Emilio Lozoya Austin –exdirector general de Petróleos Mexicanos– presentó esta mañana denuncias penales contra los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y al exsecretario de Estado Luis Videgaray Caso por su presunta participación en el entramado de sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht.

De acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fueron cuatro los sobornos millonarios vinculados a esas denuncias de hechos, en las que también implicó a exsenadores, exdiputados federales y empresarios.

Lozoya Austin entregó a las autoridades federales un video, recibos y cuatro testimonios que supuestamente documentan el manejo de esos sobornos, además de revelar nombres de los beneficiados. En los próximos días ratificará sus acusaciones y presentará más pruebas de sus señalamientos, y la propia FGR hará investigaciones para determinar si se judicializan los casos.

Según el fiscal Gertz Manero, Lozoya Austin señaló en sus denuncias que una serie de sobornos que pasa de los 100 millones de pesos se destinaron fundamentalmente para la campaña electoral de 2012, de Peña Nieto, y que fueron el expresidente de México y el que fuera secretario de Hacienda en el sexenio pasado –Luis Videgaray Caso– quienes le ordenaron entregar los sobornos a asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron en la campaña.

El fiscal general detalló que hay otra parte en las denuncias que hablan sobre Etileno XXI, donde también se operaron beneficios de carácter económico por parte de Odebrecht y su filial en México. “También existe otra parte que habla de Etileno XXI, que eso fue durante la administración anterior, y en específico él [Lozoya] señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a esa empresa que está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.

Como se sabe, el caso Etileno XXI involucra directamente al gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y no al de Peña Nieto, por lo que se entiende que al apuntar en sus denuncias que se trata de “la administración anterior”, Lozoya Austin señala directamente al calderonismo.

Además, a la empresa que alude probablemente sea Idesa, que tendría como accionistas al exembajador Gerónimo Gutiérrez Fernández y al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien recientemente presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gertz Manero explicó que los otros sobornos fueron: uno por más de 120 millones de pesos para la compra de votos para las reformas estructurales [en especial la energética] de 2013-2014. De éstos, Lozoya señaló que tanto Peña como Videgaray le ordenaron entregar esos recursos a un diputado federal y cinco senadores.

Otro soborno fue por más de 84 millones de pesos para varios legisladores, cuyos nombres coinciden con los del diputado federal y los cinco senadores –de los cuales la FGR se reserva los nombres hasta que se judicialicen los casos, y entre quienes podría estar el excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya– y un exsecretario de Finanzas de un partido político.

Y otro soborno por más de 200 millones de pesos, dirigidos a la reforma electoral, a través de un enlace de Lozoya Austin, del cual también ha revelado el nombre a la FGR. El fiscal general indicó que el exdirector de Pemex también habló de dos empresas privadas, de las cuales presentó elementos de prueba.

A partir de estas denuncias, la FGR iniciará diligencias, ratificaciones, solicitará la presencia de los testigos, pero también citará a declarar a las personas que Lozoya Austin imputó; es decir, a los expresidentes Felipe Calderón, Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray.

Contralínea
Nancy Flores
Ciudad de México
Martes 11 de agosto de 2020.


En un país donde los expresidentes parecían tener una inmunidad tácita, la medida de casa por cárcel impuesta a Álvaro Uribe causó bastante revuelo. Pero, más allá del impacto inicial de la noticia, el hecho tiene un impacto simbólico que tendrá profundas implicaciones en la política colombiana.

El martes, en las principales ciudades de Colombia se interpretó una sinfonía sin ritmo de pitos, cacerolas, gritos y aplausos. ¿La razón? La decisión de la Corte Suprema de imponer medida de aseguramiento al expresidente y senador Álvaro Uribe, la figura política colombiana más importante de los últimos años, a causa del proceso por presunta manipulación de testigos y soborno.

Sin importarles la amenaza del coronavirus, cientos de ciudadanos salieron a las calles. Unos, para celebrar; otros en señal de protesta, una muestra clara de la división que genera el exmandatario en su propio país. Este es tan solo un ejemplo del revuelo político que causará en los próximos meses y el impacto que tendrá en tres frentes: la justicia, que tocó por primera vez en la historia colombiana a un expresidente (y uno que parecía especialmente intocable); el delicado proceso de paz que el país trata de sacar adelante, y la presidente Iván Duque, el cual deberá lidiar con el hecho de que su mentor político —a quien le debe en gran medida su llegada a la Casa de Nariño— esté en prisión domiciliaria.

La decisión se da después de una acción legal que inició el expresidente en 2012 en contra del senador opositor Iván Cepeda, pero que, en un giro sorpresivo en 2018, se le devolvió cuando la corte decidió precluir cargos y abrir investigación contra el propio Uribe por presunto soborno y manipulación de testigos, como explica detalladamente el portal político La Silla Vacía. Después de sonadas discusiones en los tribunales y un parón por la cuarentena, el proceso desencadenó en la medida de aseguramiento el 4 de agosto. La noticia además tuvo un complemento esa misma semana, que difícilmente olvidará el político más influyente de Colombia: él y sus dos hijos fueron diagnosticados positivos para coronavirus.

La medida de aseguramiento tendrá, sobre todo, un fuerte impacto simbólico, porque en lo jurídico Uribe tiene aún mucho campo de maniobra. La decisión no se trata de una condena, sino una medida preventiva, que la ley contempla ante la posibilidad de que el acusado interfiera en el proceso. La Corte Suprema interpretó que este era un riesgo viable y tomó esa decisión. Ahora tiene un año para decidir si archiva el proceso o lo acusa formalmente (de momento no hay siquiera una acusación). Mientras tanto, el exmandatario aún puede apelar a una segunda instancia o a una acción de tutela buscando que se revierta la medida.

En lo más práctico de su quehacer político, perderá, al menos de momento, la posibilidad de trabajar en el Senado. Pero no su curul, que será ocupada temporalmente por otro miembro de su partido. Es decir, más allá del impacto emblemático de su ausencia del Capitolio —o su versión virtual durante la cuarentena—, no cambiará la balanza política en el Congreso. Tampoco dejará de participar en la vida pública. Es bien sabido que tiene la última palabra sobre cualquier decisión que tome su bancada.

Eso sí, en lo simbólico, la decisión es todo un terremoto. “Es un hecho político trascendental, porque Uribe fue muy popular cuando gobernó y se ha mantenido vigente”, explica Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en diálogo con El Tiempo.

No es un asunto menor: ante la opinión pública, Álvaro Uribe parecía inmune a los escándalos judiciales. Su capacidad de evadir los escándalos que explotaban a su alrededor y salir indemne le había valido el apodo de “presidente teflón”. Y es que su círculo más cercano ha sido acusado de todo tipo de denuncias: dos exdirectores que nombró en el DAS, antiguo organismo de inteligencia, están en prisión por interceptaciones ilegales a rivales del expresidente; su exministro de Hacienda fue condenado por entregar subsidios a aliados políticos; su primo, Mario Uribe, está detenido por aliarse con el paramilitarismo, y su hermano, Santiago, está siendo investigado por presuntamente fundar el grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’. Pero el expresidente se había mantenido intocable. Hasta ahora.

Ese fenómeno es una anomalía en una región donde no es raro que las decisiones judiciales toquen a los máximos mandatarios. Casi pareciera un hecho recurrente con los demás expresidentes que, junto con Uribe, se valieron del boom económico de la primera década del siglo XXI para montar gobiernos altamente populares y de corte caudillista. El último caso fue el de Rafael Correa, en Ecuador. En julio, un juzgado ratificó la condena de ocho años por hechos de corrupción en contra del exmandatario, que vive refugiado en Bélgica con su familia.

Días antes, Evo Morales, en Bolivia, fue imputado por supuesto terrorismo a causa de un audio en el que incitaba desde su exilio al “bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales”, según una nota de prensa del ministerio público boliviano. En Panamá, Ricardo Martinelli estuvo dos años en prisión por malversación de fondos y escuchas ilegales. Y el caso más famoso es posiblemente el de Lula da Silva, en Brasil, quien recibió nueve años de condena por corrupción, que fueron revocados luego por falta de pruebas.

Todos estos distan mucho en naturaleza del caso colombiano, que ni siquiera ha entrado en etapa de juicio todavía. Pero enuncian el riesgo de que, como ha sucedido en otros países, el proceso de Uribe se termine politizando y opaque los argumentos jurídicos. Como en Ecuador, donde ha calado el argumento del expresidente de que el proceso en su contra se trata de una “cacería de brujas”. Hoy, el principal contendor para unas eventuales elecciones presidenciales es “el que diga Correa”, según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica hecha en julio. Cae el caudillo, pero vive el caudillismo.

Con una agravante: en Colombia, el proceso judicial coincidió con un periodo de transición política fruto del Proceso de Paz y muy discutida por un sector de la sociedad colombiana. En julio una exguerrillera de las Farc, Sandra Ramírez, quedó electa vicepresidencia del Senado, una elección que ha sido controvertida por la negativa de la senadora de aceptar un hecho comprobado: que hubo reclutamiento forzado de menores en la guerrilla. Ahora, muchos critican que el expresidente pase su juicio privado de la libertad, mientras que los antiguos cabecillas de las Farc siguen sin pagar penas y en el Congreso.

El propio presidente Duque ha repetido esta narrativa: “En el Congreso hay personas que han cometido delitos de lesa humanidad que han tenido condenas, y que además están siendo llamados por la justicia transicional en libertad. Incluso gozan con la garantía de no ir a la cárcel si dicen, entre comillas, toda la verdad”, dijo en entrevista con Noticias Caracol, poniendo en entredicho el espíritu del Acuerdo de Paz de garantizar la participación política y un marco de justicia alternativa.

Algunos miembros de su partido incluso han aprovechado esa indignación con la medida judicial para revivir una vieja aspiración del uribismo: una Asamblea Constituyente, que desarme y restructure el sistema judicial. El presidente Duque inicialmente se opuso a esta posibilidad. Optó por un camino más moderado para defender a su mentor político, aunque inició una pequeña gira de medios hablando en contra de la medida de aseguramiento impuesta a Uribe. Su negativa a apoyar la propuesta de una Constituyente, sin embargo, lo pone en riesgo de ruptura con su partido.

Lo anterior anuncia un horizonte difícil para el Gobierno, que lucha por sortear de la mejor manera los efectos de salud y económicos de la pandemia. Había mejorado su percepción pública gracias a su rápida reacción frente a la llegada del coronavirus, pero ahora queda en una posición difícil, entre mantener la unidad de su partido y preservar la institucionalidad del país. “El presidente Duque tiene que resolver la pregunta de qué va a hacer con su partido, cómo los va a mantener contentos. Y ahí muy fácilmente se le puede caer la coalición de gobierno”, opina el analista político Ariel Ávila en Semana TV.

En este panorama, la decisión de la Corte moverá bastante las fichas políticas. Puede quedar el Presidente en una complicada posición y vuelve el fantasma de una Asamblea Constituyente. Al final, aunque se calme la algarabía en las calles, el terremoto político será para largo en una sociedad polarizada y que se debate entre si salvar o no la implementación de unos acuerdos de paz.
Connectas
Juan David Olmos
Bogotá, Colombia
Viernes 7 de agosto de 2020.


Emilio “L”, ex director general del Pemex, recibió una segunda vinculación a proceso, ahora por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, relacionados con la red de corrupción orquestada desde la constructora brasileña Odebrecht.

Como la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó su prisión preventiva, el imputado quedó en libertad condicional, con las únicas medidas precautorias de portar un brazalete electrónico para su localización, se le retiró el pasaporte y se le ordenó acudir a firmar cada quince días ante el juzgado.

Con estas medidas, Emilio “L” podría volver a su domicilio en cuanto sea dado de alta del hospital privado donde convalece desde su extradición.

Al informar su decisión, el juez de control, Juan Carlos Ramírez Benítez, afirmó que con su actuación, el imputado “puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional”.

El juzgador consideró que la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Pemex lograron aportar indicios de prueba suficiente sobre la probable aceptación de sobornos de la empresa sudamericana por 10.5 millones de dólares.

Según los indicios presentados, para ocultar los recursos mal habidos, Emilio “L” abrió cuentas bancarias y creó empresas para triangular el dinero, operación en la cual participaron más de tres personas, lo que configura el delito de delincuencia organizada.

Este mecanismo de lavado de dinero involucró a la hermana, esposa y a la madre del ex funcionario.

La hermana abrió varias cuentas bancarias para recibir el dinero de Odebrecht, la esposa adquirió una casa en Guerrero usando un fideicomiso creado por la constructora y la madre también permitió que se usaran cuantas con su nombre para lavar los recursos.

“Las tres omitieron reportar las operaciones ante las autoridades hacendarias”, señaló el juez.

Las medidas cautelares fijadas hoy, son similares a las que se le dictó en la víspera, por el otro cargo de delincuencia organizada relacionado con la compra fraudulenta de una planta de agronitrogenados.

La Jornada
Eduardo Murillo
Gustavo Castillo
 y César Arellano.
Ciudad de México
Miércoles 29  de julio de 2020.


Lozoya enferma de última hora y esta mañana lo hospitalizan por ‘anemia y debilidad’

Ciudad de México.- Tras llegar al país extraditado de España, el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue hospitalizado por anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, según informó la Fiscalía General de la República.

Tal diagnóstico fue establecido por un médico perito de la propia FGR y por un médico particular que hizo también una revisión, en la que encontró los mismos síntomas, a petición de la familia del extraditado.

Ante tales hechos, se ordenó su traslado a un hospital, donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policiaca.

De acuerdo con la FGR, la representación social federal comunicó lo anterior a los jueces, quedando en espera de su determinación sobre las fechas para las audiencias correspondientes.

Lozoya Austin llegó a las 00:46 horas de este día a México, aplicándosele el protocolo correspondiente en el que se le leyeron sus derechos y se le informó que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, y que quedaba detenido.

Agencias
Ciudad de México
Viernes 17 de julio de 2020.


Tras una escala en Canadá, el avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que trasladó al exdirector de Pemex arribó al AICM


Ciudad de México.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”, llegó a México para enfrentar a la justicia, tras ser trasladado desde España por una aeronave de la Fiscalía General de la República (FGR).

En punto de las 00:43 de este viernes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el avión Bombardier Challenger 605.

La aeronave carreteo hasta la plataforma de hangar del organismo autónomo, en donde el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) será sometido a un examen médico, para verificar las condiciones en las que regresa del viaje de más de 13 horas.

A las 21:22 horas llegaron al hangar, funcionarios y peritos de la FGR, para realizar esta diligencia, previa a su traslado al Reclusorio Preventivo Norte, a dónde se espera sea trasladado.

Esto se logró luego de que la Sala Penal de dicho tribunal notificó el pasado 10 de julio a la Interpol el auto de extradición voluntaria, por lo que esta agencia es la que traslada al exdirectivo entre 2012 y 2016 acusado por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.

Lozoya fue detenido el pasado 12 de febrero en una zona exclusiva de Málaga, al sur de España, y desde ese momento se le tuvo en prisión domiciliaria mientras el Gobierno de México alistaba la solicitud de extradición, misma que el sospechoso aceptó voluntariamente hace unos días.

El exfuncionario es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasiñela Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en el gobierno pasado; además, solicitó apoyo a esta firma en la campaña presidencial del PRI en 2012.

Asimismo, el ex colaborador del expresidente, Enrique Peña Nieto, también es señalado por su presunta responsabilidad en 2013 de la compra-venta de la Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA) lo que causó un quebranto a Pemex.

Cabe mencionar que el presidente de la empresa Altos Hornos de México, Alejandro Ancira, fue el vendedor en dicha operación y también es éste reclamado por la justicia mexicana.

Colaboración con autoridades

El pasado 7 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Lozoya colaborará con las autoridades mexicanas para saber el paradero de al menos 200 millones de dólares otorgados en los sobornos de la empresa petrolera Odebrecht a funcionarios mexicanos el sexenio pasado, información por la cual el ex director de Pemex alcanzará beneficios al momento de ser sentenciado.

Excélsior
David Vicenteño
Ciudad de México
Viernes 17 de julio de 2020.


El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta rechazó las versiones supuestamente vertidas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el sentido de que recibió favores y dinero a cambio de su respaldo a la reforma energética, en sus tiempos de líder de la fracción del PRD en el Senado.

Barbosa sostuvo que nunca tuvo una plática –ni personal ni telefónica– con Lozoya y tampoco dio instrucciones a ninguno de sus colaboradores para que pidieran colocar a su hermano en la empresa productiva del Estado o de entregar dinero, como supuestamente lo aseguró el exfuncionario peñista.

“Nunca el ‘peñato’, cuando fui senador (del PRD), me dio ninguna cantidad de dinero, nunca, jamás, por ninguna participación de mi grupo parlamentario o mía en el Senado de la República. Nunca, estoy limpio, poblanas y poblanos, y cualquier imputación que me hagan la voy a aclarar. Estoy limpio, soy honesto, desconozco todo lo demás”, expresó de manera insistente el mandatario.

Barbosa precisó que la declaración de Lozoya señala que, en un viaje a Reino Unido, el ahora exfuncionario detenido se le acercó para comentarle que ya había cumplido con el asunto de su hermano y “con el otro asunto”, que se suponía era la entrega de un millón de pesos que había pedido a su nombre uno de sus asesores en el Senado.

Según esto, el exdirector de Pemex había consultado a Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, sobre esa petición de dinero a nombre de Barbosa y que recibió la autorización de éste para la entrega del recurso, lo cual se habría concretado afuera del Senado, cuando el chofer de Lozoya entregó el dinero al asesor, cuyo nombre se desconoce y que supuestamente iba en estado de ebriedad.

Supuestamente la petición fue por un millón y medio de pesos, pero sólo fue entregado un millón.

“Yo no instruí nunca a nadie de mi oficina (del PRD), ni hablamos de mi oficina a Emilio Lozoya. Desconozco qué motivos tiene esto, dudo que sea cierto, lo niego”, expresó.

El gobernador afirmó que su postura en la Cámara Alta fue siempre en contra de la reforma energética y que incluso cuando estuvo hospitalizado, por problemas de salud, dio instrucciones a su bancada para combatir los cambios legislativos que se propusieron.

Por otra parte, Barbosa adelantó que en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), este jueves 16, los gobernadores de Morena harán público un pronunciamiento para exigir que la postura del organismo deje de tener una visión “panista”, que se traduce en una confrontación constante con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tuvimos conferencia virtual para hablar de una posición que llevaremos mañana a una reunión de la Conago. No estamos satisfechos con la forma como se ha llevado la Conago desde una visión absolutamente panista para confrontar al presidente de la República y, bueno, no vamos a permitir ser utilizados por quienes evidentemente quieren utilizar a la Conago para fines políticos partidarios”, subrayó.

Asimismo, el mandatario rechazó que se lleve a cabo una investigación general sobre el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, luego de que la organización civil Puebla contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) encontró irregularidades por 521 millones de pesos que se pagaron por obras inexistentes a empresas fachada, o por adelantos de obras que no se realizaron.

“No hacemos una investigación general a un gobierno, investigamos hechos de corrupción, de hechos sobresalientes, pero no hay una investigación general sobre el gobierno de Pacheco Pulido, no existe”, recalcó.

Y señaló que ya hay un detenido del período interino, Oscar Chapa Palomeque, quien fungió en como oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, y aprobó la adquisición de uniformes escolares con sobreprecio.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Miércoles 15 de julio de 2020.


Se le han detectado millonarias propiedades en El Paso, Texas, las cuales comenzó a adquirir apenas a un año del inicio del gobierno de su esposo


Al menos 3 órdenes de aprehensión tiene la esposa del exgobernador César Duarte, Bertha Gómez Fong, informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, quienes manifestaron que es investigada por el presunto desvío de al menos 250 millones de pesos.

Además se le han detectado millonarias propiedades en El Paso, Texas, las cuales comenzó a adquirir apenas a un año del inicio del gobierno de su esposo.

Las fuentes al interior de la FGE detallaron que se tienen indicios claros que la exprimera dama se encuentra en un país europeo en compañía de sus dos hijas, por lo que esperan que en breve sea detenida para responder por los múltiples delitos que se le acusa.

Dijeron que es acusada de desviar del erario público al menos 250 millones de pesos, por medio de su mano derecha en aquel entonces Mayra Julieta Urbina, quien fungiera como jefa del DIF estatal, y que ya se encuentra presa.

En la ciudad de El Paso, Texas, se detectaron varias propiedades millonarias a nombre de Bertha Gómez Fong.

Una residencia valuada en 490 mil dólares que adquirió el 31 de agosto del 2011 en la zona Morning Star Drive, solamente 11 meses después de que su esposo tomara protesta como gobernador de Chihuahua.

Otra propiedad a ese mismo nombre fue detectada en el exclusivo fraccionamiento privado “The Retreat at the Sky Island",  la cual tiene un valor de más de 10 millones de pesos y mide poco más de mil metros cuadrados y fue adquirida en el 2013.

También en uno de los fraccionamientos más exclusivos, el Morning Star Estates, hay otra mansión que, según el registro público de la propiedad, pertenece a la esposa de Duarte: cuenta con cochera para dos autos, es de dos pisos y la fachada tiene 12 ventanas adornadas con marcos de piedra. La puerta principal, con cristales emplomados, está cubierta con un techo de tejas, asentado sobre cuatro altas columnas de piedra, y su costo pudiera oscilar en el millón y medio de dólares.

De acuerdo con las fuentes de la Fiscalía, se cuenta con toda la documentación adquirida por un despacho de abogados contratado en El Paso, Texas, por el Gobierno del Estado de Chihuahua, sin embargo, se investiga al menos otras 36 propiedades en las cuales aparece el nombre de Bertha Gómez de Duarte las que adquirió en sociedad conyugal durante el gobierno de César Duarte. Estas propiedades se encuentran en el estado de Chihuahua.

Reforma
David Ortega
Ciudad de México
Miércoles 15 de julio de 2020.


Duarte será presentado ante la Corte de Florida en las próximas 72 horas

En septiembre del año pasado, el priísta fue ubicado en Albuquerque, Nuevo México

"Detienen en Miami, Florida, a César "D" con fines de extradición", informó la Fiscalía sobre el exgobernador.


César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, fue detenido este miércoles en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de México.

En 2017, la justicia de Chihuahua emitió la primera orden de aprehensión tras detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de seis mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2015.

En ese año la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja para localizar en 190 países al ex mandatario, luego de que la Fiscalía de Chihuahua pidiera a la dependencia federal su apoyo para cumplir con la orden de aprehensión.

En septiembre del año pasado, Duarte fue ubicado en Albuquerque, Nuevo México, y en mayo de 2019, el PRI avaló la expulsión de Duarte del partido.

Duarte será presentado ante la Corte de Florida en las próximas 72 horas

La FGR detalla que la detención del ex gobernador de Chihuahua fue realizada por elementos del Servicio de Alguaciles Federales

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, este miércoles en Miami, Florida, fue realizada por elementos del Servicio de Alguaciles Federales (US Marshals Service, por sus siglas en inglés).

Mediante un comunicado, la FGR señaló que en las próximas 72 horas el ex mandatario podría ser presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales es requerido.

Indicó que en octubre de 2019, la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró una orden de aprehensión en contra de Duarte Jáquez por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

La FGR señaló que hace dos años (2018), el gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra de César Duarte, por diversos delitos.

Sin embargo, acusó, durante "todo ese año la entonces PGR, en la administración anterior, mantuvo inactivo el caso".

Ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, señaló, el año pasado la hoy Fiscalía General de la República (FGR) inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense.

Santiago Nieto felicita a Marcelo Ebrard

Luego de que se informó de la detención de César Duarte, en Florida, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el procedimiento de extradición del ex gobernador de Chihuahua.

"Nadie está por encima de la ley", escribió Santiago Nieto en redes sociales tras darse a conocer la noticia.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 8 de julio de 2020.


Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no sólo recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), también robó millones de dólares al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que militaba.

Lo anterior se desprende de documentos revelados ayer por la Audiencia Nacional de España, a los que la agencia estadunidense The Associated Press (AP) tuvo acceso.

Cuando Lozoya Austin era coordinador de vinculación internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012, le pidió 4 millones de dólares a Odebrecht.

Dicho dinero, según dijo Lozoya Austin a la empresa brasileña, sería para la campaña presidencial del PRI. Sin embargo, cuando recibió el dinero, no entregó todo a las arcas priistas, porque se quedó con la mitad, de acuerdo con documentos judiciales consultados por AP.

“A cambio de la ayuda prestada al director superintendente de Odebrecht para su posicionamiento en los estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en marzo de 2012, el reclamado solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI”, señalan los papeles judiciales consultados por la agencia estadunidense

Lozoya Austin gestionó sobornos por al menos 10 millones de dólares. Un primer pago, de 4 millones de dólares, antes de la contienda electoral, y el resto, 6 millones de dólares, cuando Peña Nieto ya había tomado posesión como presidente.

Esto conforme a las investigaciones realizadas por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab.

No obstante, los documentos referidos por AP detallan que el exdirector general de Pemex utilizó ese dinero para comprar una casa a nombre de su esposa, Marielle Helen Eckers.

“Parte de dicha cantidad se destinó el 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble por 1.9 millones de dólares en Guerrero, por la esposa del reclamado, Marielle Helen Eckers”, refieren los papeles judiciales.

Según AP, todo indica que se trata de la lujosa casa que la familia Lozoya adquirió en Ixtapa-Zihuatanejo y que fue incautada por las autoridades mexicanas tras liberarse su orden de aprehensión y posterior fuga.

Como director general de Pemex, Lozoya Austin entregó contratos gubernamentales, principalmente sobre la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, donde asignó contratos por miles de millones de pesos a la brasileña Odebrecht.

Además, recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) 3.4 millones de dólares, también en 2012, la misma empresa que vendió una empresa chatarra por un precio inflado a Pemex, razón por la que su director, Alonso Ancira Elizondo, fue detenido en España.

Con dicho dinero, el entonces director general de Pemex habría comprado una lujosa casa de 38 millones 175 mil pesos, de mil 165 metros cuadrados, en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Proceso
Ciudad de México
Martes 7 de julio de 2020.


De los 3.000 millones de dólares que gastó el Ejecutivo en seis años, la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong y Navarrete empleó 2.200


Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, en 2013 y 2014, como adelantaba este miércoles EL PAÍS. El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor.

La partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional” empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011.

Esta partida ampara “programas, investigaciones y actividades” en materia de “seguridad pública y nacional” cuya realización implica “riesgo, urgencia o confidencialidad”, según la nomenclatura que usa la Secretaría de Hacienda. Pero dependencias que accedieron a este dinero, caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.

Para Vidal Llerenas, que fue diputado por Morena durante la anterior legislatura y fungió de secretario de la comisión de presupuestos de la Cámara, el uso de esta partida fue siempre un misterio. “El reporte del desglose del gasto en México es muy bueno”, explica, “pero en esto todo el mundo era muy hermético”. Durante años, Llerenas pidió información al Gobierno sobre el uso de esta partida, pero nunca le hicieron caso. “Nos llamaba mucho la atención que cada año hubiera miles de millones de pesos de esta partida que no sabíamos dónde iban”, cuenta.

Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, añade que “esta partida es un reflejo de la deficiencia en el sistema presupuestario mexicano y la falta de instituciones capaces”. García argumenta que su uso responde a un mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Calderón para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo. Pero con Peña, el gasto se disparó y fue usado, explica, de forma política. “Lo que pasa al final”, matiza García, “es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”.

De 2013 a 2018, el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social. Entre esas tres dependencias gastaron más de 40.000 millones de pesos -2.200 millones de dólares de la época-, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social.

La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6.817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5.541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Si en 2012, antes de su llegada, la dependencia gastó 424 millones, en el primer año de Murillo, 2013, esa suma ascendió a 1.793 millones de pesos. Desde el entorno de Murillo aseguran que el dinero se gastó en compra y reparación de aeronaves, formación e investigaciones varias, como Ayotzinapa o Tlatlaya y subida de sueldos.

Auditorías

Durante el sexenio anterior y el primer año de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal que fiscaliza las cuentas de la administración, realizó al menos seis informes sobre el uso de esta partida en años de Peña Nieto. En tres estudiaron el desempeño de Prevención y Readaptación Social, en uno el de la extinta Procuraduría General de la República, en otro al CISEN y en uno más el de la Policía Federal.

El más reciente y exhaustivo es el que examina el uso que hizo la Policía Federal de estos fondos en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.

El caso del convenio, por ejemplo. En 2018, la división de Seguridad Regional de la Policía Federal acordó pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días. Primero, los auditores dijeron que no tenía sentido que la corporación contratara vigilancia privada, ya que la matriz de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, dispone de un órgano para este tipo de servicios. Y segundo, que no había pruebas de que el servicio se había prestado porque en los archivos de la dependencia no existían “bitácoras, reportes de supervisión o programas de trabajo”.

En el caso de los contratos, en tres de los cuatro analizados los auditores identificaron un posible esquema de desvío de recursos de la partida. En los tres casos, la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que quería la Policía Federal. Cuando los auditores visitaron primero a los proveedores y luego a los intermediarios -los que supuestamente contrataban con las empresas israelíes- descubrían, primero, que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.

La ASF hizo públicos estos informes en febrero y algunos medios en México publicaron parcialmente los resultados de los auditores. Es el caso de uno de los contratos descritos en el párrafo anterior. Lo firmó la División Científica de la Policía Federal con una empresa, Dizoal, para la “adquisición de una solución integral de inteligencia”. El esquema fue el descrito arriba. Dizoal contrató a un tercero y a través del tercero a una empresa israelí, que era en realidad la que vendía el software. Dizoal aseguraba tener un acuerdo con la empresa israelí para distribuir sus productos en México. Pero los auditores probaron que el dinero que la Federal pagó a Dizoal nunca llegó a la empresa israelí, sino que fue a parar a otras empresas.

Los auditores probaron además que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20. Y también porque involucraba a la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, fundadora de la unidad, muy respetada dentro del cuerpo. Con el cambio de Gobierno y la desaparición de la Policía Federal, Trujillo se incorporó a la Guardia Nacional como comisaria. Con la divulgación de esta información, Trujillo dejó su cargo, al menos temporalmente.

Fuentes de los primeros escalones de mando de la Policía Federal consultadas por EL PAÍS indican que lo sucedido con Trujillo es injusto, porque en realidad todas las compras y contrataciones de la corporación las decidía Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Márquez llegó al puesto con el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Márquez y Osorio ya habían trabajado juntos: fue coordinador de asesores de Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública, que complementa el trabajo de la ASF, también ha señalado irregularidades en el uso que hizo la Policía Federal de esta partida. En su Informe de Fiscalización de 2019, le dependencia señala que “existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.

Irregularidades

Además del esquema de desvíos, el uso de la partida de gastos de seguridad estuvo marcada por irregularidades administrativas en los años de Peña Nieto. En los informes de la ASF sobre la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social, los auditores señalan constantemente que la urgencia, el riesgo o la confidencialidad requerida para acceder a estos fondos no está justificada y que por tanto hay contratos, convenios y cheques que se cargaron a esta partida sin motivo.

Los analistas apuntan también que ambas dependencias no buscaron las mejores opciones a la hora de contratar y que no verificaron ante la Secretaría de la Función Pública si las empresas proveedoras estaban sancionadas o inhabilitadas. Y también -y esto ocurre sobre todo con los contratos de la Policía Federal- que los titulares de unidad o división que aparecen en la firma de los contratos carecen de facultades para tal efecto.

En los informes de la ASF sobre Prevención y Readaptación Social son constantes los pagos extraños a la naturaleza de esta partida, como medicinas y productos farmacéuticos, obras, rentas de generadores eléctricos, recibos de la luz, incluso la impresión y encuadernación de manuales “en materia de capacitación penitenciaria”.

Y también hay casos de dinero perdido. Es el caso de los manuales de capacitación penitenciaria. Los auditores explican que Prevención y Readaptación Social pagó en 2014 algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato. Cuando analizaron los pagos, se dieron cuenta de que el órgano de Gobernación carecía del material que por contrato debía tener. Los auditores concluyeron que este contrato podría suponer un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos.

Informes como los mencionados tienen un recorrido largo en la administración. La ASF les da seguimiento por un tiempo, esperando que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Viernes 3 de julio de 2020.

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