La PGR ya pidió la extradición de Duarte a EU.

Ciudad Juárez, Chihuahua. - El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que se tienen identificadas al menos 10 propiedades del prófugo exmandatario César Duarte en Texas y Nuevo México. "Habremos de registrar nuestro interés en el proceso de extradición sobre la recuperación de esos activos.

"No queremos que el Gobierno de Estados Unidos se los vaya a quedar porque no es dinero producido en Estados Unidos, es muy importante que sepa (el Presidente Donald) Trump que ese dinero con el que se compraron esas propiedades le pertenece al pueblo de Chihuahua", señaló a periodistas tras encabezar la salida de la "Caravana por la Dignidad". Corral dijo no tener una evaluación sobre el costo de la decena de propiedades de Duarte en Estados Unidos.

En su discurso, indicó que al recuperar los activos de Duarte en Texas y Nuevo México los recursos que se obtengan se destinarán a programas sociales y el combate a la pobreza. "Lo que más nos interesa es resarcir el patrimonio de Chihuahua, lo que malversaron y usaron en su beneficio personal. Recuperar el fruto de lo indebido para ponerlo al servicio de la gente, becas para estudiantes, campesinos, adultos mayores, gente que no tienen", aseveró.

Formalizan ante EU extradición de Duarte

El gobierno de México presentó formalmente tres solicitudes de extradición en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y trabaja para presentar las otras ocho de las 11 solicitadas, -por presuntos actos de corrupción y delitos electorales-, informó el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.

"Se presentaron tres solicitudes formales de extradición, dos por lo que se refiere a órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, una por la Fepade de la PGR; seguimos trabajando en concluir las formalidades para la presentación del resto hasta llegar a las 11 que han sido solicitadas a la Procuraduría General de la República, daremos el acompañamiento junto con las autoridades extranjeras para efecto de que a la brevedad posible pueda ser enfrentada la persona que se reclama en la extradición a la justicia mexicana, tanto del orden federal como del orden estatal", detalló Elías Beltrán en entrevista radiofónica.

Aunque al dar a conocer la petición, dijo que por cuestiones del debido proceso y presunción de inocencia, no se da a conocer a dónde se enviaron las solicitudes.

La PGR recibió 10 causas penales por diversos delitos del fuero común en materia de corrupción el año pasado, una por parte de la Fiscalía General de Chihuahua y una por parte del fuero federal por delitos electorales.

La investigación. "Nosotros seguimos investigando, como ustedes saben el nuevo sistema tiene dos etapas de investigación, la etapa inicial sin control judicial, y una vez que se judicializa, la etapa complementaria, donde se sigue la investigación ya con un control judicial a través del juez propiamente de control, seguimos trabajando en eso, en la investigación, que partirá cuando lleguemos a la etapa intermedia, al juicio, y tengamos un caso sólido, es lo que seguimos trabajando y en el momento en que se tenga que iniciar la etapa complementaria para poder presentar un caso sólido", agregó el funcionario.

Dudan de PGR

El Gobierno de Chihuahua consideró que hay suspicacias en la actuación de la PGR al presentar solicitudes de extradición contra el ex Gobernador de César Duarte sólo por tres delitos, a pesar de que en México tiene 11 órdenes de aprehensión.

"Hay ciertas suspicacias y me parece que la labor nuestra y de todos los ciudadanos es estar atento a esto y exigir en la Procuraduría General de la República se conduzca con estricto apego a derecho y de la manera más pura posible", indicó el abogado de Chihuahua, Paulo Díez.

"Porque lo que no queremos es que un descuido, ya sea un error involuntario, puede resultar en un beneficio indebido para el extraditado".

El caso federal es una acusación de la Fepade por un presunto peculado electoral de 14 millones de pesos a las campañas del PRI en la elección del 2015.

Díez anunció que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que en la solicitud de extradición sean incorporadas todas las acusaciones en contra del ex Gobernador priista, ya que el tratado de extradición México -Estados Unidos establece que el acusado sólo puede ser juzgado en el país por aquellos delitos que se hayan Incluido en la solicitud. "De lo que se trata es de exigir que el Gobierno federal presente, como parte de su solicitud, todos los delitos que forman parte de todas las órdenes de aprehensión y que eso no genere un marco de impunidad para el extraditado", indicó.

Agencias / Reforma
Ciudad de México
Domingo 21 enero 2018.


El Gobierno federal asignó en forma discrecional a los gobiernos estatales casi 300 mil millones de pesos extraordinarios durante los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña.

Tal discrecionalidad del Ejecutivo federal implica un riesgo de control político sobre las entidades federativas y debilita a la Cámara de Diputados en su facultad de aprobar cada año el Presupuesto de Egresos, alertó la organización México Evalúa.

Estudios de este organismo indican que en tres programas del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas se concentró la asignación extraordinaria a las entidades, sin criterios para determinar montos, sin reglas de operación y sin control alguno por parte de la Cámara baja, pese a los montos multimillonarios asignados.

"Por la forma en que se maneja el Ramo 23 podemos decir que no se trata de la caja chica, sino la caja grande del Gobierno federal, con montos que son superiores a programas educativos o de salud", afirmó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

En 2013, al comenzar la gestión de Peña, Hacienda destinó 41 mil 668 millones de pesos a las entidades, por medio de la partida llamada Programas Regionales, que el año anterior había tenido una asignación de sólo 5 mil 537 millones de pesos.

Durante 2014 y 2015, las asignaciones millonarias a las entidades se asignaron mediante el programa Contingencias Económicas, por un monto de 131 mil 771 millones de pesos.

El programa de Contingencias Económicas es el antecesor del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el mismo del que el Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral reclamó 700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para el ejercicio del 2017 y que aún no se le entrega.

Exigen castigo a mandatarios corruptos

Para legisladores de oposición no es casualidad que los estados cuyos gobernantes fueron acusados de corrupción, también sean los que tengan las deudas públicas más altas por habitante, por lo que exigieron al Gobierno federal investigar, castigar y obligar a los inculpados a resarcir el daño.

Según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y la Secretaría de Hacienda, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo -que fueron por militantes o ex militantes priistas-, son los cuatro estados con las mayores deudas del país. De forma paralela, los ex Mandatarios de estas entidades están bajo investigaciones por mal uso de recursos públicos.

Para Isidro Pedraza, senador del PRD, la actual administración ha destacado por gobernadores corruptos, los que, subrayó, no han regresado lo robado. "Cerca de 20 gobernadores que terminaron en el periodo con Peña Nieto, que están señalados de actividades de corrupción, cerca de 280 mil millones de pesos están ahí faltando del erario público y hay una gran complacencia del Gobierno Federal y no habido acciones determinantes", señaló.

"Si no hay una protesta como la que se da en Chihuahua, no se activan los mecanismos para solicitar la extradición del delincuente de Duarte. Creo que esto es el colmo de la autocomplacencia, que habla de un contubernio de como bien lo dijeron ahí, es un pacto de impunidad que se había hecho en el Gobierno Federal", agregó.

En tanto, el coordinador del bloque PT-Morena en el Senado, Manuel Bartlett, indicó que la corrupción emana desde el Ejecutivo Federal, por lo que, consideró, ha sido difícil de combatir. "Los gobernadores se asociaron con Peña Nieto, (desviaron) una cantidad de recursos a la campaña de Peña Nieto, por eso encuentras tú que están coludidos un gobernador tras otro, van muchísimos que están metidos aún, porque viene desde la presidencia", apuntó.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 20 enero de 2018.


El PAN hará encuesta entre esposa de Moreno Valle y exalcalde para definir candidatura en Puebla

La dirigencia nacional del PAN reveló que la candidatura para gobernador se resolverá a través de una encuesta de popularidad entre Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del exmandatario Rafael Moreno Valle, y el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

En un comunicado, el dirigente nacional panista Damián Zepeda Vidales celebró que la candidatura al gobierno de Puebla se construya en “unidad y con diálogo” entre los dos perfiles “más valiosos y competitivos de Acción Nacional”.

Apenas este jueves, ambos panistas se reunieron en un restaurante con el gobernador panista Antonio Gali Fayad, luego de casi un año de que habían mantenido una confrontación pública.

De acuerdo con fuentes panistas, los encuentros y la encuesta forman parte de una negociación política entre Moreno Valle y el precandidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, en el cual Gali Fayad intervino como mediador.

Las versiones que han circulado hasta ahora señalaban que el pacto consistía en que Alonso Hidalgo sería candidata a gobernadora y haría dupla con Rivera Pérez, quien volvería a ser candidato a presidente municipal de Puebla.

Mientras que el hijo de Gali Fayad, Antonio Gali López, quien milita en el PRD, encabezaría la primera fórmula para el Senado.

Sin embargo, en el comunicado emitido este viernes se señala que la candidatura a gobernador aún no está definida, y que el acuerdo es que ambos aspirantes sean medidos en una encuesta cuyos resultados se tendrán la próxima semana.

“Una vez concluido este proceso, en el transcurso de la próxima semana, se darán a conocer los resultados y en unidad el panismo poblano definirá los pasos a seguir para participar de cara al proceso electoral de este año”, precisa la dirigencia panista.

En el comunicado, Zepeda expresa que Puebla es, “sin duda alguna, uno de los estados clave del proceso electoral 2018 y, al mismo tiempo, un claro ejemplo de que donde el PAN gobierna, lo hace muy bien”.

Desde el arranque del sexenio de Moreno Valle, el panismo poblano se dividió en dos facciones: el morenovallismo y la militancia tradicional ligada al Yunque.

Los militantes de tradición, entre los cuales se encuentra Pérez Rivera, se convirtieron en los principales críticos de Moreno Valle, al que acusaron de persecución, de intolerancia, de afiliaciones masivas al partido y de imponer candidaturas, entre otros señalamientos.

Como parte de esto, el propio Rivera Pérez acusó al ahora exmandatario de estar detrás del procedimiento de responsabilidad que inició en su contra el Congreso local por supuestas irregularidades cometidas en su función como alcalde de Puebla. El legislativo poblano determinó inhabilitar para ocupar cargos públicos por 12 años al exalcalde y le impuso una sanción económica.

El exedil denunció que el fondo de este caso era dejarlo fuera de la competencia para definir candidato a gobernador por el PAN, que ya desde entonces se sabía era una posición que Moreno Valle buscaba para su esposa.

En ese momento, importantes personalidades del PAN, entre ellas Ricardo Anaya, manifestaron su respaldo a Rivera Pérez, incluso algunos panistas aseguraron que se trataba de una persecución política.

Esta semana, al tiempo que se conoció del supuesto acuerdo entre Moreno Valle y Anaya, el Congreso de Puebla se desistió de un recurso de impugnación al juicio de amparo que presentó Rivera Pérez en contra del procedimiento que se le siguió para sancionarlo.

Doger va por candidatura del PRI

Enrique Doger Guerrero, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, anunció que renunciará a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para registrarse como precandidato del PRI a la gubernatura.

Otro de los aspirantes a la postulación priista es Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 19 enero 2018.

 

Fuentes de la PGR confirmaron que el trámite fue concretado ayer por la tarde, aunque no precisaron el país al que fue requerido para buscar que el prófugo inicie el procedimiento de repatriación.

Desde el año pasado ha trascendido que Duarte se encuentra en Estados Unidos, entre las ciudades de Miami y El Paso, país donde incluso presentó una solicitud de asilo político.

El caso federal contra Duarte es una acusación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por un presunto peculado electoral de 14 millones de pesos a las campañas del PRI en la elección del 2015.

La Procuraduría no ha informado cuáles son los dos casos del fuero común por los cuales se tramitó su extradición. Ante la justicia en Chihuahua, Duarte cuenta con 11 órdenes de aprehensión.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 19 de enero 2018.


El ex gobernador de Quintana Roo será juzgado por apropiarse de terrenos frente al Caribe

Roberto Borge ha pasado de ser recordado como el gobernador más joven de la historia a estar acusado de quedarse con miles de hectáreas en Quintana Roo. Siete exmandatarios afrontan simultáneamente procesos judiciales en México

Durante mucho tiempo el exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge (Cozumel, 1979) fue visto como un ejemplo de una nueva forma de gobernar. Dinámico, dicharachero, comprometido con el medioambiente y amante de la parranda y las fiestas que lo conectaban con los sectores populares, era uno de los jóvenes llamados a revolucionar la forma de hacer política.

Incluso el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, probablemente en una de las declaraciones más desafortunadas de su carrera, lo puso de ejemplo de una nueva camada que había llegado para terminar con la vieja política.

Borge había llegado al poder en 2011, con 32 años, como el político mexicano más joven en llegar al cargo. Siete años después de aquello aterrizó este jueves en la Ciudad de México, custodiado por la policía, para ser juzgado por varios delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y la presunta venta irregular de terrenos de propiedad pública a varios presta nombres.

Está acusado, entre otros delitos, de haber vendido irregularmente 9.600 hectáreas de terrenos frente al Caribe mexicano a familia y amigos durante el tiempo que duró su mandato (2011-2017). Por varias de esas propiedades en una de las perlas del turismo mundial, se pagó menos del 1% del precio catastral, según denunció el actual fiscal general de Quintana Roo.

Panamá procedió a la extradición de Borge a México después de siete meses detenido en el país centroamericano. Allí fue detenido en junio cuando intentaba huir a Francia tras haber escapado de México días antes.

Sobrino de gobernador y niño promesa del PRI (Partido Revolucionario Institucional), Borge empezó en la política en 2003 de la mano de Félix González Cantó, que gobernó Quintana Roo entre 2005 y 2011. En ese entonces, tenía 23 años, se acababa de graduar en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey y era el secretario privado de González Cantó, quien dos años más tarde se convirtió en gobernador.

A los 29 años pasó a ser diputado federal, donde fue secretario de la Comisión de Medio Ambiente. Su voracidad política le llevó a dimitir seis meses después para contender por la candidatura al Gobierno de Quintana Roo, que concentra las paradisíacas playas del Caribe mexicano y los fuertes intereses económicos de Cancún y la Riviera Maya, principales puntos turísticos de México.

El actual gobernador del Estado y principal impulsor de la persecución contra Borge, Carlos Joaquín González, comparó a su antecesor con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, otro de los símbolos del latrocinio descontrolado de los últimos años.

En entrevista con EL PAÍS, González evaluó en más de 10.000 millones de pesos (más de 500 millones de dólares) el importe del robo de Borge y lo acusó de ser responsable de forma indirecta del repunte de la violencia que se vive en el Estado al haber desviado grandes cantidades de dinero que iban para programas sociales. "Faltan los recursos que iban para el campo, salud, educación que fueron destinados para dar beneficios a unos cuantos y que no llego a la población indígenas a los jóvenes", señaló.

Con la llegada de Borge a México son ya siete exgobernadores que enfrentan de forma simultánea procesos judiciales. De ellos, seis –los de Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Sonora y Michoacán– están detenidos y el chihuahuense Cesar Duarte, prófugo.

Proceso
Jacobo García
Ciudad de México
Jueves 4 enero 2018.


Señalan en desvíos mano de Beltrones; la triangulación de recursos fue acordada por el exlíder

Chihuahua, Chih.- Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, fue alcanzado por las acusaciones de desvíos de recursos del Gobierno de Chihuahua al tricolor.

La triangulación de recursos desde Hacienda hacia el Gobierno estatal para luego destinarlos al PRI, fue acordado por Beltrones, se reveló ayer en la audiencia de vinculación a proceso del ex Secretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Una agente de la Fiscalía General del Estado leyó ayer una declaración de Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación en la Administración del priista César Duarte, en la que asegura que el ex Presidente nacional del PRI concertó el desvió millonario.

"Me dijo (César Duarte) que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros estados.

"Que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones", declaró Yáñez, quien en noviembre pasado fue sentenciado a cuatro años de prisión por peculado por los mismos hechos.

"Ante la instrucción de César Duarte procedí a firmar los cuatro contratos que fueron enviados a mi oficina por la Secretaría de Hacienda local.

"Y en ese momento le pregunté a Jaime Herrera (ex Secretario de Hacienda) sobre las empresas que venían en los contratos, a lo cual me respondió que habían sido puestas por Alejandro Gutiérrez, precisamente para los fines de poder desviar el dinero".

Incluso Yáñez declaró que Alejandro Gutiérrez le envió un mensaje de texto, que aún conserva en su teléfono: "Me decía de manera textual, 'Ya hablé con y el retorno no hay opción'".

Ayer Gutiérrez, fue imputado por el delito de peculado agravado contra el erario de Chihuahua.

La declaración de Ricardo Yáñez donde implica a Beltrones, coincide con el testimonio de Jaime Herrera, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, quien aseguró también ante la Fiscalía que el ex líder del PRI, planeó la triangulación de recursos a las campañas.

A prisión

Impone juez de Control Octavio Rodríguez Gaytán en contra de Alejandro Gutiérrez la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses. Será recluido en el Cereso número Uno del municipio Aquiles Serdán.  Mientras vence el plazo de 4 meses del cierre de carpeta de investigación por el delito de peculado agravado.

Reforma
Chihuahua, Chih.
Lunes 25 diciembre 2017.


El expresidente de Odebrecht, la empresa que protagonizó la trama de corrupción más grande de Brasil, con ramificaciones en América Latina, salió de la cárcel.

Marcelo Odebrecht, el expresidente de Odebrecht condenado en el mayor escándalo de corrupción en Brasil, seguirá purgando su condena en una mansión de 3.000 metros cuadrados en Sao Paulo tras haber abandonado hoy la celda de 12 metros cuadrados en Curitiba en la que estuvo recluido dos años y medio.

El otrora todopoderoso presidente de la mayor constructora brasileña, una gigante multinacional con negocios en decenas de países, seguirá cumpliendo su condena en prisión domiciliaria gracias al acuerdo de colaboración judicial por el que se comprometió a confesar todas las corruptelas de su empresa.

El heredero de una de las mayores empresas de América Latina ha sido condenado hasta ahora a 31 años y 6 meses de prisión en dos de los siete procesos abiertos en su contra, pero el acuerdo de colaboración redujo esa condena a 10 años.

Tras dos años y medio en unas estrechas celdas de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, pasará los próximos dos años y medio en prisión domiciliaria, otros dos años y medio en régimen semi abierto (puede salir de día a trabajar) y los últimos dos años y medio en régimen abierto (sólo tendrá que estar los fines de semana en casa).

Los siete años y medio que le quedan de pena los pasará en su residencia en Sao Paulo, una mansión con piscina, gimnasio y varias comodidades en el exclusivo barrio de Morumbí, controlado por una tobillera electrónica que oficiales de Justicia le pusieron este martes.

El empresario, de 49 años y apodado "Príncipe", abandonó las celdas de la Policía Federal en Curitiba y fue trasladado a un foro de justicia donde fue informado por un juez de las reglas que tendrá que cumplir durante la prisión domiciliaria.

Tres horas después, ya con la tobillera electrónica, salió del foro judicial en un vehículo particular escoltado por dos patrullas de policía hasta un aeropuerto privado en Curitiba, en donde abordó un avión particular que lo trasladó hasta Sao Paulo.

Su abogado, Nabor Bulhoes, el único que habló con la prensa al final de la audiencia, aseguró que la definición de la mansión que queda en un condominio de lujo a pocos metros de la gobernación de Sao Paulo como la nueva prisión es un "asunto que sólo incumbe a Odebrecht y al juez de ejecuciones penales".

Marcelo Odebrecht en prisión domiciliaria

Agregó que el empresario sólo tendrá derecho a recibir visitas de sus familiares, sus abogados y de 15 personas incluidas en una lista que le entregó este martes al juez y que sólo tendrá autorización para abandonar la casa en dos oportunidades, con fechas aún no definidas y que serían para asistir a ceremonias de graduación universitaria de sus hijas.

"El único compromiso que tiene Marcelo Odebrecht en adelante es seguir colaborando con la Justicia en los términos del acuerdo de colaboración que firmó con la Fiscalía y como reconocidamente lo viene haciendo", dijo su abogado.

"Reiteró que su gran objetivo es volver a la convivencia familiar, algo muy importante para él", agregó.

Las penas iniciales a las que fue condenado por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita fueron reducidas tras el acuerdo que la Fiscalía firmó con 76 ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht para que revelaran todas las corruptelas cometidas por la empresa en Brasil y otros países.

Además de ser uno de las principales implicadas en el gigantesco escándalo de corrupción por los desvíos en la petrolera estatal Petrobras, Odebrecht es investigada por sobornos pagados a dirigentes públicos en decenas de países para adjudicarse contratos.

Las revelaciones han provocado terremotos políticos en países como Panamá, Perú, República Dominicana y Ecuador.

Solo en Brasil, la divulgación de los testimonios de los ex directivos hizo que la Corte Suprema autorizara la apertura de 76 investigaciones contra casi 100 políticos aforados citados en las delaciones, entre ellos varios ministros del Gobierno del presidente Michel Temer.

Cuando cumpla su pena, Odebrecht todavía tendrá restricciones en el ámbito profesional, pues hasta 2025 estará impedido de ejercer cualquier función ejecutiva en las empresas de su familia, según el acuerdo que firmó con la Justicia.

Su padre, Emilio Odebrecht, ha anunciado que dejará la presidencia del Consejo de Administración el próximo abril, además de afirmar que ningún miembro de la familia volverá a presidir el grupo, en medio de un programa de reestructuración para "pasar página" de los escándalos de corrupción.

EFE
Curitiba, Brasil
Martes 19 diciembre 2019.


En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

En México, 1,840 municipios, de los 2,447 existentes, registran porcentajes de pobreza entre 50 y 99% del total de la población, es decir, 75% de las alcaldías del país registran niveles de pobreza, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su medición de la pobreza a nivel municipal 2015.

Los datos divulgados este jueves por el órgano de evaluación de la pobreza en el país precisan que 190 municipios del país registraron pobreza en más de 95% de sus habitantes hasta el 2015.

Asimismo, comunicó el Coneval, la pobreza se redujo durante el quinquenio comprendido entre el 2010 y el 2015, en 5 puntos porcentuales o más, en 699 municipios, en tanto que en 422 se registró un aumento en la misma proporción.

En este tenor, las 15 alcaldías con el mayor porcentaje de pobreza en su población se ubicaron en el sur-sureste, es decir, entre Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En este último estado, el municipio de Santos Reyes Yucaná se colocó como la alcaldía más pobre del país con 99.9% de su población en dicha condición.

En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

Por número total de personas en pobreza extrema, Acapulco de Juárez, en Guerrero ocupó el primer lugar con 93,513 personas, mientras que nuevamente Santos Reyes Yucaná, en Oaxaca, se colocó como la alcaldía con mayor porcentaje de su población en esta condición con 97.4 por ciento.

Reforma
Héctor Molina
Ciudad de México
Viernes 8 diciembre 2017.


En un video hasta ahora inédito, un ex directivo de la empresa brasileña confesó cómo Emilio Lozoya le pidió que Odebrecht contribuyera a la campaña presidencial de Peña Nieto.

Emilio Lozoya Austin pidió al gigante brasileño Odebrecht una "contribución" millonaria a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto para posicionarse dentro del grupo de quien ocuparía la titularidad del Ejecutivo federal de México, según confesó Alberto Meneses Weyll, director superintendente de Odebrecht en México, el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en Sao Paulo, Brasil.

La organización periodística Quinto Elemento Lab tuvo acceso y difundió un video de la confesión del exdirectivo de la constructora brasileña. Lozoya fue Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto de 2012.

En la grabación se escucha decir a Meneses Weyll que cuando Lozoya ya estaba posicionado en el comité de la campaña presidencial, él le planteó que sería muy importante para que Odebrecht pudiera contribuir con algo en la campaña. El confesor precisó que venían trabajando con Lozoya de 2009 y que era la única persona que conocían en la campaña.

Meneses indicó que ya que no había habido “un reconocimiento” de Lozoya por las contribuciones a los planes de la empresa, consideró atender la solicitud y ante todo porque él era parte del equipo de un candidato de un partido que lideraba las encuestas. “Decidí invertir y materializar en algo que venía ocurriendo en los últimos años principalmente para posicionarnos ante una eventual victoria y ante un eventual posicionamiento de él en el futuro gobierno”.

“Él solicitó un reconocimiento de 5 millones de dólares. Consulté a mi líder y le indiqué el potencial que Lozoya podría representar. Le sugería a mi líder que aprobáramos una buena cantidad para reconocer la actividad que se estaba desarrollando y así lo hicimos”, dijo. El exdirectivo precisó que posteriormente se reunió con Lozoya y le indicó que le darían 4 millones de dólares, algo que el mexicano aceptó. Unos días después, Emilio Lozoya le brindó a Meneses los datos de cuentas de en el extranjero en las que se depositarían las “contribuciones”, según el testimonio.

Las confesiones de directivos de Odebrecht ante la justicia brasileña indican que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex, los directivos del gigante brasileño lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos, una petición a la que él accedió. De esta manera, según la misma información, se acordaron otros pagos por un total de 6 millones de dólares. De este monto, 4 millones estaban condicionados por un contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Cuando Odebrecht obtuvo el contrato en Hidalgo, se llevaron a cabo transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por el mismo Emilio Lozoya. Esto empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, según la misma información. Las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de 1 millón 170,000 dólares y varias más, hasta sumar 5 millones de dólares.

Newsweek
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.


En entrevista, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entidad creada por el mismo gobierno, cuentan cómo se les ha impedido investigar diversos casos y participar en discusiones sobre el combate a la impunidad en el país.

‘Es un mal chiste’: Miembros del organismo anticorrupción mexicano denuncian que el gobierno los obstaculiza


Ciudad de México. - Los esfuerzos del combate a la corrupción en México con un nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades al rehusarse a colaborar en algunos de los principales casos que enfrenta el país, según denuncian los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que forma parte del sistema.

Los miembros de esa instancia denuncian que sus intentos de investigar el uso de herramientas de espionaje adquiridas por el gobierno en contra de civiles, el desfalco de decenas de millones de dólares por medio de universidades públicas y acusaciones de sobornos por contratos de construcción han sido bloqueados a cada paso del camino.

Peña Nieto, afectado por escándalos en el seno de su gobierno con señalamientos a aliados políticos y a integrantes de su familia, acordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2016, el cual fue promulgado por medio de reformas a la Constitución de México e incluye un mecanismo para la participación ciudadana, en un parteaguas para el país.

Sin embargo, nueve meses después de que fueron nombrados los integrantes de ese mecanismo con la misión de trabajar en proyectos para el combate a la corrupción —como la que llevó a que se creara el mismo sistema—, estos dicen que no han podido hacer ni los más mínimos avances.

Señalan que el SNA fue anunciado con bombo y platillo pero, desde entonces, las autoridades no han dejado que se efectúen verdaderas investigaciones sobre sus decisiones.

“Están apanicados de que quizá le demos con fuerza y encontremos algo o hallemos a individuos responsables de actos corruptos”, dijo José Octavio López Presa, uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), exdirector ejecutivo del capítulo mexicano de Transparencia Internacional y quien trabajó en la Contraloría mexicana (ahora Secretaría de la Función Pública) en los años noventa, la última vez que el partido de Peña Nieto, el PRI, estuvo en el poder.

“Están acostumbrados a nombrar a alguien que pueden controlar”, dijo López respecto al gobierno. Cuando los funcionarios se dieron cuenta de que él y los demás miembros del comité ciudadano planeaban fungir con imparcialidad e independencia, López afirma que eso “no les gustó”.

“Quieren sabotear todo lo que hacemos”.

LUIS PÉREZ DE ACHA, ABOGADO E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El esfuerzo detrás del SNA empezó hace más de un año, cuando los activistas le presentaron al gobierno más de 600.000 firmas ciudadanas en respaldo a una iniciativa de transparencia y combate a la corrupción, conocida como 3de3. El presidente cedió ante los cuestionamientos sobre la situación en esta materia y sobre posibles conflictos de interés propios —como la compra multimillonaria de una casa por parte de la primera dama a un contratista del gobierno—.

En teoría, los ciudadanos, vía el CPC, son quienes están a la cabeza del sistema anticorrupción por medio del Comité Coordinador, lo que los empodera a asegurarse de que esté funcionando a favor de la población y no de los funcionarios.

Sin embargo, en entrevistas con los cinco miembros del CPC, estos ofrecieron un recuento de los diversos obstáculos que han enfrentado por parte del gobierno.

El congreso aún no ha designado ni a uno de los dieciocho magistrados en materia de justicia administrativa que deberían revisar las acusaciones que surjan. El fiscal anticorrupción que el SNA establece como figura para la investigación independiente de casos de corrupción no ha sido nombrado. Y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana dicen que frecuentemente no los convocan para las discusiones de los grandes casos de corrupción.

“Es un mal chiste”, dijo Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado que forma parte del comité ciudadano. “Fui ingenuo cuando arrancó el sistema; creía y tenía la esperanza de que iba a funcionar”.

“Ahora sé que quieren sabotear todo lo que hacemos”, añadió.

Los integrantes del CPC señalan que, en buena medida, el problema es que sus poderes solo están en el papel. Todas las decisiones significativas tienen que tomarse en el Comité Coordinador, que junta a los encargados de siete entidades, de las cuales seis son de diferentes ramas del gobierno.

“Me dieron toda la responsabilidad y nada del poder”, dijo Jacqueline Peschard, presidenta del CPC y del Comité Coordinador.

El gobierno rechaza esas acusaciones. Asegura que ha respaldado a los integrantes del comité ciudadano y que más bien ellos han malinterpretado cuál es su mandato.

Según el gobierno, no se supone que deben investigar la corrupción, sino que deben ayudar a establecer políticas y coordinarse con varias autoridades que sí tienen la competencia para indagar los delitos relacionados.

Sin embargo, Peschard y otros integrantes del CPC señalan que les han impedido hacer justamente eso porque les retienen información, como cuando intentaron discutir el escándalo por el espionaje que cimbró al poder ejecutivo este año.

Un sofisticado programa espía que fue vendido al gobierno con la finalidad de buscar a terroristas y redes criminales fue utilizado en contra de periodistas, académicos, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad, en una posible violación de las leyes.

Cuando Peschard y el CPC solicitaron información sobre el tema, dijeron, los representantes de las seis agencias gubernamentales en el sistema lo impidieron.

Una de las personas que votó en contra de discutir la situación fue Arely Gómez, actualmente secretaria de la Función Pública y quien era la procuradora general cuando se usó el programa espía contra la sociedad civil.

“Diría que sí hay mucha coordinación en el comité”, dijo Peschard con una risa irónica. “Son ellos contra mí”.

En un comunicado, la presidencia reconoció que cualquier “intervención ilegal de las comunicaciones” es un tema de importancia. Pero añadió que la ley mexicana no establece que el espionaje sea un “delito de corrupción”, por lo que los representantes del gobierno en el Comité Coordinador argumentaron que no era un tema para discutirse en el SNA.

Peschard y otros integrantes del CPC dicen que han intentado, sin éxito, revisar otros casos que han generado críticas desde la población.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Odebrecht, la constructora brasileña acusada de dar unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de toda América Latina, había pagado 10,5 millones de dólares a servidores públicos mexicanos para asegurarse contratos. El departamento indicó que 6 millones de esa cantidad habían terminado en manos de un solo “oficial de alto nivel de una empresa estatal mexicana”.

Documentos jurídicos de la investigación sobre Odebrecht en Brasil señalan a Emilio Lozoya, ex directivo de la petrolera estatal Pemex y un aliado cercano del presidente, de haber recibido sobornos por parte de la empresa. Lozoya, quien niega las acusaciones, también estuvo a cargo de la coordinación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto, en 2012.

La intriga creció aún más después de que el fiscal que estaba investigando el posible origen ilícito de los fondos de esa campaña fue despedido, lo que sucedió unos días después de que indicara que Lozoya intentó presionarlo para que lo eximiera.

Los miembros del CPC dijeron que solicitaron varios informes sobre el caso, mientras que el gobierno afirmó que esas solicitudes no fueron hechas. Sin embargo, en entrevistas, los integrantes del comité ciudadano citaron las cartas que enviaron a la Procuraduría General de la República para pedir actualizaciones del caso.

Según ellos, en cada oportunidad les dijeron que no podía haber informes porque la investigación estaba en curso; eso los hizo cuestionarse sobre cómo pueden hacer su trabajo si está prohibido compartir información sobre pesquisas.

“Igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

JUAN PARDINAS, ACTIVISTA QUE AYUDÓ A IDEAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y AHORA ACUSA QUE ESTÁ DESPEDAZADO

Peschard y los demás decidieron intentarlo de otro modo. Cuando una investigación periodística mostró que unos 200 millones de dólares habían sido desviados por medio de universidades públicas, el comité le mandó solicitudes a 99 de las agencias gubernamentales para intentar conseguir la información de manera directa.

Hasta el momento solo ha respondido una de esas entidades.

En otro caso, el CPC intentó que se creara un fondo único para el reparto de la ayuda monetaria destinada a las víctimas de los recientes terremotos en el país, con el fin de intentar asegurar que la rendición de cuentas fuera más sencilla. De nuevo les dijeron que desistieran.

Dado que el comité ciudadano no es técnicamente parte del gobierno, según señaló el comunicado de la presidencia, no puede coordinar recursos públicos.

Para muchos mexicanos, el SNA —y, sobre todo, la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran voz directa dentro de esa instancia— fue una muestra de que, enfrentado a una acción concertada a partir de la indignación, el gobierno por fin tendría que luchar contra la impunidad que define tantos elementos del día a día en México.

Pero líderes de la sociedad civil, incluidos algunos que ayudaron en la creación del sistema anticorrupción, dicen que cayeron en un viejo truco: el gobierno crea un órgano para lidiar con algún tema importante solo para dejarlo sin fondos, impedir sus acciones o ignorarlo.

 “El gobierno mexicano nos da placebos y creen que nos van a curar”, dijo Juan Pardinas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los arquitectos del SNA. “Me tomé lo que vendían y le pasé el frasco a mucha gente creyendo que era el camino para el cambio”.

Pardinas ha sido una de las figuras públicas más prominentes en la lucha anticorrupción en el país; ha denunciado el efecto nocivo de la corrupción en las instituciones democráticas y que, a veces, resulta en la pérdida de vidas. Él también fue blanco del programa espía Pegasus.

“Me maté por tres años para lograr todo esto y ahora está básicamente despedazado”, dijo sobre el esfuerzo anticorrupción. “Bueno, igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

Al sistema todavía le falta una pieza clave, el fiscal anticorrupción; posiblemente el cargo más importante de toda la operación. El nombramiento está atorado en el congreso, donde recientemente se detuvo ante el furor por el nombramiento de Raúl Cervantes para la futura Fiscalía General de la República —que, a diferencia de la actual procuraduría, no sería parte del poder ejecutivo en un intento de asegurar su autonomía— al considerar que era demasiado cercano a Peña Nieto. Cervantes fue el encargado del área jurídica del gobernante Partido Revolucionario Institucional y en 2012 defendió la campaña del actual presidente ante las denuncias de otros partidos de que había superado los topes de gastos.

La propuesta de Cervantes fue retirada después de una larga batalla en el Congreso de México y de reportes periodísticos que señalaban, entre otras cosas, que era dueño de un Ferrari que fue emplacado en un domicilio en el que no vive y que estaba ubicado en un estado en el que no se paga la tenencia vehicular.

Muchos estados del país tampoco han establecido los sistemas para duplicar el SNA a nivel local.

Pérez de Acha, el abogado que forma parte del CPC, dice que presentó demandas contra los gobiernos estatales que no han cumplido con esa obligación. Los sistemas debían haber sido establecidos el pasado 19 de julio, a un año de la promulgación del SNA federal. Pérez de Acha también presentó mociones contra el Senado mexicano para que avance el nombramiento de los dieciocho magistrados de justicia administrativa.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo. “Tenemos legitimidad constitucional”.

Otros integrantes del comité ciudadano recalcaron lo mismo.

“No nos vamos a rendir”, dijo Mariclaire Acosta, también directora de la oficina en México de la organización de defensa de libertad de expresión Freedom House. “No va a haber chapuzas”.

The New York Times
Azam Ahmed
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.

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