En la administración de Barbosa, la fiscalización es una herramienta para amedrentar y perseguir, no un mecanismo de control financiero


El Congreso de Puebla es uno de los 30 del país que han evitado vigilar de cerca el gasto de los gobiernos estatales para combatir la pandemia de Covid-19, advirtió la organización civil Transparencia Mexicana.

En su evaluación sobre el seguimiento de la contingencia, señaló que la legislatura poblana carece de un órgano, comisión especial o comité que analice e investigue las licitaciones, compras y contratos que ha realizado la administración de Miguel Barbosa Huerta durante la contingencia.

La asociación lamentó que, a 100 días de la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país, casi todos los congresos locales y el de la Unión han evitado exigir cuentas al poder Ejecutivo federal y los estatales.

Si bien reconoció que por la contingencia han comparecido funcionarios federales y estatales ante diputados, puntualizó que los congresos “no han aprovechado las herramientas que la propia Constitución les asigna” para ejercer una vigilancia profunda y vinculante.

Esto al recordar que los senadores, diputados federales y locales “tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país”.

“La Cámara de Diputados a nivel federal y los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines”, enfatizó la agrupación.

Ante el poco interés de los diputados por la transparencia en el gasto de recursos, la organización recordó que la figura de comisiones especiales puede ser una herramienta para vigilar la actuación de los gobiernos.

“Las comisiones especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público. El resultado de la investigación deberá ser del conocimiento del Poder Ejecutivo. Por su naturaleza plural constituyen un espacio para integrar diferentes perspectivas de los partidos políticos que integran el Congreso”, apuntó.

Sólo Sonora y Coahuila vigilan gasto

Transparencia Mexicana exhibió que solamente los congresos de Sonora y Coahuila han conformado comisiones especiales para vigilar el gasto de los gobiernos.

No obstante, refirió que, en el caso de Coahuila, el acuerdo publicado sobre la integración del órgano “no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos”.

Sobre el Congreso de la Unión, apuntó que en la Comisión Permanente hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos federales, pero hasta el 22 de junio que concluyó la evaluación, no había sido aprobado por el pleno.

Transparencia Mexicana sentenció que mientras los legisladores no ejerzan sus funciones aprovechando las herramientas que la ley les otorga, de poco servirán sus “sendos pronunciamientos y comunicados en redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos”.

e-consulta
Héctor Llorame
Lunes 29 de junio de 2020.


Aunque demandó a e-consulta, Gabriel Biestro presume que hay más libertad de prensa que nunca


El presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, advirtió que sigue en pie su reforma para castigar con cárcel las "noticias falsas" durante una contingencia sanitaria, a pesar del rechazo de ONU-DH, pues acusó que en los gobiernos panistas el organismo no protestó y guardó silencio.

Aún con la petición expresa de no aprobar la iniciativa y derogar las penas vigentes contra medios de comunicación, el diputado de Morena descartó este martes hacer caso a las demandas y sólo accedió a corregir su proyecto de ley.

El coordinador de la bancada morenista negó que él y su compañera Nora Merino Escamilla (del PES) pretendan restringir la libertad de los medios de comunicación, como alertó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), por el contrario, presumió que con el nuevo régimen gozan de más libertad que nunca.

Pese a haber demandado a e-consulta por ventilar su presunta alteración de documentos, Biestro Medinilla aseguró que hay libertad para publicar lo que sea sin temor a represalias.

"Ahora, tú mismo lo sabes, tu medio lo sabe: pueden decir cualquier cosa y nadie ha ido a quitarles el medio o a hacerles nada. Ahorita estamos viviendo una libertad de prensa de carácter muy institucional. Todo mundo tiene derecho a defenderse, a recurrir a diversas instancias o instituciones", afirmó en rueda de prensa por internet.

Reclama silencio de ONU con RMV

Tras el rechazo de ONU-DH a su iniciativa, el morenista reclamó que esta y otras organizaciones que ahora lo han criticado, en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle no dijeron nada.

"Varias de esas organizaciones que ahora se quejan, no dijeron ni pío cuando Rafael Moreno Valle gobernaba y traía a los medios de comunicación de bajada, y ahora resulta que están muy preocupados por una reforma que lo que busca es salvaguardar la tranquilidad de la sociedad y evitar pánico, evitar estallidos, evitar confusiones. Eso es lo que busca", apuntó.

Aunque sostuvo que no ignorará el oficio enviado la semana pasada por Jesús Peña Palacios, representante en México de ONU-DH, advirtió que no cumplirá con sus demandas y no tiene pensado retirar su propuesta.

Esto con el argumento de que es necesaria una regulación, porque en la contingencia por Covid-19 se ha registrado un exceso de rumores y desinformación en redes sociales y medios de comunicación, que ponen en riesgo a la ciudadanía.

"En esta época vimos muchas cuestiones para atemorizar a la sociedad, la gente ha sido víctima; Estas noticias han generado psicosis y agresiones contra el personal de salud (...) pero se va a hacer lo que la gente opine y yo creo que la gente requiere esto. No lo desestimamos (el oficio de ONU-DH) lo vamos a respetar y estudiar, pero no estamos en la idea de echar abajo la reforma", sentenció.

Descarta derogar penas vigentes

Biestro Medinilla descartó también suprimir las penas de hasta 12 años de cárcel que existen actualmente por la difusión de noticias falsas.

Aunque ONU-DH exigió derogar el artículo 165 del Código Penal del estado, el legislador desechó la petición, aunque no explicó por qué.

Dicho artículo actualmente establece: “se aplicarán prisión de dos a doce años y multa hasta de doscientos días de salario, a quien, haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.

La pretensión de Biestro Medinilla y Merino Escamilla consistía en agregar un párrafo que dijera: “la misma sanción (de hasta 12 años de cárcel) se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado".

e-consulta
Héctor Llorame
Martes 12 de mayo de 2020.


Crean más fiscalías e instituto para subastar bienes incautados


En el Congreso de Puebla se aprobó crear las fiscalías especiales para feminicidios, personas desaparecidas y delitos electorales, así como el Instituto para la Administración de Bienes, que podrá vende o donar bienes incautados al crimen.

Su formación se avaló este jueves en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por instrucción del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Aunque la diputación  del PRI pidió modificaciones, fueron rechazadas por mayoría y solo se aceptaron cambios de redacción, pues exhibió errores, omisiones y contrariedades en el texto.

Para el nacimiento de las fiscalías, se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que para el instituto se creó la Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes Asegurados.

Tras aprobarse las disposiciones enviadas por el mandatario, se turnarán al pleno para que sean ratificadas en la sesión ordinaria del viernes, que será la última del primer periodo ordinario de sesiones.

En este paquete de reformas no se incluyó la fiscalía especializada para estudiantes que Barbosa Huerta prometió tras la “mega marcha universitaria”, ya que para esta deberá enviar otra iniciativa que aún se encuentra en elaboración.

Las nuevas fiscalías

Para las nuevas fiscalías se modificó el artículo 9 de la Ley Orgánica, así que ahora establecerá:

“La Fiscalía General, para el despacho de asuntos que le competen, estará integrada por: I. La Fiscalía de Investigación Metropolitana; II. La Fiscalía de Investigación Regional; III. La Fiscalía especializada en Derechos Humanos; IV. La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.

V. La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión; VI. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; VII. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales VII. La Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia; y IX. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género”.

Las fiscalías de Investigación Metropolitana, Investigación Regional, Derechos Humanos y Combate a la corrupción ya existen, mientras que la actual Fiscalía Especializada de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) cambiaría de nombre a Secuestro y Extorsión, en tanto que el resto de las enlistadas serían las de nueva creación.

Venderán bienes incautados

Para la venta de propiedades incautadas se creó el Instituto para la Administración de Bienes del Estado de Puebla, un nuevo organismo público descentralizado (OPD).

La Ley para la Administración de Bienes lo regulará y esta señala que el gobierno podrá licitar o adjudicar los bienes, e incluso donarlos a las víctimas de los delitos que causaron su aseguramiento.

De acuerdo con el artículo 53, el Instituto podrá donar bienes “o el producto de su venta a favor de las personas que hayan sido víctimas de los delitos que hayan causado la extinción de dominio, el decomiso o el abandono de los mismos”.

El OPD además podrá subastar, rematar o vender lo incautado, aunque si lo hace y el propietario gana un juicio en el que pruebe que el bien era lícito, el gobierno tendrá que indemnizarlo por el valor equivalente.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Viernes 13 de marzo de 2020.


La empresa Agua de Puebla tendrá que devolver a 189 usuarios lo que pagaron en exceso desde hace cuatro años


El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito declaró que son inconstitucionales las tarifas del servicio de agua potable que en marzo de 2014 aprobó el Congreso de Puebla y que aplica en la capital la concesionaria Agua de Puebla para Todos.

El abogado Gilberto Vladimir Montalvo González dijo que el pasado 13 de febrero el tribunal resolvió a favor de 189 usuarios que promovieron un amparo contra las tarifas y a quienes se les tendrá que devolver lo que pagaron en exceso desde hace cuatro años.

El amparo en revisión 99/2018 resuelve que es inconstitucional el acuerdo tarifario y sus actualizaciones, el cual ampara a 189 quejosos de las colonias México 68 y Santiago, quienes ahora tendrán que pagar el agua con la tarifa anterior de 105 pesos mensuales.

 “Son 105 pesos mensuales. Las tarifas las estableció el Congreso. Nos amparamos en contra de ese acuerdo tarifario y el tribunal finalmente nos amparó, le van a tener que devolver todo el dinero que pagaron los últimos cuatro años y hacer los ajustes”, dijo.

De acuerdo con el abogado Gilberto Vladimir Montalvo esta sentencia solo aplica para los usuarios que ganaron el amparo, pero adelantó que presentarán más juicios para lograr al menos cinco sentencias en el mismo sentido para que haya más ciudadanos beneficiados.

Para el litigante, el hecho de que el Congreso todavía no haya retirado la concesión a la empresa Agua de Puebla o Concesiones Integrales, puede significar que existen intereses entre los legisladores y la operadora del servicio de agua potable y alcantarillado.

 “No sé qué tan involucrado estén los legisladores, pero lo que está diciendo la sentencia es que el aumento en el cobro fue totalmente arbitrario”, dijo a El Sol de Puebla.

La sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, según el abogado, traerá como consecuencia nuevos amparos en contra del aumento, la eventual cancelación de las tarifas abusivas y la salida de Concesiones Integrales.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Lunes 2 de marzo de 2020.


El Congreso de Puebla expulsó de sus instalaciones a la fundadora de la asociación La Voz de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez Baroja, a quien además amenazó con el uso de la fuerza pública, por acusar a los legisladores de Morena, el PT, el PES y el PVEM de ser “agachones”, “levanta dedos” e “indignos de la cuarta transformación”.

“Yo estaba ahí en calidad de víctima y mi reclamo era en calidad de víctima. Claro que es un exceso, claro que es un abuso del poder, porque al final de cuentas si ellos lo consideraron un insulto pues ¡qué pena! No dije más que la verdad y cuando se dice la verdad no es insulto (…) que no les guste escuchar sus verdades es muy diferente”, fustigó la activista en entrevista con La Jornada de Oriente.

Se trató de la primera vez que el Congreso usa un protocolo que aprobó la semana pasada para atender manifestaciones, en el que facultó al director de Atención Ciudadana, Alejandro Hernández López, a solicitar el retiro de los ciudadanos que ingresen al palacio legislativo en caso de no dirigirse a los diputados con “orden” y “respeto”.

Protestó por la designación de Gilberto Higuera

Los hechos se suscitaron la noche del miércoles en el momento que el Congreso aprobó la designación de Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el voto de 38 de los 41 diputados.

En el lugar se encontraban los integrantes de La Voz de los Desaparecidos, quienes se manifestaron a lo largo del día contra el posible nombramiento de Higuera, al acusar que como encargado de despacho de la FGE se negó a actuar por casi año y medio contra las bandas de secuestradores y criminales.

Desde galerías del salón de sesiones, María Luisa Núñez, quien es madre de Juan de Dios Núñez, desaparecido desde 2017, increpó a los legisladores, a quienes acusó de ser un “vergüenza y una afrenta” para los ciudadanos que votaron por ellos en los comicios de 2018.

En ese momento, la presidente de la mesa directiva, Josefina García Hernández, solicitó orden en el Congreso y advirtió a los activistas que pediría el auxilio de la fuerza pública de no ajustar su conducta.

María Luisa Núñez relató que el director de Atención Ciudadana se acercó a ella y le pidió que ‘por favor’ se retirara del lugar, por lo que la activista comenzó a descolgar las fotografías de las personas desaparecidas que el colectivo instaló en los postes de concreto que divide al pleno de galerías.

Lamentó que ningún legislador levantó la voz para reclamar por lo sucedido, al tiempo de reconocer que la hicieron sentir como “delincuente”, porque el director de Atención Ciudadano no se despegó de ella hasta que salió del salón.

“Ninguno de los diputados presentes, ni siquiera las diputadas, se pronunciaron al respecto, todos callaron, todos agacharon la cabeza como lo que son”, reprobó.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Viernes 28 de febrero de 2020.


    Brillan por improductivos la mitad de diputados de Puebla

    Ni trabajan comisiones del Congreso que desaparecerán

    De 41 diputados locales, el 51 por ciento no presentó más de cinco iniciativas en un año

    La nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo en Puebla prevé reducir de 35 a 23 el número de comisiones

La mitad del Congreso de Puebla destacó por su improductividad en el primer año legislativo de la LX Legislatura, ya que 20 de los 41 diputados no presentaron más de cinco iniciativas y una de plano no ha propuesto nada.

Los 19 legisladores restantes superaron el promedio de una propuesta de ley cada dos meses, pero solo 11 de ellos registraron un proyecto cada mes.

De acuerdo con el registro de iniciativas, Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena) no ha presentado ninguna desde el 15 de septiembre de 2018, que inició la legislatura.

La diputada plurinominal además forma parte de los diez congresistas con más faltas, ya que no se presentó a dos de las 49 sesiones ordinarias del pleno celebradas en el último año.

Liliana Luna Aguirre (PRD); Armando García Avendaño (PRD); Guadalupe Esquitín Lastiri (MC) y Uruviel González Vieyra, de Compromiso por Puebla (CPP) tampoco tienen propuestas de forma particular, pero en grupo han presentado 30.

En su bloque denominado “Somos 5” también se encuentra Carlos Morales Álvarez, de Movimiento Ciudadano (MC), quien tiene un proyecto de reforma a su nombre.

Juan Pablo Kuri Carballo (PVEM) tiene solo un proyecto de ley y registra ocho inasistencias.

Improductividad en todos los partidos

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Valentín Medel Hernández, cuenta con una iniciativa, mientras que Fernando Jara Vargas (Morena) tiene dos, igual que Miguel Trujillo de Ita (del PES), además de que los dos últimos suman dos faltas a sesiones.

El expanista y ahora diputado sin partido, Hugo Alejo Domínguez, tiene tres propuestas, como la priista Josefina García Hernández; Raymundo Atanacio Luna (PT) y el morenista Fernando Sánchez Sasia.

Con cuatro proyectos empatan el presidente del Congreso y coordinador de la fracción de Morena, Gabriel Biestro Medinilla; su compañera de partido Cristina Tello Rosas (con dos faltas); el panista Oswaldo Jiménez López (cinco ausencias) y María del Carmen Cabrera Camacho (PT).

El segundo más faltista —con seis inasistencias— Gerardo Islas Maldonado (Nueva Alianza); el expanista Marcelo García Almaguer (sin partido) y Emilio Maurer Espinosa (de Morena, con tres faltas) contabilizaron cinco iniciativas en el primero de sus tres años como diputados locales.

Una iniciativa cada 2 meses

Con un promedio de una iniciativa cada dos meses se encuentran el priista Nibardo Hernández Sánchez y Héctor Alonso Granados (sin partido y con tres ausencias), mientras que las morenistas Bárbara Morán Añorve y Yadira Lira Navarro registraron siete en total, aunque la última (con dos inasistencias) pidió licencia la semana antepasada para incorporarse al gobierno del estado.

Ocho proyectos de ley acumulan Javier Casique Zárate (del PRI, con tres faltas); los morenistas Arturo de Rosas Cuevas (cuatro inasistencias) y Olga Lucía Romero Garci Crespo, en tanto que Nora Yéssica Merino Escamilla (del PES) lleva diez y la expanista María del Carmen Saavedra Fernández (sin partido) reporta 12.

Es así que solo superan el promedio de una iniciativa mensual Tonantzin Fernández Díaz y Vianey García Romero (de Morena), con 13 y 15; Mónica Lara Chávez (PES) que tiene 15; la panista Nancy Jiménez Morales, con 16 y su compañero de partido, Raúl Espinosa Martínez, con 17.

También el ex aliancista y diputado sin partido Jonathan Collantes Cabañas, que cuenta con 18; la priista Rocío García Olmedo tiene 20; la coordinadora del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, 22 y José Juan Espinosa Torres (PT) con 24.

Ni trabajan comisiones del Congreso que desaparecerán

Las 15 comisiones del Congreso de Puebla que se prevé fusionar con otras o simplemente desaparecerlas son las que menos trabajaron durante el primer año legislativo de la LX Legislatura.

La nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo que se planea aprobar en el nuevo periodo de sesiones (que inició el domingo) contempla reducir de 35 a 23 el número de comisiones legislativas.

La iniciativa perfila la desaparición de la Comisión de Organizaciones no Gubernamentales, presidida por el priista Javier Casique Zárate, quien solo ha celebrado dos sesiones en un año.

La primera fue en septiembre de 2018 y la segunda al mes siguiente, pero únicamente se aprobó el plan de trabajo y el organismo no se ha vuelto a reunir desde entonces.

Esto a pesar de que el Reglamento Interior del Congreso establece que las comisiones “deberán sesionar por lo menos una vez al mes, o las que sean necesarias, según el caso lo amerite”.

La comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, que encabeza el panista Oswaldo Jiménez López también ha sesionado solo dos veces y se pretende fusionarla con las de Derechos de la Familia y la Niñez, así como con Deporte y Juventud.

Fusiones para reducir cantidad

La de Grupos Vulnerables lleva tres sesiones bajo la dirección de la expanista María del Carmen Saavedra Fernández (ahora diputada sin partido) y se busca juntarla con Igualdad de Género.

Protección Civil se ha reunido cuatro veces con Gerardo Isas Maldonado (Nueva Alianza) como presidente, pero se planea adherirla a Seguridad Pública, en tanto que Asuntos Metropolitanos, del panista Raúl Espinosa Martínez, que lleva el mismo número de sesiones, pasaría a ser parte de Asuntos Municipales.

Con cinco encuentros, Migración y Asuntos Internacionales, de Mónica Lara Chávez (PES) se juntaría con Derechos Humanos; mientras que Vivienda, que sesionó las mismas veces con la morenista Bárbara Morán Añorve al frente, se fusionaría con Desarrollo Urbano.

La perredista Liliana Luna Aguirre reunió cinco ocasiones a la comisión de Cultura, que se contempla adherir a Turismo; Desarrollo Rural, del morenista Arturo de Rosas Cuevas (que sesionó seis veces) pasaría a formar parte de la Comisión de Bienestar.

Transportes y Movilidad, que preside el ex aliancista Jonathan Collantes Cabañas, se sumaría a Comunicaciones e Infraestructura, así como Ciencia y Tecnología, del perredista Armando García Avendaño, será parte de Educación.

Trabajo, Competitividad y Previsión Social, con Guadalupe Muciño Muñoz (PT) al frente se incluirá con Desarrollo Económico, igual que Atención a Personas con Discapacidad, de Uruviel González Vieyra (CPP), con la comisión de Salud.

Cambios de nombre

Transparencia y Acceso a la Información, de Lara Chávez, solo cambiará de nombre a Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mientras que Asuntos Indígenas, de la priista Josefina García Hernández, será Comisión de Pueblos Indígenas.

Todo esto de acuerdo con el artículo 76 del proyecto de nueva Ley Orgánica, en el cual se contempla también crear la Comisión de Normatividad Legislativa que, entre sus funciones, estaría la de dictaminar una iniciativa que en 60 días no haya sido atendida por la comisión a la que fue turnada originalmente.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Lunes 16 de septiembre de 2019.


Diputados no descartan que el encargado de despacho Gilberto Higuera Bernal siga al frente de la dependencia

El Congreso de Puebla demandará a Víctor Carrancá Bourget que renuncie a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar el proceso de designación de un nuevo titular, en el cual podría ser ratificado Gilberto Higuera Bernal, actual encargado de despacho.

Así lo anunció el presidente del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, quien señaló que “a la brevedad” se hará la petición por escrito de manera formal.

Con esto se busca orillar al fiscal a que se separe del cargo definitivamente, diez meses después de que solicitó licencia por tiempo indefinido el 4 de septiembre del año pasado.

En cuanto quede acéfala legalmente la titularidad de la FGE —dijo— se iniciará el nuevo procedimiento que marca la Constitución del estado para designar un nuevo fiscal.

“Es un tema que quedó mal abierto y mal cerrado, como todo lo que hicieron en el periodo pasado, pero se tiene que terminar ese capítulo, cerrarlo y ver cómo vendría el nuevo procedimiento”, expresó en entrevista este miércoles.

Biestro Medinilla no descartó que el fiscal de Investigación Metropolitana, Gilberto Higuera Bernal, se convierta en el titular de la FGE.

Sin emitir una postura sobre el actual encargado de despacho, reconoció que puede competir por el puesto para ser fiscal por siete años e incluso admitió que será considerado como una opción.

“Puede ser, podría ser, eso vamos a ver (si es ratificado); vamos a ponerlo, a proponerlo en la mesa y ver cómo sería este nuevo procedimiento”, apuntó.

Precisamente este miércoles Higuera Bernal acudió al Poder Legislativo para comparecer ante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para dar cuentas de su trabajo a partir del 11 de septiembre del 2018, cuando asumió el control de la fiscalía.

Congreso servil planchó salida de Carrancá

La LIX Legislatura —con mayoría panista— antes de irse el 15 de septiembre reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía para permitir que Carrancá Bourget saliera antes de ser destituido por los nuevos diputados (con mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia), ya que fue algo de lo que promovieron en campaña.

Se modificó el artículo 16 para que el funcionario se ausentara por más de 30 días y se le facultó para designar a un encargado de despacho, por eso arribó al cargo Higuera Bernal.

A su llegada la LX Legislatura buscó revertir esto con una contra reforma, pero fue vetada por el entonces gobernador Antonio Gali Fayad, así que el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la fecha no se ha resuelto.

Los días de Carrancá estaban contados

Si a Carrancá Bourget no lo removía el Congreso, lo haría la entonces gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo, quien ya se había comprometido a eso, igual que su oponente Miguel Barbosa Huerta, que de ser gobernador (porque la elección estaba impugnada) también lo echaría.

Las amenazas de destitución se fundaban en las estadísticas de impunidad y las evaluaciones que ponían a la Fiscalía de Puebla como una de las peores del país, además de que Carrancá Bourget era señalado de perseguir a opositores políticos del exgobernador Rafael Moreno Valle y proteger las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno estatal.

El periodo de siete años del fiscal concluiría en 2021, ya que fue designado en 2014 cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) —que encabezaba por designación de Moreno Valle— se convirtió en fiscalía.

De concretarse la renuncia de Carrancá Bourget, la Constitución del estado indica en su artículo 97 que el Congreso del estado debe conformar una lista de hasta 10 candidatos; de esa lista el ahora gobernador Barbosa Huerta elegiría una terna de finalistas, que tendrían que comparecer ante el poder Legislativo antes de someterse a votación de los 41 diputados para elegir un ganador.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Miércoles 17 de julio de 2019.


El legislador morenista evitó mencionar si existe una fractura al interior de los legisladores que conforman la coalición Juntos Haremos Historia, pues solo se limitó a decir que debe haber voluntad para trabajar


Ante el berrinche de José Juan Espinosa, el presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla descartó que exista un bloqueo en contra del petista y dijo que éste es el que amenaza a diputadas de Morena y a personal del Poder Legislativo local por no alinearse a su proyecto.

En entrevista, el legislador morenista dijo que “ya estuvo bueno” del petista y recordó que su actuar político siempre se ha caracterizado por quejarse.

Descartó que busquen destituir a José Juan como presidente de la Mesa Directiva, bajo el argumento de que no tiene facultad para hacerlo.

Respecto a las amenazas, Biestro Medinilla solo se limitó a decir que entre las afectadas están la morenista, Olga Lucía Romero, la contralora y personal de comunicación social.

Incluso, en tono sarcástico, el morenista dijo que se debería hacer un bloque en contra de José Juan Espinosa, pues él es quien ha actuado mal.

Ya estuvo buena de esas acusaciones, se deben de demostrar y haber pruebas. No hay ningún plan, tiene muchos años haciendo ese tipo de acusaciones. No hay nada de eso, no hay nada para destituirlo. Lo que necesitamos es tranquilidad. Mejor hay que hacer un bloque en contra de él que ha amenazado a diputadas, a la contralora. Ya estuvo bueno de él”.

Es preciso recordar que José Juan Espinosa Torres se emberrinchó por el bloqueo que le han hecho diputados de Juntos Haremos Historia allegados a Miguel Barbosa, y decidió no presidir la sesión ordinaria del Congreso de este miércoles.

La pugna entre José Juan Espinosa y Gabriel Biestro inició luego de que el petista acusó que Biestro Medinilla condiciona las plazas en el Congreso, pues pide a los trabajadores que se sumen a Miguel Barbosa y no apoyen a otro aspirante.

Indicó que ya suman cinco trabajadores que son despedidos por negarse a respaldar el proyecto de Barbosa.

Periodico Central
Jesús Viñas
Ciudad de Puebla
Miércoles 13 de febrero 2019.

Se propondrán para el 2 de junio las elecciones, cuando también habrá renovación de gubernaturas en otros cinco estados


La elección extraordinaria de Puebla de gobernador y de cinco municipios tendrá un costo aproximado de 450 millones de pesos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Juan Espinosa, informó que esos recursos fueron etiquetados en el anteproyecto de Ley de Egresos de Puebla 2019, que se votará ante el pleno en las siguientes horas.

El diputado local del PT adelantó que también propondrán para el 2 de junio las elecciones, cuando también habrá renovación de gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Baja California.

“Más de 450 millones de pesos para solventar la operación enfocada a la elección extraordinaria para gobernador y también los cinco consejos municipales que no tienen alcaldes”, explicó.

El recurso se distribuye de la siguiente manera: un poco más 150 millones de pesos para la nueva elección a gobernador de Puebla y votaciones extraordinarias en Ahuazotepec, Mazapiltepec, Santa Clara Ocoyucan, Cañada Morelos y Tepeojuma.

Un total de 243 millones 956 mil 221 pesos que corresponden a prerrogativas de partidos políticos y 56 millones 43 mil 779 pesos para gasto ordinario del propio Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE).

El Instituto Nacional Electoral (INE) calculó que serían 309 millones de pesos los que se necesitarían en caso de ser ellos y no el IEE, los que organicen el proceso comicial de Puebla.

El Universal
Ciudad de Puebla
Sábado 29 de diciembre de 2018.

PAN tuvo a 76 aviadores en nómina del Congreso de Puebla, denunció el presidente de la mesa directiva del Congreso de Puebla, José Juan Espinosa Torres.

José Juan Espinosa denunció que la LIX Legislatura se gastó en ocho meses el presupuesto que programó para 2018 de 145 millones de pesos

Puebla.- El presidente de la mesa directiva del Congreso de Puebla, José Juan Espinosa Torres, denunció que el PAN tenía en nómina a 76 aviadores que se separaron del cargo el viernes pasado, antes de que Acción Nacional perdiera la mayoría y, con eso, el control sobre el área administrativa del Poder Legislativo.

El coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, se deslindó de las bajas laborales al precisar que éstas se llevaron a cabo previo a la toma de protesta de los 41 nuevos representantes populares de la LX Legislatura, de los cuales 22 forman parte del bloque que encabeza Regeneración Nacional.

Tanto Espinosa como Biestro, de los cuales éste último se perfila como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se comprometieron a respetar los lugares de los trabajadores de base y a impedir la reinstalación de los aviadores.

“El Congreso tenía contratados a 76 trabajadores asimilados, una especie de aviadores que ni trabajaban ni se presentaban, una especie de ninis (…) los de base se quedan y los aviadores espero que se hayan ido porque si no se les fincara responsabilidades administrativas”, amagó.

A su vez, el coordinador del grupo legislativo del PAN, Marcelo García Almaguer, aseguró que existe “terror y miedo” entre los empleados.

“Exigimos que se haga con respeto, entiendo que hay personas con discapacidad quienes no recibieron las atenciones necesarias y vamos a estar atentos de este tipo de detalles”, manifestó.

Diputados salientes vacían oficinas del Congreso

Sobre los diputados albiazules que concluyeron su mandato el 14 de septiembre pasado pesan acusaciones de que se llevaron todo el mobiliario que les asignó el Poder Legislativo, incluidos laptops, impresoras, libreros, escritorios, ventiladores y sillas.

El viernes pasado, horas antes de que concluyera el mandato de los diputados que formaron parte de la LIX Legislatura, La Jornada de Oriente corroboró que las oficinas lucían vacías por completo.

La semana anterior la fracción de Morena y sus bancadas aliadas del PT y el PES anunciaron que realizarán una auditoria a la legislatura anterior, ante las acusaciones de un posible mal uso de los recursos públicos por parte de ese poder del estado detectado en los primeros días del proceso de entrega–recepción.

José Juan Espinosa denunció que la LIX Legislatura se gastó en ocho meses el presupuesto que programó para 2018 de 145 millones de pesos, por lo que el Congreso carece de recursos para su operatividad en los cuatro meses que faltan al año, incluido el pago de salarios.

Además, acusó que los diputados anteriores desatendieron los daños que ocasionó el sismo del 19 de septiembre de 2017 a los dos inmuebles del Poder Legislativo, por lo que a un año del mismo diversas zonas continúan apuntaladas ante riesgo de desplome y, aun así, en uso de los trabajadores.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Lunes 17 de septiembre de 2018.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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