El exgobernador de Veracruz, encarcelado en Guatemala, expresó su “deseo” de presentarse ante la justicia mexicana para defenderse de las acusaciones de corrupción

Nueve meses después de que huyera de México por la frontera sur, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte regresará a México el próximo lunes en manos de la policía y con las esposas puestas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha confirmado el miércoles la extradición de Duarte para el 17 de julio, aunque aún están pendientes algunos detalles como la hora de la entrega y si Duarte viajará en un avión enviado por la Cancillería. El anuncio llega una vez resuelta su extradición y tras los reclamos de Guatemala para que México se lleve cuanto antes a Duarte, a quien considera un preso de "alto riesgo".

El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, alertó la semana pasada que corre peligro la vida de Duarte, contra al que podrían atentar distintos grupos criminales, confesó el ministro. "Tenerlo aquí representa un riesgo", dijo Rivas, quien pidió a México que "cumpla con su responsabilidad de venir a traerlo (buscarlo) porque es una gran responsabilidad para Guatemala: Su integridad y su vida corren peligro", insistió.

El ministro esperaba entonces que en días u horas Duarte pudiera salir del país una vez que ya había aceptado su extradición, una decisión que, finalmente, ha llegado diez días después. Paralelamente, Rivas hizo una sutil confesión que levantó la ceja de quienes ya esperan al político veracruzano para saldar cuentas, al decir que tiene información sobre corrupción "importante para México".

Entre la información que podría manejar están las relaciones de Duarte con su antiguo partido, el Revolucionario Institucional (PRI), tal y como se reveló el martes gracias a un audio difundido en las redes sociales por el entorno del actual gobernador y opositor político, Miguel Ángel Yunes. En el mismo, Duarte regaña a su extesorero, Tarek Abdalá Saad, por el retraso en el envío de 1.000 millones de pesos al PRI. El regaño de Duarte se produjo semanas antes de la elección a gobernador de 2016 y en él le recrimina a Abdalá —hoy diputado federal priista con un juicio de procedencia estancado— no haber enviado el dinero a la sede nacional del partido.

El exgobernador fue capturado el 15 de abril en la localidad guatemalteca de Panajachel y está preso desde ese día en una cárcel de máxima seguridad en la capital. Con su detención se puso fin a una sonrojante fuga para el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue la captura del político que mejor encarna la corrupción de los últimos años en los gobiernos estatales.

Duarte es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que habría cometido como gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016. En su propio Estado también tendrá que afrontar cargos por tráfico de influencias, incumplimiento de deber legal, abuso de autoridad y peculado.

"He decidido allanarme al pedido de extradición formal de México en relación con los delitos federales, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos", dijo Duarte el día que aceptó su extradición. "Es mi deseo así acreditarlo ante la Federación de mi país". Un deseo que podrá cumplir a partir del lunes.

El País
Jacobo García
Ciudad de México
Viernes 14 de julio de 2017.


Se le acusa de usar fondos públicos para el PRI; descontaba 10% del salario a servidores públicos

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, por el desvío de recursos millonarios hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial consultadas por EL UNIVERSAL, la Fiscalía de la PGR integró un expediente con pruebas suficientes para solicitar la aprehensión del ex mandatario incluso con fines de extradición, si es que se logra en el extranjero.

De acuerdo con información a la que este diario tuvo acceso, como gobernador César Duarte les quitaba 10% del sueldo a funcionarios de su gobierno para destinarlos al PRI estatal.

Según las investigaciones, el ex mandatario habría desviado más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos a su partido, el PRI.

Se prevé que el próximo viernes se lleve a cabo una audiencia para desahogar el caso por la denuncia interpuesta por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua.

Este diario constató que una de las acusaciones contra el ex gobernador Duarte es que quitaba 10% de su salario a servidores públicos para destinarlos al fortalecimiento económico del Revolucionario Institucional.

El PRI en Chihuahua es dirigido desde el 26 de febrero de 2016 por Guillermo Dowell Delgado, quien formó parte del gabinete de César Horacio Duarte como su representante en Ciudad Juárez, cargo al que renunció para encabezar al tricolor chihuahense.

Ayer se confirmó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, adscrita a la Procuraduría General de la República, solicitó a un juez federal la detención de Duarte por el uso de recursos públicos para financiar campañas políticas.

El detalle de la denuncia. La denuncia fue generada por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal respecto a una presunta transferencia ilícita de recursos para el PRI en el ámbito local en Chihuahua.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se revisaron las finanzas del estado y se encontró que durante los seis años de la administración del priísta se hacía un descuento mensual a los trabajadores.

La información recabada por este diario señala que a un total de 700 trabajadores del gobierno del estado se les retenía 10% de su salario.

De acuerdo con las fuentes consultadas que tienen acceso al expediente, esa retención se generaba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda.

Se trataba de una concentración del recurso y después de manera mensual se expedía un cheque, que era depositado en una empresa particular.

El cheque se entregaba al tesorero de dicho instituto político en el ámbito local sin reportarse al INE ni a ningún tipo de instancia.

Entidad investigada.

Durante el proceso que se sigue contra el ex director de Administración de Chihuahua, Gerardo Villegas, un testigo protegido reveló en abril pasado que César Duarte desvió 250 millones de pesos para financiar diversas campañas del PRI en 2016.

El Ministerio Público señaló que el testigo protegido acusó que Ricardo Yáñez Herrera, entonces secretario de Educación, y Gerardo Villegas habían tomado los 250 millones de pesos del erario por órdenes de Duarte Jáquez.

Para poder bajar esos recursos, como lo publicó EL UNIVERSAL el pasado 1 de abril, se usaron cuatro empresas mediante contratos para el desarrollo de programas computacionales, cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia.

Un día antes de que se dieran a conocer las revelaciones del testigo protegido se informó que la Interpol había publicado una “ficha roja” de César Duarte, con lo que se activó un protocolo internacional para detener al ex mandatario en cualquiera de los 190 países que forman este mecanismo policial.

El 1 de abril la Fiscalía General de Chihuahua cateó simultáneamente al menos tres propiedades del ex gobernador Duarte, quien cuenta con orden de aprehensión en la entidad y en Estados Unidos.

Apenas el 10 de junio pasado fue detenido el ex auditor de Chihuahua, Jesús Esparza Flores, por presuntamente haber manipulado el resultado de diversas auditorías a su cargo con el objetivo de encubrir al ex gobernador Duarte.

Esparza Flores renunció a su cargo en enero pasado, tras haber sido acusado en el Congreso local de haber alterado diversas cuentas públicas a fin de ocultar millonarios desfalcos al erario.

El 7 de junio del año pasado, Chihuahua vivió una jornada electoral donde los ciudadanos eligieron nuevo gobernador, renovaron a los integrantes del Congreso del estado y votaron por 67 presidentes municipales e integrantes de cabildos.

El Universal
Francisco Reséndiz
Ciudad de México
Martes 20 de junio de 2017.


La petrolera nacional registró daños por 30,000 millones de pesos en 2016 a causa del ilícito.


La petrolera nacional Pemex tocó un nuevo máximo en las tomas clandestinas para la "ordeña" de gasolinas en sus ductos en 2016, y redujo la presentación ante la autoridad de los involucrados en 45%.

Las tomas clandestinas identificadas y selladas llegaron a las 6,873 durante el año pasado, un incremento del 9.8% frente a las 6,260 detectadas durante 2015, según cifras del reporte anual de Pemex 2016 enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).

El crecimiento de esta actividad ilegal se disparó en 868% a lo largo de esta década, cuando en 2010 apenas se contabilizaron 710 tomas clandestinas, según cifras datos de los reportes anuales para cada año.

La petrolera mexicana perdió en promedio 23,000 millones de pesos (mdp) al año por este ilícito, cifra que llegó a 30,000 mdp en 2016, dijo el director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings, en un noticiero de Grupo Imagen a inicios de abril. La llamada empresa productiva del Estado consideró que puede generar ahorros de hasta 11,000 mdp con mejoras en la custodia y detección de mercados ilícitos de combustibles, según su Plan de Negocios de 2016.

La compañía, que dirige José Antonio González Anaya, presumió de una menor sustracción de combustibles durante el año pasado.

“PEMEX colabora con las autoridades judiciales y ministeriales para identificar 2,695 vehículos involucrados en el mercado ilícito de combustibles en 2016, en comparación con 4,907 vehículos en 2015, lo que representa una disminución de 45.1%, como resultado de una disminución en el monto de hidrocarburos robados a los largo del sistema de ductos”, aseguró la compañía.

Pero el reporte de Pemex a los reguladores financieros mexicano y estadounidense no detalla el monto de combustibles sustraídos durante el año pasado. La petrolera no respondió a una solicitud de información para este nota, en un día feriado en México.

Expansión
Edgar Sigler
Ciudad de México
Martes 2 de mayo de 2017.


•    Caen los ayudantes del Mono Muñoz en España, socio de Humberto Moreira, ex presidente del PRI

•    Crece la presión en México para que las autoridades investiguen los nexos de Muñoz y Los Zetas con el gobierno de Humberto Moreira, amigo de Enrique Peña Nieto

La policía española detuvo este viernes a ocho presuntos integrantes del cartel de Los Zetas en España. Los ocho eran colaboradores de Juan Manuel El Mono Muñoz, presunto enlace de la organización en Europa. Entre los detenidos figuran la mujer y uno de los hijos del capo.

Las autoridades españolas detuvieron al propio Muñoz en marzo del año pasado. Lo acusan de blanqueo de capitales y narcotráfico. En enero, el Gobierno acordó extraditarlo a Estados Unidos. Allí, la justicia lo busca por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones del caso Muñoz en España coincidieron con la detención del exgobernador mexicano Humberto Moreira en Madrid, en enero de 2016. Moreira es el eterno sospechoso en México. Durante su mandato, la deuda de Coahuila, el estado que gobernó, se disparó y Los Zetas se hicieron con el control de las principales ciudades. En declaraciones a las autoridades mexicanas, un miembro de la organización declaraba este mismo año que Moreira, que llegó a ser presidente del PRI, el partido de Gobierno en México, cobró para dejarlos hacer. Dijo también que el Mono Muñoz había sido su enlace con el exmandatario.

En octubre, EL PAÍS desvelaba los pagos millonarios de Muñoz a varios jefes de Los Zetas en la Ciudad de México. Según la contabilidad de Muñoz, el dinero se había obtenido mediante la venta de 2.100 kilogramos de cocaína en Europa, que repatriaron a la organización 63 millones de euros.

La policía española vincula a Muñoz con altos cargos del Gobierno de Coahuila. Los señalamientos de las autoridades españolas corresponden al periodo 2005-2011, los años de Humberto Moreira.

En enero de 2016, la policía española detuvo al propio Moreira. La fiscalía lo acusaba de blanqueo de dinero y malversación de fondos. El exgobernador llegó en un vuelo desde México e iba a hacer escala en Madrid para volar a Barcelona, ciudad a la que se mudó en 2013 para estudiar un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona. En aquel momento, su carrera política ya se había desmoronado. En 2011 había dejado el gobierno de Coahuila para presidir el PRI, el partido más poderoso de México, y dirigir su aparato de cara a las elecciones de 2012, pero se vio envuelto en un escándalo por el endeudamiento masivo de Coahuila durante su mandato y tuvo que renunciar a la presidencia del partido nueve meses después de asumirla.

Otro de los señalamientos contra Moreira es que Los Zetas crecieron en Coahuila durante su mandato. De hecho, hace apenas unos días trascendía la declaración ante las autoridades mexicanas de un integrante de la banda criminal, que aseguraba que Moreira recibió pagos para hacer la vista gorda. Según este testimonio, el exgobernador recibía dos millones de dólares al mes por permitir que Los Zetas vendieran drogas y alcohol.

El zeta dijo también que el Mono Muñoz hacía de intermediario entre el gobernador y la organización. Moreira dijo durante mucho tiempo que no conocía a Muñoz, pero las fotos de un acto al que ambos acudieron en 2005 le desmienten.

Los partidos de la oposición exigen desde hace años que las autoridades investiguen a Moreira. Tras la publicación del testimonio del integrante de los Zetas en el diario Reforma, la derecha del PAN exigió a las autoridades que investiguen los vínculos entre el exmandatario y el cartel.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Lunes 10 de abril de 2017.


La calificación actual es cinco puntos menor que la medición del año 2015; el organismo señala que no es suficiente el SNA


De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, que presentó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 30 puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 países.

La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior del año 2015. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos.

Es decir, 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos.

El organismo, en su capítulo México, advirtió que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no han sido suficientes para reducir la percepción y los efectos de la corrupción en México.

El organismo dijo que no basta con asegurar la transformación institucional, sino que éstos deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a las instituciones públicas del país.

“Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes”, advirtió.

Ante ese escenario, Transparencia Internacional emitió una serie de recomendaciones para el Estado mexicano.

“La corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas”.

Señala que es necesario crear una Fiscalía General de la República –cuyo proceso se encuentra atorado en el Congreso de la Unión- capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa.

Recomendó que su diseño permita emprender acciones sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción.

Transparencia Internacional urgió al Congreso de la Unión, y en especial a los Congresos locales, cumplir con su función de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.

El organismo internacional consideró que además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho.

“En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales”.

Expresó que en el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 25 de enero de 2017.

El Presidente Enrique Peña y Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, fueron denunciados ante la PGR por presunta conspiración a favor de OHL.

El Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntamente haber conspirado para beneficiar a la empresa OHL en su disputa legal con Infraiber.

La denuncia fue presentada ayer a las 15:00 horas por el representante legal de Infraiber, Paulo Diez Gargari, quien sostiene en el escrito que Peña Nieto instruyó retirarle a Ifraiber el convenio para medir el aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. "Es posible concluir que estamos en presencia de una auténtica 'conspiración de Estado', puesta en marcha por instrucciones del propio Presidente de la República, para perjudicar a Infraiber y otros, como represalia por las denuncias públicas (fundadas y bien documentadas) de los numerosos y muy graves actos de corrupción de las empresas del Grupo OHL con servidores públicos estatales y federales", señala.

El escrito establece que la instrucción del Presidente se habría dado durante una reunión celebrada el 6 de abril de 2015, en la que además de Peña Nieto estuvieron presentes Ruiz Esparza, Juan Miguel Villa Mir, entonces Presidente de OHL España; José Andrés de Oteyza Fernández, presidente de OHL México; y Juan Luis Osuna Gómez, presidente de Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V.

En ese encuentro, refiere Diez Gargari a partir de los audios telefónicos que sobre el caso se han dado a conocer desde hace un año, y otros hechos públicos, el Presidente habría pedido a Ruiz Esparza que "regañara" al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, para que arreglara el problema con Infraiber.

Durante la reunión, de Oteyza, de acuerdo con su propio dicho formulado posteriormente en una conversación telefónica, habría urgido a arreglar al asunto, con el argumento de que no sólo afectaba a OHL sino "a todos nosotros", en referencia a los ahí presentes, afirma Diez Gargari.

"Mucho más que la evidente preocupación que manifiesta Oteyza, llama la atención el énfasis que éste añade para referirse al Presidente de la República, al Secretario Ruiz Esparza y al Grupo OHL como 'todos nosotros'", señala.

La confesión de parte de Ruiz Esparza de que sí actuó para que le retiraran el convenio a Infraiber, indica la denuncia, se dio el 29 de noviembre del año pasado, durante la comparecencia que el funcionario tuvo como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno.

Cuestionado por la diputada panista Claudia Sánchez Juárez y bajo protesta de decir verdad, el Secretario dijo que por su intervención se le había quitado a Infraiber el contrato para instalar y operar el Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio (SIVA).

"Hay que entender que a éste personaje (Diez Gargari), que usted menciona, se le entregó un convenio que le daba, por adjudicación directa, que le daba un ingreso como de 4 mil o 5 mil millones de pesos, que por intervención de su servidor se le quitó en el Estado de México", señaló Ruiz en esa comparecencia. "Por sí sola, esta manifestación constituye una confesión del Secretario Ruiz Esparza en el sentido de que cometió hechos probablemente constitutivos de delito", enfatiza la denuncia.

Reforma
Ciudad de México
Martes 10 de enero de 2017.


Peña Nieto explicó que su esposa no es la propietaria de un segundo departamento, como lo señaló el diario británico.

Enrique Peña Nieto aceptó que su amigo Ricardo Pierdant, empresario mexicano que reside en el extranjero, pagó un año de predial del departamento que su esposa Angélica Rivera tiene en un condominio de Miami como un favor especial.

"Es un amigo (...) que está allá y que, efectivamente, le hizo un favor, una única ocasión de 11 años que tiene la propiedad, en una única ocasión porque mi esposa estaba aquí. Dijo: oye puedes cubrir el impuesto predial, yo te lo cubro aquí, como de hecho ocurrió. Me parece en una relación común, ordinaria, que puede pasar entre quienes son amigos y vecinos, pero que eso no suponga, de ninguna manera, un hecho ilegal o estar en falta", dijo el Presidente durante una entrevista que le realizó Joaquín López-Dóriga, transmitida esta noche en el Canal 2.

La aclaración se da a una semana de que el periódico inglés The Guardian publicó una nota en la que detalla que la esposa del presidente Peña Nieto ocupaba además del departamento en cuestión otro igual y contiguo, cuya propiedad es de Pierdant según títulos de propiedad de Miami.

Durante la entrevista, el presidente Peña Nieto negó que su esposa Angélica Rivera tenga un conflicto de interés por haber usado el departamento de Pierdant, ya que no es un probable contratista del gobierno federal, como The Guardian lo aseguró.

"Primero, me parece una calumnia (...) lo que quiso dar esta nota o hacer suponer es que mi esposa tenía otra propiedad, propiedad que no tiene, sólo tiene el departamento que ella había adquirido, incluso, antes de casarse, y antes de que yo la conociera.

"Ella siendo, estando dedicada a la actividad artística, adquirió, entonces, esa propiedad. De ahí que tenga a un vecino, amigo, como todos tenemos, y que alguna vez alguien lo haya ocupado, es distinto al de afirmar que esa propiedad sea de ella, y eso es lo que quiso decir esta nota. Es completamente falso que mi esposa tenga otra propiedad en Miami, es completamente falso que sea parte de la propiedad que ella declaró que tenía desde el principio. Y es completamente falso que haya un eventual o potencial conflicto de interés, porque este vecino es una gente que vive allá, que radica fuera de México, y que no tiene, como está acreditado, ningún contrato con el Gobierno de la República", detalló Peña Nieto.

Milenio
Ciudad de México
Martes 16 de agosto de 2016.


“The New York Times” cuestiona a los legisladores

Ciudad de México.- La corrupción está tan infiltrada en la vida cotidiana en México que ya se acuñó un refrán: “El que no transa, no avanza”.

Pagos y sobornos son el precio de hacer negocios, una línea invisible en el presupuesto que por lo general no se controla.

Sin embargo, un paquete de medidas contra la corrupción que se someterá al Congreso federal podría convertirse en un punto de quiebre en la relación de la ciudadanía con la corrupción.

Se trata de una ambiciosa iniciativa para imponer la obligación de hacer pública la relación de bienes y propiedades a todos los servidores públicos, en todos los niveles de gobierno.

Llamada “3 de 3”, la iniciativa obligaría a funcionarios del gobierno a revelar sus activos y posibles conflictos de intereses, así como demostrar que cumplen con el pago de impuestos.

De ser aprobada, la iniciativa, que también obligaría a familiares cercanos de funcionarios públicos para revelar sus activos, sería una de las medidas de divulgación pública de mayor alcance en el mundo, dicen sus promotores.

“México tiene que aspirar a lo mejor”, afirma Eduardo Bohórquez, uno de los principales autores y el director ejecutivo de “Transparencia Mexicana”, un grupo de vigilancia cívica.

Ese paquete, sin embargo, pende de un hilo.

El Congreso de la Unión terminó su periodo ordinario de sesiones a fines de abril sin tomar las medidas necesarias para someter la iniciativa a votación.

Los legisladores, preocupados por la cercanía de elecciones del 5 de junio, se negaron a convocar a una sesión especial para debatir el asunto antes de una fecha límite, que era precisamente este 28 de mayo.

En vez de eso, los diputados pospusieron la sesión para mediados de junio. Una protesta pública en los últimos días obligó a los legisladores para reprogramar el debate para mañana lunes.

La iniciativa “3 de cada 3” es el resultado de un esfuerzo notable de las bases ciudadanas. En 2014, un cambio en la ley mexicana abrió la posibilidad a los ciudadanos de proponer una iniciativa de ley, con el apoyo de por lo menos 120,000 firmas comprobables. Antes de eso, sólo el Presidente y los miembros del Congreso podrían generar una legislación.

La medida “3 de 3”, impulsada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, acumuló en poco tiempo más de 630,000 firmas.

Apoyo empresarial

También recibe apoyo de las asociaciones empresariales influyentes, llevando a algunos analistas a especular sobre que los sobornos en espiral pueden haber dañado demasiado profundamente.

“Esto es claramente un acontecimiento histórico en términos de movilización de la sociedad civil”, considera Viridiana Ríos, una investigadora en el Wilson Center en Washington y columnista del periódico “Excélsior”.

El creciente interés en la corrupción en México refleja, en parte, un cambio en la forma en que investigadores sociales y funcionarios abordan los problemas del país, en particular la violencia.

Durante años, la principal estrategia del gobierno para combatir la violencia era atacar a los grupos de traficantes de drogas.

Pero en los últimos años, la corrupción y la impunidad han sido considerados como las causas fundamentales de la violencia y otros males de la nación.

“Los peores problemas y retos de México son causados o agravados por la corrupción directamente”, afirma Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, un grupo de investigación que apoya la iniciativa ciudadana “3 de 3”.

“¿Cómo se puede resolver el problema de la violencia y el crimen organizado, si no se resuelve el problema de la corrupción?”, expresa. “La corrupción está debilitando la capacidad del Estado para hacer frente a los retos del país”.

The New York Times
Ciudad de México
Domingo 29 de mayo de 2016.


La PGR detuvo en Torreón a un textilero que presuntamente defraudó al fisco con más de 217 millones de pesos, en un asunto por el que también están prófugos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, allegados al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

El jueves pasado, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR aprehendió a Luis Mario García Fraire, propietario de plantas textileras La Laguna que es investigado desde 2011 por operaciones financieras que derivaron en el mayor caso de defraudación fiscal en la historia reciente del País.

García Fraire fue detenido con base en una orden de captura por tentativa de defraudación fiscal calificada de 217 millones 501 mil 579 pesos, ocurrida en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

En este mismo expediente, el juez giró nueve órdenes de aprehensión, entre ellas las de los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, el primero aspirante a una diputación plurinominal en Coahuila en 2005; y el otro un empresario de los ramos textil e inmobiliario, ex diputado del PRI y titular de Desarrollo Regional de La Laguna durante la gubernatura de Humberto Moreira.

La PGR los puso en la mira porque detectó que, en complicidad con empresarios como García Fraire, los Juan Marcos presuntamente montaron redes de empresas fantasmas para simular operaciones de compra, venta y exportación de puertas de madera y mezclilla, para obtener millonarias devoluciones fiscales.

García Fraire fue trasladado por la AIC desde Torreón a la Ciudad de México, donde fue internado en un reclusorio y puesto a disposición de varios juzgados que ordenaron su aprehensión por los diversos casos de fraude fiscal.

Agencia Reforma
Ciudad de México
Sábado 2 de abril de 2016.

La actriz Kate del Castillo le pidió hace cuatro años al capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán que usara su poder para ser un héroe.

La actriz mexicana Kate del Castillo afirmó que el Gobierno de su país la quiere "destrozar" tras divulgar que ayudó a Sean Penn a entrevistar al 'Chapo' Guzmán. "Si no hablo es porque mis abogados así me lo aconsejan, ya que el Gobierno me quiere a fuerza destrozar", aseguró la actriz.

La actriz mexicana Kate del Castillo aseguró que el Gobierno de su país la quiere "destrozar" después de que se divulgara que ayudó al actor Sean Penn a realizar una entrevista al capo Joaquín el Chapo Guzmán cuando el narcotraficante aún estaba prófugo. "No tengo por qué dar explicaciones a la prensa. Que si no hablo es porque mis abogados así me lo aconsejan, ya que el Gobierno me quiere a fuerza destrozar", dijo en un mensaje enviado a la cadena de televisión hispana de EEUU Univision.

Esta es la segunda ocasión en la que Univision consigue una escueta declaración de la actriz, que reside desde hace años en Los Ángeles (EE UU). Esta es la segunda ocasión en la que Univision consigue una escueta declaración de la actriz, que reside desde hace años en Los Ángeles (EE UU).

La pasada semana, la cadena preguntó a Del Castillo si estaba involucrada en un proyecto para rodar una cinta sobre la vida del líder del cartel de Sinaloa, a lo que ella dijo de manera rotunda: "Cualquier cosa cuándo debe ser y cómo debe ser, no me vuelvas a llamar". A esto hay que sumar un mensaje a través de su cuenta oficial en Twitter, en la que la intérprete de La reina del sur agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores en estos días tan complicados para ella.

"Gracias por su apoyo. Como era de esperarse muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas para distraernos del verdadero tema. Pronto contaré mi versión", escribió el pasado día 13, aunque desde entonces no ha hablado en público sobre el tema. El nombre de la actriz salió a relucir el 9 de enero pasado cuando la revista Rolling Stone publicó el relato que Sean Penn escribió del encuentro que sostuvo con Guzmán en octubre de 2015 en el noroeste de México.

Según Penn, el encuentro fue propiciado por la actriz, a quien el narcotraficante había pedido que se encargara de llevar a cabo su película biográfica. La fiscal mexicana, Arely Gómez, señaló además que se investiga si la actriz recibió recursos del capo para iniciar la producción del tequila Honor del Castillo, de su propiedad, y aseguró que por ahora solo tiene "indicios" de un posible lavado de dinero.

A raíz de la captura del Chapo el pasado 8 de enero, la prensa mexicana ha publicado una serie de mensajes de texto intercambiados entre Del Castillo, Guzmán y Andrés Granados, uno de los abogados del capo, e interceptados por los servicios de inteligencia del país.

En algunos de los mensajes la actriz manifiesta interés en que el narcotraficante participe como inversionista en su marca de tequila. Medios mexicanos publicaron además supuestos mensajes de cariz personal entre la actriz y el Chapo en los que se presuntamente Del Castillo escribió al capo: "Me da mucha ilusión poderte ver a los ojos", "Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado".

Según el Gobierno, esos contactos contribuyeron a dar con el paradero y detención del Chapo, recluido en la misma prisión de máxima seguridad de la que se escapó en julio de 2015.

EFE / 20minutos.es
Madrid, Los Angeles
Domingo 24 de enero de 2016.

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