Rodolfo Ruiz R.

•    Fármacos DAROVI obtuvo por asignación directa la compra de medicamentos del ISSSTEP

•    Y Abadi el suministro de alimentos para todos los penales de la entidad


¿Recuerda que hace unos días le platiqué aquí que seis licitaciones nacionales para la contratación de bienes y diversos servicios del ISSSTEP se habían suspendido, para favorecer a ciertos proveedores, y que por esa razón Karen Berlanga Valdés había sido removida de la dirección general del Instituto?

Pues le cuento que dichos contratos se están adjudicando de manera directa y uno de ellos, el de medicamentos genéricos, se entregó a una empresa vinculada al Corporativo Kosmos, que es uno de los consentidos de la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa, pese a que según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es investigado por operaciones irregulares presuntamente relacionadas con lavado de dinero en el suministro de despensas para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

La empresa beneficiada con el servicio de abasto, distribución, dispensación y administración de inventarios de medicinas y productos farmacéuticos genéricos para el ISSSTEP, fue Fármacos DAROVI SA de CV, que hace algunos años fue adquirida por los dueños de Kosmos, la familia Landsmanas, de origen judío letón-lutiano.

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo que coordinó la campaña de Miguel Barbosa, los directivos de este corporativo —conformado por las empresas La Cosmopolitana, Café Bersa, Productos Serel y Abastos y Distribuciones Institucionales (Abadi)— fueron de los pocos que en 2019 sí apoyaron económicamente al entonces candidato de Morena a la gubernatura.

Otra empresa del Corporativo Kosmos que hace poco también fue favorecida por la administración de Miguel Barbosa con contrato de más de 90 millones de pesos fue Abastos y Distribuidores Institucionales SA de CV (Abadi).

Dicha firma ganó la licitación pública nacional GESAL-022-117/2020 para surtir siete mil raciones de alimentos para los internos de los penales de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, así como del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) y la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal.

EN CORTO

Nada bien le ha caído a la rectora de la Universidad Politécnica de Puebla (UPP), Mayra Sánchez García, y a un sector amplio de docentes las alas que el secretario del Trabajo del estado, Abelardo Cuéllar Delgado, viene dando a un grupo de profesores de asignatura que pretenden constituir un sindicato, a costa de la estabilidad de la institución.

Y no sólo por el golpeteo político que la rectora recibe en Facebook del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Politécnica de Puebla, sino porque los cabecillas de esta organización —carente de toma de nota— están lejos de representar a la mayoría de los docentes.

El supuesto sindicato, que tiene como secretario general al profesor de asignatura Carlos Castillo Cortés, ha enviado cartas al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y al secretario del Trabajo solicitándoles su intervención para castigar la supuesta corrupción académica, el acoso laboral, irregularidades en la nómina y la ineptitud de sus directivos.

Sin embargo, cada vez que la rectora Mayra Sánchez o el director Jurídico de la UPP han convocado a Carlos Castillo a negociar éste se ha rehusado a hacerlo, con el argumento que el encuentro no sólo debe ser con él, sino con el Comité Ejecutivo de su no reconocido sindicato.

Una cuestión que ha perjudicado a los promotores del Sindicato es que varios de éstos carecen del reconocimiento profesional de sus pares, ya que algunos hasta han sido acusados de acoso sexual.

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“Pasado, presente y futuro del Estado mexicano. Crónica de una modernidad inconclusa”, es el título del libro que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) acaba de publicar al doctor Héctor Hernández Sosa, docente de varias universidades de la entidad, ex coordinador del Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla (desaparecido por el gobierno de Barbosa) y presidente en dos ocasiones del Instituto local de Administración Pública.

El libro tuvo su origen en la tesis doctoral de Héctor Hernández, pero se amplió con nuevos capítulos, entre ellos algunos dedicados al futuro del Estado mexicano en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación y al populismo del siglo XXI.

Este último capítulo, el 12 de los que conforman el libro, que lo incluyó a sugerencia del doctor Luis F. Aguilar Villanueva, está por convertirse en un nuevo libro de Héctor Hernández, el cual seguramente concluirá cuando termine el encierro provocado por el Covid-19, sobre el populismo del siglo XXI en México, América y el mundo.

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Este lunes tendría que adjudicarse el fallo del concurso para el suministro de desayunos fríos para el Sistema Estatal DIF, de la licitación pública nacional GESAL-031-273/2020.

Se trata de un contrato que superará seguramente los 222 millones de pesos y que está peleando Corporativo Kosmos a través de Abastos y Distribuidores Institucionales (Adabi).

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e-consulta
Rodolfo Ruiz R.
Puebla, México
Domingo 24 de mayo de 2020.


•    García Luna utilizó red de empresas para transferir 50 mdd a paraísos fiscales


Una red de empresas relacionadas a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales.

La información, revelada por la cadena Univisión, se basa en dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, en la que se asegura que “muy probablemente” dichos recursos provienen de los presuntos sobornos entregados por grupos criminales a García Luna, cuando este era secretario de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012.

Al ser entrevistado por dicho medio, Nieto aseguró que cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 ya habían concluido la investigación, y estaban preparando dos denuncias: una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública.

Ante ese escenario, la UIF pudo congelar de forma inmediata las cuentas bancarias de García Luna, su esposa y su hermana Esperanza, así como la de sus asociados de negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla.

Se congeló también la cuenta de la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac; más tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.

Dos semanas después, el 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia penal por lavado de dinero, además de otra ante la Secretaría de la Función Pública.

“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo.

“Una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la empresa los transfería”, detalló Nieto.

Según la investigación, el dinero en cuestión se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

La pesquisa halló que el dinero se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

Nieto aseguró que casi medio año después, las cuentas continúan congeladas.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas. Ahora espera juicio en Nueva York, acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en declaraciones.

Proceso
Ciudad de México
Martes 19 de mayo de 2020.



*   Israel: Netanyahu y Gantz asumen el nuevo Gobierno de coalición


*   Benjamin Netanyahu y Benny Gantz juraron su cargo como primer ministro y primer ministro alterno respectivamente, que pone fin al bloqueo político que ha necesitado de tres elecciones y una pandemia para formar Gobierno.


Jerusalén.- Benjamín Netanyahu tomó posesión este domingo como primer ministro de un Gobierno unitario israelí, puesto en el que se alternará con el centrista Benny Gantz, en lo que será su quinto mandato (el cuarto consecutivo), que asume acusado de corrupción y a una semana de acudir a juicio.  

El Ejecutivo, con carácter de emergencia por el coronavirus y con el mayor número de ministros (34) de la historia del país, sacó hoy del bloqueo a Israel, que ha necesitado de tres elecciones en menos de un año y una pandemia para tener Gobierno.    

Un Gobierno que iniciará "un proceso histórico" con la anexión de parte del territorio palestino de Cisjordania, según hoy anunció Netanyahu, pese a las advertencias de la comunidad internacional.  

"Acercará la paz porque la paz está basada en la verdad", defendió Netanyahu ante los reproches de los miembros de la Lista Unida Árabe (la tercera fuerza del Parlamento israelí) que le acusaron de trabajar "para lo contrario".  

Por primera vez en una década, un Ejecutivo israelí contempla un nombre diferente al de Netanyahu para la jefatura de Gobierno, que está previsto que en año y medio pase a Gantz, exactamente el 17 de noviembre de 2021.

Gobierno de coalición en Israel

Frente al Parlamento Israelí, tanto Netanyahu como Gantz juraron su cargo como primer ministro y primer ministro alterno respectivamente, lo que permitirá al político centrista, que ocupará por mientras la cartera de Defensa, asumir directamente la jefatura de Gobierno en 18 meses.  

Una mayoría de 73 diputados de los 120 del Parlamento israelí (Knéset) apoyó el nuevo Ejecutivo, durante una crispada sesión en la que la oposición interrumpió y criticó la controvertida alianza de los líderes, hasta hace poco rivales.

"Decidimos juntos dejar a un lado las divisiones y enfrentarnos a los desafíos que la pandemia nos plantea en materia de salud, economía y sociedad", señaló Netanyahu, líder del partido derechista Likud.

En el mismo sentido, Gantz, líder de Azul y Blanco, apeló a la "reconciliación" y respaldó el "gobierno de unidad nacional" al considerar que la alternativa era "una especie de guerra civil".

EFE / AFP
Jerusalén, Israel
Domingo 17 de mayo de 2020.


•    Confirman 51 muertes por consumir alcohol adulterado en Puebla


•    33 de las víctimas fallecieron en las comunidades y 18 en hospitales


La Secretaría de Salud de Puebla confirmó la muerte de 51 personas en esta entidad tras consumir alcohol adulterado en los municipios de Chiconcuautla, Chignahuapan, Xochitlán Todos Santos, Zacatlán, Huaquechula y las juntas auxiliares de San Miguel Canoa y San Francisco Totimehuacán, en Puebla capital.

El subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Fernando Huerta Romano, precisó que 33 de las víctimas fallecieron en las comunidades y 18 en hospitales.

A su vez, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que además hay 11 personas que se encuentran hospitalizadas y que se reportan como graves.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó que en la Sierra Norte se tiene ubicadas a las personas que distribuyeron este alcohol y es posible que se tenga ya identificada a la persona que fabricó esta bebida en un lugar.

“Hoy mismo podría haber personas detenidas en varias partes del Estado”, afirmó, al señalar que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones para identificar también a las autoridades que entregaron los permisos para la venta y distribución de este alcohol.

Dijo que lo ocurrido tiene qué ver con asuntos de pobreza, de vicio, de confinamiento, pero también de corrupción de autoridades que permitieron la fabricación y venta de estos productos que son clandestinos.

En el municipio de Chiconcuautla se declaró “emergencia sanitaria” luego de que en las últimas horas se han muerto 25 personas y la hospitalización de 10 a causa del consumo de la bebida adulterada que en esa zona se conoce como “refino”.

El alcalde de esa localidad, Artemio Hernández Garrido, informó que los decesos se han registrado en la cabecera municipal y en las localidades de Cuetzalingo, Axocopactla, Toxtla, Macuilacatla, Benito Juárez y Zacatepec.

Indicó que se han llevado a cabo recorridos por el territorio municipal tanto para detectar y decomisar el alcohol adulterado, como para hacer llamados a la población para evitar el consumo de este producto.

“Seguimos pidiendo a la población que no lo consuma, porque desgraciadamente, aunque ya estén las tiendas cerradas, aunque ya se haya decomisado, hay gente que por tradición o costumbre lo tiene guardado en su casa y lo siguen ingiriendo”, alertó.

El “refino” es un destilado de agave que se vende a granel en las tienditas a bajo costo que va desde 5 pesos por un trago, hasta 15 o 20 pesos por garrafa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 14 mayo de mayo 2020.


El PRD en Puebla cuestiona al mayor perredista del país.

Puebla.- La fracción parlamentaria del PRD cuestionó en la Cámara de Diputados la opacidad que prevalece en el programa que instrumentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta para entregar despensas a población vulnerable por la crisis generada por la pandemia de covid-19.

En un punto de acuerdo presentado este martes, los legisladores del PRD reclaman al mandatario poblano transparentar la información relativa al programa “Puebla Unida”, que consiste en la entrega de paquetes alimentarios y de higiene a pobladores de zonas marginadas de la entidad.

Los perredistas advierten que la entrega de despensas en Puebla se lleva a cabo sin que Barbosa Huerta haya precisado la inversión aplicada, los proveedores de los productos incluidos en los paquetes, el padrón de personas beneficiadas, los lugares en dónde se han distribuido, ni evidencia alguna que permita dar seguimiento o fiscalizar la entrega de estos apoyos.

Vladimir Luna Porquillo, integrante de la dirigencia estatal perredista, explicó que si bien su partido considera aceptable la entrega de despensas para mitigar la situación de las personas que perdieron sus empleos o viven al día en esta entidad, lo que cuestiona son los mecanismos que utiliza el gobierno de Puebla para su entrega.

Afirmó que hasta ahora el programa se ha manejado de manera opaca y discrecional al no existir líneas operativas definidas para el funcionamiento de este programa.

“No existe una evidencia concreta sobre la entrega de las despensas y pareciera basarse todo en una estrategia publicitaria y de propaganda política”, expresó.

Señaló que el gobierno estatal no puede implementar un programa como es la entrega de despensas de forma arbitraria y sin que reúna las condiciones para ser fiscalizado.

De igual forma, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, ha pedido la intervención del Instituto Estatal Electoral para que investigue y supervise el reparto de las despensas, al coincidir en que no existen reglas de operación, ni criterios en su distribución.

“Sólo demuestran la miseria humana de quienes lucran con la necesidad de la población”, dijo al asegurar que la entrega discrecional de estos apoyos puede ser usada con fines políticos.

Además, explicó que el reparto de despensas sin reglas específicas implica una transgresión a la normatividad, pues se incide directamente en el ánimo de la población precisamente a unos meses que inicie el periodo de elecciones en esta entidad.

Hasta ahora, cuando el gobernador ha sido cuestionado sobre las reglas para la entrega de los paquetes alimentarios, sólo afirma que su entrega es “universal” y que no habrá intermediarios, por lo que se repartirán casa por casa en las colonias y regiones más marginadas de la entidad.

Sin embargo, su gobierno no ha rendido ningún informe para poder corroborar o dar seguimiento a la entrega de esos apoyos. En ruedas de prensa destaca constantemente que “los súper paquetes” que reparte su administración son costales de productos alimentarios y de higiene que pesan más de 25 kilos.

Las despensas de la alcaldesa

También la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco puso en marcha un programa de entrega de despensas. La edil ha precisado que invirtió más de 12 millones 400 mil pesos en 37 mil apoyos alimentarios que repartirá en 153 colonias que, de acuerdo con el Coneval y el Instituto Municipal de Planeación registran alto y muy alto rezago económico.

Sin embargo, los medios locales han evidenciado que por la falta de coordinación que existe entre el Ayuntamiento y el gobierno estatal, las despensas se entregan en las mismas colonias y, muchas veces, a los mismos beneficiados de los apoyos estatales.

También se ha cuestionado sobre el costo de las despensas pues en un principio se anunció que se entregarían 27 mil paquetes, lo que colocaba el costo de cada uno en 459 pesos, lo cual no correspondía al precio de los productos incluidos.

Ante esto, las autoridades municipales recularon y anunciaron que el programa incluía otros 10 mil apoyos, lo que redujo la inversión por paquete a 330 pesos.

El diputado panista, Oswaldo Jiménez, dijo que esto evidenció que la alcaldesa y su hermana Mayté, quien es titular del DIF municipal, pretendían quedarse con un “moche” de 4.5 millones de pesos, pero que al verse descubiertas, trataron de “cuadrar cifras” con las otras 10 mil despensas.

“Para Rivera Vivanco, exhibir durante casi dos años su incapacidad es vergonzoso, pero mostrarse corrupta sin pudor durante la emergencia, es miserable”, manifestó Jiménez.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx
Martes 5 de mayo de 2020.


El SAT determinó que tales operaciones fueron simuladas con empresas fantasma


El desfalco al IMSS en el sexenio de Enrique Peña Nieto abarcó el desvío de recursos públicos a empresas fantasma que supuestamente vendieron ventiladores, uniformes quirúrgicos y medicamentos; sin embargo, el SAT determinó que tales operaciones
fueron simuladas, porque las compañías no contaban con empleados ni infraestructura para llevarlas a cabo.

Entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que pagó 320.9 millones de pesos que debieron emplearse para fortalecer la infraestructura hospitalaria del instituto, que ahora enfrenta uno de sus mayores retos ante el COVID-19.

La mayor parte de los recursos se destinaron a la supuesta compra de al menos 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.

En marzo, Impunidad Cero y Justicia Justa dieron a conocer en un estudio que entre 2014 y 2018 los sectores de Salud federal y estatales desviaron 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma. El IMSS fue la segunda institución con el mayor desfalco.

Este diario hizo una búsqueda en CompraNet y en el portal de compras del IMSS de los contratos que se otorgaron a los 133 proveedores señalados como fantasma por el SAT y exhibidos en el estudio. Así, se encontró que una parte de los recursos se usaron para la supuesta adquisición de insumos que hoy necesitan los hospitales.

Por ejemplo, uno de los contratos supuestamente fue para la adquisición de nueve ventiladores en 2017. La empresa beneficiada con 4.7 millones de pesos fue Interacción Biomédica, que cuando firmó el contrato con el IMSS el 28 de noviembre de 2017 ya tenía cuatro meses de haber sido exhibida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el SAT como una empresa fantasma.

Denise Dron, investigadora de Justicia Justa, explica que "la consecuencia más grave son todas las deficiencias que hay en los servicios de salud y que se agravan en zonas marginadas.

"Estamos viendo, ahora con el coronavirus, que no tenemos un sistema de salud que pueda hacer frente y atender a la población como esperaríamos".

El Universal
Ciudad de México
Lunes 04 de mayo de 2020.



Jueces dictan restricciones a la lideresa de Fuerza Popular. Consideran que una medida menos grave que la prisión preventiva es lo idóneo


En las próximas horas, Keiko Fujimori abandonará el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, luego de que la Segunda Sala de Apelaciones decidiera revocar la orden de prisión preventiva por 15 meses que se le dictó por el Caso Odebrecht.

La lideresa de Fuerza Popular, investigada por presunto lavado de activos, obstrucción a la justicia, entre otros delitos, venía cumpliendo dicha medida desde enero pasado, cuando el juez Víctor Zúñiga ordenó que sea recluida como parte de la investigación que dirige el equipo especial.

A través de una resolución emitida ayer, los jueces superiores Rómulo Carcausto, Sonia Torre y Edgar Medina determinaron que Fujimori cumpla con una orden de comparecencia con restricciones, así como con el pago de una caución de S/70 mil, que deberá ser cancelada en cinco días hábiles.

Entre las restricciones que deberá cumplir están la obligación de no ausentarse de la ciudad de su domicilio ni variar el mismo sin previa autorización por escrito del juez Zúñiga.

Keiko Fujimori deberá comparecer cada 30 días en la Oficina de Registro y Control Biométrico para registrar su huella digital, así como ante el juzgado para informar y justificar sus actividades. También tendrá que presentarse puntualmente ante las autoridades del Poder Judicial o el Ministerio Público cuando sea requerida.

Otra de las restricciones es la prohibición de comunicarse “con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros o a través de cualquier forma o medio tecnológico, mientras no concluya el presente proceso”.

Motivos

En su resolución, la sala sostuvo que la prisión preventiva no garantizaba que Keiko Fujimori dejara de utilizar a terceros para amenazar o inducir a testigos o colaboradores, como postula el equipo especial. “[…] en cambio, la prohibición bajo apercibimiento de revocarse la medida puede conseguir mejores resultados”, agregaron.

“Si bien deviene en trascendente impedir que la investigada pueda obstaculizar la actividad probatoria, influyendo o induciendo a los testigos y coimputados, a través de terceros, la comparecencia restrictiva con la prohibición de que aquella se comunique con tales u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros, bajo el apercibimiento pertinente, resulta suficientemente idónea”, apuntan.

Los magistrados indicaron también que las pruebas entregadas por la fiscalía vinculadas a presuntos delitos cometidos por Keiko Fujimori “no son suficientes por sí mismas para dictar prisión preventiva, más aún si los órganos encargados de la persecución penal no muestran la diligencia debida de llevar a juicio a la imputada en el menor plazo posible”.

Para los jueces, luego de transcurrido cierto plazo, tampoco es suficiente “la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena”, para que Keiko Fujimori continúe en prisión preventiva. “El peligro de ocultamiento o fuga disminuye a medida que aumenta la duración de la medida”, precisaron.

En la resolución también mencionan la pandemia generada por el COVID-19 y las medidas contra el hacinamiento en los penales.

Reacciones

En declaraciones a El Comercio, el fiscal José Domingo Pérez sostuvo que “los jueces de la Sala de Apelaciones no han desvirtuado que Keiko Fujimori haya dejado de obstruir la investigación de la fiscalía”.

“Es una decisión arbitraria porque se ha impuesto a Keiko Fujimori la obligación de pagar una caución de S/70 mil, sin tomar en cuenta que en la investigación se probó que recibió millones en efectivo de Dionisio Romero y otros empresarios”, señaló.

En tanto, la abogada Giulliana Loza saludó la decisión mediante su cuenta de Twitter. “Acabamos de ser notificadas de que el Poder Judicial ha revocado prisión preventiva de Keiko. Gracias a Dios por esta oportunidad de vivir y cuidar a su familia”, escribió.

El próximo 6 de mayo estaba en agenda una audiencia en la que se revisaría un pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori. El requerimiento, que sería revisado por el juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, había sido interpuesto ante el riesgo de contagio de coronavirus (COVID-19) en el penal Anexo de Mujeres Chorrillos.

El Comercio
María Isabel Álvarez
Lima, Perú / Cd. de México
Viernes 1 de mayo de 2020.



Pobladores de Ajalpan exigieron la “destitución definitiva” del alcalde con licencia, Ignacio Salvador Hernández, quien tras huir de la localidad, acusado de estar coludido con grupos del crimen organizado, dejó en el puesto a su hijo Leonardo Salvador Tirso.

Los lugareños tomaron anoche el edificio donde se ubica la presidencia para exigir que se nombre un Concejo Municipal y se realice una auditoría a la administración de Salvador. Esta mañana los inconformes fueron desalojados por la policía estatal.

El alcalde de Ajalpan pidió licencia desde el pasado domingo 5, y se dio a la fuga después de que el gobierno estatal dio a conocer que había una investigación en su contra por vínculos con bandas delincuenciales de Veracruz que estarían relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al frente del ayuntamiento quedó el hijo del alcalde prófugo, en virtud de que fue registrado como su suplente, cuando Ignacio Salvador Hernández contendió en los comicios de 2018, postulado por la coalición formada por el partido Acción Nacional (PAN), Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración.

El sábado 11, la Fiscalía General del estado realizó cateos en la casa del edil y en la comandancia de Ajalpan, donde detuvo a ocho elementos de seguridad y a directivos policíacos, por sus presuntos nexos con el crimen organizado que opera en la región de la Sierra Negra de Puebla.

Ramón Rosas Martínez y Rafael César Solís, integrantes del Frente Unido por Ajalpan, explicaron que los pobladores se han organizado, inconformes por la serie de secuestros, extorsiones y hechos de violencia registrados en esa zona, y se ha confirmado la participación de la autoridad municipal.

Aunque reconocieron las acciones de las autoridades estatales para combatir esta complicidad policíaca con la delincuencia, criticaron que se mantenga al frente de la presidencia el hijo del alcalde con licencia, y que el Cabildo siga a cargo de los “incondicionales” de Salvador Hernández.

Con ello, señaló Rosas Martínez, los habitantes de Ajalpan seguirán a merced de la inseguridad y la violencia que ha prevalecido en esa zona desde hace años.

El Frente Unido por Ajalpan, abundó, reclama que se haga una auditoría al ayuntamiento y que el Congreso local decida la disolución del Cabildo para nombrar un Concejo Municipal, que impida el acto de nepotismo que representa la designación del hijo del edil como suplente.

Tras la toma de la alcaldía, que sólo duró unas horas, los inconformes reclamaron la intervención urgente del gobierno estatal para evitar que el conflicto derive en violencia y persista la inseguridad en la zona.

Proceso
Gabriela Hernández
Ajalpan, Puebla, Mex.
Miércoles 22 de abril de 2020.


Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Eukid Castañón, operador político de Rafael Moreno Valle, además de uno de los objetivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Eukid Castañón ya estaba en la mira del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que el pasado 21 de octubre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) congeló sus cuentas por presunto lavado de dinero.

Sin embargo, Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla concedió un amparo para que se desbloquearan las cuentas de Eukid Castañón.

El exdiputado federal fungió como pieza clave del morenivallismo, ya que se le ha señalado como uno de los operadores de fideicomisos para la construcción de mega obras como la Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco y el segundo piso de la carretera Puebla-Veracruz.

A tres semanas de la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso, Eukid Castañón anunció su retiro de la vida política. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo en Puebla.

Detienen a Eukid Castañón, ex operador de Rafael Moreno Valle

La Fiscalía General del Estado de Puebla guardó hermetismo y prefirió no ha emitido ninguna postura al respecto

Eukid Castañón Herrera, exdiputado panista y principal operador político del extinto Rafael Moreno Valle, fue detenido este miércoles por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Puebla, al tener pendiente una orden de arresto por el delito de extorsión, según lo revelado por fuentes policiacas.

Sin embargo, las fuentes consultadas se negaron a revelar mayores detalles sobre la aprehensión del ex contralor que en noviembre de 2019 consiguió un amparo luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le congelara sus cuentas bancarias al enfrentar denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En cuanto al arresto del político, hasta las 20:30 horas, la Fiscalía General del Estado de Puebla guardó hermetismo y prefirió no emitir ninguna postura al respecto.

Cabe recordar que Eukid Castañón Herrera fue titular de la Secretaría de la Contraloría en la administración de Rafael Moreno Valle, en el 2014 se convirtió en diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) y un año más tarde en diputado federal por el mismo partido.

El Popular
El Sol de Puebla
Ciudad de Puebla
Miércoles 18 de marzo de 2020.


De acuerdo con fuentes allegadas al caso, Lozoya contrató los servicios del ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España


Ciudad de México. - El ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, será el abogado de Emilio Lozoya en el juicio de extradición por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, delitos por los cuales se le pretende juzgar en México.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató los servicios del jurista ibérico, con el propósito de litigar e impedir su entrega a las autoridades mexicanas.

Garzón es conocido por prohibir la operación del Partido Batasuna, dada su vinculación con la organización terrorista vasca ETA, así como por instruir las causas por los crímenes del franquismo y delitos de lesa humanidad contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, e integrantes de la última dictadura argentina como Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en México en el año 2000.

Sin embargo, en el 2012 fue destituido e inhabilitado por 11 años para desempeñar la carrera judicial, tras hallársele responsable de prevaricato en la instrucción del llamado Caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en España y que involucró a varios integrantes del Partido Popular.

Tras la separación del cargo, asumió la defensa del australiano Julián Assange, fundador del sitio de internet Wikileaks, que ha difundido documentos de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos.

El pasado 12 de febrero Lozoya fue detenido en Málaga, España, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, con el propósito de llevarlo a proceso por dos causas penales.

En una le imputan recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir 38 millones de pesos su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

En la segunda, le atribuyen recibir sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), así como de la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa por una suma de 1.9 millones de dólares.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Miércoles 04 de marzo de 2020.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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