras, según ha descubierto la investigación.

Las autoridades comprobaron que ese exclusivo grupo obtenía contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la petrolera estatal y partidos políticos que amparaban la práctica y legislaban a favor de estas empresas.

El caso Petrobras investiga el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil desde hace tres años y por la que han sido detenidos decenas de empresarios y políticos debido a su participación en la red de corrupción destapada en el seno de la petrolera estatal.
 
EFE
Brasil
Martes 11 de abril de 2017.


La firma de construcción dio sobornos a través de cuatro continentes en 12 países e implicó a presidentes para obtener contratos de obras de infraestructura.

Buenos Aires. - Es el mayor escándalo global de corrupción de la historia moderna.

Su red de sobornos se extendió por cuatro continentes, implicó a presidentes e involucró a 12 países. También provocó la mayor multa jamás emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: 3,500 millones de dólares.

En el centro de este escándalo está una empresa que pocos en Estados Unidos reconocen: Odebrecht.

Con sede en Brasil, Odebrecht es la mayor constructora de Latinoamérica. Distribuyó casi 800 millones de dólares en sobornos a individuos entre 2001 y 2016. Algunos sobornos se filtraron a través de Estados Unidos.

Los investigadores están determinando si los sobornos se extendieron a contratos de construcción para los Juegos Olímpicos de Río de 2016 y la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Algunos expresidentes latinoamericanos enfrentan un posible tiempo de prisión por supuestamente estar involucrados en los sobornos y uno ha desaparecido.

Este mes, un juez de los Estados Unidos determinará si Odebrecht debe pagar la multa récord anunciada en diciembre. La multa podría ascender a 4,500 millones de dólares.

Odebrecht, que se declaró culpable, dice que no puede pagar esa cantidad.

La mayoría de sus sobornos fueron pagados para obtener contratos de gobiernos para construir carreteras, puentes, presas y carreteras.

Los funcionarios de Odebrecht enviaron dinero en efectivo a todo el mundo, de una cuenta bancaria fraudulenta a otra, en dirección a bolsillos de políticos de una docena de países, entre ellos México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y Mozambique.

Los sobornos a veces pasaban por hasta cuatro cuentas bancarias fantasma antes de llegar al destino final, según el acuerdo de culpabilidad de la firma con funcionarios de Estados Unidos.

La multa —coordinada por Estados Unidos, Brasil y Suiza— apenas marca el inicio de las penas financieras de Odebrecht. Varios países latinoamericanos están abriendo sus propios casos y podrían emitir más multas.

“Este caso es la investigación más importante y trascendental de crímenes de corrupción en la historia de la región”, dijo a CNNMoney Sergio Rodríguez, fiscal federal argentino que investiga a Odebrecht.

Los primeros signos de soborno surgieron hace tres años en una investigación brasileña llamada 'Operación Lava Jato', que llevó a la detención de un ejecutivo de Petrobras, la petrolera brasileña. Petrobras también desempeñó un papel destacado en el mercado de sobornos.

La investigación de corrupción a través de Petrobras y Odebrecht ha llevado a prisión a los políticos y empresarios más prominentes de Brasil. El escándalo es una razón central por la cual Brasil está en su peor recesión en la historia.

Un ejecutivo de Petrobras más tarde señaló nombres en un acuerdo de declaración de culpabilidad. Los investigadores descubrieron luego que Odebrecht replicó su modelo de soborno en la mayor parte de América Latina y África.

El caso continúa reverberando globalmente.

En marzo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, admitió que su campaña de reelección en 2014 aceptó una donación de Odebrecht. Santos dijo que no tenía conocimiento de su origen y pidió una investigación. Odebrecht recibió contratos de obras públicas del gobierno colombiano.

En febrero, la policía peruana invadió la casa del expresidente Alejandro Toledo por presuntamente aceptar un soborno de Odebrecht. Toledo negó los cargos a través de Twitter, pero ha desaparecido; se cree que está en Estados Unidos, y podría enfrentar una pena de prisión.

Recomendamos: De la corrupción de Odebrecht no se salvan los expresidentes de Perú... ni Cristo

BRASIL

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta la posibilidad de pasar un tiempo en la cárcel por presuntamente aceptar que Odebrecht pagara por la casa vacacional de su familia.

Su sucesora, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, fue destituida el año pasado por cargos separados, aunque el escándalo de corrupción masivo pesó sobre su remoción.

La semana pasada, el expresidente de la Cámara de Representantes de Brasil, Eduardo Cunha, recibió 15 años de prisión por —entre tres cargos— sobornos de lavado de dinero que involucraron a Petrobras, Odebrecht y a políticos.

El actual presidente de Brasil, Michel Temer, perdió a cinco de sus funcionarios desde que asumió el poder en mayo. Muchos de ellos renunciaron después de que surgieron las acusaciones de soborno relacionadas con Odebrecht.

El ex presidente ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión hace un año.

ARGENTINA

En Argentina, el fiscal federal Rodríguez está comenzando a investigar 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a los intermediarios que supuestamente dieron el dinero a los líderes del gobierno argentino. Él dice que no sabe cuántas personas están involucradas o cuánto tiempo tomará el caso.

Son probables más cargos a través de América Latina.

Para obtener menores penas de prisión, los funcionarios de Odebrecht lograron acuerdos por declararse culpables, al dar nombres y detalles sobre la amplitud del esquema durante testimonios a puertas cerradas.

Gran parte de sus testimonios aún están sellados, pero las filtraciones han revelado pistas sobre lo que está por venir.

La música podría parar para muchos más líderes de gobierno a través de todo el continente una vez que el testimonio completo se haga público más adelante este año.

“Los tentáculos potencialmente llegan más profundo en el gobierno brasileño”, dice Kathleen Hamann, abogada de la firma Pierce Atwood y exfuncionaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos, especializada en prácticas corruptas en América Latina. “El impacto interno es potencialmente muy grave”.

Ningún líder parece estar inmune a la investigación en América Latina, que durante mucho tiempo ha tenido una alta tolerancia a la corrupción.

La diferencia esta vez son dos cosas: 1) el alcance y tamaño sin precedentes del caso y 2) una ley clave aprobada en algunas naciones latinoamericanas llamada “responsabilidad corporativa”.

La responsabilidad corporativa significa que es más fácil para los investigadores hallar culpable a una empresa culpable en lugar de a sus empleados individuales. Eso aumenta la voluntad de una empresa para cooperar y seguir las reglas, porque los accionistas de la compañía quieren asegurarse de no perder su dinero.

Sin embargo, los fiscales se enfrentan a un problema difícil: podrían arriesgar los empleos de miles de trabajadores si Odebrecht se declara en bancarrota debido a una avalancha de multas, dicen los expertos.

No son solo sus propios empleados. La compañía hace negocios con muchas otras empresas en Latinoamérica que dependen de los negocios de Odebrecht.

Con las economías de muchos países en lucha por crecer, especialmente Brasil, con un desempleo récord, el deseo de los fiscales de proteger a los trabajadores podría permitir sobrevivir a Odebrecht.

“Nadie quiere que Odebretch quiebre... el gobierno quiere preservar puestos de trabajo”, dice Alexandre García, director asociado de Fitch Ratings en Brasil. ¿Sobrevivirá? Bueno, sí, pero la supervivencia no significa que no saldrá de esto más pequeña.

CNN Money
Patrick Gillespie Y Marilia Brocchetto
Buenos Aires / Brasilia / México/ EU.
Viernes 7 de abril de 2017.


Se investiga un soborno de esa empresa a una "paraestatal" mexicana por más de 10 millones de dólares

Petróleos Mexicanos informó que hace públicos cuatro contratos con la constructora brasileña Odebrecht, investigada por dar sobornos en gran parte del continente, incluidos México y una empresa estatal.

Según la investigación en los Estados Unidos, esta empresa dio sobornos a una paraestatal mexicana por más de 10 millones de dólares. Aunque el nombre de Pemex no aparece explícitamente en la indagatoria, la propia Pemex ha inciado denuncias ante PGR por este tema.

Mediante un comunicado, la empresa productiva del Estado informó que pone a disposición versiones públicas de los contratos con la constructora.

Se trata de:

a) Un contrato de suministro de Etano del 19 de febrero de 2010,

b) Otro por acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo Tula I, del 15 de febrero de 2014

c) Uno más por un proyecto conversión de residuales de la Refinería de Salamanca del 6 de noviembre de 2014 y

d) Otro por Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo, Tula II del 12 de noviembre de 2015

Dijo además la empresa que el lunes pasado la PGR notificó a Petróleos Mexicanos el requerimiento para que comparezcan diversos funcionarios y ex funcionarios de Pemex en calidad de testigos, a fin de continuar con el desahogo de las investigaciones.

"Dada la naturaleza de la investigación que se sigue y en atención al debido proceso, los nombres de las personas no podrán ser revelados por ahora", refiere.

El Universal
Mario Dorantes
Ciudad de México
Miércoles 5 de abril de 2017.


Detectan irregularidades millonarias en cuatro megaobras del panista Moreno Valle

•    Un universo de 400 ciudadanos sirvió como muestra para la realización de la encuesta, mayores de 18 años, con credencial para votar

La desaprobación ciudadana de la administración de Rafael Moreno Valle en Puebla finalizó el 31 de enero, su último día como gobernador, con 52.5% de los encuestados, que representó un aumento de 19.6 puntos porcentuales en relación a hace cuatro años; el promedio nacional de los 32 mandatarios quedó en 59.7% de desacuerdo, frente a 34.6% que se registró en mayo del 2013.

Según información de Consulta Mitofsky, la disminución en la aprobación ciudadana hacia todos los gobernantes de México, particularmente en el primer mes de este año donde enfrentaron enojos causados por el incremento del precio de la gasolina, afectaron a Moreno Valle, que finalizó con 45.7% de acuerdo ciudadano.

Esta cifra fue casi 20 puntos porcentuales menos que hace cuatro años y ocho puntos arriba del promedio nacional; así, el 31 de enero del 2017 fue “tal vez el inicio de su búsqueda de la candidatura del PAN a la presidencia de México”.

Al inicio del año en curso, 56.8% del grupo poblacional de 30 a 49 años en Puebla desaprobó su gestión, el porcentaje más elevado, mientras en el sector de 18 a 29 años la desaprobación fue de 56.7%; en tercer lugar, se ubicaron las locaciones rurales con 55.6% en desacuerdo.

De hecho, en los únicos grupos donde el coeficiente de desaprobación fue menor, se registraron en: sector de 50 y más años (42.4%) y nivel socioeconómico alto (47.6 por ciento).

PAN a la cabeza

La consultora precisa que ocho meses antes de esta medición hubo elecciones en Puebla con triunfo del PAN, y actualmente ese partido aventaja al resto en preferencia (21.9%), superando por ocho puntos al PRI.

La opción por el partido de Morena se coloca como el tercer lugar (10.0%), posición que no ocupaba en ninguna medición anterior en ese estado.

La población sujeta a estudio fueron mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar, residentes en Puebla en viviendas particulares, y las fechas de levantamiento fue del 27 al 29 de enero del 2017. El tamaño de muestra fue de 400 ciudadanos.

Detectan irregularidades millonarias en cuatro megaobras de RMV

Opacidad financiera

El segundo piso de la autopista, el Museo Internacional Barroco, la remodelación del estadio Cuauhtémoc y la línea 2 del metrobús son las megaobras del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas que enfrentan observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por posibles irregularidades en su ejecución que superan los 1 mil 400 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2015, la ASF halló en esos proyectos un incremento exponencial en el costo por no ajustarse a los precios pactados en los contratos, ausencia de permisos para su construcción, así como una planeación deficiente.

Irregularidades por 1.3 mil mdp en el segundo piso de la autopista
 
El segundo piso de la autopista concentra la mayor parte de los recursos observados a esas obras, ya que las inconsistencias ascienden a 1 mil 356 millones de pesos en pago de personal de seguridad y costos indirectos; pago de precios unitarios y costo de peaje.

segundo piso irregularidades

En relación a la tarifa, la ASF expuso que el costo por kilómetro es 14.5 por ciento más caro que el acordado en la concesión asignada a la empresa Obrascón Huarte y Laín (OHL) y 340 por ciento más alto que el de la autopista a la Ciudad de México.

A su vez, la línea 2 del metrobús, que recorre la avenida 11 Norte–Sur de la ciudad de Puebla, enfrenta observaciones por 81 millones 34 mil pesos que exhiben un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal.

El órgano fiscalizador del país concluyó que el gobierno estatal no revisó que el cálculo del financiamiento presentado por la contratista se realizara de forma adecuada; pagó obra no ejecutada en las partidas de señalización, semaforización, corredor, terminal y patio de encierro; y costeó precios unitarios extraordinarios distintos a los autorizados.

Barroco irregularidades

Duplicidades de pago en la remodelación del Cuauhtémoc

Las presuntas irregularidades en la remodelación y ampliación del estadio Cuauhtémoc ascienden a 9 millones 249 mil pesos por duplicidades de pago y diferencias de volúmenes entre lo erogado por el gobierno estatal y lo cuantificado en el proyecto.

En el caso del Museo Internacional Barroco, la ASF señaló el incremento que sufrió el costo de dicha obra contratada bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), al pasar de 760 millones de pesos a 1 mil 774 millones de pesos. Los aumentos también se identificaron en el pago anual destinado al mantenimiento de ese inmueble, el cual se disparó de 87.2 millones de pesos a 269 millones de pesos.

El Economista
La Jornada de Oriente
Ilse Becerril /Mónica Camacho
Puebla / Ciudad de México
Sábado 18 de febrero de 2017.

 

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