En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

En México, 1,840 municipios, de los 2,447 existentes, registran porcentajes de pobreza entre 50 y 99% del total de la población, es decir, 75% de las alcaldías del país registran niveles de pobreza, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su medición de la pobreza a nivel municipal 2015.

Los datos divulgados este jueves por el órgano de evaluación de la pobreza en el país precisan que 190 municipios del país registraron pobreza en más de 95% de sus habitantes hasta el 2015.

Asimismo, comunicó el Coneval, la pobreza se redujo durante el quinquenio comprendido entre el 2010 y el 2015, en 5 puntos porcentuales o más, en 699 municipios, en tanto que en 422 se registró un aumento en la misma proporción.

En este tenor, las 15 alcaldías con el mayor porcentaje de pobreza en su población se ubicaron en el sur-sureste, es decir, entre Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En este último estado, el municipio de Santos Reyes Yucaná se colocó como la alcaldía más pobre del país con 99.9% de su población en dicha condición.

En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

Por número total de personas en pobreza extrema, Acapulco de Juárez, en Guerrero ocupó el primer lugar con 93,513 personas, mientras que nuevamente Santos Reyes Yucaná, en Oaxaca, se colocó como la alcaldía con mayor porcentaje de su población en esta condición con 97.4 por ciento.

Reforma
Héctor Molina
Ciudad de México
Viernes 8 diciembre 2017.


En un video hasta ahora inédito, un ex directivo de la empresa brasileña confesó cómo Emilio Lozoya le pidió que Odebrecht contribuyera a la campaña presidencial de Peña Nieto.

Emilio Lozoya Austin pidió al gigante brasileño Odebrecht una "contribución" millonaria a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto para posicionarse dentro del grupo de quien ocuparía la titularidad del Ejecutivo federal de México, según confesó Alberto Meneses Weyll, director superintendente de Odebrecht en México, el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en Sao Paulo, Brasil.

La organización periodística Quinto Elemento Lab tuvo acceso y difundió un video de la confesión del exdirectivo de la constructora brasileña. Lozoya fue Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto de 2012.

En la grabación se escucha decir a Meneses Weyll que cuando Lozoya ya estaba posicionado en el comité de la campaña presidencial, él le planteó que sería muy importante para que Odebrecht pudiera contribuir con algo en la campaña. El confesor precisó que venían trabajando con Lozoya de 2009 y que era la única persona que conocían en la campaña.

Meneses indicó que ya que no había habido “un reconocimiento” de Lozoya por las contribuciones a los planes de la empresa, consideró atender la solicitud y ante todo porque él era parte del equipo de un candidato de un partido que lideraba las encuestas. “Decidí invertir y materializar en algo que venía ocurriendo en los últimos años principalmente para posicionarnos ante una eventual victoria y ante un eventual posicionamiento de él en el futuro gobierno”.

“Él solicitó un reconocimiento de 5 millones de dólares. Consulté a mi líder y le indiqué el potencial que Lozoya podría representar. Le sugería a mi líder que aprobáramos una buena cantidad para reconocer la actividad que se estaba desarrollando y así lo hicimos”, dijo. El exdirectivo precisó que posteriormente se reunió con Lozoya y le indicó que le darían 4 millones de dólares, algo que el mexicano aceptó. Unos días después, Emilio Lozoya le brindó a Meneses los datos de cuentas de en el extranjero en las que se depositarían las “contribuciones”, según el testimonio.

Las confesiones de directivos de Odebrecht ante la justicia brasileña indican que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex, los directivos del gigante brasileño lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos, una petición a la que él accedió. De esta manera, según la misma información, se acordaron otros pagos por un total de 6 millones de dólares. De este monto, 4 millones estaban condicionados por un contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Cuando Odebrecht obtuvo el contrato en Hidalgo, se llevaron a cabo transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por el mismo Emilio Lozoya. Esto empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, según la misma información. Las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de 1 millón 170,000 dólares y varias más, hasta sumar 5 millones de dólares.

Newsweek
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.


En entrevista, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entidad creada por el mismo gobierno, cuentan cómo se les ha impedido investigar diversos casos y participar en discusiones sobre el combate a la impunidad en el país.

‘Es un mal chiste’: Miembros del organismo anticorrupción mexicano denuncian que el gobierno los obstaculiza


Ciudad de México. - Los esfuerzos del combate a la corrupción en México con un nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades al rehusarse a colaborar en algunos de los principales casos que enfrenta el país, según denuncian los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que forma parte del sistema.

Los miembros de esa instancia denuncian que sus intentos de investigar el uso de herramientas de espionaje adquiridas por el gobierno en contra de civiles, el desfalco de decenas de millones de dólares por medio de universidades públicas y acusaciones de sobornos por contratos de construcción han sido bloqueados a cada paso del camino.

Peña Nieto, afectado por escándalos en el seno de su gobierno con señalamientos a aliados políticos y a integrantes de su familia, acordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2016, el cual fue promulgado por medio de reformas a la Constitución de México e incluye un mecanismo para la participación ciudadana, en un parteaguas para el país.

Sin embargo, nueve meses después de que fueron nombrados los integrantes de ese mecanismo con la misión de trabajar en proyectos para el combate a la corrupción —como la que llevó a que se creara el mismo sistema—, estos dicen que no han podido hacer ni los más mínimos avances.

Señalan que el SNA fue anunciado con bombo y platillo pero, desde entonces, las autoridades no han dejado que se efectúen verdaderas investigaciones sobre sus decisiones.

“Están apanicados de que quizá le demos con fuerza y encontremos algo o hallemos a individuos responsables de actos corruptos”, dijo José Octavio López Presa, uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), exdirector ejecutivo del capítulo mexicano de Transparencia Internacional y quien trabajó en la Contraloría mexicana (ahora Secretaría de la Función Pública) en los años noventa, la última vez que el partido de Peña Nieto, el PRI, estuvo en el poder.

“Están acostumbrados a nombrar a alguien que pueden controlar”, dijo López respecto al gobierno. Cuando los funcionarios se dieron cuenta de que él y los demás miembros del comité ciudadano planeaban fungir con imparcialidad e independencia, López afirma que eso “no les gustó”.

“Quieren sabotear todo lo que hacemos”.

LUIS PÉREZ DE ACHA, ABOGADO E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El esfuerzo detrás del SNA empezó hace más de un año, cuando los activistas le presentaron al gobierno más de 600.000 firmas ciudadanas en respaldo a una iniciativa de transparencia y combate a la corrupción, conocida como 3de3. El presidente cedió ante los cuestionamientos sobre la situación en esta materia y sobre posibles conflictos de interés propios —como la compra multimillonaria de una casa por parte de la primera dama a un contratista del gobierno—.

En teoría, los ciudadanos, vía el CPC, son quienes están a la cabeza del sistema anticorrupción por medio del Comité Coordinador, lo que los empodera a asegurarse de que esté funcionando a favor de la población y no de los funcionarios.

Sin embargo, en entrevistas con los cinco miembros del CPC, estos ofrecieron un recuento de los diversos obstáculos que han enfrentado por parte del gobierno.

El congreso aún no ha designado ni a uno de los dieciocho magistrados en materia de justicia administrativa que deberían revisar las acusaciones que surjan. El fiscal anticorrupción que el SNA establece como figura para la investigación independiente de casos de corrupción no ha sido nombrado. Y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana dicen que frecuentemente no los convocan para las discusiones de los grandes casos de corrupción.

“Es un mal chiste”, dijo Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado que forma parte del comité ciudadano. “Fui ingenuo cuando arrancó el sistema; creía y tenía la esperanza de que iba a funcionar”.

“Ahora sé que quieren sabotear todo lo que hacemos”, añadió.

Los integrantes del CPC señalan que, en buena medida, el problema es que sus poderes solo están en el papel. Todas las decisiones significativas tienen que tomarse en el Comité Coordinador, que junta a los encargados de siete entidades, de las cuales seis son de diferentes ramas del gobierno.

“Me dieron toda la responsabilidad y nada del poder”, dijo Jacqueline Peschard, presidenta del CPC y del Comité Coordinador.

El gobierno rechaza esas acusaciones. Asegura que ha respaldado a los integrantes del comité ciudadano y que más bien ellos han malinterpretado cuál es su mandato.

Según el gobierno, no se supone que deben investigar la corrupción, sino que deben ayudar a establecer políticas y coordinarse con varias autoridades que sí tienen la competencia para indagar los delitos relacionados.

Sin embargo, Peschard y otros integrantes del CPC señalan que les han impedido hacer justamente eso porque les retienen información, como cuando intentaron discutir el escándalo por el espionaje que cimbró al poder ejecutivo este año.

Un sofisticado programa espía que fue vendido al gobierno con la finalidad de buscar a terroristas y redes criminales fue utilizado en contra de periodistas, académicos, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad, en una posible violación de las leyes.

Cuando Peschard y el CPC solicitaron información sobre el tema, dijeron, los representantes de las seis agencias gubernamentales en el sistema lo impidieron.

Una de las personas que votó en contra de discutir la situación fue Arely Gómez, actualmente secretaria de la Función Pública y quien era la procuradora general cuando se usó el programa espía contra la sociedad civil.

“Diría que sí hay mucha coordinación en el comité”, dijo Peschard con una risa irónica. “Son ellos contra mí”.

En un comunicado, la presidencia reconoció que cualquier “intervención ilegal de las comunicaciones” es un tema de importancia. Pero añadió que la ley mexicana no establece que el espionaje sea un “delito de corrupción”, por lo que los representantes del gobierno en el Comité Coordinador argumentaron que no era un tema para discutirse en el SNA.

Peschard y otros integrantes del CPC dicen que han intentado, sin éxito, revisar otros casos que han generado críticas desde la población.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Odebrecht, la constructora brasileña acusada de dar unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de toda América Latina, había pagado 10,5 millones de dólares a servidores públicos mexicanos para asegurarse contratos. El departamento indicó que 6 millones de esa cantidad habían terminado en manos de un solo “oficial de alto nivel de una empresa estatal mexicana”.

Documentos jurídicos de la investigación sobre Odebrecht en Brasil señalan a Emilio Lozoya, ex directivo de la petrolera estatal Pemex y un aliado cercano del presidente, de haber recibido sobornos por parte de la empresa. Lozoya, quien niega las acusaciones, también estuvo a cargo de la coordinación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto, en 2012.

La intriga creció aún más después de que el fiscal que estaba investigando el posible origen ilícito de los fondos de esa campaña fue despedido, lo que sucedió unos días después de que indicara que Lozoya intentó presionarlo para que lo eximiera.

Los miembros del CPC dijeron que solicitaron varios informes sobre el caso, mientras que el gobierno afirmó que esas solicitudes no fueron hechas. Sin embargo, en entrevistas, los integrantes del comité ciudadano citaron las cartas que enviaron a la Procuraduría General de la República para pedir actualizaciones del caso.

Según ellos, en cada oportunidad les dijeron que no podía haber informes porque la investigación estaba en curso; eso los hizo cuestionarse sobre cómo pueden hacer su trabajo si está prohibido compartir información sobre pesquisas.

“Igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

JUAN PARDINAS, ACTIVISTA QUE AYUDÓ A IDEAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y AHORA ACUSA QUE ESTÁ DESPEDAZADO

Peschard y los demás decidieron intentarlo de otro modo. Cuando una investigación periodística mostró que unos 200 millones de dólares habían sido desviados por medio de universidades públicas, el comité le mandó solicitudes a 99 de las agencias gubernamentales para intentar conseguir la información de manera directa.

Hasta el momento solo ha respondido una de esas entidades.

En otro caso, el CPC intentó que se creara un fondo único para el reparto de la ayuda monetaria destinada a las víctimas de los recientes terremotos en el país, con el fin de intentar asegurar que la rendición de cuentas fuera más sencilla. De nuevo les dijeron que desistieran.

Dado que el comité ciudadano no es técnicamente parte del gobierno, según señaló el comunicado de la presidencia, no puede coordinar recursos públicos.

Para muchos mexicanos, el SNA —y, sobre todo, la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran voz directa dentro de esa instancia— fue una muestra de que, enfrentado a una acción concertada a partir de la indignación, el gobierno por fin tendría que luchar contra la impunidad que define tantos elementos del día a día en México.

Pero líderes de la sociedad civil, incluidos algunos que ayudaron en la creación del sistema anticorrupción, dicen que cayeron en un viejo truco: el gobierno crea un órgano para lidiar con algún tema importante solo para dejarlo sin fondos, impedir sus acciones o ignorarlo.

 “El gobierno mexicano nos da placebos y creen que nos van a curar”, dijo Juan Pardinas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los arquitectos del SNA. “Me tomé lo que vendían y le pasé el frasco a mucha gente creyendo que era el camino para el cambio”.

Pardinas ha sido una de las figuras públicas más prominentes en la lucha anticorrupción en el país; ha denunciado el efecto nocivo de la corrupción en las instituciones democráticas y que, a veces, resulta en la pérdida de vidas. Él también fue blanco del programa espía Pegasus.

“Me maté por tres años para lograr todo esto y ahora está básicamente despedazado”, dijo sobre el esfuerzo anticorrupción. “Bueno, igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

Al sistema todavía le falta una pieza clave, el fiscal anticorrupción; posiblemente el cargo más importante de toda la operación. El nombramiento está atorado en el congreso, donde recientemente se detuvo ante el furor por el nombramiento de Raúl Cervantes para la futura Fiscalía General de la República —que, a diferencia de la actual procuraduría, no sería parte del poder ejecutivo en un intento de asegurar su autonomía— al considerar que era demasiado cercano a Peña Nieto. Cervantes fue el encargado del área jurídica del gobernante Partido Revolucionario Institucional y en 2012 defendió la campaña del actual presidente ante las denuncias de otros partidos de que había superado los topes de gastos.

La propuesta de Cervantes fue retirada después de una larga batalla en el Congreso de México y de reportes periodísticos que señalaban, entre otras cosas, que era dueño de un Ferrari que fue emplacado en un domicilio en el que no vive y que estaba ubicado en un estado en el que no se paga la tenencia vehicular.

Muchos estados del país tampoco han establecido los sistemas para duplicar el SNA a nivel local.

Pérez de Acha, el abogado que forma parte del CPC, dice que presentó demandas contra los gobiernos estatales que no han cumplido con esa obligación. Los sistemas debían haber sido establecidos el pasado 19 de julio, a un año de la promulgación del SNA federal. Pérez de Acha también presentó mociones contra el Senado mexicano para que avance el nombramiento de los dieciocho magistrados de justicia administrativa.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo. “Tenemos legitimidad constitucional”.

Otros integrantes del comité ciudadano recalcaron lo mismo.

“No nos vamos a rendir”, dijo Mariclaire Acosta, también directora de la oficina en México de la organización de defensa de libertad de expresión Freedom House. “No va a haber chapuzas”.

The New York Times
Azam Ahmed
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.


Xalapa, Ver. - En el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa se agasajó a la prensa de Veracruz y nacional con una partida presupuestal global de 13 mil nueve millones de pesos en 72 meses de gobierno, en donde TV Azteca fue la más beneficiada con una asignación de mil 231 millones 940 mil pesos; luego Televisa, con 580 millones, y El Universal, con 125 millones 164 mil pesos.

Otros medios locales de Veracruz también fueron favorecidos con contratos millonarios.

Elías Assad Danini, coordinador general de Comunicación Social, lamentó que con esos gastos de difusión el gobierno de Duarte “compró conciencias”, “amordazó” a periodistas libres que “fueron bloqueados o despedidos por sus medios de comunicación” y trató de maquillar la ola de corrupción y de desfalcos millonarios que pululó en su gobierno.

A través del departamento jurídico –dijo Assad- su oficina ya interpuso las denuncias correspondientes por un desvió de recursos por 2 mil 481 millones de pesos, tan solo alusivo al daño patrimonial de la Cuenta Pública 2016, radicado en las carpetas de investigación 35/2017 y 36/2017 de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Assad sostuvo que con los 13 mil millones de pesos, el gobierno de Duarte pudo haber construido y equipado más de dos mil escuelas; edificar 25 hospitales o en el imaginario político, poder construir una autopista de altas especificaciones que abarcará desde Panuco hasta Acayucan.

El funcionario yunista exhibió que a la editorial Sánchez Macías –cuyos dueños son familiares directos de Karime Macías, esposa de Duarte- y que imprime El Heraldo de Coatzacoalcos y El Heraldo de Xalapa se les asignaron convenios por 209 millones; mientras que a Radio Capital, cuya dueña es Gina Domínguez –hoy presa en el penal de Pacho Viejo por enriquecimiento ilícito- se le asignaron 36 millones 143 mil 880 pesos, y al periódico El Águila –propiedad también de Domínguez y cuya circulación solo duro dos años- se le etiquetaron 32 millones 455 mil, 513 pesos.

Elías Assad señaló que, en el manejo irresponsable de los recursos, se comprometió la línea editorial otorgando “de palabra” convenios publicitarios, que en realidad se volvían tratos editoriales a modo, como el dado a El Dictamen por 148 millones 256 mil 60 pesos; mientras que al grupo Imagen de Veracruz –cuyo dueño es Pablo Robles que hoy incursiona en Morena, donde busca una diputación federal- se le entregaron 148 millones por favores publicitarios.

Assad destacó la asignación al particular Othón González a quien el gobierno de Duarte le entregó 210 millones de pesos a lo largo de todo el sexenio por concepto de difusión, los cuales González justificó en el periódico digital El Golfo (www.elgolfo.info), hoy ya inexistente. González fue eterno asesor en medios de comunicación del propio Duarte y del exgobernador quintanarroense, Roberto Borge.

La empresa Publex, proveedora de espectaculares, también fue beneficiada con 163 millones de pesos por la contratación de sus servicios, los cuales fueron pagados desde la oficina de prensa.

Está asignación irracional de recursos para medios involucra además de a Gina Domínguez, a Alberto Silva –actual diputado federal priista con un juicio de procedencia encima- a Irma Chesty y a Juan Octavio Pavón, gente del grupo cercano a Duarte.

Al comparecer ante un pequeño grupo de diputados locales, Assad Danini dijo que en el modelo actual de comunicación social, el gobierno de Yunes sólo ha gastado –en un año- dos millones de pesos en publicidad de redes sociales y un millón 500 mil pesos en inserciones, comunicados y convocatorias en medios de comunicación tradicionales.

“Rompimos prácticas del pasado muy reciente, con austeridad. Con este gobierno se acabaron las llamadas a las redacciones para obligar a censurar una nota informativa, ni se exigen las famosas ocho columnas para el gobernador. Tampoco se pide la censura mediática hacia los que discrepan o cuestionan a la actual administración estatal”, dijo.

Assad aseguró que hoy la oficina de prensa se rige con transparencia y rendición de cuentas. Lo que omitió el vocero de Yunes fue que reporteros locales y nacionales se han quejado porque vía transparencia (Infomex) se les han negado los gastos en materia de prensa y la asignación pasada y actual de contratos publicitarios; periodistas de Veracruz también han criticado el trato preferencial de información y documentos para el noticiario de Loret de Mola, en Televisa, al periódico Reforma o a los medios locales Notiver y XEU.

Al comparecer con los diputados locales, el perredista José Kirsch reconoció que ya no se compran conciencias en los medios, pero cuestionó que la austeridad no se ve reflejada, pues fustigó los altos salarios a quienes integran el aparato de comunicación social del gobernador Yunes Linares.

“El secretario particular del vocero gana 50 mil pesos mensuales, hay camarógrafos y reporteros de esa oficina que ganan más de 17 mil pesos netos”, lamentó Kirsch.

Proceso
Noé Zavaleta
Xalapa, Veracruz
Miércoles 29 noviembre 2017.


La vivienda en México, una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de problemas por todo el país.

Hace 16 años, México inició una campaña monumental para elevar el nivel de vida de sus trabajadores, aquellos que perciben el salario mínimo principalmente. El Gobierno se asoció con desarrolladores privados para construir viviendas de precio accesible a gran escala. Los inversionistas globales –como el Banco Mundial, las grandes fundaciones y las empresas financieras de Wall Street– invirtieron miles de millones de dólares en este esfuerzo, publica hoy Los Ángeles Times.

Vastos conjuntos habitacionales surgieron entre pastizales de vacas, granjas y viejas haciendas. De 2001 a 2012, se estima que 20 millones de personas –una sexta parte de la población de México– abandonaron las ciudades, barrios marginales y zonas rurales por la promesa de una vida mejor.

Fue un momento clave para México –una prueba para esta cada vez más próspera nación, con ambiciones de primer mundo. Pero México se quedó desastrosamente corto sin poder crear un suburbio ordenado.

El programa se ha convertido en una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de problemas por todo el país, según una investigación de Los Ángeles Times.

Los propietarios tienen que salir con sus cubetas en mano para buscar agua en los camiones repartidores. En los arroyos de las calles pueden verse las aguas residuales sin tratar, procedentes de tuberías rotas. Las calles se hunden, las aceras se desmoronan y las plantas de tratamiento de agua no sirven. En algunos desarrollos, los apagones pueden durar varios días.

Dentro de muchas casas, los techos se gotean, las paredes tienen grietas y el cableado eléctrico hace cortos circuitos, descomponiendo los aparatos electrodomésticos y en algunos casos, provocando incendios que hacen que las familias tengan que salir huyendo.

Las calles se hunden, las aceras se desmoronan y las plantas de tratamiento de agua no sirven.

El programa costó más de 100 mil millones de dólares, y algunos inversionistas y ejecutivos de la construcción, obtuvieron enormes ganancias, proclamándose a sí mismos como “constructores de naciones” al tiempo que se unieron a las listas de los ciudadanos más ricos de México.

Mientras tanto, trabajadores de fábricas, propietarios de pequeños negocios, jubilados y servidores públicos que compraron las casas, se quedaron atrapados con préstamos hipotecarios complejos y con pagos que aumentan a medida que sus hogares y vecindarios van decayendo.

En los 50 desarrollos de viviendas económicas visitados desde Tijuana hasta el Golfo de México, Los Ángeles Times también revisó miles de páginas de documentos gubernamentales y de la industria de la construcción, y entrevistó a cientos de propietarios, líderes municipales, expertos en vivienda, ingenieros civiles, trabajadores de la construcción y funcionarios del gobierno.

El programa, plagado de corrupción y falta de supervisión desde el inicio, ha alcanzado niveles de crisis en medio de la indiferencia y la impunidad del gobierno. Las autoridades rara vez han investigado las denuncias generalizadas de fraude. Y los desarrolladores, en algunos casos, han intentado obstaculizar los esfuerzos de los propietarios para solucionar los problemas.

La crisis de la vivienda en Estados Unidos y la recesión hace una década, también se caracterizaron por fallas regulatorias. Finalmente, la economía de Estados Unidos se recuperó. Pero la crisis en México ha sido duradera.

Si bien la gravedad de los problemas varía, y algunos desarrollos habitacionales cumplen con los estándares básicos, el rápido deterioro es evidente en muchos de los complejos habitacionales cerca o dentro de cada ciudad grande: Sistemas de agua que no sirven, redes eléctricas incompletas, deficientes sistemas de aguas residuales. Parques y escuelas que se prometieron pero que nunca se materializaron.

Muchos desarrollos se construyeron lejos de los centros de empleo en tierras marginales -humedales, márgenes de ríos y laderas inestables- con escaso acceso al agua corriente. Muchos funcionarios locales reescribieron las leyes de zonificación y aprobaron los desarrollos con poca o ninguna revisión.

El rápido deterioro es evidente en muchos de los complejos habitacionales

Los desarrolladores redujeron el tamaño de las casas, construyendo alrededor de 1 millón de unidades de apenas 325 pies cuadrados, (30.18 metros cuadrados) que es más pequeño que un garaje típico de dos automóviles en Estados Unidos. Muchas familias de seis, siete o más personas viven en estas mini viviendas, durmiendo a un lado de la lavadora o en los pasillos.

Los desarrolladores han abandonado cientos de estos complejos sin completar la infraestructura, provocando una permanente escasez de servicios.

En los desarrollos donde no funciona el alumbrado público, los jóvenes usan linternas para navegar por las calles oscuras. En esos desarrollos sin servicio de recolección de basura, las personas queman los desechos en lotes baldíos para evitar la infestación de ratas.

Los residentes colocan avisos en los pozos de registro sin tapa, para alertar a los niños de los peligros en las vías que carecen de mantenimiento. Los residentes de los vecindarios que carecen de agua, las personas cierran con llave las tapas de las cisternas de sus azoteas, para evitar que los ladrones se lleven el preciado líquido.

Hay desarrollos no terminados por todo el país. Se estima que 300 mil personas viven en más de 40 complejos habitacionales inconclusos en las ciudades de Tijuana y Ensenada.

En el Estado de México, que rodea a la Ciudad de México, los desarrolladores han completado solo 36 de los 235 desarrollos iniciados entre 2005 y 2012, dejando entre 200 mil y 500 mil personas en el limbo, de acuerdo con los archivos del estado.

“Era un mundo de corrupción”, dijo Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, un suburbio de Guadalajara. Sus predecesores aprobaron desarrollos donde los mantos acuíferos se han secado afectando a unas 300 mil personas, dijo. Ahora el agua es racionada, y muchas familias reciben agua cada dos días.

Gran parte de las endebles construcciones son vulnerables a las inclemencias del tiempo

En septiembre, miles de hogares y calles en desarrollos mal planificados se inundaron en el Estado de México. Cientos de hogares en Ciudad Juárez se han inundado con tanta frecuencia, que se ha decidido ya su demolición. En el área de Cabo San Lucas, en agosto, una tormenta derribó dos edificios de cuatro pisos que se construyeron hace apenas ocho años.

Los residentes de urbanizaciones deterioradas durante varios años han marchado en los ayuntamientos, bloqueado las carreteras, han arrojado piedras a las oficinas de ventas, han retenido a los agentes de ventas, incluso han incendiado las casas modelo.

“Los propietarios protestan por la falta de agua corriente y la policía responde con golpes “, decía el encabezado de un medio de comunicación en junio, al reportar la intervención de la policía en el bloqueo de una autopista en un desarrollo en el estado de Veracruz.

Cientos de miles de personas han abandonado sus hogares, permitiendo que invasores y pandillas se apoderen de muchos vecindarios.

Quédese o váyase, muchos propietarios están atrapados con préstamos hipotecarios que están vinculados al índice inflacionario. Debido a que los pagos mensuales –típicamente alrededor del 25 por ciento del salario de un trabajador- se deducen directamente de sus cheques, la única forma para muchos mexicanos para escapar de la creciente deuda es renunciando a sus trabajos y emplearse en la economía informal.

El descontento de los propietarios ha sido poco efectivo; las autoridades no han responsabilizado a nadie por los problemas.

Invasores y pandillas se apoderan de muchos vecindarios

Decenas de millones de dólares en fianzas de construcción destinados a hacer reparaciones y/o terminar la infraestructura siguen sin utilizarse o no se sabe que ha pasado con ellos. No ha habido audiencias en el Congreso ni comisiones de investigación.

Sin embargo, la Comisión de Valores de Estados Unidos acusó en marzo a Homex, -que una vez fue el mayor desarrollador de México-, de reportar ventas “falsas” de 100 mil casas, lo que infló sus ingresos en 3 mil 300 millones de dólares. Se cree que es el mayor fraude en la historia de México.

Eventualmente, la SEC llegó a un acuerdo con Homex, sin aplicar ninguna multa, y presentó cargos civiles similares contra ex ejecutivos de Homex, los cuales permanecen pendientes. (Homex se negó a comentar sobre las acusaciones de SEC).

Las casas modelo creaban expectativas que frecuentemente no se cumplían

La Comisión Nacional de Banca y Valores de México aplicó a Homex una multa de 1.2 millones de dólares. No hay evidencia de que las autoridades mexicanas estén investigando ningún delito criminal.

En cambio, las autoridades han seguido casos contra activistas que acusan a los desarrolladores de engañar a los propietarios para aumentar sus ganancias.

El líder de propietarios más prominente del país ha estado encarcelado durante dos años sin juicio, con cargos de robo a mano armada, que varios jueces han desestimado. Otros líderes de propietarios que buscan reparaciones en sus desarrollos dicen que han sido hostigados, amenazados e incluso sobornados para que abandonen sus protestas.

El fiasco afecta a millones de propietarios que adquirieron una vivienda por primera vez, como Lucía López, de 66 años de edad.

Cuando recorrió las casas modelo en un nuevo desarrollo llamado Colinas de Santa Fe, cerca de la histórica ciudad de Veracruz, ella apreció los toques modernos: los grifos brillantes, el agua corriente, enchufes eléctricos en cada habitación.

López crió a sus hijos en una choza con pisos de tierra y un techo hecho de hojas de palma. Toda su vida vendió flores y limpió pisos para obtener ingresos. No tenía ahorros.

Sin embargo, en virtud del programa de vivienda, pudo comprar una pequeña casa de dos dormitorios por 20 mil dólares con un préstamo respaldado por el gobierno.

Su entusiasmo duró poco. El techo de su nuevo hogar se empezó a filtrar. Los frecuentes cortes de energía sumergieron al vecindario en la oscuridad. Los grifos se quedaban sin por varios días seguidos.

Hoy, López vive todos los días con el deterioro de las calles y los charcos de aguas residuales. Cuando sale a comprar o visitar a los vecinos, sostiene un limón en la nariz para bloquear el hedor de la planta de tratamiento de aguas negras que no sirve.

El año pasado se cayó en el hueco de una alcantarilla que no tenía tapa. Apoyándose contra los costados, logró salir, aunque muy golpeada y cubierta de excremento.

“Lloro cada vez que me acuerdo”, dijo. “Si me hubiera ahogado, nunca me habrían encontrado”.

El objetivo era sacar a millones de mexicanos de viviendas precarias y sobrepobladas y cumplir la garantía de la Constitución de México de “una vivienda digna y decente para todos”.

Las familias a menudo alquilaban departamentos estrechos que compartían con sus familiares. Las familias más pobres invadían terrenos en barrios marginales. Pasaban años recogiendo materiales y construyendo sus casas habitación por habitación, algunos conseguían bloques de concreto. La electricidad a menudo se robaba a través de los llamados “diablitos” y el agua corriente escaseaba.

En 2001, el presidente Vicente Fox se dispuso a abordar el problema creando una enorme sociedad entre el gobierno y la iniciativa privada.

Entonces, giró instrucciones para que el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, o Infonavit, aumentara considerablemente sus préstamos hipotecarios.

Bajo la administración de Fox y de su sucesor, Felipe Calderón, los préstamos del Infonavit aumentaron de 205 mil emitidos en 2001 a 494 mil 73 en 2008. Los nuevos préstamos estaban dirigidos a compradores que adquirirían por primera vez una vivienda, que tenían ingresos modestos y poco o ningún ahorro.

Para aumentar los esfuerzos gubernamentales, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo invirtieron 2 mil 800 millones de dólares en el sector de vivienda de México.

El torrente de dinero hipotecario creó un escenario soñado para desarrolladores grandes y pequeños. Con una cartera de clientes precalificados, podrían vender casas tan rápido como pudieran construirlas. Los precios variaron de 15 mil a 35 mil dólares.

Los inversionistas extranjeros buscaron capitalizar el boom, comprando acciones en las pocas compañías constructoras mexicanas que construyeron una gran parte de los hogares, entre las que se encontraban las más grandes del país: Casas Geo, Urbi y Homex, una empresa familiar del estado de Sinaloa que creció hasta convertirse en una de las mayores constructoras de casas de América del Norte.

Casi de la noche a la mañana surgieron desarrollos de viviendas, y casi de inmediato surgieron serios problemas. Los complejos habitacionales con problemas fueron hechos por constructores regionales y nacionales, pero los más problemáticos fueron construidos por las compañías de construcción más grandes de la industria.

Un desarrollo de Homex está casi escondido en las orillas de la ciudad de Huehuetoca, a 40 millas al norte de Ciudad de México. Su nombre oficial es Santa Teresa, aunque sus residentes le llaman Santa Pobreza.

Las mujeres mayores se agachan para beber agua en las tuberías que desembocan en la acera. Los niños juegan a la pelota en los escombros de las deterioradas aceras.

“Aquí vivimos como en una zona de guerra”, dijo José Marín, coordinador del sistema de agua de Huehuetoca, mientras atravesaba una parte especialmente deteriorada de Santa Teresa, donde las tuberías y cables enredados sobresalen entre las calles.

Una torre de agua vacía, se eleva por encima de los techos de este complejo de más de 8 mil pequeñas viviendas. El pozo que servía a esta sección de Santa Teresa comenzó a agotarse poco después de que se abriera el desarrollo en 2007. Homex no calculó adecuadamente la cantidad de gente que iba a servir y siguieron construyendo viviendas y sobre explotaron la capacidad del pozo de agua, dijo Merin.

“Aquí vivimos como en una zona de guerra”

Para el verano de 2016, el pozo se había secado por completo. El agua ahora se reparte en un camión, dos veces por semana, a veces menos.

Anahid Figueroa, una dentista de 35 años, se mudó al desarrollo desde la Ciudad de México para estar cerca de su madre, que vive al lado. Ahora lo lamenta.

El camión de agua llena dos botes de agua que deja en su pequeño patio delantero. Ella y su hija de 7 años cuidan cada gota. Hay suficiente para que cada uno de ellas se bañe dos veces a la semana. “Tenemos grifos y una ducha”, dijo Figueroa, “pero no son más que adornos”.

A medida que docenas de nuevos desarrollos surgieron en las ciudades cercanas a la Ciudad de México, la población de Huehuetoca se triplicó, a 130 mil personas.

Los funcionarios que supervisan las construcciones a nivel local, no pudieron mantener el ritmo. La ciudad solo tenía dos inspectores.

Con poco escrutinio de su trabajo, los contratistas de Homex escatimaron en el asfalto cuando pavimentaron las carreteras, que rápidamente se deterioraron por el paso de los camiones de construcción, según los activistas de los propietarios.

Los ingenieros civiles aprobaron diseños defectuosos para desagües pluviales. Las fuertes lluvias arrastraron los bordes y las aceras, y convirtieron las calles en verdaderos ríos.

El fracaso de la supervisión se repitió en desarrollos problemáticos en todo el país, dijo Marco López Silva, un ingeniero civil que ha investigado la industria de la vivienda en México para el Banco Interamericano de Desarrollo.

“El gobierno federal asumió que los funcionarios harían su trabajo a nivel municipal. Que tendrían abogados para revisar las fianzas de construcción. Supusieron que la gente tomaría buenas decisiones. Todo eso falló “, dijo Silva.

Los constructores deben hacer calles, aceras y el resto de la infraestructura. Una vez terminadas esas obras, pasan a ser propiedad de las municipalidades.

Pero, en Huehuetoca, Homex no concluyó el complejo habitacional de Santa Teresa, por lo que la ciudad se negó a asumir la responsabilidad.

“No hay manera de que yo pueda aceptar esto”, dijo Merin, el coordinador del sistema de agua. “La ciudad no tiene dinero suficiente para arreglar este desastre”.

La ciudad, dijo Merin, trata de proporcionar suficientes servicios básicos y repavimentar algunas calles. para controlar las protestas.

Grupos de iracundos residentes secuestraron camiones de agua y atacaron a trabajadores de servicios públicos. Una vez, en 2014, esposaron a los empleados de Homex a un poste de luz.

“La gente quería colgarlos”, dijo Merin, pero se salvaron porque llegó la policía.

A diez millas de distancia, en el suburbio de Zumpango, en la Ciudad de México, los residentes de un conjunto habitacional de Homex llamado La Esmeralda, dependen de unos generadores diésel para la electricidad, porque la compañía no conectó grandes partes del desarrollo a la red eléctrica. Las máquinas arrojan humo y a menudo se descomponen o se quedan sin combustible.

Cuando las calles se inundan debido a una inadecuada nivelación -un problema común en el verano-, los cables del generador quedan sumergidos en el agua, enviando corrientes eléctricas a través de agua que en algunas ocasiones llega hasta las rodillas.

Las calles y las banquetas a menudo se inundan en la temporada de lluvias debido a una inadecuada planificación. Eso hace que incluso una caminata corta, de la casa a la escuela primaria, sea muy difícil para Saraí Ruby, la hija de 7 años de Montoya, quien llora cuando ve que el agua va cubriendo la calle.

Ella sabe que va a sentir los “toques” eléctricos”, dijo Montoya.

Cuando Dante Tapia, de 8 años, ve los cables chisporrotear, no puede correr lo suficientemente rápido.

“Me dolió mucho cuando sentí la corriente”, dijo. “Odio vivir aquí”.

Los bomberos corren de barrio en barrio durante los aguaceros, bombeando calles inundadas. Cuando se va la luz, los paramédicos se apresuran a llegar a los hogares de personas enfermas y ancianas que dependen de la electricidad para operar dispositivos médicos o refrigerar la insulina.

Pablo Rodríguez Méndez, un alto funcionario de la ciudad de Zumpango, compara la crisis de la vivienda con un desastre natural.

Tenemos planes de emergencia para huracanes, pero también necesitamos un plan de emergencia para lidiar con todas las fallas de vivienda “, dijo Rodríguez.

Hace cuatro años, después de que los residentes habían pasado tres días sin agua y electricidad, la frustración se desbordó.

Homex estaba en apuros financieros, y se quedó sin capital para seguir operando.

En La Esmeralda, la mayoría de las 3 mil viviendas planificadas habían sido construidas, pero gran parte del sistema eléctrico y parte de la infraestructura no estaba terminada. Ese fue uno de más de 30 desarrollos, con una población combinada de 150 mil, que Homex y otros constructores dejaron inconclusos, tan sólo en Zumpango, de acuerdo a Rodríguez.

Los manifestantes salieron del vecindario y entraron a una transitada autopista de seis carriles. Levantaron barricadas con sillas, rocas y bicicletas. Durante varias horas bloquearon el tráfico, cantaron y agitaron mantas. “Queremos respuestas de Homex”, decía una de las mantas.

“Explotamos”. ¿Quién puede vivir sin agua? ¿Sin energía eléctrica? “, recordó María Esther Cárdenas, madre de tres hijos. Aun así, la luz no ha regresado

“¿Quién puede vivir sin agua? ¿Sin energía eléctrica?”

Cuando cayó la noche, los manifestantes se dirigieron al área de ventas, donde había casas modelo pintadas de vivos colores detrás de una cerca. Alguien entró furtivamente y encendió un cerillo. En cuestión de minutos, las llamas devoraron la zona de ventas.

“La gente se asustó cuando vieron que el fuego se estaba saliendo de control. Pero nos sentimos tristes”, dijo Mario, el esposo de Cárdenas. “Todo lo que queríamos era que cumplieran lo que prometieron”.

En Colinas de Santa Fe, parcialmente construida en un área de humedales en las afueras del norte de Veracruz, el agua de lluvia y las aguas residuales regresan a las calles y a las casas durante la temporada de lluvias. El sistema de drenaje subterráneo colapsó hace años, dejando las calles llenas de enormes baches. La planta de tratamiento de agua también se descompuso, agravando los peligros para la salud.

Los mosquitos se reproducen en charcos estancados. Funcionarios y residentes de la ciudad dicen que los moscos han infectado a decenas de residentes con la fiebre del dengue y el virus chikungunya.

Durante la estación seca, las aguas residuales se derraman en las carreteras y se secan convirtiéndose en un fino polvo. Los fuertes vientos lanzan toda esta inmundicia al aire.

“Estas personas están atrapadas en sus propios hogares”, dijo Salvador Barbes, un ex director de obras públicas de Veracruz. El desarrollo tiene solo 10 años, dijo, pero el rápido deterioro de la infraestructura y los hogares lo convierten, en efecto, en uno de los más antiguos de la ciudad.

“Tiene el tipo de problemas que vemos en los desarrollos que tienen 60 años”, dijo Barbes.

Para evitar los charcos de aguas negras, los vecinos cruzan por caminos improvisados de bloques de concreto. Aun así, los autos que pasan arrojan agua sucia a los niños y los charcos ocultan las alcantarillas abiertas de hasta 12 pies de profundidad.

“Vivimos como en un chiquero”, dijo Adela Blanco, una activista de 64 años de Colinas, “pero vivimos peor que los cerdos, porque además tenemos que pagar por esto”.

En los sectores más elevados del desarrollo, los incendios, no las inundaciones, son el problema.

Alberto García, de 33 años, y su familia llegaron a casa después de un paseo dominical en julio de 2016 y vieron humo desde la ventana de la sala de estar. Una sobretensión había fundido un interruptor de luz y prendido fuego a una cortina. Las llamas se extendieron a través del primer piso.

Ese fue el octavo incendio eléctrico en el complejo habitacional ese verano, dijeron los residentes.

García y otros residentes dijeron que sabían que la red eléctrica era inestable y que el cableado eléctrico era defectuoso. Su esposa y sus hijos usaban sólo dos artefactos a la vez, temiendo subidas repentinas de tensión. Por la noche, incluso desconectaban el refrigerador.

García dijo que su familia perdió todo en el incendio. Sin otro lugar a donde ir, todavía viven en la casa de dos habitaciones. Sus paredes están manchadas de hollín.

“Es muy triste”, dijo García, un vendedor de productos de limpieza. “Trabajamos muy duro para comprar lo que teníamos”.

Los residentes de Colinas de Santa Fe solían visitar las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en el centro de Veracruz, con montones de papeles. Sentían que Homex les había estafado y querían hacer algo al respecto.

Pero Inocencio Yáñez, un ex alto funcionario de la agencia en el estado de Veracruz, dijo que poco después de su llegada en 2013, descubrió que los abogados de la Procuraduría habían estado ocultando por años las quejas de los residentes

Puso un letrero en la recepción para decirles a los visitantes que hablaran con él directamente. Yáñez reunió docenas de casos para entablar una demanda colectiva y envió el expediente a sus superiores en la Ciudad de México. No pasó nada.

Yáñez dijo que se vio obligado a renunciar en 2014 después de dar a conocer las acusaciones de corrupción.

“Mi oficina era solo un lugar para que la gente viniera y llorara”, dijo Yáñez.

Una historia similar se repitió en todo México, dado que Homex y las agencias gubernamentales bloqueaban los esfuerzos de los propietarios para resolver sus problemas.

Después de que Aaron Montes protestó fuera de las casas modelo de Homex en el desarrollo de Hacienda Santa Fe cerca de Guadalajara en 2005, los investigadores de la Procuraduría General del estado de Jalisco lo visitaron.

“Dijeron que Homex estaba perdiendo dinero en la Bolsa de Valores debido a mis acciones”, dijo Montes, un activista de los propietarios de vivienda. “Querían que les pagara millones de pesos”.

Un año después, Montes fue arrestado después de liderar otra protesta. Fue liberado unos días después y se fue a su casa, solo para descubrir que su llave no abría la puerta de entrada.

Homex había vendido su casa a otra familia, dijo. Él y otros líderes de su grupo de propietarios finalmente se mudaron del desarrollo.

“No podía continuar así”, dijo Montes. “Fue como luchar contra un monstruo con mil cabezas”. Homex no respondió a las peticiones de hacer algún comentario al respecto.

En el desarrollo de Lomas de Santa Fe en Veracruz, el abogado Miguel Varela dijo que un representante legal de Homex le ofreció un soborno para dejar de representar a los propietarios que trataban de presionar a Homex para que terminara el sistema eléctrico.

“¿Cuánto quieres para olvidarte de esto?”, dijo Varela, relatando una reunión en 2011 en las oficinas de Homex en Xalapa, la capital del estado.

Blanco, la lideresa de los propietarios de Colinas de Santa Fe, que organiza regularmente marchas de protesta, dijo que un ejecutivo de Homex le ofreció en 2010 comprarle una casa en un desarrollo diferente, y que ella se negó.

“No se trata de dinero, se trata de nuestras vidas”, dijo Blanco.

Verónica Barrientos, una activista del desarrollo de Puerto Azul en Ensenada, dijo en una entrevista que los representantes de Homex le habían ofrecido dinero, automóviles y una expansión de su casa a cambio de que abandonara sus esfuerzos para solucionar los problemas.

Cesar Salazar, el líder de los propietarios en el Barrio de la Solidaridad en Monterrey, dijo que los representantes de Homex le ofrecieron pagar su hipoteca.

Sergio Losoya, presidente de la asociación de propietarios en el vecindario de Chula Vista en Cabo San Lucas, dijo que un representante de la compañía ofreció pagar por la terapia para su hijo con necesidades especiales.

Los líderes de los propietarios dijeron que rechazaron las ofertas. Tomar un soborno, dijo Barrientos, hubiera significado traicionar a los residentes que no han tenido agua corriente durante cinco años.

“Hay demasiadas personas que confían en nosotros”, dijo.

Un movimiento de propietarios en el desarrollo de Vistas de Palmillas en Tijuana se vino abajo después de que sus líderes aceptaran las ofertas de Homex de casas nuevas en diferentes vecindarios a mediados de la década de 2000, comentaron los residentes.

Homex declinó hacer comentarios sobre las denuncias de sobornos.

Hoy en día, los problemas relacionados con las condiciones inestables del suelo persisten en Vistas de Palmillas. Algunos residentes viven en casas marcadas con carteles que las declaran “de alto riesgo”.

“Manténgase alerta ante posibles deslizamientos de tierra e inundaciones”, dicen los letreros de la división de protección civil de Tijuana.

Eventualmente, las quejas sobre mano de obra defectuosa e infraestructura rota se volvieron demasiado llamativas como para seguir ignorándolas. La demanda de las casas colapsó.

En 2011, el gobierno comenzó a reducir el flujo de hipotecas. Para 2014, los mayores constructores de casas, Homex, Casas Geo y Urbi, se habían declarado en bancarrota.

Los defensores del programa dicen que, aunque imperfecto, fue un esfuerzo justificable el construir viviendas para las personas que lo necesitaban desesperadamente.

Pero sus argumentos algunas veces se han venido abajo de manera vergonzosa.

El entonces presidente Felipe Calderón grabó un video promocional en 2011, dando la bienvenida a las familias a un nuevo desarrollo llamado Paseos de la Pradera, en el estado de Hidalgo.

Para 2014, los residentes habían tenido que utilizar el agua de lluvia para satisfacer sus necesidades. Organizaron protestas y bloquearon una autopista durante varias horas. Los problemas en el desarrollo, construido por una compañía local, todavía persisten.

Homex declinó comentar sobre las condiciones en sus aproximadamente 150 desarrollos.

En un comunicado, la compañía dijo que recibió una línea de crédito de 20 millones de dólares de Infonavit para completar la infraestructura. Los expertos dicen que eso es suficiente para actualizar quizás dos de los muchos desarrollos problemáticos de la compañía.

“Homex continúa enfocándose en construir comunidades exitosas con un perfil sostenible que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población mexicana”, dijo la empresa en su comunicado.

Los representantes de Urbi y Casas Geo, declinaron comentar sobre las condiciones en sus desarrollos.

Un portavoz del Infonavit dijo que los problemas en los desarrollos han sido exagerados.

“Muchos residentes dicen que las cosas están mal, pero no es verdad que no tengan servicios”, dijo el funcionario, Nezahualcóyotl Baños Hernández.

Cuando un periodista de Los Ángeles Times describió las condiciones en algunas comunidades, Hernández dijo que el Infonavit lo verificaría

“Dígame la lista de lugares a los que fue… para que sepamos dónde investigar”, dijo. “Tal vez podamos hacer algo”. Los Angeles Times entrego la lista, pero Infonavit no respondió a las peticiones de que comentara al respecto.

Un estudio integral encargado por la agencia en 2015 describió las condiciones como “graves” en los 36 conjuntos habitacionales inspeccionados, según el autor, Alfonso Iracheta, profesor de desarrollo urbano en El Colegio Mexiquense, un instituto de investigación cercano a la Ciudad de México.

En entrevista, Iracheta dijo que el reporte solo puede ser dado a conocer por el Infonavit. La agencia no respondió a la petición de proporcionárselo.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en un discurso el año pasado, intentó dejar de lado las políticas de vivienda anteriores, y calificó el incremento de la construcción como algo “absurdo”.

Peña Nieto ha promovido su política de vivienda, la cual prohíbe las casas de una recamara y ha puesto el énfasis en el desarrollo de las áreas urbanas. Pero los críticos señalan que cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México de 2005 a 2011, los constructores hicieron más de 200 desarrollos, muchos de los cuales ahora son ciudades fantasmas plagadas de problemas, que han sido ignoradas por su administración.

En un discurso el año pasado Rosario Robles, secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano notó la paradoja de un gran número de hogares abandonados en un país con una grave escasez de viviendas. “Tenemos viviendas sin gente,” dijo, “y gente que no tiene vivienda”.

Cuando los drenajes pluviales se tapan, cuando las tuberías explotan o cuando las luces de las calles se apagan en Santa Teresa, la gente recurre a José Colón. Propietario de una tienda, de 37 años de edad y padre de dos niños, quien recolecta dinero con sus vecinos para pagarles a los contratistas o comprar suministros.

Esos esfuerzos de “hágalo usted mismo” se han convertido en un lugar común en estos desarrollos abandonados. Los residentes dicen que es su única opción.

Un día el año pasado, Colón se asomó a una zanja excavada por trabajadores que dejaba ver una fuga en un sello defectuoso en una tubería. El agua estaba encharcándose, malgastándose, en un complejo habitacional donde la mayoría de las casas carece de agua corriente.

Yendo de puerta en puerta él se propuso recolectar dinero para comprar un nuevo sello para la tubería.

Homex, que ya había salido de la protección por bancarrota, se había asegurado 240 millones de dólares en nuevo financiamiento.

Los Ángeles Times
El Diario de Juárez
Ciudad de México
Martes 28 noviembre 2017.



El año que está por terminar ha sido considerado por la población como uno de los más corruptos en México, de acuerdo con la consultora internacional de seguridad Kroll Inc.

Junto con la corrupción, el fraude es el principal problema que enfrentan las empresas en el país, según reveló la firma en su reporte “Fraude y riesgo global”.

En el capítulo dedicado a la radiografía del fraude y corrupción México, la consultora con sede en Nueva York señaló que 2017 dejó en claro que desastres naturales -como los sismos de septiembre pasado-, financieros y cibernéticos son difíciles de enfrentar “cuando la corrupción y el fraude han impuesto las reglas del juego”.

Con operaciones en todo el mundo en análisis de riesgo, fraude, seguridad y corrupción, y con oficinas en México, Kroll asegura que en el país empresarios y empleados han adoptado esas reglas como “normales” y las utilizan para ver afectadas sus operaciones en el país.

Un ejemplo es que más de 40% de las empresas en México admitieron haber sobornado a algún funcionario público, según la Guía de Gestión de Riesgos Empresariales elaborada por el capítulo México de la Cámara Internacional de Comercio y la firma consultora.

Según explicaron las empresas consultadas, esa práctica corrupta se debe a que su desconfianza “en las instituciones y procesos para dar seguimiento o solución a alguna solicitud de negocio”.

En el caso de los empleados, los resultados indicaron que para ocho de cada 10 los sobornos son una práctica cotidiana.

Las empresas manifestaron también que ocho de cada 10 en México han sido víctimas de algún tipo de fraude. Precisaron que 79% de los casos son cometidos por empleados de las propias empresas, y en 30%, los autores pertenecen a la llamada generación milennial; es decir, menores de 30 años.

La consultora indicó que el fraude y/o los ataques cibernéticos aumentaron en 89% tan solo en el último trimestre de 2017 medido por la encuesta.

Citó que tan solo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) ha recibido en promedio 3.3 millones de reclamos por fraudes cibernéticos, lo que ha hecho del sector financiero uno de los más vulnerables a los fraudes en México.

Kroll indicó que en el caso de México 2017 ha estado lleno de acontecimientos que han puesto a prueba la eficiencia de las organizaciones para responder a temas como la prevención de riesgos, planes de respuesta ante catástrofes y cultura de la prevención empresarial, temas en los que el país no quedó bien parado.

Proceso
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Miércoles 22 noviembre 2017.


Odebrecht acompañó al PRI y a Peña Nieto en toda la campaña presidencial, revela delator

Ciudad de México. - La filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, en ese tiempo director de la compañía y hoy delator ante la justicia brasileña para esclarecer el gigantesco caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato.

“Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013, según consta en la transcripción del encuentro.

De acuerdo con nuevos documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.

Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa y ha asegurado que demandará a los delatores por dañar su honor. Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México.

El pasado 14 de agosto, MCCI publicó que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores.

Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias por 1.5 millones provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en el estado de Veracruz, en alianza con la empresa mexicana Idesa.

Los documentos revelados por MCCI –que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank- fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Esta no es la primera vez que Braskem es investigada por financiamiento de campañas electorales. En la pesquisa del caso Lava Jato, se descubrió que la firma petroquímica financió a candidatos y partidos políticos en Brasil, mientras que en Argentina aportó dinero para la campaña del actual presidente Mauricio Macri.

Reuniones, desde 2010

De acuerdo con la información de MCCI, el seguimiento de Braskem y de Odebrecht a la trayectoria de Peña Nieto se dio desde antes de que éste fuera candidato a la Presidencia.

En la primera semana de abril de 2010, el entonces gobernador del Estado de México viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht y luego, en octubre de 2011 –cuando ya se perfilaba como candidato presidencial-, se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca.

Esta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil como parte de la investigación del caso Lava Jato.

Según estos correos –de los que MCCI tiene copia-, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó un encuentro de dos horas con Peña Nieto; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para reunirse con el entonces gobernador Javier Duarte, y por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fadigas, el director de Braskem. En dos días, Odebrecht se reunió con personajes de tres partidos (PRI, PAN y PRD).

Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló con Carlos Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.

“Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI), no sólo del actual presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya 100%”, aseguró Fadigas en aquella reunión.

Apenas asumió la Presidencia, dice MCCI, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.

“Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no sólo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013 en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado “de tiempo completo” al candidato priista.

En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos.

De Braskem a Latin America Asia Capital

Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del caso Lava Jato.

En esas planillas se detalla que un primer pago de Braskem a Latin America Asia Capital se efectuó el 23 de mayo de 2012 por 500 mil dólares a través del Meinl Bank de Antigua; a los siete días (el 30 de mayo) hubo otra transferencia por 490 mil dólares y una semana después (el 8 de junio) una más por 510 mil dólares. En suma, 1.5 millones en dos semanas.

Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.

En cada transacción aparece la clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.

En el caso de la empresa ligada a Lozoya, aparece la clave “Salvador”, mientras que en las de sobornos pagados en Petrobras el código es “Volley” y “Competitivo”, que era la identidad oculta de Bernardo Freiburghaus, operador de Odebrecht en Suiza y Alexandrino Alencar, exdirector de Braskem.

La cercanía con la campaña de Peña

Luis Alberto de Meneses Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, confirmó en su delación premiada rendida el 16 de diciembre de 2016 ante autoridades de justicia de Brasil, que la empresa había seguido la campaña presidencial de 2012, y que su trato había sido con Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional.

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito en las encuestas”, dijo Weyll a los fiscales brasileños, de acuerdo con el expediente revelado el pasado 13 de agosto por la organización El Quinto Elemento Lab.

“Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, añade el expediente.

Según el expediente citado, Weyll concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.

De acuerdo con el delator, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

Rodrigo Tacla, quien trabajó en el Departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País de España el pasado 28 de julio que la compañía brasileña le había apostado a futuro a Lozoya, a quien veían como futuro presidente, y confesó que una práctica común era invertir en las campañas en Latinoamérica para después conseguir contratos gubernamentales.

“El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. (…) La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno”, declaró Tacla, quien está en libertad provisional en España acusado de soborno y lavado de dinero.

Se deslinda Emilio Lozoya

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, deslindó a su cliente de cualquier transferencia realizada a favor de la empresa Latin American Asia Capital Holding, en Islas Vírgenes.

“Esa cuenta no pertenece al señor Emilio Lozoya Austin y no tiene relación con ese dinero a que hace referencia”, expresó al preguntársele sobre las transferencias realizadas por Braskem entre mayo y junio de 2012.

“Hasta el momento la PGR no ha hecho del conocimiento información alguna que se obtuviera de la Fiscalía de Brasil, siguiendo en espera de la misma para poder ejercer el debido derecho de defensa”, añadió.

Proceso
Reforma
Raúl Olmos
Lunes 23/10/2017.


Tlaxcala. - El cuerpo de Jazmín Contreras López, desaparecida desde el pasado lunes 16 de octubre, fue localizado anoche con huellas de tortura en un cerro de San Cosme Mazatecochco, en Tlaxcala.

La joven de 19 años nunca llegó a su hogar del mismo Municipio, desde que salió a las 16:00 horas de su trabajo, informó su familia a medios de comunicación de la entidad.

Tras cuatro días de búsqueda, el Grupo Especializado al Combate del Delito de Secuestro de la Policía de Investigación encontró el cadáver de la mujer, quien, según la versión de sus allegados, estuvo plagiada.

La información de medios locales, como la agencia Quadratín, señala que los supuestos secuestradores pidieron cinco mil pesos a la familia para liberarla.

Aunque en Tlaxcala y Puebla han exigido la emisión de alerta de género tras los recientes feminicidios en esos estados, la Secretaría de Gobernación no lo ha hecho.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 21 octubre 2017.

Desvió Javier Duarte 2 mmdp en ‘prensa’: Auditoría

La Secretaría de Finanzas del gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó millonarios recursos por concepto de “difusión” a decenas de empresas ajenas a la comunicación, con domicilios fiscales falsos e incluso boletinadas por la Secretaría de Hacienda como “inexistentes”.

Durante las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al ejercicio fiscal de 2016, el último de Duarte de Ochoa, detectó anomalías administrativas o un posible desvío de recursos públicos por 2 mil 284 millones de pesos, que representan casi el presupuesto total de un año de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Si bien en los pagos por difusión aparecen medios de comunicación legalmente establecidos, con empleados y circulación; en las listas incluidas en la Cuenta Pública de 2016, figuran constructoras, inmobiliarias y distribuidoras con graves irregularidades e incluso “fantasmas” que recibieron millones de pesos sin comprobar algún servicio.

Un gran número de estas empresas fantasmas reportaron domicilios fiscales en el estado de Puebla, donde al hacer una investigación periodística, se detectó que en lugar de compañías hay casas habitación, comercios y departamentos donde los vecinos desconocen su operación.

Se halló, por ejemplo, que dos empresas tenían la misma dirección en Puebla. Se trata de Constructora Haguen y Edificaciones Abnegatio, con dirección en Río Balsas 6410, a las que se les pagaron 71 millones de pesos.

En una visita física a la dirección se encontró una modesta casa de dos pisos, la segunda planta sin acabados, con un local comercial cerrado y sin que los vecinos ubiquen a las compañías. Tres empresas más compartían otra dirección en Puebla: Edificaciones Abissimus, Edificaciones Aperire y Logística Empresarial Pitra con dirección en Arboledas 31, colonia Bello Horizonte, a las que en conjunto se les pagó más de 250 millones de pesos.

Al hacer una verificación física de la dirección se encontró una casa habitación de un piso en color blanco y los vecinos reportaron que siempre ha vivido ahí una familia.

La Constructora Cehya recibió un pago de 75 millones de pesos y reportó como domicilio fiscal la avenida 25 Poniente 104 de la ciudad de Puebla, donde se localizaron locales de comida y departamentos de clase popular sin que vecinos tengan registro de la operación de esa constructora.

En la lista aparecen otras empresas de Puebla de las que no hay registros en internet de sus operaciones y que recibieron millonarios recursos del gobierno de Veracruz. También aparece edificaciones Tatsumi, dedicada al comercio al por mayor de materiales de construcción, la cual recibió 64 millones de pesos.

Durante 2016, se detectó un presunto desvío de recursos públicos de 6 mil 883 millones de pesos, de los cuales 2 mil millones corresponden a este caso de empresas ajenas al área de medios de comunicación.

El Universal
Edgar Ávila/Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Sábado 21 de octubre de 2017.


El daño patrimonial de Duarte a Veracruz es de 12,592 millones, y sólo 2016, dice la Cuenta Pública

Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas robaron las cantidades más fuertes los últimos dos meses de su administración; hay perdidos mil 134 millones de pesos.

Veracruz/Ciudad de México. - Durante el último año de su Gobierno, Javier Duarte de Ochoa y su equipo de colaboradores le sacaron dinero a todos los cajones a los que tuvieron acceso. Eso dice la Cuenta Pública 2016.

Aunque contaba con numerosas denuncias de alcaldes por retención de recursos, de proveedores que reclamaban pagos y ya existía la sospecha de una red de empresas fantasma, la administración de Duarte exprimió aún más las finanzas estatales, de acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior sobre la Cuenta Pública 2016.

El informe, que ya está siendo analizado por la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública del Congreso local, expresa que el presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de Veracruz asciende a 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos con 29 centavos.

De ese dinero, 718 millones 497 mil pesos corresponden a daño en ayuntamientos y 11 mil 873 millones 752 mil 609 pesos con 80 centavos, en Cuenta Pública Consolidada.

Las observaciones más fuertes son tres: la Coordinación de Comunicación Social en los tiempos de Alberto Silva, por 2 mil 268 millones de pesos; otra de 2 mil 257 millones a recursos para los ayuntamientos que les fueron retenidos, y no aparecen; y la tercera por mil 249 millones de pesos a más de 20 dependencias estatales que pagaron sobrecargos por multas y créditos fiscales, todas, por no haber contado con el pago en tiempo y forma.

Hasta octubre de 2016, el todavía Gobernador veracruzano, Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas se robaron incluso tres préstamos bancarios que en conjunto suman mil 026 millones de pesos.

ROBÓ A MUNICIPIOS

El 2016, su último año, según el documento citado, se hace evidente que fue el año en que más recursos exprimió Javier Duarte de Ochoa al erario, esto se infiere del análisis a una tabla presentada en el documento dentro de la observación FP-014/2016/019 DAÑ, en la que se enlistan las aportaciones de la Federación para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Si se les da seguimiento a las fechas, antes de la jornada electoral (en junio) en la que perdió el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ve que antes y hasta octubre, cuando pide licencia Duarte, se da la mayor actividad de saqueo a ese fondo.

Así, en enero de este año, fueron retenidos a los alcaldes 177 millones; en febrero, 107; en marzo, 458; en abril, 77; en mayo, 70; en junio, 427; en julio 589; en agosto, 70; en septiembre 588; y en octubre, 546.

En noviembre, con el Flavino Ríos como Gobernador interino, se retuvieron 900 millones de pesos; y en diciembre, con el nuevo Gobierno, no hay retención. Todo fue pagado.

Esa observación suma 2 mil 257 millones de pesos para el FISM que no llegaron a las tesorerías de los 212 municipios. Hasta la fecha no se tiene pista de la gran parte de ese dinero que los alcaldes ahora le reclaman a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, y ello derivó en que algunos ayuntamientos implementaran un esquema de “licuadora” para salir de aprietos financieros, además del despido de personal y la precarización de servicios públicos.

De esta manera, Duarte de Ochoa robó las cantidades más fuertes el mes de su salida y el mes previo, periodo en el que suman mil 134 millones de pesos de los que hasta ahora no se tiene conocimiento en donde quedaron, o si el ex Gobernador se los llevó consigo para su plan de fuga.

Lo cierto es que, durante su cacería, las autoridades encontraron diversas casas en donde Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías pasaron tiempo escondidos en México y el extranjero, en las que decomisaron fuertes cantidades de efectivo.

ROBÓ PRÉSTAMOS

El ex Gobernador, en complicidad con su Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, se llevó más de mil millones de pesos producto de tres préstamos solicitados en el 2016.

Uno es por 300 millones a Banorte, cuyo dinero fue solicitado y ejercido en enero, dice la observación FP-014/2016/036 DAÑ; el segundo fue por 774 millones de pesos, a Fintegra Financiamiento, en abril, señala la observación FP-014/2016/037 DAÑ; y el tercero por 352 millones, con Multiva, de enero, indica el pliego FP-014/2016/038.

En los tres, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) concluye que “no presentaron la justificación, comprobación y documentación”, además no presentaron “evidencia documental original que compruebe y justifique la aplicación de los ingresos provenientes del crédito contratado”.

Es decir, los fondos se pudieron haber usado en lo que quisieron, menos en obra pública productiva. Duarte de Ochoa caracterizó su Gobierno por la constante solicitud de préstamos bancarios para obra pública, carreteras, hospitales y pavimentaciones que sólo quedaban en el evento de la primera piedra, jamás fueron concluidas.

El ex priista tomó las riendas de Veracruz con una deuda con la banca por 17 mil millones de pesos. A su salida, el monto “asciende a 51 mil 783 millones de pesos por concepto de deuda pública de largo y corto plazo, emisiones bursátiles y bono cupón cero”, indica el documento.

NO PAGARON

La observación FP-014/2016/040 DAÑ es por 40 millones de pesos a falta de “recursos financieros en forma oportuna que debió transferirles la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)” a 10 dependencia descentralizadas que tuvieron que pagar recargos y créditos fiscales.

El ORFIS concluye como daño ese dinero, en la lógica de que si se hubiera ministrado en tiempo forma por el dispersor (SEFIPLAN), esos 40 millones hubieran sido destinado a mejoras y cubrir otras necesidades de la administración pública.

EL ÚLTIMO AÑO DE SAQUEOS

Las dependencias del Ejecutivo fueron ordeñadas durante diez meses en 2016; los duartistas no tuvieron descanso:
$242,512,778.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de gobierno durante el 2016
$214,590,971.01
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Seguridad Pública durante el 2016
$724,469,276.44
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Educación de Veracruz durante el 2016
$284,649.56
El presunto daño patrimonial en la Secretaria del Trabajo durante el 2016
$91,441,144.85
El presunto daño patrimonial en la Secretaria Infraestructura y Obras Públicas de durante el 2016
$5,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Turismo durante el 2016
$42,129,821.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario durante el 2016
$28,499,102.90
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Protección Civil durante el 2016
$8,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Contraloría General del Estado durante 2016
$2,284,812,744.86
El presunto daño patrimonial en la Coordinación de Comunicación Social durante el 2016
$184,692,778.79
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Social durante el 2016
$7,988,325.40
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Medio Ambiente durante el 2016.

Sin Embargo
Yerenia Roldón
Ciudad de México
Sábado 21 octubre de 2017.

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