La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas AB de CV.

Ello debido a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades licitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, se indicó a través de un comunicado.

La UIF explicó que Lozoya Austin tiene expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable. Con lo anterior, se prevén los medios de prueba que considere conducente, así́ como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.

La congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -conocida también como Ley Antilavado-, respaldadas en las obligaciones que se derivan de diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y la de Palermo.

El pasado 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal inhabilitó como servidor público, por un periodo de 10 años, a Lozoya Austin, por “inconsistencias en su declaración patrimonial”.

“Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”, detalló la SFP.

“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”, indicó la institución cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y que más temprano este día, anunció la inhabilitación de dos ex altos mandos de Pemex que trabajaron durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Además de Loyoza Austin, otra persona fue inhabilitada por 15 años y se le impuso una sanción económica por casi 620 millones de pesos, luego de que la SFP detectara irregularidades y un sobrecosto en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

Pemex compró dicha compañía bajo la dirección de Lozoya Austin, durante el Gobierno de Peña Nieto, y en su momento indicó que pagó hasta 255 millones de dólares por el capital de la empresa, incluyendo una mina de roca fosfórica ubicada en el estado Baja California Sur.

Según los testimonios de ex directivos de la constructora Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil, el ex director de Pemex recibió sobornos por al menos de 10 millones de dólares para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo, y supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que Lozoya Austin ha negado.

En enero de 2014 Pemex -bajo la dirección de Lozoya Austin- compró a AHMSA la empresa Agro Nitrogenados y su planta de Coatzacoalcos, Veracruz, por 442 millones de dólares, aunque las instalaciones llevaban más de 14 años sin operar y el 60 por ciento de la maquinaria era inservible.

En agosto de 2018 una investigación realizada por el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab arrojó que AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, firma relacionada con Odebrecht y Lozoya Austin.

Dicha empresa, de acuerdo con testimonios de ejecutivos brasileños, fue utilizada para pagarle al entonces director de Pemex los consejos que proporcionó a la filial de Odebrecht en México, alcanzando el monto de 3 millones 703 mil 540 dólares.

Las transferencias, realizadas a Grengemouth durante febrero y marzo de 2014, se debieron al pago de un asesoramiento para la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova. Dicha cuenta fue proporcionada por Lozoya Austin para que se le pagaran sus servicios, según los ex ejecutivos de Odebrecht.

Al ser cuestionada por Quinto Elemento Lab, AHMSA argumentó que los pagos se realizaron por haber cancelado un contrato que Lozoya Austin había suscrito con dicha firma para un asesoramiento sobre la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova, Coahuila.

También congelan cuentas de AHMSA

Además de Lozoya Austin, la UIF congeló, también las cuentas bancarias con las que opera Altos Hornos de México (AHMSA). En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa señaló que, en un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, el organismo dependiente de la SHCP, está obstaculizando su continuidad operativa.

La medida, afirmó AHMSA, daña “a más de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial con los que la Compañía tiene relación de negocios, poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye”.

La empresa acerera dijo que está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuirle actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF, la SHCP y/u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de la mínimas garantías legales.

Apenas el 15 de mayo pasado, AHMSA anunció que a 20 años de acogerse a una suspensión de pagos obtuvo un financiamiento garantizado por 575 millones de dólares para cumplir con sus obligaciones derivadas del levantamiento de este proceso, el cual concretó en mayo de 2016.

También congelan cuentas a hermana y ex secretario particular de Lozoya

Según le dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo al diario El Financiero, la institución a su cargo también congeló las cuentas de Susana Gilda Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex; y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.

“Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya [y] como está relacionada AHMSA también se congeló [sus cuentas bancarias]”, confirmó Nieto Castillo al rotativo. Sobre el monto de los recursos congelados, el funcionario federal dijo que “no tenemos el dato todavía porque eso lo tiene que dar los bancos, tienen 48 horas para informarlo”.

En un listado que El Financiero dice tener en su poder, aparece la hermana de Lozoya Austin, junto con Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fungió como su secretario particular en Pemex. En el documento también aparece una persona identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas, así como las empresas Yacani, Rancurello, Yap Consultores y Casa Portela México.

Semanario Zeta
Carlos Álvarez lunes
Tijuana, Baja California
Lunes 27 de mayo de 2019.


En los últimos años, los presidentes que llegaban a la Residencia Oficial de Los Pinos se encargaron de dar rienda suelta a sus caprichos más exigentes y caros.

Entre estos, se solicitaron un simulador de vuelos, una cancha de fútbol rápido, dos edificios con estacionamiento y tres niveles cada uno, una sala levantada sobre una alberca para colgar los retratos de los jefes de Estado, entre otros.

La recién apertura al público de otras áreas del Complejo Cultural Los Pinos, para celebrar a los niños en su día en un evento que recibió a 52 mil personas el fin de semana pasado, permite acceder a rincones que estaban restringidos tras la primera apertura solicitada por Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder.

Así, hoy es posible conocer a detalle las características de esas construcciones, como el mármol nuevo de la casa Alemán o los nuevos canceles instalados en casi toda la residencia.

Además, durante el paso de distintos Presidentes por Los Pinos, algunos inmuebles fueron derribados para construir otros que fueran más del gusto o interés de cada mandatario.

Un ejemplo de eso es la Cabaña Dos, construida durante el sexenio de Vicente Fox por el arquitecto Juan Artigas, quien edificó dos cabañas. En la Uno habitó Fox con su esposa y en la Dos, sus hijos. Calderón vivió en esas mismas casas.

No obstante, cuando Enrique Peña Nieto llegó, construyó sobre la Cabaña Dos una nueva e imponente residencia con un estilo similar al de la casa principal, la Alemán. En ella, se establecieron las oficinas de la entonces primera dama, Angélica Rivera, quien es hoy ex esposa del mexiquense.

Quienes visitaron Los Pinos en otra época, indican que ambas cabañas eran iguales, con estilo rústico y de una sola planta.

No obstante, con Peña Nieto, la Cabaña Dos se convirtió en una casa de dos pisos, con balcones, ventanas altas, columnas gruesas de concreto, áreas de acceso que llevan a amplios salones, pasillos y espacios múltiples de varios tamaños que no son de habitación sino de trabajo, con entre 8 y 12 luces.

Al entrar al inmueble se ven las escaleras desde donde Angélica Rivera y Sofía Castro posaron para la revista Marie Claire. También se indica que en uno de sus salones fue desde donde la actriz grabó el video luego del escándalo de la Casa Blanca.

Esa casa, además, tiene ocho excusados, sin duchas ni vestidores. Además, en total tiene una altura que supera los nueve metros -las cabañas de una sola planta alcanzaban los dos metros-.

Además, a la entrada de la cabaña está la marca del arquitecto constructor: C&S.

Dentro no hay documentos, planos ni nombres de quienes hicieron la obra.

Para tomar como referencia, la casa principal de Los Pinos, la Alemán, tiene un área de construcción de 4 mil 35 metros cuadrados; la casa donde habitaron Fox y Calderón tiene mil 540 metros cuadrados de construcción y, las oficinas de Rivera, 2 mil 700 metros de construcción.

Al respecto, el arquitecto Homero Fernández, coordinador general del Complejo Cultural de Los Pinos dijo a El Universal que de ninguna obra se sabe qué arquitecto hizo qué.

“Las oficinas de la casa Dos sabemos que eran de Rivera; personal que trabajó aquí nos ha dicho que eran de una empresa que ella tenía con su hermana, en la que rentaba todo a Presidencia: stands, bocinas, micrófonos. Es una casa del peor gusto, con un horrible barandal, el mismo que Peña puso en la Casa Lázaro Cárdenas”.

Además, añadió que tanto Calderón como Peña Nieto se dieron cuenta que podían hacer cualquier remodelación o arreglo a la casa y podían cobrar lo que quisieran, ya que no había transparencia en Los Pinos, por un asunto de seguridad nacional.

Las huellas de cada ex habitante

En la cabaña uno, donde vivió Fox, predomina el estilo rústico, la teja y los detalles de piedra, al estilo de las haciendas mexicanas. Además, las agarraderas de los cajones de los vestidores son de cuero y las ventanas son de piso a techo.

Por su parte, en el salón que ahora albergará los ensayos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, en su momento se albergó un simulador de vuelos profesional habilitado para Peña Nieto, del cual no hubo rastro a la llegada del nuevo gobierno.

Afuera se encuentra un helipuerto construido sobre el jardín y, del otro lado, la cancha de fútbol rápido que el mexiquense también solicitó.

Peña también mandó construir la Sala De La Madrid, hecha con el mismo estilo que las oficinas de Rivera, edificada sobre una alberca, hecha para albergar las pinturas de los expresidentes de México, que antes estaban en la Casa Carranza.

Desentonan también los dos edificios de tres pisos. El primero, Bicentenario, construido por Felipe Calderón, cuenta con un estacionamiento recientemente habilitado para el público. De su construcción no hay mayor información, pero ahora será la sede del Fonca.

El segundo, llamado Esmeralda por sus vidrios verdes, fue orden de Peña. Uno de sus pisos era ocupado por el entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, aunque sus oficinas estaban ubicadas en el Centro Histórico.

Para el edificio Esmeralda se habilitó además una entrada desde Constituyentes. El costo del mismo fue de 78.3 millones de pesos, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Universal
Polemón.com
Ciudad de México
Jueves 9 de mayo de 2019.

 
Puebla- Al menos siete derrumbes sobre calles y carreteras se han registrado en Puebla en las últimas 24 horas, como consecuencia de las lluvias, las cuales provocaron que la Secretaría de Gobernación emitiera la declaratoria de emergencia para 15 municipios de Puebla, como consecuencia de las precipitaciones pluviales de sábado y domingo pasados.

De acuerdo con información de la Dirección General de Protección Civil, el primer deslave sucedió en la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Roma en Zongozotla.

Más tarde sucedió otro a la altura del kilómetro 20 de la carretera Zacatlán-Ahuacatlán y uno más en San Miguel Tenango, comunidad del municipio de Zacatlán.

También hubo derrumbes en el camino Telolotla-Zihuateutla; en la Junta de 2 del municipio de Zacatlán; en el camino Rancho Azul-Chiapa, municipio de Eloxochitlán y en el camino a San Lorenzo, en Chiconcuautla.

En tanto, la Segob emitió una declaratoria de emergencia para Ahuacatlán, Amixtlán, Coyomeapan, Cuautempan, Hermenegildo Galeana, Huitzilan de Serdán, y Zongozotla, además de Chiconcuautla, Francisco Z. Mena, Teteles de Avila Castillo, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Xiutetelco, Xochitlán de Vicente Suárez y Zacatlán.

La dependencia federal recordó que tras la declaratoria, los municipios tendrán a acceso a recursos del Fondo Nacional para Emergencias (FONDEN) para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Cabe recordar que el lunes pasado, siete municipios de la Sierra Norte suspendieron actividades escolares para resguardar a los más de 15 mil 200 alumnos de los efectos del mal clima que existía en la región.

En tanto, en Francisco Z. Mena, la Dirección Estatal de Protección Civil ordenó la evacuación preventiva de 350 personas hasta que termine la temporada de lluvias, luego que el desbordamiento del río Pantepec inundara 20 viviendas.

Excélsior
Puebla, México
Miércoles 24 octubre 2018.


Los recursos del PRI en las presidenciales: de Cambridge Analytica a la politización de la justicia

Ciudad de México.- Haciendo uso del poder y de los recursos del gobierno, el oficialista Partido Revolucionario Institucional ha aprovechado algunas de las instituciones más importantes de la nación en un intento por cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales del 1 de julio, de acuerdo con ex oficiales del partido y observadores electorales independientes.

El procurador general —nombrado por el presidente— ha acusado públicamente a uno de los principales candidatos de oposición de delitos graves sin ofrecer mucha evidencia del presunto crimen. Y el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron nombrados por el Congreso dominado por el PRI, ha sido criticado por varias decisiones polémicas que han marcado la campaña.

No es nada nuevo en la política mexicana que haya tácticas de juego sucio, pero las acciones tomadas por el PRI presentan una escalada por parte del partido oficialista para influenciar una elección.

A principios del año pasado, ante muy malos números en encuestas para el voto presidencial, la —ahora extinta— Cambridge Analytica se acercó al partido. Ofreció ayudar al PRI a ganar tal como lo había hecho con Donald Trump, según la propuesta de 57 páginas que redactó la compañía y que fue vista por The New York Times.

El PRI revisó esa propuesta durante meses, y al final decidió que no necesitaba pagar millones de dólares a alguien externo para una campaña sucia. El partido podía hacer eso por sí solo. Sin embargo, como una muestra de las medidas extremas a las que el priismo está dispuesto para afianzar su posición en el poder, le pagó de cualquier manera a Cambridge Analytica… para que no colaborara con ningún otro partido, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo de las negociaciones.

Esa decisión tomada a principios de 2017 fue el inicio informal de lo que, para algunos, ha sido un periodo alarmante del mal uso de recursos del gobierno para fines electorales.

“Lo que están haciendo es tomar la poca credibilidad y confianza que hay en nuestras instituciones y tirándola a la basura”, dijo Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general mexicano en los años noventa, cuando el PRI también estaba en el gobierno. “Deja entrever el débil Estado de derecho que tenemos aquí y señala un deseo de hacer lo que sea para mantenerse en el poder”.

La Procuraduría General de la República (PGR), que anunció en febrero la investigación contra el candidato opositor Ricardo Anaya, no ha presentado cargos ni ha ofrecido evidencia, lo que ha despertado quejas de que la única pretensión con la pesquisa es que el partido gobernante dirija el resultado electoral.

Mientras que el tribunal electoral ha rechazado dos auditorías de gastos indebidos por parte del PRI, revirtió una decisión que intentó regular un mecanismo para la posible compra de votos y permitió que estuviera en la boleta un candidato presidencial cuya campaña fue acusada de amaños, una decisión que los encuestadores creen podría restarle votos a la oposición.

Más allá de eso, los fondos destinados a observadores electorales se desplomaron, mientras que el gasto en tarjetas de regalo y otros servicios públicos ha aumentado en los últimos meses. Esas tácticas han sido usadas desde hace mucho tiempo para conseguir los votos de personas pobres en México, según observadores.

Por más de setenta años, el PRI ha dominado la política del país. Ahora, pese a los esfuerzos recientes, parece encaminado a una derrota contundente en las elecciones de julio como resultado de los escándalos de corrupción y los niveles históricos de violencia.

La búsqueda frenética por parte del partido de una ventaja en las elecciones son las que llevaron al PRI a discusiones con Cambridge Analytica, cuyos detalles no habían sido reportados antes.

La propuesta de la empresa comenzó a circular en 2017, cuando Enrique Ochoa aún era presidente del PRI y buscaba soluciones para que su partido no se desmoronara. Para entonces, Cambridge Analytica, una consultora de datos que usó la campaña de Trump antes de la elección estadounidense de 2016, ya se había establecido en México para buscar negocio. El PRI era la opción más obvia: era el partido más grande y necesitaba ayuda desesperadamente.

El presidente Enrique Peña Nieto tenía los peores índices de aprobación que cualquier presidente en un cuarto de siglo; Cambridge Analytica le prometió al PRI lograr una remontada sorpresiva.

En su presentación por 7,2 millones de dólares al PRI, la empresa prometió mejorar la imagen del partido y destruir la de su principal competencia, Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas. “Con técnicas similares a las empleadas en contra de Hillary Clinton en la elección presidencial de 2016”, Cambridge Analytica prometió “una poderosa estrategia de campaña negativa para socavar” a López Obrador.

La propuesta incluía un componente “de optimismo” para cambiar las percepciones negativas del partido gobernante; la táctica era sencilla:  una “campaña anti López Obrador”.

“No hay mejor ejemplo de esto que Hillary Clinton”, dice la consultora en su propuesta. “La puntera que muchos pensaban tenía una ventaja inalcanzable y que gastó mucho más que su rival republicano, fue derrotada justamente de este modo”. La empresa incluso mostró bosquejos de cómo la campaña de “Clinton corrupta” podrían verse con un enfoque anti-AMLO.

Pero los funcionarios del PRI decidieron que ese tipo de focalización de electores que la empresa dijo haber usado en Estados Unidos no iba a funcionar en México, según las personas con conocimiento de las discusiones. Los datos de los votantes mexicanos, dijeron, no estaban suficientemente desglosados.

Cambridge Analytica estuvo bajo un intenso escrutinio después de las revelaciones de que había explotado la información de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento expreso y se declaró en bancarrota en mayo.

La empresa rechazó hacer comentarios sobre las negociaciones con México; el PRI, por su parte, negó tener relación alguna con Cambridge Analytica.

Sin embargo, el partido usó una serie de estrategias mediáticas, a instituciones de procuración de la ley y a órganos judiciales que controla, de acuerdo con observadores electorales independientes y exintegrantes del partido.

En febrero, la PGR anunció una investigación contra Ricardo Anaya, uno de los candidatos de oposición que va mejor en las encuestas que el candidato priista. Lo acusó de lavado de dinero y después publicó un video de Anaya en las oficinas de la procuraduría (en una reunión que solicitó el mismo candidato).

Cuando Anaya criticó la publicación del video, la PGR defendió su decisión al decir que lo hizo “derivado del interés público mostrado por los medios”. Los críticos destacaron que el gobierno no había publicado grabaciones similares para otras investigaciones que los medios han seguido muy de cerca, como la desaparición de 43 estudiantes. La PGR niega estar usando su posición para influir en las elecciones.

Las tácticas del PRI han desatado una reacción violenta. Varios mexicanos destacados —incluidos académicos, activistas y exfuncionarios— han exhortado públicamente al presidente a que deje de intervenir en las elecciones. Un poderoso consorcio de empresas hizo lo mismo.

“Cuando cruzas una raya así en este país realmente ya no queda nada que te detenga”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, director de ese grupo gremial, la Coparmex.

Pasarse de esa raya es algo que ocurre con frecuencia en la política mexicana y va más allá de un partido en una elección. Pero De Hoyos y otros han alertado sobre el efecto que tiene en las instituciones mexicanas.

Los fondos para observadores electorales han disminuido 81 por ciento en comparación a la última elección presidencial, en 2012, de acuerdo con un estudio reciente del grupo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Y muchos mexicanos dicen que la autoridad electoral más importante del país se ha visto comprometida: el tribunal especial encargado de supervisar a las autoridades electorales y, en última instancia, de validar la votación. A casi cada paso del camino este tribunal ha fallado en contra de lo dictaminado por los reguladores responsables de salvaguardar la integridad del voto.

Un caso que causó furor fue el de Jaime Rodríguez, un candidato presidencial particularmente extravagante apodado el Bronco.

Para conseguir estar en la boleta como independiente, Rodríguez entregó casi 900.000 firmas, pero el Instituto Nacional Electoral encontró que más de la mitad eran fraudulentas, por lo que dictaminaron que no cumplía los requisitos para ser candidato.

Entonces el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron designados en 2016 por el Congreso de mayoría priista, revirtió la decisión al considerar que el Bronco no recibió un trato justo.

La decisión fue objetada en todo México. Rodríguez Calderón es gobernador con licencia y, como López Obrador, se presenta como alguien ajeno al sistema que puede enfrentarse a los intereses de quienes lo componen. Los expertos dicen que su presencia podría restarle votos a López Obrador.

Otra decisión contenciosa por el tribunal electoral involucra el uso de tarjetas prepagadas entregadas a los votantes.

Según la ley mexicana, esas dádivas no son ilegales a menos que sean usadas por el partido explícitamente para conseguir votos. Estas tarjetas son usadas en todos los niveles del gobierno y por prácticamente todos los partidos políticos. Pueden usarse para un almuerzo gratis o despensas de 25 dólares.

Pero en los últimos años su uso durante periodos electorales se ha vuelto innegable: una y otra vez los ciudadanos han denunciado que les prometieron esos beneficios a cambio de su voto.

Sucedió durante la elección de 2012, en la que Peña Nieto llegó al poder. Y en 2017, cuando el PRI ganó las elecciones en los estados de Coahuila y de México, los reguladores investigaron gastos cuestionables durante las campañas. Realizaron auditorías y anunciaron en julio pasado que habían encontrado irregularidades en el gasto de publicidad, pagos a organizadores de campo y en monederos electrónicos.

Las repercusiones podrían haber sido graves; esos hallazgos pueden invalidar una elección. Pero, antes de que sucediera eso, el tribunal electoral descartó las auditorías y dijo que eran inválidas.

“El tribunal resuelve siempre conforme a derecho”, indicó. “Nuestras sentencias y los datos estadísticos son una prueba de ello: en este proceso, ninguna de las fuerzas políticas ha sido o se ha favorecido por las resoluciones en una manera desproporcional”.

La polémica respecto al tribunal surgió de nuevo. En septiembre, los consejeros electorales anunciaron que regularían con mayor firmeza el uso de los monederos electrónicos durante la contienda de 2018. Y fueron aún más lejos: declararon que el gasto en programas sociales estaba siendo manipulado para fines electorales.

Sin embargo, ese esfuerzo regulatorio fue frenado antes de que pudiera empezar, por el mismo tribunal electoral.

A los analistas les preocupa que las decisiones del tribunal ya han tenido un efecto en la elección, al permitir que el gasto en campaña no sea monitoreado.

Por ejemplo, en las afueras de Ciudad de México, los muros de muchos hogares lucen capas de pintura nueva y camiones con tinacos están llegando a comunidades con escasez de agua, cortesía de los partidos políticos en busca de votos.

Con frecuencia, el gasto del gobierno aumenta en programas para el combate del hambre o para ayudar a los pobres; dichos programas son transformados en máquinas de compra de voto durante los años electorales. Este no es la excepción. Los gastos totales en los principales programas sociales mexicanos se dispararon un 20 por ciento en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con el grupo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Sin embargo, pese a todos esos esfuerzos, las ganancias han sido marginales para el partido gobernante, que aún parece encaminarse a una derrota contundente en julio. El candidato José Antonio Meade está en un distante tercer lugar en encuestas.

De hecho, las acciones priistas parecen haber surtido el efecto contrario y posiblemente terminaron por ayudar a López Obrador.

“El uso de oficinas, recursos e instituciones públicas para propósitos electorales es tan visible en esta campaña y apunta hacia el flanco más débil de nuestra democracia”, dijo Guillermo Cejudo, profesor de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una universidad en Ciudad de México.

“Desafortunadamente”, añadió, “las instituciones de procuración de justicia son herramientas usadas por la élite económica y política no para defender y proteger a los mexicanos, sino para golpearse el uno al otro con un palo”.

The New York Times
Azam Ahmed
Danny Hakim
Paulina Villegas
Ciudad de México
Lunes 25 de junio de 2018.


El primer gobierno que tuvo el PAN en Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, dio peores resultados para sus habitantes que la administración del PRI de Mario Marín Torres, de acuerdo con la encuesta que levantó en Puebla la firma Global Media.

Ante la pregunta “quién cree usted que ha sido el peor gobernador que ha tenido Puebla”, el 53 por ciento de los ciudadanos que participaron en el estudio señalaron a Moreno Valle, quien ha sido acusado por líderes políticos de oposición del PRI y Morena de pretender heredar el cargo a su esposa, Martha Érika Alonso Hidalgo, candidata al Poder Ejecutivo local de la coalición PAN-PRD-MC-CPP-PSI.

De acuerdo con la ficha metodológica, la encuesta se realizó del 13 al 27 de abril pasado a 4 mil personas de manera telefónica con un margen de error de 3.8 por ciento.

Mario Marín, cuya imagen ha sido utilizada por el PAN para atacar a Morena en el presente proceso electoral por incorporar como candidatos a ex priistas que fueron cercanos a ese ex mandatario conocido como el “góber precioso”, se llevó el 43 por ciento de las menciones.

La sombra de los ex gobernadores

Aunque Moreno Valle dejó la administración pública estatal el 31 de enero de 2017 y Mario Marín el 31 de enero de 2011, la percepción ciudadana que gira en torno a ellos ha sido motivo de debate entre dirigentes de partido y candidatos.

Un sector mayoritario de Acción Nacional, desde su presidente estatal Jesús Giles Carmona hasta el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, ha defendido al gobierno morenovallista, así como la postulación de Martha Érika Alonso, al considerarlos un factor de “transformación” en Puebla.

En tanto, el abanderado a la gubernatura de PRI, Enrique Doger Guerrero, declaró el 9 de marzo pasado que Moreno Valle dio peores resultados que Marín, por el incremento de la inseguridad y de la deuda pública que se registró en su sexenio (2011-2017).

Al debate su sumó Nancy de la Sierra Arámburo, candidata al Senado de la coalición Morena-PT-PES, quien es víctima de una campaña negra debido a que fungió como diputada del PRI en la administración marinista y tuvo como testigo de su boda al ex gobernador tricolor, quien recibió el mote de “góber precioso” por el escándalo Lydia Cacho en 2006.

Si le preguntan a los poblanos quién les dio mejores resultados como gobernador dirían que Mario Marín Torres, porque en su sexenio no hubo huachicol, feminicidios ni la persecución política, aseguró la aspirante el 9 de abril pasado.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla, México
Jueves 3 de mayo de 2018.


El Gobernador Javier Corral denunció que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretende cambiar a Alejandro Gutiérrez, presunto operador del PRI, a un Centro de Readaptación Federal para ponerlo en libertad condicional.

"Desde Monterrey, advierto de la treta que el Gob. Federal @PGR_mx ha puesto en marcha para tratar de poner en libertad condicional a Alejandro Gutiérrez Gtz. 1.- Cambiarlo a un penal federal para tenerlo bajo su control; 2.- Luego atraer caso "por tortura", con nueva Fiscalía", publicó esta tarde el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Corral agregó que el domingo ofrecerá una conferencia de prensa sobre esta estrategia del Gobierno federal.

El Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, informó a REFORMA que el también ex senador permanece recluido en el penal estatal.

Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, se encuentra preso en el Cereso Estatal número 1, en Aquiles Serdán, Chihuahua, por dos procesos penales de presunto peculado agravado.

El primero es por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la Administración del ex Gobernador priista César Duarte a través de empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas del 2016. Por esta investigación, Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva.

El segundo proceso es por haber recibido, una empresa propiedad de él, un millón 740 mil por servicios que nunca prestó y se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.

Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del 2017.

El pasado 20 de enero, el Gobernador Javier Corral emprendió en Ciudad Juárez la Caravana por la Dignidad que llegará a la Ciudad de México para reclamar dos propósitos: la extradición efectiva del ex Mandatario priista César Duarte y la entrega de 900 millones de pesos retenidos por la SHCP como represalia por la investigación que realizan a la red de corrupción de su antecesor.

Este sábado, el contingente cuyo lema es "Unidos con Valor" pasó por las ciudades de Saltillo y Monterrey.

Reforma
Ciudad de México
Pedro Sánchez Briones
Domingo 28 de enero de 2018.


PRD expulsa a su dirigente en Puebla; ella dice que no se le ha notificado


Puebla.- Como parte de los conflictos al interior del Partido de la Revolución Democrática, este día un Consejo Estatal de ese instituto eligió como dirigente estatal al morenovallista Carlos Martínez Amador, mientras que la diputada Socorro Quezada Tiempo dijo que al no ser aún notificada de su expulsión, se mantendrá al frente del PRD en Puebla.

En ruedas de prensa que dieron por separado ambos grupos, desconocieron mutuamente sus decisiones.

Por la mañana, el grupo de perredistas tradicionales que han mantenido una postura crítica al exgobernador Rafael Moreno Valle, presentaron a la delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Dulce María Arias Ataide, quien dijo que estará a cargo del PRD en Puebla durante el proceso electoral federal y local de 2018.

En este acto estuvo presente Quezada Tiempo, quien aclaró que aún no recibe formalmente la notificación de haber sido expulsada del PRD, por lo cual aseguró que el acto no tiene aún vigencia y por lo tanto se mantiene al frente del partido, lo cual fue avalado por la delegada Arias Ataide.

Arias Ataide confirmó que la Comisión Nacional Jurisdiccional no ha notificado a Quezada la decisión de expulsarla, por lo que sigue siendo la líder el sol azteca poblano.

“Nosotros tenemos una presidenta hasta este momento”, declaró la delegada, quien estuvo acompañada de perredistas de la corriente Alternativa Democrática, entre ellas la exdiputada Roxana Luna Porquillo.

En ese sentido, dijo desconocer el fundamento bajo el cual se llevaría a cabo una sesión del Consejo Estatal para elegir un nuevo dirigente.

Su nombramiento como delegada, acotó, se llevó a cabo el 2 de noviembre en la 36 Sesión Ordinaria del CEN del partido. “Desde el día de hoy hasta un día después de las elecciones en 2018, terminará mi función”, puntualizó.

A unas cuadras de ese lugar, el grupo perredista afín a Moreno Valle llevó a cabo dos sesiones extraordinarias del Consejo Estatal en el Hotel Barceló, en las cuales se decidió la designación de Martínez Amador como dirigente estatal, quien es director estatal del Colegio de Bachilleres de Puebla, y se tomaron decisiones con miras a los comicios locales del próximo año.

Jorge Benito Cruz Bermúdez, vicepresidente del partido, dijo que, tras la expulsión de Quezada Tiempo la semana pasada, procedía la designación de un nuevo dirigente del partido en Puebla. Aseguró que en la sesión que llevaron a cabo participaron 120 consejeros de las corrientes Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol y Galileo.

Entre los acuerdos tomados, se aprobó la plataforma electoral y se acordó encomendar a Martínez Amador iniciar pláticas con el PAN, Convergencia Ciudadana y otros partidos para conformar el Frente Amplio Ciudadano a fin de contender en los comicios locales de 2018.

Esta determinación abre la puerta para que el PRD se sume a la inminente candidatura panista de Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle, a la gubernatura.

Al ser cuestionados sobre los señalamientos de que el cambio de dirigencia obedecía a los intereses del ahora exmandatario Moreno Valle, la consejera nacional Martha Dalia Gastélum, aseguró que las decisiones tomadas en el consejo son de orden institucional y fueron acordadas por el “perredismo auténtico”. “Esto no es una cuestión de Moreno Valle”, manifestó.

Martínez Amador señaló que la expulsión de Quezada Tiempo del partido es un hecho y no es necesario que se le haga efectiva la notificación. Además, afirmó que su designación no se contraponía al nombramiento de Arias Ataide como delegada, por lo que este lunes acudirá a las instalaciones del partido a tomar posesión de las instalaciones.


PRD expulsa a su dirigente en Puebla; ella dice que no se le ha notificado


La diputada Socorro Quezada Tiempo aseguró que aún no recibe la notificación sobre su supuesta expulsión del Partido de la Revolución Democrática (PRD), determinada ayer por la Comisión Nacional Jurisdiccional del instituto político.

El partido anunció que designará a un nuevo dirigente este domingo 5, sin embargo, la legisladora poblana convocó a una rueda de prensa el lunes 6 en las instalaciones del sol azteca, para dar a conocer su postura.

La expulsión de Quezada Tiempo daría paso a que el grupo del exgobernador Rafael Moreno Valle tome el control del partido en Puebla, ya que al interior se da por hecho que el domingo se elegirá a un militante cercano a aquel, y entre ellos se menciona al dirigente a Carlos Martínez Amador, director general del Colegio de Bachilleres, y al exregidor Arturo Loyola González.

La expulsión de la legisladora deriva de una queja que presentó en su contra Enrique Rivera Martínez, representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por supuesta traición al partido ante las críticas que hizo a la dirigente nacional, Alejandra Barrales, por la alianza que acordó con el Partido Acción Nacional (PAN).

Otro de los señalamientos que se le hicieron fue por manifestar su respaldo al senador experredista Luis Miguel Barbosa, virtual candidato de Morena a la gubernatura.

Además, hace una semana Quezada Tiempo criticó en las redes sociales a Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle, quien se perfila como candidata del PAN a la gubernatura para los comicios del próximo año.

La legisladora censuró a Alonso Hidalgo porque unos días antes inició una campaña contra los femicidios y desaparición de mujeres, y luego se reunió con el alcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, quien tiene una denuncia por violencia política de genero contra dos regidoras.

Aparte, Quezada Tiempo mantuvo una postura crítica contra el gobierno de Moreno Valle en temas como corrupción, presos políticos, espionaje y otros, y por lo mismo se manifestó públicamente en contra de una alianza electoral del PRD con el PAN.

De hecho, presentó una denuncia en contra de militantes de su partido ligados al morenovallismo que en los comicios de 2016 operaron públicamente a favor del candidato del PAN a la gubernatura, Antonio Gali Fayad. Su queja no prosperó.

Martínez Amador, quien se perfila como posible dirigente estatal del PRD en sustitución de Quezada, ha sido acusado por trabajadores del Colegio de Bachilleres por afiliar sin consentimiento a trabajadores, o por obligarlos a hacerlo mediante amenazas laborales.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Domingo 5 de noviembre de 2017.


•    Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

•    Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) lo cesó de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivo el despido, la PGR refirió que Santiago Nieto Castillo “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia que se encuentra acéfala tras la renuncia de Raúl Cervantes.

Fue el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien “actuando en suplencia del Procurador General de la República”, informó de la decisión.

El miércoles pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con el hasta hoy titular de la FEPADE en la que afirmó que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

Y es que en agosto pasado la dependencia abrió una carpeta para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht se destinó al financiamiento de la campaña del PRI.

“Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en donde estudió. Nunca entendí esta parte.

“Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, dijo Nieto al diario Reforma.

Según Nieto Castillo, la FEPADE prepara una acción penal contra quienes resulten responsables si se comprueba un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI.

Entre los elementos de esa investigación estarían cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.

Empresarios, activistas y ONG califican cese de Nieto como represalia política y acto de cinismo

Empresarios, activistas e integrantes de organizaciones ciudadanas reprobaron la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y calificaron la decisión como vergonzosa, cínica y sospechosa.

“Huele, y mucho, a represalia política, y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”, expresó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien dijo que se trata de una decisión muy delicada.

La medida pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht, secundó la presidenta del Consejo Rector de la organización, María Marván Laborde.

“El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un Fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para el 2018”, denunció en sus redes sociales la exconsejera del Instituto Nacional Electoral.

Añadió: “Qué vergüenza y qué tristeza de País. Se cesa a un Fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel ¿de qué tamaño es Odebrecht?”.

Por su parte, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, fundador de AHORA, destacó que la remoción de Nieto es “una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”.

Es muy grave porque se registra después de que el fiscal de delitos electorales reveló las presiones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012, subrayó.

A su vez, el activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.

Y el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que la destitución del fiscal es un signo de intolerancia y del “neoautoritarismo” que está surgiendo en el país.

Oposición advierte que corresponde al Senado objetar o ratificar a Santiago Nieto en la FEPADE

Senadores de oposición cuestionaron la destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que corresponde al Senado objetar o ratificar a quien desempeñe ese cargo en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la Constitución en el artículo 102, párrafo VI.

El propio Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que acudirá al Senado “en términos de la Constitución”.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución”, advirtió el abogado, designado por la mayoría de los senadores como titular de la FEPADE a raíz de la reforma constitucional de 2014.

El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, subrayó que el gobierno debe dar una “explicación puntual” de la remoción de Santiago Nieto, quien se convirtió en un funcionario “incómodo” por haber actuado contra personajes ligados al PRI en las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Herrera recordó que también por la acción de Santiago Nieto, el exsenador del Partido Verde y entonces subsecretario de Participación Ciudadana, Arturo Escobar, fue consignado ante un juez en 2015 acusado de repartir tarjetas Premium Platino en los comicios de ese año.

A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, aclaró que la destitución de Nieto Castillo se inscribe “en un conjunto de hechos que pronto irán corroborándose”.

Entre esos hechos señalados por Barbosa Huerta destacan la averiguación previa en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e implicados en el presunto desvío de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del 2012.

“De todos es conocida la cercana amistad de Emilio Lozoya con el presidente Enrique Peña Nieto y sus vínculos políticos y económicos que ponen a Lozoya como uno de los hombres más poderosos del sexenio y por tanto su condición de intocable”, fustigó Barbosa.

El senador poblano también vinculó el caso Odebrecht con la dimisión del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.

“No presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación de los sobornos de Odebrecht”, reveló Barbosa.

La senadora Dolores Padierna recordó que el fiscal Santiago Nieto llevaba “casos emblemáticos” de corrupción vinculados a los comicios y presunta triangulación de recursos públicos, como fueron el caso de OHL en el Estado de México, el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua acusado de desviar recursos de la burocracia a la campaña del PRI, o el caso de la diputada local veracruzana Eva Cadena, que recibió sobornos presuntamente para Morena.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Viernes 20 de octubre de 2017.

Partido tranza, corresponsable de la corrupción de los gobernadores estatales

Senadores de Morena pedirán al Instituto Nacional Electoral (INE) la disolución del PRI por los desvíos de recursos públicos de los estados de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo a sus arcas.

Los legisladores aseguraron que las autoridades electorales deben actuar para sancionar de manera definitiva al tricolor, luego de las denuncias que se han registrado y que, incluso, han derivado en investigaciones de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

"Exigimos que el INE abra una investigación con el propósito de decretar la disolución del PRI como partido político", informó el vicecoordinador de Morena, Miguel Barbosa.

"En cualquier sistema de partidos de cualquier país del mundo un partido al que se le acredita esta condición tiene como sanción su disolución".

REFORMA reveló que los ex Gobernadores Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; y Roberto Borge, de Quintana Roo, desviaron recursos del erario para aportarlos al PRI o a las campañas de sus candidatos.

El veracruzano Javier Duarte es acusado de desviar unos mil 300 millones de pesos a la campaña de Héctor Yunes Landa, candidato del tricolor a la Gubernatura de la entidad en 2016.

En Chihuahua, por testimonios de ex funcionarios locales, se documentó que el ex Gobernador Cesar Duarte entregó más de 330 millones de pesos para la campaña del candidato tricolor a la Gubernatura de Chihuahua, Enrique Serrano.

En el caso de Quintana Roo, los fiscales indagan a Mauricio Góngora, ex candidato del PRI a la gubernatura, por recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral.

Barbosa anunció que también exigirán a la PGR que se finquen responsabilidades penales en contra de los dirigentes estatales y nacional del tricolor, Enrique Ochoa, por la complicidad en la recepción de recursos de origen ilícito.

"Retamos a Enrique Ochoa a que siga hablando de honradez y que siga hablando en contra de otros partidos políticos, que salga y dé la cara y hable y explique y que en todo caso se determine también la responsabilidad de Enrique Ochoa en estos actos por el tiempo que ha sido el dirigente nacional", señaló.

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Miércoles 21 de junio de 2017.


El secretario de Desarrollo Social del estado, Gerardo Islas Maldonado, negó que la entrega de tinacos azules realizada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle en pleno año electoral enfrente observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); no obstante, los reportes del máximo órgano fiscalizador del país desmienten esa versión, ya que identificó un posible daño a la hacienda pública en el manejo de 61 millones 928 mil pesos.

El interés de Islas por ocultar las inconsistencias detectadas en la operación del Programa Estatal de Tanques de Agua Potable para Viviendas no se quedó en un pronunciamiento público, pues el 14 de octubre de 2016 la dependencia a su cargo aprobó la reserva del expediente completo para que ningún ciudadano pueda acceder al mismo mediante solicitud de información.

La administración anterior del PAN convirtió el reparto de tinacos en política pública durante la contienda por la gubernatura de 2016, razón por la cual los partidos de oposición del PRI y Morena denunciaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) el manejo político de ese beneficio.

Al comparecer ante el Congreso de Puebla el 18 de enero pasado, Gerardo Islas dio a conocer que se distribuyeron más de 57 mil tanques de agua con un valor superior a los 103 millones de pesos, por lo que diputados del tricolor estimaron un sobrecosto de 26 por ciento, pues la administración invirtió 2 mil 65 pesos por unidad, cuando en las tiendas minoristas se ofrecen a un valor de mil 629 pesos.

 Documentos de la ASF exhiben anomalías en el programa

La ASF investiga la operación del Programa Tanques de Agua Potable debido a que el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla utilizaron recursos de dos fondos federales para financiarlo: el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM–DF).

Con base en la auditoría 1229, dada a conocer en febrero pasado, el órgano fiscalizador del país concluyó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) pudo incurrir en daño o perjuicio a la hacienda pública federal en el manejo de 40 millones 775 mil pesos del FISE, debido a que los destinó a la compra de tinacos azules dentro de un procedimiento que reportó como no concluido, pese a que los periodos de ejecución de contrato finiquitaron el 8 de agosto de 2016, antes de la inspección de la ASF.

Los 40 millones 775 mil pesos del FISE representan 49 por ciento de la inversión total de 82 millones 751 mil pesos que la Sedeso destinó a esa acción identificada con el número de obra 20150935.

También enfrenta observaciones de la ASF el ayuntamiento de Puebla debido a que financió la entrega de tambos en la capital del estado al firmar un convenio con la administración de Moreno Valle, en el que comprometió 21 millones 153 mil pesos del FISM–DF.

“El municipio no dispone de la documentación que ampare los trabajos realizados, lo que impidió realizar la visita física y verificar el beneficio directo a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social”, concluyó la ASF en la auditoría 1252.

El órgano fiscalizador informó que la Contraloría Municipal de Puebla inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos ante la falla cometida en la comprobación del gasto y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 09/2016. Sin embargo, la ASF aclaró que la investigación de la Contraloría no es suficiente para solventar las observaciones, por lo que queda pendiente la aclaración de un monto total de 109 millones 873 mil pesos, que corresponde a los recursos del FISM–DF que el gobierno capitalino aplicó en 16 convenios con el gobierno estatal, dentro de los cuales se encuentra el de Programa Tanques de Agua Potable.

Repartición quedó en manos de operadores electorales, denuncian

El periodista Fermín Alejandro García evidenció los problemas que enfrenta la Sedeso para solventar el manejo de recursos federales el 24 de abril pasado, en la columna “Cuitlatlán”, que se publica en La Jornada de Oriente, donde señaló que las dificultades para comprobar la correcta utilización del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades surgieron porque la repartición de los tambos quedó en manos de operadores electorales del Partido Acción Nacional que en la mayoría de las ocasiones los regalaron sin que mediara algún justificante.

“Por tanto, no se tienen las listas de todos los beneficiarios y obviamente no se cuenta con el soporte para justificar por qué se les dio esos depósitos (…) a quienes se agraciaron con los mismos”, expuso el columnista.

Ese mismo 24 de abril Gerardo Islas dio respuesta a este diario a través de su cuenta de twitter, en donde rechazó que su dependencia tenga pendientes con la auditoría superior por el manejo de Tanques de Agua Potable para Viviendas.

“En el pliego de observaciones de la #ASF de febrero no realizó a @SedesoPuebla observación alguna respecto a la operación de este programa”, afirmó el funcionario federal, quien llegó a la secretaria el 20 de julio de 2016, tras fungir como presidente del Partido Nueva Alianza (Panal), posición desde la cual operó el triunfo del PAN en la elección gobernador de ese año, fuerza política aliada del Panal en Puebla desde 2010.

Menos de tres meses después de su incorporación a la Sedeso, la dependencia aprobó la reserva del expediente según el índice de acuerdos de clasificación al que tuvo acceso el portal de noticias Status Puebla. La secretaría justificó la decisión en que el programa está bajo auditoría de la ASF dentro de la cuenta 2015, por lo no entregará datos del mismo hasta que concluya esa revisión.

La Jornada de Oriente
Ciudad de Puebla, México
Martes 9 de mayo de 2017.

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