El perredista vaticinó que el lugar se convertiría en un sitio emblemático en el sur de la ciudad.

Ciudad de México.- El pasado 8 de marzo, el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, acudió a la inauguración de la plaza comercial Artz y dijo que la construcción estuvo estrictamente apegada a la normatividad de la Ciudad.

En la tarde de aquel jueves, Mancera Espinosa fue parte de la comitiva para celebrar la apertura de la plaza Artz. Estuvo acompañado del arquitecto Javier Sordo Madaleno, con quien realizó un recorrido por el recinto. Ambos caminaron por el patio del lugar y visitaron la zona de tiendas y locales.

En su discurso, el ex jefe de Gobierno reconoció que la obra enfrentó diversas dificultades y repercusiones económicas, debido a que se tenían que hacer mitigaciones y mejoras para beneficiar a vecinos y automovilistas.

"No fue un tema sencillo el desarrollo de esta obra, porque implicó varios retos, algunos desde el punto de vista de la ingeniería, otros de las adecuaciones de los propios arquitectos. Aquí hemos sido testigos de la modernidad, de procesos rigurosos en materia de construcción. Quiero decirles que no ha sido fácil, la verdad es que lo que estableció la Ciudad de México como requisitos para poder llegar a la conclusión de esta obra ha sido estrictamente apegado a ello, a la normatividad y a las leyes de la Ciudad", sostuvo.

Mancera Espinosa afirmó que la plaza era una combinación interesante, donde convergen el comercio, el arte y la convivencia. Vaticinó que el lugar se convertiría en un sitio emblemático en el sur de la ciudad.

"Así que, por todo esto quiero felicitar a Javier Sordo Madaleno, a todo su equipo, al grupo de arquitectos, de ingenieros e inversionistas que apuesta por nuestra ciudad, ojalá tengamos muchas de éstas en el futuro, que sean buenas noticias, que generen empleo, se necesita activación económica. Hoy el Gobierno de la Ciudad de México felicita a este grupo de mexicanos que apuestan por su país y por su ciudad y seguramente todo esto será un gran acontecimiento.

"Te felicito otra vez, Javier, y seguiremos trabajando de la mano, porque estoy seguro que esto va seguir, esto que es como una inquietud que tienes, seguir desarrollando cosas", comentó Miguel Ángel Mancera.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 13 de julio de 2018.


La coalición Todos Por México (PRI) encabezó las ofertas a ciudadanos.


Nueve millones de mexicanos aceptaron vender su voto a un partido político en la jornada electoral del 1 de julio, reveló la encuesta Democracia sin pobreza 2018.

Pero la mayoría de los votantes consultados no fue seducida por la corrupción. 15 millones de mexicanos (17.3% de los encuestados) rechazó algún regalo, servicio, favor o trabajo ofrecido por un partido político, de acuerdo con la encuesta elaborada por la firma Data PM, patrocinada por la organización Acción Ciudadana contra la pobreza.

“Los partidos ofrecieron, en promedio, 500 pesos en la calle, y 15 millones los rechazaron”, comentó Alberto Serdán, coordinador de la organización en conferencia de prensa.

El documento detalló que las ofertas se hicieron a 29.9 millones de votantes elegibles, que es el equivalente a 33.5% de los encuestados.

La coalición Todos Por México (PRI, Panal y Partido Verde) ofreció sobornos a 5.3 millones de votantes elegibles; Por México al Frente (PAN, PRD y MC), a 4.9 millones; La alianza Juntos Haremos Historia, 600,000 ofertas por votos. 19 millones habrían recibido ofertas de múltiples partidos o no respondieron en la consulta.

La encuesta representativa de la lista nominal (89.1 millones) consultó a 1,253 ciudadanos mayores de 18 años cara a cara en los 32 estados del país.

El levantamiento ocurrió del 6 al 26 de junio de 2018. Su margen de error teórico es de +-2.9 puntos con un nivel de confianza estadístico del 95%.

Forbes
Arturo Solís
Ciudad de México
Jueves 28 junio de 2018.


El sitio Animal Político publica que hay detectadas 25 razones sociales que empezaron a constituirse en 2013, aunque la mayor parte se registraron entre diciembre de 2015 y enero de 2016


Un reportaje del sitio Animal Político señala que la candidata de la coalición Por Puebla al Frente (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano), Martha Erika Alonso Hidalgo, utilizó como proveedora de su campaña y precampaña a una compañía que forma parte de una red de empresas que utiliza direcciones falsas y presuntos prestanombres como socios.

De acuerdo con los reportes que la esposa del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle entregó al Instituto Nacional Electoral (INE), la empresa Asesores Feng ha facturado 699 mil 907 pesos por servicios de logística y organización de eventos a la campaña de la aspirante panista en Puebla.

El reportaje firmado por Jesús Aroche asevera que Asesores Feng tiene como socios a dos personas: Julio Baruchs Bustamante Luna, de 24 años de edad, y a Florentino Carrera Salamanca, de 58 años. Según documentos fiscales que la campaña de Martha Ericka entregó a Animal Político, Bustamante Luna es el representante legal de la empresa, pero en las oficinas el personal no lo conoce.

En las actas notariales de las empresas de la red de las que Bustamante Luna es socio se establece que su domicilio está ubicado en el departamento 4 del edificio 119 ubicado en la plaza de San Sebastián de UH Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla, pero en ese lugar no vive.

Animal Político constató que se trata de una zona habitacional para personas de bajos recursos; la actual habitante del departamento aseguró que reside en el lugar desde hace más de un año y no tiene ninguna relación con Bustamante Luna. Una de las vecinas del lugar aseguró que un familiar suyo ocupó el departamento previo a la actual inquilina cinco años antes y tampoco conoce al representante legal de Asesores Feng.

El segundo socio, Florentino Carrera, cuyo domicilio se ubica en la colonia Santa Cruz Atoyac fue ubicado por el portal República 32 a quién contó que es de profesión hojalatero.

La red suma un total de 25 razones sociales que empezaron a constituirse en 2013, aunque la mayor parte de ellas, 20 de las 25, se registraron entre diciembre de 2015 y enero de 2016, todas con el mismo notario y compartiendo socios y administradores. La red facturó al gobierno de Puebla 69.9 millones de pesos.

La red de empresas

Asesores Feng fue registrada el 21 de enero de 2016 en las oficinas del corredor público número 10 Orlando Flores Rodríguez, teniendo como socios a Julio Baruchs Bustamante Luna y Florentino Carrera Salamanca.

Ese mismo día, en la misma oficina del corredor público se registraron siete empresas más: Asesores Barnes, Consultoría Tess, Compromiso y Dividendo, Servicios Administrativos Asbo, Servicios Administrativos Naboo, Rikkon y Haverford.

De esas empresas Bustamante Luna fue registrado como socio en tres de ellas: Consultoría Tess, Compromiso y Dividendo, y Servicios Administrativos Asbo.

Un día después, el corredor público número 10 registró cuatro empresas más: Goodman Constructora e inmobiliaria, Obra Materiales y Equipo Badgers, Constructora y Arrendadora Alana y Cohle Constructora e Inmobiliaria. En esas empresas Bustamante Luna aparece como socio en Goodman; Carrera Salamanca en Badgers.

Pero no son las únicas empresas que registró el Corredor Público Orlando Flores en las que uno de los socios de Asesores Feng aparece registrado. Un mes antes, el 28 y 29 de diciembre, Orlando Flores registró cinco empresas en las que Carrera Salamanca aparece como socio: Asesores Fuerza y Rumbo, Mercabeneficio, Servicios Administrativos Zaragoza, Constructora y Arrendadora Seul y Obras Materiales y Equipo Nara.

De ese paquete de empresas, en tres de ellas Carrera Salamanca es socio de Jaime Bravo Martínez, en las otras dos sus socios son Juan Bravo Torres y José Pablo Ramírez Morales.

Bravo Martínez y Bravo Torres también aparecen como socios en empresas con Bustamante Luna. Hay un nombre más que se repite en vinculación con éste último: José Ángel Sánchez Solís está registrado como Gerente General en Asesores Feng y Consultoría Tess.

Se trata de una intrincada red de razones sociales que comparten socios, comisarios o gerentes y fechas de creación, correos de contacto, números telefónicos y domicilios.

Once de ellas aparecen en padrones de proveedores del estado de Puebla, del ayuntamiento de Puebla y del PAN poblano de 2018 con domicilio en el número 406 de la calle 25 norte de la colonia Tierra y Libertad en la capital poblana.

Una foto del domicilio publicada en julio de 2017 en Google Maps muestra que efectivamente el inmueble de tres plantas ostentaba un cartel con el logotipo y nombre de las once empresas, pero dejaron el lugar en septiembre del año pasado.

A decir de la campaña de la candidata de la Coalición Por Puebla al Frente, el inmueble fue abandonado tras el sismo de septiembre del año pasado. Reubicándose en un fraccionamiento cerrado y vigilado en la colonia San José del Puente. El nuevo domicilio fue registrado por el SAT en marzo de este año.

Corporativo BPJ

En la entrada del fraccionamiento San José del Puente el guardia de seguridad no ubica a Asesores Feng. En la dirección cerrada del Bosque número 16 casa 5, la dirección que la empresa dio al SAT lo que se ubica, dice, es un conglomerado de empresas llamado Corporativo BPJ. Nombre que coincide con el correo electrónico que utilizan 11 empresas de la red en padrones de proveedores gubernamentales:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Una vez autorizado el ingreso, en el inmueble que es el mismo de las fotografías que entregó la campaña de Martha Ericka a Animal Político para comprobar que la empresa sí tenía oficinas, con una pequeña diferencia, las fotografías muestran el logotipo de Asesores Feng junto a la puerta, pero la casa que fue visitada un día después de la comunicación con el equipo de la panista no lo tiene.

Ahí un empleado que no proporcionó su nombre aseguró que no había nadie para atender la petición de entrevista y dijo que el encargado era Rodolfo Gutiérrez pero que no estaba en ese momento, y que nunca había escuchado hablar de Julio Baruch, a pesar de que él es el representante legal de la empresa, según el SAT.

La información del Sistema de Administración Tributaria también incluye un número de teléfono que no enlaza, como si fuera un número no asignado. Lo mismo sucede con los cuatro números que la red de empresas registra como números de contacto en diferentes padrones de gubernamentales. Sólo en uno contestaron y aseguraron que ahí era una casa habitación, que no sabían nada de Asesores Feng.

En los documentos estatales e incluso municipales la empresa registra otro mail de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. En el padrón de proveedores de la Secretaría de la Contraloría de Puebla fechado en abril de este año las empresas Asesores Feng, Consultoría Tess y Servicios Administrativos Asboo registran ese correo electrónico como su email comercial y el mismo número: 222 211 3610, el cual no enlaza.

José Ángel Sánchez Solís, registrado en las actas de constitución de Asesores Feng con el cargo de Gerente General y con domicilio en la colonia Tres Cruces. La misma dirección que en el padrón de proveedores actualizado a abril de 2018 tiene la empresa Productos y Servicios Roonix, empresa que también usa el mail de Corporativo BPJ como mail comercial y comparte el número de teléfono de la mayoría de las empresas.

Pero en esa dirección lo que hay es una casa habitación de una familia que dijo no conocer a Sánchez Solís. Al ser visitados comentaron que no es la primera vez que les preguntan por las empresas, pero que ahí nunca ha estado compañía alguna.

Contratos con el gobierno de Puebla

Además de ser proveedora de la campaña de la aspirante panista la red de empresas de la que Asesores Feng forma parte han obtenido al menos 73.5 millones de pesos con el gobierno del estado de Puebla entre 2014 y 2016. Así lo ha documentado Animal Político y el portal poblano Lado B a través de solicitudes de información presentadas a las secretarías de Salud, Finanzas y Educación, y organismos estatales como el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Instituto de Educación Digital (IED).

La cifra puede ser mucho más alta, pues tanto la SEP poblana como el IED reservaron la información de los contratos argumentado procesos de auditoría abiertos.

En los 60 contratos que sí entregó el gobierno poblano se observa que 46 fueron asignados por la Secretaría de Salud del estado por un total de 49.9 millones de pesos, en 34 de ellos el representante legal que firmó los contratos fue José Ángel Sánchez Solís.

Otros 13 fueron entregados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública por un total de 19.7 millones de pesos, en siete de ellos el representante legal de las empresas fue Sánchez Solís.

Con la información oficial se observa que sólo en tres casos se convocó a una licitación pública; 55 fueron por concurso cerrado y las dependencias definieron a cuáles proveedores  invitar; en dos casos más se adjudicó por la vía directa, sin concurso de por medio.

Lado B Puebla
Animal Político
e-consulta
Puebla, México
Jueves 28 junio 2018.


Los recursos del PRI en las presidenciales: de Cambridge Analytica a la politización de la justicia

Ciudad de México.- Haciendo uso del poder y de los recursos del gobierno, el oficialista Partido Revolucionario Institucional ha aprovechado algunas de las instituciones más importantes de la nación en un intento por cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales del 1 de julio, de acuerdo con ex oficiales del partido y observadores electorales independientes.

El procurador general —nombrado por el presidente— ha acusado públicamente a uno de los principales candidatos de oposición de delitos graves sin ofrecer mucha evidencia del presunto crimen. Y el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron nombrados por el Congreso dominado por el PRI, ha sido criticado por varias decisiones polémicas que han marcado la campaña.

No es nada nuevo en la política mexicana que haya tácticas de juego sucio, pero las acciones tomadas por el PRI presentan una escalada por parte del partido oficialista para influenciar una elección.

A principios del año pasado, ante muy malos números en encuestas para el voto presidencial, la —ahora extinta— Cambridge Analytica se acercó al partido. Ofreció ayudar al PRI a ganar tal como lo había hecho con Donald Trump, según la propuesta de 57 páginas que redactó la compañía y que fue vista por The New York Times.

El PRI revisó esa propuesta durante meses, y al final decidió que no necesitaba pagar millones de dólares a alguien externo para una campaña sucia. El partido podía hacer eso por sí solo. Sin embargo, como una muestra de las medidas extremas a las que el priismo está dispuesto para afianzar su posición en el poder, le pagó de cualquier manera a Cambridge Analytica… para que no colaborara con ningún otro partido, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo de las negociaciones.

Esa decisión tomada a principios de 2017 fue el inicio informal de lo que, para algunos, ha sido un periodo alarmante del mal uso de recursos del gobierno para fines electorales.

“Lo que están haciendo es tomar la poca credibilidad y confianza que hay en nuestras instituciones y tirándola a la basura”, dijo Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general mexicano en los años noventa, cuando el PRI también estaba en el gobierno. “Deja entrever el débil Estado de derecho que tenemos aquí y señala un deseo de hacer lo que sea para mantenerse en el poder”.

La Procuraduría General de la República (PGR), que anunció en febrero la investigación contra el candidato opositor Ricardo Anaya, no ha presentado cargos ni ha ofrecido evidencia, lo que ha despertado quejas de que la única pretensión con la pesquisa es que el partido gobernante dirija el resultado electoral.

Mientras que el tribunal electoral ha rechazado dos auditorías de gastos indebidos por parte del PRI, revirtió una decisión que intentó regular un mecanismo para la posible compra de votos y permitió que estuviera en la boleta un candidato presidencial cuya campaña fue acusada de amaños, una decisión que los encuestadores creen podría restarle votos a la oposición.

Más allá de eso, los fondos destinados a observadores electorales se desplomaron, mientras que el gasto en tarjetas de regalo y otros servicios públicos ha aumentado en los últimos meses. Esas tácticas han sido usadas desde hace mucho tiempo para conseguir los votos de personas pobres en México, según observadores.

Por más de setenta años, el PRI ha dominado la política del país. Ahora, pese a los esfuerzos recientes, parece encaminado a una derrota contundente en las elecciones de julio como resultado de los escándalos de corrupción y los niveles históricos de violencia.

La búsqueda frenética por parte del partido de una ventaja en las elecciones son las que llevaron al PRI a discusiones con Cambridge Analytica, cuyos detalles no habían sido reportados antes.

La propuesta de la empresa comenzó a circular en 2017, cuando Enrique Ochoa aún era presidente del PRI y buscaba soluciones para que su partido no se desmoronara. Para entonces, Cambridge Analytica, una consultora de datos que usó la campaña de Trump antes de la elección estadounidense de 2016, ya se había establecido en México para buscar negocio. El PRI era la opción más obvia: era el partido más grande y necesitaba ayuda desesperadamente.

El presidente Enrique Peña Nieto tenía los peores índices de aprobación que cualquier presidente en un cuarto de siglo; Cambridge Analytica le prometió al PRI lograr una remontada sorpresiva.

En su presentación por 7,2 millones de dólares al PRI, la empresa prometió mejorar la imagen del partido y destruir la de su principal competencia, Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas. “Con técnicas similares a las empleadas en contra de Hillary Clinton en la elección presidencial de 2016”, Cambridge Analytica prometió “una poderosa estrategia de campaña negativa para socavar” a López Obrador.

La propuesta incluía un componente “de optimismo” para cambiar las percepciones negativas del partido gobernante; la táctica era sencilla:  una “campaña anti López Obrador”.

“No hay mejor ejemplo de esto que Hillary Clinton”, dice la consultora en su propuesta. “La puntera que muchos pensaban tenía una ventaja inalcanzable y que gastó mucho más que su rival republicano, fue derrotada justamente de este modo”. La empresa incluso mostró bosquejos de cómo la campaña de “Clinton corrupta” podrían verse con un enfoque anti-AMLO.

Pero los funcionarios del PRI decidieron que ese tipo de focalización de electores que la empresa dijo haber usado en Estados Unidos no iba a funcionar en México, según las personas con conocimiento de las discusiones. Los datos de los votantes mexicanos, dijeron, no estaban suficientemente desglosados.

Cambridge Analytica estuvo bajo un intenso escrutinio después de las revelaciones de que había explotado la información de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento expreso y se declaró en bancarrota en mayo.

La empresa rechazó hacer comentarios sobre las negociaciones con México; el PRI, por su parte, negó tener relación alguna con Cambridge Analytica.

Sin embargo, el partido usó una serie de estrategias mediáticas, a instituciones de procuración de la ley y a órganos judiciales que controla, de acuerdo con observadores electorales independientes y exintegrantes del partido.

En febrero, la PGR anunció una investigación contra Ricardo Anaya, uno de los candidatos de oposición que va mejor en las encuestas que el candidato priista. Lo acusó de lavado de dinero y después publicó un video de Anaya en las oficinas de la procuraduría (en una reunión que solicitó el mismo candidato).

Cuando Anaya criticó la publicación del video, la PGR defendió su decisión al decir que lo hizo “derivado del interés público mostrado por los medios”. Los críticos destacaron que el gobierno no había publicado grabaciones similares para otras investigaciones que los medios han seguido muy de cerca, como la desaparición de 43 estudiantes. La PGR niega estar usando su posición para influir en las elecciones.

Las tácticas del PRI han desatado una reacción violenta. Varios mexicanos destacados —incluidos académicos, activistas y exfuncionarios— han exhortado públicamente al presidente a que deje de intervenir en las elecciones. Un poderoso consorcio de empresas hizo lo mismo.

“Cuando cruzas una raya así en este país realmente ya no queda nada que te detenga”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, director de ese grupo gremial, la Coparmex.

Pasarse de esa raya es algo que ocurre con frecuencia en la política mexicana y va más allá de un partido en una elección. Pero De Hoyos y otros han alertado sobre el efecto que tiene en las instituciones mexicanas.

Los fondos para observadores electorales han disminuido 81 por ciento en comparación a la última elección presidencial, en 2012, de acuerdo con un estudio reciente del grupo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Y muchos mexicanos dicen que la autoridad electoral más importante del país se ha visto comprometida: el tribunal especial encargado de supervisar a las autoridades electorales y, en última instancia, de validar la votación. A casi cada paso del camino este tribunal ha fallado en contra de lo dictaminado por los reguladores responsables de salvaguardar la integridad del voto.

Un caso que causó furor fue el de Jaime Rodríguez, un candidato presidencial particularmente extravagante apodado el Bronco.

Para conseguir estar en la boleta como independiente, Rodríguez entregó casi 900.000 firmas, pero el Instituto Nacional Electoral encontró que más de la mitad eran fraudulentas, por lo que dictaminaron que no cumplía los requisitos para ser candidato.

Entonces el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron designados en 2016 por el Congreso de mayoría priista, revirtió la decisión al considerar que el Bronco no recibió un trato justo.

La decisión fue objetada en todo México. Rodríguez Calderón es gobernador con licencia y, como López Obrador, se presenta como alguien ajeno al sistema que puede enfrentarse a los intereses de quienes lo componen. Los expertos dicen que su presencia podría restarle votos a López Obrador.

Otra decisión contenciosa por el tribunal electoral involucra el uso de tarjetas prepagadas entregadas a los votantes.

Según la ley mexicana, esas dádivas no son ilegales a menos que sean usadas por el partido explícitamente para conseguir votos. Estas tarjetas son usadas en todos los niveles del gobierno y por prácticamente todos los partidos políticos. Pueden usarse para un almuerzo gratis o despensas de 25 dólares.

Pero en los últimos años su uso durante periodos electorales se ha vuelto innegable: una y otra vez los ciudadanos han denunciado que les prometieron esos beneficios a cambio de su voto.

Sucedió durante la elección de 2012, en la que Peña Nieto llegó al poder. Y en 2017, cuando el PRI ganó las elecciones en los estados de Coahuila y de México, los reguladores investigaron gastos cuestionables durante las campañas. Realizaron auditorías y anunciaron en julio pasado que habían encontrado irregularidades en el gasto de publicidad, pagos a organizadores de campo y en monederos electrónicos.

Las repercusiones podrían haber sido graves; esos hallazgos pueden invalidar una elección. Pero, antes de que sucediera eso, el tribunal electoral descartó las auditorías y dijo que eran inválidas.

“El tribunal resuelve siempre conforme a derecho”, indicó. “Nuestras sentencias y los datos estadísticos son una prueba de ello: en este proceso, ninguna de las fuerzas políticas ha sido o se ha favorecido por las resoluciones en una manera desproporcional”.

La polémica respecto al tribunal surgió de nuevo. En septiembre, los consejeros electorales anunciaron que regularían con mayor firmeza el uso de los monederos electrónicos durante la contienda de 2018. Y fueron aún más lejos: declararon que el gasto en programas sociales estaba siendo manipulado para fines electorales.

Sin embargo, ese esfuerzo regulatorio fue frenado antes de que pudiera empezar, por el mismo tribunal electoral.

A los analistas les preocupa que las decisiones del tribunal ya han tenido un efecto en la elección, al permitir que el gasto en campaña no sea monitoreado.

Por ejemplo, en las afueras de Ciudad de México, los muros de muchos hogares lucen capas de pintura nueva y camiones con tinacos están llegando a comunidades con escasez de agua, cortesía de los partidos políticos en busca de votos.

Con frecuencia, el gasto del gobierno aumenta en programas para el combate del hambre o para ayudar a los pobres; dichos programas son transformados en máquinas de compra de voto durante los años electorales. Este no es la excepción. Los gastos totales en los principales programas sociales mexicanos se dispararon un 20 por ciento en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con el grupo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Sin embargo, pese a todos esos esfuerzos, las ganancias han sido marginales para el partido gobernante, que aún parece encaminarse a una derrota contundente en julio. El candidato José Antonio Meade está en un distante tercer lugar en encuestas.

De hecho, las acciones priistas parecen haber surtido el efecto contrario y posiblemente terminaron por ayudar a López Obrador.

“El uso de oficinas, recursos e instituciones públicas para propósitos electorales es tan visible en esta campaña y apunta hacia el flanco más débil de nuestra democracia”, dijo Guillermo Cejudo, profesor de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una universidad en Ciudad de México.

“Desafortunadamente”, añadió, “las instituciones de procuración de justicia son herramientas usadas por la élite económica y política no para defender y proteger a los mexicanos, sino para golpearse el uno al otro con un palo”.

The New York Times
Azam Ahmed
Danny Hakim
Paulina Villegas
Ciudad de México
Lunes 25 de junio de 2018.


Las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

Ciudad de México.- Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados del Poder Judicial ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la naci{on (SCJN).

Dicho estudio, elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, llegó a manos también de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y revela además que las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial: de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.

Según el reporte, 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás, y aunque identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.

El artículo 97 de la constitución faculta a jueces y magistrados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Dicha disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero sólo ha servido para el nombramiento discrecional de parientes.

Y peor aún, no sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución.

El estudio muestra que secretarios, actuarios, oficiales y administrativos tienen familiares en el mismo circuito y en otros, e influyen en la designación sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad.

Incluso, los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden de igual manera.

Uno de los casos más notables es el de un magistrado del circuito de Durango que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, con cargos de actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno, señala el estudio, cuyos datos fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del país, y la información recabada fue corroborada con información del CJF.

Hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito décimo sexto, correspondiente a Guanajuato, donde 38 de 46 titulares tienen familiares, es decir, el 82.61%.

El único circuito no incluido en el estudio es el primero, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que “los responsables del estudio no pudieron obtener información”. Tampoco consiguieron datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan.

En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tienen parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares.

El circuito correspondiente a Jalisco ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial, con 76%.

Pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, del 70% en el caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del vigésimo octavo circuito.

Mientras que el tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados: 33 juzgadores tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos.

Los jueces también suelen integrar a sus parejas en la nómina: entre los 31 circuitos analizados, se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Destacan el circuito sexto de Puebla, en donde se ha dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados, el décimo sexto de Guanajuato con 10 casos y el décimo octavo de Morelos con nueve.

Por último, el estudio revela que 136 juzgadores tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. En este caso Michoacán está en primer lugar, con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17, y en el caso de emplear a los padres, esta práctica se dio en once circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados. Destaca el caso de Puebla, donde se empleó a papás o mamás de 13 juzgadores.

Proceso
Reportaje Especial
Ciudad de México
Jueves 21 de junio de 2018.


El argumento del gremio petrolero para negar la información es que no es sujeto obligado a la Ley de Transparencia


El sindicato petrolero, que encabeza Carlos Romero Deschamps, ha promovido decenas de amparos para que Pemex no informe sobre los convenios, acuerdos y préstamos convenidos con el gremio.

También impide que se conozcan los sueldos de la cúpula del sindicato y movimientos de su personal, los contratos colectivos de trabajo, bonos, viáticos, premios e incluso copia del último recibo de nómina del dirigente petrolero.

Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México han determinado conceder las suspensiones provisionales para que Pemex no entregue los datos, pedidos mediante solicitudes de información.

‘Reforma’ publicó el domingo cómo Romero Deschamps adquirió una residencia con vista a la bahía de Acapulco, valuada en 6.4 millones de dólares.

El argumento del gremio petrolero para negar la información es que no es sujeto obligado a la Ley de Transparencia, a pesar de que la legislación contempla de manera expresa a todos los sindicatos.

Sólo en 2017, Pemex acumuló 37 solicitudes de información sobre acuerdos o convenios con el sindicato, así como bonos o préstamos a la cúpula gremial. Ninguno ha sido respondido de manera favorable.

Uno de esos acuerdos opacos es el CMC/009/17 del contrato colectivo 2017-2019 referente a apoyos en gasolina y lubricantes.

Reforma
Ciudad de México
Martes 19 de junio de 2018.


El partido encabeza la lista de acusaciones por compra y coacción del voto


Ciudad de México. - El PRI encabeza la lista de acusaciones por compra y coacción del voto, de acuerdo con la plataforma democraciasinpobreza.mx, desarrollada por la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza y 60 asociaciones civiles más.

Desde el mes de marzo, cuando iniciaron las campañas políticas federales, se han recibido 311 denuncias por este tipo de prácticas y, de ellas, más del 49 por ciento son en contra del tricolor.

Dichos casos se registran en 28 entidades del País, pero es el Estado de México en donde se concentra el mayor número, seguidas por las denuncias de Puebla, la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco.

La plataforma -cuya principal fuente de información son las denuncias de ciudadanos que fueron testigos directos de la compra del voto- indica que la práctica en la que más incurre dicho partido político es la coacción a través de programas sociales.

También documenta cómo hay casos en los que se pide que se junten paquetes de hasta 10 credenciales de elector, y a quien lo haga se le entrega un pago de hasta 10 mil pesos.

El monto es similar al que se ha documentad en los últimos días sobre pagos del tricolor a coordinadores regionales de la CDMX y el Edomex tanto en la sede nacional tricolor como en oficinas de la CNOP en la Colonia Tabacalera, también en la capital del País.

'Filas eran por encuesta'

El líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, añadió una explicación distinta a la presunta compra de votos en la sede nacional de este partido, en la Ciudad de México.

Dijo que los ciudadanos hicieron fila para llenar una encuesta de necesidades que lleva a cabo el candidato presidencial del partido tricolor, José Antonio Meade.

"Se está llenando un documento que se llama '¿Qué es lo que tú necesitas?', y dices: 'Necesito una silla de ruedas, necesito que me suban la pensión, soy un hombre de edad avanzada', y está viendo Meade, junto con todo un equipo de trabajo, qué es lo que requiere la gente para ayudarlos", afirmó.

Gamboa rechazó que su partido haya pagado algo a los ciudadanos a pesar de que las dirigencias nacional y estatal ya lo había aceptado.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 14 de junio de 2018.


 Al frente de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn sacó a la luz los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”, a través de los cuales dependencias federales desaparecieron más de siete mil 700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que exhibió uno de los casos más sonados de corrupción del sexenio, el pasado 23 de mayo, Buchahin Abulhosn fue notificada de su despido en condiciones “tan sorpresivas como improcedentes”: la única explicación fue que la orden vino de David Rogelio Colmenares Páramo, el recién nombrado titular de la ASF, señalado por sus vínculos con el PRI.

En una carta dirigida al mismo Colmenares, la doctora, quien lleva 13 años en la ASF, pidió su derecho a “saber con precisión sus razones para separarme del cargo” y señaló que ella queda ahora en estado de vulnerabilidad, pues encabezó “investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad”.

Fechada el 30 de mayo, en la misiva que dio a conocer hoy el portal Aristegui Noticias, Buchahin Abulhosn informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias “documentadas” que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga.

Esta aparente maniobra para frenar las investigaciones, que salpican a prácticamente todo el gabinete de Peña Nieto, parece confirmar los temores expresados por organizaciones de la sociedad civil, según los cuales la ASF fue “capturada” por el gobierno federal.

Dichas agrupaciones denunciaron la cercanía de Colmenares -nombrado al frente de la ASF en diciembre pasado- con José Antonio Meade Kuribreña: ambos coincidieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, fue asesor de Peña Nieto y del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Las auditorías forenses que encabezó Buchahin Abulhosn a los convenios celebrados por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante los mandatos de Rosario Robles Berlanga determinaron que cinco mil 251 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2015, mediante esquemas de “simulación de servicios” que involucraron universidades públicas y empresas fantasmas.

La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces, señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. José Antonio Meade Kuribreña tomó el control de la Sedesol ocho meses después y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude.

Robles Berlanga no fue la única integrante del primer círculo del gabinete de Peña Nieto señalada en prácticas de desvío: también lo fueron Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin –vinculado con el escándalo de sobornos de Odebrecht–, Alfredo Del Mazo Maza –ahora gobernador del Estado de México– y Enrique Martínez y Martínez.

En su carta la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn le recordó a Colmenares Páramo, titular de la ASF, que él mismo le había expresado su reconocimiento por su conducta e insistió en que sus investigaciones fueron “premiadas incluso a nivel internacional”.

Luego, añadió: “Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”.

Y advirtió: “Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad”.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Viernes 1 de junio de 2018.


Con Karime al frente, el DIF-Veracruz entregó más de 415 millones a red de 33 empresas fantasma

El monto cuadriplica lo revelado oficialmente hasta ahora. El DIF fue la primera dependencia en la que comenzó el desvío con empresas fantasma que luego se extendió a ocho dependencias más.

Entre 2011 y 2016, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz –que de manera honoraria presidía Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte-- entregó más de 415 millones de pesos en contratos con 33 empresas fantasma.

Esta cifra representa un monto casi cuatro veces superior a los 112 millones de pesos de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, acusada de desviar esta cantidad a seis empresas fantasma por productos y servicios que no se entregaron.

Datos obtenidos de centenares de solicitudes de acceso a la información, enviadas a diferentes dependencias del estado de Veracruz, permitieron a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentar que el DIF-Veracruz entregó estos 415 millones 78 mil 432 pesos en contratos a 33 empresas fachada, todos durante la gestión de Macías Tubilla.

Pero, además, Animal Político y MCCI han podido documentar que, en realidad, la red de empresas fantasma está conformada por 400, sobre las que se abundará en siguientes entregas periodísticas.

A este grupo de 400 empresas pertenecen las 33 empresas fachada que sirvieron para presuntamente desviar recursos del DIF-Veracruz.

Entre esas compañías se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir la orden de aprehensión contra Karime Macías: Grupo Balcano SA de CV ; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA.

Se trata de empresas fachada o fantasma, es decir, legalmente constituidas pero que carecen de los recursos humanos y materiales para proporcionar cualquier servicio, más allá de emitir una factura. De las 33 empresas que recibieron dinero del DIF el SAT ya investigó a 19 y concluyó, en definitiva, que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones.

Aunque el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, pues de hecho el puesto de presidenta del DIF es honorífico, la investigación de la Fiscalía de Veracruz consignada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas fachada para desviar los recursos públicos.

Los contratos

Los montos otorgados a estas empresas empezaron de mayor a menor. En el año 2011, el DIF-Veracruz otorgó a este grupo de empresas 159 millones 527 mil pesos.

Para el año 2012, el monto fue de 110 millones 737 mil pesos y en 2013 bajaron a 43 millones 633 mil pesos. Sin embargo, en 2014 los recursos repuntaron a 92 millones 918 mil pesos.

Los totales más bajos se otorgaron en los años 2015 y 2016, con 3 millones 261 mil pesos y 5 millones de pesos, respectivamente.

En total el DIF Veracruz firmó 119 contratos con este grupo de empresas fantasma. El monto mayor se otorgó a la empresa Maedason SA de CV, que había sido reportada por el SAT como inexistente desde el primero de octubre de 2016. A esta compañía le destinó más 42 millones 112 mil pesos por concepto de compra de picos, palas, triciclos de carga, chamarras, impermeables y materiales e insumos para estéticas.

Con la empresa Solución Legarc SA de CV el DIF firmó 6 contratos por más de 38 millones de pesos, entre los que destacan las compras de “juguetes para niños de escasos recursos de 211 municipios”.

La empresa Comergut, también boletinada como inexistente y simuladora de operaciones por el SAT en 2016, fue la tercera con el mayor monto en contratos. Siendo favorecida con más de 24 millones de pesos. Contratos que suponían la compra de regalos para el 10 de mayo, maquinas de coser y juguetes.

Los que aparecen como accionistas de las compañías son en realidad prestanombres, en muchos casos personas de bajos recursos y en algunos casos militantes del PRI, sin ningún perfil empresarial, como se ha confirmado en la investigación periodística de campo que han realizado estos medios y en las propias investigaciones oficiales.

Para adjudicar los pagos, el DIF-Veracruz simuló procesos legales de contratación bajo la modalidad “licitaciones simplificadas” en donde llegaba a invitar de 3 a 5 empresas, todas ellas fantasma y pertenecientes a la misma red. O en algunos casos, simplemente pactó “adjudicaciones directas” con cualquiera de las excepciones que la ley permite e incluso se hicieron pagos sin contratos.

Cabe resaltar que en las respuestas a las solicitudes de transparencia no se entregó, a pesar de haberse solicitado expresamente, ningún tipo de documento que respaldara la existencia de los servicios y/o productos contratados.

Los conceptos de los contratos abarcaban de todo: desde sillas de ruedas para personas de la tercera edad hasta juguetes para niños de bajos recursos, impermeables, chamarras, sanitarios ecológicos, botiquines, medicinas… Hoy no hay evidencia legal de algo de eso se haya entregado.

Todos estos pagos ocurrieron con Karime Macías al frente del DIF, pero con distintos funcionarios a cargo de la dirección de Finanzas de dicha dependencia, área directamente responsable del manejo de los recursos. Primero fue con Antonio Tarek Abdalá quien estuvo en el cargo desde el arranque de dicha administración hasta febrero de 2012, cuando fue promovido como tesorero de la Secretaría de Finanzas del estado.

Después fue con Astrid Elías Mansur como directora de finanzas en el resto de 2012, mientras que a partir de 2013 fue con Miguel Ángel Ortíz Romero en dicho puesto.

El DIF- Veracruz fue, además, la primera de nueve dependencias del gobierno de Javier Duarte a través de las cuales se entregaron miles de millones de pesos a la misma red de empresas fantasma, como se detallará posteriormente en este reportaje. El modus operandi fue el mismo: simulando procesos legales de contratación para transferir el dinero a dichas compañías por servicios que en la realidad no se llevaron a cabo.

Animal Político
Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad
Valeria Durán y Arturo Ángel
Ciudad de México /Xalapa.
Viernes 1 de junio de 2018.


El socialista Pedro Sánchez fue elegido nuevo presidente del Gobierno español tras obtener la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados


Con el apoyo de una insólita mayoría, el líder socialista Pedro Sánchez derribó este viernes al conservador Mariano Rajoy en una moción de censura en el Parlamento, y se convirtió en el nuevo presidente del gobierno de España.

En la votación en la cámara baja, Sánchez reunió el apoyo de una mayoría de diputados (180 de 350) a su moción de censura, promovida después de que la justicia condenara al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en un sonado caso de corrupción.

"Se abre un nuevo tiempo en la política española", declaró Pedro Sánchez minutos antes de la votación, y después de seis años y medio de poder conservador en España.

Rajoy se despidió antes del desenlace con una breve intervención ante la cámara, reconociendo su derrota y felicitando a Pedro Sánchez por adelantado.

"Suerte a todos ustedes por el bien de España", dijo el líder conservador, de 63 años, a modo de cierre. Tras la votación, fue a saludar al socialista con un apretón de manos y se marchó sin hacer comentarios a la prensa.

Para echar a Mariano Rajoy, en el poder desde diciembre de 2011, Pedro Sánchez armó una heteróclita coalición con la izquierda radical de Podemos, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos.

Una opción obligada por la fragmentación de la cámara, y que fue denunciada enérgicamente por el portavoz del PP en la cámara, Rafael Hernando, quien fustigó a una coalición de "extremistas, radicales e independentistas" que "quieren acabar con el proyecto de España".

"El señor Sánchez quiere ser presidente del gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste", añadió Hernando.

Pedro Sánchez, de 46 años, reconoció que "por supuesto" tendrá dificultades en su acción de gobierno. Pero con un tono optimista reiteró su "compromiso con Europa" y prometió "estabilizar socialmente este país", priorizando políticas en favor del medioambiente y de la igualdad entre hombres y mujeres.

Igualmente, reiteró su oferta de diálogo al gobierno independentista catalán entrado en funciones este mismo viernes, lo que augura el levantamiento inminente de la tutela impuesta a la región en octubre, a raíz del intento fallido de secesión unilateral.

"Este gobierno quiere que Cataluña esté en España, y escuchará a Cataluña", declaró el líder socialista.

El PSOE promovió la moción de censura hace una semana, tras conocerse la sentencia judicial de la Gürtel, una trama corrupta consistente en una red de empresas que de 1999 a 2005 sobornaron a cargos del PP para obtener contratos públicos en distintos puntos del país.

La sentencia fue una bofetada para el PP, que no obstante la recurrirá.

El partido conservador fue condenado a pagar más de 245.000 euros como "partícipe a título lucrativo" de la trama. La justicia consideró probado que hubo una caja B desde 1989, y el tesorero que la administró, Luis Bárcenas, fue condenado a 33 años de prisión.

La votación de este viernes saca del poder a un Mariano Rajoy que en los últimos tiempos sobrevivió a la grave crisis económica de 2008-2013, y al desafío separatista catalán, la peor crisis política en España en cuatro décadas.

AFP
Madrid, España
Viernes 1 de junio de 2018.

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