En una publicación realizada por el medio Tiempo Digital, se dice que el exsecretario de Hacienda y hoy candidato priista a la Presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, junto con su esposa Juana Cuevas, su hermano Pedro y otros familiares como José Antonio Kuri Orvañanos y Santiago Kuri Breña Arbide, son dueños de una empresa millonaria desde 1994 de nombre Kubre S. A. de C. V.

De acuerdo con el medio, lo anterior dicho corresponde a una investigación hecha por el periodista Álvaro Delgado. El hecho de que Meade y familiares sean dueños de una empresa no tendría mayor importancia, de no ser porque el candidato tricolor, omitió dicha información en su tan famosa declaración fiscal “3de3”

Así es, el candidato que presume más de 20 años como servidor público sin una mancha más que la del vitíligo, en su declaración “3de3” que presentó desde el 2013 y en la que “supuestamente” debía detallar los ingresos, bienes y propiedades suyas y de su familia, Meade omitió dar información de dicha empresa.

Otra inconsistencia por parte de José Antonio Meade es que ha sido funcionario de primer nivel del Gobierno Federal desde 1997, pero pese a que el Gobierno Federal tiene una plataforma en línea para la declaración patrimonial de sus funcionarios desde el 2002, momento en el que Meade tenía ya cinco años de ser funcionario público, no fue sino hasta el 2013, once años después de tener esa obligación, que Meade Kuribreña subió su aparente declaración patrimonial, en la que tan sólo declaró que tenía ingresos mensuales por 154 mil 277 pesos por su sueldo como secretario de Relaciones Exteriores, manteniendo en secreto otros ingresos personales.

Además, tampoco mencionó sus posibles propiedades… cada año al presentar sus declaraciones patrimoniales, Meade Kuribreña ha escrito:

“Sí estoy de acuerdo en hacer públicos parcialmente mis datos patrimoniales, por lo que se excepcionan los siguientes: ingresos netos, aquellos que se declaren por actividad industrial, comercial, financiera y otros…”

De esa manera que parece burla, se viola pública e impunemente una Ley Federal a la que debe someterse todos los funcionarios. Con lo anterior es lógico sospechar que el asunto de la empresa Kubre, S.A. DE C.V. no es lo único que José Antonio Meade Kuribreña ha escondido sospechosamente, pues de acuerdo con Buzzfed News México, Meade Kuribreña compró un terreno con valor de 2.3 millones de pesos para construir un jardín junto a la casa donde viven él y su familia en el Fraccionamiento Fortín Chimalistac, la que obviamente es de su propiedad, pero lo oculta en el más espeso misterio, aunque colaboradores cercanos de Meade le aseguraron a Buzzfed News México que las escrituras de esa casa están a nombre de la señora Juana Cuevas de Meade, pero en el Registro Público de la Propiedad no hay ninguna adquisición a nombre de ella.

Tiempo Digital
Ciudad de México
Miércoles 18 de abril de 2018.


Ya sea en efectivo o en bienes inmuebles, son los recursos que el ex gobernador de Veracruz desvió del erario público

A un año de la captura en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Veracruz han recuperado más de mil millones de pesos en efectivo y en bienes inmuebles, que el ex priísta desvió del erario público a través de empresas fantasma operadas por una red de prestanombres.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hizo mal uso de más de 35 mil millones de pesos durante su administración, lo que lo convirtió en el político con más irregularidades detectadas en el ejercicio del gobierno desde que se creó la ASF.

En una primera entrega, en 2016, la PGR depositó al gobierno estatal 250 millones de pesos y posteriormente, en enero de 2017, le reintegró 172 millones de pesos desviados a las cuentas de dos empresas privadas; en diciembre del año pasado, le devolvió 40 millones de pesos más.

En bienes inmuebles, la dependencia encabezada por Alberto Elías Beltrán y la Fiscalía General de Veracruz aseguraron en conjunto ranchos, casas, departamentos, cuentas bancarias y colecciones de arte, derivado de las investigaciones que llevan a cabo contra el ex priísta, acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Apenas el miércoles pasado, la PGR entregó al gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, cuatro departamentos del edificio Pelícano, localizado en una zona exclusiva de Boca del Río, que eran propiedad de Duarte de Ochoa y que tienen un costo superior a los 10 millones de pesos.

Antes, el 26 de marzo pasado, las autoridades veracruzanas incautaron el rancho La Cartuja, propiedad del hermano del ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, uno de los operadores y prestanombres del ex mandatario.

Yunes Linares dio a conocer en ese momento que la propiedad se ubica en Naolinco y está valuada en 40 millones de pesos, sin embargo, su valor comercial se calcula en más de 100 millones pesos, puesto cuenta con un lienzo charro, canchas de fútbol y bádminton.

Tras la fuga de Duarte de Ochoa, en octubre de 2017, luego de solicitar licencia al cargo, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR cateó cinco casas del ex priísta en la Ciudad de México, ubicadas en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Días después, personal de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR cateó y aseguró el rancho Las Mesas, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, aparentemente utilizado por Duarte de Ochoa como casa de descanso; en la propiedad, de unas 200 hectáreas, presuntamente se invirtieron 200 millones de pesos del erario de Veracruz.

En noviembre de 2016, la Procuraduría General de la República informó el aseguramiento de 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades al ex mandatario.

Un mes después, el gobierno de Veracruz tomó posesión del rancho El Faunito, en el municipio de Fortín de las Flores, que tiene alrededor de 60 mil metros cuadrados y cuenta con una casa principal, con más de 15 habitaciones; está equipado con una cava con vinos nacionales e importados.
Según autoridades era otro de los lugares predilectos de descanso de Duarte de Ochoa, está valuado en más de 200 millones de pesos.

El 20 de febrero de 2017, el mandatario Miguel Ángel Yunes dio a conocer el aseguramiento, derivado de una denuncia anónima, de una bodega en Córdova en la que se depositaron diversos bienes de su antecesor, Javier Duarte, y su esposa, Karime Macías.

Entre los objetos localizados se encuentran 17 obras arte, cajas con documentos relacionados con la planeación, preparación y ejecución de acciones para desvías recursos públicos en beneficio del ex gobernador y de sus cómplices.

“En cuentas bancarias tenemos más de 700 millones de pesos y cientos de millones de pesos en bienes inmuebles que se han recuperado para los veracruzanos”, señaló Yunes Linares.

Además, el mandatario afirmó que recuperó un avión Learjet 45 valuado en 40 millones de pesos y un helicóptero con costo de aproximadamente 25 millones de pesos.

Los terrenos, ranchos, mansiones y demás inmuebles lo habrían adquirido Javier Duarte a través de sus prestanombres, Moisés Mansur Cisneros, Javier Nave Soria, entre otros.

El Universal
Manuel Espino Bucio
Ciudad de México
Domingo 15 de abril de 2018.


En Coahuila 'Uso de fracking afectará los sectores productivos'


Piedras Negras.- Libson Valdés también refirió que el inicio de la actividad de exploración y explotación del Campo Olmos, también implicará la generación de empleo.
       
Para Morris Libson Valdés, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Piedras Negras, considera que la empresa Lewis Energy podría iniciar sus actividades en Coahuila con la perforación de manera tradicional y tras analizar sus campos, utilizar la técnica de fracking.
El empresario consideró que es un tema relevante y que estaba en proceso la negociación de la empresa con Petróleos Mexicano, aunque ésta se había detenido por la caída del precio del petróleo en los años anteriores.

Refirió que actualmente el precio del petróleo está por arriba de los 60 dólares y consideró que en los años siguientes comenzará a darse la actividad en esta materia.

Libson Valdés también refirió que el inicio de la actividad de exploración y explotación del Campo Olmos, también implicará la generación de empleo y presiones en nuevos temas relacionados con el recurso humano, los aspectos de la infraestructura necesaria para dicho sector energético.

Además de presiones en aspectos de la proveeduría, pues el citado consejo ha buscado que este tema sea atendido por los negocios locales, además del uso del agua considerando que la técnica de fracking requiere de una gran cantidad del vital líquido.

'Uso de fracking afectará los sectores productivos'
       
Para la asociación civil ambientalista, Amigos del Río San Rodrigo, ni México, ni la región Norte de Coahuila no están preparados para implementar el uso de la técnica de fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales, pues pone en riesgo no solo el acuífero Allende - Piedras Negras, sino a todos los sectores productivos de la región.

Waldo Terry Carrillo, presidente del organismo defensor del medioambiente en Piedras Negras, refirió que tal técnica tiene serios impactos sobre el aire, el suelo, así como el agua, pues todo lo contamina.

Lo anterior al cuestionarle su opinión en torno al anuncio de la firma del primer contrato de servicios integrales de exploración y extracción (CSIEE) para el yacimiento no convencional “Olmos”, en el estado de Coahuila, entre Petróleos Mexicano (PEMEX) y la empresa norteamericana Lewis Energy.

Refirió que se afectarán las actividades económicas tradicionales del norte de Coahuila como el cinegético, así como en las producciones agrícolas y ganaderas de la región, pues en el caso de la región de los Cinco Manantiales se abastece del acuífero Allende - Piedras Negras.

"Según información del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado (POETE), está en una situación de equilibrio entre recarga y extracción, o sea que ya no se le puede sacar agua y además ese acuífero es susceptible de contaminarse por la inyección de productos químicos que se utilizan para el fracking. Eso nos va aflorar en ríos y manantiales", explicó Terry Carrillo.

El Siglo Coahuila
René Arellano
Piedras Negras Coahuila
Martes 27 de marzo de 2018.


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió en enero pasado dos denuncias penales contra el gobierno de Graco Ramírez por un supuesto desvío de recursos cometidos en el ejercicio fiscal del 2016, por un monto de 534 millones de pesos.

Lo anterior se desprende del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública del 2016 de la ASF, que calificó al estado de Morelos como una entidad en alta situación de riesgo para cumplir con el principio de sostenibilidad, debido a que presentaron déficit en el balance presupuestario de recursos disponibles y en el balance primario de recursos disponibles.

Es decir, Graco Ramírez no sólo llevó a Morelos a la insolvencia presupuestal, sino que, además, en los próximos cuatro años la entidad sufrirá de un deterioro y de una crisis presupuestal que lo podría llevar a la cancelación del pago de la deuda pública constituida en más de ocho mil millones de pesos.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, emitido en febrero pasado por la ASF, se evidencia que el gobierno del perredista cayó en un subejercicio por la cantidad de 162 millones de pesos.

Empero, lo más grave viene en el resultado de las auditorías, en las que se observan irregularidades financieras en la cuenta pública del gobierno de Morelos en el ejercicio fiscal de 2016 y correspondientes a las participaciones federales, por un monto de tres mil 42 millones de pesos, de los cuales aún no ha logrado solventar 959 millones de pesos.

Dentro del gasto federalizado programable, en la cuenta pública de 2016, se realizaron observaciones por un monto de dos mil 62 millones de pesos; misma cantidad que el gobierno de Graco Ramírez no ha solventado, es decir, no ha comprobado en qué se invirtió y gastó.

Con ello, el gobierno de Graco Ramírez enfrenta pliegos de observaciones acumulados desde el 2012 y hasta el 2016 por un monto global de cuatro mil 420 millones de pesos, que no ha podido solventar y que podrían representar un desfalco económico a la hacienda pública estatal.

Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación inició procedimientos para que el gobierno de Graco Ramírez reintegre a la Hacienda Pública Estatal y Federal 297 millones de pesos. En contraste, empezó demandas penales por un probable desvío de recursos por 534 millones de pesos, equivalente a lo que se invirtió para la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo.

Proceso
Jaime Luis Brito
Cuernavaca, Morelos
Miércoles 21 marzo 2018.


El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó ayer las listas de candidatos plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados.

La secretaria general del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, encabeza la lista de plurinominales a la Cámara Alta.

Le siguen el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves Del Olmo; la jefa de oficina de la campaña presidencial de José Antonio Meade, Vanessa Rubio; el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y la ex presidenta del partido Beatriz Paredes.

Además, el ex gobernador del Estado de México Eruviel Ávila; la secretaria jurídica del partido, Carolina Viggiano; Pablo Gamboa, hijo del actual coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, y Lorena Ruiz Sánchez, entre otros.

Los plurinominales suelen entrar a cada una de las cámaras de acuerdo con la votación que obtenga el partido. Los primeros sitios son los más peleados, pues aseguran un lugar. Anoche seguían los priístas en revisión de las listas.

A la Cámara de Diputados va en primer lugar el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien podría mantenerse como presidente del partido y además ser candidato por la vía plurinominal.

A Ochoa Reza le siguen el secretario de Organización del partido, Rubén Moreira; el dirigente de la CNOP, Arturo Zamora; el de la CNC, Ismael Hernández; el de la CROC, Isaías González, y Fernando Galindo, actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

En la lista también están la ex dirigente del partido Dulce María Sauri; Augusto Gómez Villanueva, quien es cercano a Meade, y la ex comisionada presidenta del INAI Ximena Puente de la Mora.

Del grupo Estado de México, para diputados plurinominales van el secretario de Finanzas del PRI, Luis Vega; el ex secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda; el dirigente del tricolor mexiquense, Ernesto Nemer; la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ana Lilia Herrera; Israel Betanzos, cercano a Cuauhtémoc Gutiérrez, y Alfredo Villegas.

Según fuentes del PRI, el aspirante a la candidatura presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, revisó las listas hasta la madrugada de ayer.

Top secret tricolor

La Comisión Política Permanente que encabeza el dirigente del partido, Enrique Ochoa Reza, fue convocada para reanudar sesión a las 12:00 horas de ayer en la sede nacional priista.

Sin embargo, de última hora a los consejeros se les citó a las afueras del Auditorio Nacional a las 11:15 horas, donde abordaron autobuses, pero no se les informó hacia a dónde se dirigían, según relataron algunos de los integrantes de la comisión. Al abordar los autobuses se les retiró el teléfono celular.

La Comisión Política Permanente sesionó en Toluca, en la sede del PRI en el Estado de México.

“La sesión de la Comisión Política Permanente para la aprobación de las listas se llevó a cabo en el Salón Presidentes del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de México.

La sede convocada originalmente se modificó, en virtud de que se tuvo conocimiento de la probable toma de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional”, justificó la dirigencia nacional del tricolor a través de un comunicado.

En el mismo comunicado se explicó que los comisionados fueron enterados del cambio de sede debidamente y prueba de ello es que acudió un número mucho mayor al quórum necesario para sesionar, aunque no se expuso el número.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 19 marzo 2018.

  • En una entrevista con The Wall Street Journal,  el exfiscal electoral, Santiago Nieto acusó que un funcionario buscó darle dinero para silenciarlo, y que además lo han amenazado.


    El exfiscal electoral, Santiago Nieto, acusó en una entrevista con el diario The Wall Street Journal que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto buscó darle dinero, para que guardara silencio sobre el caso Odebrecht.

    Esto después de que lo despidieran de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuando indagaba el caso de sobornos de Odebrecht y la probabilidad de que estos recursos hubieran llegado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

    “Intentaron comprarme para que guardara silencio”, dijo Nieto, de acuerdo con WSJ. Ante ese ofrecimiento, respondió: “Lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto”.

    El funcionario que presuntamente buscó darle dinero, según el reporte, fue Jorge Márquez. Este último, si bien confirmó que tuvo una reunión con Nieto, rechazó haberle ofrecido dinero, reportó WSJ. El diario además indicó que Márquez ya no trabaja para el gobierno federal, tras estar en Gobernación.

    Santiago Nieto fue removido de la Fiscalía electoral el pasado 20 de octubre por “violar el Código de Conducta de la institución”, de acuerdo con la Procuraduría General de la República.

    La decisión fue tomada por el actual encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, luego de que Nieto declarara en entrevista con el diario Reforma que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le envió una carta en la que le pedía que no lo inculpara en el caso de presunto desvío de recursos a favor del PRI, durante la campaña presidencial de 2012.

    Por este caso, que involucraba presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, Fepade abrió una carpeta de investigación para indagar si parte de los recursos habrían financiado la campaña de Enrique Peña Nieto, sin que hasta ahora haya funcionarios procesados.

    Teme por su vida

    En la entrevista con WSJ, Nieto dijo que la controversia por la carta de Lozoya fue parte de un esfuerzo más amplio para que saliera de la FEPADE y silenciarlo.

    El funcionario federal que lo citó en un hotel, de acuerdo con Nieto, presuntamente le dijo que el gobierno quería mantener una buena relación con él, y que “como un gesto de buena fe”, le ofrecían dinero, al quedarse sin trabajo luego de ser despedido de la FEPADE.

    Nieto, agregó el reporte de WSJ, detalló que antes de que lo despidieran había solicitado información bancaria a las Islas Caimán, y documentos a autoridades brasileñas, para establecer si se podían presentar cargos contra Lozoya.

    El extitular de la Fepade señaló que los esfuerzos para tratar de callarlo, sobre el caso Odebrecht, incluyeron amenazas, que llegaron de forma anónima vía Telegram. “Un consejo, mantente lejos de los problemas”, dice uno de los mensajes que recibió, y que WSJ dijo haber revisado.

    En la entrevista, Nieto también relató que quien era su esposa recibió fotos de él junto a otra mujer, y que el matrimonio terminó pronto.

    Respecto a sus razones para hablar en este momento, Nieto dijo que teme por su vida y las de sus dos hijas adolescentes. Mencionó que ya reportó las amenazas que recibió a la PGR.

    El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina.

    Luis Alberto de Meneses y Luiz Mameri e Hilberto da Silva, ex directivos de Odebrecht que colaboran en la investigación Lava Jato —por los sobornos de la constructora—declararon haber transferido a Emilio Lozoya sobornos por cerca de 10 millones de dólares, a cambio de su apoyo como funcionario público en México para obtener contratos de obra pública, lo cual fue rechazado por el exfuncionario federal.

    Esta es la aclaratoria de Jorge Márquez Montes sobre los señalamientos de Nieto.

    En relación a la nota publicada por su diario, derivada del reportaje del Wall Street Journal titulado “Ex-Mexican Prosecutor Says He Was Fired to Stymie Corruption Probe”, me permito comunicarle lo siguiente:

    Como funcionario de la Secretaría de Gobernación, mis responsabilidades incluían el mantener una comunicación plural con los distintos actores políticos, sociales e institucionales del país.

    Fue en ese marco que durante los 5 años y 2 meses que laboré en la SEGOB, sostuve encuentros con Santiago Nieto Castillo.

    Sin embargo, las imputaciones que hace el señor Nieto Castillo son absolutamente falsas y carecen de cualquier sustento. Es por ello que las rechazo categóricamente.

    Me he desempeñado como funcionario público por más de 20 años, y siempre lo he hecho con honradez, compromiso y entrega.

    Agradecemos se haga la aclaración correspondiente, y quedo en toda la disposición de hacer las precisiones necesarias, con respecto a esta publicación o cualquier otra.

    Animal Político
    Ciudad de México
    Jueves 15 marzo de 2018.


Ciudad de México. - El candidato presidencial del PRI-PVEM-NA, José Antonio Meade, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) debe explicar a la sociedad las decisiones que toma, ello en el ánimo de dar respeto y autonomía a lo que hace.

Meade Kuribreña fue cuestionado sobre la decisión de la PGR de no ejercer acción penal en contra del exgobernador César Duarte, quien está acusado de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

"En el caso de la Procuraduría, en ese mismo ánimo de darle respeto y autonomía a sus decisiones, debe corresponder a esa autonomía con la capacidad frente a la ciudadanía y a la sociedad, y explicar todas y cada una de sus decisiones. A nosotros nos toca exigir, y lo vamos a hacer siempre, que el Ministerio Público actúe frente a la presencia de cualquier delito", señaló.

El candidato presidencial se reunió con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo.

A su salida, en declaración a medios de comunicación, expuso que a su vez, el Ministerio Público debe explicar al 100% sus decisiones frente a la ciudadanía y la sociedad lo que quiere es un MP y una Procuraduría que actúe.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 14 marzo 2018.


Hay un juego de bandidos y delincuentes en el mismo gobierno federal, que están sujetos a chantajes del exgobernador de Chihuahua y por ello claudica la PGR, denunció el gobernador


Ciudad de México.- El gobernador Javier Corral Jurado señaló que el cinismo con el que actúa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el uso de instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es preocupante, luego que decidieron no ejercer acción penal contra César Duarte Jáquez, por el presunto desvío de recursos públicos a través del banco Unión Progreso.

“Hay un cinismo sin límites en el país, por el manejo de la Procuraduría General y de la presidencia de la República, sobre estos casos, ya es vergonzoso. ¿Qué va a suceder?  Este es un mensaje a la sociedad brutal: impunidad, exoneración, protección para los pillos que pertenezcan al PRI y persecución política; uso faccioso de instituciones como la PGR y la Secretaría de Hacienda a opositores del presidente de la República. Están arriesgando la gobernabilidad del país, están provocando al pueblo de México en su irritación”, advirtió.
 
Corral dijo que también les preocupa la manera en la que presenten las solicitudes de extradición de César Duarte, ya que no les han dado acceso a conocer la forma en que las han pedido al gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, anunció que continúan las diligencias como cateos, embargos, pesquisas y aseguramientos, dentro de la investigación de la red de corrupción que operó Duarte y que ha alcanzado a exfuncionarios y empresarios.

“Durará un buen tiempo porque lo que hemos investigado no sólo es la acción de un corruptor, sino de una red de corrupción que se extendió en diversos ámbitos que involucró a muchos funcionarios y particulares a quienes se les disfrazó emergentemente, de empresarios”, agregó.

La preocupación del uso de la PGR aumentó porque el martes pasado la dependencia determinó no ejercer la acción penal contra Duarte Jáquez, por el presunto desvío de por lo menos 65 millones de pesos a través del banco Unión Progreso y delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y lavado de dinero, según el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014/09.

“Está ante nosotros con toda claridad el cinismo de un régimen que utiliza a la PGR para perseguir a sus adversarios políticos, a sus opositores y para exonerar y proteger a los miembros de su partido, a los allegados del presidente de la República. Esta resolución lo que nos confirma es que el presidente de la República no ha podido superar el compromiso político de protección que tiene hacia el exgobernador de Chihuahua, César Duarte”, insistió Corral.

Refirió que en esa carpeta de investigación se acreditan varios delitos del orden federal y ha sido robusta en elementos probatorios, que se han discutido ampliamente durante tres años y que deberá enfrentarse mediante recursos de amparo, por lo que ofreció apoyo al promotor de esa denuncia, el abogado Jaime García Chávez.

“Yo ofrezco toda la coordinación posible y necesaria con el promovente de esta denuncia, el licenciado Jamie García Chávez, para en acción coordinada enfrentar esta intentona de impunidad desde la PGR a César Duarte Jáquez. Decirle a Jaime Gracía Chávez que debe resistir esta resolución e ir a la justicia federal contra la inacción de la PGR que desde un principio supimos que estaban batiendo el expediente.

“El encargado de la investigación, a quien se le depositó la investigación de los delitos de abuso de uso indebido de facultades y competencias, de peculado, lavado de dinero, lo que hizo a lo largo de la investigación, fue justificar los ingresos al acusado, no indagar las acusaciones. Es de vergüenza hasta dónde un régimen como el que encabeza el presidente de la República, a través de la PGR, es de escándalo lo que están haciendo. Es el brazo armado de la guerra sucia del PRI en defensa de los priistas corruptos”, dijo.

Jaime García Chávez, quien también es líder de la organización Unión Ciudadana, denunció la red de complicidad entre Enrique Peña Nieto y César Duarte, para que éste continúe prófugo.

“Algo hay muy fuerte entre Peña Nieto, (Emilio) Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones y (César) Duarte, que se le protege a lo máximo que se puede. Ahí está el punto”, acusó y dijo que hay un juego de bandidos y delincuentes en el mismo gobierno federal, que están sujetos a chantajes del exgobernador de Chihuahua y por ello claudica la PGR.

Proceso
Patricia Mayorga
Ciudad de México
Miércoles 14 marzo 2018.


El candidato del PRI-PVEM-Panal a la Presidencia de México, José Antonio Meade, fue abucheado por asistentes a un evento de la empresa Omnilife celebrado este mediodía en el Estadio Akron.

De acuerdo con videos compartidos por los presentes, a través de redes sociales, el aspirante habría sido invitado por el empresario Jorge Vergara, dueño de Omnilife, a "Xperiencia Extravaganas 2018".

En los videos se escucha el abucheo generalizado, los chiflidos y los gritos de "¡Fuera, fuera!" de los cientos de asistentes en el momento que el candidato del PRI tomó la palabra.

Antes de presentar a Meade, Vergara hizo una introducción de la importancia de elegir con responsabilidad al Presidente de un País, en específico de México, para que no terminen como Venezuela, donde Nicolás Maduro los tiene en la quiebra, aseguró.

"Decidí que este año íbamos a hacer algo muy importante que era conocer a algún candidato a la Presidencia, presentárselos a ustedes y por supuesto ya lo conozco, me he hecho amigo de él y creo que es una gente que tiene valores muy parecidos a Omnilife", dijo el también dueño de Chivas.

Sin embargo, los miembros de Omnilife no respondieron de la misma manera y "golearon" al candidato del PRI con rechiflas, consignas y abucheos.

Xperiencia Extravaganas 2018 es un evento en el que empresarios comparten sus experiencias y miembros de Omnilife reciben capacitaciones en varios temas.

En su visita a Guadalajara, Meade también sostuvo un encuentro por la mañana con priistas de la Asociación Unidad Revolucionaria de Jalisco, a quienes aseguró que ganaría la Presidencia.

Reforma
Jonathan Bañuelos
Guadalajara, Jalisco, México
Sábado 10 de marzo de 2018.


Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública con el gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.


Innovación Integrada S. A. de C. V., propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las compañías subcontratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas para prestar servicios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.

Esta forma de contratación es parte del esquema de desvío de recursos públicos documentado en la investigación La Estafa Maestra, en la que dependencias del gobierno federal contratan a universidades para hacer supuestos servicios y éstas a su vez subcontratan a empresas ilegales, que no cumplen con los servicios o los realizan con sobrecostos, según han planteado diversas auditorías.

Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública del gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.

Pese a los señalamientos y críticas por un presunto conflicto de interés entre Hinojosa y el mandatario, la empresa Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos entre 2015 y 2017 a través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no fue elegida en un concurso público en el que haya resultado como mejor opción— del ISSSTE, Sedatu y Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la Secretaría de Economía.

Contratos bajo el esquema de La Estafa Maestra

La triangulación de recursos fue el esquema que se aplicó entre la Sedatu y la empresa de Hinojosa.

La Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas para realizar una aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación(ASF) en la auditoría 195-DS realizada a la institución como parte del informe de Cuenta Pública 2016.

La Universidad a su vez subcontrató a la empresa Innovación Integrada para realizar el trabajo a través de un contrato por 5 millones 568 mil pesos provenientes de la Sedatu.

La contratación fue por asignación directa apelando a la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones cuando solo existe en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el servicio sea con fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre natural, entre otros.

En este caso no se cumplen los criterios para que la Universidad haya optado por la asignación directa a la empresa, y solo “evadió la licitación”, según la Auditoría. Por ello, al contratar a Innovación Integral “no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez” y, por tanto, “no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad financiamiento y oportunidad”.

Al revisar el cumplimiento del servicio, la empresa proporcionó evidencia de los trabajos y la Auditoría comprobó que la aplicación móvil estaba en funcionamiento, pero la compañía “no acreditó los insumos tanto humanos como materiales que presumiblemente utilizó, ni presentó evidencia de la integración de los costos para ejecutarlos”.

La Universidad tampoco pudo comprobar que hubiese hecho algún cálculo e integración de costo sobre los servicios, lo que evidencia que la institución cobró “de forma discrecional sin una base de costos”.

Incluso en el convenio SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 realizado entre la Universidad y la dependencia el 1 de marzo de 2016 (un mes después del contrato con la empresa) para “servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu”, por 18 millones 860 mil pesos, la institución sólo pudo comprobar el pago de 5 millones 658 mil pesos a Innovación Integrada, según el contrato mostrado a la Auditoría.

El resto del dinero se considera como un sobrecosto “en beneficio de la universidad y lo utilizó para fines distintos a los servicios convenidos con la Sedatu”, dice la Auditoría.

Animal Político acudió a la sede de Innovación Integrada, en Santa Fe, Ciudad de México, un lujoso complejo de oficinas, pero no se permitió la entrada y la mujer que atendió por teléfono informó que la empresa no daría información adicional a la que entregó a la Auditoría en 2017, ni nada respecto a Juan Armando Hinojosa Cantú.

 Más contratos

Innovación Integrada S. A. de C. V. recibió cuatro contratos más mediante asignación directa, es decir, sin competir con otras empresas, según información publicada en la plataforma Compranet, donde la administración pública federal está obligada subir los contratos con empresas.

El contrato con el ISSSTE es por el mismo objeto que el convenio de Sedatu: hacer un “sistema de control de la estrategia de inclusión nacional”, por el que la empresa cobró 5 millones 200 mil pesos en un contrato con vigencia de julio a diciembre de 2016.

El funcionario encargado de la contratación fue Raúl Marmolejo Pacheco del Departamento de control de servicios operativos, según la información de Compranet. Sin embargo, el ISSSTE no publicó las razones por la que el contrato fue otorgado por asignación directa. Tampoco se encuentra el contrato completo sino un documento con “datos relevantes del contrato”, que sólo incluyen datos del funcionario público y el monto pagado, pero ningún desglose del servicio ni más datos de la empresa que el nombre.  

Animal Político preguntó al ISSSTE por qué benefició con una adjudicación directa de más de 5 millones a la compañía fundada por Juan Armando Hinojosa, y la respuesta fue que la empresa fue beneficiada sin pasar por una licitación porque “acreditó los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, y porque era la mejor opción económica para el Estado, ya que según una “investigación de mercado” esta sociedad daba los servicios entre un 13 y 23% más barato “que las empresas competidoras”.

No obstante, el ISSSTE no precisó en su escrito cuáles son las empresas que supuestamente compitieron por el contrato, ni entregó el “estudio de factibilidad” a partir del cual se le otorgaron recursos públicos a Innovación Integrada.

Además, los argumentos esgrimidos por el ISSSTE en su escrito tampoco coinciden con la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; el cual, como ya se expuso líneas arriba, permite las adjudicaciones directas solo cuando hay un único proveedor capaz de dar un servicio; que el servicio sea con fines militares; o que se ponga en riesgo la seguridad nacional si la contratación del proveedor se realiza mediante licitación pública, entre otros.

Cursos millonarios… de una semana

Innovación integrada recibió 4 millones 777 mil pesos de tres contratos directos por parte de Exportadora de Sal, S. A. de C. V., una compañía dependiente de la Secretaría de Economía, productora y proveedora de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca del pacífico.

Por un “estudio de evaluación y diagnóstico” cuyo contrato tuvo vigencia de una semana (del 15 al 22 de diciembre de 2015) la empresa cobró 2 millones 874 mil pesos y el contrato también fue otorgado por adjudicación directa.

En 2016, Innovación Integrada ganó 1 millón 300 mil pesos por un “programa de capacitación en SAP” del 2 al 9 de mayo; al siguiente año cobró 602 mil pesos por el servicio de “capacitación a usuarios”, del 12 al 31 de octubre de 2017. Las tres contrataciones fueron realizadas por la funcionaria Victoria Vergara Flores, de la Gerencia de adquisiciones y almacenes de Exportadora de Sal.

Animal Político buscó a Exportadora de Sal, pero no hubo respuesta.

Una empresa de familia

Innovación Integrada SA de CV es una de las múltiples compañías del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y sus familiares más cercanos.

De acuerdo con su acta constitutiva, cuya copia guarda Animal Político, esta sociedad fue creada el 4 de enero de 2013 en Toluca, Estado de México, y se dedica a múltiples giros relacionados con proveer servicios de “telecomunicaciones” y “tecnologías de la información”.

Los fundadores de Innovación Integrada SA de CV son el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y su socio Alberto del Moral González, quien tal y como consta en su perfil de Facebook y en múltiples notas de revistas de sociedad, es pareja sentimental de María Teresa Hinojosa García; una de las dos hijas de Juan Armando Hinojosa.

Un mes después de la fundación Innovación Integrada SA de CV, el 15 de febrero de 2013, tanto Hinojosa Cantú como Alberto del Moral cedieron sus acciones a otras dos personas. Pero no formalizaron este cambio ante el Registro Público de Comercio hasta más de cuatro años después, el dos de junio de 2017.

A pesar de la venta de acciones de Juan Armando Hinojosa, su familia mantuvo la presencia en la compañía a través de María Teresa Hinojosa García, quien ocupa el cargo de comisaria en la misma. ‘Maritere’ Hinojosa es la encargada de vigilar el correcto funcionamiento financiero de esta sociedad.

Animal Político
Nayeli Roldán
(@nayaroldan)
y Manu Ureste
(@ManuVPC)
Ciudad de México
Viernes 9 marzo 2018.

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