Duarte será presentado ante la Corte de Florida en las próximas 72 horas

En septiembre del año pasado, el priísta fue ubicado en Albuquerque, Nuevo México

"Detienen en Miami, Florida, a César "D" con fines de extradición", informó la Fiscalía sobre el exgobernador.


César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, fue detenido este miércoles en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de México.

En 2017, la justicia de Chihuahua emitió la primera orden de aprehensión tras detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de seis mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2015.

En ese año la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja para localizar en 190 países al ex mandatario, luego de que la Fiscalía de Chihuahua pidiera a la dependencia federal su apoyo para cumplir con la orden de aprehensión.

En septiembre del año pasado, Duarte fue ubicado en Albuquerque, Nuevo México, y en mayo de 2019, el PRI avaló la expulsión de Duarte del partido.

Duarte será presentado ante la Corte de Florida en las próximas 72 horas

La FGR detalla que la detención del ex gobernador de Chihuahua fue realizada por elementos del Servicio de Alguaciles Federales

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, este miércoles en Miami, Florida, fue realizada por elementos del Servicio de Alguaciles Federales (US Marshals Service, por sus siglas en inglés).

Mediante un comunicado, la FGR señaló que en las próximas 72 horas el ex mandatario podría ser presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales es requerido.

Indicó que en octubre de 2019, la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró una orden de aprehensión en contra de Duarte Jáquez por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

La FGR señaló que hace dos años (2018), el gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra de César Duarte, por diversos delitos.

Sin embargo, acusó, durante "todo ese año la entonces PGR, en la administración anterior, mantuvo inactivo el caso".

Ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, señaló, el año pasado la hoy Fiscalía General de la República (FGR) inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense.

Santiago Nieto felicita a Marcelo Ebrard

Luego de que se informó de la detención de César Duarte, en Florida, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el procedimiento de extradición del ex gobernador de Chihuahua.

"Nadie está por encima de la ley", escribió Santiago Nieto en redes sociales tras darse a conocer la noticia.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 8 de julio de 2020.


Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no sólo recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), también robó millones de dólares al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que militaba.

Lo anterior se desprende de documentos revelados ayer por la Audiencia Nacional de España, a los que la agencia estadunidense The Associated Press (AP) tuvo acceso.

Cuando Lozoya Austin era coordinador de vinculación internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012, le pidió 4 millones de dólares a Odebrecht.

Dicho dinero, según dijo Lozoya Austin a la empresa brasileña, sería para la campaña presidencial del PRI. Sin embargo, cuando recibió el dinero, no entregó todo a las arcas priistas, porque se quedó con la mitad, de acuerdo con documentos judiciales consultados por AP.

“A cambio de la ayuda prestada al director superintendente de Odebrecht para su posicionamiento en los estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en marzo de 2012, el reclamado solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI”, señalan los papeles judiciales consultados por la agencia estadunidense

Lozoya Austin gestionó sobornos por al menos 10 millones de dólares. Un primer pago, de 4 millones de dólares, antes de la contienda electoral, y el resto, 6 millones de dólares, cuando Peña Nieto ya había tomado posesión como presidente.

Esto conforme a las investigaciones realizadas por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab.

No obstante, los documentos referidos por AP detallan que el exdirector general de Pemex utilizó ese dinero para comprar una casa a nombre de su esposa, Marielle Helen Eckers.

“Parte de dicha cantidad se destinó el 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble por 1.9 millones de dólares en Guerrero, por la esposa del reclamado, Marielle Helen Eckers”, refieren los papeles judiciales.

Según AP, todo indica que se trata de la lujosa casa que la familia Lozoya adquirió en Ixtapa-Zihuatanejo y que fue incautada por las autoridades mexicanas tras liberarse su orden de aprehensión y posterior fuga.

Como director general de Pemex, Lozoya Austin entregó contratos gubernamentales, principalmente sobre la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, donde asignó contratos por miles de millones de pesos a la brasileña Odebrecht.

Además, recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) 3.4 millones de dólares, también en 2012, la misma empresa que vendió una empresa chatarra por un precio inflado a Pemex, razón por la que su director, Alonso Ancira Elizondo, fue detenido en España.

Con dicho dinero, el entonces director general de Pemex habría comprado una lujosa casa de 38 millones 175 mil pesos, de mil 165 metros cuadrados, en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Proceso
Ciudad de México
Martes 7 de julio de 2020.


De los 3.000 millones de dólares que gastó el Ejecutivo en seis años, la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong y Navarrete empleó 2.200


Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, en 2013 y 2014, como adelantaba este miércoles EL PAÍS. El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor.

La partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional” empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011.

Esta partida ampara “programas, investigaciones y actividades” en materia de “seguridad pública y nacional” cuya realización implica “riesgo, urgencia o confidencialidad”, según la nomenclatura que usa la Secretaría de Hacienda. Pero dependencias que accedieron a este dinero, caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.

Para Vidal Llerenas, que fue diputado por Morena durante la anterior legislatura y fungió de secretario de la comisión de presupuestos de la Cámara, el uso de esta partida fue siempre un misterio. “El reporte del desglose del gasto en México es muy bueno”, explica, “pero en esto todo el mundo era muy hermético”. Durante años, Llerenas pidió información al Gobierno sobre el uso de esta partida, pero nunca le hicieron caso. “Nos llamaba mucho la atención que cada año hubiera miles de millones de pesos de esta partida que no sabíamos dónde iban”, cuenta.

Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, añade que “esta partida es un reflejo de la deficiencia en el sistema presupuestario mexicano y la falta de instituciones capaces”. García argumenta que su uso responde a un mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Calderón para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo. Pero con Peña, el gasto se disparó y fue usado, explica, de forma política. “Lo que pasa al final”, matiza García, “es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”.

De 2013 a 2018, el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social. Entre esas tres dependencias gastaron más de 40.000 millones de pesos -2.200 millones de dólares de la época-, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social.

La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6.817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5.541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Si en 2012, antes de su llegada, la dependencia gastó 424 millones, en el primer año de Murillo, 2013, esa suma ascendió a 1.793 millones de pesos. Desde el entorno de Murillo aseguran que el dinero se gastó en compra y reparación de aeronaves, formación e investigaciones varias, como Ayotzinapa o Tlatlaya y subida de sueldos.

Auditorías

Durante el sexenio anterior y el primer año de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal que fiscaliza las cuentas de la administración, realizó al menos seis informes sobre el uso de esta partida en años de Peña Nieto. En tres estudiaron el desempeño de Prevención y Readaptación Social, en uno el de la extinta Procuraduría General de la República, en otro al CISEN y en uno más el de la Policía Federal.

El más reciente y exhaustivo es el que examina el uso que hizo la Policía Federal de estos fondos en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.

El caso del convenio, por ejemplo. En 2018, la división de Seguridad Regional de la Policía Federal acordó pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días. Primero, los auditores dijeron que no tenía sentido que la corporación contratara vigilancia privada, ya que la matriz de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, dispone de un órgano para este tipo de servicios. Y segundo, que no había pruebas de que el servicio se había prestado porque en los archivos de la dependencia no existían “bitácoras, reportes de supervisión o programas de trabajo”.

En el caso de los contratos, en tres de los cuatro analizados los auditores identificaron un posible esquema de desvío de recursos de la partida. En los tres casos, la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que quería la Policía Federal. Cuando los auditores visitaron primero a los proveedores y luego a los intermediarios -los que supuestamente contrataban con las empresas israelíes- descubrían, primero, que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.

La ASF hizo públicos estos informes en febrero y algunos medios en México publicaron parcialmente los resultados de los auditores. Es el caso de uno de los contratos descritos en el párrafo anterior. Lo firmó la División Científica de la Policía Federal con una empresa, Dizoal, para la “adquisición de una solución integral de inteligencia”. El esquema fue el descrito arriba. Dizoal contrató a un tercero y a través del tercero a una empresa israelí, que era en realidad la que vendía el software. Dizoal aseguraba tener un acuerdo con la empresa israelí para distribuir sus productos en México. Pero los auditores probaron que el dinero que la Federal pagó a Dizoal nunca llegó a la empresa israelí, sino que fue a parar a otras empresas.

Los auditores probaron además que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20. Y también porque involucraba a la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, fundadora de la unidad, muy respetada dentro del cuerpo. Con el cambio de Gobierno y la desaparición de la Policía Federal, Trujillo se incorporó a la Guardia Nacional como comisaria. Con la divulgación de esta información, Trujillo dejó su cargo, al menos temporalmente.

Fuentes de los primeros escalones de mando de la Policía Federal consultadas por EL PAÍS indican que lo sucedido con Trujillo es injusto, porque en realidad todas las compras y contrataciones de la corporación las decidía Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Márquez llegó al puesto con el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Márquez y Osorio ya habían trabajado juntos: fue coordinador de asesores de Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública, que complementa el trabajo de la ASF, también ha señalado irregularidades en el uso que hizo la Policía Federal de esta partida. En su Informe de Fiscalización de 2019, le dependencia señala que “existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.

Irregularidades

Además del esquema de desvíos, el uso de la partida de gastos de seguridad estuvo marcada por irregularidades administrativas en los años de Peña Nieto. En los informes de la ASF sobre la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social, los auditores señalan constantemente que la urgencia, el riesgo o la confidencialidad requerida para acceder a estos fondos no está justificada y que por tanto hay contratos, convenios y cheques que se cargaron a esta partida sin motivo.

Los analistas apuntan también que ambas dependencias no buscaron las mejores opciones a la hora de contratar y que no verificaron ante la Secretaría de la Función Pública si las empresas proveedoras estaban sancionadas o inhabilitadas. Y también -y esto ocurre sobre todo con los contratos de la Policía Federal- que los titulares de unidad o división que aparecen en la firma de los contratos carecen de facultades para tal efecto.

En los informes de la ASF sobre Prevención y Readaptación Social son constantes los pagos extraños a la naturaleza de esta partida, como medicinas y productos farmacéuticos, obras, rentas de generadores eléctricos, recibos de la luz, incluso la impresión y encuadernación de manuales “en materia de capacitación penitenciaria”.

Y también hay casos de dinero perdido. Es el caso de los manuales de capacitación penitenciaria. Los auditores explican que Prevención y Readaptación Social pagó en 2014 algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato. Cuando analizaron los pagos, se dieron cuenta de que el órgano de Gobernación carecía del material que por contrato debía tener. Los auditores concluyeron que este contrato podría suponer un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos.

Informes como los mencionados tienen un recorrido largo en la administración. La ASF les da seguimiento por un tiempo, esperando que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Viernes 3 de julio de 2020.


La Fiscalía anuncia que inicia las gestiones para que el director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto vuelva al país "en un plazo inmediato"

Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha aceptado ser extraditado a México. Alejando Gertz, el fiscal general, ha informado este martes de que el exfuncionario público presentó este lunes ante la Audiencia Nacional de España la solicitud para ser entregado a las autoridades mexicanas y ofreció “su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”. Lozoya, un hombre muy cercano al exmandatario del PRI, fue detenido en Málaga en febrero después de haber sido acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude por la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno mexicano ha comenzado las gestiones para que Lozoya vuelva a México “en un plazo inmediato”. “Esta Fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo, desde España hasta México, en una aeronave de bandera mexicana”, ha anunciado el fiscal general sin dar a conocer detalles sobre el vuelo. Lozoya estuvo prófugo ocho meses. Las autoridades mexicanas e internacionales lo buscaron en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia. Finalmente lograron ubicarlo en una lujosa mansión propiedad de un magnate ruso dentro en una exclusiva zona residencial del sur de España. El nombre del empresario ruso que dio cobijo a uno de los hombres más buscados de México no ha sido revelado.

El fiscal Gertz ha reaparecido después de cuatro meses fuera de los reflectores. En un mensaje grabado en vídeo dejó caer una bomba noticiosa que vuelve a poner sobre la pista las investigaciones de corrupción del entorno cercano a Peña Nieto. El fiscal ha explicado que en enero de 2017 la entonces Procuraduría General, aún durante el Gobierno del PRI, puso en marcha pesquisas sobre presuntos delitos cometidos por la constructora brasileña Odebrecht en México. La intención era investigar el supuesto pago de millonarios sobornos con los que la empresa se benefició con contratos, un modus operandi utilizado en varios países de América. La investigación se dejó morir durante dos años sobre los escritorios de la Administración priista. “Tuvimos que retomar este caso para establecer, con toda precisión, los delitos cometidos y los posibles responsables”, ha dicho Gertz esta mañana en su primer mensaje público desde el 12 de febrero.

La investigación de la Fiscalía llevó al congelamiento y “aseguramiento” de los bienes de Emilio Lozoya vinculados con un presunto delito de lavado de dinero. Esto incluyó algunas cuentas de su madre, Gilda Austin. En mayo y junio de 2019 llegaron las primeras órdenes de aprehensión. El expediente en contra del exfuncionario siguió abultándose. La petrolera estatal, Pemex, acudió ante la justicia a denunciar la multimillonaria compra de una planta de fertilizantes en estado de chatarra realizada durante la gestión de Lozoya. Alonso Ancira, el empresario mexicano al frente de Altos Hornos de México, conocido como el rey del acero, fue el beneficiado por esta transacción. Ancira también espera la extradición desde España, donde fue detenido en mayo de 2019.

Después del anuncio de la Fiscalía, la defensa de Lozoya ha hecho pública su decisión, tomada hace un mes, de abandonar el caso del ex directivo de Pemex. “Debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas es que decidimos apartarnos de la defensa”, señala un comunicado firmado por el letrado mexicano Javier Coello. El exjuez Baltasar Garzón se sumó en marzo a la defensa de Lozoya en España, pero no se ha pronunciado tras el anuncio de la Fiscalía mexicana.

Desde hace varios meses, las autoridades mexicanas habían ofrecido a Lozoya el criterio de oportunidad. Esta figura, contemplada dentro del Código de Procedimientos Penales, plantea para los imputados la posibilidad de cooperar con la justicia para dar información sobre los superiores jerárquicos en hechos de corrupción. “La verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos [en el caso de Lozoya]: Luis Videgaray [exsecretario de Hacienda] y Enrique Peña Nieto”, aseguró recientemente a este periódico Santiago Nieto, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, una pieza clave en la investigación en contra de Lozoya. El retorno del exdirector de Pemex a México abre de nuevo la puerta a una investigación de corrupción de alto calibre.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Martes 30 de junio de 2020.


Se niega Ambrosio Guzmán a renunciar; quieren que me vaya por denunciar corrupción en el INAH

En medio de protestas y un ambiente tenso, el director General del INAH, Diego Prieto Hernández, nombró a Manuel Villarroel –procedente de la Coordinación de Monumentos de oficinas centrales– como el nuevo delegado del organismo en Puebla.

El nuevo nombramiento se hizo a puerta cerrada y sólo hicieron partícipes a un grupo de investigadores y trabajadores, entre ellos algunos que se pronunciaron en contra de la salida del arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez.

Cuando se daba el anuncio del nuevo delegado en Puebla, al auditorio del Museo Regional de Antropología en Puebla ingresó un puñado de personas con pancartas en mano para denunciar ante el director General que no quieren más imposiciones en el estado; mientras que una investigadora se levantó de su asiento y externó que era víctima de acoso por parte de Ambrosio Guzmán.

Al tomar la palabra, Ambrosio Guzmán encaró a Diego Prieto y reveló ante los presentes que el director General le pidió su renuncia por denunciar actos de corrupción en el proyecto de reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

La semana pasada, Ambrosio entregó una carta a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador y presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica, donde hizo un recuento de la situación que se vive en la entidad.

Puebla fue el estado con el mayor número de inmuebles históricos afectados en el país, al registrar 621 edificios con daños en su estructura. Para ello el gobierno federal, a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y la Aseguradora de Banorte destinaron mil 500 millones de pesos para la reconstrucción.

“Hago uso de la palabra para contestarle que me opongo a la decisión que ha tomado de pedir mi renuncia, en relación a un documento que envié a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en la que pide investigue actos de corrupción”, declaró Ambrosio a Prieto.

“Debo manifestarle que mi llegada a esta dependencia he sido muy institucional, uno de los temas que hablé con usted fue el caso arqueólogo Eduardo Merlo que contaba con dos plazas de investigación y usted de inmediato lo jubiló”, denunció.

Guzmán Álvarez dijo que en el último año y medio, desde que asumió el cargo en enero de 2019, ha encontrado una serie de anomalías desde gente que no acude a trabajar, pero sigue cobrando, así como la designación de las plazas laborales.

Exige Prieto denuncias de corrupción ante instancias correspondientes

En respuesta, Diego Prieto Hernández pidió a Ambrosio Guzmán moderar el discurso porque no estaba en el sindicato del magisterio.

“Así como el gobernador, tomo nota de que usted ya no es el director en Puebla, desde el día 15 de junio. Todo lo que ha señalado será objeto de una investigación; desde las instituciones no se pueden dictar sanciones, sino se presentan las denuncias y estas se declinan en las instancias correspondientes”, reviró.

Prieto Hernández reveló que con Ambrosio Guzmán acordaron desde finales de mayo que presentaría su renuncia al cargo. “Fue un acuerdo, somos compañeros todos y tiene mi reconocimiento”.

Sin embargo, cuando se subió el tono de la discusión entre los asistentes al relevo del cargo, Diego Prieto dijo “estas cosas no se hacen, no se tienen que ventilar en los periódicos, el Instituto tiene mecanismos para ventilar cualquier crítica y observación; no queremos que manchen la memoria ni el prestigio de nuestro compañero Víctor Hugo Valencia con infundios”.

El funcionario federal lamentó que sin pruebas señalara al ex delegado del INAH en Puebla, Víctor Hugo Valencia, así como a arquitectos peritos que tienen carros de lujo y un estilo de vida que no corresponde a su percepción salarial.

Por lo que lo exhortó a presentar las denuncias ante las instancias correspondientes, para que se investigue la posible corrupción en el INAH poblano.

Al final, Ambrosio Guzmán procedió a interponer una queja por la renuncia y las formas que salió del INAH por exhibir las corruptas en el proyecto de reconstrucción tras el sismo de hace dos años, aunado a que su contrato vence hasta el próximo 31 de diciembre.

Delegado del INAH en Puebla envió carta a Beatriz Gutiérrez para denunciar actos de corrupción en el organismo

Este lunes, La Jornada de Oriente publicó que el delegado del Centro INAH-Puebla, Ambrosio Guzmán Álvarez, envió una carta a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, de origen poblano y presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica.

En el documento, Ambrosio hace un recuento de las irregularidades que encontró a un año y medio de distancia que asumió el cargo, desde el proceso entrega-recepción que nunca se dio de manera formal por parte del antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, titular saliente, hasta una cadena de corrupción entre los arquitectos peritos y la falta de pericia de algunos directivos que han impedido la reconstrucción de los 621 inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Derivado de todas las situaciones de irregularidad, Ambrosio Guzmán le informó a la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que solicitó apoyo del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se inicie una investigación de los recursos públicos.

También pidió que se indague sobre los notorios automóviles de lujo de los arquitectos peritos del INAH, quienes serían los beneficiados de las adjudicaciones directas de las obras.

En el documento de cuatro cuartillas expuso que no se han podido aplicar los recursos de manera correcta o de acuerdo a la normatividad vigente para la reconstrucción de los inmuebles históricos, debido a la premura y falta de pericia de los directivos de la dependencia federal.

Mientras que del proceso entrega-recepción, dijo que únicamente le fue entregado anexos con información parcial y en ninguno de ellos se explicó la situación que guardaba el denominado “Programa de Sismos 2017” ni la situación jurídica, laboral y de inventario del Centro INAH Puebla.

La Jornada de Oriente
Yadira Llaven Anzures
Ciudad de Puebla, Mex.
Miércoles 18 de junio de 2020.


Rodolfo Ruiz R.

•    Fármacos DAROVI obtuvo por asignación directa la compra de medicamentos del ISSSTEP

•    Y Abadi el suministro de alimentos para todos los penales de la entidad


¿Recuerda que hace unos días le platiqué aquí que seis licitaciones nacionales para la contratación de bienes y diversos servicios del ISSSTEP se habían suspendido, para favorecer a ciertos proveedores, y que por esa razón Karen Berlanga Valdés había sido removida de la dirección general del Instituto?

Pues le cuento que dichos contratos se están adjudicando de manera directa y uno de ellos, el de medicamentos genéricos, se entregó a una empresa vinculada al Corporativo Kosmos, que es uno de los consentidos de la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa, pese a que según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es investigado por operaciones irregulares presuntamente relacionadas con lavado de dinero en el suministro de despensas para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

La empresa beneficiada con el servicio de abasto, distribución, dispensación y administración de inventarios de medicinas y productos farmacéuticos genéricos para el ISSSTEP, fue Fármacos DAROVI SA de CV, que hace algunos años fue adquirida por los dueños de Kosmos, la familia Landsmanas, de origen judío letón-lutiano.

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo que coordinó la campaña de Miguel Barbosa, los directivos de este corporativo —conformado por las empresas La Cosmopolitana, Café Bersa, Productos Serel y Abastos y Distribuciones Institucionales (Abadi)— fueron de los pocos que en 2019 sí apoyaron económicamente al entonces candidato de Morena a la gubernatura.

Otra empresa del Corporativo Kosmos que hace poco también fue favorecida por la administración de Miguel Barbosa con contrato de más de 90 millones de pesos fue Abastos y Distribuidores Institucionales SA de CV (Abadi).

Dicha firma ganó la licitación pública nacional GESAL-022-117/2020 para surtir siete mil raciones de alimentos para los internos de los penales de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, así como del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) y la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal.

EN CORTO

Nada bien le ha caído a la rectora de la Universidad Politécnica de Puebla (UPP), Mayra Sánchez García, y a un sector amplio de docentes las alas que el secretario del Trabajo del estado, Abelardo Cuéllar Delgado, viene dando a un grupo de profesores de asignatura que pretenden constituir un sindicato, a costa de la estabilidad de la institución.

Y no sólo por el golpeteo político que la rectora recibe en Facebook del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Politécnica de Puebla, sino porque los cabecillas de esta organización —carente de toma de nota— están lejos de representar a la mayoría de los docentes.

El supuesto sindicato, que tiene como secretario general al profesor de asignatura Carlos Castillo Cortés, ha enviado cartas al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y al secretario del Trabajo solicitándoles su intervención para castigar la supuesta corrupción académica, el acoso laboral, irregularidades en la nómina y la ineptitud de sus directivos.

Sin embargo, cada vez que la rectora Mayra Sánchez o el director Jurídico de la UPP han convocado a Carlos Castillo a negociar éste se ha rehusado a hacerlo, con el argumento que el encuentro no sólo debe ser con él, sino con el Comité Ejecutivo de su no reconocido sindicato.

Una cuestión que ha perjudicado a los promotores del Sindicato es que varios de éstos carecen del reconocimiento profesional de sus pares, ya que algunos hasta han sido acusados de acoso sexual.

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“Pasado, presente y futuro del Estado mexicano. Crónica de una modernidad inconclusa”, es el título del libro que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) acaba de publicar al doctor Héctor Hernández Sosa, docente de varias universidades de la entidad, ex coordinador del Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla (desaparecido por el gobierno de Barbosa) y presidente en dos ocasiones del Instituto local de Administración Pública.

El libro tuvo su origen en la tesis doctoral de Héctor Hernández, pero se amplió con nuevos capítulos, entre ellos algunos dedicados al futuro del Estado mexicano en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación y al populismo del siglo XXI.

Este último capítulo, el 12 de los que conforman el libro, que lo incluyó a sugerencia del doctor Luis F. Aguilar Villanueva, está por convertirse en un nuevo libro de Héctor Hernández, el cual seguramente concluirá cuando termine el encierro provocado por el Covid-19, sobre el populismo del siglo XXI en México, América y el mundo.

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Este lunes tendría que adjudicarse el fallo del concurso para el suministro de desayunos fríos para el Sistema Estatal DIF, de la licitación pública nacional GESAL-031-273/2020.

Se trata de un contrato que superará seguramente los 222 millones de pesos y que está peleando Corporativo Kosmos a través de Abastos y Distribuidores Institucionales (Adabi).

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Rodolfo Ruiz R.
Puebla, México
Domingo 24 de mayo de 2020.


•    García Luna utilizó red de empresas para transferir 50 mdd a paraísos fiscales


Una red de empresas relacionadas a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales.

La información, revelada por la cadena Univisión, se basa en dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, en la que se asegura que “muy probablemente” dichos recursos provienen de los presuntos sobornos entregados por grupos criminales a García Luna, cuando este era secretario de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012.

Al ser entrevistado por dicho medio, Nieto aseguró que cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 ya habían concluido la investigación, y estaban preparando dos denuncias: una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública.

Ante ese escenario, la UIF pudo congelar de forma inmediata las cuentas bancarias de García Luna, su esposa y su hermana Esperanza, así como la de sus asociados de negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla.

Se congeló también la cuenta de la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac; más tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.

Dos semanas después, el 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia penal por lavado de dinero, además de otra ante la Secretaría de la Función Pública.

“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo.

“Una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la empresa los transfería”, detalló Nieto.

Según la investigación, el dinero en cuestión se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

La pesquisa halló que el dinero se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

Nieto aseguró que casi medio año después, las cuentas continúan congeladas.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas. Ahora espera juicio en Nueva York, acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en declaraciones.

Proceso
Ciudad de México
Martes 19 de mayo de 2020.



*   Israel: Netanyahu y Gantz asumen el nuevo Gobierno de coalición


*   Benjamin Netanyahu y Benny Gantz juraron su cargo como primer ministro y primer ministro alterno respectivamente, que pone fin al bloqueo político que ha necesitado de tres elecciones y una pandemia para formar Gobierno.


Jerusalén.- Benjamín Netanyahu tomó posesión este domingo como primer ministro de un Gobierno unitario israelí, puesto en el que se alternará con el centrista Benny Gantz, en lo que será su quinto mandato (el cuarto consecutivo), que asume acusado de corrupción y a una semana de acudir a juicio.  

El Ejecutivo, con carácter de emergencia por el coronavirus y con el mayor número de ministros (34) de la historia del país, sacó hoy del bloqueo a Israel, que ha necesitado de tres elecciones en menos de un año y una pandemia para tener Gobierno.    

Un Gobierno que iniciará "un proceso histórico" con la anexión de parte del territorio palestino de Cisjordania, según hoy anunció Netanyahu, pese a las advertencias de la comunidad internacional.  

"Acercará la paz porque la paz está basada en la verdad", defendió Netanyahu ante los reproches de los miembros de la Lista Unida Árabe (la tercera fuerza del Parlamento israelí) que le acusaron de trabajar "para lo contrario".  

Por primera vez en una década, un Ejecutivo israelí contempla un nombre diferente al de Netanyahu para la jefatura de Gobierno, que está previsto que en año y medio pase a Gantz, exactamente el 17 de noviembre de 2021.

Gobierno de coalición en Israel

Frente al Parlamento Israelí, tanto Netanyahu como Gantz juraron su cargo como primer ministro y primer ministro alterno respectivamente, lo que permitirá al político centrista, que ocupará por mientras la cartera de Defensa, asumir directamente la jefatura de Gobierno en 18 meses.  

Una mayoría de 73 diputados de los 120 del Parlamento israelí (Knéset) apoyó el nuevo Ejecutivo, durante una crispada sesión en la que la oposición interrumpió y criticó la controvertida alianza de los líderes, hasta hace poco rivales.

"Decidimos juntos dejar a un lado las divisiones y enfrentarnos a los desafíos que la pandemia nos plantea en materia de salud, economía y sociedad", señaló Netanyahu, líder del partido derechista Likud.

En el mismo sentido, Gantz, líder de Azul y Blanco, apeló a la "reconciliación" y respaldó el "gobierno de unidad nacional" al considerar que la alternativa era "una especie de guerra civil".

EFE / AFP
Jerusalén, Israel
Domingo 17 de mayo de 2020.


•    Confirman 51 muertes por consumir alcohol adulterado en Puebla


•    33 de las víctimas fallecieron en las comunidades y 18 en hospitales


La Secretaría de Salud de Puebla confirmó la muerte de 51 personas en esta entidad tras consumir alcohol adulterado en los municipios de Chiconcuautla, Chignahuapan, Xochitlán Todos Santos, Zacatlán, Huaquechula y las juntas auxiliares de San Miguel Canoa y San Francisco Totimehuacán, en Puebla capital.

El subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Fernando Huerta Romano, precisó que 33 de las víctimas fallecieron en las comunidades y 18 en hospitales.

A su vez, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que además hay 11 personas que se encuentran hospitalizadas y que se reportan como graves.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó que en la Sierra Norte se tiene ubicadas a las personas que distribuyeron este alcohol y es posible que se tenga ya identificada a la persona que fabricó esta bebida en un lugar.

“Hoy mismo podría haber personas detenidas en varias partes del Estado”, afirmó, al señalar que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones para identificar también a las autoridades que entregaron los permisos para la venta y distribución de este alcohol.

Dijo que lo ocurrido tiene qué ver con asuntos de pobreza, de vicio, de confinamiento, pero también de corrupción de autoridades que permitieron la fabricación y venta de estos productos que son clandestinos.

En el municipio de Chiconcuautla se declaró “emergencia sanitaria” luego de que en las últimas horas se han muerto 25 personas y la hospitalización de 10 a causa del consumo de la bebida adulterada que en esa zona se conoce como “refino”.

El alcalde de esa localidad, Artemio Hernández Garrido, informó que los decesos se han registrado en la cabecera municipal y en las localidades de Cuetzalingo, Axocopactla, Toxtla, Macuilacatla, Benito Juárez y Zacatepec.

Indicó que se han llevado a cabo recorridos por el territorio municipal tanto para detectar y decomisar el alcohol adulterado, como para hacer llamados a la población para evitar el consumo de este producto.

“Seguimos pidiendo a la población que no lo consuma, porque desgraciadamente, aunque ya estén las tiendas cerradas, aunque ya se haya decomisado, hay gente que por tradición o costumbre lo tiene guardado en su casa y lo siguen ingiriendo”, alertó.

El “refino” es un destilado de agave que se vende a granel en las tienditas a bajo costo que va desde 5 pesos por un trago, hasta 15 o 20 pesos por garrafa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 14 mayo de mayo 2020.


El PRD en Puebla cuestiona al mayor perredista del país.

Puebla.- La fracción parlamentaria del PRD cuestionó en la Cámara de Diputados la opacidad que prevalece en el programa que instrumentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta para entregar despensas a población vulnerable por la crisis generada por la pandemia de covid-19.

En un punto de acuerdo presentado este martes, los legisladores del PRD reclaman al mandatario poblano transparentar la información relativa al programa “Puebla Unida”, que consiste en la entrega de paquetes alimentarios y de higiene a pobladores de zonas marginadas de la entidad.

Los perredistas advierten que la entrega de despensas en Puebla se lleva a cabo sin que Barbosa Huerta haya precisado la inversión aplicada, los proveedores de los productos incluidos en los paquetes, el padrón de personas beneficiadas, los lugares en dónde se han distribuido, ni evidencia alguna que permita dar seguimiento o fiscalizar la entrega de estos apoyos.

Vladimir Luna Porquillo, integrante de la dirigencia estatal perredista, explicó que si bien su partido considera aceptable la entrega de despensas para mitigar la situación de las personas que perdieron sus empleos o viven al día en esta entidad, lo que cuestiona son los mecanismos que utiliza el gobierno de Puebla para su entrega.

Afirmó que hasta ahora el programa se ha manejado de manera opaca y discrecional al no existir líneas operativas definidas para el funcionamiento de este programa.

“No existe una evidencia concreta sobre la entrega de las despensas y pareciera basarse todo en una estrategia publicitaria y de propaganda política”, expresó.

Señaló que el gobierno estatal no puede implementar un programa como es la entrega de despensas de forma arbitraria y sin que reúna las condiciones para ser fiscalizado.

De igual forma, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, ha pedido la intervención del Instituto Estatal Electoral para que investigue y supervise el reparto de las despensas, al coincidir en que no existen reglas de operación, ni criterios en su distribución.

“Sólo demuestran la miseria humana de quienes lucran con la necesidad de la población”, dijo al asegurar que la entrega discrecional de estos apoyos puede ser usada con fines políticos.

Además, explicó que el reparto de despensas sin reglas específicas implica una transgresión a la normatividad, pues se incide directamente en el ánimo de la población precisamente a unos meses que inicie el periodo de elecciones en esta entidad.

Hasta ahora, cuando el gobernador ha sido cuestionado sobre las reglas para la entrega de los paquetes alimentarios, sólo afirma que su entrega es “universal” y que no habrá intermediarios, por lo que se repartirán casa por casa en las colonias y regiones más marginadas de la entidad.

Sin embargo, su gobierno no ha rendido ningún informe para poder corroborar o dar seguimiento a la entrega de esos apoyos. En ruedas de prensa destaca constantemente que “los súper paquetes” que reparte su administración son costales de productos alimentarios y de higiene que pesan más de 25 kilos.

Las despensas de la alcaldesa

También la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco puso en marcha un programa de entrega de despensas. La edil ha precisado que invirtió más de 12 millones 400 mil pesos en 37 mil apoyos alimentarios que repartirá en 153 colonias que, de acuerdo con el Coneval y el Instituto Municipal de Planeación registran alto y muy alto rezago económico.

Sin embargo, los medios locales han evidenciado que por la falta de coordinación que existe entre el Ayuntamiento y el gobierno estatal, las despensas se entregan en las mismas colonias y, muchas veces, a los mismos beneficiados de los apoyos estatales.

También se ha cuestionado sobre el costo de las despensas pues en un principio se anunció que se entregarían 27 mil paquetes, lo que colocaba el costo de cada uno en 459 pesos, lo cual no correspondía al precio de los productos incluidos.

Ante esto, las autoridades municipales recularon y anunciaron que el programa incluía otros 10 mil apoyos, lo que redujo la inversión por paquete a 330 pesos.

El diputado panista, Oswaldo Jiménez, dijo que esto evidenció que la alcaldesa y su hermana Mayté, quien es titular del DIF municipal, pretendían quedarse con un “moche” de 4.5 millones de pesos, pero que al verse descubiertas, trataron de “cuadrar cifras” con las otras 10 mil despensas.

“Para Rivera Vivanco, exhibir durante casi dos años su incapacidad es vergonzoso, pero mostrarse corrupta sin pudor durante la emergencia, es miserable”, manifestó Jiménez.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx
Martes 5 de mayo de 2020.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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