El senador del PRI, Jesús Casillas, indicó que al ver limitados sus recursos, algunos partidos podrían buscarlos en el narco

Ciudad de México.- Aunque legisladores coincidieron en que es necesario que se recorte el financiamiento público a partidos, señalaron que la propuesta de Morena está "coja" porque no contempla los efectos colaterales que traería la reducción del 50 por ciento.

Además, llamaron a que se analice y se debate el tema.

El senador del PRI, Jesús Casillas, indicó que al ver limitados sus recursos, algunos partidos podrían buscarlos incluso en grupos de poder como el narcotráfico.

Consideró que para evitar eso, faltan medidas y claridad en la propuesta sobre cómo sería el financiamiento privado y cómo se transparentaría este aspecto.

"Escuchar que se le reduce el financiamiento a los partidos políticos, pues le suena a la ciudadanía atractivo, pero hay que recordar que siempre tuvo un motivo este tema, a razón de evitar que en las campañas se pueda generar algo ilícito", planteó en entrevista.

"También, (habrá que analizar) el tipo de interés que puede haber en aquellos que aportan financiamiento, porque al final del día puedes comprometer el actuar".

Sin medidas de transparencia, ni reglas claras, consideró, esta iniciativa está incompleta.

Opinó que en el PRI percibe disposición para avalar este recorte y pronosticó que sus correligionarios aportarán mejoras a dicha propuesta.

"Es un tema que no se ha discutido, porque es una propuesta de otro partido político, pero yo creo que nosotros vamos a estar abiertos a escuchar y a proponer, lo importante es que lejos de ser una postura de carácter publicitaria, sea un tema de fondo", señaló.

"Es una propuesta de alguna manera para llamar la atención, pero me parece que no es una propuesta integral, no es una propuesta que genere toda una dinámica más eficiente a los partidos políticos y un verdadero ahorro a los ciudadanos".

En tanto, el también senador priista Héctor Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara Alta, pidió que se tome en cuenta que el PRI también impulsó propuestas para el recorte del gasto a partidos.

"La iniciativa presentada ayer por Morena ante la Comisión Permanente no es nueva; ya el PRI lo había propuesto y no habíamos alcanzado el consenso necesario", acotó.

Refirió que pese a que existe una opinión compartida de que la democracia en México debe ser más eficiente y menos costosa, es necesario abrir el debate y analizar sus alcances.

"Esta iniciativa hay que revisarla con cuidado para no paralizar la vida interna de los partidos, cuya actividad no se reduce a las campañas políticas; debe haber equidad en el derecho a ejercer una militancia activa sin importar el partido político", dijo.

"Si el problema es que se ha hecho mal uso de las prerrogativas, entonces debemos establecer mecanismos eficientes de fiscalización. De nada sirve reducir el gasto a la mitad si los recursos públicos se seguirían ejerciendo de manera discrecional", agregó.

Solicitó que esta propuesta sea complementada con medidas que miren más allá del aspecto económico y que haya vigilancia en el destino de los recursos.

"Deben prevalecer condiciones de igualdad en la competencia electoral, cuidando que los recursos que eventualmente se recorten a los partidos, no sean aportados por otras instancias de Gobierno de manera irregular.

"Para el PRI es muy importante que se discuta el financiamiento público a los partidos políticos; estamos a favor de una medida que nosotros mismos hemos planteado, pero esta medida debe fortalecer el sistema de partidos y no favorecer una competencia desleal".

Sin embargo, el senador también señaló que la medida "apuntalará la tentación del crimen organizado de 'invertir' en campañas de Alcaldías, diputaciones, senadurías, gubernaturas e incluso a la Presidencia de la República".

En tanto, el legislador sin partido Javier Lozano, aplaudió la propuesta, e incluso dijo, podría aumentar el porcentaje del recorte, pero consideró que a la iniciativa faltan medidas que aseguren la transparencia.

Propuso que las aportaciones a partidos solamente sean de sus seguidores, lo que a su vez, consideró, obligaría a las fuerzas políticas a mejorar.

"Que los partidos obtengan financiamiento de sus simpatizantes, de los aportantes, de la gente que esté dispuesta a apoyarlos, pero con un esquema severo, muy severo de fiscalización, de tal manera que se pueda saber del dinero del aportante, de dónde proviene el dinero del aportante", añadió.

Lozano refirió que, de aprobarse esta reforma, causaría inconformidad en varios políticos, que en el contexto de la austeridad anunciada, opinó, se verían obligados a avalarla aunque no estén de acuerdo.

"Lo van a recibir de la siguiente manera: de dientes para afuera. Van a decir que qué bueno, que están dispuestos a hacer un esfuerzo, a aportar, bla, bla, bla, porque es lo políticamente correcto, hacia adentro va a ser un mentadero de madres", refirió.

"Van a sufrirla de a deveras, pero no les va quedar otra, porque si no se suman como bien dijo Yeidckol (dirigente de Morena), les van a aplicar la mayoría. Van a decir ¿no la quieres tú?, pues no la votes a favor y que la gente te juzgue", agregó.

El ex panista subrayó que si alguna bancada se niega a la propuesta, va a dejar que los morenistas se cuelguen las medallas mientras ellos se quedan con el descrédito.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 26 de julio de 2018.


Morena presentó a la Comisión Permanente una iniciativa de reforma constitucional para disminuir en 50% el financiamiento de partidos.

Legisladores de Morena presentaron a la Comisión Permanente una iniciativa para disminuir en 50 por ciento el financiamiento de partidos políticos.

Diputados de la bancada morenista llevaron al Pleno la propuesta con proyecto de decreto para modificar el Artículo 41 de la Constitución, que refiere que el financiamiento público a los partidos resultará de la multiplicación del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

En vez de ello, se propone que este recurso sea reducido a la mitad, es decir, que la multiplicación se haga por el 32.5 por ciento.

Al presentar la iniciativa, la diputada Alicia Barrientos Pantoja dijo que con ésta, sería la tercera vez que en el Congreso se propone esta disminución, y confió que en un marco de austeridad, sea aprobada.

Entre los beneficios de la propuesta, si es avalada, mencionó la reducción del costo de campañas políticas, mayor credibilidad por parte de la ciudadanía, combate a la corrupción, evitar que la política se utilice como negocio y ahorro en el presupuesto.

La morenista refirió que para el ejercicio fiscal 2019 se tiene estimado que la Federación aporte a los partidos políticos nacionales, por concepto de actividades ordinarias o permanentes, 4 mil 713 millones 984 mil 145 pesos por lo menos, según la fórmula citada en el artículo.

"Es una demanda de prácticamente todos lo sectores de la sociedad, no se trata únicamente de un asunto de austeridad, sino de recomponer un sistema de financiamiento público, de la democracia electoral", expuso.

"Se trata de desmontar un sistema de financiamiento de los partidos, que propicia partidos cartel y tiene como consecuencia que el financiamiento de las campañas se haya vuelto perverso () y con ello el enriquecimiento personal a partir de ello".
 
De aprobarse, dijo, sería aplicado a nivel nacional, a todos los partidos de las 32 entidades federativas.

"Los diputados de Morena hacen un llamado para que todo los actores políticos, los grupos parlamentarios de distinta índole se sumen a esta iniciativa", afirmó.

"No venimos a vencer, sino a convencer que la sociedad demanda otra forma de distribución de los recursos".

Según los cálculos anunciados, con ello, se lograrían ahorros por 2 mil 356 millones 992 mil 72.695 pesos y la cantidad destinada a prerrogativas para los partidos políticos bajaría al menos a 2 mil 356 millones 992 mil 72.695.

"No queremos los mil 500 millones que nos corresponderían para el próximo año, por eso en congruencia, planteamos disminuirlo a la mitad para todos", pidió.

De aprobarse, prosiguió, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ajustar sus normas internas sobre financiamiento público dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Adelantan a diputados electos reforma

En la reunión privada que encabeza con diputados electos, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció la presentación de la iniciativa de reforma.

La dirigente expuso que la reforma al artículo 41 constitucional deberá ser una de las iniciativas prioritarias para estar acorde con las propuestas de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Debido a la votación obtenida el 1 de julio pasado, Morena podría recibir mil 600 millones de pesos al año de prerrogativas ordinarias.

La diputada electa Tatiana Clouthier confirmó que Polevnsky les anunció que el partido presentará tal iniciativa, pero sin precisar su contenido.

En su mensaje la presidenta de Morena advirtió a los diputados electos que serán ventilados en las redes sociales si traicionan los principios de Morena.

Polevnsky pidió que tengan mucho cuidado con los legisladores de otros partidos, porque habrá fracciones que los van a querer comprar para que dejen Morena.

La ex coordinadora en San Lázaro y senadora electa por Veracruz, Rocío Nahle, exaltó la forma en que se condujo su bancada en la Legislatura que concluye, como fue el rechazo a los seguros de gastos médicos y a los bonos especiales.

Reforma
Iris Velázquez y
Antonio Baranda
Ciudad de México
Miércoles 25 de julio de 2018.


Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, pidió al gobierno mexicano suspender cooperación con EU en materia de migración y seguridad

Ciudad de México.- La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso acordó solicitar al gobierno mexicano suspender toda cooperación migratoria y de seguridad con Estados Unidos, en tanto no traten “con dignidad” a los migrantes detenidos en su territorio, de la nacionalidad que sea.

En conferencia de prensa, el presidente de los legisladores, Ernesto Cordero, señaló que es necesario que México deje a Estados Unidos “rascarse con sus propias uñas”.

Creo que, si Trump está insatisfecho con el esfuerzo que se está haciendo en México para ordenar el paso migratorio por territorio nacional, pues dejemos de colaborar con ellos y dejemos de hacerlo, los que más pierden son ellos.

Si yo fuera el pueblo de Estados Unidos estaría más preocupado el día que México deje colaborar con ellos en temas de migración, de lucha contra el terrorismo, de lucha contra delincuencia mexicana. De manera que exhortamos al Estado a mexicano a que le tome la palabra a Trump y sino está contento, pues que se rasque con sus propias uñas y que haga su propio esfuerzo”, dijo este miércoles.

Cordero Arroyo argumentó que los lazos entre México y Estados Unidos son más fuertes ante las políticas de Trump, y una muestra es que el Congreso de ese país “no necesariamente le es afín, y no necesariamente comparte todas barbaridades y locuras”.

Eso, en gran medida, por la estrecha relación que existe entre legisladores mexicanos y estadunidenses con los cuales tenemos una visión compartida y una visión de comunidad, que lamentablemente no comparte el presidente Trump”, dijo el legislador.

Por su parte, el vicecoordinador de los senadores del PT, Luis Humberto Fernández, enfatizó que Trump es injusto en demeritar los esfuerzos de México en la lucha contra el narcotráfico y en materia migratoria, pues apuntó que este país “ya ha pagado con sangre” la colaboración.

El día que el gobierno de Estados Unidos ponga tantos muertos como México en la lucha contra el narcotráfico, ese día podrá alcanzar para decir que hacemos poco, porque todo el combate contra el narcotráfico, el más sangriento, el más duro, el más pesado, el más difícil, se ha dado de este lado de la frontera”, expuso.

El senador enfatizó que también en la lucha contra el narcotráfico Estados Unidos son “tremendamente ineficientes”, pues toda la droga y armas que atraviesa y sale de México pasa por su aduana sin ser detenidas.

Excélsior
Iván E. Saldaña
Ciudad de México
Miércoles 20 de junio de 2018.


 Luego de tres años, el Poder Legislativo finalmente aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que envió al ejecutivo federal para su promulgación.

Con 396 votos a favor y cero en contra, los diputados avalaron la minuta que el Senado de la República envió el último día de sesiones, en abril pasado. Y aunque se presentaron más de 50 artículos bajo reserva, al final se declinó su revisión, pues si alguno de ellos hubiera procedido, la minuta habría regresado a la Cámara alta y quedado en el cajón legislativo.

En conferencia de prensa, madres de jóvenes desaparecidos e integrantes del movimiento Nuestros Desaparecidos en México, quienes acudieron a la sesión de este jueves en San Lázaro, expresaron que la nueva ley será una herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones e impunidad en el país.

“Las familias que conformamos el movimiento Nuestros Desaparecidos en México saludamos la aprobación de dicha ley por ser el resultado de casi tres años de trabajo por parte de más de 60 colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil que han propuesto contenidos fundamentales de ésta”, indicaron.

De igual manera, solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto que de inmediato publique la citada norma en el Diario Oficial de la Federación, que se asignen los recursos necesarios para poder operarla, y que a ellos se les permita participar en su implementación.

La diputada perredista Cristina Gaytán, quien acompañó a los diversos colectivos, dijo que se requieren al menos 422 millones de pesos para instrumentar la nueva ley, por lo que buscarán esos recursos en la discusión del presupuesto de egresos para el próximo año.

A la conferencia también acudió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, quien expresó: “Estamos muy contentos, esta es una buena noticia, diría yo la primera en mucho tiempo para muchas familias”

El diputado priista reconoció el trabajo de las organizaciones de familias de desaparecidos para concretar este proyecto que, subrayó, “es un producto con una gran dosis de sufrimiento y dolor, pero con gran optimismo y con mucha esperanza de que el futuro del país sea sin desapariciones”.

Y sostuvo que, así como se generó el consenso para la aprobación de la ley, es ineludible la asignación del presupuesto para su correcta aplicación.

“Tenemos cifras claras que nos orientan a lo que se tiene que conseguir y estamos más que comprometidos en sacar esta ley adelante y lo estaremos haciendo en los siguientes días (en la aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018”, aseguró.

Cristina Gaytán, quien también forma parte de la comisión de Derechos Humanos, agradeció el trabajo y esfuerzo de las organizaciones sociales y los familiares de desaparecidos que se comprometieron con esta misión a partir de hechos trágicos, como no saber dónde están sus seres queridos.

E insistió: “El planteamiento está hecho, son 422 millones que la propia Cámara de Diputados y su área de finanzas públicas han señalado para la ley contra la desaparición forzada y para la ley contra la tortura. El compromiso es que no sea una ley que no tenga manera de implementarse”.

Proceso
Jesús Cervantes
Ciudad de México
Viernes 13 de octubre de 2017.


La Comisión Permanente del Congreso citó al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que acuda a informar del estado que guardan las investigaciones por el socavón en el Paso Exprés en el que murieron dos personas el pasado 12 de julio.

Al encuentro también fue citado el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y deberán asistir en un plazo no mayor a 15 días naturales.

Aunque se trata de una reunión de trabajo, el PAN en el Congreso advirtió que hará de la visita de Ruiz Esparza una comparecencia para que el funcionario federal rinda cuentas no sólo por el socavón, sino también por otros señalamientos de presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos a las constructoras Higa y OHL.

"La Secretaría de Comunicaciones ha sido la Secretaría de la corrupción, del escándalo, de este Gobierno, no sólo es este caso, y lo más lamentable y lo más penoso es que el señor, con cinismo, siga despachando", criticó Marko Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro.

"Nosotros hemos dicho que este señor se tiene que ir; sin embargo, queremos que venga antes a comparecer y a explicar qué fue lo que ocurrió".

Cortés alertó de la posibilidad de que Ruiz Esparza sea cesado de su cargo antes de la fecha de la reunión de trabajo a fin de protegerlo y garantizarle impunidad.

Explicó que el año pasado Emilio Lozoya fue retirado del cargo de director de Pemex exactamente un día antes de su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Lamentó que debido a esa maniobra Lozoya nunca rindió cuentas por la situación de la petrolera, que hoy, afirmó, está en quiebra.

"Nosotros requerimos que, antes de que el Gobierno quite al Secretario (Ruiz Esparza) del escándalo, de la corrupción, del socavón, de las 'casas blancas', de los contratos con Higa, de la cancelación del tren (México-Querétaro), todos los escándalos del Gobierno federal, que antes de que lo retire venga a comparecer y a explicar lo que pasó".

El punto de acuerdo, enlistado en el orden del día de hoy, también solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remitir un informe de los procedimientos sancionadores iniciados contra funcionarios por el socavón en el Paso Exprés y evaluar practicar una nueva auditoría a la obra.

También pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envíe un informe del estado que guardan las investigaciones que inició a propósito del socavón.

Reforma
Zedryk Raziel
Ciudad de México
Miércoles 9 de agosto de 2017.


El accountability, expuso, es un concepto más amplio que la rendición de cuentas, al implicar informar y justificar el proceder de los recursos, así como demandar sanciones en ejercicios inadecuados

Tras reconocer que con el Sistema Nacional Anticorrupción, México ha dado un importante paso en el fortalecimiento del Estado de Derecho, el rector Alfonso Esparza Ortiz afirmó que es preciso articular esfuerzos para combatir las diversas expresiones de la corrupción, desde el inadecuado manejo de fondos públicos, la opacidad, el mal uso del poder público, hasta el ejercicio ineficiente de los recursos.

Lo anterior, al presentar ante la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, de la 59 Legislatura del Congreso del Estado, su propuesta de trabajo para la Comisión de Selección que tendrá a su cargo la integración del Comité Estatal de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

Allí planteó que este sistema provee de un engranaje entre las dependencias públicas, las instituciones y la sociedad para perseguir esas malas prácticas e impulsar una cultura de legalidad y transparencia. Esto último la tarea más importante que habrá de sumar el Comité Estatal de Participación Ciudadana.

“Estoy plenamente convencido de que toda institución, empresa, organización o instancia pública debe perseguir la eficiencia y eficacia en sus actividades y que una condición ineludible para lograrlo es la correcta aplicación de los recursos. Al mismo tiempo, el gasto debe ejercerse con mayor responsabilidad. Ya no basta ser transparente, se requiere que cada peso sea destinado a lograr el mayor beneficio social, en el presente y a largo plazo”, subrayó.

En ese sentido, el rector Alfonso Esparza Ortiz, propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla para integrar la Comisión de Selección, orientó a avanzar hacia el accountability, un concepto más amplio que la rendición de cuentas, al implicar informar y justificar el proceder de los recursos, por la obligatoriedad en el proceso, y demandar la existencia de sanciones en ejercicios inadecuados.

Tal concepto, explicó, se ejerce en dos direcciones: la vertical y la horizontal. La primera, un mecanismo que parte de la ciudadanía hacia el Estado; la segunda, la supervisión del Estado hacia sus dependencias.

Al exponer sus consideraciones ante los legisladores locales, el rector Esparza señaló que el Comité Estatal de Participación Ciudadana debe estar conformado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, destacados por sus contribuciones a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.  Además, ser un comité con equidad de género, para lo cual al menos dos de sus integrantes deben ser mujeres.

Para el pleno cumplimiento de sus servicios, durante su gestión no podrán tener un empleo, cargo o comisión en las tres instancias de gobierno, ni cualquier otro empleo; durarán en el encargo cinco años, sin posibilidades de reelección y serán renovados de manera escalonada, indicó.

Para la conformación de la Comisión de Selección, el rector Esparza consideró indispensable la emisión de una convocatoria con amplia difusión, que permita realizar una consulta pública, a través de la cual se presenten las postulaciones de aspirantes.

Para ello, habrá de definirse la metodología, plazos y criterios de selección, mismos que deben difundirse y considerar lo siguiente: método de registro y evaluación de aspirantes, publicación de la lista, dar a conocer los documentos entregados para la inscripción, así como el cronograma de audiencias públicas con la participación de académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de mostrar el perfil, propuestas e idoneidad de candidatos. Finalmente, establecer el plazo para las designaciones, por mayoría de votos, lo cual se dará a conocer en sesión pública.

En cuanto a la elección de los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana, el rector de la BUAP propuso algunos lineamientos para una mayor transparencia y legitimidad del proceso. A saber, que los postulantes sean respaldados por una institución de educación superior, organización civil, organismo internacional u otra instancia de prestigio en ese ámbito. Incorporar en el procedimiento de selección, la obligatoriedad de los aspirantes de presentar su declaración 3 de 3. Establecer un recurso de revisión para aquellos que no sean elegidos, a fin de preservar su derecho.

Además, crear mecanismos para asegurar la no injerencia de partidos políticos en el desempeño de las funciones de los miembros del comité; que la Comisión de Selección presente propuestas que fortalezcan las funciones del Comité Estatal de Participación Ciudadana, cuyos integrantes deben recibir capacitación, actualización y certificación de competencias, así como una remuneración suficiente para un óptimo desempeño.

Finalmente, expuso lo más destacado de su larga trayectoria como especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas, como su participación en la elaboración de una propuesta de fiscalización para las universidades públicas, en el marco de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación presentada en la ANUIES, lo cual lo convierte en un aspirante idóneo para integrar la Comisión de Selección.

“En la medida en que contemos con mejores instrumentos de control y vigilancia, con recursos humanos capacitados y comprometidos con las buenas prácticas, tendremos mayores posibilidades de cumplir con las normas establecidas y contribuiremos al abatimiento de las diversas formas de corrupción, para desarrollar una gestión eficiente, eficaz y transparente, que favorezca el desarrollo económico y bienestar social”, sostuvo.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Sábado 24 de junio de 2017.


El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas culminará su mandato sin transparentar la deuda pública de 70 mil millones de pesos que generó con la contratación de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) a lo largo del sexenio, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha reglamentado el sistema de alertas sobre el nivel de endeudamiento.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, José Chedraui Budib, quien estimó que el problema se resolverá en abril próximo, tres meses después del cambio de gobierno.

En entrevista, explicó que los pasivos reales de Puebla se acercan a los 80 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 8 mil millones pertenecen a la administración anterior y lo restante a la gestión actual.

El gobierno de Moreno Valle sólo ha reportado como deuda el primer monto de 8 mil millones de pesos debido a que la legislación no reconocía a los PPS como tal, situación que cambiará con el reglamento del sistema de alerta de la SHCP sobre los indicadores de endeudamiento de los entes públicos, el cual obligará a los gobiernos estatales a transparentar el costo de esos proyectos, ahondó.

Mientras no se tomen en cuenta estos PPS, el gobierno del estado tendrá más margen de endeudamiento, advirtió.

Hoy en día, prosiguió, Puebla paga mil millones de pesos mensualmente para cubrir los compromisos de pago generados por los tres proyectos para la prestación de servicios que adquirió el mandatario local en turno para construir las plataformas donde se instaló la armadora de vehículos de lujo Audi, el Centro Integral de Servicios (CIS) de la zona de Angelópolis, así como el Museo Internacional Barroco (MIB).

En las próximas tres décadas, el gobierno del estado entregará a la iniciativa privada un total de 70 mil millones de pesos, acotó el legislador miembro del grupo legislativo del PRI.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 3 de enero de 2017.

Además de aguinaldo de $140 mil, bono navideño de $150 mil y apoyo de $141 mil, los diputados se asignaron otro 'regalo' de 109 mil pesos.

Además de un aguinaldo de 140 mil pesos, su bono navideño de 150 mil y el apoyo para atención ciudadana de 141 mil, los diputados se asignaron de última hora otro bono de 109 mil 400 pesos.

Se trata de una tajada extra por 54.6 millones de pesos –adicional a los 75 millones de pesos que fueron recibidos para el bono navideño–, la cual fue repartida por los grupos parlamentarios para gastos de fin de año.

El Comité de Administración autorizó asignar esa otra partida, directa para el gasto de las bancadas y a la decisión discrecional de los coordinadores, misma que fue ocultada por la Cámara de Diputados.

El acuerdo para repartir el nuevo bono a los 499 diputados que integran bancadas, sin incluir al independiente Manuel Clouthier, se aprobó el pasado 15 de diciembre, mismo día en que se autorizó el pago del bono navideño.

Los nuevos recursos deben ser justificados y gastados a más tardar hoy 31 de diciembre a fin de comprobar su uso dentro del ejercicio fiscal de 2016.

Los 54.6 millones de pesos tienen que destinarse a la adquisición de servicios y/o compra de bienes. En medio de las críticas por la entrega del bono navideño de 150 mil pesos, los coordinadores parlamentarios decidieron no mencionar la existencia de la otra bolsa extra. Incluso el acuerdo se maneja en secrecía para mantener en la opacidad la entrega de estos recursos.

El reparto del dinero se hace de forma proporcional al número de integrantes por grupo parlamentario. De los 54.6 millones, al PRI le corresponden 22.8 millones; al PAN, 11.9 millones; al PRD, 6.6 millones, y al Partido Verde, 4.6 millones de pesos. A Morena le tocaron 3.9 millones; a Nueva Alianza, 1.2 millones, y a Encuentro Social, 1.1 millones pesos. La bancada de Movimiento Ciudadano, al igual que con el bono navideño, no aceptó el reparto de la partida extra de fin de año, que era de 2.5 millones de pesos.

“Efectivamente, existe ese acuerdo del Comité. En su momento nos preguntaron si aceptaríamos ese dinero, y respondimos que no. “No conozco el contenido del acuerdo e ignoro si el monto que era para MC lo repartieron entre las bancadas o se quedó en el presupuesto de la Cámara”, indicó el coordinador parlamentario Clemente Castañeda.

Opinó que fue una acción desmedida pretender que en 15 días los grupos parlamentarios pudieran gastar el dinero para poder justificar el gasto dentro del ejercicio presupuestal de 2016.

Reforma
Claudia Salazar
Ciudad de México
Sábado 31 de diciembre de 2016.

Con sólo un voto en contra de la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo, el Congreso de Puebla aprobó este sábado en sesión extraordinaria la reforma al Código Electoral de Puebla que deja en 30 días el plazo para la recolección de firmas para una candidatura independiente.

En una asamblea exprés se aprobó además el acta de la misma sesión, que sólo fue convocada para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien invalidó 7 artículos de la normatividad electoral que los diputados avalaron el 22 de agosto pasado.

El proyecto contó con el respaldo de las nuevas fracciones legislativas, incluidas el PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

Cabe recordar que Acción Nacional se había mostrado en contra de ampliar el plazo para reunir las firmas de respaldo a los independientes y dejarlo en 20 días, sin embargo el viernes finalmente se amplió a 30 días.

Recuerda Quezada coscorrón de la SCJN

La diputada y dirigente estatal del PRD, Socorro Quezada, lamentó que ya iniciado el proceso electoral en Puebla se corrijan los errores del Código Electoral de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que el mismo poder Legislativo aprobó el año pasado y por ello votó en contra.

“Y mi voto fue en contra de las modificaciones al Código Electoral del Estado de Puebla, debido a que tuvimos la oportunidad de hacer bien las cosas desde el principio y decidimos esperar a que la Suprema Corte nos corrigiera la plana. Y sobre todo porque el daño ya está hecho”, agregó.

Los cambios ordenados por la Corte

Con la nueva reforma, se dejará un periodo de 30 días para que los aspirantes a candidatos independientes recaben sus firmas de apoyo ciudadano –ya que anteriormente eran 20 días-, aunque sólo tendrán un plazo de 24 horas para que subsanen ante la autoridad electoral las irregularidades que se detecten.

Además, previo al registro de candidatos, los órganos internos de los partidos políticos contarán con 10 días para resolver los conflictos que se den durante el periodo de precampaña, aspecto que se establecerá en el artículo 200 Bis, Apartado B, fracción II, párrafos primero y segundo del Coipeep.

Se retira el requisito de la comparecencia personal de los ciudadanos que den su apoyo a los independientes, aspecto que los ministros advirtieron que era una “carga excesiva” y “transgredía” el derecho de los ciudadanos a ser votados.

Dicho aspecto se estableció en el artículo 201 Ter del Coipeep, por el cual se inconformaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron en agosto pasado.

Sobre el plazo para el periodo de precampaña, se permitirá que entre las actividades de promoción con los militantes de los partidos y el registro de los candidatos se dé 10 días para que se resuelvan las controversias partidistas.

La invalidación del artículo 200 Bis, Apartado B, fracción II, párrafos primero y segundo y la fracción IV del Coipeep, se generó porque el periodo de precampaña se fijó 10 días antes de la inscripción de candidatos, situación que no permitiría la resolución de juicios interpartidistas.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Sábado 9 de enero de 2016.

El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla ha reportado que en lo que va de este año se han registrado 67 feminicidios en Puebla

El Congreso de Puebla aprobó tipificar en el Código Penal del estado la “tentativa de feminicidio”, que se configurará cuando se compruebe que un hombre golpeó al menos en dos ocasiones de manera dolosa a una mujer.

Este delito, de acuerdo con la reforma aprobada, castigará con penas de 24 a 40 años de cárcel la “violencia reiterada” contra la mujer.

La iniciativa fue anunciada por el gobernador Rafael Moreno Valle el pasado 26 de noviembre durante la ceremonia del día internacional contra la violencia hacia la mujer, y presentada el 2 de diciembre.

La propuesta surge luego de que organizaciones y académicos denunciaron que se ha registrado un alza en el número de feminicidios en esta entidad.

Incluso, organizaciones como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) han reclamado que se decrete el protocolo Alba o la alerta de género en esta entidad ante el creciente número de homicidios en los que las víctimas son mujeres.

El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla ha reportado que en lo que va de este año se han registrado 67 feminicidios en Puebla aunque la Procuraduría estatal sólo tiene registrados 23 de 2011 a la fecha.

La institución académica asegura que el gobierno estatal tiene un subregistro de este tipo de homicidios para tratar de maquillar la situación de alerta que se vive en Puebla con respecto a este delito.

Al concluir este día el período ordinario de sesiones, los legisladores poblanos aprobaron el dictamen que emitieron las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia con el cual se adiciona el artículo 338 al Código Penal.

Dicho precepto señala que se presumirá tentativa de feminicidio cuando “las lesiones dolosas previstas en los artículos 306 fracción II y 307, ocasionadas a una mujer, tengan algún precedente de violencia familiar y otra lesiones respecto del mismo agresor”.

En julio pasado el Congreso del estado aprobó otra reforma al Código Penal para aumentar de 40 a 60 años las penas contra quien cometa un feminicidio.

El caso que desató las movilizaciones para alertar sobre esta problemática fue el de Paulina Camargo, la joven de 19 años de edad, que desapareció cuando tenía casi cinco meses de embarazo y se presume que fue asesinada por su novio.

Familiares y amigos de Paulina, así como organizaciones y activistas han diferido de la propuesta que hizo el gobernador para enfrentar la problemática de los feminicidios, pues consideran que la cifra no reducirá sólo al incrementarse la penalidad contra los agresores.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 15 de diciembre de 2015.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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