Titular de UIF aseveró que sigue adelante la investigación contra el ex líder sindical


La senadora, Cecilia Margarita Sánchez García, interpuso un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República (FGR) gire una orden de aprehensión en contra del ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

Se pide cárcel para él por su participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ("lavado" de dinero), enriquecimiento ilícito, robo de hidrocarburos, delincuencia organizada, venta de plazas, desvío de recursos públicos, evasión fiscal, peculado y nepotismo; así como un informe sobre el avance de las denuncias en su contra.

"Asimismo, solicito a la FGR vincule las denuncias presentadas en su contra con la investigación al señor Emilio Lozoya Austin porque los delitos imputados a ambos son coincidentes en tipo y tiempo, y sus consecuencias afectaron directamente al patrimonio de Pemex y de la Nación", dijo.

Pidió aprobar un exhorto para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, para que ante el modo de operación que se instaló durante la gestión de Romero Deschamps, inicie las averiguaciones de las cuentas bancarias y movimientos financieros de los secretarios generales de las 36 secciones del sindicato petrolero.

A inicios de este año el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que el gobierno se encontraba investigando a Carlos Romero Deschamps con ayuda de agencias de Estados Unidos.

El funcionario aseveró que la UIF seguía adelante en la investigación del ex líder sindical, contra quien se interpusieron denuncias por "lavado" de dinero y enriquecimiento ilícito.

Añadió en ese entonces, que además de trabajar con agencias estadounidenses, está en marcha la investigación contra familiares cercanos y colaboradores del exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

De igual forma, dijo, se solicitó al Ministerio Público Federal el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 24 de septiembre de 2020.


•    El Congreso local decretó la extinción del cabildo de Tehuacán, por consigna de Barbosa

•    En un “Congreso” gris, abúlico, semianalfabeta, mediocre y corrompido, no tienen mayor interés por nada… El caso Tehuacán, viene de la desmedida ambición de Barbosa, único beneficiario…


Pese a que existe una suspensión provisional dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso local decretó la extinción del cabildo de Tehuacán y nombró un concejo municipal que se hará cargo de la administración lo que resta del periodo de gobierno.

Ante la polémica que surgió sobre si el Congreso local incurriría en desacato por decidir la disolución del cuerpo edilicio, de última hora los diputados agregaron una disposición donde se señala que sus resoluciones sólo se concretarán hasta que la SCJN emita un fallo definitivo sobre la controversia constitucional que interpusieron los actuales integrantes del cabildo.

Sin embargo, nombraron a los integrantes del concejo municipal que estará presidido por el diputado local Fernando Sánchez Saccia, a quien en pocas horas autorizaron una licencia y en automático la publicaron en el Periódico Oficial del Estado.

Así, el ayuntamiento de Tehuacán, el segundo más importante de la entidad, tiene ahora dos autoridades: un cabildo elegido durante los comicios de 2018, encabezado por el alcalde suplente Artemio Caballero, y un concejo que fue integrado y aprobado esta madrugada por el legislativo poblano, pero aún sin fecha para que entre en funciones.

Los diputados que se opusieron a esta resolución acusaron que el Congreso no sólo viola la suspensión concedida por la SCJN al actual ayuntamiento –y por lo mismo podría incurrir en responsabilidad legal– sino que abona a la ingobernabilidad que de por sí padece ese municipio desde que el alcalde electo, Felipe de Jesús Patjane, fue encarcelado en noviembre de 2019.

Los diputados José Juan Espinosa, del Partido del Trabajo (PT), y el independiente Héctor Alonso Granados, acusaron directamente al gobernador Miguel Barbosa Huerta de ordenar al legislativo que aprobara esa resolución, misma que calificaron como una “aberración jurídica” motivada por una “venganza personal”.

“Esto es parte de una venganza política por parte del gobernador del estado”, expresó Espinosa, quien sostuvo que existe un interés del mandatario por controlar políticamente la región de Tehuacán, donde tiene su residencia. “Está generando (el gobernador) una deformación de la vida pública del estado”, recalcó.

Por su lado, la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia advirtió que el Congreso no agotó el procedimiento para declarar la disolución de todos los integrantes del cabildo, ni siquiera consideró nombrar a los suplentes que fueron electos en los comicios de 2018, como lo marca la Constitución, y sólo designó arbitrariamente a los integrantes del concejo sin comprobar que reunieran requisitos de elegibilidad.

José Armando García Avendaño, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expresó que la elección del concejo motiva la incertidumbre entre los pobladores de Tehuacán, pues en los hechos hay dos autoridades nombradas y ello puede derivar en más conflictos e ingobernabilidad.

El panista Oswaldo Jiménez expuso que la resolución aprobada es tan “absurda” que los legisladores afines al gobernador, a la vez que revocan el mandato a todos los integrantes del cabildo propietarios y suplentes, vuelven a nombrar como propietaria a una de las regidoras que destituyeron.

La suspensión provisional que emitió la SCJN el miércoles 9 ordena al Congreso de Puebla abstenerse de ejecutar resoluciones que en su caso hayan dictado o pudieran dictar en relación con la desaparición del ayuntamiento hasta que resuelva la controversia constitucional.

Según los diputados de Morena, esta suspensión sólo se refiere a ejecutar, pero no a dictar resoluciones, por lo que consideraron que podían seguir el procedimiento de disolución. “Sin ejecución no hay desacato”, resumió la diputada Olga Romero Garci Crespo.

La legisladora argumentó que la disolución derivaba de denuncias de corrupción que hicieron los pobladores en contra de los integrantes del ayuntamiento.

Sin mayoría calificada

La panista Rodríguez Della Vecchia y la priista Rocío García Olmedo advirtieron que el decreto se dio por aprobado, aunque sólo alcanzó 26 votos a favor, con lo que no se alcanzan las dos terceras partes de los 41 integrantes del legislativo poblano, que es lo que marcan las constituciones federal y estatal.

Sin embargo, los diputados de Morena, Partido Encuentro Social (PES) y PT, que tuvieron el apoyo del PRI, el PVEM e independientes, alegaron que la mayoría calificada se contabiliza con base en los diputados presentes y no con todos los integrantes de la legislatura.

En ruedas de prensa recientes, el gobernador Miguel Barbosa se pronunció por la desaparición del cabildo de Tehuacán, debido a que, afirmó, no funcionaba.

“Desafortunadamente en Tehuacán fue de esos casos en donde la integración de la planilla ganadora fue muy desafortunada en todos los sentidos; este segundo municipio más grande del estado quedó en manos de personas que no tenían el tamaño para ser los gobernantes de un lugar así … Es de esos accidentes de la democracia electiva”, expresó el mandatario.

Además del encarcelamiento de Patjane, en agosto pasado fueron detenidos el regidor de Hacienda, Víctor Canaán Barquet, y los extitulares de la Contraloría y de la Tesorería de esa localidad.

Según el diputado José Juan Espinosa, Patjane es un “preso político”, pues el mandatario busca una venganza porque el alcalde no lo apoyó en las protestas por el supuesto fraude cometido en los comicios de 2018.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 23 de septiembre de 2020.


Por presunta tentativa de feminicidio, elementos de la Policía Ministerial y de Investigación del estado de Hidalgo detuvieron a Germán Montealegre Salvador, hermano de la diputada local por el distrito XV de Villas del Álamo, Roxana Montealegre.

La captura se realizó este martes en Mineral de la Reforma, segundo municipio conurbado de la zona metropolitana de Pachuca, capital de Hidalgo.

Los Montealegre son integrantes del grupo político de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), preso en el penal federal del Altiplano por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

A propuesta de este grupo, Germán Montealegre es candidato a síndico por Mineral de la Reforma. En días recientes su hermana acudió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para reunirse con el dirigente Alfonso Ramírez Cuellar, quien reconoció que la estructura política de Gerardo Sosa le pidió que respaldara a este personaje tras su detención, el 31 de agosto, al ser parte del partido.

Ahí fue increpada por manifestantes hidalguenses, quienes le recriminaron responder a los intereses de Sosa Castelán y no a los de Regeneración Nacional. En el Congreso, también tuvo confrontaciones públicas con otros legisladores de su misma fracción, quienes le hicieron la misma recriminación.

La Procuraduría de Hidalgo confirmó que el operativo fue por una orden de aprehensión por una denuncia que se sigue en contra de Germán Montealegre por feminicidio en grado de tentativa. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, los agentes lo interceptaron a las 12:20 en la colonia Chacón, frente al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 8.

Posteriormente, la Procuraduría dio a conocer que fue ingresado al penal de Mixquiahuala –municipio en la región del Valle del Mezquital de donde son originarios los Montealegre– a la espera de ser presentado ante el juez de control para la audiencia inicial.

Horas antes, en sesión nocturna del lunes 21, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dio vista a la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (Fepade) para que indague la conducta del esposo de Roxana Montealegre, Alejandro Olvera Mota, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), debido a que presentó a destiempo los registros de planillas en nueve municipios –Atlapexco, Yahualica, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Mineral del Chico, Xochicoatlán, Santiago Tulantepec, Juárez Hidalgo y Metztitlán–, con lo que habría violado el derecho de los candidatos. En ninguno de estos encabezaban las planillas miembros de La Sosa Nostra.

Estos tres personajes son una de las familias más cercanas a Sosa Castelán y lo han seguido en su interno de formar un partido político a través de la asociación Proyecto de la Sociedad Hidalguense, después en el PAN, donde Roxana fue candidata a diputada y regidora por Pachuca, y en Movimiento Ciudadano.

El Grupo Universidad, como se identifica también al que lidera Gerardo Sosa, ha acusado una persecución política por parte del gobierno de la entidad y de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano que congeló las cuentas bancarias de la Autónoma de Hidalgo por un requerimiento internacional de la DEA estadunidense por movimientos inusuales de 151 millones de dólares, en febrero de 2019.

Esta es la segunda detención en Hidalgo relacionada, directa o indirectamente, con contendientes en el actual proceso electoral. El 28 de agosto fue aprehendido, cuando aún era presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, cuya esposa, la diputada local con licencia Areli Maya, era la candidata a la alcaldía por Morena.

Camacho, que llegó al cargo por el Partido Acción Nacional (PAN), fue vinculado a proceso y Maya renunció a contender. La Procuraduría local le imputa al exalcalde “agravio a la administración pública municipal”.

Proceso
Áxel Chávez
Ciudad de México
Miércoles 23 de septiembre 2020.


•    Sale del Ayuntamiento Beatriz Martínez Carreño, así como el director de Medioambiente, Ismael Cuoto Benítez


•    Rivera dijo es posible que en la dependencia existiera un “cártel inmobiliario”, por lo que es necesario revisar los procedimientos para otorgar licencias de obras, permisos de cambios de uso de suelo y cualquier otro que implique la relación directa con los ciudadanos.


Por presuntos actos de corrupción, fueron removidos de sus cargos la secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable en Puebla capital, Beatriz Martínez Carreño, así como el director de Medioambiente, Ismael Cuoto Benítez, según lo dio a conocer la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco este lunes.

Apenas la semana pasada, la presidenta municipal anunció la baja del director de Desarrollo Urbano, Fernando David Letipichia Castro, al ser acusado de solicitar cuotas al margen de la ley para emitir permisos de construcción.

En un anuncio que fue transmitido por plataformas digitales, Rivera indicó que tras recibir quejas y con información de investigaciones realizadas por su gestión, existen elementos suficientes para que se inicie una auditoría profunda, además de presentar denuncias penales.

“Derivado de un proceso que se funda en denuncias y en indagatorias internas, tenemos los indicios suficientes y he instruido a iniciar una auditoría profunda, amplia y rigurosa en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad”, refirió.

La semana pasada, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó que había irregularidades en la emisión de permisos de construcción en la comuna capitalina.

Anuncian denuncias por presunto “cártel inmobiliario”

Rivera explicó que de acuerdo con los elementos aportados por las investigaciones, es posible que en la dependencia existiera un “cártel inmobiliario”, por lo que es necesario que se revisen los procedimientos de los otorgamientos de licencias de obras, permisos de cambios de uso de suelo y cualquier otro que implique la relación directa con los ciudadanos.

A la par del despido, indicó que presentará denuncias penales por “apariencia de delito” ante la Fiscalía Anticorrupción, en contra de quienes resulten responsables de esos presuntos actos de corrupción.

La alcaldesa aseguró que tiene un compromiso con el combate a la corrupción, por lo que no se permitirán simulaciones o encubrimientos en las investigaciones que se realicen sobre el tema.

“La corrupción y la trampa no tienen cabida en este ayuntamiento, quien traiciona la confianza de la ciudadanía, lo pierde todo”, dijo.

De acuerdo con versiones periodísticas, en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable existía un grupo de funcionarios vinculados con exempleados de esa dependencia que cobraban cuotas extraoficiales por la emisión de licencias de construcción.

En ese grupo de funcionarios también estarían involucrados Miriam Durán Carsolio, quien era secretaria del ahora ex director, la jefa de Departamento de Vivienda, Yissel Juárez Reyna; y Alejandro Picasso, quien supuestamente labora como asesor de la dirección.

En la red también estaría involucrado el panista Eduardo Morales Garduño, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social durante la administración del ex alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Por su parte, el gobierno del estado acusó la semana pasada que la comuna había otorgado más de mil permisos de construcción sin tener facultades para ello, por lo que decidió ya no renovar un convenio que tenía para agilizar ese tipo de trámites, el cual venció en julio de 2019.

e-consulta
Patricia Méndez
Lunes 7 de septiembre 2020.


Chihuahua.- La juez de control María Guadalupe Hernández dictó ayer por la mañana prisión preventiva contra el abogado Juan Ramón Collado como medida cautelar por el delito de peculado por 13.7 millones de pesos, presuntamente desviados de las arcas de Chihuahua mediante la simulación de un contrato por servicios jurídicos que no se brindaron al gobierno estatal entre 2013 y 2104, y cuyo destinatario final habría sido el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

A cambio, el ex mandatario federal habría apoyado al entonces gobernador César Duarte Jáquez para convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual finalmente no ocurrió. Lo anterior, según el agente del Ministerio Público local que formuló los cargos contra Collado, en audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Augusto Peniche, confirmó que Salinas de Gortari es señalado y podría ser citado a declarar ante tribunales locales, para que rinda información por los hechos que se le atribuyen, pero lo tendrá que valorar el Ministerio Público.

De acuerdo con la declaración del testigo de identidad reservada FOB57RA/2019, a finales de 2012 Duarte Jáquez recibió a Salinas de Gortari y a Collado en su rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, para pactar el apoyo del ex presidente en la aspiración de dirigir el tricolor.

Juan Collado compareció ante el tribunal en Chihuahua por videoconferencia desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y la jueza María Guadalupe Hernández le dictó prisión preventiva y fijó el próximo 6 de septiembre como fecha para la audiencia de vinculación a proceso.

La diligencia inició a las 11 de la mañana del miércoles y concluyó a las seis de la mañana de ayer; ahí, Collado, acompañado de dos abogados, escuchó los cargos que le formuló la fiscalía de Chihuahua, y ejerció su derecho a no declarar.

Según el testigo, César Duarte pidió a Carlos Salinas que lo apoyara para ocupar la dirigencia nacional priísta y ordenó el desvío de recursos públicos por 13.7 millones de pesos, que fueron entregados a Juan Collado con la justificación de asesorías jurídicas, las cuales no proporcionó.

Entre 2013 y 2014 Collado recibió cinco transferencias bancarias que sumaron 13 millones 780 mil pesos, por instrucción de Duarte Jáquez debido al compromiso que asumió con Salinas a cambio de recibir su respaldo.

La FGE presentó como evidencias los comprobantes de las transferencias bancarias desde dos cuentas del gobierno de Chihuahua a una perteneciente al imputado, la número 0451218506, de BBVA Bancomer.

Según el Ministerio Público, Juan Collado, junto a distintos servidores públicos y personas externas, concertaron y efectuaron el desvío de los 13 millones 780 mil pesos del erario, entre enero de 2013 y marzo de 2014.

Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno del estado, a cargo del panista Javier Corral Jurado, informó que Juan Collado es acusado de peculado agravado, según la causa penal 778/200.

El miércoles, Corral Jurado afirmó que los 13.7 millones de pesos fueron para cumplir un compromiso de César Duarte con Carlos Salinas para que lo impulsara a la dirigencia nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser presidente de la República.

En contubernio con el ex presidente, el entonces gobernador acordó la extracción de esos recursos que eran patrimonio de los chihuahuenses; convinieron sacar recursos por la vía de este abogado (Juan Collado) y el modelo operó en otros estados.

Señaló que Collado habría operado el desvío de recursos públicos en Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa mediante el mismo esquema que utilizó en Chihuahua, un método de simulación con el cual facturaba cantidades millonarias por servicios o asesorías de tipo jurídico.

Juan Collado fue detenido el 9 de julio del año 2019 por la Fiscalía General de la República, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

César Duarte está preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio pasado y en espera de ser extraditado a México para que responda ante las autoridades de Chihuahua y las federales por acusaciones de actos de corrupción.

La Jornada
Jesús Estrada
Rubén Villlapando
Corresponsales
Chihuahua, México
Viernes 4 de septiembre de 2020.


Las empresas públicas (63%) que remató Carlos Salinas hicieron a 23 familias súper ricas hasta hoy


En el año de 1993 el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari creó la figura de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) con la finalidad de que la iniciativa privada también administrara los puertos de México. Para lograrlo, despojó a los trabajadores de sindicatos de la operación de los puertos y esto significó para ellos “uno de los golpes más severos que asestó el Neoliberalismo y que sumió en la ruina a miles de familias, mientras otros empresarios, como los agentes aduanales, han amasado fortunas al amparo del negocio portuario”, refiere el analista Ricardo Ravelo.


Ciudad de México. – Su intención era privatizar los puertos como hizo con Teléfonos de México, bancos y una televisora, pero Carlos Salinas de Gortari sólo consiguió crear las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), una figura estatal que tiene facultades para administrar el puerto, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de empresas mediante contratos de cesión parcial de derechos. Casi tres décadas después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta acción como “una simulación” y cuestionó la concesión que se otorgó en el puerto de Veracruz bajo esta figura.

“En el caso de Veracruz es un engaño, una simulación”, dijo el Presidente al referirse a la prórroga de 100 años para administrar el Puerto de Veracruz que se le dio a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER). “Si es público y si pertenece al Estado, para qué se concesiona, no tendría ningún caso. Es privatización”.

El Mandatario mexicano aseguró que ni Porfirio Díaz se atrevió a hacer un contrato de este tipo. Sin embargo, la concesión de la APIVER se replica en 11 estados donde operan las Administraciones Portuarias Integrales federales y fue gracias a esta figura creada por el expresidente Carlos Salinas que la iniciativa privada participa en la administración de los puertos mexicanos.

“El Gobierno de Carlos Salinas no quería invertir en los puertos y por eso crearon la figura de las APIs”, explicó el Capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz. “Su intención era privatizar los puertos”.

México, con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, tiene 17 estados con apertura al mar y cuenta con 117 puertos y terminales donde entran y salen millones de dólares en mercancías. Este fructífero negocio no pasó desapercibido en el sexenio de Carlos Salinas y en el año de 1991 comenzó el desmantelamiento de los sindicatos portuarios con la finalidad de entregar los puertos a la iniciativa privada, detalló el Capitán Rodríguez.

El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios. “Uno de los golpes más severos que asestó el Neoliberalismo y que sumió en la ruina a miles de familias, mientras otros empresarios, como los agentes aduanales, han amasado fortunas descomunales al amparo del negocio portuario”, escribió el analista Ricardo Ravelo en su columna “Veracruz: El atraco de Carlos Salinas”, publicada en SinEmbargo.

De acuerdo con el Capitán Rodríguez, el 1 de julio de 1991 ingresaron al Puerto de Veracruz militares armados y policías federales. Se dirigieron a los barcos y se llevaron a los trabajadores portuarios. “Prácticamente los secuestraron porque se los llevaron sin una orden de aprehensión. Los amenazaron de que si no aceptaban que el Gobierno se quedara con todo (operación portuaria), los iban a desaparecer y a meter a la cárcel por falta de pago de impuestos”.

Tomar el control del Puerto de Veracruz era una prioridad para el Gobierno de Carlos Salinas. Es el principal abastecedor de servicios y de bienes intermediarios y de consumo para la zona centro del país, por lo que es donde converge la mayor diversidad de mercancías, cargas y servicios portuarios.

“El gobierno promulgó una figura que se llama requisa, que es un precepto que está en la Constitución por medio del cual el Gobierno puede apropiarse de alguna empresa o industria, pero tiene que ser en periodo de guerra. Por lo tanto, siempre se ha dicho que la requisa del Puerto de Veracruz era ilegal porque a México no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto, se rompía el precepto gubernamental”, detalló el Capitán de Marina Mercante.

Esta requisa ilegal que promulgó Salinas para detentar el control y manejo de toda la actividad portuaria se realizó con ayuda de empresas extranjeras, agencias navieras y agentes aduanales, según consigna el analista Ricardo Ravelo.

“Los golpes del Gobierno Federal fueron contundentes para consumar el despojo”, escribió Ravelo. “Mediante presiones políticas y otras argucias legales e ilegales convocaron a los socios del sindicato de maniobristas y les pidieron que se debía conformar una comisión liquidadora del sindicato, sin asamblea de por medio. Luego, los socios otorgaron un poder general a los miembros de la comisión en la que detectaron hasta firmas falsas”.

Cuando esto sucedió en el Puerto de Veracruz, Salinas de Gortari amenazó a los sindicatos de otros puertos que haría lo mismo y les infundió temor.

“Cuando vieron lo que pasó en Veracruz, con sindicatos de más de 100 años y afiliados al PRI, pues todo el mundo comenzó a firmar lo que sin darse cuenta sería el fin de los sindicatos de los puertos y la concesión de servicios dentro del puerto”, evocó el Capitán Antonio Rodríguez.

Aspectos del Puerto de Veracruz, el cual labora con normalidad luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la concesión otorgada por 50 años más a la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Foto: Victoria Razo, Cuartoscuro.

Es así como el 19 de julio de 1993 se publica en el DOF la Ley de Puertos con el objetivo de regular las terminales marítimas e instalaciones portuarias. Con esta nueva ley, el 15 de diciembre de ese mismo año nacieron las Administraciones Portuarias Integrales, las cuales abrieron la puerta para que la iniciativa privada también se hiciera cargo de los puertos y supliera la falta de inversión del Gobierno.

“Por ejemplo, llegaba un barco al puerto y se tenía que meter gente para cargar y descargar en contenedores. Entonces se promueve la creación de empresas que dieran servicios de estiba (acomodar la carga en la bodega de un barco), entonces aparecen tres empresas estibadoras en el Puerto Veracruz: CTV; Internacional de Contenedores de Veracruz, S.A de C.V. (ICAVE); y Corporación Integral de Comercio Exterior S.A de C.V. (CICE)”, dijo el Capitán Antonio Rodríguez.

Con el paso del tiempo las APIs comenzaron a dejar en manos de privados operaciones especializadas como las cargas que son liquidas (aceites) y cargas a granel (las que no van en empaque, por ejemplo, el clínker, que es una materia para construir el cemento).

“Cada una de estas cargas específicas requieren de una terminal especial porque no puedes meter en la misma terminal polvo para cemento y carros. Entonces, la terminal de carros requiere rampas, zonas de acceso y la de clínker requiere bandas transportadoras. Es cuando el Gobierno empieza a subconcesionar diferentes terminales y la más famosa en su momento fue en la terminal de contenedores”, recordó el Capitán.

Veracruz: El atraco de Carlos Salinas

 Actualmente, la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, cuya titular es Rosa Icela Rodríguez, se encarga de desarrollar los sistemas portuarios integrales. En México operan 16 APIs federales, de las cuales 14 corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La APIVER, a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia, obtuvo la concesión desde 1994 por el entonces titular de la SCT, Emilio Gamboa con vigencia de 50 años y en julio de 2018, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, decidió ampliar este plazo hasta 2094.

De acuerdo con el reporte de julio de la API, hay al menos 13 cesionarios en el puerto de Veracruz además de Pemex. Ahora el Ejecutivo federal busca revocar la concesión hecha el último año de la administración anterior.

En el Presupuesto de la Federación 2019 se contemplaron un poco más de 6.850 millones de pesos para solo 10 de las 16 APIs federales, de los cuales, el 80.4 por ciento fue otorgado a la API Veracruz, con casi 5.513 millones.

Las empresas que operan en los puertos manejados por las APIs pagan una contraprestación directa. De acuerdo con el Capitán Antonio Rodríguez, es normal que las concesiones se otorguen a 100 años, pues las inversiones que realizan las empresas son en millones de dólares y necesitan recuperar su dinero.

“Cuando el Presidente dice que en ninguna parte del mundo sucede eso (de la concesión a 100 años) es mentira porque en muchos puertos cuando la inversión es tan alta, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, las concesiones las dan por largos periodos de tiempo, inclusive a 100 años”, explicó.

SinEmbargo
Ciudad de México
Guadalupe Fuentes López
Miércoles 26 de agosto de 2020.


•    Miguel Barbosa fue informado sobre la existencia de los recursos, por lo que incluso él dispuso de “la mayor parte” para ocuparlos en el proceso de transición de gobierno.

•    El exfuncionario y hoy diputado federal dijo que los recursos son aprobados por el Congreso local y los recibió el actual secretario de Gobernación


La “partida secreta” que Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que sirvió para malversar recursos públicos en anteriores administraciones estatales en Puebla, incluido el gobierno interino, se utilizó para cubrir los gastos de la propia transición morenista.

Así lo señaló el exsecretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, quien fue acusado por el mandatario de desviar parte de los 241 millones de pesos que liberó la Secretaría de Finanzas y Administración desde 2013.

A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario indicó que el mandatario ya sabía para qué se utilizaba esa partida e incluso fue el actual secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, quien firmó los recibos del dinero destinado para el proceso de transición.

Méndez Márquez presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra 10 exsecretarios de los gobiernos panistas y de la gubernatura interina, por la presunta malversación de 241 millones de pesos a través de la partida 3370 de “Servicios de Seguridad y Protección”, llamada por el gobierno Barbosista como la “partida secreta”.

Muestra recibos para la transición

En su aclaración, Manzanilla apuntó que esta partida presupuestal es autorizada por el Congreso del Estado –actualmente con mayoría de Morena- y homologada a las normas federales.

Indicó que como gobernador electo, Miguel Barbosa fue informado sobre la existencia de los recursos, por lo que incluso dispuso de “la mayor parte” para ocuparlos en el proceso de transición de gobierno.

El ahora diputado federal publicó un recibo firmado por Méndez Márquez por el cual recibió 1.5 millones de peso por “congreso progresista” el 5 de julio de 2019, a escasas cuatro semanas de que iniciara la actual administración el 1 de agosto.

En la denuncia presentada por Méndez se refiere que entre el 12 de febrero de 2019 y el 1 de julio del mismo año, cuando Manzanilla era titular de la SGG, el entonces ex coordinador general de Administración Álvaro Gómez González solicitó y recibió asignaciones presupuestales por 24 millones de pesos, a través de 8 entregas distintas.

El legislador indicó que Gómez González acudirá con las autoridades correspondientes para aclarar cualquier duda sobre el recurso asignado.

El resto de los exsecretarios mencionados en la denuncia son: Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diódoro Carrasco Altamirano, Luis Maldonado Venegas, Roberto Moya Clemente, Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Bernal Miranda, Jorge Estefan Chidiac, Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio.

e-consulta
Patricia Méndez
Puebla, México
Lunes 24 de agosto de 2020.


El Juez de control vinculó a proceso al exdirigente de Acción Nacional, Jesús Christian Giles Carmona por el uso de documentación falsa, se le impuso una suspensión temporal de su título y su cédula profesional ya que los utilizó para acreditar la conclusión de estudios en Derecho.

La Fiscalía General de Justicia boletinó que obtuvo del Juez de control la vinculación a proceso el 20 de junio además de que tendrá que acudir a firmar de manera periódica cada 30 días y está obligado a presentar una garantía económica la cual no fue revelada. Tiene además la reestricción de salir del país, así como de acercarse a los testigos.

Por lo pronto se estableció la suspensión temporal de su actividad profesional como abogado y deberá entregar el título y cédula profesional a la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Fue en noviembre de 2019 cuando el Gobierno estatal dio a conocer que habían denunciado ante la FGE a 29 funcionarios públicos por los delitos de cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, esto por la asignación de calificaciones y títulos falsos desde el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.

Entre las personas que recibieron su título falso, está Jesús Christian Giles Carmona, quien fungió como dirigente del albiazul en Puebla, durante la administración de Antonio Gali Fayad, pese a que en ese entonces no contaba con el título universitario que avalará sus estudios de Licenciatura en Derecho.

Jesús Giles es cercano a Eukid Castañón, el operador electoral del morenovallismo detenido en marzo de este año. Giles además era dirigente estatal del PAN cuando Martha Erika Alonso fue impuesta como candidata al Gobierno de Puebla en la elección contra el actual Gobernador por Morena, Miguel Barbosa.

SinEmbargo
Ciudad de México
Sábado 22 de agosto de 2020.


En la denuncia penal que presentó el pasado 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya Austin acusó a 16 políticos y ex altos funcionarios, entre ellos los ex presidentes de la República Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas de participar en distintos hechos de corrupción y tráfico de influencias y de haber causado un daño al patrimonio nacional por sus ilícitos.

También salpicó a Ricardo Anaya y José Antonio Meade, dos ex candidatos presidenciales que contendieron en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador.

Señaló además a Peña y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como cabezas de las operaciones de corrupción.

"Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que, desde las más altas esferas del régimen, instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos, nacionales y extranjeros", dijo en la declaración difundida de manera subrepticia en redes sociales.

La FGR se deslindó de la filtración del documento.

El ex director de Pemex fincó sus principales alegatos en millonarios sobornos provenientes de Odebrecht y su filial Braskem y que fueron entregados a distintos funcionarios de los dos sexenios anteriores.

"Para el 2013 Odebrecht ya tenía al Presidente (Peña) de su lado. En el 2013 la relación entre Odebrecht y el Estado mexicano no era una relación de contratos, sino de poder. Odebrecht sabía de su influencia y sometimiento, por lo que no la iba a perder -ni la quería perder-, ya que participaba de manera activa en la política energética del país", denunció.

Entre 2012 y 2014, Lozoya asegura que los brasileños le hicieron por lo menos tres entregas importantes de dinero, por sumas de 3 millones 150 mil dólares, 5 millones 951 mil dólares y 84 millones de pesos.

La primera entrega sirvió para pagar 1.6 millones de dólares a los consultores electorales de la campaña presidencial de 2012 y el resto para sobornar, por órdenes de Peña y Videgaray, a legisladores panistas para que votaran en favor de las reformas estructurales.

Aunque dice que eso terminó en una "extorsión de los panistas" para obtener más dinero y posiciones de poder.

Según su denuncia, el dinero fue entregado a Ricardo Anaya y su secretario particular, Osiris Hernández; también a los ex senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos son actualmente Gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente.

Afirma que el ex Secretario de Energía con Felipe Calderón, José Antonio Meade, y José Antonio González Anaya, ex director de Pemex, también recibieron sobornos.

Al ex Presidente Calderón lo señala de concederle a Braskem condiciones inexplicables para que instalara la planta de Etileno XXI en Veracruz, que ocasionaron millonarias pérdidas al patrimonio de la nación.

Ayer Calderón, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, por separado, desmintieron a Lozoya y acusaron al gobierno federal de realizar un manejo ilegal y mediático del caso.

"Es un instrumento de venganza y persecución política", dijo Calderón.

"Voy a demandar por daño moral a Emilio Lozoya.... tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame", señaló Anaya.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Viernes 21 de agosto de 2020.


El gobernador Miguel Barbosa ya se deslindó, pero debe ser la FGR la que determine responsabilidad, dijo Ramírez Cuéllar


El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que el partido no defenderá a ningún morenista que esté involucrado con los presuntos sobornos revelados por Emilio Lozoya.

Afirmó que el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, ya se deslindó, pero debe ser la Fiscalía General de la República la que determine si tiene responsabilidad.

"Morena no defenderá a nadie que estuvo involucrado en los sobornos y la corrupción de las reformas del pacto por México”.

"Si hay algún funcionario, legislador, gobierno estatal o municipal que salga en videos, en denuncias o testimonios, vamos a promover la expulsión inmediata del partido", indicó.

Sostuvo que así como ha pedido al PAN que sea congruente y exija a los panistas involucrados dar una explicación, Morena no será cómplice de ningún morenista.

"Vamos a exigir un castigo ejemplar y a demandar que se siga hasta las últimas consecuencias.

"Él (Barbosa) ya declaró y la autoridad debe de investigar todo. No vamos a ser cómplices de ningún acto de corrupción", agregó.

Reforma
Érika Hernández
Ciudad de México
Martes 18 agosto 2020.

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