En su comparecencia, senadores reprocharon al titular de Segob el repunte histórico de la violencia y la impunidad en casos como Odebrecht.


Senadores reprocharon al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el repunte histórico de los homicidios dolosos durante el sexenio, las violaciones a derechos humanos y la falta de sanción en casos emblemáticos como Odebrecht.

También criticaron el recorte de recursos al Programa Nacional de Prevención, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el recrudecimiento de desapariciones y feminicidios, y la debilidad de las Policías a pesar de la inversión de miles de millones en ese rubro.

El senador Emilio Álvarez Icaza recriminó que en materia de derechos humanos se han presentado violaciones gravísimas como la desaparición de los 43 normalistas, la existencia de cientos de ciudadanos torturados, y el registro de más de 200 mil personas ejecutadas.

"Y su espejo de personas sin identificar que llenan los servicios forenses y las fosas comunes y el camposanto con fosas clandestinas en cada pedacito de la patria; este sexenio deja una estela de violaciones a derechos.

"Su insensibilidad ante la crisis humanitaria ha sido una fábrica de víctimas y, además, recrudecida entre los más pobres", sentenció Álvarez Icaza, quien cuestionó a Navarrete Prida sobre qué esperan para detener al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

El ex Ombudsman capitalino expuso que si bien hubo expectativas al inicio, por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno federal se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada en él, debido a una crisis ética.

"La verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción, ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este Gobierno", comentó.

María Guadalupe Murguía, del PAN, estimó que México atraviesa por una grave crisis de violencia, con cifras históricas en ilícitos como homicidios dolosos, robo de combustible, narcotráfico y secuestro.

Subrayó que se requiere de una instancia especializada para combatir la violencia, a fin de que el Estado asuma su obligación de brindar seguridad desde un enfoque de la prevención, derechos humanos y atención prioritaria de los delitos que más lastiman a la sociedad.

La senadora Eunice Renata Romo Molina, de Encuentro Social, aseveró que la conducta que imperó en la administración federal fue aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales.

"Aún siendo de conocimiento popular los implicados en escándalos de corrupción no enfrentaron las consecuencia políticas y legales de sus actos; el sistema (anticorrupción) de nada sirvió, pues enfrentó la resistencia de los legisladores del partido en el poder.

"Se ha entorpecido el avance de la investigación sobre uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en la historia de América Latina, el caso Odebrecht, además de los de los ex Gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Veracruz y Nayarit", apuntó.

Juan Zepeda, senador del PRD, sostuvo que el Gobierno federal no se ha hecho cargo de su responsabilidad de reducir el número "escalofriante" de homicidios dolosos ni de encontrar solución a los problemas de desaparición de personas, feminicidios y violencia de género.

"El gran déficit es el tema de la seguridad", opinó Zepeda, quien propuso un minuto de silencio en memoria de las víctimas de homicidios, desapariciones y feminicidios.

Alejandra del Carmen León, del PT, criticó que el Gobierno federal haya dado continuidad a una estrategia que no permitió alcanzar la paz mínima y acusó que no sólo renunció a su responsabilidad de mejorar las Policías, sino también intentó imponer a un "fiscal carnal".

Reforma
Claudia Rivero
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 17 de octubre 2018.


La Sala Regional del TEPJF concluyó que el tribunal estatal asignó la regiduría como una “ilegal interpretación”, de un principio inexistente en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló por ilegal la regiduría que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla entregó al militante del PRI Edgar Chumacero Hernández, en medio de acusaciones de que esa posición se asignó como parte de una negociación política entre el Revolucionario Institucional y el PAN.

El diputado de Morena Héctor Alonso Granados denunció que el TEEP cedió una posición en el Cabildo de Puebla a Chumacero, para que el magistrado de ese organismo local Gerardo Saravia Rivera –que vinculó al tricolor-– votara a favor de la constancia de mayoría como gobernadora electa de la albiazul Martha Érika Alonso Hidalgo y fuera aprobada por unanimidad de votos, situación que aconteció el miércoles pasado.

Ayer, la Sala Regional del TEPJF con cabecera en la Ciudad de México concluyó que el tribunal estatal realizó una “ilegal interpretación”, pues asignó la regiduría bajo el principio de “resto mayor” pese a que no se encuentra previsto en el artículo 323 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.

El TEEP vulneró de manera grave el principio de certeza en materia electoral contenido en la Constitución local, porque no apegó su resolución a las reglas que rigen los procesos comiciales, expuso la Sala en la sentencia.

Además, señaló que los resultados electorales en la capital del estado sólo alcanzaban a repartir seis regidurías y, aun así, el órgano jurisdiccional de Puebla asignó una séptima a Chumacero.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Puebla, México
Domingo 14 de octubre de 2018.


Ciudad de México— Un juez federal condenó esta noche a Javier Duarte a nueve años de prisión y a una multa de 58 mil 890 pesos luego que se declarara culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también decretó el decomiso de 41 propiedades a favor de la Federación, entre ellas 21 parcelas en Campeche, 4 departamentos en Ixtapa y 9 inmuebles en la CDMX, incluidos 3 departamentos en Bosques de Santa Fe, 1 edificio en las Lomas de Chapultepec y 2 departamentos en Polanco.

El juzgador al mismo tiempo amonestó al exgobernador de Veracruz para que no vuelva a incurrir en un delito y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo en que permanezca en prisión.

La Procuraduría no reclamó la reparación del daño, en virtud que los delitos imputados no lo tienen previsto; los fiscales federales presentes en la audiencia también retiraron su solicitud de inhabilitar a Duarte por el mismo plazo de su condena.

Durante una audiencia de cinco horas de duración, a la que el expriista llegó con un procedimiento abreviado previamente negociado con la PGR, el juez le inquirió si aceptaba su plena responsabilidad en los ilícitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Fuerte Tapia le advirtió que, de aceptar la comisión de los ilícitos, no tendría derecho a ningún beneficio legal, como es la conmutación de la pena.

"¿Admite usted su responsabilidad en los delitos que le imputan?", preguntó el juez.

"En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría", respondió.

"Repito la pregunta, ¿acepta su responsabilidad en los delitos?".

"Repito, sí, su señoría", contestó Duarte, quien en la audiencia apareció vestido con el uniforme de reo color caqui, barba larga y rapado.

Originalmente, este miércoles tendría lugar una audiencia intermedia en la que se presentarían las pruebas a favor y en contra del exgobernador de Veracruz.

Sin embargo, desde el pasado 17 de septiembre, Duarte entregó un escrito a la PGR en el que solicitó un procedimiento abreviado con el que buscaba evitar el juicio, aceptar su responsabilidad y obtener a cambio un beneficio en la reducción de las penas.

El mismo día, Felipe Muñoz Vázquez, Subprocurador de Delitos Federales, aceptó conceder el procedimiento abreviado, lo que implicó que la PGR planteara al juez Fuerte Tapia una condena mínima por cada uno de los delitos y una reducción adicional a esas penas.

Las penas mínimas para tanto para el lavado de dinero como para la asociación delictuosa son de cinco años de cárcel, lo que en conjunto significaba una pena de 10 años. A este castigo, la PGR sólo restó una décima parte de la duración, aunque la ley permitía una reducción de hasta una tercera parte.

Para condenarlo, el juez consideró un total de 47 datos de prueba ofrecidos por la Procuraduría, entre ellos algunos testimonios novedosos de personajes que de manera tácita también aceptan haber participado o al menos atestiguado los ilícitos del veracruzano.

Entre estos testimonios se encuentran el del exdiputado federal Antonio Tarek Abdala, el presunto prestanombres Rafael Gerardo Rosas, el contador hoy preso Rafael Nava Soria y José Antonio Bandin Ruiz, quien también ha sido señalado como testaferro del exmandatario.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 26 septiembre 2018.


José Juan Espinosa anuncia que en la LX Legislatura, se acabó el “cochinito legislativo”.

Acción Nacional quiere lucrar con una de las banderas más importantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que es la austeridad republicana, pues carece de autoridad moral, sentenció el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres.

Luego de que el coordinador de la bancada del PAN, Marcelo García Almaguer, anunció que su partido propondrá en el Legislativo que se reduzcan al 50 por ciento las dietas de los diputados de la LX Legislatura, sostuvo que Acción Nacional no tiene calidad moral para autorizar propuestas en materia de austeridad.

 Dijo que a unas horas de que inicien los trabajos de la nueva legislatura, el grupo parlamentario de “Juntos Haremos Historia” ha encontrado muchas inconsistencias en el manejo de recursos por parte de la actual legislatura, por lo que anunció la realización de auditorías al seno del Congreso, que estarán a cargo de un despacho externo, certificado y reconocido por la Auditoría Superior del Estado (ASF), de esta forma los poblanos puedan conocer  cómo se administró cientos de millones de pesos en la LIX Legislatura.

Sentenció que el diputado García Almaguer no debe lucrar con la honestidad y la austeridad, cuando de manera pública, ya se han empezado a documentar los excesos y abusos en la ejecución del gasto público, sin dejar de considerar la penosa situación que viven los dos edificios del Poder Legislativo luego del sismo del 2017.

 También dejó en claro que, cualquier política de austeridad que se emprenderá en la LX Legislatura, a nombre de la mayoría (Morena-PT y PES), está mandando “al rastro” el denominado “cochinito legislativo” que se aplicó en toda la LIX Legislatura, el cual también será revisado en el marco de la auditoría externa.

Reiteró que los despachos externos, deberán estar certificados por la propia ASE, y dar un peso legal a todo este procedimiento jurídico, a toda la serie de observaciones que hasta el momento se han detectado y se presenten los dictámenes que en su momento deberán de ser utilizados para fincar responsabilidades, ya sea de carácter administrativo o incluso penal.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Jueves 13 de septiembre de 2018.


Alcalde de San José Chiapa, Josué Martínez Santos cobró salarios de presuntos “aviadores” inscritos en el SAT

Un grupo de pobladores del municipio de San José Chiapa denunciaron que hace más de un año acudieron al ayuntamiento de esa localidad a pedir trabajo sin obtenerlo, pero por un reportaje se enteraron que sus documentos fueron usados para el cobro ilegal de salarios y hasta para reportar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En rueda de prensa, los pobladores de San José Chiapa informaron que presentaron una denuncia formal en contra del edil Josué Martínez Santos por falsificación de documentos, usurpación de funciones públicas, fraude, ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, así como uso ilícito de atribuciones y facultades.

María del Carmen Peña Isla, María Paulina Gómez Janet Jiménez Rodríguez, María Elena Corro Olivera, Deyanira Jiménez Rodríguez y Emiliano García Alcántara, denunciaron que en febrero de 2017 acudieron a solicitar trabajo a la comuna, para lo cual entregaron su documentación original, sin obtener nunca una contratación.

También explicaron que la oferta que les hicieron fue que les buscarían acomodo en la planta automotriz alemana Audi, pero que jamás los volvieron a llamar, e igual ya no regresaron por los documentos que entregaron, entre ellos acta de nacimiento, INE, CURP y comprobante de domicilio.

Hace unos días se enteraron, a través de un reportaje, que sus nombres eran ubicados como “aviadores” en la nómina del ayuntamiento de esa población, pues supuestamente cobraban 5 mil pesos quincenales y nunca se presentaban a laborar.

No sólo eso, también se enteraron que el personal a cargo del edil les abrió cuentas bancarias en las cuales les hacían los depósitos de sus supuestos sueldos y hasta presentaron al SAT declaraciones de impuestos a sus nombres para “cuadrar” toda la información.

Sin embargo, aseguraron que realmente nunca han obtenido salario alguno y lo único que suponen es que los documentos que entregaron fueron usados para desviar esos recursos, que se estima ascienden a más de 700 mil pesos.

El representante de los afectados, Esteban Hipólito Damas Flores, demandó al auditor superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, que abra una investigación sobre el edil quien, aseguró, presume ser protegido del exgobernador panista Rafael Moreno Valle y del actual mandatario Antonio Gali Fayad.

Los pobladores denunciaron que además el presidente municipal se apropió de 25 caballos que donó la Secretaría de la Defensa Nacional a un grupo de ejidatarios que tuvieron problemas agrarios y que hicieron una solicitud formal de apoyo a la Sedena.

Además, explicaron que luego de que la solicitud tardó para ser atendida, el edil simplemente no reportó la entrega de los equinos a los beneficiarios, y optó por repartirlos entre funcionarios de primer nivel del ayuntamiento.

Se quejaron de que, pese a que, con la llegada de Audi a ese municipio, se presumía que habría un beneficio para el desarrollo de esa localidad, a casi dos años de haber iniciado operaciones la armadora, San José Chiapa se encuentra con las calles sin pavimentar y sin iluminación, y el único cambio que han notado es un incremento en la inseguridad.

En contraste, el alcalde ha incrementado su riqueza, pues se compró casa, varios vehículos y en total reporta un patrimonio superior a los 10 millones de pesos.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Mates 21 de agosto de 2018.


Comisión panista que encabeza Luis Felipe Bravo Mena rechaza investigar a Moreno Valle


La Comisión Anticorrupción del PAN rechazó una solicitud que hicieron panistas poblanos para que se investigara al exgobernador Rafael Moreno Valle por su presunta relación con el exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, acusado de lavado de dinero.

A la solicitud que presentó, desde el 14 de febrero de este año, la Corriente Humanista formada por panistas de esta entidad, la Comisión Anticorrupción respondió el jueves 9 con una negativa en la que argumenta que el supuesto acto de corrupción que se imputa a Moreno Valle excede el plazo de haber ocurrido para aplicar una sanción.

Hilario Gallego Gómez, integrante de la Comisión Humanista del PAN, formada por militantes que han criticado a Moreno Valle, dio a conocer la comunicación que recibió por parte del órgano partidista en el que se señala:

“Para que este órgano esté en posibilidades de solicitar la aplicación de una sanción a un probable responsable, no deben haber transcurrido 365 días contados a partir de que se materializó la falta considerada como acto de corrupción.

“Siendo evidente que ha transcurrido en exceso ese plazo, este órgano colegiado se encuentra materialmente impedido para incoar un procedimiento de investigación en contra de las personas denunciadas”, es la respuesta que ofreció la comisión que preside Luis Felipe Bravo Mena.

Hace más de medio año, los panistas opositores al morenovallismo acusaron al exgobernador de estar relacionado con Melquiades Vergara, quien fue detenido por la PGR por su supuesta participación en una red de lavado de dinero.

En ese momento se dio a conocer un audio en el cual Vergara, empresario de origen poblano, reconoce haber aportado dinero a la campaña de Moreno Valle en 2010, y a la de Antonio Gali Fayad, cuando contendió por la presidencia municipal de Puebla capital.

Igual, se dio a conocer que las empresas de Vergara fueron las proveedoras de las sombrillas que se repartieron en la campaña del ahora aspirante a contender por la dirigencia nacional del PAN. Así como que sus empresas de comunicación promovieron las aspiraciones presidenciales del exmandatario poblano.

En un comunicado que emitieron en respuesta a esta resolución de la Comisión Anticorrupción del PAN, Hilario Gallegos y Felipe Soriano lamentaron que el partido se niegue a investigar a Moreno Valle.

“Es inadmisible que personas como Rafael Alejandro Micalco Méndez, quien fuera presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, se les agravie imputando de manera infundada responsabilidades sobre supuestos malos manejos; y a individuos como Rafael Moreno Valle Rosas los cubra el velo de la impunidad con miras a tomar el control, ahora a nivel nacional, de nuestro instituto político”, alertaron.

Además, deploraron que la dirigencia nacional del PAN haya llamado a la autorreflexión y autocrítica cuando se solapa a personajes como el exgobernador de Puebla.

“No se puede hablar de autorreflexión y autocrítica si este tipo de sucesos perjudican la vida institucional de nuestro partido; tampoco se puede hablar de lucha contra la corrupción, si se solapa a un promotor de la misma, como lo es Moreno Valle, gracias a su habilidad de atar y desatar, enredar y desenredar, según la conveniencia lo requirió cuando fue gobernador de Puebla”, fustigaron.

Los panistas apuntaron que la corrupción escalará en Puebla luego de que la esposa de Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo, obtuvo, a través de “una elección dudosa”, la gubernatura poblana.

“Nuestro partido no merece ser blanco del descrédito por causa de grupos caciquiles como es el caso del morenovallismo, que desde el año 2010 controla a la dirigencia estatal de Acción Nacional en Puebla, para convertirla en una agencia de colocaciones, franquicia y establecimiento mercantil del clientelismo y de componendas políticas”, denunciaron los panistas.

Tras parafrasear al presidente de la Comisión de Doctrina del PAN, Juan José Rodríguez Prats, los panistas exigieron que Moreno Valle Rosas “haga a un lado sus aspiraciones banales de ser amo y señor absoluto de nuestro partido, pues carece de moral y de principios panistas”.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 20 de agosto de 2018.


Altos Hornos de México (AHMSA) que en 2014 vendió a Pemex la planta chatarra de Agro Nitrogenados, un mes luego de la operación transfirió 3.7 millones de dólares a una firma “offshore” vinculada a Odebrecht y a Emilio Lozoya Austin.

De acuerdo con un reportaje de Quinto Elemento Lab, basado en el expediente de la operación “Lava Jato” de Brasil, una red de sobornos entre políticos, funcionarios y ejecutivos de constructoras para adjudicarse obras de la empresa petrolera Petrobras, Grangemounth Trading Compan recibió 3.7 millones de dólares procedentes de AHMSA y transfirió cinco millones de dólares a Zecapan SA, firma “offshore” presuntamente vinculada a Lozoya, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre diciembre de 2012 y febrero de 2016, publicó el diario Reforma.

De acuerdo con el testimonio de altos exejecutivos de Odebrecht, fue proporcionada por el mismo exdirector de Pemex para que le efectuaran pagos por sus servicios.

Las transferencias de dinero se realizaron el 17 y 24 de febrero y el 10 de marzo de 2014 sumando un total de 3 millones 703 mil 540 dólares.

AHMSA informó a Quinto Elemento Lab que las transferencias a Grangemouth fueron por el pago de un asesoramiento para la ampliación de las siderúrgicas en Monclova, Coahuila.

Las transferencias se hicieron desde la firma, una de las 20 que Derecha utilizaba para pagar los sobornos a los funcionarios de diversos países incluyendo a Lozoya.

Por su parte, el abogado de Lozoya, Javier Coello, negó que su cliente tenga "relación de negocios con directivos de AHMSA o haber recibido pagos de ésta".

Una búsqueda por Quinto Elemento Lab en Escocia y Reino Unido a Grangemouth Trading Company presentó que la firma no tiene actividades, propiedades, oficinas o hipotecas y tampoco declara empleados.

El Siglo de Torreón
Ciudad de México
Lunes 20 de agosto de 2018.


Exigen que deje liderazgo del sindicato petrolero; demandan convocatoria para nuevas elecciones

Integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP) exigieron la destitución de Carlos Romero Deschamps como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y pidieron convocar elecciones para renovar la dirigencia.

Al presentar su plataforma política como candidata a dirigir al sindicato, María de Lourdes Díaz Cruz, trabajadora de la Sección 35 del STPRM, solicitó al nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, apoyar la convocatoria a elecciones locales en las 36 secciones que conforman la organización sindical para votar por un nuevo dirigente el próximo 10 de enero de 2019, mediante el ejercicio del voto libre y secreto.

“Solicitamos a las autoridades salientes y entrantes que participarán en el proceso de transición, que se realicen elecciones locales en las 36 secciones del sindicato, así como la presencia de observadores de instituciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que no haya amenazas o intimidaciones a los trabajadores”, resaltó Díaz Cruz.

La aspirante a encabezar el sindicato petrolero, conocida por sus compañeros como Lula, pidió realizar una auditoría al actual dirigente sindical, Romero Deschamps, así como a los líderes de las 36 secciones de la organización, para transparentar el manejo de los recursos que opera el STPRM. Dijo que de llegar a la secretaría general demandará que el también senador priísta sea enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito.

El Universal
Astrid Rivera
Ciudad de México
Domingo 5 de agosto de 2018.


•    La SCT aprobó construir el segundo piso de Puebla, aunque era la opción más cara y sin planeación    

•    Aunque había tres opciones que serían más baratas, tanto en construcción como en el peaje que pagarían los usuarios, el gobierno de Moreno Valle eligió la opción más cara y la que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto.


Puebla.- En 2014 el gobierno federal dio luz verde a construir un Viaducto Elevado en Puebla aun cuando era el proyecto más caro de tres posibles opciones: un libramiento, que seis años antes se había presupuestado en mil 933 millones de pesos; ampliar la autopista a diez carriles en su cruce por la ciudad poblana, valuado en 4 mil 400 millones, o construir un paso elevado por 10 mil millones.

Se optó por el más caro, pero además sin que hubiera planeación previa: se adjudicó una obra de 13.3 kilómetros y 18 metros de ancho, pero se construyó un segundo piso de 15.3 kilómetros y 21 metros de ancho.

La obra resultó cara no sólo para las finanzas públicas —el gobierno federal pagó 4 mil 500 millones—, también para los usuarios. Recorrer la carretera México-Puebla cuesta 1.40 pesos por kilómetro, con dos casetas incluidas. El peaje del Segundo Piso cuesta 3.59 pesos el kilómetro, 2.5 veces más que toda la autopista.

Documentos oficiales consultados por Animal Político indican que el peaje del Segundo Piso también es más alto del que se hubiera pagado con el libramiento: 1.20 pesos por kilómetro.

Sin estudios previos

La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2012 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente año con una partida de 43 millones de pesos para un estudio de preinversión para el Viaducto Elevado de Puebla, pero el estudio jamás se realizó.

El 17 de mayo de 2013, el titular de la dirección general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Óscar Callejo Silva, pidió la cancelación del estudio a pesar de que la documentación era necesaria “para la correcta proyección” de la obra, pues incluía un estudio de demanda, el anteproyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental, entre otros documentos, según se lee en los documentos oficiales que consultó Animal Político.

Pero la falta de estudios no impidió que en 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aprobara la entrega de 5 mil millones de pesos para subsidiar el Viaducto Elevado, una de las 266 promesas de campaña que Enrique Peña firmó ante notario público como candidato a la Presidencia de la República.

La entrega de los recursos públicos se hizo sin contar con la aprobación de la Cámara de Diputados. Lo que se hizo fue una “modificación presupuestal” para inyectar recursos al “Programa de Apoyo para Infraestructura Carretera U002”, un programa que en el PEF aprobado por los legisladores en 2014 estaba en ceros, sin recursos asignados.

De ese programa salieron 2 mil 500 millones de pesos para el arranque de la obra en 2014, y se repitió el esquema en 2015 y 2016 para asignar un subsidio de mil millones anuales, hasta que finalmente, en agosto de 2016 se inauguró el viaducto elevado.

La falta de documentación y estudios que justificaran la obra fue la constante en el desarrollo del proyecto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó, entre otras irregularidades, que la obra se inició sin un proyecto ejecutivo autorizado, sin el estudio costo-beneficio y sin la Manifestación de Impacto Ambiental.

¿Fue mejor opción técnica? ¿la menos onerosa?

La promesa de campaña de Peña Nieto se rubricó con el folio CG-040 y se incluyó en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicación 2013-2018, acompañado por la leyenda: “o la opción que técnicamente mejor resulte”.

La SCT consideró dos posibles opciones, según documentación que la dependencia entregó a Animal Político, aunque al final se optó por la más cara.

La primera alternativa: modernización y ampliación a diez carriles del paso de la vialidad en su cruce por la ciudad, con carriles para laterales para el tránsito local, una solución que tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado” y costo estimado de 4 mil 400 millones de pesos.  

La segunda el viaducto elevado, una solución que —igual que la primera opción—, tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado”, pero con la desventaja de que “el uso de esta infraestructura sería en hora de máxima de demanda, con lo que podría existir una sobreoferta de la misma”. El costo estimado de esa obra fue de 10 mil 500 millones de pesos, más IVA, y consideraba un tramo de 16.6 kilómetros de largo.

En el mismo documento oficial hay contradicciones sobre la valoración de las dos opciones. Primero se dice que “de manera objetiva y cuantitativa se consideró al Costo Anual Equivalente (CAE) como el mejor indicador”, lo que significaba que ampliar la carretera era la mejor opción. “La alternativa 2 es la que requiere de una inversión mayor a lo largo de la vida útil del proyecto”. Pero en otro párrafo se menciona que la alternativa 2 “representa el menor CAE por lo tanto resulta ser la más adecuada”.

Alternativa    Costo de inversión    Conservación rutinaria    Riego de sello    Carpeta    Reconstrucción    CAE
1    4,400,000,000    2,669    12,900    71,171    195,721    539.6
2    10,500,000,000    5,641    27,265    150,422    413,682    1,285.3

Más allá de lo contradictorio de las afirmaciones en el estudio, los datos del CAE y los costos totales de las obras muestran que el viaducto elevado era 2.3 veces más caro que la ampliación, pero el gobierno optó por esa alternativa.

Pero además de la económica, entre los proyectos hay otra diferencia: la segunda opción es la que prometió Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial y la que buscaba el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, quien buscó sin conseguirla la candidatura del PAN para los comicios de este 2018.

El estudio de la SCT consideró además que la obra podría generar una ganancia del 17.6% anual (la Tasa Interna de Retorno), aunque en el contrato de concesión que el gobierno de Puebla con OHL-Pinfra se estableció que la ganancia sería del 10% anual real, más la recuperación de la inversión inicial.

También señaló que la obra se pagaría a partes iguales por el gobierno y empresas del sector privado, con un proceso de licitación que se realizará en junio de 2015 para que la obra estuviera en operación en enero de 2018.

Pero el proceso planteado en los documentos de la SCT no se siguió, la obra se adjudicó a mediados de 2014 sin licitación de por medio y se puso en operación en octubre de 2016, justo al cierre del sexenio de Moreno Valle.

Una obra ‘exprés’

El 19 de junio de 2014, la SCT entregó al gobierno de Puebla el permiso de derecho de vía para construir el viaducto elevado sobre la autopista federal. Ese mismo día la dependencia emitió los lineamientos del programa U002 “Programa para Infraestructura Carretera” para entregar el subsidio de 5 mil millones de pesos y financiar la mitad de la obra.

De acuerdo con esos lineamientos, de los que Animal Político tiene copia, para recibir el subsidio el gobierno de Puebla debía demostrar, entre otras cosas, que tenía “proyectos ejecutivos, evaluaciones financieras y técnicas que aseguren la factibilidad” de la obra.

Pero la obra se inició sin tener ni estudio de costo beneficio ni proyectos ejecutivos.

Al analizar la cuenta pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación dijo: “En la revisión del título de concesión, se observó que la SCT otorgó el subsidio en materia de infraestructura carretera al gobierno de Puebla, para el proyecto del viaducto elevado, aun cuando no se contaba con el estudio costo-beneficio ni con el proyecto ejecutivo”.

En respuesta a la auditoria, la SCT presentó en octubre de 2015, un año después de iniciada la obra, un estudio de costo-beneficio. Animal Político tuvo acceso al estudio, vía una solicitud de información que atendió la ASF. El documento no tiene la fecha en que fue realizado, no incluye firma, sello, ni tiene referencia alguna a los autores o responsables del estudio.

Además, dice la ASF, “no se tiene evidencia de que se contara con el estudio previo al otorgamiento del subsidio”.

Ni siquiera se tuvo el cuidado de tener un título de concesión que tuviera los datos correctos: la SCT se refiere a una autopista de 16.6 kilómetros de longitud y 21 metros de ancho, mientras que el título de concesión hace referencia a una obra de 13.3 kilómetros de largo y 18 metros de ancho, y la obra que se construyó fue de 15.3 kilómetros de largo y 21 metros de ancho.

Otras irregularidades

Pero no fueron las únicas irregularidades. La ASF revisó el desarrollo de la obra entre 2014 y 2016 y detectó costos inflados: “algunos de los precios son elevados respecto a los precios de mercado y a los propuestos en otros proyectos similares realizados por la misma empresa” por más de mil 173 millones de pesos.

También se detectaron pagos por obras y servicios no recibidos por más de 180 millones de pesos, y un pago de 2.7 millones de pesos por un anticipo no justificado.

A ello se sumaron “trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, losas y prelosas; ramales de tuberías de PVC, de marcos y registros”.

Dice uno de los informes de la ASF que “no obstante que la obra ya se había concluido y se encontraba en operación, no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas”.

El gobierno de Puebla incluso intentó que vehículos pesados o de carga tuvieran la obligación de transitar por el viaducto elevado —y pagar la cuota por hacerlo—, restringiendo su circulación por la parte baja de la autopista México-Puebla. La acción fue señalada por la ASF, quién pidió el inicio de un procedimiento administrativo contra los funcionarios responsables, sin que hasta la fecha se haya sancionado a nadie.

El viaducto elevado, un logro en infraestructura según la administración federal de Enrique Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle en Puebla, sí desahoga el tráfico en la zona y disminuye los tiempos de traslado.

Sin embargo, su construcción fue más para el lucimiento de los funcionarios involucrados y a un costo de 4 mil 500 millones de pesos, además de una concesión que no le retribuye ni un peso a las arcas públicas.

Animal Político
Ernesto Aroche
Ciudad de Puebla
(Jueves mayo 24 2018)
Jueves 19 julio de 2018.


El perredista vaticinó que el lugar se convertiría en un sitio emblemático en el sur de la ciudad.

Ciudad de México.- El pasado 8 de marzo, el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, acudió a la inauguración de la plaza comercial Artz y dijo que la construcción estuvo estrictamente apegada a la normatividad de la Ciudad.

En la tarde de aquel jueves, Mancera Espinosa fue parte de la comitiva para celebrar la apertura de la plaza Artz. Estuvo acompañado del arquitecto Javier Sordo Madaleno, con quien realizó un recorrido por el recinto. Ambos caminaron por el patio del lugar y visitaron la zona de tiendas y locales.

En su discurso, el ex jefe de Gobierno reconoció que la obra enfrentó diversas dificultades y repercusiones económicas, debido a que se tenían que hacer mitigaciones y mejoras para beneficiar a vecinos y automovilistas.

"No fue un tema sencillo el desarrollo de esta obra, porque implicó varios retos, algunos desde el punto de vista de la ingeniería, otros de las adecuaciones de los propios arquitectos. Aquí hemos sido testigos de la modernidad, de procesos rigurosos en materia de construcción. Quiero decirles que no ha sido fácil, la verdad es que lo que estableció la Ciudad de México como requisitos para poder llegar a la conclusión de esta obra ha sido estrictamente apegado a ello, a la normatividad y a las leyes de la Ciudad", sostuvo.

Mancera Espinosa afirmó que la plaza era una combinación interesante, donde convergen el comercio, el arte y la convivencia. Vaticinó que el lugar se convertiría en un sitio emblemático en el sur de la ciudad.

"Así que, por todo esto quiero felicitar a Javier Sordo Madaleno, a todo su equipo, al grupo de arquitectos, de ingenieros e inversionistas que apuesta por nuestra ciudad, ojalá tengamos muchas de éstas en el futuro, que sean buenas noticias, que generen empleo, se necesita activación económica. Hoy el Gobierno de la Ciudad de México felicita a este grupo de mexicanos que apuestan por su país y por su ciudad y seguramente todo esto será un gran acontecimiento.

"Te felicito otra vez, Javier, y seguiremos trabajando de la mano, porque estoy seguro que esto va seguir, esto que es como una inquietud que tienes, seguir desarrollando cosas", comentó Miguel Ángel Mancera.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 13 de julio de 2018.

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