•    Las acusaciones de congresistas van desde lavado de activos hasta tenencia de cuentas en paraísos fiscales


Quito.- El tema se conoció en 2015, cuando a Lenín Moreno ya se le consideraba, según todas las encuestas, seguro ganador de las elecciones presidenciales de Ecuador en febrero de 2017; su popularidad crecía pese a haber abandonado dos años antes la Vicepresidencia y el país.

En diciembre de ese 2015, María Auxiliadora Patiño cometió un error al pagar directamente con dinero de la cuenta muebles finos y otros artículos de lujo comprados en Ginebra para Rocío González, la esposa de Moreno, actual presidente de Ecuador.

Ahora hay una demanda para una investigación fiscal en Quito y para una penal en Madrid, interpuestas el 25 de febrero. Los denunciantes son legisladores de los movimientos políticos Revolución Ciudadana, en Ecuador, y Podemos, en España.

Las acusaciones van desde lavado de activos hasta tenencia de cuentas en paraísos fiscales, delito sancionado en Ecuador tras una consulta popular en febrero de 2017, que aprobó mayoritariamente que ningún funcionario público puede contar con las denominadas offshore.

La noche del 26 de febrero Moreno salió a rebatir las acusaciones, negando su responsabilidad en la compra de un departamento en Alicante, los muebles de lujo que habría usado en su estancia en Ginebra, cuando fue delegado de la ONU para la atención de personas con discapacidad, y ciertas prendas costosas de su esposa.

“No tengo ni he tenido departamentos fuera del país porque no está en mis planes fugarme. Aquí está mi familia, mis nietos”, señaló en su alocución en radio y televisión nacionales.

El escándalo se amplificó en las redes sociales y en algunos portales, pero no en los principales medios ecuatorianos, que ahora parecen aliados del gobierno.

La denuncia penal está sustentada en cientos de documentos (que incluyen correos electrónicos, facturas de pagos y algunos mensajes de telefonía celular) donde se identifican transacciones por millones de dólares de comisiones de varias corporaciones supuestamente para el círculo cercando de Moreno, incluidos su esposa, su hermano Edwin Moreno Garcés, el consejero presidencial Santiago Cuesta y su íntimo amigo Conto Patiño, conocido comerciante de armas.

En esos documentos aparecen también los nombres de Xavier Macías Carmigniani y de su esposa, María Auxiliadora Patiño, hija de Conto Patiño.

La ruta del dinero

En una vasta documentación que incluye además depósitos, transferencias y recibos, aparece también la emisión de una tarjeta de crédito para la adquisición de artículos de lujo e incluso la dirección de un departamento en España, a orillas del Mediterráneo, supuestamente para uso vacacional de la familia presidencial.

En la documentación de la denuncia hay transferencias de la cuenta de INA Corporation, en el Balboa Bank de Panamá, por 19 mil 342 dólares para la compra de muebles en Moinat S. A. Antiquities, en Suiza. Los muebles fueron al departamento de Moreno en Ginebra cuando se desempeñaba como enviado especial de la ONU.

También hay transferencias por 133 mil 400 euros a una cuenta del Banco Santander a nombre del ciudadano español Emilio Torres Copado, para la compra de un apartamento en Villajoyosa, Alicante. En España se inició la investigación por lavado de activos porque ese departamento estaría valuado en casi medio millón de euros.

Txema Guijarro García, diputado por Podemos y a nombre del grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, solicita al gobierno español constatar “si hay algún vínculo o relación entre Emilio Torres, la persona que supuestamente adquirió el apartamento, con el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno”.

Además, pregunta: “¿Qué conocimiento tiene el gobierno (español) sobre la presunta vinculación del presidente ecuatoriano Lenín Moreno con empresas offshore para adquirir hace tres años un apartamento en el municipio alicantino de la Villajoyosa, por un importe de 133 mil 400 euros, presumiblemente una cuarta parte de su valor real?”

La pregunta la hizo el lunes 4, tomando en cuenta que ya se habría hecho una denuncia formal el 25 de febrero en Madrid, “por los delitos de cohecho, organización delictiva, fraude fiscal y blanqueo de capitales”.

En la denuncia en Ecuador y la réplica en España se destaca que el rastro del dinero también conduce a los hermanos Edwin y Lenín Moreno, mediante los servicios internacionales de una empresa identificada con las siglas MAVCCO y una compañía petrolera, Sertectep, propiedad de Eduardo López, amigo de los hermanos Moreno.

Al parecer, las comisiones en efectivo se habrían depositado en varias cuentas ubicadas en paraísos fiscales, que luego fueron colocadas en la cuenta de INA Investment, “desde la cual se financió el lujoso estilo de vida de la familia Moreno en Europa así como viajes por todo el mundo”, explica a Proceso Ronny Aleaga, asambleísta por Revolución Ciudadana.

El 25 de febrero Aleaga presentó las dos primeras acusaciones formales ante la española Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, así como ante la Agencia Estatal de Impuestos.

En ambos casos las acusaciones implican a Moreno y a su familia en la compra del apartamento en Villajoyosa, vendido por 133 mil 400 euros por Emilio Torres.

A su regreso a Ecuador, la conferencia de prensa de Aleaga fue interrumpida por un grupo de agresores presuntamente vinculados con el expresidente Abdalá Bucaram, ahora aliado de Moreno. Lanzaron huevos a su vehículo y no dejaron pasar a los periodistas al hotel Ramada, de Guayaquil, donde se celebraría la reunión con medios.

Las denuncias del legislador ecuatoriano apuntan a que INA Investment Corporation es una empresa bautizada a partir de las tres últimas letras de los nombres de las hijas de Moreno: Irina, Karina y Cristina. Esta compañía offshore fue creada en Belice a principios de marzo de 2012 y se disolvió el 18 de marzo de 2016. Uno de sus accionistas principales fue el hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés.

INA Corporation abrió la cuenta número 100-4-1071378 en el Balboa Bank en Panamá, que, como muestran los documentos, fue utilizada por Xavier Macías para administrar transferencias y pagos a terceros, manteniendo la misma lógica de otras cuentas, hasta que pasen a manos de sus verdaderos dueños, para el uso directo de sus propietarios y beneficiarios.

En marzo de 2015 Edwin Moreno solicitó que se retirara su nombre de la empresa en favor de María Auxiliadora Patiño, esposa de Xavier Macías Carmigniani.

De la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado de Ecuador se desprende que en 2009, como vicepresidente, Moreno habría facilitado “acercamientos comerciales” para su amigo Xavier Macías Carmigniani, de lo cual se concretaron varios contratos para la empresa estatal china Sinohydro en Ecuador. En la misma denuncia se explica que en ese entonces Moreno habría enviado a Macías Carmigniani a reunirse, en su nombre, con corporaciones extranjeras para actuar como el “cabildero”, quien luego recibiría una “comisión” de la correspondiente corporación, una parte de la cual se pagaría posteriormente al vicepresidente Moreno, a través de la empresa INA Investment Corporation, ya creada por su hermano.

Asimismo, se subraya que con el apoyo de su suegro, Conto Patiño, Macías sirvió de enlace entre las empresas chinas, los empresarios ecuatorianos y Lenín Moreno, para recibir y administrar unas comisiones ilegales por alrededor de 20 millones de dólares.

El propio Patiño recibió 18 millones de dólares como una comisión de Sinohydro, la cual nunca declaró a las autoridades fiscales ecuatorianas y que trató de ocultar en una cuenta secreta en Panamá. Esto ya fue detectado por el Servicio de Rentas Internos de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa. Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2015, lo que habría obligado a Edwin Moreno a solicitar eliminar su nombre y su registro de la lista de accionistas de INA Investment.

Según los correos electrónicos, que constan en la denuncia puesta en la Fiscalía, Macías “presionó” para la adjudicación del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, de aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares, la obra de infraestructura pública más grande en la historia de Ecuador.

En uno de esos correos, de diciembre de 2015, se verificaría que Moreno, ya como seguro candidato presidencial, prometió a Macías el contrato para la construcción de la planta Zamora 3000 MW. Esta promesa se habría hecho durante un viaje a Europa, junto con María Patiño y Rocío González.

En otras pruebas judiciales, planteadas por el legislador Aleaga y algunas publicaciones del portal La Fuente, donde se incluyen mensajes de Telegram durante 2016, Macías reclama la demora de seis meses en el pago de “comisiones” (sobornos) desde agosto y septiembre, y de que Lenín Moreno, quien entonces vivía en Ginebra, se quejó de que Sinohydro no cumplía con los acuerdos previamente establecidos.

En uno de esos mensajes, Macías consulta al asistente del gerente de Sinohydro, Hu Ning, sobre la financiación de las viviendas que Moreno quería ofrecer como parte de su gestión ya en la Presidencia de Ecuador.

El monto obtenido de Sinohydro habría sido de 200 mil dólares. En su respuesta, Hu Ning agradece a Macías por el apoyo recibido y añade que, respecto a los planes para la construcción de casas, la financiación se dará “con el progreso económico del negocio”, es decir, sobre la base de los contratos prometidos si Moreno ganaba las elecciones presidenciales.

El análisis de los correos electrónicos, así como los mensajes de Telegram y WhatsApp, según Aleaga y otros analistas de temas de esta naturaleza, probarían que la pareja Macías-Patiño administraba los activos de la familia Moreno, y que proporcionan la cobertura para ocultar los pagos por los contratos al actual presidente.

Apunta a Correa

La presencia de Moreno en cadena nacional de radio y televisión la noche del 26 de febrero sorprendió a los televidentes de los canales tradicionales, porque en sus noticieros la denuncia de Aleaga nunca apareció. Y al mismo tiempo, tres de sus más cercanos colaboradores dieron una conferencia de prensa para aclarar el tema a unos medios que no habían publicado la denuncia del legislador de Revolución Ciudadana.

Esa noche Moreno negó cualquier irregularidad y se defendió señalando que “atacaron su honor y el de su familia, con una serie de datos que no tienen nada que ver conmigo”. Y al mismo tiempo destacó: “Todo esto está organizado premeditadamente, dentro de una estrategia de desestabilización del país, maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido Ecuador”, en alusión a Correa, sin mencionarlo nunca por su nombre.

“Ustedes saben a qué me refiero, ustedes comparten este valor, porque así somos los ecuatorianos… Ustedes ya me conocen y han visto cómo actúo, procuro la armonía y la paz. Mi único enfrentamiento es con la mentira, con la corrupción, con la pobreza”.

Y pese a que ya esa noche se conocía de la denuncia puesta en la Fiscalía, Moreno exigió: “Las personas que crean tener algún elemento acusatorio o probatorio, deben presentarlo, en forma sustentada, ante las autoridades pertinentes”.

Moreno explicó que “una vez acabada mi misión (de la ONU en Ginebra) cerré mis cuentas reglamentariamente y entregué mi informe contable tanto a Cancillería, como a Ban Ki Moon, secretario general de la ONU”.

Pero antes dijo que “como cualquier diplomático tiene en el país en el que reside temporalmente, tuve cuentas bancarias en Suiza, mientras me desempeñé como enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad”. El actual presidente de Ecuador concluyó su misión en Ginebra en noviembre de 2016 para presentarse a las elecciones generales de febrero de 2017.

Al arrancar su mensaje, mostró su declaración juramentada, mas no el certificado, de no tener cuentas offshore. El reclamo de sus denunciantes fue que una declaración no hacía verificable la posesión de cuentas por parte de testaferros, en su caso, como dijo Aleaga, de su hermano Edwin.

Frente a esta situación, desde distintos sectores políticos han solicitado abrir una investigación legislativa, paralela a la judicial. El pedido ha llegado desde los legisladores del partido de derecha CREO y de la misma bancada de la Revolución Ciudadana. De dar paso a este pedido, el riesgo de un juicio político dependería de la correlación de fuerzas, que este momento no les es desfavorable a Moreno y su bloque de asambleístas: de 137 votos, se requieren las dos terceras partes, más de 90. De acuerdo a los pronunciamientos, hasta el cierre de la edición, no se alcanzaría esa cifra.

Sin embargo, según todas las encuestas Lenín Moreno tiene una caída considerable en popularidad, credibilidad y calificación de gestión: en promedio tiene calificaciones positivas de entre 23% y 26%. Las negativas sobrepasan ya 70%, con perspectivas de seguir cayendo.

A esto concurren dos hechos que han generado malestar: la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica varios ajustes en la gestión económica, y el despido de diez mil funcionarios públicos el viernes 1, en vísperas del feriado de carnaval, que desató la furia en las redes sociales y las manifestaciones del miércoles 6.

Además, varios analistas y enfoques editoriales hacen eco de un rumor que va en ascenso, según el cual Moreno tendría previsto renunciar después de las elecciones municipales del domingo 24, con la excusa de que debe someterse a una cirugía de columna, por una lesión que lo mantiene en silla de ruedas; en ese caso lo sucedería su actual vicepresidente, el derechista Otto Sonnenholzner, vinculado a los grupos empresariales de Guayaquil.

De cualquier modo, el análisis editorial y político se sustenta en que estando al frente del gobierno, con tan baja popularidad y credibilidad, a Moreno le será difícil sostener el plan de ajuste impuesto por el FMI en casi todos los países de la región, como ya ocurre en Argentina. Mucho más cuando en Ecuador ya es “tradición” botar presidentes, como sucedió en 1996, 2000 y 2005, con Abadalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

Proceso
Orlando Pérez
Quito, Ecuador
Jueves 7 de marzo de 2019.

   
Luego de que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, declarara cuando fue detenido en Madrid, como su principal fuente de ingresos la empresa Unipolares y Publicidad del Norte S.A. de C.V. y Negocios, Asesoría y Publicidad, S.A. de C.V., la Fiscalía Anticorrupción de España investiga dichas compañías.

Además, de acuerdo al portal web del semanario Proceso, fuentes de la Corte de San Antonio reportaron que fiscales de Texas ya tienen también una acusación formal en contra del político coahuilense, la cual lanzarán en cuanto Jorge Torres López, exgobernador interino del Estado, sea extraditado a Estados Unidos.

Hace algunas semanas, la Fiscalía española pidió información sobre las empresas de Humberto a la Procuraduría General de la República, que abrió la carpeta de investigación AJI/126/2013-P para ese caso.

El semanario Proceso solicitó al actual gobierno estatal de Coahuila, a través de la Ley de Transparencia, información sobre contratos celebrados entre diversas dependencias con las compañías de Moreira Valdés.

Autoridades rechazaron tener en sus archivos contratos con estas organizaciones, aunque Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, confesó ante fiscales de Texas en diciembre de 2017 que ambos negocios recibieron “desde el 2006 pagos del gobierno con sobrefacturación”.

’Mi hijo quiere más a Moreira que a su padre’

El extesorero de Coahuila en gobierno de Humberto Moreira, Javier Villarreal, es pieza clave en las investigaciones del caso Coahuila, cuya sentencia en Estados Unidos se ha ido aplazando en distintas ocasiones.

La revista Proceso entrevistó a los padres del exfuncionario, a quienes buscaron en su negocio, una cafetería en la zona Centro de Matamoros, Tamaulipas.

“Mi hijo quiere más a Moreira que a su padre”, respondió la señora Paola Hernández al cuestionarle sobre la relación de Javier con el también exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los padres de Javier Villarreal han ido a visitarlo tras su detención en Texas y relataron que le han pedido contar la verdad a los fiscales texanos. “Deja ya de encubrir al exgobernador de Coahuila”, dijeron.

Javier Villarreal ha hecho diversas revelaciones tras haberse entregado a la justicia estadounidense, como que que la empresa de Moreira Unipolares y Publicidad del Norte S.A. de C.V. recibió “desde el 2006 pagos del gobierno de Coahuila con sobrefacturación”.

En su confesión ante autoridades de España afirmó que “tiene constancia de que Moreira se había reunido en una ocasión con Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz”, el lavador de dinero de los Zetas detenido en Madrid y que esta semana fue extraditado a Estados Unidos.

El padre de Javier Villarreal relató a Proceso el momento en que su hijo decidió entregarse a la justicia en Estados Unidos.

Luego de que en el sexenio de Felipe Calderón se destapó el caso de la megadeuda de Coahuila, Villarreal fue detenido e ingresado a un penal de Saltillo, el 28 de octubre de 2011; su padre viajó a dicha ciudad con títulos de propiedades para pagar la fianza, pero se las rechazaron porque el pago debería ser en cheque o efectivo.

Sin embargo, su hijo fue liberado la madrugada del día siguiente ya que un anónimo depositó 2 millones de pesos para pagar la fianza.

“Quien se estaba moviendo para defender a Héctor Javier Villarreal era Armando Luna Canales, secretario de Gobierno, quien depositó el cheque”, relató.

Don Javier recordó que mientras el abogado que le puso el gobierno de Coahuila para “defenderlo” lo quería incriminar, las autoridades federales los trataban de ayudar.

Fiscales de Texas comenzaron a acudir a la cafetería de sus padres y posteriormente contactaron a Héctor Javier Villarreal y le pidieron que viajara a San Antonio para que declarara ante las autoridades estadounidenses.

Héctor le dijo a su padre: “quiero ir a enfrentar el problema en Texas”. “Chingado está bien difícil, pero si ya se decidió, pues vaya”, le replicó Don Javier. “Y se fue a enfrentar el problema por su cuenta”, detalló a Proceso.

Tras la detención de Jorge Torres López y en vísperas de su extradición a Texas, fiscales estadunidenses pueden ofrecerle un trato para que confiese en contra de Humberto Moreira a cambio de reducir su condena.

El Siglo de Torreón
Torreón, Coahuila, México
Viernes 01 de marzo de 2019.


El Presidente confirmó que aplicarán recorte al gasto en publicidad gubernamental al destinar 4.2 mmdp, 50% menos que el Gobierno anterior.


El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que se aplicará un recorte al gasto en la publicidad gubernamental, ya que se destinarán unos 4 mil 200 millones de pesos para ese rubro, lo que representa el 50 por ciento de lo ejercido por el Gobierno anterior.

El Jefe del Ejecutivo se refirió al tema luego de ser cuestionado sobre el dinero que se pagaba desde Petróleos Mexicanos (Pemex) a medios de comunicación tradicionales y portales de internet.

"Se termina la subvención, ya no va a haber el llamado chayote, se acaba el soborno a medios y a periodistas. Desde luego tenemos que bajarle, porque era mucho, ahora sí que, se pasaban. Entonces poquito porque es bendito", dijo.

"Vamos a transparentar lo que tiene que ver con la publicidad del Gobierno, se autorizaron alrededor de 4 mil 200 millones de pesos para publicidad, que significa la mitad de lo ejercido el año pasado, ese fue un compromiso que hicimos y se está cumpliendo".

En conferencia, el Mandatario explicó que entre los criterios para la distribución de los recursos estarán al alcance de los medios de comunicación, su independencia del Gobierno y de grupos de interés, que tengan dimensión social para evaluar si se trata de “empresas” o de profesionales del periodismo.

López Obrador consideró que el pago de publicidad no es un “favor a los medios”, ya que tienen una función social y son entidades de interés público.

"Lo que está mal es la corrupción, emplear mal el presupuesto, que se use de manera tendenciosa, que se dé el presupuesto a quienes hablan bien del Gobierno y no entregar apoyos a los opositores; eso es lo que está mal", expresó.

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Miércoles 23 de enero de 2019.

 
Ciudad de México. - La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a jueces y Magistrados por corrupción vinculada con la delincuencia organizada.

Sin dar mayores detalles, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, dijo en conferencia de prensa que pronto dará a conocer más información sobre estos asuntos.

"Sí tenemos investigaciones en contra de jueces y Magistrados por actos de corrupción, incluso, debo decirlo, vinculados a temas de delincuencia organizada", declaró el funcionario.

"¿A cuántos jueces y Magistrados están investigando?", se le cuestionó.

"Motivo de la investigación, lo sabrán pronto", respondió.

Según fuentes de la Procuraduría, algunas de estas investigaciones están relacionadas con impartidores de justicia federales que en los dos últimos años determinaron dejar en libertad a algunos importantes operadores de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Muñoz Vázquez mencionó la existencia de dichas indagatorias en la conferencia de prensa donde cuestionó el fallo de un juez que anuló toda la información bancaria en el proceso contra Javier Nava Soria, contador implicado en la red de empresas fantasma de Javier Duarte.

Reforma
Ciudad de México
 Lunes 12 noviembre 2018.


Diputados revisarán Museo Internacional Barroco, Línea 2 del Metrobús, teleférico y remodelación del estadio

Con el apoyo de los diputados locales del PRI y Compromiso por Puebla, Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) aprobó la reapertura del ejercicio fiscal 2016-2017 del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
El proyecto avalado en la sesión del Congreso estatal establece solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregar la información relacionada con el ejercicio del ahora senador del PAN.

La diputada local de Morena, Vianey García Reyes, señaló: “Debe abrirse la coladera de corrupción que se vivió en el gobierno de Moreno Valle a través de las obras”. Los proyectos cuestionados que citó la legisladora son el Museo Internacional Barroco, emblemático de la administración pasada, la Línea 2 del Metrobús, la remodelación del Estadio Cuauhtémoc y el teleférico.

“Hay obras de todos los años de Rafael Moreno Valle: está el caso del teleférico que se pagó dos veces en la ciudad de Puebla, siendo una obra que no tiene razón de ser; hay que destapar toda la coladera de la corrupción”, dijo García Reyes.

La bancada morenista recordó que, en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades del ejercicio 2015, hasta por 4 mil 570 millones de pesos. A favor de Moreno Valle, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales Álvarez, refirió que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas fija que un ejercicio fiscal no puede revisarse dos veces, una vez que fue juzgado y abrió la posibilidad de que el ex mandatario interponga un amparo federal.

El Universal
Edgar Ávila
Corresponsal
Puebla, México
Martes / 11 / 2018.


Entre 2004 y 2017 se hicieron observaciones en 10 mil 169.1 millones de pesos recibidos por la entidad

El estado de Puebla aún tiene pendiente por aclarar el gasto de 4 mil 290.7 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recibidos a través del gobierno de la República.  

De acuerdo con el Sistema Público de Consultas de la ASF, entre 2004 y 2017 se hicieron observaciones en 10 mil 169.1 millones de pesos, de los que se aclararon 2 mil 830.5 millones que representan el 27.8 por ciento del total.

En 2013, las mayores observaciones

De los ejercicios fiscales auditados, 2013 es el que registra la mayor cantidad de recursos por aclarar, ya que suman 3 mil 82.40 millones de pesos, de 4 mil 602.2 millones que en total fueron cuestionados. Este periodo corresponde al penúltimo año del sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Pendientes por aclarar ante la ASF

Año     Monto
2014    1.1
2010    57.4
2011    39.4
2012    0.1
2013    0.6
2014    8.1
2015    3,082.40
2016    11.9
2017    1,089.70

Fuente: ASF

Posteriormente destaca la revisión a la cuenta pública 2017, ya que el máximo órgano fiscalizador cuestionó el uso de 1 mil 99.8 millones de pesos, monto del que aún está pendiente por justificar mil 89.7 millones.

Ese lapso corresponde al gobierno de José Antonio Gali Fayad, quien asumió la gubernatura en febrero del año pasado. Aunque la administración estatal indicó que el 85 por ciento de estos recursos fueron transferidos a los municipios y a ellos les corresponde justificarlos.

El tercer monto más alto por aclarar corresponde a 2010, que fue el último año de la gestión del exgobernador Mario Marín Torres, pues suma 57.4 millones de pesos, de una cifra global observada por 200.5 millones.

Después destaca 2011, el primer año de la administración morenovallista, pues aún están pendientes por aclarar 39.4 millones de pesos de una suma total de 1 mil 131.7 millones de pesos.

Del resto del sexenio de Moreno Valle aún debe aclararse el gasto de 11.9 millones de pesos correspondientes a 2016, 8.1 millones que fueron empleados en 2014, 600 mil pesos de 2013 y 100 mil pesos de 2012.

Según los datos de la ASF, aún están pendientes de justificar 1.1 millones de pesos que la ASF observó en 2004, cuando en Puebla gobernaba Melquiades Morales Flores. El monto observado en ese año ascendió a 3.1 millones.

e-consulta
Patricia Méndez
Domingo 4 noviembre 2018.


Empresa GEA, de la que es socia y consultora esposa del periodista, recibió contrato de más de 400 millones de pesos por parte de la administración de Peña Nieto

De acuerdo con el documento titulado “The Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Mexico”, la esposa del periodista Carlos Loret de Mola, Ruth Berenice Yaber Coronado aparece en la página 93 como socia de GEA/StructurA, en la página de Linkedin la pareja del periodista de Televisa aparece como consultora de la empresa GEA (Grupo de Economistas Asociados) y un artículo del periódico El Norte titulado “Representa el ISAN el 1% de los ingresos” Ruth Berenice Yaber Coronado, esposa de Loret de Mola es referida como socia consultora de la empresa GEA.

El Portal de Obligaciones y Transparencia registra que el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) ha suscrito con el gobierno federal al menos 46 contratos. Entre los múltiples contratos celebrados por GEA con el gobierno federal, destaca el contrato DGTFM-16-14 por un monto de 428 millones, el cual le fue otorgado junto a las empresas ADHOC Consultores y Asociados, Grupo Consultor Independiente, Sistemas Integrales para Transporte, EM Consultoría en Proyectos Públicos y Privados. El objeto del contrato fue: “estudios de Planeación e Integración, Topográficos, Mecánica de Suelos, Arquitectónicos, Urbanos, Ambientales, Hidrológicos, Jurídicos, Financieros, Ferroviarios; Electromecánicos y de material rodante para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para construir el Tren Peninsular de la Estación Chichén Itzá al cadenamiento (KM 272+900), y la Ingeniería básica desde ese cadenamiento a Cancún”.

El millonario contrato no fue asignado a través de una licitación pública, sino a través de un método de adjudicación denominado “invitación a cuando menos tres personas” según consta en el contrato DGTFM-16-14.

En este conglomerado empresarial destacan varios ex funcionarios públicos como el caso de Jesús Reyes Heroles exdirector de PEMEX en el gobierno de Felipe Calderón en el periodo de 2006 a septiembre de 2009, y que actualmente se desempeña como presidente del grupo empresarial StructurA, organización que agrupa a las empresas GEA Grupo de Economistas y Asociados, PROA, MBD y EnergeA,  esta última una empresa tiene como fin según su portal “desarrollar proyectos en el sector energético” el hermano de Jesús Reyes Heroles, Federico es miembro del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, además de ser analista político y columnista en el periódico Excélsior.

Guillermo Valdés es otro de los exfuncionarios públicos en el grupo directivo de StructurA, Valdés se desempeñó como exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.  Alejandro Hope otro exfuncionario en el organigrama de la empresa fungió entre 2008 y 2011 como funcionario del (CISEN). Alejandro Hope ha participado en numerosas mesas de análisis organizadas por el periodista Carlos Loret de Mola, en ninguna ocasión el periodista ha hecho saber a su audiencia la relación laboral que existe entre la esposa del periodista y el consultor Alejandro Hope.

La empresa presidida por Jesús Reyes Heroles ha sido señalada como una empresa favorecida por el gobierno federal gracias a que su presidente Jesús Reyes Heroles sea desempeñado como funcionario público y empresario, lo cual le ha permitido establecer relaciones de negocios muy favorables.

En un reportaje de Esteban David Rodríguez titulado “Jesús Reyes Heroles y socios, magnates gracias a Pemex” el periodista de la revista Proceso señala  que el exdirector de PEMEX fue “repudiado por la cúpula priista en 2006 tras negar su apoyo al candidato presidencial tricolor y anunciar su adhesión a la campaña de Felipe Calderón, Jesús Reyes Heroles González Garza regresa en 2013 como figura estelar del show de legitimación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, quien le perdonó todo”

Berenice Yaber es economista egresada del ITAM y además de ser socia-consultora de la empresa GEA, la esposa del periodista es muy aficionada a viajar y la fotografía, desde su cuenta de Instagram, Yaber Coronado comparte su gusto por la fotografía y los viajes que ha realizado a Japón, China, Indonesia, Hong Kong, India, Sudáfrica, Botsuana, Francia, España, Alemania, y varias ciudades en los Estados Unidos de Norteamérica.

Los Angeles Press
Por Julio C. Roa
Ciudad de México
Lunes 29 de octubre de 2018.

 
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia Constitucional ante la SCJ para proteger a Enrique Peña Nieto y su gabinete de trabajo de posibles órdenes de aprehensión, citatorios o averiguaciones abiertas por el gobierno de Chihuahua.

El 11 de octubre pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia Constitucional para ampararse ante posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales de Chihuahua contra cualquier funcionario federal.

Esta acción legal viene tras las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien hace unas semanas dijo que la “justicia alcanzaría” al presidente Enrique Peña Nieto toda vez que Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, fue liberado el 28 de septiembre, situación que Corral calificó como un acto de protección del ejecutivo federal para el priista.     

Si procede la controversia Constitucional presentada por Presidencia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), no solo el presidente, Enrique Peña Nieto, quedaría protegido, sino también todos los integrantes de su gabinete, ante cualquier investigación, citatorio u orden de aprehensión.

De acuerdo con el diario Reforma, en el recurso presentado se nombra al gobernador Javier Corral; a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, y al Poder Judicial local. Esta sería la primera vez que la presidencia de México presenta una acción legal para protegerse.

En mayo pasado Javier Corral acusó a un juez federal de tratar de violentar las leyes al solicitar el traslado del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos, y dos ex colaboradores del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a Ciudad de México para continuar con sus procesos penales.

César Duarte es acusado de corrupción y se encuentra prófugo de la justicia, en tanto que Alejandro Gutiérrez es señalado por un presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos para campañas priistas.

Leer: Javier Corral asegura que PGR busca la liberación del exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez

Aunque Alejandro Gutiérrez fue detenido y encarcelado desde diciembre de 2017, el pasado 28 de septiembre quedó en libertad y con la medida cautelar con una tobillera de geolocalización, con la restricción legal de no salir del estado de Chihuahua.

De acuerdo con la PGR, la Fiscalía General de Chihuahua no solo no aportó elementos de prueba suficientes que permitieran mantener el proceso en contra de Gutiérrez Gutiérrez, sino que obstaculizó las investigaciones e impidió robustecer la causa penal del político.

Alejandro Gutiérrez aún tiene un proceso pendiente por peculado.

Ante esto, el gobernador Javier Corral acusa que la PGR y el presidente Peña Nieto han procurado que prevalezca la impunidad.

Animal Político
Ciudad de México
Lunes 22 de octubre de 2018.


En su comparecencia, senadores reprocharon al titular de Segob el repunte histórico de la violencia y la impunidad en casos como Odebrecht.


Senadores reprocharon al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el repunte histórico de los homicidios dolosos durante el sexenio, las violaciones a derechos humanos y la falta de sanción en casos emblemáticos como Odebrecht.

También criticaron el recorte de recursos al Programa Nacional de Prevención, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el recrudecimiento de desapariciones y feminicidios, y la debilidad de las Policías a pesar de la inversión de miles de millones en ese rubro.

El senador Emilio Álvarez Icaza recriminó que en materia de derechos humanos se han presentado violaciones gravísimas como la desaparición de los 43 normalistas, la existencia de cientos de ciudadanos torturados, y el registro de más de 200 mil personas ejecutadas.

"Y su espejo de personas sin identificar que llenan los servicios forenses y las fosas comunes y el camposanto con fosas clandestinas en cada pedacito de la patria; este sexenio deja una estela de violaciones a derechos.

"Su insensibilidad ante la crisis humanitaria ha sido una fábrica de víctimas y, además, recrudecida entre los más pobres", sentenció Álvarez Icaza, quien cuestionó a Navarrete Prida sobre qué esperan para detener al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

El ex Ombudsman capitalino expuso que si bien hubo expectativas al inicio, por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno federal se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada en él, debido a una crisis ética.

"La verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción, ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este Gobierno", comentó.

María Guadalupe Murguía, del PAN, estimó que México atraviesa por una grave crisis de violencia, con cifras históricas en ilícitos como homicidios dolosos, robo de combustible, narcotráfico y secuestro.

Subrayó que se requiere de una instancia especializada para combatir la violencia, a fin de que el Estado asuma su obligación de brindar seguridad desde un enfoque de la prevención, derechos humanos y atención prioritaria de los delitos que más lastiman a la sociedad.

La senadora Eunice Renata Romo Molina, de Encuentro Social, aseveró que la conducta que imperó en la administración federal fue aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales.

"Aún siendo de conocimiento popular los implicados en escándalos de corrupción no enfrentaron las consecuencia políticas y legales de sus actos; el sistema (anticorrupción) de nada sirvió, pues enfrentó la resistencia de los legisladores del partido en el poder.

"Se ha entorpecido el avance de la investigación sobre uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en la historia de América Latina, el caso Odebrecht, además de los de los ex Gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Veracruz y Nayarit", apuntó.

Juan Zepeda, senador del PRD, sostuvo que el Gobierno federal no se ha hecho cargo de su responsabilidad de reducir el número "escalofriante" de homicidios dolosos ni de encontrar solución a los problemas de desaparición de personas, feminicidios y violencia de género.

"El gran déficit es el tema de la seguridad", opinó Zepeda, quien propuso un minuto de silencio en memoria de las víctimas de homicidios, desapariciones y feminicidios.

Alejandra del Carmen León, del PT, criticó que el Gobierno federal haya dado continuidad a una estrategia que no permitió alcanzar la paz mínima y acusó que no sólo renunció a su responsabilidad de mejorar las Policías, sino también intentó imponer a un "fiscal carnal".

Reforma
Claudia Rivero
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 17 de octubre 2018.


La Sala Regional del TEPJF concluyó que el tribunal estatal asignó la regiduría como una “ilegal interpretación”, de un principio inexistente en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló por ilegal la regiduría que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla entregó al militante del PRI Edgar Chumacero Hernández, en medio de acusaciones de que esa posición se asignó como parte de una negociación política entre el Revolucionario Institucional y el PAN.

El diputado de Morena Héctor Alonso Granados denunció que el TEEP cedió una posición en el Cabildo de Puebla a Chumacero, para que el magistrado de ese organismo local Gerardo Saravia Rivera –que vinculó al tricolor-– votara a favor de la constancia de mayoría como gobernadora electa de la albiazul Martha Érika Alonso Hidalgo y fuera aprobada por unanimidad de votos, situación que aconteció el miércoles pasado.

Ayer, la Sala Regional del TEPJF con cabecera en la Ciudad de México concluyó que el tribunal estatal realizó una “ilegal interpretación”, pues asignó la regiduría bajo el principio de “resto mayor” pese a que no se encuentra previsto en el artículo 323 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.

El TEEP vulneró de manera grave el principio de certeza en materia electoral contenido en la Constitución local, porque no apegó su resolución a las reglas que rigen los procesos comiciales, expuso la Sala en la sentencia.

Además, señaló que los resultados electorales en la capital del estado sólo alcanzaban a repartir seis regidurías y, aun así, el órgano jurisdiccional de Puebla asignó una séptima a Chumacero.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Puebla, México
Domingo 14 de octubre de 2018.

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