José Juan Espinosa anuncia que en la LX Legislatura, se acabó el “cochinito legislativo”.

Acción Nacional quiere lucrar con una de las banderas más importantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que es la austeridad republicana, pues carece de autoridad moral, sentenció el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres.

Luego de que el coordinador de la bancada del PAN, Marcelo García Almaguer, anunció que su partido propondrá en el Legislativo que se reduzcan al 50 por ciento las dietas de los diputados de la LX Legislatura, sostuvo que Acción Nacional no tiene calidad moral para autorizar propuestas en materia de austeridad.

 Dijo que a unas horas de que inicien los trabajos de la nueva legislatura, el grupo parlamentario de “Juntos Haremos Historia” ha encontrado muchas inconsistencias en el manejo de recursos por parte de la actual legislatura, por lo que anunció la realización de auditorías al seno del Congreso, que estarán a cargo de un despacho externo, certificado y reconocido por la Auditoría Superior del Estado (ASF), de esta forma los poblanos puedan conocer  cómo se administró cientos de millones de pesos en la LIX Legislatura.

Sentenció que el diputado García Almaguer no debe lucrar con la honestidad y la austeridad, cuando de manera pública, ya se han empezado a documentar los excesos y abusos en la ejecución del gasto público, sin dejar de considerar la penosa situación que viven los dos edificios del Poder Legislativo luego del sismo del 2017.

 También dejó en claro que, cualquier política de austeridad que se emprenderá en la LX Legislatura, a nombre de la mayoría (Morena-PT y PES), está mandando “al rastro” el denominado “cochinito legislativo” que se aplicó en toda la LIX Legislatura, el cual también será revisado en el marco de la auditoría externa.

Reiteró que los despachos externos, deberán estar certificados por la propia ASE, y dar un peso legal a todo este procedimiento jurídico, a toda la serie de observaciones que hasta el momento se han detectado y se presenten los dictámenes que en su momento deberán de ser utilizados para fincar responsabilidades, ya sea de carácter administrativo o incluso penal.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Jueves 13 de septiembre de 2018.


Alcalde de San José Chiapa, Josué Martínez Santos cobró salarios de presuntos “aviadores” inscritos en el SAT

Un grupo de pobladores del municipio de San José Chiapa denunciaron que hace más de un año acudieron al ayuntamiento de esa localidad a pedir trabajo sin obtenerlo, pero por un reportaje se enteraron que sus documentos fueron usados para el cobro ilegal de salarios y hasta para reportar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En rueda de prensa, los pobladores de San José Chiapa informaron que presentaron una denuncia formal en contra del edil Josué Martínez Santos por falsificación de documentos, usurpación de funciones públicas, fraude, ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, así como uso ilícito de atribuciones y facultades.

María del Carmen Peña Isla, María Paulina Gómez Janet Jiménez Rodríguez, María Elena Corro Olivera, Deyanira Jiménez Rodríguez y Emiliano García Alcántara, denunciaron que en febrero de 2017 acudieron a solicitar trabajo a la comuna, para lo cual entregaron su documentación original, sin obtener nunca una contratación.

También explicaron que la oferta que les hicieron fue que les buscarían acomodo en la planta automotriz alemana Audi, pero que jamás los volvieron a llamar, e igual ya no regresaron por los documentos que entregaron, entre ellos acta de nacimiento, INE, CURP y comprobante de domicilio.

Hace unos días se enteraron, a través de un reportaje, que sus nombres eran ubicados como “aviadores” en la nómina del ayuntamiento de esa población, pues supuestamente cobraban 5 mil pesos quincenales y nunca se presentaban a laborar.

No sólo eso, también se enteraron que el personal a cargo del edil les abrió cuentas bancarias en las cuales les hacían los depósitos de sus supuestos sueldos y hasta presentaron al SAT declaraciones de impuestos a sus nombres para “cuadrar” toda la información.

Sin embargo, aseguraron que realmente nunca han obtenido salario alguno y lo único que suponen es que los documentos que entregaron fueron usados para desviar esos recursos, que se estima ascienden a más de 700 mil pesos.

El representante de los afectados, Esteban Hipólito Damas Flores, demandó al auditor superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, que abra una investigación sobre el edil quien, aseguró, presume ser protegido del exgobernador panista Rafael Moreno Valle y del actual mandatario Antonio Gali Fayad.

Los pobladores denunciaron que además el presidente municipal se apropió de 25 caballos que donó la Secretaría de la Defensa Nacional a un grupo de ejidatarios que tuvieron problemas agrarios y que hicieron una solicitud formal de apoyo a la Sedena.

Además, explicaron que luego de que la solicitud tardó para ser atendida, el edil simplemente no reportó la entrega de los equinos a los beneficiarios, y optó por repartirlos entre funcionarios de primer nivel del ayuntamiento.

Se quejaron de que, pese a que, con la llegada de Audi a ese municipio, se presumía que habría un beneficio para el desarrollo de esa localidad, a casi dos años de haber iniciado operaciones la armadora, San José Chiapa se encuentra con las calles sin pavimentar y sin iluminación, y el único cambio que han notado es un incremento en la inseguridad.

En contraste, el alcalde ha incrementado su riqueza, pues se compró casa, varios vehículos y en total reporta un patrimonio superior a los 10 millones de pesos.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Mates 21 de agosto de 2018.


Comisión panista que encabeza Luis Felipe Bravo Mena rechaza investigar a Moreno Valle


La Comisión Anticorrupción del PAN rechazó una solicitud que hicieron panistas poblanos para que se investigara al exgobernador Rafael Moreno Valle por su presunta relación con el exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, acusado de lavado de dinero.

A la solicitud que presentó, desde el 14 de febrero de este año, la Corriente Humanista formada por panistas de esta entidad, la Comisión Anticorrupción respondió el jueves 9 con una negativa en la que argumenta que el supuesto acto de corrupción que se imputa a Moreno Valle excede el plazo de haber ocurrido para aplicar una sanción.

Hilario Gallego Gómez, integrante de la Comisión Humanista del PAN, formada por militantes que han criticado a Moreno Valle, dio a conocer la comunicación que recibió por parte del órgano partidista en el que se señala:

“Para que este órgano esté en posibilidades de solicitar la aplicación de una sanción a un probable responsable, no deben haber transcurrido 365 días contados a partir de que se materializó la falta considerada como acto de corrupción.

“Siendo evidente que ha transcurrido en exceso ese plazo, este órgano colegiado se encuentra materialmente impedido para incoar un procedimiento de investigación en contra de las personas denunciadas”, es la respuesta que ofreció la comisión que preside Luis Felipe Bravo Mena.

Hace más de medio año, los panistas opositores al morenovallismo acusaron al exgobernador de estar relacionado con Melquiades Vergara, quien fue detenido por la PGR por su supuesta participación en una red de lavado de dinero.

En ese momento se dio a conocer un audio en el cual Vergara, empresario de origen poblano, reconoce haber aportado dinero a la campaña de Moreno Valle en 2010, y a la de Antonio Gali Fayad, cuando contendió por la presidencia municipal de Puebla capital.

Igual, se dio a conocer que las empresas de Vergara fueron las proveedoras de las sombrillas que se repartieron en la campaña del ahora aspirante a contender por la dirigencia nacional del PAN. Así como que sus empresas de comunicación promovieron las aspiraciones presidenciales del exmandatario poblano.

En un comunicado que emitieron en respuesta a esta resolución de la Comisión Anticorrupción del PAN, Hilario Gallegos y Felipe Soriano lamentaron que el partido se niegue a investigar a Moreno Valle.

“Es inadmisible que personas como Rafael Alejandro Micalco Méndez, quien fuera presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, se les agravie imputando de manera infundada responsabilidades sobre supuestos malos manejos; y a individuos como Rafael Moreno Valle Rosas los cubra el velo de la impunidad con miras a tomar el control, ahora a nivel nacional, de nuestro instituto político”, alertaron.

Además, deploraron que la dirigencia nacional del PAN haya llamado a la autorreflexión y autocrítica cuando se solapa a personajes como el exgobernador de Puebla.

“No se puede hablar de autorreflexión y autocrítica si este tipo de sucesos perjudican la vida institucional de nuestro partido; tampoco se puede hablar de lucha contra la corrupción, si se solapa a un promotor de la misma, como lo es Moreno Valle, gracias a su habilidad de atar y desatar, enredar y desenredar, según la conveniencia lo requirió cuando fue gobernador de Puebla”, fustigaron.

Los panistas apuntaron que la corrupción escalará en Puebla luego de que la esposa de Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo, obtuvo, a través de “una elección dudosa”, la gubernatura poblana.

“Nuestro partido no merece ser blanco del descrédito por causa de grupos caciquiles como es el caso del morenovallismo, que desde el año 2010 controla a la dirigencia estatal de Acción Nacional en Puebla, para convertirla en una agencia de colocaciones, franquicia y establecimiento mercantil del clientelismo y de componendas políticas”, denunciaron los panistas.

Tras parafrasear al presidente de la Comisión de Doctrina del PAN, Juan José Rodríguez Prats, los panistas exigieron que Moreno Valle Rosas “haga a un lado sus aspiraciones banales de ser amo y señor absoluto de nuestro partido, pues carece de moral y de principios panistas”.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 20 de agosto de 2018.


Altos Hornos de México (AHMSA) que en 2014 vendió a Pemex la planta chatarra de Agro Nitrogenados, un mes luego de la operación transfirió 3.7 millones de dólares a una firma “offshore” vinculada a Odebrecht y a Emilio Lozoya Austin.

De acuerdo con un reportaje de Quinto Elemento Lab, basado en el expediente de la operación “Lava Jato” de Brasil, una red de sobornos entre políticos, funcionarios y ejecutivos de constructoras para adjudicarse obras de la empresa petrolera Petrobras, Grangemounth Trading Compan recibió 3.7 millones de dólares procedentes de AHMSA y transfirió cinco millones de dólares a Zecapan SA, firma “offshore” presuntamente vinculada a Lozoya, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre diciembre de 2012 y febrero de 2016, publicó el diario Reforma.

De acuerdo con el testimonio de altos exejecutivos de Odebrecht, fue proporcionada por el mismo exdirector de Pemex para que le efectuaran pagos por sus servicios.

Las transferencias de dinero se realizaron el 17 y 24 de febrero y el 10 de marzo de 2014 sumando un total de 3 millones 703 mil 540 dólares.

AHMSA informó a Quinto Elemento Lab que las transferencias a Grangemouth fueron por el pago de un asesoramiento para la ampliación de las siderúrgicas en Monclova, Coahuila.

Las transferencias se hicieron desde la firma, una de las 20 que Derecha utilizaba para pagar los sobornos a los funcionarios de diversos países incluyendo a Lozoya.

Por su parte, el abogado de Lozoya, Javier Coello, negó que su cliente tenga "relación de negocios con directivos de AHMSA o haber recibido pagos de ésta".

Una búsqueda por Quinto Elemento Lab en Escocia y Reino Unido a Grangemouth Trading Company presentó que la firma no tiene actividades, propiedades, oficinas o hipotecas y tampoco declara empleados.

El Siglo de Torreón
Ciudad de México
Lunes 20 de agosto de 2018.


Exigen que deje liderazgo del sindicato petrolero; demandan convocatoria para nuevas elecciones

Integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP) exigieron la destitución de Carlos Romero Deschamps como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y pidieron convocar elecciones para renovar la dirigencia.

Al presentar su plataforma política como candidata a dirigir al sindicato, María de Lourdes Díaz Cruz, trabajadora de la Sección 35 del STPRM, solicitó al nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, apoyar la convocatoria a elecciones locales en las 36 secciones que conforman la organización sindical para votar por un nuevo dirigente el próximo 10 de enero de 2019, mediante el ejercicio del voto libre y secreto.

“Solicitamos a las autoridades salientes y entrantes que participarán en el proceso de transición, que se realicen elecciones locales en las 36 secciones del sindicato, así como la presencia de observadores de instituciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que no haya amenazas o intimidaciones a los trabajadores”, resaltó Díaz Cruz.

La aspirante a encabezar el sindicato petrolero, conocida por sus compañeros como Lula, pidió realizar una auditoría al actual dirigente sindical, Romero Deschamps, así como a los líderes de las 36 secciones de la organización, para transparentar el manejo de los recursos que opera el STPRM. Dijo que de llegar a la secretaría general demandará que el también senador priísta sea enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito.

El Universal
Astrid Rivera
Ciudad de México
Domingo 5 de agosto de 2018.


•    La SCT aprobó construir el segundo piso de Puebla, aunque era la opción más cara y sin planeación    

•    Aunque había tres opciones que serían más baratas, tanto en construcción como en el peaje que pagarían los usuarios, el gobierno de Moreno Valle eligió la opción más cara y la que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto.


Puebla.- En 2014 el gobierno federal dio luz verde a construir un Viaducto Elevado en Puebla aun cuando era el proyecto más caro de tres posibles opciones: un libramiento, que seis años antes se había presupuestado en mil 933 millones de pesos; ampliar la autopista a diez carriles en su cruce por la ciudad poblana, valuado en 4 mil 400 millones, o construir un paso elevado por 10 mil millones.

Se optó por el más caro, pero además sin que hubiera planeación previa: se adjudicó una obra de 13.3 kilómetros y 18 metros de ancho, pero se construyó un segundo piso de 15.3 kilómetros y 21 metros de ancho.

La obra resultó cara no sólo para las finanzas públicas —el gobierno federal pagó 4 mil 500 millones—, también para los usuarios. Recorrer la carretera México-Puebla cuesta 1.40 pesos por kilómetro, con dos casetas incluidas. El peaje del Segundo Piso cuesta 3.59 pesos el kilómetro, 2.5 veces más que toda la autopista.

Documentos oficiales consultados por Animal Político indican que el peaje del Segundo Piso también es más alto del que se hubiera pagado con el libramiento: 1.20 pesos por kilómetro.

Sin estudios previos

La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2012 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente año con una partida de 43 millones de pesos para un estudio de preinversión para el Viaducto Elevado de Puebla, pero el estudio jamás se realizó.

El 17 de mayo de 2013, el titular de la dirección general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Óscar Callejo Silva, pidió la cancelación del estudio a pesar de que la documentación era necesaria “para la correcta proyección” de la obra, pues incluía un estudio de demanda, el anteproyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental, entre otros documentos, según se lee en los documentos oficiales que consultó Animal Político.

Pero la falta de estudios no impidió que en 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aprobara la entrega de 5 mil millones de pesos para subsidiar el Viaducto Elevado, una de las 266 promesas de campaña que Enrique Peña firmó ante notario público como candidato a la Presidencia de la República.

La entrega de los recursos públicos se hizo sin contar con la aprobación de la Cámara de Diputados. Lo que se hizo fue una “modificación presupuestal” para inyectar recursos al “Programa de Apoyo para Infraestructura Carretera U002”, un programa que en el PEF aprobado por los legisladores en 2014 estaba en ceros, sin recursos asignados.

De ese programa salieron 2 mil 500 millones de pesos para el arranque de la obra en 2014, y se repitió el esquema en 2015 y 2016 para asignar un subsidio de mil millones anuales, hasta que finalmente, en agosto de 2016 se inauguró el viaducto elevado.

La falta de documentación y estudios que justificaran la obra fue la constante en el desarrollo del proyecto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó, entre otras irregularidades, que la obra se inició sin un proyecto ejecutivo autorizado, sin el estudio costo-beneficio y sin la Manifestación de Impacto Ambiental.

¿Fue mejor opción técnica? ¿la menos onerosa?

La promesa de campaña de Peña Nieto se rubricó con el folio CG-040 y se incluyó en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicación 2013-2018, acompañado por la leyenda: “o la opción que técnicamente mejor resulte”.

La SCT consideró dos posibles opciones, según documentación que la dependencia entregó a Animal Político, aunque al final se optó por la más cara.

La primera alternativa: modernización y ampliación a diez carriles del paso de la vialidad en su cruce por la ciudad, con carriles para laterales para el tránsito local, una solución que tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado” y costo estimado de 4 mil 400 millones de pesos.  

La segunda el viaducto elevado, una solución que —igual que la primera opción—, tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado”, pero con la desventaja de que “el uso de esta infraestructura sería en hora de máxima de demanda, con lo que podría existir una sobreoferta de la misma”. El costo estimado de esa obra fue de 10 mil 500 millones de pesos, más IVA, y consideraba un tramo de 16.6 kilómetros de largo.

En el mismo documento oficial hay contradicciones sobre la valoración de las dos opciones. Primero se dice que “de manera objetiva y cuantitativa se consideró al Costo Anual Equivalente (CAE) como el mejor indicador”, lo que significaba que ampliar la carretera era la mejor opción. “La alternativa 2 es la que requiere de una inversión mayor a lo largo de la vida útil del proyecto”. Pero en otro párrafo se menciona que la alternativa 2 “representa el menor CAE por lo tanto resulta ser la más adecuada”.

Alternativa    Costo de inversión    Conservación rutinaria    Riego de sello    Carpeta    Reconstrucción    CAE
1    4,400,000,000    2,669    12,900    71,171    195,721    539.6
2    10,500,000,000    5,641    27,265    150,422    413,682    1,285.3

Más allá de lo contradictorio de las afirmaciones en el estudio, los datos del CAE y los costos totales de las obras muestran que el viaducto elevado era 2.3 veces más caro que la ampliación, pero el gobierno optó por esa alternativa.

Pero además de la económica, entre los proyectos hay otra diferencia: la segunda opción es la que prometió Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial y la que buscaba el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, quien buscó sin conseguirla la candidatura del PAN para los comicios de este 2018.

El estudio de la SCT consideró además que la obra podría generar una ganancia del 17.6% anual (la Tasa Interna de Retorno), aunque en el contrato de concesión que el gobierno de Puebla con OHL-Pinfra se estableció que la ganancia sería del 10% anual real, más la recuperación de la inversión inicial.

También señaló que la obra se pagaría a partes iguales por el gobierno y empresas del sector privado, con un proceso de licitación que se realizará en junio de 2015 para que la obra estuviera en operación en enero de 2018.

Pero el proceso planteado en los documentos de la SCT no se siguió, la obra se adjudicó a mediados de 2014 sin licitación de por medio y se puso en operación en octubre de 2016, justo al cierre del sexenio de Moreno Valle.

Una obra ‘exprés’

El 19 de junio de 2014, la SCT entregó al gobierno de Puebla el permiso de derecho de vía para construir el viaducto elevado sobre la autopista federal. Ese mismo día la dependencia emitió los lineamientos del programa U002 “Programa para Infraestructura Carretera” para entregar el subsidio de 5 mil millones de pesos y financiar la mitad de la obra.

De acuerdo con esos lineamientos, de los que Animal Político tiene copia, para recibir el subsidio el gobierno de Puebla debía demostrar, entre otras cosas, que tenía “proyectos ejecutivos, evaluaciones financieras y técnicas que aseguren la factibilidad” de la obra.

Pero la obra se inició sin tener ni estudio de costo beneficio ni proyectos ejecutivos.

Al analizar la cuenta pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación dijo: “En la revisión del título de concesión, se observó que la SCT otorgó el subsidio en materia de infraestructura carretera al gobierno de Puebla, para el proyecto del viaducto elevado, aun cuando no se contaba con el estudio costo-beneficio ni con el proyecto ejecutivo”.

En respuesta a la auditoria, la SCT presentó en octubre de 2015, un año después de iniciada la obra, un estudio de costo-beneficio. Animal Político tuvo acceso al estudio, vía una solicitud de información que atendió la ASF. El documento no tiene la fecha en que fue realizado, no incluye firma, sello, ni tiene referencia alguna a los autores o responsables del estudio.

Además, dice la ASF, “no se tiene evidencia de que se contara con el estudio previo al otorgamiento del subsidio”.

Ni siquiera se tuvo el cuidado de tener un título de concesión que tuviera los datos correctos: la SCT se refiere a una autopista de 16.6 kilómetros de longitud y 21 metros de ancho, mientras que el título de concesión hace referencia a una obra de 13.3 kilómetros de largo y 18 metros de ancho, y la obra que se construyó fue de 15.3 kilómetros de largo y 21 metros de ancho.

Otras irregularidades

Pero no fueron las únicas irregularidades. La ASF revisó el desarrollo de la obra entre 2014 y 2016 y detectó costos inflados: “algunos de los precios son elevados respecto a los precios de mercado y a los propuestos en otros proyectos similares realizados por la misma empresa” por más de mil 173 millones de pesos.

También se detectaron pagos por obras y servicios no recibidos por más de 180 millones de pesos, y un pago de 2.7 millones de pesos por un anticipo no justificado.

A ello se sumaron “trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, losas y prelosas; ramales de tuberías de PVC, de marcos y registros”.

Dice uno de los informes de la ASF que “no obstante que la obra ya se había concluido y se encontraba en operación, no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas”.

El gobierno de Puebla incluso intentó que vehículos pesados o de carga tuvieran la obligación de transitar por el viaducto elevado —y pagar la cuota por hacerlo—, restringiendo su circulación por la parte baja de la autopista México-Puebla. La acción fue señalada por la ASF, quién pidió el inicio de un procedimiento administrativo contra los funcionarios responsables, sin que hasta la fecha se haya sancionado a nadie.

El viaducto elevado, un logro en infraestructura según la administración federal de Enrique Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle en Puebla, sí desahoga el tráfico en la zona y disminuye los tiempos de traslado.

Sin embargo, su construcción fue más para el lucimiento de los funcionarios involucrados y a un costo de 4 mil 500 millones de pesos, además de una concesión que no le retribuye ni un peso a las arcas públicas.

Animal Político
Ernesto Aroche
Ciudad de Puebla
(Jueves mayo 24 2018)
Jueves 19 julio de 2018.


El perredista vaticinó que el lugar se convertiría en un sitio emblemático en el sur de la ciudad.

Ciudad de México.- El pasado 8 de marzo, el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, acudió a la inauguración de la plaza comercial Artz y dijo que la construcción estuvo estrictamente apegada a la normatividad de la Ciudad.

En la tarde de aquel jueves, Mancera Espinosa fue parte de la comitiva para celebrar la apertura de la plaza Artz. Estuvo acompañado del arquitecto Javier Sordo Madaleno, con quien realizó un recorrido por el recinto. Ambos caminaron por el patio del lugar y visitaron la zona de tiendas y locales.

En su discurso, el ex jefe de Gobierno reconoció que la obra enfrentó diversas dificultades y repercusiones económicas, debido a que se tenían que hacer mitigaciones y mejoras para beneficiar a vecinos y automovilistas.

"No fue un tema sencillo el desarrollo de esta obra, porque implicó varios retos, algunos desde el punto de vista de la ingeniería, otros de las adecuaciones de los propios arquitectos. Aquí hemos sido testigos de la modernidad, de procesos rigurosos en materia de construcción. Quiero decirles que no ha sido fácil, la verdad es que lo que estableció la Ciudad de México como requisitos para poder llegar a la conclusión de esta obra ha sido estrictamente apegado a ello, a la normatividad y a las leyes de la Ciudad", sostuvo.

Mancera Espinosa afirmó que la plaza era una combinación interesante, donde convergen el comercio, el arte y la convivencia. Vaticinó que el lugar se convertiría en un sitio emblemático en el sur de la ciudad.

"Así que, por todo esto quiero felicitar a Javier Sordo Madaleno, a todo su equipo, al grupo de arquitectos, de ingenieros e inversionistas que apuesta por nuestra ciudad, ojalá tengamos muchas de éstas en el futuro, que sean buenas noticias, que generen empleo, se necesita activación económica. Hoy el Gobierno de la Ciudad de México felicita a este grupo de mexicanos que apuestan por su país y por su ciudad y seguramente todo esto será un gran acontecimiento.

"Te felicito otra vez, Javier, y seguiremos trabajando de la mano, porque estoy seguro que esto va seguir, esto que es como una inquietud que tienes, seguir desarrollando cosas", comentó Miguel Ángel Mancera.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 13 de julio de 2018.


La coalición Todos Por México (PRI) encabezó las ofertas a ciudadanos.


Nueve millones de mexicanos aceptaron vender su voto a un partido político en la jornada electoral del 1 de julio, reveló la encuesta Democracia sin pobreza 2018.

Pero la mayoría de los votantes consultados no fue seducida por la corrupción. 15 millones de mexicanos (17.3% de los encuestados) rechazó algún regalo, servicio, favor o trabajo ofrecido por un partido político, de acuerdo con la encuesta elaborada por la firma Data PM, patrocinada por la organización Acción Ciudadana contra la pobreza.

“Los partidos ofrecieron, en promedio, 500 pesos en la calle, y 15 millones los rechazaron”, comentó Alberto Serdán, coordinador de la organización en conferencia de prensa.

El documento detalló que las ofertas se hicieron a 29.9 millones de votantes elegibles, que es el equivalente a 33.5% de los encuestados.

La coalición Todos Por México (PRI, Panal y Partido Verde) ofreció sobornos a 5.3 millones de votantes elegibles; Por México al Frente (PAN, PRD y MC), a 4.9 millones; La alianza Juntos Haremos Historia, 600,000 ofertas por votos. 19 millones habrían recibido ofertas de múltiples partidos o no respondieron en la consulta.

La encuesta representativa de la lista nominal (89.1 millones) consultó a 1,253 ciudadanos mayores de 18 años cara a cara en los 32 estados del país.

El levantamiento ocurrió del 6 al 26 de junio de 2018. Su margen de error teórico es de +-2.9 puntos con un nivel de confianza estadístico del 95%.

Forbes
Arturo Solís
Ciudad de México
Jueves 28 junio de 2018.


El sitio Animal Político publica que hay detectadas 25 razones sociales que empezaron a constituirse en 2013, aunque la mayor parte se registraron entre diciembre de 2015 y enero de 2016


Un reportaje del sitio Animal Político señala que la candidata de la coalición Por Puebla al Frente (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano), Martha Erika Alonso Hidalgo, utilizó como proveedora de su campaña y precampaña a una compañía que forma parte de una red de empresas que utiliza direcciones falsas y presuntos prestanombres como socios.

De acuerdo con los reportes que la esposa del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle entregó al Instituto Nacional Electoral (INE), la empresa Asesores Feng ha facturado 699 mil 907 pesos por servicios de logística y organización de eventos a la campaña de la aspirante panista en Puebla.

El reportaje firmado por Jesús Aroche asevera que Asesores Feng tiene como socios a dos personas: Julio Baruchs Bustamante Luna, de 24 años de edad, y a Florentino Carrera Salamanca, de 58 años. Según documentos fiscales que la campaña de Martha Ericka entregó a Animal Político, Bustamante Luna es el representante legal de la empresa, pero en las oficinas el personal no lo conoce.

En las actas notariales de las empresas de la red de las que Bustamante Luna es socio se establece que su domicilio está ubicado en el departamento 4 del edificio 119 ubicado en la plaza de San Sebastián de UH Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla, pero en ese lugar no vive.

Animal Político constató que se trata de una zona habitacional para personas de bajos recursos; la actual habitante del departamento aseguró que reside en el lugar desde hace más de un año y no tiene ninguna relación con Bustamante Luna. Una de las vecinas del lugar aseguró que un familiar suyo ocupó el departamento previo a la actual inquilina cinco años antes y tampoco conoce al representante legal de Asesores Feng.

El segundo socio, Florentino Carrera, cuyo domicilio se ubica en la colonia Santa Cruz Atoyac fue ubicado por el portal República 32 a quién contó que es de profesión hojalatero.

La red suma un total de 25 razones sociales que empezaron a constituirse en 2013, aunque la mayor parte de ellas, 20 de las 25, se registraron entre diciembre de 2015 y enero de 2016, todas con el mismo notario y compartiendo socios y administradores. La red facturó al gobierno de Puebla 69.9 millones de pesos.

La red de empresas

Asesores Feng fue registrada el 21 de enero de 2016 en las oficinas del corredor público número 10 Orlando Flores Rodríguez, teniendo como socios a Julio Baruchs Bustamante Luna y Florentino Carrera Salamanca.

Ese mismo día, en la misma oficina del corredor público se registraron siete empresas más: Asesores Barnes, Consultoría Tess, Compromiso y Dividendo, Servicios Administrativos Asbo, Servicios Administrativos Naboo, Rikkon y Haverford.

De esas empresas Bustamante Luna fue registrado como socio en tres de ellas: Consultoría Tess, Compromiso y Dividendo, y Servicios Administrativos Asbo.

Un día después, el corredor público número 10 registró cuatro empresas más: Goodman Constructora e inmobiliaria, Obra Materiales y Equipo Badgers, Constructora y Arrendadora Alana y Cohle Constructora e Inmobiliaria. En esas empresas Bustamante Luna aparece como socio en Goodman; Carrera Salamanca en Badgers.

Pero no son las únicas empresas que registró el Corredor Público Orlando Flores en las que uno de los socios de Asesores Feng aparece registrado. Un mes antes, el 28 y 29 de diciembre, Orlando Flores registró cinco empresas en las que Carrera Salamanca aparece como socio: Asesores Fuerza y Rumbo, Mercabeneficio, Servicios Administrativos Zaragoza, Constructora y Arrendadora Seul y Obras Materiales y Equipo Nara.

De ese paquete de empresas, en tres de ellas Carrera Salamanca es socio de Jaime Bravo Martínez, en las otras dos sus socios son Juan Bravo Torres y José Pablo Ramírez Morales.

Bravo Martínez y Bravo Torres también aparecen como socios en empresas con Bustamante Luna. Hay un nombre más que se repite en vinculación con éste último: José Ángel Sánchez Solís está registrado como Gerente General en Asesores Feng y Consultoría Tess.

Se trata de una intrincada red de razones sociales que comparten socios, comisarios o gerentes y fechas de creación, correos de contacto, números telefónicos y domicilios.

Once de ellas aparecen en padrones de proveedores del estado de Puebla, del ayuntamiento de Puebla y del PAN poblano de 2018 con domicilio en el número 406 de la calle 25 norte de la colonia Tierra y Libertad en la capital poblana.

Una foto del domicilio publicada en julio de 2017 en Google Maps muestra que efectivamente el inmueble de tres plantas ostentaba un cartel con el logotipo y nombre de las once empresas, pero dejaron el lugar en septiembre del año pasado.

A decir de la campaña de la candidata de la Coalición Por Puebla al Frente, el inmueble fue abandonado tras el sismo de septiembre del año pasado. Reubicándose en un fraccionamiento cerrado y vigilado en la colonia San José del Puente. El nuevo domicilio fue registrado por el SAT en marzo de este año.

Corporativo BPJ

En la entrada del fraccionamiento San José del Puente el guardia de seguridad no ubica a Asesores Feng. En la dirección cerrada del Bosque número 16 casa 5, la dirección que la empresa dio al SAT lo que se ubica, dice, es un conglomerado de empresas llamado Corporativo BPJ. Nombre que coincide con el correo electrónico que utilizan 11 empresas de la red en padrones de proveedores gubernamentales:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Una vez autorizado el ingreso, en el inmueble que es el mismo de las fotografías que entregó la campaña de Martha Ericka a Animal Político para comprobar que la empresa sí tenía oficinas, con una pequeña diferencia, las fotografías muestran el logotipo de Asesores Feng junto a la puerta, pero la casa que fue visitada un día después de la comunicación con el equipo de la panista no lo tiene.

Ahí un empleado que no proporcionó su nombre aseguró que no había nadie para atender la petición de entrevista y dijo que el encargado era Rodolfo Gutiérrez pero que no estaba en ese momento, y que nunca había escuchado hablar de Julio Baruch, a pesar de que él es el representante legal de la empresa, según el SAT.

La información del Sistema de Administración Tributaria también incluye un número de teléfono que no enlaza, como si fuera un número no asignado. Lo mismo sucede con los cuatro números que la red de empresas registra como números de contacto en diferentes padrones de gubernamentales. Sólo en uno contestaron y aseguraron que ahí era una casa habitación, que no sabían nada de Asesores Feng.

En los documentos estatales e incluso municipales la empresa registra otro mail de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. En el padrón de proveedores de la Secretaría de la Contraloría de Puebla fechado en abril de este año las empresas Asesores Feng, Consultoría Tess y Servicios Administrativos Asboo registran ese correo electrónico como su email comercial y el mismo número: 222 211 3610, el cual no enlaza.

José Ángel Sánchez Solís, registrado en las actas de constitución de Asesores Feng con el cargo de Gerente General y con domicilio en la colonia Tres Cruces. La misma dirección que en el padrón de proveedores actualizado a abril de 2018 tiene la empresa Productos y Servicios Roonix, empresa que también usa el mail de Corporativo BPJ como mail comercial y comparte el número de teléfono de la mayoría de las empresas.

Pero en esa dirección lo que hay es una casa habitación de una familia que dijo no conocer a Sánchez Solís. Al ser visitados comentaron que no es la primera vez que les preguntan por las empresas, pero que ahí nunca ha estado compañía alguna.

Contratos con el gobierno de Puebla

Además de ser proveedora de la campaña de la aspirante panista la red de empresas de la que Asesores Feng forma parte han obtenido al menos 73.5 millones de pesos con el gobierno del estado de Puebla entre 2014 y 2016. Así lo ha documentado Animal Político y el portal poblano Lado B a través de solicitudes de información presentadas a las secretarías de Salud, Finanzas y Educación, y organismos estatales como el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Instituto de Educación Digital (IED).

La cifra puede ser mucho más alta, pues tanto la SEP poblana como el IED reservaron la información de los contratos argumentado procesos de auditoría abiertos.

En los 60 contratos que sí entregó el gobierno poblano se observa que 46 fueron asignados por la Secretaría de Salud del estado por un total de 49.9 millones de pesos, en 34 de ellos el representante legal que firmó los contratos fue José Ángel Sánchez Solís.

Otros 13 fueron entregados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública por un total de 19.7 millones de pesos, en siete de ellos el representante legal de las empresas fue Sánchez Solís.

Con la información oficial se observa que sólo en tres casos se convocó a una licitación pública; 55 fueron por concurso cerrado y las dependencias definieron a cuáles proveedores  invitar; en dos casos más se adjudicó por la vía directa, sin concurso de por medio.

Lado B Puebla
Animal Político
e-consulta
Puebla, México
Jueves 28 junio 2018.


Los recursos del PRI en las presidenciales: de Cambridge Analytica a la politización de la justicia

Ciudad de México.- Haciendo uso del poder y de los recursos del gobierno, el oficialista Partido Revolucionario Institucional ha aprovechado algunas de las instituciones más importantes de la nación en un intento por cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales del 1 de julio, de acuerdo con ex oficiales del partido y observadores electorales independientes.

El procurador general —nombrado por el presidente— ha acusado públicamente a uno de los principales candidatos de oposición de delitos graves sin ofrecer mucha evidencia del presunto crimen. Y el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron nombrados por el Congreso dominado por el PRI, ha sido criticado por varias decisiones polémicas que han marcado la campaña.

No es nada nuevo en la política mexicana que haya tácticas de juego sucio, pero las acciones tomadas por el PRI presentan una escalada por parte del partido oficialista para influenciar una elección.

A principios del año pasado, ante muy malos números en encuestas para el voto presidencial, la —ahora extinta— Cambridge Analytica se acercó al partido. Ofreció ayudar al PRI a ganar tal como lo había hecho con Donald Trump, según la propuesta de 57 páginas que redactó la compañía y que fue vista por The New York Times.

El PRI revisó esa propuesta durante meses, y al final decidió que no necesitaba pagar millones de dólares a alguien externo para una campaña sucia. El partido podía hacer eso por sí solo. Sin embargo, como una muestra de las medidas extremas a las que el priismo está dispuesto para afianzar su posición en el poder, le pagó de cualquier manera a Cambridge Analytica… para que no colaborara con ningún otro partido, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo de las negociaciones.

Esa decisión tomada a principios de 2017 fue el inicio informal de lo que, para algunos, ha sido un periodo alarmante del mal uso de recursos del gobierno para fines electorales.

“Lo que están haciendo es tomar la poca credibilidad y confianza que hay en nuestras instituciones y tirándola a la basura”, dijo Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general mexicano en los años noventa, cuando el PRI también estaba en el gobierno. “Deja entrever el débil Estado de derecho que tenemos aquí y señala un deseo de hacer lo que sea para mantenerse en el poder”.

La Procuraduría General de la República (PGR), que anunció en febrero la investigación contra el candidato opositor Ricardo Anaya, no ha presentado cargos ni ha ofrecido evidencia, lo que ha despertado quejas de que la única pretensión con la pesquisa es que el partido gobernante dirija el resultado electoral.

Mientras que el tribunal electoral ha rechazado dos auditorías de gastos indebidos por parte del PRI, revirtió una decisión que intentó regular un mecanismo para la posible compra de votos y permitió que estuviera en la boleta un candidato presidencial cuya campaña fue acusada de amaños, una decisión que los encuestadores creen podría restarle votos a la oposición.

Más allá de eso, los fondos destinados a observadores electorales se desplomaron, mientras que el gasto en tarjetas de regalo y otros servicios públicos ha aumentado en los últimos meses. Esas tácticas han sido usadas desde hace mucho tiempo para conseguir los votos de personas pobres en México, según observadores.

Por más de setenta años, el PRI ha dominado la política del país. Ahora, pese a los esfuerzos recientes, parece encaminado a una derrota contundente en las elecciones de julio como resultado de los escándalos de corrupción y los niveles históricos de violencia.

La búsqueda frenética por parte del partido de una ventaja en las elecciones son las que llevaron al PRI a discusiones con Cambridge Analytica, cuyos detalles no habían sido reportados antes.

La propuesta de la empresa comenzó a circular en 2017, cuando Enrique Ochoa aún era presidente del PRI y buscaba soluciones para que su partido no se desmoronara. Para entonces, Cambridge Analytica, una consultora de datos que usó la campaña de Trump antes de la elección estadounidense de 2016, ya se había establecido en México para buscar negocio. El PRI era la opción más obvia: era el partido más grande y necesitaba ayuda desesperadamente.

El presidente Enrique Peña Nieto tenía los peores índices de aprobación que cualquier presidente en un cuarto de siglo; Cambridge Analytica le prometió al PRI lograr una remontada sorpresiva.

En su presentación por 7,2 millones de dólares al PRI, la empresa prometió mejorar la imagen del partido y destruir la de su principal competencia, Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas. “Con técnicas similares a las empleadas en contra de Hillary Clinton en la elección presidencial de 2016”, Cambridge Analytica prometió “una poderosa estrategia de campaña negativa para socavar” a López Obrador.

La propuesta incluía un componente “de optimismo” para cambiar las percepciones negativas del partido gobernante; la táctica era sencilla:  una “campaña anti López Obrador”.

“No hay mejor ejemplo de esto que Hillary Clinton”, dice la consultora en su propuesta. “La puntera que muchos pensaban tenía una ventaja inalcanzable y que gastó mucho más que su rival republicano, fue derrotada justamente de este modo”. La empresa incluso mostró bosquejos de cómo la campaña de “Clinton corrupta” podrían verse con un enfoque anti-AMLO.

Pero los funcionarios del PRI decidieron que ese tipo de focalización de electores que la empresa dijo haber usado en Estados Unidos no iba a funcionar en México, según las personas con conocimiento de las discusiones. Los datos de los votantes mexicanos, dijeron, no estaban suficientemente desglosados.

Cambridge Analytica estuvo bajo un intenso escrutinio después de las revelaciones de que había explotado la información de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento expreso y se declaró en bancarrota en mayo.

La empresa rechazó hacer comentarios sobre las negociaciones con México; el PRI, por su parte, negó tener relación alguna con Cambridge Analytica.

Sin embargo, el partido usó una serie de estrategias mediáticas, a instituciones de procuración de la ley y a órganos judiciales que controla, de acuerdo con observadores electorales independientes y exintegrantes del partido.

En febrero, la PGR anunció una investigación contra Ricardo Anaya, uno de los candidatos de oposición que va mejor en las encuestas que el candidato priista. Lo acusó de lavado de dinero y después publicó un video de Anaya en las oficinas de la procuraduría (en una reunión que solicitó el mismo candidato).

Cuando Anaya criticó la publicación del video, la PGR defendió su decisión al decir que lo hizo “derivado del interés público mostrado por los medios”. Los críticos destacaron que el gobierno no había publicado grabaciones similares para otras investigaciones que los medios han seguido muy de cerca, como la desaparición de 43 estudiantes. La PGR niega estar usando su posición para influir en las elecciones.

Las tácticas del PRI han desatado una reacción violenta. Varios mexicanos destacados —incluidos académicos, activistas y exfuncionarios— han exhortado públicamente al presidente a que deje de intervenir en las elecciones. Un poderoso consorcio de empresas hizo lo mismo.

“Cuando cruzas una raya así en este país realmente ya no queda nada que te detenga”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, director de ese grupo gremial, la Coparmex.

Pasarse de esa raya es algo que ocurre con frecuencia en la política mexicana y va más allá de un partido en una elección. Pero De Hoyos y otros han alertado sobre el efecto que tiene en las instituciones mexicanas.

Los fondos para observadores electorales han disminuido 81 por ciento en comparación a la última elección presidencial, en 2012, de acuerdo con un estudio reciente del grupo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Y muchos mexicanos dicen que la autoridad electoral más importante del país se ha visto comprometida: el tribunal especial encargado de supervisar a las autoridades electorales y, en última instancia, de validar la votación. A casi cada paso del camino este tribunal ha fallado en contra de lo dictaminado por los reguladores responsables de salvaguardar la integridad del voto.

Un caso que causó furor fue el de Jaime Rodríguez, un candidato presidencial particularmente extravagante apodado el Bronco.

Para conseguir estar en la boleta como independiente, Rodríguez entregó casi 900.000 firmas, pero el Instituto Nacional Electoral encontró que más de la mitad eran fraudulentas, por lo que dictaminaron que no cumplía los requisitos para ser candidato.

Entonces el tribunal electoral, cuyos integrantes fueron designados en 2016 por el Congreso de mayoría priista, revirtió la decisión al considerar que el Bronco no recibió un trato justo.

La decisión fue objetada en todo México. Rodríguez Calderón es gobernador con licencia y, como López Obrador, se presenta como alguien ajeno al sistema que puede enfrentarse a los intereses de quienes lo componen. Los expertos dicen que su presencia podría restarle votos a López Obrador.

Otra decisión contenciosa por el tribunal electoral involucra el uso de tarjetas prepagadas entregadas a los votantes.

Según la ley mexicana, esas dádivas no son ilegales a menos que sean usadas por el partido explícitamente para conseguir votos. Estas tarjetas son usadas en todos los niveles del gobierno y por prácticamente todos los partidos políticos. Pueden usarse para un almuerzo gratis o despensas de 25 dólares.

Pero en los últimos años su uso durante periodos electorales se ha vuelto innegable: una y otra vez los ciudadanos han denunciado que les prometieron esos beneficios a cambio de su voto.

Sucedió durante la elección de 2012, en la que Peña Nieto llegó al poder. Y en 2017, cuando el PRI ganó las elecciones en los estados de Coahuila y de México, los reguladores investigaron gastos cuestionables durante las campañas. Realizaron auditorías y anunciaron en julio pasado que habían encontrado irregularidades en el gasto de publicidad, pagos a organizadores de campo y en monederos electrónicos.

Las repercusiones podrían haber sido graves; esos hallazgos pueden invalidar una elección. Pero, antes de que sucediera eso, el tribunal electoral descartó las auditorías y dijo que eran inválidas.

“El tribunal resuelve siempre conforme a derecho”, indicó. “Nuestras sentencias y los datos estadísticos son una prueba de ello: en este proceso, ninguna de las fuerzas políticas ha sido o se ha favorecido por las resoluciones en una manera desproporcional”.

La polémica respecto al tribunal surgió de nuevo. En septiembre, los consejeros electorales anunciaron que regularían con mayor firmeza el uso de los monederos electrónicos durante la contienda de 2018. Y fueron aún más lejos: declararon que el gasto en programas sociales estaba siendo manipulado para fines electorales.

Sin embargo, ese esfuerzo regulatorio fue frenado antes de que pudiera empezar, por el mismo tribunal electoral.

A los analistas les preocupa que las decisiones del tribunal ya han tenido un efecto en la elección, al permitir que el gasto en campaña no sea monitoreado.

Por ejemplo, en las afueras de Ciudad de México, los muros de muchos hogares lucen capas de pintura nueva y camiones con tinacos están llegando a comunidades con escasez de agua, cortesía de los partidos políticos en busca de votos.

Con frecuencia, el gasto del gobierno aumenta en programas para el combate del hambre o para ayudar a los pobres; dichos programas son transformados en máquinas de compra de voto durante los años electorales. Este no es la excepción. Los gastos totales en los principales programas sociales mexicanos se dispararon un 20 por ciento en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con el grupo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Sin embargo, pese a todos esos esfuerzos, las ganancias han sido marginales para el partido gobernante, que aún parece encaminarse a una derrota contundente en julio. El candidato José Antonio Meade está en un distante tercer lugar en encuestas.

De hecho, las acciones priistas parecen haber surtido el efecto contrario y posiblemente terminaron por ayudar a López Obrador.

“El uso de oficinas, recursos e instituciones públicas para propósitos electorales es tan visible en esta campaña y apunta hacia el flanco más débil de nuestra democracia”, dijo Guillermo Cejudo, profesor de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una universidad en Ciudad de México.

“Desafortunadamente”, añadió, “las instituciones de procuración de justicia son herramientas usadas por la élite económica y política no para defender y proteger a los mexicanos, sino para golpearse el uno al otro con un palo”.

The New York Times
Azam Ahmed
Danny Hakim
Paulina Villegas
Ciudad de México
Lunes 25 de junio de 2018.

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