La residencia ocupa un terreno de 800 metros ubicado en San Andrés Cholula


El empresario Juan Antonio Biestro Medinilla, hermano del diputado local y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, construye una residencia de 800 metros en el fraccionamiento La Concepción Buenavista, de San Andrés Cholula.

El inmueble tiene el número de cuenta predial U-46543, se ubica en la esquina formada por la Calle Cuarta C Norte y la Primera C Poniente, a unos metros de la Calzada Zavaleta y Camino Real a Cholula.

La construcción se encuentra muy avanzada, prácticamente en etapa de acabados, sobre un terreno que en 2019 surgió de la fusión de dos lotes de 400 metros cada uno.

El metro cuadrado de terreno en La Concepción Buenavista tiene un valor comercial de 15 mil pesos, pero puede llegar hasta los 17 mil pesos dependiendo de la ubicación, mientras que el de construcción oscila entre 18 mil y 22 mil, de acuerdo con Mega Propiedades y Latitud Inmobiliaria, que ofertan casas y predios aledaños.

Esto significa que el valor comercial de la residencia del menor de los Biestro Medinilla rebasaría los 15 o 20 millones de pesos, una vez que esté concluida.

La casona de color beige con blanco es de dos plantas, cuenta con recepción, sala-comedor, cocina, tres recámaras, al menos tres baños, cochera con tres portones de madera, patio y cuarto de servicio.

La fachada está hecha de piedra, con ventanas de aluminio; en la cochera se emplearon acero y concreto, mientras que en la cocina se incluyeron mármol y granito. Los acabados son de madera, aluminio y acero, y la cancelería es de madera y cristal. Todo esto rodeado por una barda perimetral de al menos 3 metros de altura.

Vecino de empresarios, políticos y exfuncionarios

En el mismo fraccionamiento viven Héctor Sulaiman Safi, subsecretario de Ingresos de la desaparecida Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), así como Antonio Peniche García, secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes del estado, ambos funcionarios en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.

Aristeo Reyes Hernández, presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO), también habita en el fraccionamiento, igual que el empresario inmobiliario Fernando Ventosa Aguilera; Luis Gerardo Inman Peraldi, director del Consorcio Metalplástico y Édgar Hidalgo, hijo del notario Horacio Hidalgo Mendoza.

El ingreso al lugar es por la Calzada Zavaleta. En la entrada hay una caseta de guardias de seguridad privada, seguida de una calle amplia llamada Calzada La Concepción, que se encuentra flanqueada por árboles y arbustos de gran tamaño.

A 250 metros adelante se encuentra una rotonda de flores y plantas, donde confluyen dos bulevares: Concepción Norte y Sur.

A un lado de la rotonda se encuentra un parque extenso, con zona de juegos infantiles y cancha de fútbol, además de bancas y área para ejercitarse.

Todas las casas son grandes, cuentan con áreas verdes individuales y abundan las cámaras de seguridad. Algunas tienen en sus bardas malla ciclónica electrificada, además de que los guardias realizan rondines constantes.

Hasta diciembre del año pasado los condóminos pagaban 1,000 pesos mensuales por cuota de mantenimiento, pero desde enero el costo se elevó a 1,700 pesos.

Sospechan falta de permisos

Vecinos de la residencia de Biestro Medinilla se quejaron de las obras y aseguran que se realizaron sin permisos ni vigilancia del ayuntamiento de San Andrés Cholula. Funcionarios se negaron a aclarar si la construcción está en regla, argumentando que este medio nunca hizo una solicitud formal por escrito.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, que preside Moisés Coyotl Cuaya, no proporcionó información sobre el inmueble, aunque mediante entrevista telefónica ofreció hacerlo.

Inicialmente, el personal del ayuntamiento se comprometió a acudir al lugar para verificar lo denunciado por los colonos. Luego, no hubo respuesta cuando este medio preguntó sobre los hallazgos de la inspección y, tras insistir, se admitió que no se realizó la inspección y se prometió hacerla esta semana.

Sin embargo, extraoficialmente e-consulta pudo saber que la residencia sí contó con licencias y permisos de construcción pero que se vencieron en diciembre de 2019.

Socio en tres empresas

Juan Antonio Biestro Medinilla es socio en tres empresas: Sinapsis Benedetto, Grupo Il Piemonte y Proyectos Aria.

De acuerdo con información del Registro Público del Comercio (RPC), Sinapsis Benedetto se dedica a la venta de material médico y fue fundada en 2007, en Veracruz, en conjunto con Gabriel Biestro Medinilla y el padre de ambos, de nombre Juan Manuel.

Proyectos Aria S.A tiene sede en Puebla capital y se creó en mayo de 2018 por Juan Antonio, en asociación con otras personas ajenas a su familia.

Su objeto social es muy amplio, ya que el acta constitutiva publicada por la Secretaría de Economía señala que se dedica desde: "el arrendamiento de todo tipo de bienes muebles e inmuebles", hasta la presentación "de toda clase de servicios turísticos dentro y fuera de la República Mexicana".

Lo mismo ocurre con Grupo Il Piemonte, que fue fundada en 2018 y tiene sede en la Ciudad de México.

Interrumpen sesión del Congreso con reportaje de e-consulta

La sesión virtual del Congreso de Puebla fue interrumpida porque se transmitió parte del reportaje de e-consulta sobre la casa que construye el hermano del diputado Gabriel Biestro Medinilla en San Andrés Cholula.

Al iniciar este miércoles el debate para reformar el Código Penal del estado, comenzó a escucharse el video sobre el material periodístico, pero no se aclaró si fue un error técnico, una intervención externa o si algún diputado lo puso intencionadamente.

Al escucharse el reportaje se generó confusión entre los diputados y la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia (del PAN), solo pidió a sus compañeros silenciar sus micrófonos.

La vicepresidenta, Vianey García Romero (de Morena), atribuyó la interrupción directamente a Héctor Alonso Granados (de MC) y le exigió respetar la sesión.

La legisladora del distrito de Huejotzingo reclamó que el acto buscaba “denostar” a Biestro Medinilla, pues recordó que Alonso Granados es uno de sus principales críticos.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) no respondió a los señalamientos y tampoco se deslindó de la interrupción, pues tras unos segundos se pausó el reportaje y se continuó con la sesión.

Este día e-consulta publicó que el empresario Juan Antonio Biestro Medinilla, hermano de Gabriel Biestro Medinilla, presidente del Congreso local, construye una residencia de 800 metros en el fraccionamiento La Concepción Buenavista, de San Andrés Cholula.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Miércoles 20 de mayo de 2020.


Diputados de Juntos Haremos Historia se negaron a realizar foros para analizar la ley e invitar a representantes de escuelas a debatirla


Pese al rechazo del Consorcio Universitario y partidos de oposición, diputados de Juntos Haremos Historia aprobaron la nueva Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, tan solo tres días después de que fue enviada al Congreso del estado.

La Comisión de Educación aprobó este jueves la iniciativa del mandatario de Morena sin tomar en cuenta a la BUAP, la UPAEP, la UDLAP, la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac y la Universidad Madero, que advirtieron que la nueva legislación es abusiva e incluso ilegal, ya que impone una sobre regulación e invade la auto gestión a la que tienen derecho las instituciones privadas.

Sin representantes de escuelas, sindicatos o asociaciones de paterfamilias, la norma se avaló en una sesión por internet para que sea ratificada el viernes en el pleno, donde bastará el voto de la mayoría de los 41 diputados para que se valide.

Con seis votos a favor de Morena, PT y de los diputados sin partido y una abstención del priista Javier Casique Zárate, el dictamen se avaló en tres horas y media sin dar lugar a los cambios sugeridos por la oposición.

De las 32 propuestas reformatorias hechas por el PAN y el PRI, solo se admitió una del panista Oswaldo Jiménez López y el resto se rechazaron, algunas incluso sin debate de por medio.

El presidente de la comisión, Hugo Alejo Domínguez (diputado sin partido); el secretario, Valentín Medel Hernández (PT); así como los vocales Jonathan Collantes Cabañas (sin partido); Cristina Tello Rosas, Olga Lucía Romero Garci Crespo y Bárbara Morán Añorve (las tres de Morena), se impusieron en la votación para dejar casi intacto el proyecto de ley enviado por el gobernador.

Aunque el perredista Armando García Avendaño; la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia; José Juan Espinosa Torres (del PT); Jiménez López y Casique Zárate demandaron postergar la votación hasta después de realizar foros con la participación de especialistas y el sector privado, los diputados afines a Barbosa Huerta se negaron.

Con la nueva ley se ordenará a las universidades públicas, como la BUAP, a ceder a la fiscalización que decida practicarles la Auditoría Superior del Estado (ASE), además de que la Secretaría de Educación tendrá facultad de tener injerencia en las cuotas de escuelas privadas.

El artículo 121 señalar que el gobernador propondrá la asignación de recursos para cada uno de los niveles de educación a cargo del estado, pero advierte que las universidades públicas deberán cooperar en su fiscalización y, si hay alguna anomalía, se fincarán responsabilidades.

“Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo. En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan”, sentencia.

El artículo 146 faculta a la Secretaría de Educación del estado para tener injerencia en las cuotas de las instituciones privadas, pues señala que, a petición de los propios alumnos o tutores, la dependencia podrá investigar si los cobros son excesivos o injustificados.

“Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”.

Bienes pasan a sistema estatal

Los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas ahora serán parte del Sistema Educativo Estatal, pero no se precisó el nivel de injerencia que tendrá la Secretaría de Educación sobre ellos.

Aunque el Consorcio Universitario, el PRI y el PAN exigieron aclarar lo que esto conlleva o eliminar de plano esta disposición, no se cambió ni una coma al artículo 105 y quedó como originalmente se propuso: “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

Regularán nombres, colores ya no

El dictamen aprobado también faculta a la Secretaría de Educación para regular los nombres de todas las escuelas del sistema, incluidas las particulares pues, como se mencionó, son parte de dicho sistema.

"Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial”, advierte el artículo 112.

Lo que sí se excluyó de la ley es la regulación de colores de escuelas públicas, ya que al principio se pretendía hacer obligatorio el uso de colores "neutros" y ahora será opcional.

"Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán que los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo ofertado en los planteles públicos del sistema educativo estatal (así con minúsculas), serán de color neutro", indica el mismo 112.

Prohíben retener documentos

La norma también prohíbe a las escuelas privadas la retención de documentos personales o académicos por falta de pago, así como el condicionamiento de inscripciones o servicios por la compra de uniformes o contratación de actividades extraescolares.

“En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de las y los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos”, sentencia el artículo 142.

En el mismo se enfatiza: “la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Las y los educandos, las madres y padres de familia, tutoras o tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia”.

Recortan multas

Las multas que se aplicarían a las escuelas particulares por violar la Ley de Educación se recortaron a petición de Alejo Domínguez, ya que Barbosa Huerta contemplaba sanciones de hasta 2 millones 606 mil 400 pesos.

Por unanimidad la comisión aprobó que el artículo 148 establezca un máximo de 868 mil 800 pesos, aunque se conservó también la sanción de revocación de permiso y clausura de las escuelas que reincidan en anomalías.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Jueves 14 de mayo de 2020.



El PAN y el PRI reprobaron las reformas para reducir regidores, extender jurisdicción del gobierno en municipios y para controlar órganos internos de entes autónomos


El PAN y el PRI criticaron que las recientes reformas promovidas por diputados de Juntos Haremos Historia y el gobernador Miguel Barbosa Huerta son "ocurrencias" y resultan oportunistas en medio de la cuarentena por Covid-19.

Las dirigencias de ambos partidos denunciaron este lunes que los legisladores han aprovechado la contingencia para impulsar medidas abusivas e incluso inconstitucionales.

En rueda de prensa la presidenta panista, Genoveva Huerta Villegas, consideró que es una ocurrencia intentar reducir regidores en Puebla, Tehuacán y los municipios con menos de 60 mil habitantes.

Esto en referencia a la iniciativa del diputado Fernando Sánchez Sasia (de Morena), que pretende modificar la Constitución Política del estado, la Ley Orgánica Municipal y el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (Coipep).

A la vez vio como un exceso la reforma con la que Barbosa Huerta busca ampliar la jurisdicción del gobierno del estado en territorio municipal, para tener 300 metros de cada lado de las carreteras estatales, con el fin de encargarse de la regulación de los anuncios publicitarios.

PRI exige no legislar al vapor

El dirigente estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez, exigió al Congreso no legislar por consigna y analizar bien la legalidad de cada propuesta.

En rueda de prensa por separado advirtió que las dos iniciativas mencionadas tocan la esfera constitucional y exigió que no se vulnere la autonomía de los municipios.

Recordó que existe otra iniciativa de Morena que busca que el Congreso del estado controle los órganos internos de entes autónomos, como el TEEP y el IEE, por lo que denunció que los legisladores buscan aprovechar la pandemia para someter a las instituciones.

La reforma a la que aludió es promovida por la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo y busca que los diputados tengan subordinados a los órganos del Tribunal Electoral del Estado (TEEP); del Instituto Electoral del Estado (IEE); de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipue).

Reclaman estrategia contra Covid

Huerta Villegas y Zúñiga Martínez coincidieron también en que ha fracasado la estrategia del gobierno del estado para enfrentar el Covid-19.

Reclamaron que no se realizan pruebas de detección suficientes, que continúa desabasto de insumos médicos, que aún se minimiza la pandemia y que las decisiones no se estudian y solo se improvisan, como la aplicación del programa "hoy no circula", el cual consideraron inútil para prevenir contagios.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Martes 12 de mayo de 2020.


Diputados revisarán propuesta para penalizar “fake news” en Puebla


El presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, anunció que revisarán la propuesta de penalizar las “fake news” (noticias falsas), luego de que fuera criticada por organizaciones de defensa de derechos humanos y de periodistas al considerar que podría ser usada como una “ley mordaza”.

El legislador morenista, quien junto con la diputada Nora Merino Escamilla presentó la iniciativa para modificar el artículo 165 del Código Penal del Estado, rechazó que la iniciativa se vaya a someter a aprobación en comisiones como se había anunciado y aceptó que se someta al análisis y consulta de especialistas y organizaciones.

“Si sienten que se está amenazando la libertad, nosotros no queremos eso y lo podemos platicar, lo podemos reformar, vamos a ver qué se hace”, expresó al insistir en que no existe intención de censurar a los medios poblanos.

La propuesta legislativa contempla penas de dos a doce años de cárcel y multas de 200 días de salario a quien haciendo uso de cualquier medio de comunicación difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas.

“(A quien) difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado”, señalaba la iniciativa.

Tanto la Red Puebla de Periodistas (RPP) como la organización Article 19 y Comunicación e Información de la Mujer A.C.(CIMAC) alertaron ayer que esto podría convertirse en legalización de la censura.

Article 19 calificó la iniciativa como “sumamente grave” porque por un lado exime al estado de su responsabilidad de brindar información veraz y eficiente, y por el otro establece responsabilidades y medidas punitivas desproporcionadas.

“Constituiría una norma ilegítima, innecesaria y desproporcional, conforme al test previsto en los estándares internacionales, para el establecimiento de restricciones a la libertad de expresión e información”, puntualizó.

Agregó que esta organización ha documentado una serie de agresiones contra periodistas quienes han sido críticos con el gobierno de Puebla. A la vez que recordó que el mismo gobernador Miguel Barbosa ha emitido declaraciones sobre inmunidad y curas contra el covid-19 “las cuales desinforman y ponen en riesgo a la población”.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 1 de mayo de 2020.


Huele a autoritarismo idea de regular fake news: AMLO


La Red Puebla de Periodistas advirtió que la reforma que se analiza en el Congreso del estado para sancionar hasta con 12 años de cárcel a quien divulgue fake news en tiempos de crisis, podría derivar en violaciones a la libertad de expresión.

En un posicionamiento, los activistas señalaron que está incompleta la reforma al artículo 165 del Código Penal del Estado de Puebla propuesta por los legisladores Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla.

Algunos de los faltantes, detallan, son las definiciones de conceptos como información falsa, descrédito y contradicción, que podrían prestarse a interpretaciones erróneas de la ley con fines de censura.

"Al no existir una definición clara de los dos términos es posible que, en una interpretación errónea de los mismos, se genere censura en contra de quienes no compartan o cuestionen la eficacia y eficiencia de las políticas y acciones puestas en marcha por cualquier nivel de gobierno, impidiendo o sancionando la difusión de sus propias opiniones", advierten.

Red Periodistas Pue
@Periodistas_Pue
Pedimos al @CongresoPue que la iniciativa presentada por @NoraMEscamilla y @Biestro sobre sancionar las "noticias falsas" sea estudiada a fondo, porque podría utilizarse para censurar a medios o periodistas. @CNDH @SCJN

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9:00 - 29 abr. 2020
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Un riesgo más que advierten en la aprobación de esta reforma, agregaron, es que la propia diputada Merino Escamilla ha declarado que podrían dictaminarla en la próxima semana.

Esto, en tiempos de aislamiento de Covid-19 en que el Congreso sesiona de manera distinta y sin la oportunidad de dar apertura a las aportaciones de especialistas y organizaciones sociales.

"Ante ello, es importante citar que es obligación de las y los diputados garantizar la Libertad de Expresión y un proceso legislativo abierto a la sociedad, por lo que sería un error que la reforma se aprobara sin un análisis a fondo y en un plazo que impida escuchar la opinión de especialistas", comentaron.

Dentro de la red, se agregó, están conscientes de la importancia de trabajar para mitigar las fake news, pero consideran que esto se debe de hacer con participación de la sociedad y tomando en cuenta posicionamientos internacionales al respecto.

La "propuesta" con destinatarios

La propuesta pretende que se castigue hasta con 12 de cárcel y multa de 17 mil 376 pesos a quien difunda información falsa en medios de comunicación o redes sociales durante una crisis sanitaria.

En la actualidad las penas solo van dirigidas a los integrantes de medios de comunicación, así que la propuesta es que también involucren a los ciudadanos en general.

El artículo 165 del Código Penal que se encuentra vigente advierte: “se aplicarán prisión de dos a doce años y multa hasta de doscientos días de salario, a quien haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.

La iniciativa busca agregar un segundo párrafo que diga: “la misma sanción se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado”.


Huele a autoritarismo idea de regular fake news: AMLO


En el ámbito local, el gobernador se dijo respetuoso de ese tipo de iniciativas
Por Patricia Méndez | Miércoles, Abril 29, 2020 |

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra de las reformas legislativas para evitar la difusión de noticias falsas, al señalar que limitar los contenidos informativos es una acción que “huele a autoritarismo”.

El mandatario dio su punto de vista en conferencia de prensa este miércoles, en la que fue cuestionado sobre la propuesta de una asociación civil para normar a los medios de comunicación y combatir la “industria de la desinformación”.

Hay que recordar que en Puebla, los diputados Nora Yéssica Merino Escamilla y Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, integrantes del PES y de Morena, impulsan una reforma al artículo 165 del Código Penal del estado para evitar a difusión de noticias falsas, la cual es criticada por agrupaciones civiles y organismos civiles que protegen la libertad de expresión.

Cuestionado sobre la iniciativa de los legisladores poblanos, el gobernador Luis Miguel Barbosa, se dijo respetuoso de la misma y señaló que no opinaría en contra de sus correligionarios.

“No hace falta”, dice AMLO

López Obrador expuso que sí abundan las noticias falsas o “fake news” en las redes sociales y que algunas son propiciadas por los medios de comunicación, pero indicó que tratar de regular los contenidos no es conveniente, pues se podría limitar la libertad de expresión.


“… que no haya noticias falsas, por ejemplo, en las redes, porque hay muchas noticias falsas, que se controle para que no haya boots, que en los periódicos no se calumnie, que no se aplique la máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha, tizna, no, que todo eso desaparezca, no, eso huele a autoritarismo, no hace falta”, expuso al hablar del tema de forma general, sin particularizar en el caso de Puebla.

e-consulta
Laura Ruiz
Puebla, México
Miércoles 29 de abril de 2020.


Considera que, de aprobarse, constituiría una norma ilegítima, innecesaria y desproporcional


La organización ARTICLE 19 rechazó y expresó su preocupación por la iniciativa de reforma del Código Penal del Estado de Puebla en la cual se busca adicionar un segundo párrafo al artículo 165. Esto con el objetivo de penalizar a todo aquel que difunda o comparta información falsa en plataformas digitales o medios de comunicación.

La propuesta fue presentada por la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, integrante del Partido Encuentro Social, y el diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, coordinador del grupo legislativo de Morena.

El texto propuesto añade que la sanción -de dos a seis años de cárcel y multa de hasta 200 salarios mínimos- se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descredito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado.

En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que la difusión de noticias falsas que generen alarma o terror en la población tiene como objetivo perturbar la paz social. Posteriormente indica hemos sido testigos como personas irresponsables, algunos profesionales de la comunicación, pero otros muchos que solo aprovechan la situación, han difundido información falsa a través de los medios de comunicación tradicionales, plataformas digitales y redes sociales, que pone en riesgo la salud de las y los ciudadanos poblanos.

La iniciativa, en caso de aprobarse, constituiría una norma ilegítima, innecesaria y desproporcional, conforme al test previsto en los estándares internacionales, para el establecimiento de restricciones a la libertad de expresión e información.

La iniciativa estigmatiza y criminaliza a la prensa

Respecto a su contenido, el texto presentado conlleva una carga estigmatizante en contra del medio periodístico. Este infiere a priori que existe una intencionalidad de perturbar la paz social por parte de personas comunicadoras y periodistas. De la misma forma, establece conceptos ambiguos que posibilitaría imputaciones indiscriminadas y arbitrarias, al invocar elementos tales como “paz pública”, “menoscabo a la autoridad”, “miedo, temor o confusión en la población”.

Asimismo, cualquier persona que transmita o replique información que la autoridad califique como “falsa”, también podría ser imputada por tal motivo.

Al respecto, en la Declaración Conjunta Sobre Libertad De Expresión Y «Noticias Falsas» («Fake News»), Desinformación Y Propaganda, se estableció que Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» («fake news») o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión.

La crítica, el descrédito o contradicción a las autoridades no debe ser penalizado

De particular preocupación para ARTICLE 19 es la adición de la penalización a quien provoque descredito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado. Esta adición es contraria a las normas nacionales y estándares internacionales sobre libertad de expresión.

Esta iniciativa es sumamente grave, pues por un lado exime al estado de su responsabilidad de brindar información veraz y eficiente, y por el otro establece responsabilidades y medidas punitivas desproporcionadas. ARTICLE 19 ha documentado una serie de agresiones contra periodistas quienes han sido críticos con el gobierno de Puebla. El mismo gobernador del estado ha emitido declaraciones sobre inmunidad y curas contra el COVID-19 las cuales desinforman y ponen en riesgo a la población.

Desinformación y libertad de expresión

ARTICLE 19 reconoce la necesidad de disminuir la desinformación, sin embargo, la modificación del código penal contraviene derechos humanos y podría incentivar la censura previa. El carácter punitivo de la propuesta muestra la ausencia de una visión preventiva que haga frente a la desinformación.

Tal como lo han referido los Relatores sobre libertad de expresión de la CIDH y ONU frente a la actual pandemia: Cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión.

Asimismo, recuerda que el periodismo independiente, los reportes de la ciudadanía, el discurso público abierto y el libre flujo de información son indispensables en el esfuerzo global para proteger la salud pública y contrarrestar la pandemia de COVID-19.

Finalmente, ARTICLE 19 hace un llamado a los integrantes de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, en particular a la diputada Nora Yessica Merino y al diputado Gabriel Juan Manuel Biestro a retirar esta iniciativa con el fin de proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Miércoles 29 de abril de 2020.


Diputados defienden de encuestas a Barbosa y piden “confiar” en él


Mediciones ponen al gobernador de Puebla como el peor gobernador del país.


Por las encuestas que ponen a Miguel Barbosa Huerta como el peor gobernador del país ante la crisis por Covid-19, diputados de Juntos Haremos Historia salieron en defensa del mandatario de Puebla y pidieron “confiar” en su gobierno.

En un video promovido en redes sociales, los legisladores de Morena, PT y PES aseguran que la administración estatal cuenta con una estrategia para enfrentar a la contingencia, al igual que el gobierno federal.

Con la frase “yo confío”, piden a la ciudadanía no dejarse llevar por las críticas a las gestiones morenistas, con el argumento de que estas vienen de “oportunistas” que buscan sacar provecho político en medio de la tragedia.

“Sabemos que algunos políticos oportunistas quieren lucrar políticamente con esta tragedia en Puebla y en nuestro país. Le apuestan a que le vaya mal a nuestro presidente y a nuestro gobernador. Esto lo hacen sin detenerse, a pesar de que nos afectaría como pueblo, como estado y como país, porque sólo les importan sus propios intereses”, señalan en el mensaje.

Ante la mala aprobación de Barbosa Huerta y críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados ruegan no perder “la esperanza y la calma”, pues presumen que por primera vez existen gobiernos honestos.

“No hay que perder la esperanza y la calma, pues es la primera vez que México y Puebla tienen gobiernos honestos, es la primera vez en que un gobierno y sus altos funcionarios no se van a robar el dinero de los medicamentos, de los insumos, de los materiales, de los doctores y las enfermeras”.

Incluso se jactan de que por primera vez “hay gobiernos que se preocupan primero por los que menos tienen y buscan protegerlos”.

Respaldan a Barbosa ante mala evaluación

Por ello aseguran que Barbosa Huerta tiene su “voto de confianza” y respaldo en las medidas que tome para enfrentar el Covid-19, pese a que las encuestas de diferentes consultores reprueban su gestión.

Bajo la promesa de que no se va a endeudar al estado y no se van a aumentar impuestos, convocan a creer en el gobierno estatal y no alarmarse ante las repercusiones del futuro.

“Le damos el voto de confianza al presidente López Obrador y al gobernador Barbosa, porque no nos van a endeudar, no van a aumentar impuestos y están invirtiendo como nunca en salud y bienestar y no dejarán a la gente en la indefensión”, presumen.

Barbosa, entre los peores en encuestas

El video de los diputados fue lanzado luego de que las encuestas de Mitofsky, Arias Consultores y México Elige, publicadas esta semana, ponen a Barbosa Huerta entre los peores gobernadores del país.

En el ranking de México Elige es el peor gobernador para enfrentar el Covid-19, mientras que su gobierno en general es el tercer peor evaluado.

Arias Consultores lo ubicó como el peor gobernador del país, mientras que Mitofsky lo consideró el octavo más malo.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Miércoles 8 de abril de 2020.


Ahora por ley, Congreso dará prioridad a reformas del gobernador

La oposición en el Congreso negó la aprobación de las sesiones y advirtió que el trámite es ilegal


Diputados advirtieron de un “albazo” en el Congreso del estado luego de que Morena anunció que se aprobó realizar sesiones por internet, sin una reforma, un acuerdo o un aviso de por medio.

El presidente del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, aseguró en su cuenta de Twitter que se avaló sesionar en línea para no paralizar el trabajo durante la contingencia por Covid-19.

La noche del jueves publicó una imagen que dice: “a partir de hoy, en el Congreso del estado realizamos sesiones en línea para evitar frenar actividades legislativas”.

A esa imagen la acompañó del siguiente texto: “con el fin de no parar las actividades legislativas, los diputados del @CongresoPue aprobamos realizar sesiones en línea”.

Esto provocó los reclamos de la oposición, pues denunciaron que no existe una reforma o un acuerdo mediante el cual se haya aprobado el formato de sesiones por internet como afirmó el coordinador de la fracción de Morena.

Diputados desmienten aprobación

El panista Oswaldo Jiménez López aclaró que su grupo no está en contra de las sesiones en línea, sino de que la supuesta aprobación se dio en opacidad, pues ningún diputado ajeno a la coalición Juntos Haremos Historia sabe cómo se aprobó esta modalidad.

“Claro que no podemos parar, pero lo hicieron mal, se adelantaron, hay que hacer las cosas bien. Nuestro objetivo no es que se paralice el Congreso, sólo pedimos que se haga en orden”, refirió en rueda de prensa virtual.

El panista respondió en la noche a Biestro Medinilla, pero hasta el mediodía de este viernes no había tenido respuesta.

“Ah sí??? ¿Quiénes lo aprobaron? ¿En qué sesión? ¿Con cuántos votos? ¿Con base en qué documento? ¡Claro que hay que usar la tecnología, pero por una vez en la vida HÁGANLO BIEN!!! No como siempre lo haces, como el Borras, mal hecho, al aventón. ¡Seriedad Gabriel, por favor!”, exigió a través de Twitter.

Lo mismo Carlos Morales Álvarez, de Movimiento Ciudadano (MC), quien advirtió que por ahora es ilegal sesionar por internet y no existe un acuerdo para usar este método.

“Independientemente de que aún no es legal sesionar en línea, tampoco existe ningún acuerdo por parte de la Jucopo o de la Comisión Permanente, también recordar que nosotros presentamos la reforma para que las sesiones sean en línea y aún no se aprueba, hay que apegarnos a la ley”, escribió en Twitter al morenista y tampoco ha tenido respuesta.

Rechazan acuerdo PRI y Mesa Directiva

Por la bancada del PRI, el coordinador Nibardo Hernández Sánchez también negó que exista un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) para las sesiones virtuales y coincidió en que sería ilegal si existiera uno aprobado sin en el aval de todas las bancadas.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia (del PAN), aseguró que por este órgano legislativo tampoco pasó ningún acuerdo, así que puso en duda la legalidad de lo anunciado por el morenista.

Para explicar la situación se buscó a Biestro Medinilla y prometió realizar una rueda de prensa virtual en la mañana, pero ya no la concretó.

El pleito por las sesiones en internet se derivó de la que realizó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el jueves, donde el PAN y el PRI exigían que no se realizara porque sería ilegal, ya que no existe una regulación específica.

Diputados de Morena, PVEM y PES aseguraron que la Ley Orgánica del Congreso permite la celebración de sesiones por medios electrónicos, por lo que aprobaron un punto de acuerdo para solicitar a las demás comisiones que sesionen por internet.

Para que surta efectos, el exhorto tendría que ser admitido por la Mesa Directiva y la Jucopo, para que posteriormente se apruebe.


Ahora por ley, Congreso dará prioridad a reformas del gobernador

Una reforma permitiría al mandatario presentar iniciativas con carácter prioritario


En el Congreso de Puebla se pretende reformar la Constitución del estado para dar prioridad a las iniciativas del gobernador y que se aprueben de forma rápida.

Se busca dar al mandatario el derecho de presentar una iniciativa al iniciar cada uno de los tres periodos ordinarios de sesiones que hay en el año, para que sus propuestas tengan preferencia por encima de las que promuevan los diputados.

En la práctica, históricamente el Congreso local ha dado prioridad a las reformas de los gobernadores, así que ahora se busca oficializarlo en la ley.

La propuesta permitiría al gobernador presentar iniciativas nuevas con carácter prioritario, o indicar cuál quiere que se apruebe de las que haya presentado anteriormente y sigan en análisis de los legisladores.

La reforma además pretende obligar a los diputados a que la iniciativa seleccionada sea aprobada antes de que termine el periodo en cuestión.

Para concretar esto se plena modificar el artículo 63 la Constitución, mediante la adición de un párrafo que diga:

“Al comienzo de cada periodo ordinario de sesiones, conforme a esta Constitución, el Gobernador del Estado podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, o señalar con tal carácter una que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando esté en trámite para su análisis y dictamen correspondiente. El dictamen producto de la iniciativa respectiva, deberá ser discutido y votado por el Pleno del Congreso a más tardar en la última sesión del periodo en que fue presentada”.

Cada año el Congreso del estado tiene tres periodos ordinarios: el primero, del 15 de enero al 14 de marzo; el segundo, del 15 de mayo al 14 de julio y, el tercero, del 15 de septiembre, al 14 de diciembre.

Restringirán reformas constitucionales

La única restricción que contempla el proyecto de ley, es que el gobernador no podrá seleccionar como prioritarias a las reformas constitucionales.

Con esto se pretende evitar que se modifique la Constitución sin un análisis profundo previo.

La disposición se incluiría en el mismo artículo 63, en otro párrafo que diría: “no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución”.

Esta iniciativa es impulsada por el expanista y ahora diputado sin partido Hugo Alejo Domínguez, quien se ha vuelto afín al gobernador Miguel Barbosa Huerta tras abandonar la fracción del PAN el año pasado.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Viernes 03 de abril de 2020.


La nueva reforma electoral permite relección consecutiva a diputados locales y federales y a senadores


Los diputados locales y federales de Puebla podrán permanecer en el cargo hasta 2030 tras reglamentarse la reelección consecutiva en la Cámara de Diputados.

En plena crisis por el virus Covid—19 los diputados federales aprobaron los lineamientos que permitirán a los actuales legisladores repetir en el puesto hasta tres veces.

Esto significa que al terminar el periodo 2018-2021, los diputados podrían postularse sin ningún problema para los periodos 2021-2024, 2024-2027 y 2027-2030. Los senadores podrán reelegirse dos periodos, es decir, los de 2024-2030 y 2030-2036.

Con esta medida se verán beneficiados los 41 diputados locales, los 22 federales y los tres senadores que al día de hoy representan a Puebla.

La reelección continua fue avalada el miércoles en la Cámara de Diputados con el voto de 15 legisladores federales poblanos, todos de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), ya que los del PAN y PRI no acudieron a la sesión y Maiella Gómez Maldonado, única representante de MC, votó en contra.

Las reformas aprobadas

Para reglamentar la reelección continua se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante la modificación y adición de varios artículos.

Uno de ellos es el 238, que en su inciso “g” de la fracción I establece los requisitos para los candidatos y ahora permitirá la reelección aunque se compita por partidos diferentes al que se representó en la legislatura anterior.

“Las legisladoras y los legisladores del Congreso de la Unión y de los Congresos de las Entidades Federativas que busquen elegirse para un periodo consecutivo en el mismo cargo, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en forma consecutiva en ese cargo, el partido o coalición por el que fue electo, en caso de tratarse de un partido diferente constancia que demuestre cuando concluyó la militancia de ese partido y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución”.

Los límites a los que alude el texto se encuentran en el artículo 116 de la Constitución Mexicana, que dicta:

“Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.

El artículo constitucional fue aprobado desde 2014, pero no se había podido utilizar debido a la falta de leyes secundarias, mismas que fueron aprobadas el miércoles.

Beneficia a legislaturas vigentes

Por esta razón es que los beneficiados con la reelección consecutiva son los miembros de las legislaturas vigentes, pues serán los primeros que podrán hacer uso de ella en los comicios de 2021.

En el caso de los diputados federales y senadores, incluso podrán hacer campaña para su reelección sin dejar el cargo.

Tras aprobarse los lineamientos en la Cámara de Diputados, el dictamen se envió al Senado para que sea ratificado y las reformas entren en vigor luego de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

e-consulta
Héctor Llorame
Sabado 21 de marzo de 2020.


Congreso de Puebla defiende nombramiento de fiscal ligado a García Luna


El líder del Congreso local, Gabriel Biestro, defendió el nombramiento de Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del estado (FGE), pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sería investigado por su cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por su presunta protección al cártel de Sinaloa.

“Nosotros tenemos la confianza de que tomamos la decisión correcta. Confío en que todo va a salir bien”, expresó el diputado de Morena sobre el exprocurador de Sinaloa, quien el pasado 26 de febrero fue designado fiscal, con 38 votos a favor de los 41 legisladores que conforman el Congreso poblano.

Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrador dijo que había encargado al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, que investigara a los excolaboradores de García Luna que continúan trabajando para la administración actual.

En respuesta a una reportera que lo cuestionó por el nombramiento de Alfredo Higuera Bernal al frente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la ratificación del hermano de éste, Gilberto, como fiscal general en Puebla, el Ejecutivo federal declaró:

“Lo peor que puede haber es la impunidad. Imagínense que los encargados de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad, el que no haya violencia, estén involucrados con las bandas de la delincuencia… No, eso lo tenemos que cuidar”.

No se trata de cometer injusticias, sino de revisar “quiénes estuvieron cerca y se presume fueron cómplices o guardaron silencio o fueron subordinados”, puntualizó.

Gilberto Higuera Bernal fungió como coordinador jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en los seis años en que García Luna estuvo al frente de la dependencia. Y existen versiones periodísticas que señalan que el excolaborador de Felipe Calderón Hinojosa recomendó a Higuera Bernal con el fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle.

García Luna también habría recomendado otros nombramientos que hizo Moreno Valle en el área de seguridad del estado, entre ellos Facundo Rosas Rosas y Ardelio Vargas Fosado.

Cuestionado sobre esa posible investigación contra Higuera Bernal, el líder del Congreso local consideró que no es necesario que el recién nombrado fiscal se separe del cargo mientras se revisa su caso.

El nombramiento del fiscal fue respaldado por los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, así como por los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

La elección de Bernal Higuera estuvo rodeada de protestas, principalmente de familiares de víctimas de desapariciones y feminicidios que lo acusaron de omisión, negligencia y hasta complicidad con los delincuentes.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 11 de marzo de 2020.

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