Ante la inasistencia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien debía presentarse este martes en el Reclusorio Norte, la suspensión que le fue concedida para evitar su detención quedará sin efectos.

De acuerdo con Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, el juez de control deberá informar al de amparo que el exfuncionario no se presentó como le fue requerido para conservar la medida que lo protege de ser detenido.

"Va a informar el juez de control al juez de amparo que no se presentó y la juez tendrá una determinación y lo más seguro es que sobresea la medida (de suspensión definitiva) pero el amparo sigue, es un juicio y vamos a seguir trabajando en eso", dijo en entrevista telefónica.

Este lunes, Lozoya envió una carta a la opinión pública en la que informó que no comparecería este martes ante el juez de control, como le había sido requerido, porque consideró que no existen garantías jurídicas para evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) pida sujetarlo a prisión preventiva justificada a pesar de que el delito de lavado de dinero, por el que pretende formularle imputación, no es grave.

"La orden de aprehensión fue dictada cuando no era necesaria sino una citación a conducción a proceso, pero si el juez dictó la orden de aprehensión obviamente que va a dictar una medida de prisión preventiva y eso es lo que tratamos de evitar porque no es correcto", agregó.

Por el momento, el abogado descartó la posibilidad de solicitar a la FGR y al juez la aplicación de un criterio de oportunidad para que el proceso penal contra Lozoya se resuelva lo más rápido posible y evitar que sea aprehendido.

En otro amparo, la hermana del exfuncionario, Gilda Lozoya Austin, también consiguió una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión por lavado de dinero en la que se le solicitó comparecer ante el juez de control y posteriormente presentarse ante el juez de amparo a firmar semanalmente.

Sin embargo, al igual que su hermano, Gilda Lozoya decidió no presentarse ante el juez de control y, en consecuencia, perderá la suspensión que hasta ahora la protege.

Además, Emilio Lozoya Austin tuvo que presentarse este lunes ante el juez de amparo a firmar, pero tampoco acudió por lo que el Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal indicó que esto también será tomado en consideración.

El Universal
Ciudad de México
Martes 11 de junio 2019.


Juan Carlos Quintana Serur habría sido uno de los personajes que autorizaron la venta de la planta Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos, una propiedad considerada como inservible


Juan Carlos Quintana Serur, un abogado de Altos Hornos de México, no sólo compró una mansión para el esposa de Emilio Lozoya, sino que además era parte del comité de auditoría de la empresa.

Él habría sido uno de los personajes que autorizaron la venta de la planta Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos, una propiedad considerada como inservible.

En una nota que publica la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se indica que el abogado Juan Carlos Quintana Serur también era secretario del Comité de Prácticas Societarias, y que se encargaba de elaborar los informes para los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores.

“El abogado de Altos Hornos de México que en julio de 2013 adquirió una residencia en Ixtapa a nombre de la esposa de Emilio Lozoya, era al mismo tiempo integrante del Comité de Auditoría de AHMSA, responsable de avalar ante el Consejo de Administración de la empresa la venta de la planta ‘chatarra’ de Agro Nitrogenados a Pemex, concretada ese mismo año”.

“Juan Carlos Quintana Serur, el abogado que adquirió la residencia de la familia Lozoya, se desempeñaba como Secretario del mencionado Comité cuando AHMSA vendió la planta, la cual tenía 14 años sin operar, según consta en el reporte anual presentado el 31 de diciembre de 2013 ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)”.

“En dicho documento se menciona que entre las funciones del Comité de Auditoría estaba revisar y discutir los estados financieros de la empresa, para posteriormente elaborar informes dirigidos al Consejo de Administración, presidido en ese momento por Alonso Ancira Elizondo, quien el pasado 29 de mayo fue arrestado en Mallorca, España, por las irregularidades detectadas en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex”.

“Quintana Serur también participaba como secretario del Comité de Prácticas Societarias, del que formaba parte el propio Ancira, y que tenía como tarea elaborar los informes a los inversionistas de la BMV”.

“Ambos comités suplían la figura del comisario en el Consejo de Administración de la empresa”.

La empresa Altos Hornos de México afirma que Juan Carlos Quintana Serur no era parte de la empresa, sino que lo contrataban como abogado externo. Aceptó que sí actuaba como secretario del Consejo de Administración, pero que no estaba integrado.

“A pesar de todo lo anterior, en un comunicado difundido el pasado sábado, AHMSA aseguró que el abogado Quintana Serur no era funcionario, directivo o ejecutivo de la empresa, y que era contratado como abogado externo para actuar como secretario del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo”.

“’Es totalmente ajeno a la operación de la compañía’, enfatizó el comunicado, en el que AHMSA se deslindó de la adquisición de la casa en Ixtapa a nombre de la esposa de Lozoya”.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad asegura que desde hace 15 años el abogado Juan Carlos Quintana Serur trabajó para Altos Hornos de México y que en 2003 ayudó a crear una empresa fachada.

“Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) corroboró que Quintana Serur ha venido trabajando para AHMSA desde hace más de 15 años”.

“En 2003, por ejemplo, el abogado intercedió ante el despacho panameño Mossack Fonseca para crear una empresa fachada, a través de la cual tres altos ejecutivos de AHMSA adquirieron un departamento valuado en 2.6 millones de dólares en Punta Mita, Nayarit, según revelaron los medios aliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en abril de 2016, como parte de la investigación global Panama Papers”.

Aquí puedes ver la nota original completa: https://contralacorrupcion.mx/abogado-ahmsa/

Crédito de la foto https://contralacorrupcion.mx

e-consulta
Puebla, México
Martes 11 de junio de 2019.


El presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, quedó sin blindaje legal luego de que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó la suspensión definitiva de amparo al no encontrar ningún pedimento de la Fiscalía General de la República (FGR) para ejercer acción penal en su contra.

Sosa Castelán solicitó la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión, arraigo, localización, citatorio, búsqueda, presentación o arresto en su contra ante las investigaciones que vinculan a esa casa de estudios en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones que tiene abiertas la FGR sobre el desvío de recursos de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Rosario Robles, también se involucra al presidente del patronato de la UAEH.

Con base en tales hechos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de esa institución después de detectar operaciones sospechosas y presunto lavado de dinero por un monto de 151 millones de dólares, aunque días más tarde descongeló una parte de las cuentas para que la Universidad pudiera solventar sus gastos ordinarios y sueldos.

Por esa razón, a fines de mayo, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo concedió a Sosa Castelán la suspensión provisional, con una fianza de 51 mil pesos como garantía, aunque ahora le negó la suspensión definitiva tras no hallar constancia alguna de que la FGR haya promovido una solicitud de aprehensión en su contra.

Proceso
Ciudad de México
Jueves 6 de junio 2019.


La dependencia señaló que una de las sanciones se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

 
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, giró instrucciones para notificar a dos altos mandos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la administración de Enrique Peña Nieto, que serán inhabilitados como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años, respectivamente.

Uno de ellos es Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien fue inhabilitado como servidor público por un periodo de 10 años. Según la SFP, la sanción se debe a inconsistencias en su declaración patrimonial.

“Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”, detalló la dependencia.

“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos“. La defensa de Lozoya informó que impugnará esta medida.

En un comunicado, la dependencia destacó que también impuso sanciones económicas por casi 620 millones de pesos a uno de ellos.

La otra sanción, apuntó, se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

“Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario.

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La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que desde el primer día de la nueva administración, el 1 de diciembre, hasta la fecha, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.

Además, añadió, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.

Defensa de Lozoya impugnará

Emilio Lozoya es uno de los altos funcionarios de Pemex castigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirmó su abogado a El Financiero.

“Hoy fue notificado; el asunto fue que no declaró que su mamá abrió una cuenta de inversiones“, dijo Javier Coello, abogado de Lozoya.

El litigante afirmó que procederán a solicitar un recurso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pues argumenta inconsistencias en la elaboración del dictamen.

El Financiero
Aristegui Noticias
*Ciudad de México*
Miércoles 22 de mayo de 2019.


Apenas el 31 de marzo, al calor del inicio de la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, el exgobernador Mario Marín Torres se sentía cómodo entre los abrazos, los aplausos y las fotografías que le pedían vecinos de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla.

La sonrisa de Marín Torres duraría unos días más, hasta el 7 de abril, cuando acompañó a su candidato en otro acto de campaña, esta vez en la junta auxiliar de La Resurrección. Ahí, recibido por los fiscales, posó sonriente ante las porras de “¡Marín, Marín!”

“El caso Lydia Cacho es un caso juzgado y por lo tanto cerrado”, diría el exgobernador a los cuestionamientos de los medios, sobre si su papel cómplice en la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en 2005, afectaría al ahora candidato Alberto Jiménez Merino, quien durante su mandato fue su secretario de Desarrollo Rural.

Al ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estimó Mario Marín, lo hecho contra la autora del libro Los demonios del edén, era un asunto superado y sin vigencia. “Es un caso juzgado desde 2008 por la Suprema Corte que nos exoneró después de dos años de investigación… este asunto ya debe de olvidarse, ya es cosa juzgada”, insistió aquella vez.

Sin embargo, todo cambiaría para Mario Marín el 11 de abril, cuando la magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigesimoséptimo Circuito en Quintana Roo, del Poder Judicial de la Federación, María Elena Suárez Préstamo, liberó una orden de aprehensión en contra de cuatro personajes ligados al Lydiagate.

En la lista de hombres buscados, además del exgobernador de Puebla, Mario Marín, aparecerían el empresario Kamel Nacif Borge; el exjefe de la Policía Estatal Adolfo Karam Beltrán y el extitular de Mandamientos Judiciales José Sánchez Moreno. Todos, perseguidos por los delitos de tortura y abuso de autoridad contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005.

La orden de aprehensión se giró luego de haber sido apelada por el Ministerio Público de la Federación el 26 de noviembre de 2018, en la última semana de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, donde se negó librar la cédula contra los implicados en la detención de la escritora por órdenes del ex mandatario.

Tras revocar la resolución apelada, el 11 de abril se liberó la orden contra Mario Marín Torres y sus cómplices.

Días después, el 16 de abril, fue detenido el primer señalado en el caso, Juan Sánchez Moreno, quien ocupaba el cargo de titular del extinto cuerpo de Mandamientos Judiciales y fue quien encabezó la operación para la detención de la periodista en Cancún, Quintana Roo, por órdenes de Karam Beltrán.

En el documento girado desde la misma ciudad donde fue detenida Cacho Ribeiro el 16 de diciembre de 2005 para ser trasladada a Puebla vía terrestre bajo intimidación y presunta tortura psicológica, se desprende un oficio a la Fiscalía General de la República para que ordene la búsqueda y detención de los indiciados con el fin de que sean puestos a disposición de las autoridades quintanarroenses.

La demanda de la que nace la orden de aprehensión fue presentada por María Araceli Andrada Tolama, Elsa Martínez Hernández, Alejandro Rojas Pruneda, Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, Luna Eduardo Knapp Moreno, Diego Armando Martínez Valor, Martha Gabriela Castillo Graduño, Juan Sebastián Salamanca Calle, Itzia Miravete Veraza y Ana Cristiana Ruelas Serna, todos ellos activistas y defensores de Derechos Humanos.

Luego que Mario Marín Torres y compañía fueran exonerados por la SCJN el 30 de noviembre de 2007, 21 meses después de la publicación de los audios con las conversaciones entre el ex gobernador y el empresario Kamel Nacif, donde quedó de manifiesto su complicidad para detener a Lydia Cacho, la Organización de las Naciones Unidas pidió al Estado Mexicano reabrir el caso y resarcir los daños provocados contra la periodista.

El 6 de agosto de 2018, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe donde exigió al Estado Mexicano que en un plazo de 180 días se atendiera la petición, al reconocer que hubo serias violaciones a derechos humanos, violencia de género, tortura, prohibición al derecho de expresión y mal uso de instituciones judiciales durante la detención y traslado de la escritora.

Además, la ONU pidió que se hiciera una nueva investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados para juzgar y sancionar a quienes estuvieron involucrados en los hechos en 2005.

Para dar respuesta a la mitad de este informe, el 10 de enero de este año, más de 13 años después del hecho, el Estado Mexicano, a través de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación federal y en 2007 magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votó contra la culpabilidad de Marín Torres, ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho por la violación a sus derechos humanos.

“Este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar; este es un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para la democracia y la cuarta transformación representa la libertad de expresión. Nunca más la censura ha de tener cabida. A 13 años de este lamentable suceso estamos aquí siendo consecuentes como gobierno, con nuestra historia, con las omisiones y los errores del pasado. Hoy estamos aquí para ofrecer disculpas a nombre del Estado mexicano a Lydia Cacho, pero también para reiterar que el gobierno de la República no estará supeditado a intereses particulares”, subrayó Olga Sánchez.

Este miércoles 17 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la detención de Juan Sánchez Moreno, uno de los personajes sobre los cuales pesa la orden de aprehensión. Al ofrecer su conferencia de medios, señaló que dicha acción es “un signo de los nuevos tiempos”.

“Celebro se esté dando trámite a esa denuncia y se proceda legalmente”, dijo, a la par que precisó que sobre la detención y la orden de aprehensión se enteró por los medios de comunicación, pues que a él no le consultaron la decisión.

En la junta auxiliar de La Resurrección, Mario Marín Torres optó por no dar discursos ni entrevistas. Ese silencio, casi profético, se prolongaría durante los días siguientes a la noticia de la orden de búsqueda y captura. La única noticia que se tendría sobre Mario Marín la tuvo su particular Ramón Fernández Solana, quien soltó, cuestionado por los reporteros, que el exgobernador “está de vacaciones”.

Para el encargado de la campaña a nivel local del candidato Alberto Jiménez Merino, la orden de aprehensión en contra del exgobernador forma parte de una persecución política con fines electorales, derivado de “cierto nerviosismo en los cuartos de guerra de otros partidos políticos”.

A la orden, dijo Fernández Solana, el PRI la ha tomado como algo “grave”, pues “la justicia se usa como un garrote político”, y marca tiempos “de regresión donde la persecución política tiene fines electorales”.

Al silencio de Mario Marín, se ha sumado el candidato Alberto Jiménez Merino, quien en los últimos días ha permanecido alojado en la Sierra Norte de Puebla, en actos de campaña de los que se tiene constancia por su equipo de prensa.

Cuestionado sobre el tema, el abanderado del PRI se “deslindó” del exgobernador, pues aseguró que “cada quien es responsable por sus actos”. Al preguntarle también si Mario Marín seguiría acompañándolo en su campaña, mencionó que quienes “quieran venir a mi campaña estarán aquí”. Incluso, ya incómodo del tema, dijo que él no hablaría “de amistades ni de deslealtades” en este, su periodo de campaña que se ha visto opacado por la figura del exgobernador.

La Jornada de Oriente
Paula Carrizales / Duolce Gómez
Ciudad de Puebla, México
Viernes 19 de abril de 2019.


Manjares en el aire durante los viajes del priísta Enrique Peña Nieto


El sábado 11 de julio de 2015, durante el vuelo rumbo a Francia -a donde acudió como invitado de honor para el desfile militar en París por el Día Nacional del país europeo-, Enrique Peña Nieto y su comitiva ordenaron en el avión Presidente Juárez, 69 platillos de filete de curvina bañada en salsa, 69 ensaladas con camarones y nueve filetes de carne en su jugo.

Catalogados como platillos VIP, según el propio menú de la empresa Private Catering -cuyo lema es "Lo mejor para tu avión"-, ese día los viajeros también solicitaron, bajo esa etiqueta, vegetales de alta calidad, ensalada mediterránea y tartas antes de arribar al aeropuerto París-Orly, en las afueras de la capital gala.

Durante las cerca de 12 horas de vuelo sobre el Atlántico, con una escala en Gander, Canadá, Peña Nieto, su entonces esposa Angélica Rivera y sus 143 acompañantes, incluyendo los titulares de 31 dependencias -como Luis Videgaray y Claudia Ruiz Massieu, exsecretarios de Hacienda y de Turismo-, erogaron 261 mil 423 pesos con esa compañía; es decir, gastaron más de 26 mil pesos por hora tan solo en comida.

La visita de Estado a Francia fue considerada en medios diplomáticos como un relanzamiento de la relación tras el escándalo Cassez, ya que por primera vez un Ejecutivo mexicano participó en los festejos por la Revolución Francesa en París, donde también por primera ocasión desfiló un contingente de 150 elementos del Heroico Colegio Militar, del Colegio del Aire, de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Gendarmería de México.

Sin embargo, la visita también se vio empañada por la segunda fuga en México de Joaquín "El Chapo" Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa. Al arribar el domingo 12 de julio a París, pocas horas después, Peña Nieto se declaró "consternado" y pidió investigar la posible complicidad de autoridades, mientras que Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, regresó al país para coordinar la recaptura del narcotraficante.

En el avión TP-01, con el paso de su gobierno, los banquetes reservados a altos funcionarios e invitados se repitieron en decenas de ocasiones hasta alcanzar gastos millonarios, especialmente cuando las salidas fueron al exterior e incluyeron servicios de catering, así como comida ordenada para llevar de restaurantes al interior de la República en el transcurso de giras nacionales.

De acuerdo con facturas de la Oficina de la Presidencia de la República obtenidas vía la Ley de Transparencia por El Universal, Peña Nieto y su comitiva erogaron 20 millones 722 mil pesos, de los que 77% correspondió a giras internacionales durante el periodo que va de diciembre de 2012 -cuando tomó posesión- a diciembre de 2015, en la primera parte de su sexenio.

Este diario publicó la semana pasada que la comitiva del ex mandatario gastó también 270 mil pesos en bebidas alcohólicas a bordo del Boeing 757-225, reemplazado en 2016 por un Boeing 787-8 Dreamliner, que incluyeron vinos tintos, whisky, coñac y tequila contenidos en más de 700 botellas -un total de 522 litros- en el mismo periodo.

Los gastos por concepto de servicio de catering -por ejemplo, telefonía con roaming internacional, seguridad privada y lavandería-, además de alimentos de lujo, asentados en 133 facturas a las que tuvo acceso El Gran Diario de México, revelan que fueron 16 millones 649 mil pesos distribuidos en 65 destinos, de acuerdo con los oficios de números 0210000150116 y 0210000051817.

Entre ellos se encuentran Francia, Italia, Estados Unidos (incluyendo Alaska), Canadá, China, Indonesia, Suiza, Inglaterra, España, Portugal, Colombia, Turquía, Ecuador, Venezuela, Haití, Costa de Marfil, Chile, Costa Rica, Rusia, Australia y Perú, así como otros que no aclaran las facturaciones.

Entre los gastos más elevados se ubica la gira que Peña Nieto efectuó a Asia en 2015 con el fin de reunirse, entre otros objetivos, con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G-20 en Turquía, al registrar un millón 641 mil pesos. Después aparece Los Ángeles, Estados Unidos: a través de tres facturas, se expone que gastaron en 2015 un millón 395 mil pesos, ya que el gobernador de California, Jerry Brown, organizó un almuerzo en su honor en Sacramento.

En tercer lugar, aparece la salida a Gander, Canadá, donde el exmandatario realizó una escala antes de arribar a Francia en 2015. Sólo por ese trayecto la cuenta fue de 634 mil 304 pesos, al tiempo que para dirigirse a territorio galo se sumaron 641 mil 538 pesos.

Agencias
Ciudad de México
Domingo 07 de abril 2019.


En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.


Río de Janeiro. - La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.

El ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.

La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región.

La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.

México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.

En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.

El escándalo creció con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de exejecutivos de la constructora -como el exdirector en México Luis de Meneses-, que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.

Pese a estas evidencias la fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que la entidad mexicana que vela por el acceso a la información le pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.

En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios y nueve exfuncionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.

La fiscalía brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.

Por otra parte, Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.

La AP solicitó a la Procuraduría General de la República aclaraciones sobre el tema, pero no obtuvo ningún comentario.

En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron “un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado” pero no está claro si tiene algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil.

Associated Press
Rio de Janeiro, Brasil
Miércoles 10 octubre 2018.


Dos hombres fueron detenidos hoy por llevar en una camioneta tres bolsas con 20 millones de pesos en efectivo, los cuales iban dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

La detención ocurrió por la tarde cuando los sospechosos circulaban en una camioneta Lincoln Navigator sobre Insurgentes Norte, en la Colonia Buenavista.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), agentes del Estado Mayor Policial y de la Subsecretaría de Tránsito los sorprendieron en un Punto de Control Preventivo, en una revisión aleatoria.

En la inspección les encontraron 20 millones de pesos en bolsas de plástico de la empresa Global Traslado de Valores, con un comprobante de traslado de valores el cual señalaba que el efectivo debía ser entregado en Insurgentes 59, Colonia Buenavista, donde se encuentra el PRI nacional.

Los sujetos se identificaron como Alan Torres y Óscar Castañeda, de 32 y 44 años de edad.

Al no poder acreditar su procedencia lícita y por tratarse de un delito federal, fueron trasladados, junto con el dinero, a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en Azcapotzalco.

La dependencia federal informó que solicitaron peritos en materia de contabilidad para el conteo del efectivo.

Al respecto, el CEN del PRI rechazó la acusación.

Reforma
Ciudad de México
Martes 26 Junio 2018.


Romero Deschamps tiene 30 años reeligiendose como lider petrolero, es senador por el PRI y forma parte del comité ejecutivo de Petróleos Mexicanos.

El líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps tiene una mansión valorada en más de 6 millones de dólares en Acapulco, reveló hoy una investigación del diario Reforma.
De acuerdo con el rotativo, que publica la noticia en portada, el influyente secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) goza de una enorme casa en una de las zonas más exclusivas del balneario de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.

Hace tres años, la casa estaba valorada en 4.5 millones de dólares y contaba con un terreno de 5,000 metros cuadrados, 11 habitaciones, un comedor para 18 personas, terraza, piscina, bar y cancha de tenis, entre otros.

Según el periódico, parte de la casa fue derribada y se están acometiendo importantes obras en al menos mil metros cuadrados, por lo que las construcciones aumentarían el precio de la vivienda en hasta 6.4 millones de dólares.

Además de líder petrolero por casi 30 años, Romero Deschamps es senador y forma parte del comité ejecutivo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Reforma señala que para hacerse con esta casa, llamada Teifaros, el influyente sindicalista realizó una maniobra financiera.

El inmueble se puso a la venta en 2015 y en diciembre de ese año se formalizó la compra de la residencia por parte de una inmobiliaria dirigida por el abogado Juan Ramón Collado, amigo de Romero Deschamps.

Dicha firma inmobiliaria se constituyó apenas unos días antes de la compraventa y la escritura de la vivienda se registro en febrero del 2016, donde se especificaba un valor de 2.5 millones de dólares.

No obstante, ese mismo año la casa se valuó en 4.5 millones de dólares, un precio que ahora subiría a más de 6 millones con las modificaciones que estaría ejecutando el líder petrolero.

Da la casualidad de que este fin de semana, Romero Deschamps se reunió en un acto público con el candidato a la Presidencia de México el próximo 1 de julio del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade.

En dicho evento, Meade destacó la importancia de tener un sector petrolero robusto, prometió un aumento de la producción de barriles y elogió la figura del sindicalista.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 17 de junio de 2018.

El exgobernador de Veracruz, encarcelado en Guatemala, expresó su “deseo” de presentarse ante la justicia mexicana para defenderse de las acusaciones de corrupción

Nueve meses después de que huyera de México por la frontera sur, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte regresará a México el próximo lunes en manos de la policía y con las esposas puestas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha confirmado el miércoles la extradición de Duarte para el 17 de julio, aunque aún están pendientes algunos detalles como la hora de la entrega y si Duarte viajará en un avión enviado por la Cancillería. El anuncio llega una vez resuelta su extradición y tras los reclamos de Guatemala para que México se lleve cuanto antes a Duarte, a quien considera un preso de "alto riesgo".

El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, alertó la semana pasada que corre peligro la vida de Duarte, contra al que podrían atentar distintos grupos criminales, confesó el ministro. "Tenerlo aquí representa un riesgo", dijo Rivas, quien pidió a México que "cumpla con su responsabilidad de venir a traerlo (buscarlo) porque es una gran responsabilidad para Guatemala: Su integridad y su vida corren peligro", insistió.

El ministro esperaba entonces que en días u horas Duarte pudiera salir del país una vez que ya había aceptado su extradición, una decisión que, finalmente, ha llegado diez días después. Paralelamente, Rivas hizo una sutil confesión que levantó la ceja de quienes ya esperan al político veracruzano para saldar cuentas, al decir que tiene información sobre corrupción "importante para México".

Entre la información que podría manejar están las relaciones de Duarte con su antiguo partido, el Revolucionario Institucional (PRI), tal y como se reveló el martes gracias a un audio difundido en las redes sociales por el entorno del actual gobernador y opositor político, Miguel Ángel Yunes. En el mismo, Duarte regaña a su extesorero, Tarek Abdalá Saad, por el retraso en el envío de 1.000 millones de pesos al PRI. El regaño de Duarte se produjo semanas antes de la elección a gobernador de 2016 y en él le recrimina a Abdalá —hoy diputado federal priista con un juicio de procedencia estancado— no haber enviado el dinero a la sede nacional del partido.

El exgobernador fue capturado el 15 de abril en la localidad guatemalteca de Panajachel y está preso desde ese día en una cárcel de máxima seguridad en la capital. Con su detención se puso fin a una sonrojante fuga para el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue la captura del político que mejor encarna la corrupción de los últimos años en los gobiernos estatales.

Duarte es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que habría cometido como gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016. En su propio Estado también tendrá que afrontar cargos por tráfico de influencias, incumplimiento de deber legal, abuso de autoridad y peculado.

"He decidido allanarme al pedido de extradición formal de México en relación con los delitos federales, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos", dijo Duarte el día que aceptó su extradición. "Es mi deseo así acreditarlo ante la Federación de mi país". Un deseo que podrá cumplir a partir del lunes.

El País
Jacobo García
Ciudad de México
Viernes 14 de julio de 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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