Líder barzonista pide expulsar de Morena a trece diputados de Puebla

Puebla. - Gerardo López Ramírez solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la expulsión de 13 diputados locales, entre ellos el líder del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, por violaciones a los estatutos partidistas.

En un escrito entregado el 24 de enero al órgano morenista que preside Héctor Díaz Polanco, el también dirigente estatal del Barzón expone entre las causales de su solicitud dos reformas aprobadas por dichos legisladores, una de las cuales contraviene el matrimonio igualitario y otra mantiene la penalidad de cárcel hacia las mujeres que recurren al aborto.

Además, López Ramírez, militante de Morena, menciona que los diputados autorizaron un programa de reemplacamiento vehicular para este año, sin analizar la afectación económica causada a los ciudadanos.

Otra de las causales –añade– sería que los legisladores afiliados a Morena aprobaron aumentarse 47% los apoyos legislativos que recibe cada uno, sin debatir el tema de austeridad que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los enlistados en la demanda son: Gabriel Biestro Medinilla, Bárbara Morán Oñorve, Rafaela Vianey García Romero, Guadalupe Tlaque Cuazitl, Emilio Ernesto Maurer Espinosa, Arturo de Rosas Cuevas, Iliana Paola Ruiz García, Tonantzin Fernández Díaz, Fernando Sánchez Sasia, Olga Lucía Romero Garci Crespo, Estefanía Rodríguez Sandoval, Luis Fernardo Jara Vargas y Cristina Tello Rosas.

Sobre la labor legislativa, el dirigente barzonista refiere que, en sesión del Congreso local realizada el pasado 8 de octubre, los diputados morenistas votaron a favor de reformar el artículo 294 del Código Civil del Estado, donde se describe el contrato matrimonial vigente en Puebla.

Previo a la reforma, dicho artículo establecía que el matrimonio es un contrato civil por el que “un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia”. Los diputados sólo eliminaron la frase “para perpetuar la especie”, con lo que mantuvieron el precepto que niega en Puebla la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La otra reforma, aprobada el mismo día, fue al artículo 342 del Código Penal del estado, en la que únicamente se redujeron las penas a las “madres que voluntariamente procuren su aborto o consientan que otro la haga abortar”. Antes eran de uno a cinco años de prisión y disminuyeron esa penalidad a seis meses y hasta un año.

“Es de manifestar a esta Comisión que los integrantes de Morena de quienes hoy se pide su expulsión, votaron a favor de las reformas, adiciones y derogaciones, teniendo como consecuencia una falta grave a nuestros estatutos… Nuestros representantes en el Congreso del estado nunca combatieron con los principios que nos rigen en este partido político, ni se mostraron a favor de los poblanos”, argumenta.

Además, López Ramírez refiere que el 13 de diciembre de 2019 los diputados de Morena votaron a favor de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, en la que se dispuso un canje de placas con el costo de 965 pesos para servicio particular, 730 para remolques y 405 para motocicletas.

“Los miembros de quienes hoy se pide expulsión votaron a favor sin que analizaran ni muchos menos pensaran la afectación directa en materia económica de las y los poblanos, es por ello que en todo aspecto violan los valores de este partido de Morena, para lo cual se tiene que valorar lo que se vota y discute, siempre pensando en la población por el beneficio y no lo contrario”, expresa el barzonista.

Como tercera causa para sustentar su solicitud de expulsión expone que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que preside Biestro Medinilla, aprobó aumentar 47% los apoyos legislativos, con lo que pasaron de 82 mil 830 pesos a 121 mil 830 mensuales por cada uno de los 41 diputados que componen el Congreso local.

“Los 41 diputados del Congreso de Puebla se llevarán 94 millones 517 mil 812 pesos en percepciones durante 2020, ya que cada uno recibirá 2 millones 305 mil 312 pesos por sueldo, apoyos legislativos, aguinaldo y prima vacacional”.

En entrevista, el abogado resaltó la importancia de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tome cartas en el caso del Congreso local, pues la ciudadanía que votó por Morena lo hizo por un proyecto político en el que deben defenderse los derechos económicos de la población y no se debe excluir a las minorías.

De acuerdo con López Ramírez, tres mujeres poblanas también acudieron a los tribunales a presentar juicios de amparo en contra de la reforma aprobada por el Congreso local, que mantiene la criminalización de aquellas que deciden la suspensión de un embarazo.

Además, abundó, una pareja homosexual interpuso un juicio en contra de la disposición legal que no contempla los matrimonios igualitarios.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 11 de febrero de 2020.


Diputados de la 4T justifican detención del activista defensor del río Metlapanapa


Diputados locales de Juntos Haremos Historia justificaron la detención del defensor del río Metlapanapa, Miguel López Vega, negaron que sea un preso político y lo acusaron de actos vandálicos.


Aunque el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena demandó al gobernador Miguel Barbosa Huerta la liberación inmediata del activista, los legisladores defendieron el encarcelamiento.

El presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, argumentó este martes que “hay una serie de cosas que hacen pensar que no es preso político”.

En entrevista acusó que el ambientalista participó en el incendio de un vehículo oficial del ayuntamiento de Juan C. Bonilla, además lo responsabilizó de actos vandálicos contra la casa del alcalde Joel Lozano Alameda, emanado de Morena.

El también coordinador de los diputados de Morena dijo que “confía” en Barbosa Huerta y en que no tiene nada que ver en la detención.

A la vez afirmó que el mandatario “seguirá con legalidad, apego a principios y respeto a derechos humanos” el procedimiento legal del activista.

Sobre el comunicado de Morena, Biestro Medinilla negó un rompimiento del gobierno estatal con Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos del CEN y autor del pronunciamiento.

Sin embargo, criticó que su compañero de partido carece de conocimiento sobre el caso y le sugirió informarse.

Niegan persecución política

La diputada del PES Nora Yéssica Merino Escamilla negó también una persecución contra López Vega y atribuyó los presos políticos a las administraciones panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Aunque afirmó que no conoce los detalles del asunto, se dijo convencida de que no se vulneraron los derechos humanos del detenido ni se ha violentado el debido proceso.

En entrevista defendió que no se puede comparar la aprehensión del ambientalista con los presos políticos de las administraciones pasadas, con el argumento de que “antes” se les perseguía por consigna y existían varias personas incluso en prisión.

Aun así, afirmó que estará vigilante del caso y dispuesta a entablar diálogo con los pobladores de Zacatepec que se oponen al colector pluvial y sanitario que desembocará en el río Metlapanapa.

No obstante, se pronunció a favor de la obra por considerarla que es “necesaria”, pues transportará los desechos del aeropuerto de Huejotzingo y el parque industrial Ciudad Textil.

En el comunicado del CEN de Morena, la Secretaría de Derechos Humanos exigió a Barbosa Huerta liberar a López Vega, frenar el colector pluvial señalado de contaminar el río y no continuar con presos políticos en Puebla.

“Levantamos nuestra voz y demandamos la inmediata liberación de Miguel López Vega. Hacemos votos también porque el gobierno de la entidad, surgido de la marea transformadora en nuestro país, efectúe un diálogo consistente con los pobladores de Santa María Zacatepec, frene el proceso ecocida contra el río y haga lo pertinente para que Miguel sea liberado y se reintegre a la lucha por unas reivindicaciones que consideramos justas”, sentenció el pronunciamiento.

Morena exige a Barbosa liberar al activista Miguel López Vega

Morena DDHH Comité Ejecutivo Nacional
Secretaría de Derechos Humanos
Comité Ejecutivo Nacional
Comunicado Extraordinario N° 81
28 de enero de 2020
https://bit.ly/2QFIdkg

Exigimos la liberación inmediata de Miguel López Vega.

El pasado viernes 24 de enero fue detenido al salir de una entrevista con el Director General de Gobierno de Puebla, Miguel López Vega, representante comunitario de Santa María Zacatepec (municipio de Juan C. Bonilla) y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Puebla, Morelos, Tlaxcala, Concejal del Consejo Nacional Indígena y defensor del río Metlapanapa. Miguel ha estado participando en la lucha contra la contaminación del referido río, por una Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec presidida por alguien que lo defienda y que sea parte del régimen de usos y costumbres. La Fiscalía del Estado ha informado que la detención de Miguel es resultado de una orden de aprehensión “por los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública y ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte”. Nos pronunciamos en contra de la criminalización de los defensores de la tierra, el agua y el territorio y porque ya no haya presos políticos en Puebla y en México.

En los últimos años la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del CEN de Morena se ha pronunciado por el respeto a los derechos de los luchadores sociales por el ambiente y contra los proyectos de muerte. Hoy nuevamente levantamos nuestra voz y demandamos la inmediata liberación de Miguel López Vega. Hacemos votos también porque el Gobierno de la entidad, surgido de la marea transformadora en nuestro país, efectúe un diálogo consistente con los pobladores de Santa María Zacatepec, frene el proceso ecocida contra el río y haga lo pertinente para que Miguel sea liberado y se reintegre a la lucha por unas reivindicaciones que consideramos justas.

¡Libertad inmediata a Miguel López Vega!
¡No más presos políticos!

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Martes 28 de enero de 2020.


Congreso acepta renuncia de Carrancá a la FGE y emitirá convocatoria


El Congreso del Estado, con 38 votos a favor y cero en contra aprobó la renuncia de Víctor Carrancá Bourget a la Fiscalía General del Estado, para que se pueda emitir la convocatoria que será del 17 al 24 de enero y, con ello, elegir al nuevo titular; Gilberto Higuera Bernal, actual encargado de despacho podrá participar.

Lo anterior dio a conocer previamente en entrevista el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, quien destacó que no habrá un proceso de selección previó, por lo que todos los aspirantes serán evaluados habiendo entregando la documentación.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia tendrá a su cargo la revisión de los expedientes que se hayan inscritos y en la siguiente sesión del pleno se votará el listado que puede ser hasta de 25 propuestas a fin de turnarla al poder Ejecutivo y que su titular Miguel Barbosa Huerta determine una terna para que se elija a uno de ellos, explicó.

Con ello, estimó, en febrero se elegirá al nuevo titular de la FGE para un periodo de ocho años.

Carrancá Bourget llegó al cargo por designación del entonces gobernador Rafael Moreno Valle y avalado por el Congreso del estado; sin embargo, desde el año pasado presentó una solicitud temporal, la cual venía renovando.

A mediados de diciembre, el entonces fiscal entregó al poder legislativo su renuncia formal, lo cual fue aceptado este miércoles durante la sesión ordinaria, con lo cual dieron inicio al periodo de sesiones.

Angulo 7
Miguel Hernández González
Ciudad de Puebla, México
Miércoles 15 de enero de 2020.


La bancada del PAN abandonó el Congreso de Puebla en protesta por la inasistencia de Miguel Barbosa a la entrega de su informe

La legisladora Mónica Rodríguez Della Vecchia, en la tribuna, aseveró que Barbosa no acudió porque “no tiene nada que informar”, pero enfatizó que, por congruencia, debía asistir.


El PAN reprobó que el gobernador Miguel Barbosa Huerta no haya rendido su informe de gobierno ante el Congreso de Puebla, mientras que el PRI le exigió respetar la autonomía de la BUAP.

La bancada panista abandonó la sesión solemne realizada este domingo para protestar por la ausencia del mandatario.

La coordinadora de la fracción legislativa, Mónica Rodríguez Della Vecchia, calificó como una “falta de respeto” la inasistencia el titular del Ejecutivo, ya que en su lugar envió al titular de la Secretaría de Educación, Melitón Lozano Pérez.

Al emitir su pronunciamiento en la tribuna, aseveró que el mandatario no acudió porque “no tiene nada que informar”, pero enfatizó que, por congruencia, debía asistir.

Tras condenar la falta del gobernador, salió del pleno acompañada de su compañero Raúl Espinosa Martínez, ya que Oswaldo Jiménez López y Nancy Jiménez Morales tampoco se presentaron.

“Ofreció en campaña bajar los impuestos pero mandó su ley (de ingresos) a subirlos; ofreció disminuir el número de organismos públicos descentralizados y, en lo que va de la legislatura, se han aprobado 5 nuevos; ofreció recuperar la seguridad pública, y los índices delictivos se han incrementado”, apuntó.

A la vez expuso que en el pasado Barbosa Huerta “condenó las figuras financieras como los OPD o PPS, y anunció el uso de mil patrullas en el estado que serán utilizadas bajo la figura de arrendamiento; condenó una y otra vez el gobierno de Rafael Moreno Valle y, si comparamos los resultados en cualquier materia: infraestructura, estado de derecho, combate a la pobreza, atracción de inversiones, educación, salud o desarrollo social, claramente el gobernador (actual) hizo lo contrario, no hay resultados”.

Defienden ausencia

Olga Lucía Romero Garci Crespo, de Morena, salió en defensa de Barbosa Huerta con el argumento de que hace un año, la entonces gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo, tampoco acudió al Congreso a rendir protesta.

Criticó que los panistas “ven la paja en el ojo ajeno”, sin considerar que en el pasado hicieron uso de las mismas prácticas que ahora condenan.

PRI exige respeto a la BUAP

Por la bancada del PRI, el coordinador Javier Casique Zárate exigió a Barbosa Huerta respetar la autonomía de las instituciones, específicamente la de la BUAP, que actualmente es fiscalizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“El respeto a la autonomía de las instituciones es fundamental para la convivencia pacífica y ordenada.  Desde este recinto, el grupo legislativo del PRI ratifica su apoyo y confianza a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), formadora de las y los profesionistas que diariamente construyen a nuestro estado y a nuestro país”, enunció.

Al denunciar que los gobiernos municipales de Morena han incumplido los compromisos de campaña, exigió al gobernador dejar las disputas internas de su partido y coordinarse con los ayuntamientos para trabajar.

“A  los poblanos no les interesan las disputas intestinas de su movimiento. Vemos con profunda preocupación que los gobiernos municipales emanados de su partido un día sí y otro también intentan desesperadamente salir de la curva de aprendizaje, en la cual ya se estancaron”, puntualizó.

Exigen dejar pretextos

Casique Zárate también demandó a Barbosa Huerta no dedicarse a ajustar cuentas con el pasado y usar esto como pretexto para no dar resultados.

“Gobernar no solo es el ajuste de cuentas con el pasado, porque pareciera que solo es un pretexto para ocultar la falta de resultados. No es esta la actitud palaciega que el ciudadano espera de su gobierno”, sentenció,

En el mismo sentido se pronunció la perredista Liliana Luna Aguirre, al remarcar que tras cuatro meses de gobierno el mandatario ya no puede evadir su responsabilidad”.

“El gobierno actual ya no puede salirse por la tangente, con pretextos; no debe escudarse en el pasado, la gente no eligió a un falso justiciero”, subrayó.

Elogian a Barbosa

Mónica Lara Chávez (del PES) usó su intervención para llenar de elogios al gobernador, a quien le externó su respaldo “sin regateos”.

Calificó de “ilegítima” la corta administración de Alonso Hidalgo y presumió que ahora sí hay un gobierno honesto, además de que auguró que el mandatario acabará por “desmoronar la ética del morenovallismo”.

El PVEM, el PT y hasta los expanistas que ahora son diputados sin partido se sumaron a los elogios y aplaudieron las recientes reformas impulsadas por Barbosa Huerta.

Carlos Morales Álvarez (de MC) reprochó que la violencia e inseguridad siguen en aumento, en tanto que Uruviel González Vieyra, de Compromiso por Puebla, dio su voto de confianza a los cinco años que restan al actual gobierno, pero señaló que “le hubiera gustado” que el informe lo rindiera Barbosa Huerta.

El titular de la Secretaría de Educación, Melitón Lozano Pérez, entregó el informe sin emitir ningún pronunciamiento y se fue acompañado de Héctor Sánchez Sánchez, presidente del poder Judicial, que fue de las pocas personalidades que acudieron al evento de este domingo, igual que Francisco Romero Serrano, titular de la ASE.

e.consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Domingo 15 diciembre 2019.


Se prohibió además el acoso a deudores morosos mediante despachos de cobranza


En el Congreso de Puebla se prohibieron los cortes del servicio de agua y drenaje a usuarios que consuman menos de 300 litros diarios, además de que no se podrá usar la fuerza pública o despachos de cobranza para acosar a los deudores para que paguen.

Las prohibiciones se aplicarán tras las reformas a la Ley del Agua del estado aprobadas este jueves por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los cortes a los pequeños consumidores se prohibieron en el artículo 99, que ahora dirá:

“El prestador de servicios públicos podrá suspender justificadamente los servicios hídricos en los siguientes casos: I. Por falta del pago de los derechos, contribuciones de mejoras y productos correspondientes al servicio de que se trate, salvo para el servicio doméstico que no exceda del gasto de trescientos litros por día”.

El uso de la fuerza pública para cobrar quedó prohibido en el artículo 5, en el cual se agregó una fracción XII que dice:

“El agua potable y el saneamiento para uso doméstico es un derecho humano y la prestación de su servicio cuestión de orden público, dicho derecho no puede ser considerado un bien del mercado ni la prestación de su servicio puede tener por motivo razones de orden mercantil, este derecho únicamente podrá ser restringido o suspendido por las causas y las condiciones que la Constitución Federal y la particular del Estado imponen. Es inaplicable la suspensión o restricción del servicio básico por motivaciones relativas a su cobro. La autoridad no puede hacer uso de la fuerza pública para ejecutar el cobro de los derechos correspondientes a la prestación de este servicio”.

Eliminan cobranza administrativa

Los diputados también eliminaron la cobranza administrativa para el consumo doméstico, de modo que los deudores, aunque sean morosos, ya no serán acosados por despachos de cobranza.

Lo anterior se estableció en el artículo 119, que faculta a los prestadores de servicios a cobrar los adeudos como un crédito fiscal.

Con la reforma el texto quedó de la siguiente manera:

“El prestador de servicios públicos es autoridad fiscal con facultades económico-coactivas para determinar, comprobar, recaudar y cobrar el importe que por concepto de derechos, productos y contribuciones de mejoras le corresponda. Los adeudos de los usuarios derivados de los conceptos antes señalados serán considerados créditos fiscales y en consecuencia corresponderá a cada prestador de servicios públicos por sí, o a través de sus autoridades fiscales competentes, proceder a su cobro por la vía administrativa de ejecución, salvo para el servicio doméstico, prevista en esta ley y en las leyes fiscales aplicables”.

El dictamen aprobado en comisiones fue turnado al pleno, para que se apruebe en la siguiente sesión y las reformas entren en vigor tras promulgarse.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Jueves 28 noviembre 2019.


Integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) se manifestaron en el Congreso del Estado y acusaron a los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia de traición por aprobar una reforma que legaliza el corte del servicio de agua potable y de drenaje a los usuarios morosos.

Los activistas acusaron que esta reforma es inconstitucional pues el acceso al vital líquido es un derecho humano que está protegido por el artículo 4 de la Constitución.

El abogado Omar Jiménez Castro agregó que otro de los puntos que aprobaron este miércoles los legisladores de Morena incluye convertir los adeudos con la concesionaria privada Agua de Puebla para Todos, en créditos fiscales que serían cobrados por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) .

“¿Qué significa esto? Que si los poblanos se niegan a pagar, llegará la empresa a embargarle sus bienes, como en tiempos del porfiriato, como en tiempos del morenovallismo, que pensamos que ya estaba muerto y sigue vivo. Esa reforma atenta contra los intereses del pueblo”, expresó.

“Ahora estos diputados (de Juntos Haremos Historia) se han convertido en los diputados de la concesionaria”, agregó el abogado, quien recordó que durante las campañas los ahora legisladores prometieron rescindir la concesión y desprivatizar el servicio.

“En las campañas de 2018 prometieron el cambio verdadero, pero la Cuarta Transformación nomás no llega a Puebla”, manifestó Jiménez.

María Eugenia Ochoa, también integrante de la ASA, señaló que el derecho humano al agua no se puede negociar, ni reconocer sólo a unos sí y a otros no, luego de que los diputados accedieron a cambiar de 300 a 500 litros diarios de consumo límite para que procedan los cortes.

“Los cortes de agua y drenaje tienen que prohibirse y punto porque son inconstitucionales”, reclamó Ochoa.

Ya desde hace tiempo la concesionaria del servicio de Agua de Puebla para Todos ha puesto en práctica cortes no sólo de agua, sino también de drenaje a los usuarios que presentan adeudos.

Jiménez anunció que presentarán una serie de amparos contra esta modificación legislativa por ser violatoria al artículo 4 constitucional.

La reforma fue presentada por la diputada Nora Escamilla, del Partido Encuentro Social, con el respaldo de Gabriel Biestro, líder de la fracción de Morena y presidente del Congreso.

Aunque los activistas pretendían entrar al pleno del Congreso, guardias de seguridad les cerraron el paso.

A su llegada al edificio, el diputado sin fracción, Héctor Alonso Granados, pidió a los manifestantes formar una comisión de cinco personas para que entraran a la sesión, sin embargo, el personal de seguridad les impidió el ingreso.

Tanto el diputado como los manifestantes lograron evadir a los guardias al entrar al edificio por la parte trasera, lo que generó un zafarrancho en el pleno.

Alonso Granados confrontó a empujones a Biestro y estuvieron a punto de liarse a golpes. Luego, los manifestantes de ASA que entraron al salón, desataron una guerra de gritos contra el líder de Morena a quien tacharon de “traidor”.

No es la primera vez que la fracción de Juntos Haremos Historia es acusada de traicionar sus promesas de campaña o su agenda legislativa.

Grupos de activistas reclamaron porque los diputados de Morena, PT y PES apoyaron las reformas para cerrar el paso a los matrimonios igualitarios en Puebla y por mantener la pena de cárcel para las mujeres que recurren al aborto.

Proceso
Gabriela Hernández
Jueves 4 diciembre 2019.


El Congreso de Puebla aprobó la iniciativa de Ley de Hacienda para 2020 del gobernador Miguel Barbosa, que revive el impuesto para juegos con apuestas, e impone la tributación de plataformas de hospedaje.

 
Los clientes de plataformas de hospedaje como Airbnb y Booking pagarán impuestos cuando alquilen habitaciones en el estado de Puebla, luego de que el Congreso local aprobara la Ley de Hacienda para 2020.

La LX Legislatura de Puebla también revivió el impuesto para Juegos con Apuestas y Sorteos, que había sido eliminado durante la administración de Rafael Moreno Valle, como parte de las reformas aprobadas a diversas disposiciones del Código Fiscal.

La Ley de Hacienda propuesta por el gobernador Miguel Barbosa, fue aprobada con 26 votos a favor de los diputados de Morena, 11 votos en contra de partidos de oposición, y dos abstenciones.

Durante la sesión en la que se discutió el dictamen, la diputada de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, señaló que esta se basa “en el principio de eficiencia económica”, pues “consiste en la función recaudatoria para potenciar los recursos y lograr una solución óptima a las necesidades de la ciudadanía”.

Romero precisó que la ley se sustenta “en el criterio de las incidencia distributiva el cual se basa en que sólo se aplicará la carga tributaria a las personas que realicen las actividades a las que se refieren”.

Por su parte, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, se pronunció en contra de la expedición de la Ley de Hacienda, al considerar que “su naturaleza es contraria a los intereses de los poblanos, pues tiene un espíritu recaudador”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Esquitín Lastiri, aseguró que el turismo ha sido una actividad sostenible para el estado de Puebla, por lo que un gravamen aplicado a este sector, como es el caso del hospedaje, no es lo mejor; sin embargo, señaló que si la propuesta está diseñada para impulsar este rubro, tiene su apoyo.

Mientras que el diputado de Nueva alianza, Gerardo Islas Maldonado, señaló que la aplicación de los recursos recaudados a partir de las reformas aplicadas tiene que ser transparente, por lo que es necesario conocer a dónde se dirige el capital y agregó que es necesario en el Presupuesto 2020 se revisen a fondo las necesidades de los diferentes distritos.

Aristregui Noticias
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 27 noviembre 2019.


Edil de Tehuacán llevaba boletos para viajar a EU, revela la Fiscalía

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla explicó que el lunes podrían tener definida una ruta para el manejo del ayuntamiento en acuerdo con los regidores

Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, reiteró que a pesar de que el alcalde está en prisión, no puede ser removido debido a la presunción de inocencia.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, reiteró que a pesar de que el alcalde está en prisión, no puede ser removido debido a la presunción de inocencia.

Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Puebla, dijo que el lunes podrían tener definida una ruta para el manejo del ayuntamiento de Tehuacán en acuerdo con los regidores.

Además, reiteró que a pesar de que el alcalde Felipe Patjane esté en prisión preventiva, no puede ser removido de su cargo debido a la presunción de inocencia.

Es una situación que impide al presidente municipal llevar a cabo sus actividades como presidente, pero también hay una parte cierta que es la presunción de inocencia, que siempre se debe de guardar, es uno de los principales derechos y en ese caso no se puede llevar a cabo como si ya se hubiera dado una sentencia, en el sentido de demostrar o declarar culpable al presidente”, comentó Biestro.

Al ser cuestionado si el suplente del presidente municipal podría tomar el cargo, dijo que “todavía no”, porque en todo caso “tendría que renunciar".

Edil de Tehuacán llevaba boletos para viajar a EU, revela la Fiscalía

Gilberto Higuera Terán, encargado de despacho de la Fiscalía General de Puebla, reveló que al momento de ser detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el edil de Tehuacán, Felipe Patjane, traía consigo boletos para viajar hacia Estados Unidos.

Sin querer dar por hecho que el morenista pretendía huir, el fiscal descartó la versión que se había difundido en el sentido de que, al momento de su detención, Patjane se dirigía a Cuernavaca para asistir a su boda con la extitular de Cultura y Turismo de Tehuacán, Paulina Vargas Sobrado.

En entrevista el fiscal mencionó que la orden de aprehensión contra el alcalde se solicitó luego de que éste fue citado para declarar en dos ocasiones y no se presentó.

En tanto que un juez de control dictó dos vinculaciones a proceso en contra del edil morenista, quien apenas en octubre cumplió un año en el cargo.

Una de las vinculaciones fue por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, mientras que la segunda fue por ejercicio indebido de funciones y atribuciones públicas.

De acuerdo con la síndico municipal Laura Gallegos Sánchez, el daño patrimonial adjudicado al edil es por 84 millones de pesos, aunque la defensa estableció que la cantidad es por 62 millones de pesos.

Gallegos explicó que los señalamientos se derivan de la firma de contratos de obras para el municipio sin contar con la aprobación del cabildo y del Comité de Adjudicaciones municipal.

En cuanto al ejercicio indebido de funciones y atribuciones públicas, las acusaciones se basan en que el edil ordenó el despido de Víctor Ricardo Valladares Martínez, contralor municipal; María del Carmen Siliceo Rodríguez, tesorera municipal, y de Alejandro Guerrero Martínez, secretario general del Ayuntamiento.

Con estos señalamientos, el juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Patjane por un periodo de cuatro meses para que el Ministerio Público presente las pruebas en su contra.

Barbosa pretende sacar provecho del conflicto

El padre del edil, Sergio Patjane, aseguró que el caso se deriva de una persecución política contra su hijo por parte del gobernador Miguel Barbosa, por lo que pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El familiar del alcalde actualmente detenido afirmó que en semanas previas a su detención, emisarios del gobierno estatal le pidieron de manera reiterada que renunciara a la alcaldía porque Barbosa pretende colocar en cargos de ese municipio a sus familiares e incondicionales.

Recordó que el suplente de Patjane, y por lo tanto quien puede asumir la administración luego de su detención, es Artemio Caballero, sobrino de la esposa de Barbosa, Rosario Orozco Caballero.

En tanto que en contestación al audio en el que se escucha hablar sobre la imposición de funcionarios afines a Barbosa en el Ayuntamiento de Tehuacán, el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de interferencia de comunicación telefónica privada.

Proceso
Excelsior
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 20 noviembre 2019.


Permitirá la integración de expedientes y seguimiento a las personas con discapacidad


Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Bienestar y de Atención a Personas con Discapacidad aprobaron el Dictamen para reformar el artículo 20 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, sí como reformas y adiciones a diversas disposiciones de la ley para las Personas con Discapacidad, con la finalidad de crear el Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla.

La diputada Tonantzin Fernández Díaz señaló que la creación de este Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual estará sectorizado a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, permitirá la planeación y ejecución de programas especiales para la atención a personas con discapacidad, garantizando su integridad, sus derechos, y su inclusión, así como la vinculación a programas institucionales.

La legisladora también señaló que a través del Instituto se trabajará en la integración de expedientes generales de las personas con discapacidad para dar seguimiento, desde su evaluación hasta su integración social.

Durante la discusión del Dictamen con Minuta de Decreto, la diputada Guadalupe Muciño señaló que la Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal es de suma importancia para atender las necesidades de las personas que tienen alguna discapacidad, buscando la inclusión, la equidad y la justicia social para las y los poblanos.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Lunes 11 noviembre 2019.


Legisladores de Morena votan en contra permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y por mantener la penalización del aborto.

La diputada del PRI, Rocío García Olmedo, pidió desde Tribuna a la Comisión de Derechos Humanos iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las modificaciones aprobadas este día

El Congreso de Puebla, que por primera vez está conformado en su mayoría por diputados de izquierda (Morena-PES-PT), siguió el ejemplo de las anteriores legislaturas de derecha y sus diputados se negaron hoy a modificar el Código Civil para avalar el matrimonio igualitario en la entidad. Esto a pesar de que desde 2015 existe una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que condena que solo se permitan las uniones civiles de mujeres con hombres.

Este martes, con 29 votos a en contra, ocho a favor y dos abstenciones, los diputados de la LX Legislatura del Congreso local rechazaron propuestas reformatorias al artículo 294 del Código Civil del Estado, elaboradas por los diputados Rocío García Olmedo, Marcelo García Almaguer y José Juan Espinosa.

Los diputados que votaron a favor de reconocer el matrimonio como la unión entre dos personas fueron Rocío García Olmedo, del PRI; José Juan Espinosa, del PT, Marcelo García Almaguer, de los sin partido; Guadalupe Esquitin Lastiri, de MC; Armando García Avendaño, del PRD; y Héctor Alonso Granados, Vianey García Romero y Estefanía Rodríguez Sandoval, de Morena.

En abstención sufragaron el legislador sin partido Hugo Alejo Domínguez y Uruviel González Vieyra, por Compromiso Por Puebla.

Lo que sucedió en el Congreso local fue que los diputados discutieron una reforma al Código Civil enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa, pero que solo contemplaba eliminar “la procreación” como el único fin del matrimonio.

A decir de los legisladores García Olmedo, García Almaguer y José Juan Espinosa, era la oportunidad perfecta para de una vez retirar las palabras hombre y mujer y establecer que “el matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen en una sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia”.

Pero ni porque la mayoría de diputados son de Morena, y durante sus campañas enarbolaron la bandera arcoíris, salió la reforma.

Con esta modificación, el artículo 294 del Código Civil del Estado establecerá que:

El matrimonio es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia".

Tanto la priista García Olmedo y el sin partido García Almaguer propusieron redacciones en las que se eliminaba la concepción del matrimonio entre "un solo hombre y una sola mujer" por el de "contrato civil entre dos personas".

La diputada por Morena, Vianey García, acusó al legislador ex panista de colgarse de las causas promovidas por grupos de la comunidad Lésbico-Gay sin tener conocimiento de sus causas.

Agregó que se debe analizar en otro momento, con más reformas que solo lo propuesta al artículo 294 del Código Civil de la entidad.

Por su parte, José Juan Espinosa criticó a los legisladores de Juntos Haremos Historia abandonen la causas de la izquierda, con las que llegaron al Congreso de Puebla en la elección de 2018.

Advierten acción de inconstitucionalidad contra el Congreso

Tras la negativa de los diputados sobre las propuestas reformatorias al Código Civil del Estado, la priista Rocío García Olmedo advirtió que el Congreso de Puebla incurrió en una segunda acción de desacato constitucional al no atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Le diputada local del PRI señaló que el Poder Legislativo no atendió la resolución de la Corte, dictada en 2015, donde se declaró anticonstitucional los códigos civiles estatales.

Pidió a la Comisión de Derechos Humanos iniciar con el trámite de la acción de inconstitucionalidad en contra del Poder Ejecutivo y del Legislativo por actuar en desacato de la sentencia de la SCJN.

Periódico Central
Osvaldo Valencia
@Osva_Valencia
Ciudad de Puebla, México
Miércoles 9 de octubre de 2019.

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