Es ofensivo el dispendio de recursos económicos con el que se maneja Antonio Gali, desplazándose en helicóptero, con vehículos blindados, personal y comilonas diarias con chefs y meseros, mientras la pobreza social se agudiza día con día.

Este miércoles, la bancada de Morena en el Congreso local presentó la Ley de Austeridad Republicada para el Estado de Puebla a los que deberán sujetarse los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a quienes propuso que ningún servidor público gane más de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) propuesta por el Inegi.

Es decir, si la UMA actualmente tiene un valor de 80 pesos con 60 centavos, esto significa que nadie podrá obtener más de 2 mil 15 pesos al día por salario.

El proyecto de Ley también plantea que ningún servidor público de primer nivel podrá ganar 10 veces más que otro compañero de trabajo.

La propuesta presentada por el presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, fue turnado para su análisis a las comisiones de Gobernación, Hacienda y Presupuesto.

Con ello, resumió, se busca quitar privilegios y altos salarios a funcionarios de primer nivel, y deberá sujetarse no solo el Poder Legislativo, sino también Ejecutivo y Judicial.

Argumentó que se regulará el pago de viáticos y propaganda oficial, habrá transparencia en el manejo de los recursos públicos, y se prohibirá la creación de fondos que históricamente han sido usados para ocultar el erario.

En tribuna, destacó que la Ley de Austeridad es integral y no es con dedicatoria a ningún poder, pues los tres deberán integrarse para lograr la Cuarta Transformación en México que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Argumentó que López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México humanizó el ejercicio del gasto público, y en 2013 impulsó la primera legislación en la materia.

Esta medida de austeridad -dijo-  impactó y generó en beneficio un cambio de estilo de vida de habitantes y visitantes en la capital del país.

En respuesta a compromisos de campaña, Gabriel Biestro comentó que la Cámara de Diputados aprobó usos y destino de recursos de las entidades de orden federal, entre los que obliga a los funcionarios de los estados a vivir en la justa medianía de lo que se requiere para honorificar la función pública.

“La iniciativa no exime a ningún organismo del estado para su observancia y cumplimiento; no habrá más inmuebles de lujo para secretarios o miembros del gabinete a costo del erario”, advirtió.

Asimismo, propuso que los ahorros se calcularán con base a los índices del Coneval, para acabar con medidas de asistencialismo y comenzar un desarrollo eficiente para acabar con la pobreza que daña a Puebla.

Esta medida refirió que permitirá la reasignación de recursos obtenidos, a fin de que la Secretaría de Finanzas de estado deje de desviar recursos que son etiquetados para propósitos distintos.

Gabriel Biestro manifestó que existirán reglas claras que restrinjan adquisiciones innecesarias, con el objetivo que los servidores públicos puedan laborar con lo dispensable para su funcionamiento.

La Jornada de Oriente
Yadira Llaven Anzures
Ciudad de Puebla, Mex.
Miércoles 10 de octubre de 2018.


Se suma el PRI a reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública


Las reformas facultarían al Congreso para elaborar un registro de los proyectos y se obligarían a transparentar la información


Reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública, crear un registro único que señale la afectación de los recursos y transparentar la información de este tipo de mecanismos financieros, es parte la propuesta presentada por las bancadas de Morena y PT en el Congreso de Puebla.

El proyecto presentado por la diputada Olga Lucía García Romero Garci-Crespo enlista reformas y derogaciones de diversos artículos de las Leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En la tribuna, la diputa de Morena detalló que la intención es reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública tal como lo refiere a nivel federal en la Ley de Disciplina Financiera, pero que en Puebla se optó por aplicar el modelo sin reconocer la afectación a las finanzas del estado.

La legisladora recordó que la implementación de los PPS -figura con la que el sexenio de Rafael Moreno Valle se concretó el CIS, las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco- se logró en 2011 con la aprobación de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, la cual de manera “incipiente” regula la relación público-privada y dio facultades discrecionales al Ejecutivo para concretar obras bajo este régimen.

La morenista precisó que uno de los primeros cambios es que se reconocería que los PPS representan un compromiso financiero, tal como lo sugiere en la fracción VII del artículo 2 de la Ley de Deuda Pública: “cualquier pasivo contratado por los entes públicos; sean obligaciones o financiamientos”.

También faculta al Congreso del Estado a tener un registro único que transparenten las obligaciones contraídas, su objeto, plazo, las partes que intervienen, el monto y el contrato, tal como lo propone el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

Otro de los puntos que considera la iniciativa, es la incorporación del concepto de ingresos a libre disposición, el cual incluye los recursos federales y estatales que no son etiquetados para un fin específico, y de esta manera se limite al Ejecutivo para afectar las finanzas del estado, por lo que deberá de obtener el voto de dos terceras partes del Congreso.

“Toda afectación de recursos públicos sea en numerario o bienes inmuebles deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. El ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal”, se plantea en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

En cuanto a la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa propone que los sujetos obligados publiquen los compromisos adquiridos bajo los PPS, al precisar en la fracción XXII del artículo 77 que: “La información relativa a la deuda pública, a las Asociaciones Público Privadas y a los Proyectos Públicos de Servicios en términos de la normatividad aplicable”.

Se suma el PRI a reconocer como deuda los PPS de Moreno Valle

La coordinadora de la bancada tricolor reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar

El PRI está a favor de reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en Puebla como deuda pública, precisó la diputada Rocío García Olmedo, aunque la reforma propuesta por el bloque de Morena, Encuentro Social y PT tenga trasfondo político.

Para la coordinadora de la fracción priísta en el Congreso local, la iniciativa para que este mecanismo se reconozca como una obligación financiera del estado y se limite al Ejecutivo para hacer uso de los recursos públicos, tendrá que analizarse cuidadosamente no sólo en función de evitar un veto u observaciones, sino también para que no existan consecuencias de orden judicial.

En la anterior administración estatal se construyó el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional del Barroco y las plataformas de Audi a través de PPS, por los que la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle se comprometió a pagar mensualmente a empresas privadas las obras hasta por 25 años.

Sin embargo, el gobierno estatal consideró que estos compromisos no eran deuda, sino que los etiquetó como “gasto corriente” y los equiparó con el pago de una renta, por lo que los montos nunca figuraron en el reporte de deuda que envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Advierte el PRI excesos

Sin referirse de manera directa al ex gobernador Rafael Moreno Valle, la legisladora reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar, pero las modificaciones que ahora se plantean deben de ejecutarse jurídicamente y no por posibles revanchismos políticos.

“Todo se puede hacer, hay temas que nos preocupan a todos, hubo excesos que nos preocupan a todos, pero todo eso se puede ir revirtiendo jurídicamente para que se puedan generar buenos resultados y no tengamos que estar recibiendo observaciones cada vez. No se puede legislar con la víscera, así no se legisla. Hay mucho rencor, me da la impresión, percibo muchos agravios escondidos de todos contra todos, es parte de lo que todos con prudencia tenemos que tomar con sensatez y manejar las cosas como se deben hacer".

La iniciativa de reforma presentada por el PT y Morena considera que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se reconozcan como deuda pública, que el Congreso del Estado cuente con un registro único que señale las obligaciones contraídas, el monto y plazo de pago de estas, además que se transparente la información de este mecanismo financiero.

La propuesta contempla reformar y derogar diversos artículos de las leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cabe señalar que el gobierno estatal vetó apenas el 1 de octubre la abrogación de la Ley Bala y la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual le devolvió al Congreso la facultad de nombrar al titular del organismo autónomo.

La administración de Antonio Gali argumentó que el Congreso, de mayoría morenista, generó un vacío legal en la regulación de la fuerza pública, vulneró la autonomía de la Fiscalía General del Estado y aplicó un criterio de retroactividad ilegal, por lo que no publicó las reformas en el Periódico Oficial del Estado.

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María Pineda
Martes 09 de octubre de 2018.


El acuerdo de la Comisión Inspectora incluye el ejercicio fiscal del gobernador, del alcalde de Puebla Luis Banck Serrato, del expresidente del Tribunal Superior de Justicia, entre otros

Para que se transparenten los criterios bajo los que la LIX Legislatura aprobó 500 cuentas públicas en los últimos tres meses, la Comisión Inspectora reabrirá los dictámenes entre los que se encuentran el del gobernador Antonio Gali Fayad, el alcalde de Puebla Luis Banck Serrato y del Fiscal con licencia Víctor Carrancá Bourget.

José Juan Espinosa Torres, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, comentó que la determinación se tomó ante la inconformidad que diversos sujetos obligados presentaron para apelar a los Inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) y el uso político que se dio al organismo fiscalizador.

Por su parte, la Auditoría Puebla señaló que siendo la institución de fiscalización superior local que a nivel nacional cuenta con el mayor número de auditores certificados por el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI), garantiza resultados imparciales y objetivos.

El coordinador de la bancada del PT señaló que no hay un sesgo o revanchismo político en el acuerdo, esto tras el veto que el gobernador Antonio Gali Fayad ejerció este lunes a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado y la abrogación de la Ley Bala.

Espinosa Torres aseguró que la apertura de las 500 cuentas públicas que el Congreso aprobó del 15 de junio al 14 de septiembre -recta final de la LIX Legislatura-, contempla tanto aprobaciones, Inicio de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) y resoluciones de procedimientos, sin que exista un distingo partidista.

“Vamos a reabrir las cuentas públicas que fueron aprobadas de manera irresponsable en los últimos meses de la LIX Legislatura. No es un tema personal, no sabemos qué cuentas públicas, el acuerdo es todas las cuentas públicas que se hayan dictaminado ya sea favor o en contra o inicios de procedimientos se van a reabrir, se van a volver a revisar para garantizar que los criterios utilizados por esta auditoría y por los integrantes de la Comisión Inspectora reúnan todos los criterios que marca la ley y no de carácter político, como se notó en el Inicio de Responsabilidades”.

Dentro de los 500 dictámenes que la LIX Legislatura validó, está el paquete de 218 cuentas públicas que se votaron el 27 de julio por el pleno, entre las que se enlistaron el informe correspondiente al ejercicio fiscal 2017 de Gali Fayad.

En ese año, el gobernador tuvo un presupuesto por 93 mil 459 millones de pesos.

Además de Gali Fayad, otros funcionarios a quienes les aprobaron sus cuentas públicas son Jorge Aguilar Chedraui, ex líder del Congreso en los periodos 2016 y 2017; David Villanueva Lomelí, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por los ejercicios 2016 y 2017.

Roberto Flores Toledano, ex presidente del Tribunal de Justicia Superior (TSJ); Luis Banck Serrato, presidente municipal de Puebla; Maximiliano Cortázar Lara, Coordinador General de Comunicación, Difusión y Promoción en el sexenio de Rafael Moreno Valle; Víctor Carrancá Bourget, entonces Fiscal General del Estado; y Jorge David Rosas Armijo, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Estricto apego a la ley y resultados objetivos: ASE

La Auditoría Puebla señaló que realiza sus funciones con estricto apego a las disposiciones legales que rigen el procedimiento, observando en todo momento los más altos estándares en la materia, reconocidos a nivel nacional e internacional.

Subrayó que es la institución de fiscalización superior local que a nivel nacional cuenta con el mayor número de auditores certificados por el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI) por lo que garantiza resultados imparciales y objetivos.

En un posicionamiento la ASE destacó que siempre ha mantenido una estrecha coordinación y colaboración con la Comisión General Inspectora, lo que ha permitido un adecuado desarrollo de los trabajos que corresponden a esta última, situación que oportunamente se ha puesto de manifiesto a los nuevos integrantes de la misma.

Añadió que conforme a los principios que rigen la función de fiscalización superior, previstos en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado reitera su compromiso con la legalidad y el respeto a las instituciones.

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María Pineda
Ciudad de Puebla
 Martes 2 de octubre de 2018.


Luego de que el Ejecutivo vetara de última hora la abrogación de la llamada Ley Bala y la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para el nombramiento de su titular, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que no se trata de un revanchismo político en contra del Poder Legislativo.

En entrevista, Carrasco Altamirano indicó que respetan el trabajo hecho por los legisladores del Congreso del Estado, sin embargo, recalcó que no entrarán en una discusión con el Legislativo ya que están en su derecho de hacer las observaciones necesarias que de detecten dentro del lapso de 15 días.

"Lo hace (el Ejecutivo) con absoluto respeto a la soberanía y facultades del Congreso del Estado, no se quiere discutir con nadie, simplemente se hace cuidando la institucionalidad en la aplicación de lo que el Congreso aprueba o abroga y se están haciendo las observaciones", sostuvo el secretario General de Gobierno.

Detalló que además las observaciones que se están haciendo son dos: en el caso de la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso de la fuerza pública por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como la Ley Bala, se pide crear una figura que la sustituya para no dejar un vacío.

Mientras que en lo que hace a la reforma del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, destacó que la ley no será retroactiva, motivo por el cual no aplicaría a la licencia de Víctor Carrancá Bourget que permitió la llegada de Gilberto Higuera Bernal, por lo que el Congreso del Estado seguiría sin facultades para elegir a alguien distinto.

e-consulta
Alberto Melchor
Puebla, México
Martes 2 de octubre de 2018.


El Congreso contará con 30 días para emitir un nuevo dictamen a las iniciativas impulsadas por Morena


El gobernador Antonio Gali Fayad vetó la abrogación de la Ley Bala y la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual le devolvió al Congreso la facultad de nombrar al titular del organismo autónomo.

José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, dio a conocer este lunes la decisión del Ejecutivo sobre los dictámenes aprobados el 17 y 24 de septiembre.

En su cuenta de Twitter (@JoseJuanEsp), el coordinador de la bancada del PT publicó fotografías de los oficios SGG/196/2017 y SGG/197/2018, en los cuales el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, notificó las observaciones hechas a ambas reformas.

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José Juan Espinosa
@JoseJuanEsp
 Hace unos minutos @TonyGali ha vetado actos soberanos que decidimos la mayoría de diputados de @CongresoPue Lamento la postura que asumen quienes se sientes dueños, amos y señores de #Puebla

21:54 - 1 oct. 2018

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El veto a la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso de la fuerza pública por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como la Ley Bala, se aplicó a horas de que venciera el plazo de 15 días que la Constitución da al Ejecutivo para hacer observaciones a las iniciativas aprobadas por el Congreso.

El 17 de septiembre, por unanimidad el pleno del Congreso validó la propuesta del bloque de Morena, Encuentro Social y PT para abrogar la Ley Bala, la cual fue avalada y entró en vigor en mayo de 2014.

En el caso de la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, del PRI y Morena, le devolvió al Congreso del Estado la facultad para nombrar al titular del organismo autónomo.

La modificación considera que la ausencia mayor a 30 días del Fiscal General -situación en la que se encuentra Víctor Carrancá Bourget- se considerará como "definitiva", por lo que el poder legislativo enviaría al Ejecutivo una lista de 10 aspirantes a dirigir la FGE, según el artículo 97 constitucional, para elaborar una terna y remitirla al Congreso para su votación.

La reforma se aprobó con 27 votos de Morena, Encuentro Social, PT, PRI y PVEM, y la negativa de los legisladores del Frente.

Con las observaciones hechas por Gali Fayad este lunes, ahora el Congreso contará con 30 días para regresar los dictámenes a las comisiones para su rectificación y presentarlos de nueva cuenta ante el pleno.

Ahora será necesario que los dictámenes que presentan las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia logren el voto de las dos terceras partes (27) de los diputados.

Cabe recordar que la derogación de la Ley Bala se dio por unanimidad y la reforma a la Fiscalía contó con la mayoría absoluta.

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María Pineda
Puebla, México
Lunes 1 de octubre 2018.


El trabajo legislativo local, apenas para revertir y eliminar aberraciones y francas violaciones constitucionales, pero que al panista Moreno Valle le redituó grandes dividendos, sobre todo con las expropiaciones y apropiaciones ilegales que hoy aparecen a nombre de testaferros.

Puebla. - Con la abstención de los diputados del Frente, Morena logró la mayoría de votos en el pleno del Congreso para derogar el artículo 5 Bis de la Ley de Expropiación, el cual permitía al gobierno incautar de manera inmediata bienes y eliminó el derecho de audiencia previa para los afectados.

Al presentarse el dictamen de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez aclaró que respaldaría la reforma propuesta por Morena, pero acusó que en la reunión de trabajo de los órganos legislativos se aplicó una “mordaza” a los diputados que no estaban de acuerdo con la iniciativa.

En la tribuna, el diputado de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado acusó que los procedimientos con los que Morena pretendía validar la reforma se daban de forma exprés y que la actitud de la bancada mayoritaria había sido cuestionada por el sector empresarial.

En respuesta a las críticas de MC y Nueva Alianza, Vianey García Romero (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, puntualizó que el procedimiento se dio conforme a lo que dicta el reglamento y sostuvo que en el Congreso se legisla para favorecer a los ciudadanos y no se debatía el “estilo” de la presentación de las iniciativas.

“El trabajo que nosotros estamos haciendo (…) ha sido con base al reglamento y a la Ley, la primera sesión que tuvimos en conjunto con la Comisión de Justicia buscamos que en tiempo y forma se les hiciera llegar a todos y todas las diputadas y diputados su convocatoria, 48 horas antes, se les hiciera llegar el dictamen para su estudio y revisión 24 horas antes (…) el diputado dijo que no estaba de acuerdo con el tema del dictamen, ya es cuestión de estilo, y el estilo no se viene a debatir a un Congreso, lo que se viene a debatir son los derechos de la ciudadanía (…) ya basta de hacernos mensos, ya hay que ponernos a trabajar en lo que la ciudadanía quiere y dejemos de dar vuelta a cosas sin sentido, en ningún momento se faltó al reglamento ni a la ley”.

PRI y PVEM se suman a favor

En la votación, el dictamen propuesto por ambas Comisiones tuvo el voto a favor de los diputados de las fracciones de Morena, Encuentro Social, PT, PRI, PVEM y del diputado de MC, Carlos Alberto Morales Álvarez; mientras que los legisladores del PAN, PRD, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Guadalupe Esquitín Lastiri (MC) se abstuvieron.

Las expropiaciones exprés fueron avaladas en marzo de 2014 por la LIX Legislatura, reforma que impulsó el diputado del PAN, Eukid Castañón Herrera.

El artículo 5 bis que validó la pasada legislatura señalaba que la autoridad expropiante podía emitir la declaratoria de utilidad pública, decretar la expropiación y tomar posesión provisional de los bienes afectados.

Las excepciones en las que se permitió al gobierno intervenir de manera inmediata en la expropiación de bienes son: por el establecimiento de un servicio público, la apertura de caminos, la preservación del equilibrio ecológico; la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales, y la fundación o crecimiento de centros de población.

Además, se eliminó la posibilidad de que los afectados tuvieran un plazo para manifestarse ante la autoridad judicial tras ser notificados de la incautación de sus bienes.

e-consulta
María Pineda
Ciudad de Puebla
Lunes 1 de octubre de 2018.


Por fallas en la custodia de los paquetes electorales de los comicios de Puebla, los titulares el Instituto y del Tribunal Electoral local serán citados a comparecer ante la Comisión Especial de Seguimiento a la Elección del Congreso estatal.

Así lo anunció Gabriel Biestro, dirigente estatal de Morena en Puebla y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Poder Legislativo.

Detalló que ya existe consenso de los partidos para que la próxima semana se presenten el presidente y la secretaria ejecutiva del OPLE, Jacinto Herrera y Dalhel Lara, respectivamente, así como el presidente del Tribunal Electoral, Fernando Chevalier Ruanova.

"Ellos son los que tendrían que responder directamente sobre estas inconsistencias", afirmó Biestro entrevistado afuera de las instalaciones donde se efectúa el recuento de votos de la elección de Gobernador, en la que fue declarada vencedora la panista Martha Erika Alonso.

"Por supuesto que pedimos la destitución (de los consejeros electorales), y además que se les finquen responsabilidades o que se deslinde, en el caso de que no se encuentren; aquí no es una cuestión de cacería de brujas, sino de que cada quien tenga una sanción ejemplar".

Biestro repasó que los representantes morenistas han hallado paquetes electorales alterados y cientos de boletas faltantes.

"Este es un reclamo de toda la sociedad poblana, y lo que se está demostrando aquí, más allá de ganar votos o de no ganarlos, es todo el cochinero, la inconsistencia que hay para poder declarar la validez de una elección; lo que exigimos nosotros es que se repita la elección", expuso.

"Ojo: este cómputo es histórico, nunca se había hecho algo así, porque el mismo Tribunal (TEPJF) está diciendo que, por el cúmulo de irregularidades, no hay certeza en los resultados".

...Y pide PAN aceptar derrota

La dirigencia del PAN exigió a Morena y Miguel Barbosa, ex candidato a la Gubernatura, aceptar la derrota y reconocer el triunfo de Alonso.

"Hacemos un reclamo, una exigencia, a nuestros oponentes a que se conduzcan con respeto hacia las instituciones; en el PAN creemos en las instituciones y debemos fortalecerlas", dijo Marcelo Torres, líder del partido, afuera de la sede del recuento.

"No se le da gusto con nada a nuestro adversario Miguel Barbosa, él mismo pidió el conteo y hoy él mismo lo descalifica; esto no lo podemos consentir".

Torres, quien se apersonó en las instalaciones del Tribunal Electoral sólo para dar una declaración a los medios, luego de lo cual se marchó, minimizó las acusaciones de fraude, ante la evidencia de paquetes electorales alterados.

"Morena busca siempre pretextos, lo importante es que aquí están los paquetes, que se están contando", acotó.

El dirigente rechazó que las urnas, que estuvieron bajo custodia del OPLE de Puebla, hayan sufrido alteraciones.

"Es importante dejar en claro que la cadena de custodia, de acuerdo al propio Tribunal, jamás se rompió, que estuvieron bien resguardados; existen las condiciones de legalidad para ratificar el triunfo de Martha Erika Alonso", aseguró.

Reforma
Zedryk Raziel
Ciudad de México
Jueves 27 septiembre 2018.


El PAN y Nueva Alianza acusaron a Morena de utilizar su mayoría y violar el debido proceso legislativo para aprobar la reforma


Con el voto de Morena, Encuentro Social, PT y del PRI, el Congreso del Estado recuperó la facultad de nombrar al titular de la Fiscalía General del Estado(FGE) ante la posibilidad de que la licencia de Víctor Carrancá Bourget se confirme como una “ausencia definitiva”.

La presentación del dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia sobre la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, abrió nuevamente la confrontación entre los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con los coordinadores del PAN y Nueva Alianza, Marcelo García Almaguer y Gerardo Islas Maldonado, quienes acusaron a los primeros de utilizar su “mayoría”, de no ser “incluyentes” y de “no respetar el debido proceso legislativo”.

La respuesta a las críticas de los legisladores identificados con el morenovallismo llegó a través de la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En la tribuna, la petista señaló que las acusaciones hechas por García Almaguer e Islas Maldonado sobre la violación al Reglamento del Poder Legislativo encuadraban en una conducta para ofender y denostar el trabajo que se hacía en el órgano legislativo que ella preside.

Pese a los juicios del PAN y Nueva Alianza, el dictamen para reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado fue aprobado por 26 votos a favor (Morena, Encuentro Social, PT PRI) y 15 en abstención.

La modificación que validó el Congreso considera que cuando el Fiscal cuente con una “ausencia mayor a 30 días” ésta se considerará como “definitiva”, lo que permitirá a Congreso iniciar el proceso para elegir a un titular de la FGE como lo marca el artículo 97 de la Constitución.

“Si la ausencia del Fiscal General del Estado fuera mayor a 30 días, esta se entenderá como ausencia definitiva, en consecuencia, se realizará el procedimiento establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”, expresa la reforma hecha al ordenamiento legal.

También consideran remover al Fiscal antes de terminar licencia

Además, el dictamen considera un artículo transitorio que abre la posibilidad para que Carrancá Bourget pueda ser removido como Fiscal General, esto en caso de que la licencia que presentó el 11 de septiembre siga en curso cuando la reforma se publique en el Periódico Oficial del Estado y entre en vigor.

“Si al momento de la entrada en vigor del presente decreto, se actualiza la hipótesis normativa contenida en el presente decreto, el Congreso del Estado iniciará el procedimiento para la designación del titular de la Fiscalía General del Estado establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”, expresa el artículo transitorio.

De configurase esta posibilidad, la ausencia definitiva de Carrancá Bourget permitirá al Congreso a aplicar la fracción I del artículo 97, el cual señala que “a partir de la ausencia definitiva del Fiscal”, el legislativo contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.

Una vez que los diputados cuenten con la lista, ésta se enviará al Ejecutivo, pero en caso de que las propuestas no se envíen en el plazo establecido, el gobernador propondrá al Congreso una terna y de manera provisional se nombrará a un Fiscal General.

En caso de que el Ejecutivo sí reciba la lista, dentro de los 10 días siguientes formulará una terna, la cual se remitirá al Congreso para que se inicie con el procedimiento de comparecencias y se designe al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Si el Ejecutivo no envía la terna al Congreso, el legislativo contará con 10 días para hacer el nombramiento de entre los candidatos.

e-consulta
María Pineda
Lunes 24 de septiembre 2018.


Morena y PRI van contra reforma que favoreció salida de Carrancá

Este lunes se votará en el pleno del Congreso el dictamen que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado

Por medio de la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Morena dejará sin efecto la designación de Gilberto Higuera Bernal e iniciará con el proceso para nombrar al titular del organismo autónomo.

Luego de que las bancadas de Morena, Encuentro Social y PT fracasaron en su intento de objetar a Higuera Bernal, este lunes la Comisión de Procuración y Administración de Justicia presentará ante el pleno el dictamen de las dos iniciativas con las que el partido lopezobradorista y el PRI buscan reponer el procedimiento para nombrar al Fiscal General ante la ausencia de Víctor Carrancá Bourget.

José Juan Espinosa Torres, coordinador de la bancada del PT, comentó que el viernes pasado sesionó la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para discutir y aprobar los proyectos que Morena y el PRI presentaron ese mismo día.

Aunque la reforma señala que se considerará como ausencia definitiva la separación del cargo por más de 30 días, la salida de Higuera Bernal y de Carrancá Bourget se concretará al hacer efectivo un “artículo transitorio”.

El proyecto que se presentará para su votación este lunes, precisa lo siguiente: “Si la ausencia del Fiscal General del Estado fuera mayor a 30 días, esta se entenderá como ausencia definitiva, en consecuencia, se realizará el procedimiento establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”.

Mientras que el artículo tercero transitorio señala que: “Si al momento de la entrada en vigor del presente decreto, el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla encuadra en el segundo párrafo del presente, el Congreso del Estado iniciará el procedimiento para la designación del encargado de despacho establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”.

El pasado 12 de septiembre, en la recta final de la LIX Legislatura, Carrancá Bourget informó a los diputados que se ausentaría del cargo por más de 30 días y que como su suplente designó a Higuera Bernal, quien asumió las facultades del Fiscal General, pero con reconocimiento oficial de “encargado de despacho”.

Carrancá Bourget nombró a su suplente gracias a una reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual fue propuesta por el gobernador Antonio Gali Fayad.

Morena y PRI van contra reforma que favoreció salida de Carrancá

De aprobarse, las iniciativas dejarían sin efecto el cambio hecho al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General

Para que el Congreso del Estado recupere su facultad de nombrar al Fiscal General del Estado, las bancadas de Morena y el PRI presentaron una reforma para dejar sin efecto la medida con la que se permitió a Víctor Carrancá Bourget nombrar a su suplente en caso ausentarse por más de 30 días del cargo.

Las iniciativas plantean modificar el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, numeral que la LIX Legislatura reformó a petición del gobernador Antonio Gali Fayad.

Ambas bancadas plantean que en caso de que el Fiscal General se separe por 30 días de su responsabilidad se considere como una "ausencia definitiva", y así se abra el proceso por el cual el legislativo integraría una lista de 10 perfiles que se enviaría al Ejecutivo para que seleccione a tres aspirantes y a partir de la terna, el Congreso nombre al nuevo titular del organismo autónomo.

Los proyectos se remitieron para su análisis, discusión y aprobación a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que preside la diputada del PT, María del Carmen Cabrera Camacho.

De aprobarse la reforma, la LX Legislatura dejaría sin efecto el cambio que el 7 de septiembre aprobaron, por mayoría, los ex diputados, con el cual se permitió a Carrancá Bourget ausentarse de la titularidad de la FGE, elegir a su suplente y que éste sea reconocido como un "encargado de despacho".

La reforma que Gali Fayad planteó a la LIX Legislatura (2014-2018), eliminó el concepto de ausencia temporal y la sustituyó por "ausencias mayores a 30 días", y facultó al entonces fiscal Carrancá Bourget a nombrar a su suplente, que si bien adquiriría las facultades del cargo sólo tendría estatus de "encargado de despacho".

“Si la ausencia fuera mayor a 30 días, el Fiscal General nombrará a alguno de los titulares a que se refiere el párrafo anterior como encargado de despacho, quien ejercerá las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás disposiciones legales confieren al Fiscal General".

"El nombramiento del suplente del Fiscal General del Estado será notificado al Congreso del Estado, para que pueda ejercer la facultad prevista en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla", señala la reforma avalada por la pasada Legislatura.

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María Pineda
Ciudad de Puebla
Domingo 23 de septiembre 2018.


La bancada del PAN perdió el control de las comisiones de Gobernación, Seguridad, Procuración y Administración de Justicia


Las bancadas de Morena, Encuentro Social y PT tendrán las presidencias de 22 comisiones y comités del Congreso, entre ellas la de Gobernación y Puntos Constitucionales, Presupuesto y Crédito Público, Seguridad, Inspectora y de Adquisiciones y Arrendamientos.

La integración de los órganos legislativos se votará este miércoles durante la sesión ordinaria, con lo que se confirmará que el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla tendrán a su cargo 13 presidencias.

En el caso del PRI, el acuerdo de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política señala que a la fracción del tricolor se asignaron cinco comisiones y una al Verde Ecologista de México.

Dentro del acuerdo tomado por los coordinadores legislativos, se señala que Morena se quedó con las presidencias de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Presupuesto y Crédito Público, Seguridad Pública, Desarrollo Rural, Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Juventud  y Deporte, Instructora, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Desarrollo Urbano, Vivienda, Asuntos Metropolitanos y el Comité de Comunicación Social.

Los legisladores del PT ocuparán las presidencias de las comisiones Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de Procuración y Administración de Justicia, del Trabajo, Competitividad y Previsión Social, y la de Asuntos Municipales.

La fracción de Encuentro Social tendrá a su cargo los trabajos de las comisiones de Comunicaciones e Infraestructura, de Migración y el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual se encarga de revisar y aprobar los contratos del poder legislativo con empresas.

PRI atenderá los temas presupuestales

Dentro del acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la fracción del PRI presidirá la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, la cual analiza y aprueba los presupuestos del Estado y los municipios, las solicitudes de enajenaciones y donaciones de inmuebles.

Además, tendrá a su cargo las comisiones de la Familia y Derechos de la Niñez, Igualdad de Género, Asuntos Indígenas y el comité de Innovación y Tecnología.

En el caso del PVEM, el diputado Juan Pablo Kuri Carballo será el presidente de la comisión de Desarrollo Económico.

PAN y aliados serán titulares de 13 órganos legislativos

Tras mantener el control de las comisiones de mayor peso, el PAN y sus aliados perdieron espacios en las presidencias y secretarias de los órganos legislativos.

La nueva conformación de la LX Legislatura, de la cual Morena tiene mayoría, generó que la bancada del PAN se quedara con la titularidad de cinco comisiones: Educación, Grupos Vulnerables, Organizaciones No Gubernamentales, Participación Ciudadana, y del comité de Diario de Debate y Crónica Legislativa.

El PRD se quedó con Cultura, Ciencia y Tecnología y el comité de Atención Ciudadana.

Movimiento Ciudadano presidirá Turismo; Compromiso por Puebla tiene la titularidad de la comisión de Atención a personas con discapacidad; y Nueva Alianza alcanzó las presidencias de las comisiones de Transporte y Movilidad, Protección Civil y la comisión especial para las labores de reconstrucción del sismo.

e-consulta
María Pineda
Ciudad de Puebla
Miércoles 19 de septiembre 2018.

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