José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que todos los involucrados en los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen que rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos.

Entrevistado luego de reunirse con agentes aduanales, el ex Secretario de Hacienda se pronunció por dar seguimiento al proceso de aclaraciones que se registra tras la presentación de los informes del órgano fiscalizador.

"En todos los casos y en el 100 por ciento de los casos que se rindan cuentas y que se asuman consecuencias", respondió.

"La Auditoría todos los años presenta informes, todos los años se abre un espacio de diálogo para que se vayan aclarando, una vez aclarados se presentan en su caso denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o la PGR".

Cuestionado directamente sobre su responsabilidad y de la Secretaría de Hacienda en estos desvíos, Meade sostuvo que la dependencia ha participado de manera activa en la presentación de denuncias ante la detección de lavado de dinero o evasión fiscal.

"En todo este proceso en estos últimos años no habido un solo proceso de deslinde de responsabilidades del que Hacienda esté ausente", expresó.

"Siempre que media una querella en materia de evasión fiscal o de lavado de dinero la Secretaría de Hacienda se presenta como denunciante en el caso de evasión fiscal y como opinión de delito en todos los casos".

El ex funcionario aseguró que la Secretaría de Hacienda trabaja con cinco años de rezago, por lo que fue necesario implementar un proceso de modernización para avanzar.

"En su interacción con todas las entidades lo que hace es revisar a cinco años pasados cuál es esta consistencia entre las declaraciones fiscales y la realidad", afirmó.

Meade detalló que, durante su gestión, la Secretaría aprovechó la digitalización para realizar auditorías en tiempo real.

"Esta posibilidad de auditoría en tiempo real es la que permite que Hacienda juegue un papel mucho más importante en materia de combate a la corrupción, en materia de generar mejores condiciones de seguridad", sostuvo.

Al preguntarle si no le parecían preocupantes los montos de observaciones detectados por la ASF, Meade se limitó a responder que gracias a las reformas constitucionales el órgano fiscalizador puede hacer mejor su trabajo.

"Cambiamos la Constitución para que la Auditoría pueda revisar lo que quiera, cuando quiera, en el tiempo que quiera, no hay principio de anualidad, no hay objeción para que se pueda revisar en tiempo real", mencionó.

"Esto abre un proceso de deslinde, hay que dejar que termine este proceso de deslinde y una vez terminado hay que asegurar que se deslinden el 100 por ciento de las responsabilidades".

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Miércoles 21 febrero 2018.


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aumentó el monto de los recursos desviados desde la Sedesol y la Sedatu durante la administración de Rosario Robles.

Al dar a conocer ayer tres auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, en la que, desde la Sedatu se firmaron convenios con Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, el órgano fiscalizador indicó que el presunto quebranto se incrementó a 2 mil 130.9 millones de pesos.

REFORMA publicó que de acuerdo con tres auditorías forenses practicados a recursos ejercidos en 2014 y 2015, la ASF había detectado un presunto desvío de mil 311 millones de pesos.

El desvió, de acuerdo con la ASF, se hizo a través de convenios suscritos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), entidades que a su vez subcontrataron empresas, algunas de ellas fantasmas, y éstas a su vez transfirieron recursos a otras firmas y cuentas bancarias domiciliadas en el extranjero.

Ayer, al entregar el tercer y último paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2016, la ASF dio conocer que también en ese año, desde la Sedatu se realizó el mismo esquema de simulación, sólo que esta vez se utilizó, además del SQCS, a Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., y a la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

A través de un flujograma contenido en el reporte de la Auditoría, la ASF explica que desde Sedesol se desviaron presuntamente 955 millones 311 mil pesos en 2014 y 2015.

En tanto que desde la Sedatu, el presunto desvío asciende a mil 175 millones 675.6 miles de pesos, esto durante los años 2015 y 2016.

En la Sedesol, Robles estuvo al frente de la dependencia de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y en Sedatu a partir del 27 de agosto de 2015 a la fecha.

El esquema de simulación, conforme a lo detectado por la ASF, consistió que las dependencias firmaron convenios con las diferentes entidades públicas para obtener servicios relacionados con el diseño, producción y difusión de mensajes institucionales.

Sin embargo, los servicios solicitados no se presentaron y, pese a ello, la Sedesol y la Sedatu, pagaron a los entes públicos y estos a su vez dispersaron los recursos, a diferentes empresas, la mayoría de las cuales tienen relación entre sí, ya sea porque tienen el mismo apoderado legal o declararon tener el mismo domicilio fiscal.

"Del total pagado a los proveedores, 35 de ellos recibieron un total de mil 901 millones 927.6 mil pesos, que representó el 94.6 por ciento del total pagado, que a su vez 23 de éstas destinaron recursos a 43 empresas, por la cantidad de mil 501 millones 74 mil pesos, sin la justificación que acredite los pagos realizados", reportó la ASF.

Reforma
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 21 febrero 2018).


#LaEstafaMaestra: Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante la PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015, con universidades involucradas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una nueva denuncia penal ante la PGR contra los funcionarios que resulten responsables, por un presunto esquema de simulación de servicios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres universidades públicas del Estado de México ejecutaron, a lo largo de 2015, y que derivó en el desvío de más de 600 millones de pesos.

La denuncia penal involucra tres contratos entre la Sedesol y universidades mexiquenses, así como 20 empresas supuestamente fantasma, contratadas para brindar servicios que se presume no se realizaron, y que a su vez se encuentran vinculadas con la red de compañías de “La Estafa Maestra”.

Los contratos y pagos por estos servicios se efectuaron en las gestiones de Rosario Robles (titular de la Sedatu actualmente), y José Antonio Meade (hoy precandidato del PRI a la presidencia), al frente de Sedesol.

Ante la denuncia penal, Animal Político buscó una postura oficial de Robles, pero no dio una respuesta sobre el tema.

En cuanto a Meade, respondió que los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría no fueron suscritos por él, “ni sus vigencias corresponden a su gestión” como secretario Desarrollo Social.

“Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña”, indicó el equipo del ahora precandidato, en una tarjeta informativa.

El 30 de enero de 2015, con Robles al frente de la Sedesol, la dependencia suscribió tres convenios con igual número de universidades. Uno por 136 millones 85 mil pesos con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM); otro con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), por 319 millones 121 mil pesos, y el tercero con la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT), por 156 millones 478 mil pesos.

La vigencia original de dichos convenios fue del 30 de enero al 30 de noviembre de 2015. El objeto social en todos fue similar: supervisar que los recursos federales que se entregan a estados y municipios, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se aplicaran correctamente.

Los convenios, como es el común denominador en el modus operandi de “La Estafa Maestra”, se entregaron sin licitaciones ni competencia alguna, aprovechando una excepción en la Ley de Adquisiciones que permite dar adjudicaciones directas a instituciones públicas, con la condición de que éstas puedan realizar el trabajo.

Los pagos de Sedesol a las universidades se realizaron en tres partes, todos ellos en las mismas fechas. El 6 de abril de 2015, la dependencia entregó 47.6 millones a la UTSEM, 111.6 millones a la UTN y 54.7 millones a la UPT; el 6 de julio se transfirieron 34 millones a la UTSEM, 79.7 millones a la UTN y 39.1 millones a la UPT.

Finalmente, el 4 de septiembre de 2015, ya con Meade a la cabeza de la Sedesol, se hicieron las transferencias más grandes por universidad: 54.4 millones a la UTSEM, 127.6 millones a la UTN, y 62.6 millones a la UPT.

Además de estas cantidades, la ASF descubrió que la Sedesol de Meade desembolsó 62 millones 142 mil pesos extra por supuestos servicios realizados de septiembre a noviembre de 2015.

Estas adecuaciones se autorizaron mediante tres oficios, fechados del 30 de diciembre de 2015, así como el 2 y 24 de febrero de 2016.
Las auditorías

De acuerdo con cuatro auditorías forenses practicadas por la ASF a la cuenta pública 2015, presentadas en la denuncia de la PGR junto con un dictamen técnico, la Sedesol transfirió recursos públicos a tres universidades mexiquenses por servicios que se pagaron, pero que no hay evidencia de haberse realizado.

La ASF detectó que las universidades contrataron a cinco compañías para brindar los servicios, quienes a su vez subcontrataron a otras 15, sin justificación alguna.

Ninguna de estas empresas tenía la capacidad humana ni material para realizar los servicios. Es decir, se presume que son empresas irregulares o fantasma, de acuerdo con la investigación de la ASF. Se trata del mismo modus operandi descrito en “La Estafa Maestra”.

Animal Político comprobó que al menos cuatro de las compañías a las que se les entregaron los recursos están relacionadas entre sí, por socios y representantes legales.

Además, están vinculadas con la red de compañías reveladas en el reportaje de “La Estafa Maestra”, y que fueron usadas por Sedesol (y otras dependencias federales) en 2013 y 2014, para desviar recursos.

Para tratar de “comprobar” que el dinero se gastó correctamente, las autoridades universitarias entregaron expedientes como pruebas de dichos servicios. Lo que descubrió la ASF es que en dichos expedientes había fotografías repetidas, o correspondientes a otros lugares y años, firmas copiadas y posiblemente falsificadas, entre otras irregularidades.

La ASF denunció que estos desvíos no solo propiciaron la desaparición de recursos públicos, sino que afectaron a la sociedad en general, pues se desvió dinero que debería destinarse a programas de desarrollo social, que contribuyen a abatir problemas graves como la pobreza y la desigualdad.

“Los recursos públicos del subsidio erogados a través de estos convenios no forman parte de los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social y el gasto, en consecuencia, no benefició a la población más vulnerable del país. El desvío de recursos revelados en esta auditoría, demuestra que mientras persistan y reincidan estas prácticas y conductas irregulares, las brechas de desigualdad social que imperan en el país no podrán superarse”, concluyó la ASF.

Los resultados de estas auditorías fueron publicados en su momento por diferentes medios de comunicación, sin embargo, la denuncia ante PGR apenas fue interpuesta por la ASF a finales de 2017, pues debe transcurrir un plazo para que las dependencias traten de justificar las irregularidades, que en este caso no ocurrió.

Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015 con universidades. Las tres anteriores fueron por un monto de 540 millones en conjunto, y hasta el momento no hay avances en las indagatorias.

La simulación

En vez de cumplir con la tarea que se les asignó, las tres universidades transfirieron el cien por ciento de los servicios que deberían realizar a terceros, a los que también entregaron el 99 por ciento del dinero recibido, es decir, unos 605 millones de pesos.

De esta forma se violó lo pactado en los convenios, en los que se estipulaba que las instituciones educativas tendrían que ejecutar por sí solas la mayor parte de los servicios.

Pero esta irregularidad no fue idea de las universidades, sino de la propia Sedesol. En todos los casos, señalan las auditorías forenses de la ASF, fue la dependencia la que firmó “anexos” con las instituciones educativas, en donde estas acordaron transferir los recursos a empresas que la propia Sedesol “recomendó”.

Peor aún. Las universidades y la Sedesol argumentaron que los servicios fueron realizados a través de más de mil 200 personas denominadas Coordinadores Técnicos Sociales (CTS), que supuestamente supervisaron los programas sociales y que, a cambio, recibieron un salario pagado con los recursos de los convenios.

Sin embargo, los auditores señalaron que lo anterior no pudo ser real porque las empresas subcontratadas originalmente por las universidades, y a las que les fue transferido el dinero, en realidad no pagaron a ningún CTS, sino que enviaron el dinero a otro puñado de compañías.

“Lo anterior permite presumir un esquema de simulación de servicios, por un importe total de 611,711.9 miles de pesos (611 millones de pesos)”, indicaron los auditores.
Los nexos entre empresas

Como parte de la investigación forense, los auditores identificaron las compañías que recibieron recursos de los convenios que Sedesol firmó con las tres universidades mencionadas en 2015, y que presuntamente simularon los servicios. Animal Político rastreó datos de dichas empresas y se confirmó su nexo con empresas fantasma.

De acuerdo con el reporte de la auditoría, las empresas Integrasoft SA de CV, Grupo Corporativo Integral Vazme SA de CV, Cofint SC, Infraestructura Astoria SA de CV, e Izarre SA de CV fueron las que recibieron recursos directamente de las tres universidades.

Como ya se dijo estas no usaron el dinero para cumplir con ningún servicio, sino por el contrario, lo transfirieron entre ellas o a otro grupo de empresas: Srevint SA de CV,  Factores y Servicios Humanos SA de CV, CMA Servicios Estratégicos SA de CV, Corporativo Kukmu S de RL de CV, Elevait SAPI de CV, Sultan Group Development, Matchser SA de CV, Servicios Comerciales S de RL de CV, RIEU Recursos de Capacitación S de RL de CV, Ji&am Administración S de RL de CV, Distribuidora Zadot SA de CV y Soluciones en Comercio Caricom SA de CV.

Estas compañías a su vez triangularon los recursos con Unificación de Recursos Administrativos SA de CV y World Heritage Group SA de CV. En estas operaciones también estuvieron involucradas seis personas físicas.

Animal Político obtuvo las actas constitutivas de varias de estas compañías, y se descubrió que cuatro de ellas fueron creadas en Coahuila ante el mismo notario de nombre Gustavo Muñoz Domínguez. Se trata de Factores y Servicios Humanos, Unificación de Recursos Administrativos, Srevint y Matchser, estas dos últimas creadas con tan solo un día de diferencia en 2014.

Factores Humanos tiene entre sus representantes legales a Beatriz Ariana Enríquez Herrera, quien también desempeña ese rol en la empresa Unificación de Recursos Administrativos. A su vez esta empresa tiene como otra de sus representantes a Graciela Díaz Hernández, quien también es apoderada de las compañías Matchser y Srevint.

Pero los vínculos no se limitan a estas empresas. Animal Político pudo verificar que uno de los socios de la empresa Factores y Servicios Humanos, Javier Ángel González Colsa, también es socio de la compañía Integradora de Capital Humano SA de CV, una de las empresas fantasma utilizadas entre 2013 y 2014 en “La Estafa Maestra”

Integradora no es una empresa con un papel menor en aquella red. Fue la única que recibió recursos de otra compañía llamada ESGER Servicios y Construcciones, que se convirtió en receptora de más de 680 millones de pesos provenientes de distintas universidades.

En enero pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a ESGER en su lista definitiva de compañías que simulan operaciones, es decir, de empresas fantasma.

Esta es la tarjeta informativa que el equipo de Meade Kuribreña envió sobre el tema.

NOTA INFORMATIVA

Los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no fueron suscritos por el Dr. José Antonio Meade Kuribreña ni sus vigencias corresponden a su gestión como Secretario Desarrollo Social. Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña.

A efecto de que no se volvieran a presentar las condiciones observadas por la Auditoría Superior de la Federación, la administración del Dr. Meade Kuribreña implementó las siguientes acciones:

a. Ante el incumplimiento de pago por parte de las referidas instituciones públicas de educación superior a los Coordinadores de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (Coplades) y Coordinadores Técnicos Sociales (CTS´s), la Sedesol tuvo que realizar adecuaciones hacia finales del ejercicio fiscal 2015, que permitieran dotar de suficiencia presupuestaria a la estrategia de otorgamiento de “ayuda social extraordinaria”, exclusivamente a aquellas personas con méritos, que hubieren contribuido a la supervisión de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales derivadas de la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS).

b. La Sedesol modificó el 31 de marzo de 2016, los Lineamientos de operación del FAIS, con lo que se clarificaron las atribuciones que a dicha Dependencia del Ejecutivo Federal le asigna la Ley de Coordinación Fiscal. De esta forma, propuso la figura de los Agentes de Desarrollo Local (ADL), en tanto mecanismo oficial para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales. Los honorarios de dichos agentes no los cubrirá más Sedesol, puesto que deberán cubrirse con cargo al 3% de los recursos que para operación se asignan anualmente a los gobiernos locales para el FAIS, el mismo que se publica con el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación.

c. En su caso, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Sedesol, las irregularidades detectadas en la operación de los programas.
En suma, la contratación de Coplades y CTS se realizó de manera previa a la gestión del Dr. Meade Kuribreña, quien -a su llegada a la dependencia- atendió la situación preexistente a fin de: no dejar en desamparo a aquellos trabajadores que demostraron con documentos que habían realizado trabajos que en última instancia habían aportado a Sedesol; cancelar esa modalidad de contratación y para crear un nuevo mecanismo de apoyo a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura transparente y basado en la normatividad.

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Animal Político
Nayeli Roldán
Ciudad de México
Martes 13 febrero 2018.


Álvaro Colom y varios exministros son capturados por caso Transurbano


Los 14 allanamientos fueron confirmados por la Cicig y el Ministerio Público por un caso de corrupción en el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Diez exfuncionarios del gobierno de la UNE fueron capturados, entre ellos el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight y el exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara.

La casa del expresidente Álvaro Colom fue allanada para recabar evidencias sobre el caso.

“Si es Transurbano creo que hay que recordar la matanza de choferes que había, el subsidio no era transparente y por medio del programa Transurbano se logró transparentar”, dijo Colom a su llegada a la Torre de Tribunales.

Origen del negocio

En marzo del 2010 —un mes después de haberse constituido el fideicomiso Transpas—, la Municipalidad adjudicó 109 rutas de transporte público en la capital, por 25 años, a las empresas Rutas Metropolitanas, Expansión Corporativa Milenium, Concesionarios del Transporte y Tendencias Modernas Latinoamericanas.

Cuatro meses antes, en noviembre del 2009, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una iniciativa de ley con el fin de exonerar de impuestos la compra de los nuevos buses. Esta ya incluía los nombres de las empresas favorecidas con las 109 rutas.

En ese entonces, la Comisión de Finanzas era dirigida por el excandidato presidencial Manuel Baldizón.

En el 2012, los transportistas suscribieron con el Ministerio de Comunicaciones los convenios 01-2012DSM; 02-2012DSM y el 03-2012-DSM, el 19 de abril, 31 de julio y 4 de septiembre de ese año, respectivamente, por Q70 millones cada uno, para ejecutar un total de Q210 millones que incluían el combustible, la contratación de servicios de seguridad y los costos de operación.

Según los convenios, la cartera de Comunicaciones no tiene responsabilidad alguna en la forma como se distribuyen los montos.

El nombre de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) figuró en el Presupuesto General de la Nación del 2013, con nombre y apellido. Con anterioridad, el presupuesto estipulaba “subsidio al transporte urbano”. Gracias a una enmienda del entonces diputado del Partido Patriota Iván Arévalo, fue cambiada por “subsidio a la AEAU”.

Los hallazgos

El pago del subsidio se basó en informes diarios sin que existiera un procedimiento administrativo de control, de acuerdo con los auditores.

Q126 millones sirvieron para el subsidio de combustible. La AEAU presentó únicamente planillas, certificados y recibos que fueron aceptados por el Ministerio de Comunicaciones.

La AEAU estaba obligada a elaborar un plan de seguridad y monitorear a dos mil agentes por medio del control de un GPS. Se ampliará.

La Contraloría General determinó que la AEAU carecía de controles internos que validaran los reportes proporcionados por Protección Total, la empresa que dio el servicio.

Prensa Libre
Roni Pocón
Ciudad de Guatemala
Martes 13 de Febrero de 2018.


Rebasa en 23.8 por ciento real de lo que se erogó con su antecesor, Felipe Calderón, mientras que supera en un 33.7 por ciento en comparación con la administración de Vicente Fox


La administración del presidente Enrique Peña Nieto, es la más cara en la historia de México con un gasto de 18 mil 520 millones de pesos de los mexicanos, 23.8 más comparado con el gobierno de Felipe Calderón, esto de acuerdo a datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha rebasado en 23.8 por ciento real de lo que se erogó con su antecesor, Felipe Calderón, mientras que supera en un 33.7 por ciento en comparación con la administración de Vicente Fox,

En los cinco años de la administración del priista Peña Nieto, el gasto que reporta la Presidencia es de 18 mil 520 millones de pesos, ubicando a la actual administración como la más costosa que México ha tenido, aunque cabe decir que siempre gastan más de lo aprobado por el Congreso.

El gasto reportado por la Presidencia sumó en cinco años 18 mil 520 millones de pesos de los mexicanos, lo que la ubica como la más costosa que tuvo el país.

Se gasta más de lo aprobado

Entre 2013 y 2017, el gasto total ejercido por la Presidencia excedió en seis mil 748 millones lo aprobado por los legisladores. Fue el año pasado cuando se reflejó el mayor exceso, ya que el Congreso aprobó mil 820 millones de pesos y al concluir el ejercicio lo erogado fue tres mil 661 millones, es decir, 101 por ciento más.

Según datos de la Cuenta Pública, la Coordinación General de Administración de la Presidencia contó en 2016 con un presupuesto aprobado de 506.6 millones de pesos, aunque gastó 975.2 millones de pesos.

En este año, tanto el Estado Mayor como el Transporte Aéreo Presidencial contaron con recursos de 457 millones y 402 millones, respectivamente, aunque los egresos que registraron superaron los 900 millones cada uno.

Vanguardia
Ciudad de México
Viernes 9 de febrero 2018.


En materia de inseguridad, las cifras son alarmantes de acuerdo con la Coparmex, porque 43.9% de los empresarios del país fueron víctimas de un delito.

Ciudad de México.- La corrupción fue uno de los mayores lastres para los negocios del país, porque afectó a 44.2% de los empresarios socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Este ilícito afectó en mayor medida a los dueños de compañías en Tabasco, donde 68% de ellos reconocieron haber enfrentado un hecho de corrupción en el último año. Le siguieron Quintana Roo, con 62% de menciones, y Chiapas, con 58%.

La Coparmex alertó que otros de los estados con 50% o más de casos donde los empresarios experimentaron un caso relacionado con este flagelo fueron Baja California Sur y Michoacán, con 55% cada uno; Sinaloa, con 56%, y Guerrero con 50%. Mientras que los menores niveles de corrupción que registró la encuesta de la Coparmex fueron en Nayarit, Querétaro y Coahuila, con alrededor de 30%.

Todo ello es parte de "Data Coparmex" una nueva herramienta que lanzó la confederación para medir 10 indicadores de desempeño en las entidades del país. Esta nueva plataforma proveerá información relacionada con Estado de derecho, transparencia, rendición de cuentas, formalidad, mejora regulatoria y cultura salarial, explicó el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos.

"Es una herramienta nacional para identificar retos y desafíos de las entidades. Para evaluar a los gobiernos y exigir cambios", dijo el líder.

DATOS ALARMANTES

En materia de inseguridad, las cifras son alarmantes de acuerdo con la Coparmex, porque 43.9% de los empresarios del país fueron víctimas de un delito.

Con mayor victimización en el estado de Tabasco, con 60% de los registros; Guerrero, con 58%, y Quintana Roo, con 54%. "A escala nacional nos reportan que 43.9% de los empresarios han sido víctimas del delito en el último año. Tenemos casos bastante alarmantes, incluidos delitos como homicidio, secuestro, extorsión, pero también fraude", dijo Viridiana Ríos, asesora económica de Coparmex.

Los problemas de inseguridad que vivieron 44 de cada 100 empresarios, según la encuesta que aplicó la Coparmex a 36 mil personas, en donde se encontró que los estados con los menores niveles de inseguridad fueron Querétaro, Chihuahua y Ciudad de México, con alrededor de 30%.

 ACEPTACIÓN DE GOBIERNO

En general, los estados con mayor aceptación del gobierno, de acuerdo con los empresarios socios de Coparmex son: Yucatán, con 71%; Querétaro, con 64%, y Chihuahua, con 52%. En cuanto a rendición de cuentas, De Hoyos explicó que se midió la suma de dinero cuyo destino pidió aclarar la Auditoría Superior de la Federación.
En donde aparecen con mayores problemas: Veracruz, con 6 mil 330 millones de pesos; Michoacán, con 3 mil 220 millones; Guerrero, con 2 mil 674 millones, y Estado de México, con 2 mil 217 millones.

En la encuesta que realizaron encontraron que para 25% de los empresarios la corrupción es el principal flagelo de su entidad; en segundo lugar la inseguridad, con 23%; la infraestructura, con 10%, y el gasto público superfluo, con 10%.

La encuesta se aplicará trimestralmente entre los 65 centros de la Coparmex para actualizar los datos de los 10 indicadores.

Agencias
Ciudad de México
Jueves 8 de febrero de 2018.


Cada año, 213.000 armas llegan ilegalmente a México desde Estados Unidos, según un informe

CIUDAD DE MÉXICO — José Antonio Tizapa tiene pocas certezas sobre la desaparición de su hijo. A sus 50 años lucha por continuar con su vida mientras busca respuestas, pero le cuesta creer que después de cuarenta meses de investigaciones, marchas, reuniones, lágrimas y desaliento todavía no se sepa qué pasó con Jorge Antonio Tizapa Legideño, su hijo de 20 años que desapareció en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 junto con 42 de sus compañeros.

Sin embargo, Tizapa explica que el uso de armas estadounidenses durante ese día es uno de los hechos que suele recordar con amargura: “Las armas usadas en la desaparición de nuestros hijos, sobre todo las de los policías municipales, a través de la Sedena, son fabricadas en Estados Unidos. Y es probable que las usadas por los delincuentes también”.

Las preocupaciones de Tizapa consiguen eco en Beyond Our Borders, el más reciente informe del Center for American Progress, una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas. En este reporte los investigadores citan los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.

De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.

“Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su participación en el incremento de la violencia letal en el extranjero”, comenta Chelsea Parsons, coautora del reporte. “Aunque existen muchos factores exclusivos de cada nación que afectan las tasas de delitos violentos, Estados Unidos podría hacer más para reducir los riesgos que plantean las armas de fuego estadounidenses que cruzan la frontera y que se usan para perpetrar delitos en los países cercanos”.

En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos veinte años, con una tasa de 20,5 homicidios por cada 100.000 personas. Los investigadores sostienen que, aunque esa cifra en parte se debe a los altos niveles de impunidad con el comportamiento delictivo, el acceso a las armas de fuego también ha sido un factor clave en el aumento de los homicidios. En 1997, el 15 por ciento de los homicidios sucedidos en México fueron cometidos con armas de fuego; sin embargo, el año pasado ese porcentaje aumentó hasta el 66 por ciento.

 “Las autoridades estadounidenses siempre denuncian el flujo de drogas provenientes de México, pero casi no se habla del flujo de armas estadounidenses que favorece la violencia y el dominio de las estructuras delictivas en México”, explica Eugenio Weigend, otro de los investigadores del estudio. “En el tema de las armas la responsabilidad recae principalmente en Estados Unidos porque de ahí vienen, ahí se producen”.

El informe también señala que solo entre 2014 y 2016, más de 33.000 armas de fuego estadounidenses fueron recuperadas en investigaciones criminales en México. Esa cifra excede el número de armas recuperadas durante el mismo periodo en la mayoría de Estados Unidos, exceptuando los estados de California, Florida y Texas. Según la investigación, el uso de armas de fuego durante los robos violentos también ha aumentado. En 2005, el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de fuego, pero en 2017, esa cifra aumentó a 68 por ciento.

“Una de las razones que explican el aumento de la violencia en México es el incremento de la letalidad del crimen organizado gracias a las pocas barreras institucionales, en ambos lados de la frontera, para conseguir armamento proveniente de Estados Unidos”, explica David Ramírez de Garay, investigador de México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas. “Por ello, esperamos que el tráfico de armas sea un tema rector de la agenda binacional y demandamos que los aspirantes a la presidencia incorporen de manera seria y responsable una política de desarme en sus propuestas de seguridad”.

Los efectos en América Central

El reporte también muestra que las armas estadounidenses atizan la violencia letal en varios países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala. Aunque los investigadores advierten que gran parte de esa problemática es una consecuencia del tráfico de drogas relacionado con las pandillas, también sostienen que otros factores como la corrupción en las instituciones gubernamentales, la desigualdad de ingresos, la impunidad de los delincuentes y la herencia de los conflictos bélicos, han desestabilizado a toda esa región.

“Armas que originalmente se compran en Estados Unidos, luego son utilizadas en países vecinos para cometer un delito al menos cada 31 minutos. Para sacar las armas, los traficantes explotan las mismas lagunas en las leyes estadounidenses que facilitan el tráfico ilegal de armas domésticas”, afirma Parsons.

De 2014 a 2016, el 49 por ciento de las armas de fuego recuperadas en El Salvador fueron compradas originalmente en Estados Unidos, reseña el reporte. De manera similar sucedió con el 45 por ciento de las armas incautadas en Honduras y el 29 por ciento de Guatemala.

Otros países centroamericanos también sufren las consecuencias del uso de las armas de fuego estadounidenses en los delitos. El informe detalla que de 2014 a 2015, el 57 por ciento de las armas recuperadas y rastreadas en Costa Rica fueron fabricadas en Estados Unidos, de 2014 a 2016 se detectó la misma situación con el 51 por ciento del armamento conseguido en Belice y el 47 por ciento de las armas incautadas en Panamá.

De 2014 a 2016, 50.133 armas que se produjeron en los Estados Unidos fueron recuperadas como parte de investigaciones criminales en quince países de América del Norte, América Central y el Caribe. “Las personas adquieren legalmente ese armamento en Estados Unidos y luego se importa con mucha facilidad a México y otros países, lo que permite el incremento de la violencia”, explica Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización de la sociedad civil que analiza las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país. “Estados Unidos debería implementar medidas para prevenir que no salgan tantas armas de ese país, eso implicaría el establecimiento de una regulación sobre la exportación de armas a otros países”.

Tizapa, el padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vive en Estados Unidos y dice que siempre recuerda los mensajes que todas las mañanas le mandaba a su hijo, las conversaciones telefónicas y todos los sueños compartidos que fueron truncados desde el día de la desaparición.

Con aplomo explica que se ha convertido en un observador distante de lo que pasa en su país: “México no está en guerra, pero el gobierno parece que se está preparando para eso y la mayoría de los mexicanos no lo sabemos. Hay muchas armas, tanto legales como ilegales, y ambas nos están desapareciendo”.

The New York Times
Albinson Linares
Ciudad de México
Miércoles 7 febrero 2018.


Ciudad de México. Un Juez de Control federal en el estado de México vinculó a proceso a Juan Melquiades “N”, ex titular de finanzas y planeación del estado de Quintana Roo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y adquirir recursos de una actividad ilícita.

Además, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó como medida cautelar una garantía por cuatro millones de pesos, prohibir salir del país, por lo que le retiró el pasaporte y visa, así como acudir a firmar, una vez al mes, ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.

De acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal el delito de lavado de dinero no es considerado como grave, por lo que seguirá su proceso en libertad.

El Ministerio Público Federal encontró elementos suficientes del ex funcionario en su participación en una red dedicada al lavado de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), presentó ante el juez federal, con sede en Almoloya de Juárez, a Melquiades “N”, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.

El Fiscal logró acreditar que Melquiades “N” había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del período de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970 pesos que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.

El primero por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes; el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.

Ello, aunado a que no existe dato alguno que arroje información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos que le hicieron éstas.

El fin de semana pasado, la PGR detuvo y ejerció acción penal en contra de Juan Melquiades con base en una orden de aprehensión librada por un juez con sede en Toluca, estado de México.

La Jornada
César Arellano
y Néstor Jiménez
Ciudad de México
Martes 06 febrero 2018.


El empresario Carlos Mimenza asegura que Vergara ‘lavó’ dinero a Moreno Valle por medio de sus empresas


Ciudad de México. - Denuncias presentadas en Quintana Roo vinculan al exgobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, con el extesorero Juan Melquiades Vergara, detenido el viernes por la PGR en Cancún por ‘lavado’ de más de 50 millones de pesos.

De acuerdo con el empresario Carlos Mimenza, quien impulsa en la entidad una campaña anticorrupción, Vergara ‘lavó’ dinero a Moreno Valle por medio de sus empresas, entre ellas Travel Channel.

“Firmaron varios contratos para lavar dinero, y ambos, con el dinero de Moreno Valle, se financió la campaña de Carlos Joaquín (actual gobernador de Quintana Roo)”, dijo Mimenza a Grupo Reforma.

El empresario indicó que, durante la gestión de Vergara en la Secretaría de Finanzas, pagó en diciembre de 2016 más de 478 millones de pesos para ‘refinanciar’ la deuda heredada por Roberto Borge y no declaró el destino final de esos recursos.

La exdiputada Violeta Lagunes advirtió por su parte que en Quintana Roo opera una red de funcionarios poblanos, entre ellos Vergara, quien ha realizado operaciones con empresas fantasmas.

Ayer, tras acudir a una audiencia en el juzgado de Control en el Estado de México, el aspirante a diputado federal por la coalición Por México al Frente en Quintana Roo fue liberado, ya que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no requiere de prisión preventiva.

Extesorero de QR llevará proceso en libertad

Ciudad de México— El extesorero de Quintana Roo, Juan Melquíades Vergara Fernández, fue liberado ayer tras acudir a la audiencia en el juzgado de Control en el Estado de México luego de haber sido detenido el viernes en Cancún por el presunto lavado de dinero de más de 50 millones de pesos.

Llevará el proceso en libertad por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no requiere de prisión preventiva.

La libertad del exfuncionario y aspirante a diputado federal por la coalición Por México al Frente en Quintana Roo, fue confirmada por su equipo de colaboradores y después la hizo pública el dirigente estatal del PRD, Juan Aguilar Osorio, quien acusó la detención como una represalia.

Israel Lira, titular de la SEIDO, informó que la detención de Vergara derivó de una denuncia presentada en septiembre por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El exfuncionario habría recibido en 2015 depósitos en sus cuentas bancarias por un millón 430 mil 619 pesos y 49 millones 259 mil 351 pesos de procedencia ilícita.

En dicha denuncia expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.

El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS.

De este modo el exsecretario de Finanzas de Quintana Roo resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 4 febrero 2018.

La PGR ya pidió la extradición de Duarte a EU.

Ciudad Juárez, Chihuahua. - El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que se tienen identificadas al menos 10 propiedades del prófugo exmandatario César Duarte en Texas y Nuevo México. "Habremos de registrar nuestro interés en el proceso de extradición sobre la recuperación de esos activos.

"No queremos que el Gobierno de Estados Unidos se los vaya a quedar porque no es dinero producido en Estados Unidos, es muy importante que sepa (el Presidente Donald) Trump que ese dinero con el que se compraron esas propiedades le pertenece al pueblo de Chihuahua", señaló a periodistas tras encabezar la salida de la "Caravana por la Dignidad". Corral dijo no tener una evaluación sobre el costo de la decena de propiedades de Duarte en Estados Unidos.

En su discurso, indicó que al recuperar los activos de Duarte en Texas y Nuevo México los recursos que se obtengan se destinarán a programas sociales y el combate a la pobreza. "Lo que más nos interesa es resarcir el patrimonio de Chihuahua, lo que malversaron y usaron en su beneficio personal. Recuperar el fruto de lo indebido para ponerlo al servicio de la gente, becas para estudiantes, campesinos, adultos mayores, gente que no tienen", aseveró.

Formalizan ante EU extradición de Duarte

El gobierno de México presentó formalmente tres solicitudes de extradición en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y trabaja para presentar las otras ocho de las 11 solicitadas, -por presuntos actos de corrupción y delitos electorales-, informó el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.

"Se presentaron tres solicitudes formales de extradición, dos por lo que se refiere a órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, una por la Fepade de la PGR; seguimos trabajando en concluir las formalidades para la presentación del resto hasta llegar a las 11 que han sido solicitadas a la Procuraduría General de la República, daremos el acompañamiento junto con las autoridades extranjeras para efecto de que a la brevedad posible pueda ser enfrentada la persona que se reclama en la extradición a la justicia mexicana, tanto del orden federal como del orden estatal", detalló Elías Beltrán en entrevista radiofónica.

Aunque al dar a conocer la petición, dijo que por cuestiones del debido proceso y presunción de inocencia, no se da a conocer a dónde se enviaron las solicitudes.

La PGR recibió 10 causas penales por diversos delitos del fuero común en materia de corrupción el año pasado, una por parte de la Fiscalía General de Chihuahua y una por parte del fuero federal por delitos electorales.

La investigación. "Nosotros seguimos investigando, como ustedes saben el nuevo sistema tiene dos etapas de investigación, la etapa inicial sin control judicial, y una vez que se judicializa, la etapa complementaria, donde se sigue la investigación ya con un control judicial a través del juez propiamente de control, seguimos trabajando en eso, en la investigación, que partirá cuando lleguemos a la etapa intermedia, al juicio, y tengamos un caso sólido, es lo que seguimos trabajando y en el momento en que se tenga que iniciar la etapa complementaria para poder presentar un caso sólido", agregó el funcionario.

Dudan de PGR

El Gobierno de Chihuahua consideró que hay suspicacias en la actuación de la PGR al presentar solicitudes de extradición contra el ex Gobernador de César Duarte sólo por tres delitos, a pesar de que en México tiene 11 órdenes de aprehensión.

"Hay ciertas suspicacias y me parece que la labor nuestra y de todos los ciudadanos es estar atento a esto y exigir en la Procuraduría General de la República se conduzca con estricto apego a derecho y de la manera más pura posible", indicó el abogado de Chihuahua, Paulo Díez.

"Porque lo que no queremos es que un descuido, ya sea un error involuntario, puede resultar en un beneficio indebido para el extraditado".

El caso federal es una acusación de la Fepade por un presunto peculado electoral de 14 millones de pesos a las campañas del PRI en la elección del 2015.

Díez anunció que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que en la solicitud de extradición sean incorporadas todas las acusaciones en contra del ex Gobernador priista, ya que el tratado de extradición México -Estados Unidos establece que el acusado sólo puede ser juzgado en el país por aquellos delitos que se hayan Incluido en la solicitud. "De lo que se trata es de exigir que el Gobierno federal presente, como parte de su solicitud, todos los delitos que forman parte de todas las órdenes de aprehensión y que eso no genere un marco de impunidad para el extraditado", indicó.

Agencias / Reforma
Ciudad de México
Domingo 21 enero 2018.

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