Tlaxcala. - El cuerpo de Jazmín Contreras López, desaparecida desde el pasado lunes 16 de octubre, fue localizado anoche con huellas de tortura en un cerro de San Cosme Mazatecochco, en Tlaxcala.

La joven de 19 años nunca llegó a su hogar del mismo Municipio, desde que salió a las 16:00 horas de su trabajo, informó su familia a medios de comunicación de la entidad.

Tras cuatro días de búsqueda, el Grupo Especializado al Combate del Delito de Secuestro de la Policía de Investigación encontró el cadáver de la mujer, quien, según la versión de sus allegados, estuvo plagiada.

La información de medios locales, como la agencia Quadratín, señala que los supuestos secuestradores pidieron cinco mil pesos a la familia para liberarla.

Aunque en Tlaxcala y Puebla han exigido la emisión de alerta de género tras los recientes feminicidios en esos estados, la Secretaría de Gobernación no lo ha hecho.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 21 octubre 2017.

Desvió Javier Duarte 2 mmdp en ‘prensa’: Auditoría

La Secretaría de Finanzas del gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó millonarios recursos por concepto de “difusión” a decenas de empresas ajenas a la comunicación, con domicilios fiscales falsos e incluso boletinadas por la Secretaría de Hacienda como “inexistentes”.

Durante las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al ejercicio fiscal de 2016, el último de Duarte de Ochoa, detectó anomalías administrativas o un posible desvío de recursos públicos por 2 mil 284 millones de pesos, que representan casi el presupuesto total de un año de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Si bien en los pagos por difusión aparecen medios de comunicación legalmente establecidos, con empleados y circulación; en las listas incluidas en la Cuenta Pública de 2016, figuran constructoras, inmobiliarias y distribuidoras con graves irregularidades e incluso “fantasmas” que recibieron millones de pesos sin comprobar algún servicio.

Un gran número de estas empresas fantasmas reportaron domicilios fiscales en el estado de Puebla, donde al hacer una investigación periodística, se detectó que en lugar de compañías hay casas habitación, comercios y departamentos donde los vecinos desconocen su operación.

Se halló, por ejemplo, que dos empresas tenían la misma dirección en Puebla. Se trata de Constructora Haguen y Edificaciones Abnegatio, con dirección en Río Balsas 6410, a las que se les pagaron 71 millones de pesos.

En una visita física a la dirección se encontró una modesta casa de dos pisos, la segunda planta sin acabados, con un local comercial cerrado y sin que los vecinos ubiquen a las compañías. Tres empresas más compartían otra dirección en Puebla: Edificaciones Abissimus, Edificaciones Aperire y Logística Empresarial Pitra con dirección en Arboledas 31, colonia Bello Horizonte, a las que en conjunto se les pagó más de 250 millones de pesos.

Al hacer una verificación física de la dirección se encontró una casa habitación de un piso en color blanco y los vecinos reportaron que siempre ha vivido ahí una familia.

La Constructora Cehya recibió un pago de 75 millones de pesos y reportó como domicilio fiscal la avenida 25 Poniente 104 de la ciudad de Puebla, donde se localizaron locales de comida y departamentos de clase popular sin que vecinos tengan registro de la operación de esa constructora.

En la lista aparecen otras empresas de Puebla de las que no hay registros en internet de sus operaciones y que recibieron millonarios recursos del gobierno de Veracruz. También aparece edificaciones Tatsumi, dedicada al comercio al por mayor de materiales de construcción, la cual recibió 64 millones de pesos.

Durante 2016, se detectó un presunto desvío de recursos públicos de 6 mil 883 millones de pesos, de los cuales 2 mil millones corresponden a este caso de empresas ajenas al área de medios de comunicación.

El Universal
Edgar Ávila/Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Sábado 21 de octubre de 2017.


El daño patrimonial de Duarte a Veracruz es de 12,592 millones, y sólo 2016, dice la Cuenta Pública

Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas robaron las cantidades más fuertes los últimos dos meses de su administración; hay perdidos mil 134 millones de pesos.

Veracruz/Ciudad de México. - Durante el último año de su Gobierno, Javier Duarte de Ochoa y su equipo de colaboradores le sacaron dinero a todos los cajones a los que tuvieron acceso. Eso dice la Cuenta Pública 2016.

Aunque contaba con numerosas denuncias de alcaldes por retención de recursos, de proveedores que reclamaban pagos y ya existía la sospecha de una red de empresas fantasma, la administración de Duarte exprimió aún más las finanzas estatales, de acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior sobre la Cuenta Pública 2016.

El informe, que ya está siendo analizado por la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública del Congreso local, expresa que el presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de Veracruz asciende a 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos con 29 centavos.

De ese dinero, 718 millones 497 mil pesos corresponden a daño en ayuntamientos y 11 mil 873 millones 752 mil 609 pesos con 80 centavos, en Cuenta Pública Consolidada.

Las observaciones más fuertes son tres: la Coordinación de Comunicación Social en los tiempos de Alberto Silva, por 2 mil 268 millones de pesos; otra de 2 mil 257 millones a recursos para los ayuntamientos que les fueron retenidos, y no aparecen; y la tercera por mil 249 millones de pesos a más de 20 dependencias estatales que pagaron sobrecargos por multas y créditos fiscales, todas, por no haber contado con el pago en tiempo y forma.

Hasta octubre de 2016, el todavía Gobernador veracruzano, Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas se robaron incluso tres préstamos bancarios que en conjunto suman mil 026 millones de pesos.

ROBÓ A MUNICIPIOS

El 2016, su último año, según el documento citado, se hace evidente que fue el año en que más recursos exprimió Javier Duarte de Ochoa al erario, esto se infiere del análisis a una tabla presentada en el documento dentro de la observación FP-014/2016/019 DAÑ, en la que se enlistan las aportaciones de la Federación para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Si se les da seguimiento a las fechas, antes de la jornada electoral (en junio) en la que perdió el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ve que antes y hasta octubre, cuando pide licencia Duarte, se da la mayor actividad de saqueo a ese fondo.

Así, en enero de este año, fueron retenidos a los alcaldes 177 millones; en febrero, 107; en marzo, 458; en abril, 77; en mayo, 70; en junio, 427; en julio 589; en agosto, 70; en septiembre 588; y en octubre, 546.

En noviembre, con el Flavino Ríos como Gobernador interino, se retuvieron 900 millones de pesos; y en diciembre, con el nuevo Gobierno, no hay retención. Todo fue pagado.

Esa observación suma 2 mil 257 millones de pesos para el FISM que no llegaron a las tesorerías de los 212 municipios. Hasta la fecha no se tiene pista de la gran parte de ese dinero que los alcaldes ahora le reclaman a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, y ello derivó en que algunos ayuntamientos implementaran un esquema de “licuadora” para salir de aprietos financieros, además del despido de personal y la precarización de servicios públicos.

De esta manera, Duarte de Ochoa robó las cantidades más fuertes el mes de su salida y el mes previo, periodo en el que suman mil 134 millones de pesos de los que hasta ahora no se tiene conocimiento en donde quedaron, o si el ex Gobernador se los llevó consigo para su plan de fuga.

Lo cierto es que, durante su cacería, las autoridades encontraron diversas casas en donde Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías pasaron tiempo escondidos en México y el extranjero, en las que decomisaron fuertes cantidades de efectivo.

ROBÓ PRÉSTAMOS

El ex Gobernador, en complicidad con su Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, se llevó más de mil millones de pesos producto de tres préstamos solicitados en el 2016.

Uno es por 300 millones a Banorte, cuyo dinero fue solicitado y ejercido en enero, dice la observación FP-014/2016/036 DAÑ; el segundo fue por 774 millones de pesos, a Fintegra Financiamiento, en abril, señala la observación FP-014/2016/037 DAÑ; y el tercero por 352 millones, con Multiva, de enero, indica el pliego FP-014/2016/038.

En los tres, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) concluye que “no presentaron la justificación, comprobación y documentación”, además no presentaron “evidencia documental original que compruebe y justifique la aplicación de los ingresos provenientes del crédito contratado”.

Es decir, los fondos se pudieron haber usado en lo que quisieron, menos en obra pública productiva. Duarte de Ochoa caracterizó su Gobierno por la constante solicitud de préstamos bancarios para obra pública, carreteras, hospitales y pavimentaciones que sólo quedaban en el evento de la primera piedra, jamás fueron concluidas.

El ex priista tomó las riendas de Veracruz con una deuda con la banca por 17 mil millones de pesos. A su salida, el monto “asciende a 51 mil 783 millones de pesos por concepto de deuda pública de largo y corto plazo, emisiones bursátiles y bono cupón cero”, indica el documento.

NO PAGARON

La observación FP-014/2016/040 DAÑ es por 40 millones de pesos a falta de “recursos financieros en forma oportuna que debió transferirles la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)” a 10 dependencia descentralizadas que tuvieron que pagar recargos y créditos fiscales.

El ORFIS concluye como daño ese dinero, en la lógica de que si se hubiera ministrado en tiempo forma por el dispersor (SEFIPLAN), esos 40 millones hubieran sido destinado a mejoras y cubrir otras necesidades de la administración pública.

EL ÚLTIMO AÑO DE SAQUEOS

Las dependencias del Ejecutivo fueron ordeñadas durante diez meses en 2016; los duartistas no tuvieron descanso:
$242,512,778.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de gobierno durante el 2016
$214,590,971.01
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Seguridad Pública durante el 2016
$724,469,276.44
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Educación de Veracruz durante el 2016
$284,649.56
El presunto daño patrimonial en la Secretaria del Trabajo durante el 2016
$91,441,144.85
El presunto daño patrimonial en la Secretaria Infraestructura y Obras Públicas de durante el 2016
$5,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Turismo durante el 2016
$42,129,821.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario durante el 2016
$28,499,102.90
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Protección Civil durante el 2016
$8,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Contraloría General del Estado durante 2016
$2,284,812,744.86
El presunto daño patrimonial en la Coordinación de Comunicación Social durante el 2016
$184,692,778.79
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Social durante el 2016
$7,988,325.40
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Medio Ambiente durante el 2016.

Sin Embargo
Yerenia Roldón
Ciudad de México
Sábado 21 octubre de 2017.


Entre 2011 y 2016, el gobierno de Rafael Moreno Valle recibió recursos federales para mil 639 proyectos de infraestructura, aunque ejecutó el dinero, las obras aún no están terminadas.

Rafael Moreno Valle Rosas se ha propuesto llegar a la presidencia de la República como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y desde el 1 de febrero se dedica “en cuerpo y alma” a ser el elegido primero de su partido y luego de todos los mexicanos que están en el padrón electoral.

El ex gobernador de Puebla (2011-2017) se ha dedicado a afirmar que es él quien tiene el mejor currículum para competir y ganar; sin embargo, en esa hoja de vida hay, como en la de cualquier desempleado que busca colocarse, datos que no se anotan porque se trata de venderse bien, de convencer, aunque lo que no se anote sea tan grave como retrasos y privilegios para asignar directamente obras con costo al erario.

En esta primera de cinco entregas se expone cómo el autor del libro La Fuerza del Cambio (MA Porrúa, 2017) logró consolidar el mayor monto de obra ejecutado en Puebla, pero ocultó que 7 de cada 10 proyectos se entregaron directamente, sin proceso de licitación, y que, a ocho meses de lanzar la promoción nacional de su libro, esas obras siguen sin concluirse.

Mil 639 proyectos de infraestructura reflejan el compromiso de Moreno Valle Rosas con el desarrollo en municipios, pero presentan retrasos y mínima transparencia. En una revisión de los contratos federalizados de 2011 a 2016 se observa que el gobierno del ex priista dejó mil 251 obras en ejecución que representan 76 por ciento del total de proyectos convenidos.

Del total de obras enlistadas hay mil 266 entregadas sin proceso de licitación, es decir, sin una convocatoria abierta, lo cual contrasta con la alta representación de obras ejecutadas con montos de entre 1 y 2 millones de pesos, que, de acuerdo con la Ley de Egresos del Estado, deben ser considerados en los procesos de licitación.

En el Título Cuarto, Capítulo VI, artículo 60 correspondiente a los montos para la adjudicación de obra pública la Ley de Egresos del Estado indica que montos superiores a 1.7 millones de pesos deben emitirse mediante licitación; montos entre 862 mil 68 pesos a 1.7 millones, en procesos de invitación a cuando menos cinco personas.

El artículo 41 de la Ley de Obras Públicas de la Federación plantea excepciones de licitación pública y que éstas deben cumplir siempre con criterios de economía, imparcialidad y transparencia procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado.

En la administración de Moreno Valle 388 obras concentraron gastos de entre 1 y 2 millones de pesos, el resto de los proyectos se ejecutó con montos menores a 110 mil pesos. Destaca la asignación de recursos a 70 obras que tuvieron un presupuesto superior a 10 millones de pesos, el mayor monto ejecutado por la administración morenovallista.

El gasto en infraestructura marcó el sexenio de Moreno Valle Rosas: al menos una obra de gran magnitud se enlista en cada uno de los seis años de gobierno, tiempo que le permitió construir su plataforma política para intentar ser candidato presidencial del Partido Acción Nacional ejerciendo un gasto de 72 mil millones 538 mil pesos que presumió al término de su sexenio.

La relación con el gobierno federal atrajo más de mil 600 obras a Puebla. En diciembre de 2016, a un mes de dejar el gobierno estatal, Moreno Valle gozaba de una inversión de27 mil millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en infraestructura.

Cuentas del sexto informe de gobierno

En su sexto informe de gobierno, rendido el 15 de enero de 2017, Rafael Moreno Valle dijo que la inversión en infraestructura fue superior a la que se hizo en los 30 años anteriores a su administración.

La realidad: contratos vigentes en 35% de los que son federalizados, lo que equivale a 576 obras, sin considerar las 32 más activas en la administración actual. Cinco se suspendieron y 29 más concluyeron de manera anticipada, es decir, fuera del contrato inicial sin un reporte detallado sobre esta decisión que omitió en su último informe de gobierno.

Moreno Valle entregó 358 obras públicas vía contratos por adjudicación directa, sin competencia entre empresas. La Ley de Obras Públicas, cuya última reforma se publicó el 28 de mayo de 2009, expone en su artículo 42, un total de 15 procedimientos aplicables de cuando se valida una adjudicación directa de obra o invitación directa, en lugar de licitación, haciendo énfasis en riesgo, escenarios obligados, rescisión de contratos y especialización, y resalta siempre la transparencia.

De las obras con recurso federal realizadas en su sexenio, destaca la entrega de 908 contratos mediante el proceso de invitación a cuando menos tres personas, que equivale a convocar a tres empresas, constructores o empresarios, en igualdad de condiciones, que demuestren capacidad. El proceso de invitación a cuando menos tres personas, superó contrataciones efectuadas en licitaciones públicas: 908 frente a 236; estas últimas corresponden a las licitaciones: 231 en el ámbito nacional y 5 en el internacional.

Quien ahora como aspirante presidencial destaca la infraestructura como motor de cambio, arrastra al menos 31 proyectos en educación, urbanización, vivienda, cultura, turismo, transporte y vialidades sin reporte de avance, cuando debieron concluirse entre octubre de 2016 y febrero de 2017, y que en presupuesto representan mil 864.9 millones de pesos.

Rafael Moreno Valle es uno de los mandatarios de Puebla con más recursos gestionados, gracias a 29 programas federales.

El Popular
Lucero Hernández
Puebla, México
Lunes 16 de octubre de 2017.


Es uno de los 5 inmuebles que ha adquirido en los últimos 15 años; quiero y puedo ir por jefatura de Gobierno, afirma la líder del PRD

Aunque mantiene un discurso de austeridad, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, vive en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México: Lomas de Chapultepec. En 2014, quien también se desempeña como senadora, compró esa propiedad con un valor de 13 millones 300 mil pesos. Esto, además de su departamento en Miami.

La casa color mármol de dos pisos, ubicada entre lujosos inmuebles de la octava sección de Lomas de Chapultepec, tiene una superficie de 535 metros cuadrados, cuenta con cámaras de seguridad, puerta automática para estacionamiento y es la penúltima de cinco propiedades que ha adquirido la legisladora en los últimos 15 años. La más reciente —en 2015— es el departamento en Miami con un costo de 14 millones 355 mil pesos.

En la declaración de bienes que la ex lideresa de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación presentó en 2015 al Senado, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, detalla que la casa está ubicada en Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo y fue adquirida el 14 de agosto de 2014 por medio de un crédito bancario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Barrales Magdaleno acepta que vive en la exclusiva zona desde finales de 2014.

“Aún no han utilizado mi casa, el lugar donde vivo, para golpearme políticamente. Vivo en Lomas de Chapultepec”, confiesa.

Al cuestionarla si su propiedad la adquirió en tandas, la presidenta del PRD responde: “Siempre es una posibilidad el que cada quien, con esfuerzo, con trabajo, se pueda hacer de un patrimonio”.

Compra y venta

La presidenta del PRD, quien ha escalado desde 1989 en la base sindical, se dice transparente. Aclara que todas sus propiedades pueden ser consultadas por cualquier persona en la declaración patrimonial alojada en la plataforma 3de3 del Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO).

En entrevista, explica la compra-venta de sus propiedades. En 2014 vendió su antigua casa que habitó por seis años cerca del Parque Hundido. Según los documentos de la 3de3, por esa transacción le pagaron 7 millones 473 mil 427 pesos que sirvieron como enganche para la casa de las Lomas.

Para pagar el resto de la deuda adquirió en 2015 un crédito hipotecario a 30 años con BBVA Bancomer por 4.9 millones de pesos, y cobró un seguro de retiro por un millón 286 mil 291 pesos.

Con esos ingresos que ascienden en total a 13 millones 751 mil 828 pesos, pudo cubrir el total de compra de su casa en las Lomas de Chapultepec.

Cuando adquirió la casa en las Lomas de Chapultepec se desempeñaba como senadora. Para julio de 2015 pidió licencia para sumarse al gabinete del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y justo un año después —julio de 2016— renuncia a su cargo en el gobierno capitalino para asumir la presidencia nacional del PRD, cargo que actualmente ostenta a la par de ocupar su escaño en el Senado de la República.

La ex lideresa sindical de sobrecargos dice que en todo momento ha cubierto 40 mil pesos mensuales de su crédito hipotecario con Bancomer, en gran parte con su sueldo, pero también de otros ingresos que omitió decir.

No obstante, según la declaración de intereses alojada en la plataforma 3de3, en 2015 la dirigente partidista pagaba otro crédito hipotecario en IXE Banco, adquirido en el año 2000 y que hace dos años tenía un saldo pendiente por pagar de 954 mil 409 pesos.

En los documentos de la declaración patrimonial presentados en 2016, Barrales Magdaleno precisa que en 2015 tuvo un ingreso anual por el orden de los 12 millones 430 mil 671 pesos, en el que se incluyen remuneraciones por cargos públicos (1.43 millones de pesos), actividad financiera (1.33 millones de pesos) y por otras actividades, como arrendamientos (9.66 millones de pesos).

“Tengo forma para probar que todo lo que tengo de mi patrimonio es consecuencia de una vida de trabajo, ordenada, de una vida disciplinada, y que además, por fortuna, todo lo que he hecho a lo largo de casi 30 años han sido, en la gran mayoría, en cargos públicos y en todos hay salarios incluso oficiales, que son públicos del conocimiento de todos”.

Integrante del Frente Ciudadano por México con el PAN asegura que nada está definido, ni hay repartición de candidaturas

Barrales Magdaleno está consciente de que su casa en Lomas y el departamento en Miami pueden ser negativos en sus aspiraciones, ya que es seguro que sus detractores, el PRI y el gobierno, van a utilizar el tema en su contra: “No estoy ajena, además, por lo que hago, por mi trabajo, pero además si le agregas que eres mujer y eres de izquierda, pues te hace blanco de todos estos ataques”, afirma.

Lo importante no es solamente tener un patrimonio, sino demostrar cómo es que se adquiere: “Cuando trabajas y cuando te esfuerzas, cuando estás dispuesta a luchar para poder alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas, por supuesto que las puedes lograr. Pero eso implica disciplina, esfuerzo”.

A partir de que asumió su cargo como senadora en 2012, Barrales ha incrementado su patrimonio. En diciembre de ese año adquirió un departamento en Acapulco, Guerrero, con un costo de 8.1 millones de pesos; después, en 2014, compró la casa en las

Lomas de Chapultepec, con un valor de 13.3 millones de pesos y, en 2015 adquirió el departamento en Miami con un valor de 14.35 millones de pesos.

Esas propiedades se suman a tres más que la presidenta nacional del perredismo posee: un departamento en la delegación Benito Juárez, con un costo de adquisición —en 2012— de 1.3 millones de pesos, así como una casa en Cuernavaca adquirida en 2011, por 2 millones de pesos.

Tiene un terreno que le fue heredado en Jilotepec, Estado de México, con un valor de adquisición de 2 millones de pesos.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 13 de octubre de 2017.


La petición está registrada con el número 839/2017 en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal

Un informe oficial indica que, por pedido de la PGR, también la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación de evolución patrimonial

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, interpuso una solicitud de amparo en contra de actuaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En diciembre del año pasado Estados Unidos dio a conocer que la firma brasileña Odebrecht repartió sobornos millonarios en distintos países para obtener contratos de obra pública, entre ellos México.

Según las acusaciones de directivos de la empresa, le fueron entregados 10.5 millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.

La Fepade indaga si parte de estos recursos fueron usados como financiamiento ilegal en la elección de 2012.

La solicitud de amparo está radicada en el Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 839/2017, y se argumenta que Lozoya no ha tenido acceso a la averiguación, y tampoco se le ha solicitado rendir declaración.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 11/10/2017.


La PGR indaga a 13 empresas que tuvieron algún tipo de relación con Odebrecht en los contratos que le fueron adjudicados por Pemex de 2010 a la fecha, entre ellas la Cooperativa La Cruz Azul.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales solicitó a los Registros Públicos de la Propiedad de diversas entidades los informes de dichas compañías, la mayoría subcontratadas por el gigante constructor brasileño y su filial del ramo energético.

Destacan Azul Concretos y Premezclados de la Cooperativa La Cruz Azul y Construcciones Industriales Tapia (Citapia), empresa del hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, que fue subcontratada por Odebrecht y que también conformó con OHL el consorcio ganador del contrato de la planta de hidrógeno y el gasoducto de la refinería de Cadereyta, en 2013.

Entre las empresas hidalguenses sobre las que se rastrean informes están Grupo Rellca, Grupo Constructor Tulancingo y Soluciones Integrales Tollan, registradas en las localidades de Mixquihuala, Tulancingo y Tula. También Argmon's, S.A. de C.V., una distribuidora de materiales en Pachuca.

De acuerdo con información del Gobierno federal, las compañías en cuestión fueron subcontratadas en los cuatro convenios que Pemex adjudicó a Odebrecht y Braskem en los últimos siete años.

Refirma
Abel Barajas
Ciudad de México
Jueves 04 octubre 2017.


Una de las comunidades más pobres del país, San Juan Pilcaya, en la Mixteca Poblana, usada sólo como reserva de votos a cambio de promesas de campaña, se vio sacudida el jueves 21 por una visita relámpago de las más altas autoridades federales y estatales. El presidente Peña Nieto, el gobernador Antonio Gali y miembros de sus gabinetes hicieron acto de presencia en medio de un despliegue de seguridad nunca antes visto por aquí. El acontecimiento provocó el enojo del grupo de estudiantes universitarios que llegaba con ayuda para las víctimas del terremoto y a quienes hicieron a un lado. “¿Por qué no traes comida?”, le espetó una muchacha al primer mandatario. “¡Suerte!”, le contestó él.

San Juan Pilcaya, Pue.- Al efecto devastador del terremoto que dejó casi sin casas ni templo a esta marginada comunidad de la Mixteca Poblana, epicentro del temblor, siguió la aparatosa y efímera presencia del poder político del país y del estado, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.

El jueves 21, dos días después del sismo, el pueblo se convirtió de pronto en una zona de contrastes: las maltrechas calles, que suelen recorrer mulas, caballos y viejos vehículos, se colmaron de camionetas blindadas, automóviles de lujo, patrullas de las policías Municipal, Estatal y Federal, así como camiones militares, mientras siete helicópteros aterrizaban en campos aledaños.

Miembros del Estado Mayor Presidencial, policías federales y soldados armados tomaron el control de la población y acordonaron los espacios para trazarle a Peña la ruta del acceso, mientras decenas de funcionarios poblanos –con camisas y chalecos de sus respectivas dependencias– y coordinadores de giras de secretarías federales ocupaban el techado del lugar sin hacer gran cosa mientras llegaba el mandatario.

Bajo el sol abrasador, tres decenas de universitarios de la capital del estado bajaban de un camión pesadas cajas de víveres y ropa para la población damnificada. El Ejército le cerró el paso al vehículo y tuvieron que llevar la ayuda en una camioneta pick up, ante la mirada impávida de tropa y burocracia.

Por eso cuando el presidente de la República llegó y saludaba de mano a la población, que fue concentrada bajo un toldo de láminas, una de las estudiantes estaba molesta. Y más se enojó cuando Peña, posando para las fotografías, se dirigió a un anciano: “Nada más unas casitas que se cayeron, pero todo bien, ¿verdad?”.

–En vez de estarse tomando fotos, ¿por qué no traes comida? –le reclamó la joven.

–¡Suerte! –le contestó Peña, mirándola, y siguió saludando, mientras el fotógrafo preguntó quién le había estado silbando al presidente. “Había sido yo y por eso le dije: ‘¿Qué, mañana voy a ser Mara Dos por decir lo que pienso?”, narra Areli Arce aludiendo a Mara Castilla, la joven asesinada en Puebla.

Y es que, en efecto, la ayuda para las víctimas del terremoto del martes 19 de esta población la proveyó la sociedad civil, sobre todo jóvenes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), como Areli Arce, y de la Universidad Iberoamericana de esa entidad, que repartieron frijol, atún, arroz, pañales, papel higiénico y hasta croquetas para perros.

Ella formó parte de un grupo de estudiantes poblanos que llegó con un autobús cargado de víveres y ropa, que repartieron en el modesto kiosco de la plaza principal, bajo la mirada de los soldados que se guarecían del sol.

Sólo una parte de los militares removía escombros con palas y los demás estaban de pie, con las armas de alto calibre colgadas del hombro, inútiles en una comunidad devastada por el sismo, donde el cura del pueblo oficiaba misa mientras Peña se reunía con el gobernador, Antonio Gali, y altos funcionarios para evaluar la situación.

El presidente había dado un discurso en el que confundió los nombres de poblados y municipios de la región, y prometió ayuda para la reconstrucción de las viviendas. Recibió unos aplausos de los funcionarios poblanos. Tras una breve reunión de coordinación, él, los secretarios federales y los funcionarios poblanos abandonaron el lugar en sus respectivos helicópteros y ­camionetas.

Los reclamos al presidente se produjeron pese a que no llevó a la “fuente”, el grupo de periodistas de los medios de comunicación que suelen acompañarlo, por recomendación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de la aparatosa visita a Morelos, uno de los estados afectados por el terremoto del 19.

“¿Sabes por qué venían sólo tres cámaras con él en el recorrido? Ayer dije: en Morelos la gente estaba enojada porque van 200 cámaras encima del presidente. Me puse a cambiar y que no hubiera. Si se enojan conmigo, lo siento. La gente empieza a decir: ‘Vienes por la foto’”, afirma Osorio Chong.

Involucrado también en el sismo de una semana antes, afirma que quien trate de politizar y lucrar con la tragedia será repudiado. “Hay quienes lo hacen, pero pronto se topan con pared. En Morelos lo quisieron hacer, pero rápidamente la gente los manda a volar. A veces ni siquiera son partidos, sino personas, pero se topan con pared, como en Chiapas”.

Acusado él mismo de querer usar políticamente la ayuda, como en la Ciudad de México, el martes 19, el funcionario aclara: “No estoy buscando cámaras ni tener presencia. Es demasiada tragedia. La sociedad trae una situación de enojo por los que lo han querido hacer. Por eso la indicación es: sólo el Ejército entrega apoyos”.

Puebla, como Chiapas, Oaxaca, Morelos y la Ciudad de México, asegura, son estados politizados y aquí “pocos se van atrever” a lucrar con la tragedia. “Y sobre lo mío: la verdad me tiene sin cuidado. Yo sé que actúo con muchas ganas de ayudar”.

El abandono sigue

Idos los funcionarios, Osorio Chong incluido, Pilcaya quedó en manos sólo de su propia población, de los voluntarios y de un puñado de soldados, sin comunicación siquiera con el exterior vía telefónica. Una situación análoga viven otras poblaciones afectadas por el terremoto en municipios vecinos, como Huehuetlán el Chico.

En San Juan Platanar, a 15 minutos de Pilcaya, el terremoto arrasó con las casas cuyos habitantes son –la mayoría– personas mayores, según constató Proceso el miércoles 20.

Uno de ellos, Sabino Guzmán Espinoza, seguía aturdido y conmovido. De su casa, en la que vivía desde su nacimiento, en 1942, sólo quedó un montón de escombros y polvo de adobe. Su esposa y él salieron justo a tiempo, pero perdieron el patrimonio de toda una vida.

Ayoxuxtla de Zapata, apenas a 10 minutos de Pilcaya, también fue devastada por el terremoto: casi 90% de las viviendas se vino abajo y una delegación pidió hablar con Peña. Tres vecinos extendieron pancartas; una decía: “Ayoxuxtla sufrió los mismos daños, pero no tenemos la misma atención”.

La manifestación hizo enojar al presidente municipal, el panista Rogelio Pérez Casales. “Se molestó, pero qué quiere que hagamos. De alguna manera hay que llamar la atención”, explica Jorge Sánchez Torres, presidente del comisariado ejidal de Ayoxuxtla, quien reclama que el alcalde no haya ido a esta junta auxiliar.

Pérez Casales, por su parte, dice que no ha tenido tiempo de ir a Ayoxuxtla por tanto trabajo tras el sismo, pero a su vez también se molestó por no haber sido invitado a la reunión de evaluación con Peña Nieto.

“Debe haber atención (hacia nosotros) como autoridades. Yo represento a más de 9 mil habitantes”, razona.

En antagonismo con las autoridades de Ayoxuxtla, donde Emiliano Zapata redactó y lanzó en 1911 el Plan de Ayala, se desespera: “Están encabronados, porque la presidencia está destruida. Ya mandé gente, pero quieren que yo vaya. Pero tengo seis juntas auxiliares y aparte allá no hay señal de teléfono”.

–¿Obedece a una filiación política ­diferente?

–No, no. De hecho, es ciento por ciento priista. Yo soy panista, pero tengo muy buena relación.

El alcalde panista advierte que puede haber intencionalidad política en la ayuda que se prestará a los damnificados, sobre todo ante el proceso electoral en curso.

“Hemos sido cuidadosos, apoyando por igual a los de mi partido y a los del otro. Pero de ellos, a lo mejor sí. Por ejemplo, estoy mirando que vino mucho gobierno federal y vienen actores políticos pasados a sacar tajada de esto: varios expresidentes, delegados que fueron antes gobierno del estado.”

Se refiere, por ejemplo, al subsecretario Juan Carlos Lastiri y a Enrique Doger, exrector de la BUAP y delegado del IMSS, y ambos, aspirantes priistas al gobierno del estado. “Por la magnitud del desastre esperemos que no”.

Tráfico de la pobreza

Aquí el uso político-electoral de los apoyos del gobierno a la población más vulnerable es extendida, y se prevé que crezca con la tragedia en esta zona históricamente marginada.

San Juan Pilcaya y Ayoxuxtla de Zapata pertenecen a la Mixteca, una región que incluye también zonas de Oaxaca y Guerrero, con un atraso ancestral. La mayoría de la población vive de la siembra de temporal y de las remesas que envían quienes decidieron irse a Estados Unidos.

La presencia del mandatario y del gobernador en San Juan Pilcaya irritó a Adán Urioso Martínez, un joven abogado oriundo de una ranchería vecina. La Mixteca Poblana es una de las regiones más olvidadas y pobres del estado –“quizás del país”, precisa–, de la que uno de cada tres habitantes debió emigrar a Estados Unidos para salir adelante.

Si no fuera por el temblor, dice en entrevista, “no hubiera venido a pararse ningún político a ejecutar un programa en beneficio de la gente”. Recuerda que ni el exgobernador Rafael Moreno Valle ni Gali pisaron las comunidades de la Mixteca Poblana y deplora: “Se han olvidado que existimos los agricultores y campesinos, y que no hay otra forma de sobrevivir por aquí”.

Adelanta que los apoyos prometidos se convertirán en herramientas de compra de voto para el proceso electoral de 2018. “Lo que es aquí es teatro político para el próximo año”, asevera. E insiste: “Por el desconocimiento, la necesidad y la pobreza en la que vivimos, caemos en cada contienda electoral, nos vendemos por unos cuántos pesos”.

El joven señala que durante su campaña política, el diputado priista Jorge Estefan Chidiac, presente durante el evento presidencial, prometió al pueblo una antena para que por fin llegara la señal de telefonía celular a la región. El hombre fue electo y la antena nunca llegó.

“¿Por qué viene este personaje? Prometió y no cumplió, no debería ni tener la cara de venir a pararse. Sin embargo, mis respetos para los políticos, hasta me quito el sombrero, porque no tienen ni vergüenza.”

Según el abogado, ante la ausencia de verdaderos apoyos estatales y federales al campo, los habitantes de la Mixteca difícilmente pueden escaparse de la espiral de marginación, pues estudiar en Puebla implica gastos que prácticamente ninguna familia puede solventar.

“Conozco muchos chavos de esta junta auxiliar que tienen un potencial académico enorme, mayor que el mío. Pero por las condiciones sociales y económicas, las mujeres se dedican a ser amas de casa y los compañeros al campo”, deplora.

Marisol, de 14 años, quisiera ser doctora en Puebla. Con una risita nerviosa dice que entrar o no a la universidad dependerá del estado económico, pues ignora si los apoyos del programa Prospera alcanzarán a su familia para enviarla a la capital.

Gilberto Aguilar Medina es campesino, sobrevive de sus cosechas de maíz, sorgo y jamaica cuando el temporal lo permite.

Mientras come un pedazo de naranja todavía verde –el postre que acompañó la torta entregada por el Ejército–, el hombre dice que está dispuesto a creer que los gobiernos desbloquearán fondos para levantar las casas, pero teme que funcionarios los desvíen, como ocurre con los programas de apoyo al campo. “Hazte cuenta, es como esta naranja: ellos se la comen toda y nos dejan un cuartito”, dice.

En temporada electoral “la verdad, sí te dan apoyo a cambio del voto”, afirma Aguilar. Pero en la Mixteca Poblana el voto sale barato: “A los líderes les dan láminas y bultos de cemento”, explica.

Señala, con un movimiento de cabeza, el techado en el que se aglutinan los funcionarios poblanos. “El Chidiac, durante su campaña (para la diputación) nos prometió un auditorio, pero terminó siendo un techado. Me dijeron que costó 2.5 millones de pesos”.

El señor Sabino Aragón Barrera está sentado, junto con su familia, en las escaleras de su casa al borde del derrumbe. Como prácticamente todos los habitantes del pueblo, sacaron algunos muebles y sus escasos bienes al patio, donde pernoctan a la intemperie, en espera de que alguien acuda a demoler su vivienda.

Don Sabino insistió en enseñar a los reporteros cada detalle de su casa destrozada, para darle su justa dimensión a la tragedia humana que vive. Entre las paredes dobladas y por caerse, recoge escombros y los avienta con un gesto de impotencia.

Él y su familia escucharon las promesas de los políticos que, durante un par de horas, visitaron el poblado. Aun así, en el momento de despedirse piden que se les proporcione ayuda. Y sobre todo que con el paso de las semanas, no se les olvide…

Este reportaje se publicó el 24 de septiembre de 2017 en la edición 2134 de la revista Proceso.

Proceso
Álvaro Delgado
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
San Juan Pilcaya, Pue
Martes 26 de septiembre de 2017.


La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) firmó el contrato base para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca sin contar con un proyecto ejecutivo, lo que incrementó su costo en 714.6 millones de pesos, sin considerar el IVA.

Este incremento, de acuerdo con la auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), está referido al contrato principal, que es la ejecución de la obra y que fue asignado al consorcio Aldesem y Eppcor por un monto de mil 45.8 millones de pesos, con IVA incluido.

El Paso Exprés es una obra que inició en 2014 y fue inaugurada en abril pasado. En su diseño, construcción y supervisión, la SCT celebró 13 contratos con distintas empresas y prestadores de servicios.

La SFP llevó a cabo una auditoría a cuatro de esos contratos, entre ellos el de la ejecución de la obra, que es el que tiene el monto más elevado y del que detectó el sobrecosto por la mala planeación.

"Se concluye que se llevó a cabo el procedimiento de licitación sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un catálogo de conceptos E-7, presentado por la Dirección General de Carreteras", señala el documento.

"Dicho proyecto resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de convenios modificatorios y la contratación de servicios para el seguimiento y adecuación del proyecto".

En toda obra de construcción, lo usual es que primero se tiene el proyecto ejecutivo y después se contrata a quien lo va a ejecutar, pues éste es el que contiene los planos y las especificaciones técnicas y es el que sirve como base para calcular los costos.

La auditoría refiere que la SCT emitió la convocatoria de la licitación pública para la construcción de la vía el 16 de octubre de 2014 y el 24 de noviembre de ese mismo año asignó el contrato.

Sin embargo, fue hasta enero de 2015 que Banobras firmó con la empresa Orva Ingeniería SA de CV el contrato del proyecto ejecutivo, es decir, posteriormente a la firma de la construcción de la vía.

El 12 de julio pasado, en el kilómetro 93+857 se abrió un socavón de casi cinco metros de profundidad en el que cayeron y murieron dos personas.

La oquedad se formó debido a que el tubo de la barranca que cruza por debajo de la vía se fracturó y formó una represa de agua que removió la tierra.

Eso ocurrió pese a la advertencia de los vecinos, quienes pidieron sustituir el tubo y ampliar su capacidad de desfogue, solicitud que no fue atendida.

Piden renuncia y castigo a Ruiz Esparza

Senadores del PAN, PRD, Morena e independientes exigieron este miércoles la renuncia del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Los legisladores pidieron que el funcionario deje el cargo, luego que la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

El panista Raúl Gracia condenó que el Presidente Enrique Peña Nieto mantenga a Ruiz Esparza en el Gabinete sólo por la cercanía personal, sin importar las fallas cometidas por la Secretaría.

"La gran falla de este sexenio es que cada vez que los colaboradores del Presidente incurren en una falla o en un acto de corrupción, él prefiere la amistad antes que dar resultados a los ciudadanos. Prefiere mantener al amigo que actuar conforme a derecho", criticó.

"Obviamente Ruiz Esparza debe dejar el cargo, es una acción que costó vidas, que se pudo prever, nunca debió haber sucedido y en cualquier país democrático del mundo esto ya hubiera generado la salida del titular de la dependencia".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez, coincidió en que el Secretario debe dejar el cargo y responder ante la justicia sobre las omisiones que derivaron en la apertura de un socavón a pesar de que se trató de una obra millonaria.

El legislador exigió que se castigue a los verdaderos responsables de los hechos y no a funcionarios menores.

"Sí hay una responsabilidad directa del Secretario. Es parte de toda la corrupción que existe en esta Secretaría, aunque no pasa nada, porque sabemos que el Secretario es protegido del Presidente de la República, hay un contubernio desde lo más alto de la esfera de poder del País", expresó.

"Hay una alta responsabilidad y no puede ser que sea de funcionarios menores, de ninguna manera".

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fidel Demédicis, pidió que se finquen responsabilidades administrativas y penales en contra de Ruiz Esparza.

Demédicis confió en que la auditoría de la SFP pueda derivar en la renuncia del funcionario.

"Están buscando cómo lavarse las manos y en un momento complicado para Peña Nieto y Ruiz Esparza puede ser el que van a sacrificar. Se puede dar algo parecido a lo que ocurrió con el 'Quinazo'", afirmó.

"Solicitamos su renuncia, pero ahora no sólo debe salir, se le deben fincar responsabilidades de tipo administrativo y penal".

La senadora independiente Dolores Padierna denunció que Ruiz Esparza está protegido por el Presidente y es la única explicación para que siga en el cargo.

"Del socavón del 12 de julio, hay otro auténtico socavón: el financiero que es el de un mil millones de pesos que halló la SFP y es la mitad del costo de toda la obra, sin que ello merezca alguna mención sobre fincamiento de responsabilidades", acusó.

Padierna consideró extraño que la SFP no haya determinado ninguna sanción o responsabilidad administrativa a los funcionarios de la SCT que autorizaron, permitieron y avalaron la actuación ilegal de las empresas, el sobreprecio y el incumplimiento de los contratos.

"No se puede sancionar solo a las empresas y de nueva cuenta volver a cubrir con la impunidad a los funcionarios públicos que permitieron esos actos ilegales", sostuvo.

"Sin una sanción política y administrativa contra la SCT estas auditorías solo quedarán en 'llamarada de petate'".

Reforma
Claudia Guerrero
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 13 septiembre 2017.


Luis Alberto de Meneses Weyll, quien negoció los sobornos millonarios de Odebrecht en México, huyó del País cuando ya estaba abierta la investigación de la PGR en su contra y se refugió en Brasil, donde se acogió a los beneficios de la justicia brasileña como colaborador o delator.

Sin embargo, no habrá manera de acceder a su testimonio sin que la PGR llegue a un acuerdo de inmunidad con él y con la propia empresa. Es decir, pese a que confiese los sobornos, no podrá ser juzgado en nuestro País.

"No puede ser juzgado doble vez, y eso lo tendrán que aceptar las autoridades de México si quieren que Brasil les comparta los documentos de Odebrecht y la confesión de Weyll", explicó el fiscal brasileño Orlando Martello, integrante del equipo Lava Jato, en entrevista exclusiva con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Weyll se desempeñó como director o superintendente de Odebrecht en México entre 2010 y 2017; en ese periodo, obtuvo contratos o ampliaciones por unos 2 mil 500 millones de dólares, sobre todo con Pemex, además de haber gestionado la concesión del servicio de agua en Veracruz y el suministro de gas a precio preferencial para la planta Etileno XXI, en aquel mismo estado, que representa un negocio por otros 2 mil 500 millones de dólares.

El ex director de Odebrecht en México dejó el País a inicios de marzo de 2017, en medio del escándalo de corrupción, y cuando la PGR tenía menos de dos meses de haber iniciado la investigación de los sobornos de la constructora brasileña. Embarcó su menaje de casa en el puerto de Veracruz -estado en el que había establecido su base de operaciones-, y fijó su nuevo domicilio en el condominio residencial Albalonga, en Salvador de Bahía, en Brasil, donde tiene su sede la constructora Odebrecht.

El 6 de marzo de 2017, Weyll documentó en el puerto 5 toneladas de 'menaje de casa', las que valuó en casi 800 mil pesos, para ser trasladadas vía marítima a Brasil, según consta en el reporte del embarque consultado para esta investigación.

Cuando abandonó el País, Weyll ya tenía tres meses de haberse convertido en delator de la justicia brasileña, a quien confesó haber participado en la negociación de 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya, 4 millones en 2012, cuando se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros 6 millones cuando ya se era el director de Pemex.

Weyll también tuvo un papel crucial en la red de empresas creadas durante el Gobierno de Javier Duarte en Veracruz, para apoderarse del negocio del agua y la energía eléctrica. Además, participó en las negociaciones de los contratos de la carretera Interoceánica en Perú, que desencadenaron una orden de arresto contra el ex Presidente del país andino, Alejandro Toledo, y su nombre está en correos electrónicos que forman parte de la investigación contra la ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña política.

Protegido

Orlando Martello detalló que al llegar Weyll a un acuerdo de delación o colaboración con la Fiscalía de Brasil, obtuvo inmunidad contra juicios en Perú o en México, países en donde estuvo involucrado en presuntos actos de corrupción.

"Luis Alberto Weyll es uno de los colaboradores. Entonces, él tiene la obligación de decir la verdad. Si miente o si omite algo, él puede tener su acuerdo roto", precisó el fiscal.

Reveló que hay más de 60 ejecutivos de Odebrecht que cometieron crímenes fuera de Brasil que ya aceptaron convertirse en colaboradores o delatores de la Fiscalía brasileña, a cambio de reducción de penas. Entre esos ex directivos está Weyll.

"Más de 60 ejecutivos están esperando la decisión de la justicia para ser procesados y pagar una reducción de pena. Cumplir dos años de prisión domiciliaria, cuatro años de servicio a la comunidad o pago de indemnización".

Estos ejecutivos han confesado que pagaron casi 250 millones de dólares en sobornos en 12 países.

El Fiscal aclaró que los documentos que tienen que ver con crímenes cometidos por Odebrecht en México están bajo sigilo en el Tribunal Superior en Brasilia, en espera de que se llegue a un acuerdo entre la compañía y la PGR para garantizar inmunidad a los ejecutivos que tienen acuerdos de colaboración o delación, como es el caso de Weyll.

"Todo lo que es respecto a México está separado, con los hechos delictivos enumerados; la empresa (Odebrecht) nos ha entregado las pruebas que corroboran esos hechos. Cuando la compañía decidió hacer un acuerdo, nos trajo todos los datos respecto a cada uno de los países. Ahora la compañía debe procurar con esos países hacer un acuerdo directamente. Y cada País debe respetar nuestro acuerdo en Brasil".

- ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿En dar cierto grado de inmunidad a Odebrecht?

-Teníamos conocimiento de 5 a 10 por ciento de los hechos ilícitos de la compañía. Para tenerlos al 100 por ciento hicimos este acuerdo. No nos agrada hacer acuerdos con Odebrecht. De hecho, era nuestro principal enemigo: nos atacó de todos los modos, intentó anular la investigación. Pero cuando vimos la oportunidad de obtener pruebas y documentos que podrían ser utilizadas en la investigación brasileña, decidimos hacer el acuerdo. Es un costo muy alto para nosotros, pero lo decidimos porque había muchos políticos involucrados. A partir del momento que colectamos 90 por ciento de las pruebas que no teníamos conocimiento, teníamos que proteger a la empresa, porque nos dio esos documentos a cambio de una exención (de penas).

Castigo por mentir

El Fiscal del caso Lava Jato aseguró que una vez que la PGR firme un acuerdo con Odebrecht, la compañía está obligada a informar con la verdad sobre los actos de corrupción que cometió en México. Si miente o si oculta información, entonces sí se le podría procesar.

"Si hay algún hecho que no fue revelado por la compañía, puede ser inmediatamente procesada, y todas las personas que están involucradas, ya no habría ninguna exención, ninguna protección para hechos no revelados por la compañía, por sus directores o ejecutivos. Entonces si la compañía omitió alguna información, ella debe responder completamente por esto".

Lo anterior obligará a las autoridades mexicanas a que -una vez que reciba la información de Brasil- profundice en las investigaciones del caso de corrupción. "Y si encuentran actos no revelados, van en contra de la compañía, de los ejecutivos".

Martello añadió que la Fiscalía incentiva a que la compañía tenga contacto directo con los gobiernos de los países en los que incurrió en corrupción para cubrir una indemnización y auxiliar en identificar a todos los involucrados.

Marcelo, el acusador

La acusación contra Weyll como el responsable de los sobornos en México la hizo el propio Marcelo Odebrecht -ex presidente de la constructora brasileña- durante la declaración que el 16 de mayo de 2017 rindió ante representantes de la PGR que viajaron a Curitiba, ciudad ubicada al sur de Brasil, donde hace tres años inició el macro operativo contra la corrupción conocido como Lava Jato, que ha sacudido a 12 países.

Además, Marcelo señaló al superintendente como el responsable de arreglar los encuentros que tuvo con los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, realizados en octubre de 2011 y 2013, respectivamente.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) localizó a un integrante de la Fiscalía brasileña que estuvo presente en el interrogatorio que enviados de la PGR realizaron en prisión a Marcelo Odebrecht.

Según este testigo, Marcelo confesó que él intervenía en el arreglo de sobornos sólo cuando había problemas, y que "en el caso de México era el director o superintendente de la empresa (Weyll) quien tenía la facultad para negociar con autoridades o funcionarios".

Los enviados de la PGR interrogaron a Marcelo sobre las diversas reuniones que sostuvo con los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa (PAN), y Enrique Peña Nieto (PRI), y el empresario aseguró que en esos encuentros no se acordaron pagos ilegales.

Y fue en este punto donde mencionó que la persona autorizada para negociar los sobornos era Weyll, aunque también tenía facultades Luiz Mameri, director para Latinoamérica de la constructora.

"Las reuniones con los Presidentes fueron cuestionadas por las autoridades de México; él (Marcelo) reconoció algunas reuniones, él dice que era común hacerlas, normalmente a pedido del superintendente de Odebrecht", relató el testigo de la Procuraduría de Brasil que atestiguó la declaración de más de dos horas, que fue traducida del portugués al español y grabada en video.

"Marcelo dijo (a los enviados de la PGR) que una persona que puede esclarecer la corrupción en México era el superintendente de Odebrecht en el País. Esta persona es quien sabía de los detalles. Marcelo declaró que los sobornos sólo venían al conocimiento de él, cuando un problema ocurría, cuando no, el superintendente o el alto ejecutivo del país tenía la autonomía para decidir si pagaba o no pagaba el soborno".

Marcelo Odebrecht se reunió con Felipe Calderón Hinojosa en la residencia oficial de Los Pinos en octubre de 2011, y dos años después, en octubre de 2013, visitó en el mismo recinto a Enrique Peña Nieto.

Aunque ya antes de que fuera Presidente, Peña Nieto se había reunido con el dueño de Odebrecht: en mayo de 2010 en Brasil y en noviembre de 2012 en Querétaro.

El testigo informó que los enviados de la PGR también interrogaron a Marcelo sobre irregularidades en los contratos en Pemex, y una vez más respondió que quien tiene toda la información es Weyll.

La huida

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la confesión de seis ejecutivos de Odebrecht, que reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México entre 2010 y 2014.

Pese a esta confesión, la PGR dejó pasar casi un mes para iniciar una indagatoria del caso. Fue hasta el 17 de enero de 2017 cuando abrió una carpeta de investigación contra Odebrecht, a partir de una denuncia presentada por Pemex.

Pasaron dos meses más, y Pemex nunca llamó a declarar a Weyll, identificado como el responsable de los sobornos de Odebrecht en México.

- ¿Interrogaron a Luis Weyll antes de que dejara el país (en marzo de 2017)?, se le preguntó a Felipe Muñoz, subprocurador de Investigación de Delitos Federales de la PGR.
-Lo tenemos identificado. Obviamente es una persona que muy probablemente lo declararemos, pero él nunca estuvo en México. Hicimos una investigación en este sentido, respondió el subprocurador.

-Pero su oficina la tenía en Polanco.

-No.

-Lo llegamos a localizar ahí.

-Luis Alberto Meneses Weyll Él venía a México. Sí estuvo en México. Pero lo que quiero decir es que a partir de que iniciamos nuestra carpeta de investigación (el 17 de enero de 2017), él ya no estaba en México. Ya tenía tiempo de que ya no estaba en México.

Alberto Elías, subprocurador de Asuntos Internacionales, informó que pedirán la ayuda de las autoridades de Brasil para tomar la declaración de Weyll y de Luis Mameri, ex director de Odebrecht para Latinoamérica y quien fue testigo del supuesto soborno solicitado para Emilio Lozoya.

"Desafortunadamente las declaraciones de personas que están en otros países y sobre todo los que tienen o han tenido un proceso derivado de una investigación, nosotros no podemos determinar la fecha, porque ellos deben cumplir con las condiciones de su marco jurídico. Entonces estamos sujetos a que Brasil nos informe cuándo se pueden dar. Se han solicitado las declaraciones que se consideran claves o importantes en la construcción de esta investigación".

La confesión de Marcelo

Felipe Muñoz y Alberto Elías, subprocuradores que encabezan la investigación de los sobornos de Odebrecht en México, aseguraron que en la toma de declaración que hicieron a Marcelo el pasado 16 de mayo en Curitiba, Brasil, el empresario constructor aportó información clave para identificar a los funcionarios involucrados en la red de corrupción, que no necesariamente se limitan a ejecutivos de Pemex.

"Fue neurálgica la declaración de Marcelo, que nos ha permitido generar la solicitud de otras asistencias jurídicas para tomar declaración a otras personas. Si las líneas de investigación nos dirigen a otro supuesto que no sean los contratos de Pemex, se agotarán esas líneas de investigación", dijo Elías.

"La declaración que rindió Marcelo nos abre un panorama que nos va a permitir tener muy probablemente un caso exitoso", añadió Muñoz, quien aseguró que la declaración de Marcelo se extendió por tres horas y media.

Informó que además de Marcelo, se citó a tres funcionarios de Odebrecht en México a quienes se interrogó para tratar de esclarecer la red de corrupción. Por parte de Pemex se ha requerido a 20 funcionarios de distintos niveles (coordinadores, directores, subdirectores y ex directores), entre ellos ocho jubilados y dos despedidos.

Triangulaciones

Los subprocuradores reconocieron que Odebrecht trianguló recursos a empresas 'de pantalla' o fachada en paraísos fiscales, para ocultar el pago de sobornos a funcionarios mexicanos.

"Esta es la parte que deberá tener el tejido fino de seguimiento de recursos. Es una parte estratégica dentro de una investigación", dijo Felipe Muñoz, subprocurador de Investigación de Delitos Federales.

"Y entre las solicitudes que hemos hecho (a autoridades de Brasil) es que nos den toda la información de orden financiero que pudieran tener para poder dar ese seguimiento a estas empresas", completó Alberto Elías, subprocurador de Asuntos Internacionales.

-Odebrecht solía recurrir a empresas offshore en paraísos fiscales, en concreto Suiza y países del Caribe, para transferir fondos de sobornos. ¿Se replicó esta mecánica en México? -se le preguntó.

-La mecánica que empleaban estas empresas es precisamente mucho de lo que nos centramos cuando platicamos con Marcelo (Odebrecht). Y precisamente de la declaración de Marcelo, se nos hace necesario regresar a tomar la declaración de algunas otras personas que son funcionarios de Odebrecht. ¿Cuál es nuestra intención? El seguimiento de esos recursos. Y ese seguimiento nos va a llevar a todas estas empresas que venían operando de la manera en que ustedes nos mencionan y de lo cual nosotros ya teníamos conocimiento.

Para aclarar este mecanismo de triangulación de sobornos, se hicieron peticiones de asistencia jurídica a Brasil, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Perú, Chile y también Suiza, entre otros países, precisó Elías.

Reforma
Raúl Olmos
Especial MCCI
Curitiba, Brasil
Martes 12 de septiembre de 2017.

Página 1 de 14

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Información reciente

Síguenos en Twitter