•    Sale del Ayuntamiento Beatriz Martínez Carreño, así como el director de Medioambiente, Ismael Cuoto Benítez


•    Rivera dijo es posible que en la dependencia existiera un “cártel inmobiliario”, por lo que es necesario revisar los procedimientos para otorgar licencias de obras, permisos de cambios de uso de suelo y cualquier otro que implique la relación directa con los ciudadanos.


Por presuntos actos de corrupción, fueron removidos de sus cargos la secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable en Puebla capital, Beatriz Martínez Carreño, así como el director de Medioambiente, Ismael Cuoto Benítez, según lo dio a conocer la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco este lunes.

Apenas la semana pasada, la presidenta municipal anunció la baja del director de Desarrollo Urbano, Fernando David Letipichia Castro, al ser acusado de solicitar cuotas al margen de la ley para emitir permisos de construcción.

En un anuncio que fue transmitido por plataformas digitales, Rivera indicó que tras recibir quejas y con información de investigaciones realizadas por su gestión, existen elementos suficientes para que se inicie una auditoría profunda, además de presentar denuncias penales.

“Derivado de un proceso que se funda en denuncias y en indagatorias internas, tenemos los indicios suficientes y he instruido a iniciar una auditoría profunda, amplia y rigurosa en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad”, refirió.

La semana pasada, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó que había irregularidades en la emisión de permisos de construcción en la comuna capitalina.

Anuncian denuncias por presunto “cártel inmobiliario”

Rivera explicó que de acuerdo con los elementos aportados por las investigaciones, es posible que en la dependencia existiera un “cártel inmobiliario”, por lo que es necesario que se revisen los procedimientos de los otorgamientos de licencias de obras, permisos de cambios de uso de suelo y cualquier otro que implique la relación directa con los ciudadanos.

A la par del despido, indicó que presentará denuncias penales por “apariencia de delito” ante la Fiscalía Anticorrupción, en contra de quienes resulten responsables de esos presuntos actos de corrupción.

La alcaldesa aseguró que tiene un compromiso con el combate a la corrupción, por lo que no se permitirán simulaciones o encubrimientos en las investigaciones que se realicen sobre el tema.

“La corrupción y la trampa no tienen cabida en este ayuntamiento, quien traiciona la confianza de la ciudadanía, lo pierde todo”, dijo.

De acuerdo con versiones periodísticas, en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable existía un grupo de funcionarios vinculados con exempleados de esa dependencia que cobraban cuotas extraoficiales por la emisión de licencias de construcción.

En ese grupo de funcionarios también estarían involucrados Miriam Durán Carsolio, quien era secretaria del ahora ex director, la jefa de Departamento de Vivienda, Yissel Juárez Reyna; y Alejandro Picasso, quien supuestamente labora como asesor de la dirección.

En la red también estaría involucrado el panista Eduardo Morales Garduño, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social durante la administración del ex alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Por su parte, el gobierno del estado acusó la semana pasada que la comuna había otorgado más de mil permisos de construcción sin tener facultades para ello, por lo que decidió ya no renovar un convenio que tenía para agilizar ese tipo de trámites, el cual venció en julio de 2019.

e-consulta
Patricia Méndez
Lunes 7 de septiembre 2020.


Chihuahua.- La juez de control María Guadalupe Hernández dictó ayer por la mañana prisión preventiva contra el abogado Juan Ramón Collado como medida cautelar por el delito de peculado por 13.7 millones de pesos, presuntamente desviados de las arcas de Chihuahua mediante la simulación de un contrato por servicios jurídicos que no se brindaron al gobierno estatal entre 2013 y 2104, y cuyo destinatario final habría sido el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

A cambio, el ex mandatario federal habría apoyado al entonces gobernador César Duarte Jáquez para convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual finalmente no ocurrió. Lo anterior, según el agente del Ministerio Público local que formuló los cargos contra Collado, en audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Augusto Peniche, confirmó que Salinas de Gortari es señalado y podría ser citado a declarar ante tribunales locales, para que rinda información por los hechos que se le atribuyen, pero lo tendrá que valorar el Ministerio Público.

De acuerdo con la declaración del testigo de identidad reservada FOB57RA/2019, a finales de 2012 Duarte Jáquez recibió a Salinas de Gortari y a Collado en su rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, para pactar el apoyo del ex presidente en la aspiración de dirigir el tricolor.

Juan Collado compareció ante el tribunal en Chihuahua por videoconferencia desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y la jueza María Guadalupe Hernández le dictó prisión preventiva y fijó el próximo 6 de septiembre como fecha para la audiencia de vinculación a proceso.

La diligencia inició a las 11 de la mañana del miércoles y concluyó a las seis de la mañana de ayer; ahí, Collado, acompañado de dos abogados, escuchó los cargos que le formuló la fiscalía de Chihuahua, y ejerció su derecho a no declarar.

Según el testigo, César Duarte pidió a Carlos Salinas que lo apoyara para ocupar la dirigencia nacional priísta y ordenó el desvío de recursos públicos por 13.7 millones de pesos, que fueron entregados a Juan Collado con la justificación de asesorías jurídicas, las cuales no proporcionó.

Entre 2013 y 2014 Collado recibió cinco transferencias bancarias que sumaron 13 millones 780 mil pesos, por instrucción de Duarte Jáquez debido al compromiso que asumió con Salinas a cambio de recibir su respaldo.

La FGE presentó como evidencias los comprobantes de las transferencias bancarias desde dos cuentas del gobierno de Chihuahua a una perteneciente al imputado, la número 0451218506, de BBVA Bancomer.

Según el Ministerio Público, Juan Collado, junto a distintos servidores públicos y personas externas, concertaron y efectuaron el desvío de los 13 millones 780 mil pesos del erario, entre enero de 2013 y marzo de 2014.

Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno del estado, a cargo del panista Javier Corral Jurado, informó que Juan Collado es acusado de peculado agravado, según la causa penal 778/200.

El miércoles, Corral Jurado afirmó que los 13.7 millones de pesos fueron para cumplir un compromiso de César Duarte con Carlos Salinas para que lo impulsara a la dirigencia nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser presidente de la República.

En contubernio con el ex presidente, el entonces gobernador acordó la extracción de esos recursos que eran patrimonio de los chihuahuenses; convinieron sacar recursos por la vía de este abogado (Juan Collado) y el modelo operó en otros estados.

Señaló que Collado habría operado el desvío de recursos públicos en Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa mediante el mismo esquema que utilizó en Chihuahua, un método de simulación con el cual facturaba cantidades millonarias por servicios o asesorías de tipo jurídico.

Juan Collado fue detenido el 9 de julio del año 2019 por la Fiscalía General de la República, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

César Duarte está preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio pasado y en espera de ser extraditado a México para que responda ante las autoridades de Chihuahua y las federales por acusaciones de actos de corrupción.

La Jornada
Jesús Estrada
Rubén Villlapando
Corresponsales
Chihuahua, México
Viernes 4 de septiembre de 2020.


Las empresas públicas (63%) que remató Carlos Salinas hicieron a 23 familias súper ricas hasta hoy


En el año de 1993 el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari creó la figura de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) con la finalidad de que la iniciativa privada también administrara los puertos de México. Para lograrlo, despojó a los trabajadores de sindicatos de la operación de los puertos y esto significó para ellos “uno de los golpes más severos que asestó el Neoliberalismo y que sumió en la ruina a miles de familias, mientras otros empresarios, como los agentes aduanales, han amasado fortunas al amparo del negocio portuario”, refiere el analista Ricardo Ravelo.


Ciudad de México. – Su intención era privatizar los puertos como hizo con Teléfonos de México, bancos y una televisora, pero Carlos Salinas de Gortari sólo consiguió crear las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), una figura estatal que tiene facultades para administrar el puerto, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de empresas mediante contratos de cesión parcial de derechos. Casi tres décadas después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta acción como “una simulación” y cuestionó la concesión que se otorgó en el puerto de Veracruz bajo esta figura.

“En el caso de Veracruz es un engaño, una simulación”, dijo el Presidente al referirse a la prórroga de 100 años para administrar el Puerto de Veracruz que se le dio a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER). “Si es público y si pertenece al Estado, para qué se concesiona, no tendría ningún caso. Es privatización”.

El Mandatario mexicano aseguró que ni Porfirio Díaz se atrevió a hacer un contrato de este tipo. Sin embargo, la concesión de la APIVER se replica en 11 estados donde operan las Administraciones Portuarias Integrales federales y fue gracias a esta figura creada por el expresidente Carlos Salinas que la iniciativa privada participa en la administración de los puertos mexicanos.

“El Gobierno de Carlos Salinas no quería invertir en los puertos y por eso crearon la figura de las APIs”, explicó el Capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz. “Su intención era privatizar los puertos”.

México, con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, tiene 17 estados con apertura al mar y cuenta con 117 puertos y terminales donde entran y salen millones de dólares en mercancías. Este fructífero negocio no pasó desapercibido en el sexenio de Carlos Salinas y en el año de 1991 comenzó el desmantelamiento de los sindicatos portuarios con la finalidad de entregar los puertos a la iniciativa privada, detalló el Capitán Rodríguez.

El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios. “Uno de los golpes más severos que asestó el Neoliberalismo y que sumió en la ruina a miles de familias, mientras otros empresarios, como los agentes aduanales, han amasado fortunas descomunales al amparo del negocio portuario”, escribió el analista Ricardo Ravelo en su columna “Veracruz: El atraco de Carlos Salinas”, publicada en SinEmbargo.

De acuerdo con el Capitán Rodríguez, el 1 de julio de 1991 ingresaron al Puerto de Veracruz militares armados y policías federales. Se dirigieron a los barcos y se llevaron a los trabajadores portuarios. “Prácticamente los secuestraron porque se los llevaron sin una orden de aprehensión. Los amenazaron de que si no aceptaban que el Gobierno se quedara con todo (operación portuaria), los iban a desaparecer y a meter a la cárcel por falta de pago de impuestos”.

Tomar el control del Puerto de Veracruz era una prioridad para el Gobierno de Carlos Salinas. Es el principal abastecedor de servicios y de bienes intermediarios y de consumo para la zona centro del país, por lo que es donde converge la mayor diversidad de mercancías, cargas y servicios portuarios.

“El gobierno promulgó una figura que se llama requisa, que es un precepto que está en la Constitución por medio del cual el Gobierno puede apropiarse de alguna empresa o industria, pero tiene que ser en periodo de guerra. Por lo tanto, siempre se ha dicho que la requisa del Puerto de Veracruz era ilegal porque a México no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto, se rompía el precepto gubernamental”, detalló el Capitán de Marina Mercante.

Esta requisa ilegal que promulgó Salinas para detentar el control y manejo de toda la actividad portuaria se realizó con ayuda de empresas extranjeras, agencias navieras y agentes aduanales, según consigna el analista Ricardo Ravelo.

“Los golpes del Gobierno Federal fueron contundentes para consumar el despojo”, escribió Ravelo. “Mediante presiones políticas y otras argucias legales e ilegales convocaron a los socios del sindicato de maniobristas y les pidieron que se debía conformar una comisión liquidadora del sindicato, sin asamblea de por medio. Luego, los socios otorgaron un poder general a los miembros de la comisión en la que detectaron hasta firmas falsas”.

Cuando esto sucedió en el Puerto de Veracruz, Salinas de Gortari amenazó a los sindicatos de otros puertos que haría lo mismo y les infundió temor.

“Cuando vieron lo que pasó en Veracruz, con sindicatos de más de 100 años y afiliados al PRI, pues todo el mundo comenzó a firmar lo que sin darse cuenta sería el fin de los sindicatos de los puertos y la concesión de servicios dentro del puerto”, evocó el Capitán Antonio Rodríguez.

Aspectos del Puerto de Veracruz, el cual labora con normalidad luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la concesión otorgada por 50 años más a la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Foto: Victoria Razo, Cuartoscuro.

Es así como el 19 de julio de 1993 se publica en el DOF la Ley de Puertos con el objetivo de regular las terminales marítimas e instalaciones portuarias. Con esta nueva ley, el 15 de diciembre de ese mismo año nacieron las Administraciones Portuarias Integrales, las cuales abrieron la puerta para que la iniciativa privada también se hiciera cargo de los puertos y supliera la falta de inversión del Gobierno.

“Por ejemplo, llegaba un barco al puerto y se tenía que meter gente para cargar y descargar en contenedores. Entonces se promueve la creación de empresas que dieran servicios de estiba (acomodar la carga en la bodega de un barco), entonces aparecen tres empresas estibadoras en el Puerto Veracruz: CTV; Internacional de Contenedores de Veracruz, S.A de C.V. (ICAVE); y Corporación Integral de Comercio Exterior S.A de C.V. (CICE)”, dijo el Capitán Antonio Rodríguez.

Con el paso del tiempo las APIs comenzaron a dejar en manos de privados operaciones especializadas como las cargas que son liquidas (aceites) y cargas a granel (las que no van en empaque, por ejemplo, el clínker, que es una materia para construir el cemento).

“Cada una de estas cargas específicas requieren de una terminal especial porque no puedes meter en la misma terminal polvo para cemento y carros. Entonces, la terminal de carros requiere rampas, zonas de acceso y la de clínker requiere bandas transportadoras. Es cuando el Gobierno empieza a subconcesionar diferentes terminales y la más famosa en su momento fue en la terminal de contenedores”, recordó el Capitán.

Veracruz: El atraco de Carlos Salinas

 Actualmente, la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, cuya titular es Rosa Icela Rodríguez, se encarga de desarrollar los sistemas portuarios integrales. En México operan 16 APIs federales, de las cuales 14 corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La APIVER, a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia, obtuvo la concesión desde 1994 por el entonces titular de la SCT, Emilio Gamboa con vigencia de 50 años y en julio de 2018, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, decidió ampliar este plazo hasta 2094.

De acuerdo con el reporte de julio de la API, hay al menos 13 cesionarios en el puerto de Veracruz además de Pemex. Ahora el Ejecutivo federal busca revocar la concesión hecha el último año de la administración anterior.

En el Presupuesto de la Federación 2019 se contemplaron un poco más de 6.850 millones de pesos para solo 10 de las 16 APIs federales, de los cuales, el 80.4 por ciento fue otorgado a la API Veracruz, con casi 5.513 millones.

Las empresas que operan en los puertos manejados por las APIs pagan una contraprestación directa. De acuerdo con el Capitán Antonio Rodríguez, es normal que las concesiones se otorguen a 100 años, pues las inversiones que realizan las empresas son en millones de dólares y necesitan recuperar su dinero.

“Cuando el Presidente dice que en ninguna parte del mundo sucede eso (de la concesión a 100 años) es mentira porque en muchos puertos cuando la inversión es tan alta, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, las concesiones las dan por largos periodos de tiempo, inclusive a 100 años”, explicó.

SinEmbargo
Ciudad de México
Guadalupe Fuentes López
Miércoles 26 de agosto de 2020.


•    Miguel Barbosa fue informado sobre la existencia de los recursos, por lo que incluso él dispuso de “la mayor parte” para ocuparlos en el proceso de transición de gobierno.

•    El exfuncionario y hoy diputado federal dijo que los recursos son aprobados por el Congreso local y los recibió el actual secretario de Gobernación


La “partida secreta” que Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que sirvió para malversar recursos públicos en anteriores administraciones estatales en Puebla, incluido el gobierno interino, se utilizó para cubrir los gastos de la propia transición morenista.

Así lo señaló el exsecretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, quien fue acusado por el mandatario de desviar parte de los 241 millones de pesos que liberó la Secretaría de Finanzas y Administración desde 2013.

A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario indicó que el mandatario ya sabía para qué se utilizaba esa partida e incluso fue el actual secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, quien firmó los recibos del dinero destinado para el proceso de transición.

Méndez Márquez presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra 10 exsecretarios de los gobiernos panistas y de la gubernatura interina, por la presunta malversación de 241 millones de pesos a través de la partida 3370 de “Servicios de Seguridad y Protección”, llamada por el gobierno Barbosista como la “partida secreta”.

Muestra recibos para la transición

En su aclaración, Manzanilla apuntó que esta partida presupuestal es autorizada por el Congreso del Estado –actualmente con mayoría de Morena- y homologada a las normas federales.

Indicó que como gobernador electo, Miguel Barbosa fue informado sobre la existencia de los recursos, por lo que incluso dispuso de “la mayor parte” para ocuparlos en el proceso de transición de gobierno.

El ahora diputado federal publicó un recibo firmado por Méndez Márquez por el cual recibió 1.5 millones de peso por “congreso progresista” el 5 de julio de 2019, a escasas cuatro semanas de que iniciara la actual administración el 1 de agosto.

En la denuncia presentada por Méndez se refiere que entre el 12 de febrero de 2019 y el 1 de julio del mismo año, cuando Manzanilla era titular de la SGG, el entonces ex coordinador general de Administración Álvaro Gómez González solicitó y recibió asignaciones presupuestales por 24 millones de pesos, a través de 8 entregas distintas.

El legislador indicó que Gómez González acudirá con las autoridades correspondientes para aclarar cualquier duda sobre el recurso asignado.

El resto de los exsecretarios mencionados en la denuncia son: Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diódoro Carrasco Altamirano, Luis Maldonado Venegas, Roberto Moya Clemente, Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Bernal Miranda, Jorge Estefan Chidiac, Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio.

e-consulta
Patricia Méndez
Puebla, México
Lunes 24 de agosto de 2020.


El Juez de control vinculó a proceso al exdirigente de Acción Nacional, Jesús Christian Giles Carmona por el uso de documentación falsa, se le impuso una suspensión temporal de su título y su cédula profesional ya que los utilizó para acreditar la conclusión de estudios en Derecho.

La Fiscalía General de Justicia boletinó que obtuvo del Juez de control la vinculación a proceso el 20 de junio además de que tendrá que acudir a firmar de manera periódica cada 30 días y está obligado a presentar una garantía económica la cual no fue revelada. Tiene además la reestricción de salir del país, así como de acercarse a los testigos.

Por lo pronto se estableció la suspensión temporal de su actividad profesional como abogado y deberá entregar el título y cédula profesional a la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Fue en noviembre de 2019 cuando el Gobierno estatal dio a conocer que habían denunciado ante la FGE a 29 funcionarios públicos por los delitos de cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, esto por la asignación de calificaciones y títulos falsos desde el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.

Entre las personas que recibieron su título falso, está Jesús Christian Giles Carmona, quien fungió como dirigente del albiazul en Puebla, durante la administración de Antonio Gali Fayad, pese a que en ese entonces no contaba con el título universitario que avalará sus estudios de Licenciatura en Derecho.

Jesús Giles es cercano a Eukid Castañón, el operador electoral del morenovallismo detenido en marzo de este año. Giles además era dirigente estatal del PAN cuando Martha Erika Alonso fue impuesta como candidata al Gobierno de Puebla en la elección contra el actual Gobernador por Morena, Miguel Barbosa.

SinEmbargo
Ciudad de México
Sábado 22 de agosto de 2020.


En la denuncia penal que presentó el pasado 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya Austin acusó a 16 políticos y ex altos funcionarios, entre ellos los ex presidentes de la República Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas de participar en distintos hechos de corrupción y tráfico de influencias y de haber causado un daño al patrimonio nacional por sus ilícitos.

También salpicó a Ricardo Anaya y José Antonio Meade, dos ex candidatos presidenciales que contendieron en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador.

Señaló además a Peña y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como cabezas de las operaciones de corrupción.

"Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que, desde las más altas esferas del régimen, instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos, nacionales y extranjeros", dijo en la declaración difundida de manera subrepticia en redes sociales.

La FGR se deslindó de la filtración del documento.

El ex director de Pemex fincó sus principales alegatos en millonarios sobornos provenientes de Odebrecht y su filial Braskem y que fueron entregados a distintos funcionarios de los dos sexenios anteriores.

"Para el 2013 Odebrecht ya tenía al Presidente (Peña) de su lado. En el 2013 la relación entre Odebrecht y el Estado mexicano no era una relación de contratos, sino de poder. Odebrecht sabía de su influencia y sometimiento, por lo que no la iba a perder -ni la quería perder-, ya que participaba de manera activa en la política energética del país", denunció.

Entre 2012 y 2014, Lozoya asegura que los brasileños le hicieron por lo menos tres entregas importantes de dinero, por sumas de 3 millones 150 mil dólares, 5 millones 951 mil dólares y 84 millones de pesos.

La primera entrega sirvió para pagar 1.6 millones de dólares a los consultores electorales de la campaña presidencial de 2012 y el resto para sobornar, por órdenes de Peña y Videgaray, a legisladores panistas para que votaran en favor de las reformas estructurales.

Aunque dice que eso terminó en una "extorsión de los panistas" para obtener más dinero y posiciones de poder.

Según su denuncia, el dinero fue entregado a Ricardo Anaya y su secretario particular, Osiris Hernández; también a los ex senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos son actualmente Gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente.

Afirma que el ex Secretario de Energía con Felipe Calderón, José Antonio Meade, y José Antonio González Anaya, ex director de Pemex, también recibieron sobornos.

Al ex Presidente Calderón lo señala de concederle a Braskem condiciones inexplicables para que instalara la planta de Etileno XXI en Veracruz, que ocasionaron millonarias pérdidas al patrimonio de la nación.

Ayer Calderón, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, por separado, desmintieron a Lozoya y acusaron al gobierno federal de realizar un manejo ilegal y mediático del caso.

"Es un instrumento de venganza y persecución política", dijo Calderón.

"Voy a demandar por daño moral a Emilio Lozoya.... tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame", señaló Anaya.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Viernes 21 de agosto de 2020.


El gobernador Miguel Barbosa ya se deslindó, pero debe ser la FGR la que determine responsabilidad, dijo Ramírez Cuéllar


El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que el partido no defenderá a ningún morenista que esté involucrado con los presuntos sobornos revelados por Emilio Lozoya.

Afirmó que el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, ya se deslindó, pero debe ser la Fiscalía General de la República la que determine si tiene responsabilidad.

"Morena no defenderá a nadie que estuvo involucrado en los sobornos y la corrupción de las reformas del pacto por México”.

"Si hay algún funcionario, legislador, gobierno estatal o municipal que salga en videos, en denuncias o testimonios, vamos a promover la expulsión inmediata del partido", indicó.

Sostuvo que así como ha pedido al PAN que sea congruente y exija a los panistas involucrados dar una explicación, Morena no será cómplice de ningún morenista.

"Vamos a exigir un castigo ejemplar y a demandar que se siga hasta las últimas consecuencias.

"Él (Barbosa) ya declaró y la autoridad debe de investigar todo. No vamos a ser cómplices de ningún acto de corrupción", agregó.

Reforma
Érika Hernández
Ciudad de México
Martes 18 agosto 2020.


En la grabación el exsecretario Técnico del Senado aparece recibiendo bolsas de billetes


Ciudad de México— Un video difundido en YouTube muestra una entrega de dinero en efectivo que sería parte de los presuntos sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, afirma haber entregado a representantes del Senado entre 2013 y 2014.

Rafael Caraveo Opengo, exsecretario Técnico del Senado y mencionado en los testimonios de Lozoya Austin, aparece en el video recibiendo bolsas de billetes que presuntamente formaron parte de los sobornos de Odebrecht al exdirector de Pemex.

El video fue subido a un perfil de YouTube, a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, que coincide con el nombre del hermano del exdirector de Pemex.

"Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex", dice la leyenda que acompaña el video subido el domingo 16 de agosto.

En el video se ve cómo el ex funcionario, quien colaboraba directamente con el senador panista José Luis Lavalle Maury y quien era presidente de la Comisión de Administración del Senado, manipula las bolsas con billetes de 200 y 500 pesos.

Lavalle Maury también ha sido mencionado en los testimonios que Lozoya Austin ha dado a las autoridades sobre la manera en que se distribuyeron los sobornos de Odebrecht en México.

El pasado 24 de julio, Reforma dio a conocer que Caraveo estaba señalado por Lozoya, en un escrito preliminar, como una de las personas que recibió los sobornos para la aprobación de las reformas estructurales.

La semana pasada, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que Lozoya entregó un video a la dependencia en su denuncia contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Por el momento, la institución no ha confirmado si la grabación en la que aparece Caraveo es la que entregó el ex director de Pemex en su querella.

Cesan a secretario de gobernador de Querétaro tras videoescándalo

Guillermo Gutiérrez Badillo aparece al lado de Rafael Caraveo, uno de los señalados en la trama del caso Emilio Lozoya

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se desmarcó de su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo, protagonista del video que circula en Youtube en el que aparece al lado de Rafael Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, recibiendo bolsas con dinero en una oficina.

Domínguez informó en su cuenta de Twitter que había dispuesto el "cese inmediato" de su colaborador para que se deslinden responsabilidades.

"Con relación al video difundido el día de hoy en redes sociales, en el que aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los actos supuestos de esa persona. Como siempre, en apego a la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Badillo, para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido, ante la autoridad competente", explicó.

"Por eso, con independencia de las facultades legales que pueden tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del estado para que, en su carácter de servidor público, dé cuenta de sus actos", añadió el Mandatario.

Tras asegurar que nunca ha cometido algún acto indebido, el Gobernador externó su disposición a colaborar con las autoridades.

Domínguez es uno de los señalados en la trama del caso Emilio Lozoya, junto con el también exsenador y actual Gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.

Va PAN por expulsión de implicado

El Partido Acción Nacional prepara la expulsión de sus filas de Guillermo Gutiérrez Badillo, hasta hoy secretario privado del Gobernador queretano Francisco Domínguez, tras aparecer en el video en el que se reciben bolsas con fajos de billetes presuntamente de la trama del caso Lozoya.

Hasta esta mañana, Gutiérrez Badillo figuraba en la lista de militantes de Acción Nacional, a cuyas filas ingresó en enero de 2005.

"Al referirse a la difusión de un video a través de diversos medios de comunicación, el dirigente del PAN, Marko Cortés, solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue y proceda de inmediato contra quienes resulten responsables de supuestos hechos de corrupción", se informó en un comunicado.

Cortés expresó que de confirmarse que se trata de militantes del PAN se procederá a su inmediata expulsión.

Reforma
Abel Barajas
Mayolo López
Ciudad de México
Lunes 17 agosto 2020.


La reparación de los daños relativos al caso Odebrecht y la compra de Agronitrogenados se deberá dividir entre todos los responsables, anuncia el fiscal


Los bienes asegurados a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), cubren el monto del daño calculado por la compra irregular de la planta de Agronitrogenados, afirmó Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tenemos bienes que acreditan, si no todo, una buena parte de lo que debe”, dijo.

Añadió que en las dos investigaciones que la FGR ha judicializado contra Lozoya  (Odebrecht y Agronitrogenados) se deberá dividir la reparación del daño entre todos los responsables.

Dichos de AMLO sobre Lozoya no afectan debido proceso: Fiscal

Lozoya denunció que el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, su colaborador, le ordenaron distribuir más de 500 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht para pagar a asesores de la campaña de 2012, legisladores y un partido político.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esto implica que ellos y otros exfuncionarios sean citados a declarar.

El Informador
Ciudad de México
Jueves 13 de agosto de 2020.


El desfile de funcionarios implicados en las investigaciones por corrupción en el caso Lozoya podría iniciar en el más alto nivel, luego de que el ex director de Pemex denunciara ayer a su jefe, el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

También acusó a Luis Videgaray, ex coordinador de campaña de Peña y ex Secretario de Hacienda.

En una denuncia ante la FGR, el ex director de Pemex acusó que ambos políticos le ordenaron destinar 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial del 2012 y entregar 120 millones a legisladores entre 2013 y 2014 para aprobar reformas estructurales.

El Fiscal Alejandro Gertz anunció que Lozoya acusó a Peña y Videgaray de ordenarle disponer de otros 200 millones para aprobar la reforma electoral y también usar otros 84 millones adicionales para sobornar a diputados y senadores y al secretario de finanzas de un partido.

La denuncia fue acompañada por un video y unos recibos, como evidencia de sus afirmaciones, además de que ofreció a cuatro testigos para que sean interrogados sobre esos hechos. Sus blancos son un diputado, cinco senadores, un secretario de finanzas de un partido político y dos empresas.

"El que después fue Presidente y su Secretario de Hacienda son las personas que este individuo señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron para la campaña de estas dos personas", dijo Gertz, en un mensaje.

A pesar de los dichos de Lozoya, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (antes FEPADE) resolvió desde el 3 de junio de 2019 que ya había prescrito el delito electoral relacionado con los fondos de Odebrecht destinados a la campaña de Peña.

Lozoya también denunció un grave daño al patrimonio por la planta Etileno XXI de Coatzacoalcos, proyecto de 5 mil 200 millones de dólares asignado en 2010 a Braskem (filial de Odebrecht) en asociación con la mexicana IDESA.

Reforma publicó el pasado 24 de julio que, antes de aceptar la extradición de España a México, Lozoya preparó un testimonio en el que revelaba que una parte de los sobornos de Odebrecht fueron destinados a la campaña presidencial de Peña en 2012.Los delitos. Posibles acusaciones derivadas de las imputaciones de Emilio Lozoya contra Enrique Peña y Luis Videgaray.-Cohecho.-Lavado de dinero.-Asociación delictuosa o incluso delincuencia organizada.-Ejercicio indebido del servicio público.-Financiamiento ilegal para campaña de Peña en 2012. En junio de 2019, la FEPADE resolvió que ya había prescrito el delito electoral.

Reforma
Abel Barajas
Cd. de México
Miércoles 12 agosto 2020.

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