Organizaciones empresariales se pronunciaron por revocar a la empresa Concesiones Integrales la adjudicación del servicio de agua potable y drenaje de esta capital, otorgada en el sexenio de Rafael Moreno Valle, por los cobros excesivos, deficiencias y cortes de servicio en los que incurre la compañía.

Por separado, el presidente del Consejo de Organismos Empresariales, César Bonilla Yunes, y el dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Antonio Quintana Gómez, señalaron que una de las demandas que planteará la iniciativa privada a los candidatos a diputados locales es que se someta a revisión el contrato entregado en 2014 para privatizar el servicio de agua en esta ciudad.

Bonilla Yunes manifestó que además de que las tarifas se elevaron a partir de la privatización del servicio, la empresa recurre a cortes “inconstitucionales” de agua y de drenaje, y luego cobra cargos excesivos de mil 200 pesos por la reconexión.

Y hay familias de tres integrantes a las que cobran tarifas de hasta 700 pesos mensuales por el servicio, denunció.

“Tenemos tarifas muy caras por el agua potable, por eso pedimos a los próximos legisladores que revisen en qué condiciones se entregó la concesión, porque más que beneficiarnos nos ha perjudicado”, reclamó

Por su parte, Quintana Gómez señaló que hasta ahora el trato con la concesionaria ha sido “tortuoso”, tanto por los cobros excesivos como por el mal servicio, no sólo al sector empresarial, sino a la ciudadanía en general.

“Si no se puede mejorar que se revoque la concesión, si no funciona, si no cumplen los acuerdos y si el tema sigue mal, que sea un retiro definitivo”, expresó.

De acuerdo con el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gabriel Covarrubias Lomelí, la empresa incurre en excesos, como aplicar cobros que no están justificados, y realiza cortes que sólo serían competencia del Servicio Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Sin embargo, consideró viable buscar acuerdos con la empresa para mejorar el servicio.

“El tema de la privatización del agua se viene abordando desde diciembre con el gobernador Antonio Gali Fayad, el cual afecta más a la población que a los empresarios”, declaró.

En el mismo sentido, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se quejó de que la empresa Concesiones Integrales no ha resuelto los problemas de desabasto y distribución del agua en la entidad, como se ofreció al otorgársele la concesión.

Según Carlos Montiel Solana, presidente del organismo empresarial, se han visto afectados por los cobros excesivos no sólo del servicio, sino por trámites, como estudios de factibilidad para obras, o por derechos, cuyos costos se duplicaron a partir de la privatización.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró que la privatización del servicio de agua y alcantarillado en Puebla, decretado en 2014 por el gobierno de Rafael Moreno Valle, viola el derecho humano del acceso al recurso por parte de los ciudadanos.

El organismo consideró que la concesionaria Agua de Puebla para Todos (como se llama la operadora de la concesión) es la peor calificada de las empresas que prestan el servicio en entidades donde se ha recurrido a la privatización. Y, además, ha documentado incrementos de hasta 500% en las tarifas.

Metrobús, caso similar

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, el servicio del Metrobús de Puebla, otra de las obras realizadas por el gobierno de Rafael Moreno Valle, está entre las peor calificadas por los usuarios del país.

La Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) obtuvo el último lugar por disponibilidad de las unidades, horarios de corridas, comodidad dentro de los camiones, operadores amables y unidades en buen estado.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 19 de abril de 2018.


La custodia del panista representaría un gasto de 2 millones 300 mil pesos anuales


El Consejo de Organismos Empresariales (COE) demandó al gobernador Antonio Gali que se deje de pagar con el erario estatal los escoltas de seguridad que tiene a su servicio Rafael Moreno Valle y los demás exmandatarios estatales.

El presidente del COE, Francisco Romero Serrano, consideró que es indigno que mientras que los habitantes de esta entidad padecen por la creciente inseguridad, el exmandatario panista recorra el país con ocho escoltas por turno que son pagados con recursos públicos.

También dijo que mínimo se erogan 200 mil pesos mensuales por la custodia del exmandatario, lo que representaría un gasto de 2 millones 300 mil pesos anuales que bien podrían usarse para contratar más policías o para mejorar las prestaciones de los elementos activos.

“¿Cuál es su temor (de Moreno Valle)? ¿Por qué cuenta con ocho escoltas por turno pagados por el erario? ¿Acaso el señor exgobernador no cuenta con recursos propios para pagar sus gastos y por ello requiere que seamos los poblanos quienes sufraguemos sus lujos?”, cuestionó Romero Serrano.

Luego recordó que fue el propio Moreno Valle quien se concedió ese privilegio, pues fue en su mandato que se modificó la ley para que los exgobernadores pudieran tener el derecho de contar hasta con ocho escoltas por turno a su servicio.

“Necesitamos saber cuántos poblanos de a pie, cuántos empresarios, cuántos académicos que han denunciado la corrupción del estado en el sexenio anterior, que han sido espiados, amenazados e intimidados cuentan con protección y seguridad de parte del Estado, esperamos que haya una respuesta inmediata a nuestras interrogantes”, exigió el empresario.

Romero Serrano lamentó que el Congreso local haya desechado una iniciativa que presentó a principios de este año el diputado priista Francisco Jiménez Huerta para que se eliminara este privilegio a los exmandatarios poblanos.

“El hecho es que en Puebla se gastan más de 2.3 millones de pesos al año, tan sólo en la seguridad de Moreno Valle Rosas, recursos que se pudieran emplear en la contratación de más efectivos, o bien en el mejoramiento de las condiciones laborales de los que están en activo”, expresó.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 27 de julio de 2017.


No hay transparencia en los recursos recaudados por el gravamen, denuncian.


Puebla. - Alrededor de 100 integrantes del Consejo de Organismos Empresariales (COE) presentarán esta semana un primer amparo colectivo contra el cobro del Impuesto Sobre Nómina (ISN), argumentando que desconocen la aplicación de los recursos; en un segundo proceso legal se sumaría otro centenar.

Según el presidente del COE, Francisco Romero Serrano, empresarios inmobiliarios, textiles, restauranteros, hoteleros y constructores se unirán a la inconformidad por la aplicación que este gravamen mediante un amparo colectivo relacionado.

En el amparo se pedirá transparentar el uso del impuesto, pues no se tiene certeza jurídica sobre si el gravamen que aportan por crear empleos es bien aplicado, dijo Romero.

En enero de 2014, la Legislatura pasada aprobó incrementar el ISN del 2 hasta 3%, argumentando que los recursos se usarían para el canje de placas gratuito que el gobierno estatal implementó en ese año y que concluyó ese mismo septiembre.

Puebla se sumó a los estados de Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo, que también ajustaron el impuesto en años recientes.

De acuerdo con la Cuenta Pública, durante el 2015, Puebla captó 2,147 millones de pesos por el ISN, mientras que para este año se prevé recaudar 2,329 millones de pesos.

Romero Serrano expuso que los recursos captados por el gravamen están dentro de un fideicomiso que administra la empresa Evercore, situación que “es inconstitucional, pues no nos explican el destino del dinero”, precisó.

El líder del consejo explicó que bastaba con tener 30 empresarios para tramitar el amparo, sin embargo, se sumaron más al proceso judicial, del cual al menos esperan lograr revertir la operación del fideicomiso o que éste pase de ser privado a público.

Serán cuatro amparos

Francisco Romero prevé que el trámite del segundo amparo colectivo se realice en 15 días, sin embargo, en total serán cuatro, el cual tendrá el respaldo de 500 empresarios.

El dirigente empresarial se dijo confiado en que las autoridades judiciales protegerán sus derechos.

Además de estos amparos colectivos, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Natale López, propuso disminuir el ISN al 2 por ciento.

El legislador argumentó que incrementarlo propició que en 2015 quebraran 3,000 negocios y se despidieran a 1,500 personas, según cifras del COE y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sobre este tema, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Fernando Treviño Núñez, quien representa a 22 organismos, mencionó que el ISN “siempre es un lastre” para su sector, a pesar de que son generadores de empleos.

Treviño recordó que al entrar en vigor el 3% del impuesto, hubo una afectación a las empresas locales, las cuales optaron por no invertir y mantener intacta su plantilla laboral, a diferencia de las transnacionales.

El Economista
Miguel Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 31 de marzo de 2016.

 

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