El proyecto de ley fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso


Las bancadas del PRD, Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla en el Congreso local presentaron una iniciativa para derogar el artículo 165 del Código Penal del Estado, luego que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU-DH solicitó anular la pena de prisión de dos a 12 años por difundir noticias falsas.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Morales Álvarez, presentó en la sesión ordinaria de este jueves, el proyecto de ley para suprimir dicho artículo, pues refirió que el derecho a la libertad de opinión y de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este derecho también está establecido en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

A su vez el artículo 6 de Constitución federal establece el derecho a la libertad de expresión y que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, solo en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Señaló que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, por lo cual junto con los diputados Uruviel González Vieyra, Armando García Avendaño, Guadalupe Esquitín Lastiri y Liliana Luna Aguirre presentaron la iniciativa con el propósito de derogar el artículo 165 del Código Penal.

Dicho artículo impone prisión de dos a 12 años y multa hasta de 200 días de salario a quien haciendo uso de cualquier medio de comunicación difunda noticias que siendo falsas las haga parecer como ciertas y produzca alarma, temor o terror en la población o en grupo o sector de ella para perturbar la paz pública.

El proyecto de ley fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso, para su estudio y resolución procedente.

El 6 de mayo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó al Congreso a no aprobar la iniciativa de reforma y adición al Código Penal que pretende sancionar con prisión a quien difunda o transmita noticias falsas durante una contingencia como la Covid-19.

Jesús Peña Palacios, representante en México de la ONU-DH, solicitó no avalar la iniciativa de los diputados Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla, e iniciar un proceso de discusión de cara a derogar el actual texto del artículo 165.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Puebla, México
Jueves 3 de diciembre de 2020.


Morena expulsa de su grupo e intenta silenciar a diputada que impulsa la despenalización del aborto


La bancada de Morena, que lidera Gabriel Biestro Medinilla, expulsó a Estefanía Rodríguez Sandoval de un grupo de mensajería instantánea a través del cual se coordinan todos los legisladores emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, tras el respaldo que la diputada dio a colectivos feministas que tienen tomado el Congreso de Puebla para exigir la legalización del aborto que ella impulsa con una iniciativa.

Rodríguez Sandoval denunció la exclusión ante el pleno del Poder Legislativo en una sesión en la que Biestro, además, la vetó de la lista de oradores autorizados para hablar en tribuna sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Acusa una campaña de desprestigio en su contra

Ante el pleno, la diputada ratificó las acusaciones que lanzó contra Biestro, desde que inició el plantón en el palacio legislativo el martes pasado, en el sentido de que éste ordenó el cierre de los accesos para impedir que la edil de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, accediera al inmueble donde sostendría una reunión con las inconformes.

Asimismo, lamentó que se promoviera una campaña de desacreditación en su contra, por denunciar lo que ocurrió en la toma del Congreso.

“Dijeron que miento, que no conozco orígenes ni las luchas de Morena, que soy una herramienta, que soy un objeto de partido, que sirvo a intereses particulares y soy oportunista electoralmente. Es claro que no me conocen”, manifestó en alusión a su líder parlamentario y a la presidente de la mesa directiva, Nora Merino Escamilla.

Líderes del Congreso intentaron silenciar a Estefanía Rodríguez

Para que pudiera fijar postura, Estefanía Rodríguez tuvo que esperar casi dos horas, debido a que Merino le negó el uso del micrófono al inicio de la sesión, en la que los diputados fijaron postura sobre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La regla que se estableció en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presidida por Biestro, fue que cada bancada elegiría a un orador que le representaría en tribuna, por lo que ningún otro legislador tendría derecho a voz en el debate del tema.

Al concluir las exposiciones de los nueve partidos con representación en el Congreso, Estefanía Rodríguez pidió autorización para tomar la palabra, ante lo cual Nora Merino respondió: “Se acordó una representación por cada uno de los partidos políticos. Obviamente su coordinador o coordinadora (Biestro) fue quien designó, le invito diputada a que en asuntos generales pueda hacer uso de la palabra para fijar su posicionamiento”.

La fracción mayoritaria de izquierda eligió como portavoz a la representante popular de derecha María del Carmen Saavedra Fernández, ex integrante del grupo legislativo del PAN que desde su incorporación a Morena en febrero pasado dejó clara su simpatía con la sanción de hasta un año de cárcel que contempla el Código Penal local contra las mujeres que interrumpen un embarazo.

La Jornada
de Oriente
Mónica Camacho
Cd. de Puebla, México
Domingo 29 noviembre 2020.


Las feministas dieron a conocer que mantendrán tomado el Congreso hasta que se llegue a un acuerdo concreto.

   
El diálogo entre feministas y diputados locales no tuvo acuerdos, por lo que el grupo de mujeres decidió mantener ocupadas las instalaciones del Congreso local.  

En una segunda reunión realizada el viernes, las negociaciones no tuvieron avances, pues el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gabriel Biestro Medinilla, no presentó un plan concreto para la realización de parlamento abierto en el que se discutirá el tema de la despenalización del aborto, principal demanda de las manifestantes.  

El legislador ofreció a las feministas presentar el próximo lunes 30 un programa de trabajo para analizar el tema, sin embargo, en una reunión con la Junta de Gobierno, este mismo viernes, se planteó que sea hasta abril cuando se discutan y voten las reformas para legalizar la interrupción del embarazo.

La propuesta de cronograma que se elaboró este día será sometida a votación el próximo 1 de diciembre. En tanto, las feministas dieron a conocer que mantendrán tomado el Congreso hasta que se llegue a un acuerdo concreto.   

En el proyecto de cronograma se marca que en enero se convocaría a la discusión abierta, misma que tendría verificativo hasta febrero, con la participación de representantes de todas las posturas.  

También se contempla que la reforma sea analizada por las comisiones de Familia y Derechos de la Niñez; Igualdad de Género; Derechos Humanos; Salud, Procuración y Administración de Justicia, y Gobernación y Puntos Constitucionales.  

Asimismo, se propone establecer mesas de trabajo interinstitucional con la participación de representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía General del estado.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Domingo 29 de noviembre de 2020.


•    Diputadas reprobaron intentos del arzobispo Víctor Sánchez de “persuadir” o involucrarse en asuntos legislativos, que tienen prohibido por ley.


El Congreso de Puebla no tomará en cuenta la opinión de la Iglesia católica sobre el aborto y los matrimonios igualitarios, pues su involucramiento violentaría el estado laico.

Así lo sentenciaron diputadas de diferentes partidos, al censurar el escrito que envió al poder Legislativo el arzobispo del estado Víctor Sánchez Espinosa, que insta a “sustituir la cultura de la muerte y defender la vida humana desde la concepción”.

Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena) consideró respetable la opinión de los religiosos, pero enfatizó que tienen prohibido intervenir en asuntos legislativos, políticos o de autoridades.

En entrevista puntualizó que la Iglesia debe ceñirse a los límites que le impone la ley y no involucrarse en el debate legislativo, ni tratar de persuadir con escritos a los legisladores.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos remarcó que las leyes y reformas deben discutirse únicamente con argumentos jurídicos y científicos, no religiosos como los expuestos en el documento enviado por Sánchez Espinosa.

Reafirmó que la despenalización del aborto y la legislación de los matrimonios entre personas del mismo sexo deben aprobarse por respeto a los derechos humanos, no por cuestiones morales o ideológicas.

Reprueban intento de persuadir

Vianey García Romero (de Morena) alertó que sería “reprobable” si el escrito enviado a los legisladores tuviera el objetivo de persuadirlos, ya que esto sería una violación a la ley.

Avaló también el derecho del clero a emitir opiniones, pero destacó que estas no deben llevarse al plano legislativo.

De poco profesional calificó el documento al señalar que carece de formalidad y está lleno de “mentiras”, por lo que descartó que se tome en cuenta al momento de legislar.

“Yo lo vi solo como unas copias de las muchas que nos llegan, entonces creo que seguramente los diputados le daremos lectura para conocer su contenido y ya, no tiene por qué definir nuestras decisiones”, apuntó.

Iglesia calla sus abusos

Rocío García Olmedo (del PRI) criticó a la Iglesia por pretender involucrarse en asuntos legislativos en lugar de poner alto a sus abusos cometidos por sus líderes.

“Sería interesante que la iglesia (de la cual soy feligrés) también se pronuncie contra los abusos de sus sacerdotes a menores de edad, muchos de los cuales, han quedado impunes. Más allá de un rechazo a la despenalización del aborto, serviría mucho la propuesta de las iglesias para frenar la muerte de mujeres a causa de abortos clandestinos”, refirió.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género aseveró que el clero debería ser congruente y promover la lucha por los derechos de las mujeres.

“Qué bueno que se preocupan ahora, ojalá nos ayuden a impulsar nuestros derechos humanos, para que no parezca como tal parece ahora, que se creen libres de pecado y quieren lanzar la primera piedra”, reprochó.

Iglesia no definirá reformas

María del Carmen Cabrera Camacho (del PT) sostuvo que la opinión de la Iglesia no definirá el aval o rechazo a los matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto, cuando se discutan en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que ella encabeza.

Igual dijo respetar la opinión de los religiosos, así como la de los grupos a favor y en contra de las reformas, pero afirmó que ningún sector pesará más que el otro, sino que “se escucharán todas las voces”.

Ratificó que no hay fecha para comenzar con el análisis de las iniciativas ni para los foros que se pretenden realizar antes de legislar en la comisión.

e-consulta
Héctor Llorame
Jueves 8 de octubre 2020.


La alcaldesa confió en que la documentación que presentó para acreditar su gestión no será utilizada como “garrote político” en su contra.

Al acusar una persecución política en su contra, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, confió en que la documentación que este lunes presentó a la Comisión Inspectora del Congreso local para aclarar presuntas anomalías administrativas, no será utilizada como un “garrote político” en su contra.

Aunque afirmó que no acudiría, la alcaldesa hizo este lunes acto de presencia en la Auditoría Superior del Estado (ASE) para atender el llamado hecho por la Comisión Inspectora la semana pasada.

Rivera Vivanco se presentó a la comparecencia a la que la citó el Congreso local, pero solo entregó documentación, abandonó la sesión y luego solicitó una audiencia en el pleno.

Solo estuvo unos minutos para atestiguar el inicio de la sesión, la instalación del cuórum, la lectura del orden del día y emitió un posicionamiento.

Señala que hay persecución política

Al abandonar la sede de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rivera aseveró que los legisladores descalifican su gestión sin pruebas, solo basados en notas periodísticas sin fundamento, por lo que insistió en que es víctima de una persecución.

En entrevista aseguró que entregó documentación suficiente para acreditar sus acciones de gobierno, información que espera “sea suficiente para que ilustren el juicio” que llevarán a cabo sobre su gestión. “Tengo confianza en que no van a ser utilizadas como garrote político”, acotó, al referirse a los elementos documentales que presentó.

Indicó que acudió al llamado que le hicieron los legisladores porque “no hay nada que ocultar” y porque es necesario fortalecer a las instituciones.

Legisladores se extralimitaron, asevera

En el pronunciamiento que hizo antes de abandonar la sesión de la Comisión Inspectora, Rivera Vivanco destacó que la ley no incluye las comparecencias de alcaldes, así que los legisladores se extralimitaron en sus funciones al llamarla.

Enfatizó que acudió solamente para visibilizar el acoso que padecen varios alcaldes por parte de algunos servidores públicos que buscan “socavar” la autonomía municipal.

A la vez afirmó que busca fortalecer las instituciones para que nunca más vuelvan a utilizarse como “garrote político”.

La edil sostuvo que en la documentación que entregó se encuentra toda la información de los contratos y licitaciones cuestionadas por los diputados y reclamó que su gobierno es el “más vigilado de la historia”.

Denunció que la ASE ya realiza auditorías al ayuntamiento precisamente sobre lo solicitado por la Inspectora e incluso audita programas que ni siquiera se han ejecutado.

Solicita audiencia

Tras entregar unos documentos a los diputados, Rivera Vivanco abandonó la sede de la ASE sin dar lugar a cuestionamientos de los diputados y luego se dirigió al Congreso del estado.

En el edificio legislativo solicitó una audiencia ante el pleno, para rendir un informe ante los 41 diputados y no solo ante la Comisión Inspectora, con la que solo acordó mesas de trabajo tras la comparecencia fallida de este lunes.

e-consulta
Patricia Méndez
y Héctor Llorame
Puebla, México
Lunes 5 de octubre de 2020.


El Congreso de Puebla citó a la alcaldesa Claudia Rivera


Ni la Constitución de Puebla ni la Ley Orgánica del Congreso local otorgan a los diputados la facultad de llamar a comparecer a los presidentes municipales para aclarar anomalías en sus gobiernos.

La Comisión Inspectora aprobó el miércoles citar a la alcaldesa de la capital Claudia Rivera Vivanco, sin embargo, los argumentos jurídicos utilizados por los legisladores no son aplicables.

La comisión encabezada por Olga Lucía Romero Garci Crespo (de Morena) fundamentó el llamado en los artículos 222, 223 y 227 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero ninguno contempla la comparecencia de ediles.

En una carta enviada el miércoles al ayuntamiento la legisladora por el distrito de Tehuacán refirió los mismos artículos para negar que el citatorio “sea una falla constitucional” como expresó la alcaldesa.

En un video difundido en redes sociales este jueves, Romero Garci Crespo volvió a usar dicho articulado como justificación para negar que la Inspectora ejerza una persecución política contra Rivera Vivanco.

“Todo es conforme a la ley, apegado a derecho y en atención a denuncias ciudadanas. Es un ejercicio para abonar a la transparencia y la rendición de cuentas”, defendió en su grabación.

Lo que dice la ley

El artículo 222 de la Ley Orgánica citado por los diputados, establece que el Congreso podrá solicitar la presencia de servidores públicos estatales o municipales “por conducto de la Secretaría General de Gobierno, quienes comparecerán bajo protesta de decir verdad por los siguientes motivos: I.- Dar cuenta del estado que guarden sus respectivos Ramos y Despachos; II.- Proporcionar información cuando se discuta un proyecto de Ley o Decreto; y III.- Proporcionar información cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos Ramos o actividades”.

El 223 enlista de manera específica a los servidores públicos que pueden ser llamados a comparecer en el Congreso:

“I.- Los Titulares de las Dependencias Estatales y Municipales; II.- Los Directores y Administradores Generales de los Organismos Públicos Descentralizados Estatales y Municipales; y III.- Los Directores y Administradores Generales de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria”.

Incluso el mismo artículo señala que el pleno del Congreso podrá acordar que sean citados a comparecer los titulares de los Organismos Autónomos de carácter Constitucional, es decir, el fiscal del estado o los presidentes del Tribunal Electoral, el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos o del Instituto de Transparencia.

Hasta precisa que podrá ser citado a comparecer también “cualquier otro servidor público que dependa de los enumerados” del artículo 223, pero no se mencionan los cargos de primer nivel, como los alcaldes, el gobernador o los magistrados del Poder Judicial.

Por su parte el artículo 57 de la Constitución Política del estado, donde se enlistan todas las facultades del Congreso local, no prevé en ninguna de sus 35 fracciones las comparecencias de alcaldes.

Niegan persecución política

A pesar de eso diputados de la Comisión Inspectora negaron una persecución política contra Rivera Vivanco y defendieron el acuerdo para llamar a comparecer a la alcaldesa.

Romero Garci Crespo señaló que el citatorio es “una oportunidad” para que la edil aclare y refute los señalamientos hechos por los diputados.

Raymundo Atanacio Luna (del PT) refirió en la sesión de la comisión únicamente es para demostrar que el ayuntamiento de Puebla “está haciendo las cosas bien”.

Miguel Trujillo de Ita (del PES) sostuvo que la comparecencia busca “dar certeza” a la ciudadanía sobre el uso y destino de los recursos públicos.

El acuerdo aprobado la Inspectora achaca al gobierno de Rivera Vivanco presuntas anomalías en licitaciones y contratos, posible desvío de recursos y supuesta desaparición de bienes.

El documento se basa en notas periodísticas y no cuenta con un dictamen previo de la ASE ni de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero aun así da por hecho que algunas compras y contratos del ayuntamiento son “ilícitos”, “no se apegaron a la ley”, “carecen de fundamentación jurídica” o de plano son “ilegales”.

e-consulta
Héctor Llorame
Jueves 1° de octubre 2020.


La edil capitalina Claudia Rivera Vivanco subrayó que la Comisión Inspectora del Congreso del Estado carece de facultades para hacer el análisis del ejercicio del gasto del Gobierno municipal, en tanto que el citatorio para comparecer ante los legisladores es de carácter político, afirmó la edil capitalina Claudia Rivera Vivanco.

En respuesta al llamado a comparecer ante la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla por una supuesta queja que llegó al Poder Legislativo donde se tacha de injustificado el proyecto de remodelación del Centro Histórico de 135 millones de pesos, la edil de Puebla afirmó que la Auditoría ya se encuentra analizando en tiempo real la ejecución de los programas de la actual administración, por lo que la información que piden los diputados ya puede ser consultada.

Por separado, Damián Romero Suárez, titular de la Consejería Jurídica del ayuntamiento, subrayó que la solicitud del Congreso local tiene graves deficiencias de forma y de fondo, debido a que la Comisión Inspectora no tiene facultades para llamar a comparecer a la presidenta municipal, en tanto que solo la Auditoría Superior del Estado es la única que puede analizar el ejercicio del gasto público como se establece en el párrafo 46, fracción XV, del Reglamento Interior del Congreso Local.

“En las atribuciones de la Comisión no figura el ejercicio del gasto del estado o de los municipios. Queremos que quede claro que no es una obligación legal ­–acudir a la comparecencia a la que fue convocada la edil–. Esperaremos que termine la sesión en cuanto nos notifiquen daremos la respuesta que nos soliciten. Seremos respetuosos del Congreso, pero defenderemos el orden constitucional y la autonomía del municipio”.

Cuestionó que los diputados se enfrasquen en esta discusión y dejen en la congeladora otras como los derechos sexuales de la mujer y la interrupción legal del embarazo.

“Hay varias inconsistencias con las cuales no podeos estar de acuerdo por una cuestión de mero procedimiento. La Comisión Inspectora no puede entrar al análisis del gasto de los programas presupuestarios de los ayuntamientos, esa atribución no la tiene ni el Congreso, es una atribución de la ASE”.

Agregó que más bien parece que el Congreso local se suma a la persecución en contra del gobierno municipal iniciada por diferentes actores, los cuales pretenden menoscabar el trabajo del ayuntamiento.

“Los diputados violan su propia normativa. Es increíble que no saben cómo operan las leyes. La Comisión Inspectora no tiene atribuciones para analizar el ejercicio del gasto. La ASE está analizando en tiempo real el gasto público”.

“Solicitud con tintes políticos”

La presidente municipal afirmó que dicha solicitud únicamente responde al interés de algunos diputados por tener reflectores ante la ausencia de un debate de altura, de trabajo intelectual y técnico por lo que recurren a viejas prácticas, en alusión velada a Gabriel Biestro Medinilla, líder del Congreso local y quien según versiones periodísticas buscaría la candidatura a edil por Morena.

“Que tengan mucho cuidado los diputados porque podrían estar incurriendo en un exceso de sus facultades y una falla constitucional incluso”, acotó.

Manifestó que lo que sí está en su cancha como edil es combatir la corrupción y transparentar y rendir cuentas en los mecanismos conducentes.

“Lo que sí hemos observado es que algunos compañeros tienen necesidad de reflectores y ante la ausencia de debate de altura, de trabajo intelectual, técnico recurren a las viejas prácticas. No todos los diputados han estado a la altura de los ciudadanos”, expuso.

Asimismo, señaló que los diputados locales podrían incurrir en un exceso en sus facultades al llamarla a comparecer ante la Comisión Inspectora por supuestas anomalías en su gestión como alcaldesa.

Sí hubo desacato del Congreso y los diputados podrían perder el cargo, alerta exfuncionario del IEE

El abogado y exfuncionario del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alfonso Aguilar García, consideró que sí existió un acto de “rebeldía” por parte del Congreso de Puebla a la hora de aprobar la desaparición del ayuntamiento de Tehuacán, que podría ser juzgado de desacato hacia un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y traer como consecuencia la separación del cargo de los diputados.

De confirmarse esa situación, los legisladores serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), agregó el especialista, quien fungió como encargado de despacho de la Dirección Jurídica del IEE y como titular de la Oficialía Electoral.

Acompañado por el abogado Víctor León Rueda, Aguilar García argumentó que la SCJN emitió un incidente de suspensión en el que “de manera extensiva y clara le dice al Congreso que no puede emitir una resolución sobre la desaparición del ayuntamiento de Tehuacán ni ejecutarla ni nada que se le parezca”, debido a que la corte determinará si el procedimiento se apegó a la ley.

Lejos de acatar la suspensión, prosiguió, el Poder Legislativo aprobó la desaparición, ordenó la revocación de mandato del alcalde Andrés Artemio Caballero López y del resto de los integrantes del cabildo, e integró un Concejo Municipal que asumirá el gobierno de Tehuacán.

La mesa directiva del Congreso, prosiguió el jurista, además ordenó publicar el acuerdo de desaparición en el Periódico Oficial del Estado (POE), con el fin de que surtiera efectos al día siguiente.

Aguilar García alertó que esa “rebeldía que se está mostrando” desde el Poder Legislativo podría desestabilizar a todo el estado, porque es posible que el procedimiento contra el ayuntamiento de Tehuacán termine con la separación del cargo de los diputados por desacato a un mandato judicial.

Detalló que el incidente de incumplimiento de suspensión puede iniciarse a petición de parte o por decisión del máximo tribunal de justicia del país.

En ese contexto, manifestó: “A mí me genera mucha preocupación saber si los diputados actúan de manera consciente o visceral y si saben las consecuencias que podrían tener sus actos”.

Víctor León Rueda, quien llevó la defensa de Ana Teresa Aranda Orozco cuando compitió por la gubernatura de Puebla en 2016, aclaró que ni él ni Aguilar García asesoran al ayuntamiento de Tehuacán ni forma parte del Congreso.

La Jornada
de Oriente
Efraín Núñez
Mónica Camacho
Cdad. de Puebla, México
Miércoles 30 de sept. 2020.


Decenas de mujeres se manifestaron este lunes frente al Congreso local para exigir a los diputados que legislen para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo en la entidad.


Este lunes, día de la Acción Global por la Despenalización del Aborto, los colectivos feministas reclamaron, con un “perreo abortista”, modificar el Código Penal, debido a que aún se criminaliza con cárcel a las mujeres que recurren al aborto.

Recordaron que en campaña los candidatos de Morena al Congreso y al gobierno del estado ofrecieron garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

“Señalamos el estado de simulación que este gobierno encabeza al mantener en la congeladora las iniciativas que permiten a las mujeres ejercer la autonomía sobre sus cuerpos y no garantizar el pleno acceso a un aborto legal y seguro”, expusieron.

Los legisladores locales reconocieron que en la agenda del último año de la actual legislatura no se prevé la despenalización del aborto en la entidad, donde aún se contemplan penas hasta de un año de cárcel para las mujeres que interrumpen su embarazo.

En apoyo a la lucha proabortista, el ayuntamiento de esta ciudad mandó colocar una manta en la entrada del palacio municipal, con la imagen de un puño envuelto en una pañoleta verde y la leyenda “¡Que sea Ley! En mi cuerpo y en mi vida ¡Yo decido!”.

De esa manera el ayuntamiento a cargo de la alcaldesa morenista Claudia Rivera expresó su postura en torno al tema que ha quedado pendiente en el Congreso local, donde su partido cuenta con mayoría.

Además, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género (SISG) del municipio convocó a eventos donde se analizan los derechos de las mujeres a decidir y en el que participan colectivos feministas.

Proceso
Puebla, México
Gabriela Hernández
Martes 28 septiembre 2020.


El Congreso de Puebla anuló la entrega de un terreno de 42 hectáreas del parque ecológico Flor del Bosque, con la que se hubiera beneficiado el empresario inmobiliario Carlos Enrique Rafael Haghenbeck Cámara con una ganancia inicial de 750 millones de pesos, tan sólo por el valor del inmueble.

Los dividendos para Haghenbeck, quien es identificado por el gobierno del estado como consuegro del ex mandatario del PAN Antonio Gali Fayad, se hubieran multiplicado de haberse concretado la construcción de un desarrollo urbano en ese lugar, considerado uno últimos pulmones de la zona metropolitana de la entidad federativa.

Durante la discusión de la propuesta, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) José Miguel Trujillo de Ita dimensionó los beneficios económicos de la permuta que propuso Antonio Gali a favor de Haghenbeck en 2018 y que autorizó la legislatura pasada del Congreso, bajo el dominio del PAN.

De acuerdo con Trujillo, el gobierno entregaría 42 hectáreas del parque ecológico con un valor de 840 millones de pesos a cambio de las cuales Haghenbeck cedería 46.1 hectáreas de un terreno adyacente valuado en 92.2 millones de pesos, lo que arroja una diferencia favorable al desarrollador inmobiliario de 747.7 millones.

Haghenbeck intentó librar el pago de impuestos

Era una “ventajosa permuta”, sentenció el legislador del PES al tiempo de criticar que la legislatura pasada aceptara la propuesta de Gali, pese a que se trató de un acto “carente de sensibilidad social” que tuvo como fin “beneficiar a un empresario y sus respectivos intereses económicos”, sin importar el daño al medio ambiente que esto hubiera provocado.

Abundó que la permuta nunca se concretó, pese a que el decreto de autorización se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 31 de agosto de 2018, debido a que Haghenbeck se negó a pagar los impuestos generados de la transacción con base en el valor comercial del terreno, superior al catastral.

“Es decir, todavía que iba a realizar un negocio inmobiliario fabuloso, con base en esa permuta, el empresario pretendía pagar el mínimo en impuestos”, reprochó el representante popular, aliado de la bancada mayoritaria de Morena.

La abrogación de la permuta en Flor del Bosque fue aprobada con 21 votos a favor de las bancadas de Morena, el PES y el Partido del Trabajo (PT), a los que se sumaron dos diputadas del PAN: la coordinadora de esa fracción, Mónica Rodríguez Della Vecchia, y Nancy Jiménez Morales.

En tanto, el diputado Oswaldo Jiménez López, sobrino de Antonio Gali votó en abstención junto con 10 representantes populares de las bancadas del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y Compromiso por Puebla (CPP).

Gobierno estatal convertirá el parque en área de conservación

La abrogación de la permuta la propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta, como parte de un proyecto que impulsa su administración para convertir el Parque Ecológico Flor del Bosque en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) con el fin de que sea protegida por el gobierno federal.

El 29 de junio pasado, el Poder Ejecutivo local publicó un decreto en el que se instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del estado a iniciar el proceso para obtener la certificación de ADVC, con el fin de frenar proyectos urbanísticos que reduzcan la extensión del parque.

Alertó que, de no tomar acciones, esa zona boscosa que se localiza al oriente de la ciudad de Puebla podría desaparecer junto con las especies de flora y fauna silvestre que alberga en riesgo de extinción, ante la “presión urbana” circundante.

De obtener la certificación, el gobierno de Puebla podría gestionar recursos ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para financiar adaptaciones en el parque ante fenómenos y cambios climáticos, programas de aprovechamiento de recursos sustentables y mejoras en la calidad del aire y agua.

La Jornada
de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Jueves 24 de sept. 2020.


•    El Congreso local decretó la extinción del cabildo de Tehuacán, por consigna de Barbosa

•    En un “Congreso” gris, abúlico, semianalfabeta, mediocre y corrompido, no tienen mayor interés por nada… El caso Tehuacán, viene de la desmedida ambición de Barbosa, único beneficiario…


Pese a que existe una suspensión provisional dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso local decretó la extinción del cabildo de Tehuacán y nombró un concejo municipal que se hará cargo de la administración lo que resta del periodo de gobierno.

Ante la polémica que surgió sobre si el Congreso local incurriría en desacato por decidir la disolución del cuerpo edilicio, de última hora los diputados agregaron una disposición donde se señala que sus resoluciones sólo se concretarán hasta que la SCJN emita un fallo definitivo sobre la controversia constitucional que interpusieron los actuales integrantes del cabildo.

Sin embargo, nombraron a los integrantes del concejo municipal que estará presidido por el diputado local Fernando Sánchez Saccia, a quien en pocas horas autorizaron una licencia y en automático la publicaron en el Periódico Oficial del Estado.

Así, el ayuntamiento de Tehuacán, el segundo más importante de la entidad, tiene ahora dos autoridades: un cabildo elegido durante los comicios de 2018, encabezado por el alcalde suplente Artemio Caballero, y un concejo que fue integrado y aprobado esta madrugada por el legislativo poblano, pero aún sin fecha para que entre en funciones.

Los diputados que se opusieron a esta resolución acusaron que el Congreso no sólo viola la suspensión concedida por la SCJN al actual ayuntamiento –y por lo mismo podría incurrir en responsabilidad legal– sino que abona a la ingobernabilidad que de por sí padece ese municipio desde que el alcalde electo, Felipe de Jesús Patjane, fue encarcelado en noviembre de 2019.

Los diputados José Juan Espinosa, del Partido del Trabajo (PT), y el independiente Héctor Alonso Granados, acusaron directamente al gobernador Miguel Barbosa Huerta de ordenar al legislativo que aprobara esa resolución, misma que calificaron como una “aberración jurídica” motivada por una “venganza personal”.

“Esto es parte de una venganza política por parte del gobernador del estado”, expresó Espinosa, quien sostuvo que existe un interés del mandatario por controlar políticamente la región de Tehuacán, donde tiene su residencia. “Está generando (el gobernador) una deformación de la vida pública del estado”, recalcó.

Por su lado, la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia advirtió que el Congreso no agotó el procedimiento para declarar la disolución de todos los integrantes del cabildo, ni siquiera consideró nombrar a los suplentes que fueron electos en los comicios de 2018, como lo marca la Constitución, y sólo designó arbitrariamente a los integrantes del concejo sin comprobar que reunieran requisitos de elegibilidad.

José Armando García Avendaño, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expresó que la elección del concejo motiva la incertidumbre entre los pobladores de Tehuacán, pues en los hechos hay dos autoridades nombradas y ello puede derivar en más conflictos e ingobernabilidad.

El panista Oswaldo Jiménez expuso que la resolución aprobada es tan “absurda” que los legisladores afines al gobernador, a la vez que revocan el mandato a todos los integrantes del cabildo propietarios y suplentes, vuelven a nombrar como propietaria a una de las regidoras que destituyeron.

La suspensión provisional que emitió la SCJN el miércoles 9 ordena al Congreso de Puebla abstenerse de ejecutar resoluciones que en su caso hayan dictado o pudieran dictar en relación con la desaparición del ayuntamiento hasta que resuelva la controversia constitucional.

Según los diputados de Morena, esta suspensión sólo se refiere a ejecutar, pero no a dictar resoluciones, por lo que consideraron que podían seguir el procedimiento de disolución. “Sin ejecución no hay desacato”, resumió la diputada Olga Romero Garci Crespo.

La legisladora argumentó que la disolución derivaba de denuncias de corrupción que hicieron los pobladores en contra de los integrantes del ayuntamiento.

Sin mayoría calificada

La panista Rodríguez Della Vecchia y la priista Rocío García Olmedo advirtieron que el decreto se dio por aprobado, aunque sólo alcanzó 26 votos a favor, con lo que no se alcanzan las dos terceras partes de los 41 integrantes del legislativo poblano, que es lo que marcan las constituciones federal y estatal.

Sin embargo, los diputados de Morena, Partido Encuentro Social (PES) y PT, que tuvieron el apoyo del PRI, el PVEM e independientes, alegaron que la mayoría calificada se contabiliza con base en los diputados presentes y no con todos los integrantes de la legislatura.

En ruedas de prensa recientes, el gobernador Miguel Barbosa se pronunció por la desaparición del cabildo de Tehuacán, debido a que, afirmó, no funcionaba.

“Desafortunadamente en Tehuacán fue de esos casos en donde la integración de la planilla ganadora fue muy desafortunada en todos los sentidos; este segundo municipio más grande del estado quedó en manos de personas que no tenían el tamaño para ser los gobernantes de un lugar así … Es de esos accidentes de la democracia electiva”, expresó el mandatario.

Además del encarcelamiento de Patjane, en agosto pasado fueron detenidos el regidor de Hacienda, Víctor Canaán Barquet, y los extitulares de la Contraloría y de la Tesorería de esa localidad.

Según el diputado José Juan Espinosa, Patjane es un “preso político”, pues el mandatario busca una venganza porque el alcalde no lo apoyó en las protestas por el supuesto fraude cometido en los comicios de 2018.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 23 de septiembre de 2020.

Página 1 de 16

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Ventana al mundo

Información reciente

Síguenos en Twitter