Ciudad de México. - La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a jueces y Magistrados por corrupción vinculada con la delincuencia organizada.

Sin dar mayores detalles, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, dijo en conferencia de prensa que pronto dará a conocer más información sobre estos asuntos.

"Sí tenemos investigaciones en contra de jueces y Magistrados por actos de corrupción, incluso, debo decirlo, vinculados a temas de delincuencia organizada", declaró el funcionario.

"¿A cuántos jueces y Magistrados están investigando?", se le cuestionó.

"Motivo de la investigación, lo sabrán pronto", respondió.

Según fuentes de la Procuraduría, algunas de estas investigaciones están relacionadas con impartidores de justicia federales que en los dos últimos años determinaron dejar en libertad a algunos importantes operadores de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Muñoz Vázquez mencionó la existencia de dichas indagatorias en la conferencia de prensa donde cuestionó el fallo de un juez que anuló toda la información bancaria en el proceso contra Javier Nava Soria, contador implicado en la red de empresas fantasma de Javier Duarte.

Reforma
Ciudad de México
 Lunes 12 noviembre 2018.


Diputados revisarán Museo Internacional Barroco, Línea 2 del Metrobús, teleférico y remodelación del estadio

Con el apoyo de los diputados locales del PRI y Compromiso por Puebla, Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) aprobó la reapertura del ejercicio fiscal 2016-2017 del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
El proyecto avalado en la sesión del Congreso estatal establece solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregar la información relacionada con el ejercicio del ahora senador del PAN.

La diputada local de Morena, Vianey García Reyes, señaló: “Debe abrirse la coladera de corrupción que se vivió en el gobierno de Moreno Valle a través de las obras”. Los proyectos cuestionados que citó la legisladora son el Museo Internacional Barroco, emblemático de la administración pasada, la Línea 2 del Metrobús, la remodelación del Estadio Cuauhtémoc y el teleférico.

“Hay obras de todos los años de Rafael Moreno Valle: está el caso del teleférico que se pagó dos veces en la ciudad de Puebla, siendo una obra que no tiene razón de ser; hay que destapar toda la coladera de la corrupción”, dijo García Reyes.

La bancada morenista recordó que, en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades del ejercicio 2015, hasta por 4 mil 570 millones de pesos. A favor de Moreno Valle, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales Álvarez, refirió que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas fija que un ejercicio fiscal no puede revisarse dos veces, una vez que fue juzgado y abrió la posibilidad de que el ex mandatario interponga un amparo federal.

El Universal
Edgar Ávila
Corresponsal
Puebla, México
Martes / 11 / 2018.


Entre 2004 y 2017 se hicieron observaciones en 10 mil 169.1 millones de pesos recibidos por la entidad

El estado de Puebla aún tiene pendiente por aclarar el gasto de 4 mil 290.7 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recibidos a través del gobierno de la República.  

De acuerdo con el Sistema Público de Consultas de la ASF, entre 2004 y 2017 se hicieron observaciones en 10 mil 169.1 millones de pesos, de los que se aclararon 2 mil 830.5 millones que representan el 27.8 por ciento del total.

En 2013, las mayores observaciones

De los ejercicios fiscales auditados, 2013 es el que registra la mayor cantidad de recursos por aclarar, ya que suman 3 mil 82.40 millones de pesos, de 4 mil 602.2 millones que en total fueron cuestionados. Este periodo corresponde al penúltimo año del sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Pendientes por aclarar ante la ASF

Año     Monto
2014    1.1
2010    57.4
2011    39.4
2012    0.1
2013    0.6
2014    8.1
2015    3,082.40
2016    11.9
2017    1,089.70

Fuente: ASF

Posteriormente destaca la revisión a la cuenta pública 2017, ya que el máximo órgano fiscalizador cuestionó el uso de 1 mil 99.8 millones de pesos, monto del que aún está pendiente por justificar mil 89.7 millones.

Ese lapso corresponde al gobierno de José Antonio Gali Fayad, quien asumió la gubernatura en febrero del año pasado. Aunque la administración estatal indicó que el 85 por ciento de estos recursos fueron transferidos a los municipios y a ellos les corresponde justificarlos.

El tercer monto más alto por aclarar corresponde a 2010, que fue el último año de la gestión del exgobernador Mario Marín Torres, pues suma 57.4 millones de pesos, de una cifra global observada por 200.5 millones.

Después destaca 2011, el primer año de la administración morenovallista, pues aún están pendientes por aclarar 39.4 millones de pesos de una suma total de 1 mil 131.7 millones de pesos.

Del resto del sexenio de Moreno Valle aún debe aclararse el gasto de 11.9 millones de pesos correspondientes a 2016, 8.1 millones que fueron empleados en 2014, 600 mil pesos de 2013 y 100 mil pesos de 2012.

Según los datos de la ASF, aún están pendientes de justificar 1.1 millones de pesos que la ASF observó en 2004, cuando en Puebla gobernaba Melquiades Morales Flores. El monto observado en ese año ascendió a 3.1 millones.

e-consulta
Patricia Méndez
Domingo 4 noviembre 2018.


Empresa GEA, de la que es socia y consultora esposa del periodista, recibió contrato de más de 400 millones de pesos por parte de la administración de Peña Nieto

De acuerdo con el documento titulado “The Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Mexico”, la esposa del periodista Carlos Loret de Mola, Ruth Berenice Yaber Coronado aparece en la página 93 como socia de GEA/StructurA, en la página de Linkedin la pareja del periodista de Televisa aparece como consultora de la empresa GEA (Grupo de Economistas Asociados) y un artículo del periódico El Norte titulado “Representa el ISAN el 1% de los ingresos” Ruth Berenice Yaber Coronado, esposa de Loret de Mola es referida como socia consultora de la empresa GEA.

El Portal de Obligaciones y Transparencia registra que el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) ha suscrito con el gobierno federal al menos 46 contratos. Entre los múltiples contratos celebrados por GEA con el gobierno federal, destaca el contrato DGTFM-16-14 por un monto de 428 millones, el cual le fue otorgado junto a las empresas ADHOC Consultores y Asociados, Grupo Consultor Independiente, Sistemas Integrales para Transporte, EM Consultoría en Proyectos Públicos y Privados. El objeto del contrato fue: “estudios de Planeación e Integración, Topográficos, Mecánica de Suelos, Arquitectónicos, Urbanos, Ambientales, Hidrológicos, Jurídicos, Financieros, Ferroviarios; Electromecánicos y de material rodante para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para construir el Tren Peninsular de la Estación Chichén Itzá al cadenamiento (KM 272+900), y la Ingeniería básica desde ese cadenamiento a Cancún”.

El millonario contrato no fue asignado a través de una licitación pública, sino a través de un método de adjudicación denominado “invitación a cuando menos tres personas” según consta en el contrato DGTFM-16-14.

En este conglomerado empresarial destacan varios ex funcionarios públicos como el caso de Jesús Reyes Heroles exdirector de PEMEX en el gobierno de Felipe Calderón en el periodo de 2006 a septiembre de 2009, y que actualmente se desempeña como presidente del grupo empresarial StructurA, organización que agrupa a las empresas GEA Grupo de Economistas y Asociados, PROA, MBD y EnergeA,  esta última una empresa tiene como fin según su portal “desarrollar proyectos en el sector energético” el hermano de Jesús Reyes Heroles, Federico es miembro del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, además de ser analista político y columnista en el periódico Excélsior.

Guillermo Valdés es otro de los exfuncionarios públicos en el grupo directivo de StructurA, Valdés se desempeñó como exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.  Alejandro Hope otro exfuncionario en el organigrama de la empresa fungió entre 2008 y 2011 como funcionario del (CISEN). Alejandro Hope ha participado en numerosas mesas de análisis organizadas por el periodista Carlos Loret de Mola, en ninguna ocasión el periodista ha hecho saber a su audiencia la relación laboral que existe entre la esposa del periodista y el consultor Alejandro Hope.

La empresa presidida por Jesús Reyes Heroles ha sido señalada como una empresa favorecida por el gobierno federal gracias a que su presidente Jesús Reyes Heroles sea desempeñado como funcionario público y empresario, lo cual le ha permitido establecer relaciones de negocios muy favorables.

En un reportaje de Esteban David Rodríguez titulado “Jesús Reyes Heroles y socios, magnates gracias a Pemex” el periodista de la revista Proceso señala  que el exdirector de PEMEX fue “repudiado por la cúpula priista en 2006 tras negar su apoyo al candidato presidencial tricolor y anunciar su adhesión a la campaña de Felipe Calderón, Jesús Reyes Heroles González Garza regresa en 2013 como figura estelar del show de legitimación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, quien le perdonó todo”

Berenice Yaber es economista egresada del ITAM y además de ser socia-consultora de la empresa GEA, la esposa del periodista es muy aficionada a viajar y la fotografía, desde su cuenta de Instagram, Yaber Coronado comparte su gusto por la fotografía y los viajes que ha realizado a Japón, China, Indonesia, Hong Kong, India, Sudáfrica, Botsuana, Francia, España, Alemania, y varias ciudades en los Estados Unidos de Norteamérica.

Los Angeles Press
Por Julio C. Roa
Ciudad de México
Lunes 29 de octubre de 2018.

 
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia Constitucional ante la SCJ para proteger a Enrique Peña Nieto y su gabinete de trabajo de posibles órdenes de aprehensión, citatorios o averiguaciones abiertas por el gobierno de Chihuahua.

El 11 de octubre pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia Constitucional para ampararse ante posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales de Chihuahua contra cualquier funcionario federal.

Esta acción legal viene tras las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien hace unas semanas dijo que la “justicia alcanzaría” al presidente Enrique Peña Nieto toda vez que Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, fue liberado el 28 de septiembre, situación que Corral calificó como un acto de protección del ejecutivo federal para el priista.     

Si procede la controversia Constitucional presentada por Presidencia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), no solo el presidente, Enrique Peña Nieto, quedaría protegido, sino también todos los integrantes de su gabinete, ante cualquier investigación, citatorio u orden de aprehensión.

De acuerdo con el diario Reforma, en el recurso presentado se nombra al gobernador Javier Corral; a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, y al Poder Judicial local. Esta sería la primera vez que la presidencia de México presenta una acción legal para protegerse.

En mayo pasado Javier Corral acusó a un juez federal de tratar de violentar las leyes al solicitar el traslado del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos, y dos ex colaboradores del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a Ciudad de México para continuar con sus procesos penales.

César Duarte es acusado de corrupción y se encuentra prófugo de la justicia, en tanto que Alejandro Gutiérrez es señalado por un presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos para campañas priistas.

Leer: Javier Corral asegura que PGR busca la liberación del exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez

Aunque Alejandro Gutiérrez fue detenido y encarcelado desde diciembre de 2017, el pasado 28 de septiembre quedó en libertad y con la medida cautelar con una tobillera de geolocalización, con la restricción legal de no salir del estado de Chihuahua.

De acuerdo con la PGR, la Fiscalía General de Chihuahua no solo no aportó elementos de prueba suficientes que permitieran mantener el proceso en contra de Gutiérrez Gutiérrez, sino que obstaculizó las investigaciones e impidió robustecer la causa penal del político.

Alejandro Gutiérrez aún tiene un proceso pendiente por peculado.

Ante esto, el gobernador Javier Corral acusa que la PGR y el presidente Peña Nieto han procurado que prevalezca la impunidad.

Animal Político
Ciudad de México
Lunes 22 de octubre de 2018.


En su comparecencia, senadores reprocharon al titular de Segob el repunte histórico de la violencia y la impunidad en casos como Odebrecht.


Senadores reprocharon al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el repunte histórico de los homicidios dolosos durante el sexenio, las violaciones a derechos humanos y la falta de sanción en casos emblemáticos como Odebrecht.

También criticaron el recorte de recursos al Programa Nacional de Prevención, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el recrudecimiento de desapariciones y feminicidios, y la debilidad de las Policías a pesar de la inversión de miles de millones en ese rubro.

El senador Emilio Álvarez Icaza recriminó que en materia de derechos humanos se han presentado violaciones gravísimas como la desaparición de los 43 normalistas, la existencia de cientos de ciudadanos torturados, y el registro de más de 200 mil personas ejecutadas.

"Y su espejo de personas sin identificar que llenan los servicios forenses y las fosas comunes y el camposanto con fosas clandestinas en cada pedacito de la patria; este sexenio deja una estela de violaciones a derechos.

"Su insensibilidad ante la crisis humanitaria ha sido una fábrica de víctimas y, además, recrudecida entre los más pobres", sentenció Álvarez Icaza, quien cuestionó a Navarrete Prida sobre qué esperan para detener al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

El ex Ombudsman capitalino expuso que si bien hubo expectativas al inicio, por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno federal se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada en él, debido a una crisis ética.

"La verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción, ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este Gobierno", comentó.

María Guadalupe Murguía, del PAN, estimó que México atraviesa por una grave crisis de violencia, con cifras históricas en ilícitos como homicidios dolosos, robo de combustible, narcotráfico y secuestro.

Subrayó que se requiere de una instancia especializada para combatir la violencia, a fin de que el Estado asuma su obligación de brindar seguridad desde un enfoque de la prevención, derechos humanos y atención prioritaria de los delitos que más lastiman a la sociedad.

La senadora Eunice Renata Romo Molina, de Encuentro Social, aseveró que la conducta que imperó en la administración federal fue aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales.

"Aún siendo de conocimiento popular los implicados en escándalos de corrupción no enfrentaron las consecuencia políticas y legales de sus actos; el sistema (anticorrupción) de nada sirvió, pues enfrentó la resistencia de los legisladores del partido en el poder.

"Se ha entorpecido el avance de la investigación sobre uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en la historia de América Latina, el caso Odebrecht, además de los de los ex Gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Veracruz y Nayarit", apuntó.

Juan Zepeda, senador del PRD, sostuvo que el Gobierno federal no se ha hecho cargo de su responsabilidad de reducir el número "escalofriante" de homicidios dolosos ni de encontrar solución a los problemas de desaparición de personas, feminicidios y violencia de género.

"El gran déficit es el tema de la seguridad", opinó Zepeda, quien propuso un minuto de silencio en memoria de las víctimas de homicidios, desapariciones y feminicidios.

Alejandra del Carmen León, del PT, criticó que el Gobierno federal haya dado continuidad a una estrategia que no permitió alcanzar la paz mínima y acusó que no sólo renunció a su responsabilidad de mejorar las Policías, sino también intentó imponer a un "fiscal carnal".

Reforma
Claudia Rivero
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 17 de octubre 2018.


La Sala Regional del TEPJF concluyó que el tribunal estatal asignó la regiduría como una “ilegal interpretación”, de un principio inexistente en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló por ilegal la regiduría que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla entregó al militante del PRI Edgar Chumacero Hernández, en medio de acusaciones de que esa posición se asignó como parte de una negociación política entre el Revolucionario Institucional y el PAN.

El diputado de Morena Héctor Alonso Granados denunció que el TEEP cedió una posición en el Cabildo de Puebla a Chumacero, para que el magistrado de ese organismo local Gerardo Saravia Rivera –que vinculó al tricolor-– votara a favor de la constancia de mayoría como gobernadora electa de la albiazul Martha Érika Alonso Hidalgo y fuera aprobada por unanimidad de votos, situación que aconteció el miércoles pasado.

Ayer, la Sala Regional del TEPJF con cabecera en la Ciudad de México concluyó que el tribunal estatal realizó una “ilegal interpretación”, pues asignó la regiduría bajo el principio de “resto mayor” pese a que no se encuentra previsto en el artículo 323 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.

El TEEP vulneró de manera grave el principio de certeza en materia electoral contenido en la Constitución local, porque no apegó su resolución a las reglas que rigen los procesos comiciales, expuso la Sala en la sentencia.

Además, señaló que los resultados electorales en la capital del estado sólo alcanzaban a repartir seis regidurías y, aun así, el órgano jurisdiccional de Puebla asignó una séptima a Chumacero.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Puebla, México
Domingo 14 de octubre de 2018.


Ciudad de México— Un juez federal condenó esta noche a Javier Duarte a nueve años de prisión y a una multa de 58 mil 890 pesos luego que se declarara culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también decretó el decomiso de 41 propiedades a favor de la Federación, entre ellas 21 parcelas en Campeche, 4 departamentos en Ixtapa y 9 inmuebles en la CDMX, incluidos 3 departamentos en Bosques de Santa Fe, 1 edificio en las Lomas de Chapultepec y 2 departamentos en Polanco.

El juzgador al mismo tiempo amonestó al exgobernador de Veracruz para que no vuelva a incurrir en un delito y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo en que permanezca en prisión.

La Procuraduría no reclamó la reparación del daño, en virtud que los delitos imputados no lo tienen previsto; los fiscales federales presentes en la audiencia también retiraron su solicitud de inhabilitar a Duarte por el mismo plazo de su condena.

Durante una audiencia de cinco horas de duración, a la que el expriista llegó con un procedimiento abreviado previamente negociado con la PGR, el juez le inquirió si aceptaba su plena responsabilidad en los ilícitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Fuerte Tapia le advirtió que, de aceptar la comisión de los ilícitos, no tendría derecho a ningún beneficio legal, como es la conmutación de la pena.

"¿Admite usted su responsabilidad en los delitos que le imputan?", preguntó el juez.

"En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría", respondió.

"Repito la pregunta, ¿acepta su responsabilidad en los delitos?".

"Repito, sí, su señoría", contestó Duarte, quien en la audiencia apareció vestido con el uniforme de reo color caqui, barba larga y rapado.

Originalmente, este miércoles tendría lugar una audiencia intermedia en la que se presentarían las pruebas a favor y en contra del exgobernador de Veracruz.

Sin embargo, desde el pasado 17 de septiembre, Duarte entregó un escrito a la PGR en el que solicitó un procedimiento abreviado con el que buscaba evitar el juicio, aceptar su responsabilidad y obtener a cambio un beneficio en la reducción de las penas.

El mismo día, Felipe Muñoz Vázquez, Subprocurador de Delitos Federales, aceptó conceder el procedimiento abreviado, lo que implicó que la PGR planteara al juez Fuerte Tapia una condena mínima por cada uno de los delitos y una reducción adicional a esas penas.

Las penas mínimas para tanto para el lavado de dinero como para la asociación delictuosa son de cinco años de cárcel, lo que en conjunto significaba una pena de 10 años. A este castigo, la PGR sólo restó una décima parte de la duración, aunque la ley permitía una reducción de hasta una tercera parte.

Para condenarlo, el juez consideró un total de 47 datos de prueba ofrecidos por la Procuraduría, entre ellos algunos testimonios novedosos de personajes que de manera tácita también aceptan haber participado o al menos atestiguado los ilícitos del veracruzano.

Entre estos testimonios se encuentran el del exdiputado federal Antonio Tarek Abdala, el presunto prestanombres Rafael Gerardo Rosas, el contador hoy preso Rafael Nava Soria y José Antonio Bandin Ruiz, quien también ha sido señalado como testaferro del exmandatario.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 26 septiembre 2018.


José Juan Espinosa anuncia que en la LX Legislatura, se acabó el “cochinito legislativo”.

Acción Nacional quiere lucrar con una de las banderas más importantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que es la austeridad republicana, pues carece de autoridad moral, sentenció el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres.

Luego de que el coordinador de la bancada del PAN, Marcelo García Almaguer, anunció que su partido propondrá en el Legislativo que se reduzcan al 50 por ciento las dietas de los diputados de la LX Legislatura, sostuvo que Acción Nacional no tiene calidad moral para autorizar propuestas en materia de austeridad.

 Dijo que a unas horas de que inicien los trabajos de la nueva legislatura, el grupo parlamentario de “Juntos Haremos Historia” ha encontrado muchas inconsistencias en el manejo de recursos por parte de la actual legislatura, por lo que anunció la realización de auditorías al seno del Congreso, que estarán a cargo de un despacho externo, certificado y reconocido por la Auditoría Superior del Estado (ASF), de esta forma los poblanos puedan conocer  cómo se administró cientos de millones de pesos en la LIX Legislatura.

Sentenció que el diputado García Almaguer no debe lucrar con la honestidad y la austeridad, cuando de manera pública, ya se han empezado a documentar los excesos y abusos en la ejecución del gasto público, sin dejar de considerar la penosa situación que viven los dos edificios del Poder Legislativo luego del sismo del 2017.

 También dejó en claro que, cualquier política de austeridad que se emprenderá en la LX Legislatura, a nombre de la mayoría (Morena-PT y PES), está mandando “al rastro” el denominado “cochinito legislativo” que se aplicó en toda la LIX Legislatura, el cual también será revisado en el marco de la auditoría externa.

Reiteró que los despachos externos, deberán estar certificados por la propia ASE, y dar un peso legal a todo este procedimiento jurídico, a toda la serie de observaciones que hasta el momento se han detectado y se presenten los dictámenes que en su momento deberán de ser utilizados para fincar responsabilidades, ya sea de carácter administrativo o incluso penal.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Jueves 13 de septiembre de 2018.


Alcalde de San José Chiapa, Josué Martínez Santos cobró salarios de presuntos “aviadores” inscritos en el SAT

Un grupo de pobladores del municipio de San José Chiapa denunciaron que hace más de un año acudieron al ayuntamiento de esa localidad a pedir trabajo sin obtenerlo, pero por un reportaje se enteraron que sus documentos fueron usados para el cobro ilegal de salarios y hasta para reportar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En rueda de prensa, los pobladores de San José Chiapa informaron que presentaron una denuncia formal en contra del edil Josué Martínez Santos por falsificación de documentos, usurpación de funciones públicas, fraude, ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, así como uso ilícito de atribuciones y facultades.

María del Carmen Peña Isla, María Paulina Gómez Janet Jiménez Rodríguez, María Elena Corro Olivera, Deyanira Jiménez Rodríguez y Emiliano García Alcántara, denunciaron que en febrero de 2017 acudieron a solicitar trabajo a la comuna, para lo cual entregaron su documentación original, sin obtener nunca una contratación.

También explicaron que la oferta que les hicieron fue que les buscarían acomodo en la planta automotriz alemana Audi, pero que jamás los volvieron a llamar, e igual ya no regresaron por los documentos que entregaron, entre ellos acta de nacimiento, INE, CURP y comprobante de domicilio.

Hace unos días se enteraron, a través de un reportaje, que sus nombres eran ubicados como “aviadores” en la nómina del ayuntamiento de esa población, pues supuestamente cobraban 5 mil pesos quincenales y nunca se presentaban a laborar.

No sólo eso, también se enteraron que el personal a cargo del edil les abrió cuentas bancarias en las cuales les hacían los depósitos de sus supuestos sueldos y hasta presentaron al SAT declaraciones de impuestos a sus nombres para “cuadrar” toda la información.

Sin embargo, aseguraron que realmente nunca han obtenido salario alguno y lo único que suponen es que los documentos que entregaron fueron usados para desviar esos recursos, que se estima ascienden a más de 700 mil pesos.

El representante de los afectados, Esteban Hipólito Damas Flores, demandó al auditor superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, que abra una investigación sobre el edil quien, aseguró, presume ser protegido del exgobernador panista Rafael Moreno Valle y del actual mandatario Antonio Gali Fayad.

Los pobladores denunciaron que además el presidente municipal se apropió de 25 caballos que donó la Secretaría de la Defensa Nacional a un grupo de ejidatarios que tuvieron problemas agrarios y que hicieron una solicitud formal de apoyo a la Sedena.

Además, explicaron que luego de que la solicitud tardó para ser atendida, el edil simplemente no reportó la entrega de los equinos a los beneficiarios, y optó por repartirlos entre funcionarios de primer nivel del ayuntamiento.

Se quejaron de que, pese a que, con la llegada de Audi a ese municipio, se presumía que habría un beneficio para el desarrollo de esa localidad, a casi dos años de haber iniciado operaciones la armadora, San José Chiapa se encuentra con las calles sin pavimentar y sin iluminación, y el único cambio que han notado es un incremento en la inseguridad.

En contraste, el alcalde ha incrementado su riqueza, pues se compró casa, varios vehículos y en total reporta un patrimonio superior a los 10 millones de pesos.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Mates 21 de agosto de 2018.

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