Mariclaire Acosta, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, cuenta sobre los esfuerzos de la sociedad civil para acabar con un problema arraigado en México


Mariclaire Acosta Urquidi (Ciudad de México, 1947) ha dedicado los últimos 40 años de su vida a la defensa de los derechos humanos en México. Ha dirigido organizaciones de la sociedad civil, ha sido investigadora, profesora universitaria y subsecretaria de Estado en materia de derechos humanos (2001-2003). Ahora su apuesta es hacer que funcionen las políticas anticorrupción en el país. Desde joven abrevó la lucha por los principios humanitarios y ahora busca imprimir ese sello en su paso por el Sistema Nacional Anticorrupción, una instancia conformada por autoridades federales y locales que busca combatir este problema tan arraigado en la sociedad mexicana. “Soy de la generación de 1968, me tocó ver cómo mataban estudiantes por exigir el ejercicio de libertades democráticas básicas como el derecho a la manifestación. Lo viví en carne propia y eso te va dejando una huella muy profunda”, afirma.

Desde febrero de este año asumió la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, el órgano que representa a la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA continúa en consolidación y aún le faltan piezas fundamentales como los magistrados de justicia administrativa —los que habrán de imponer las sanciones— y el fiscal anticorrupción —el encargado de investigar los hechos de corrupción. “La agenda anticorrupción y derechos humanos no va a poder avanzar si no contamos con una fiscalía independiente”, afirma Acosta. La crisis de derechos humanos y de corrupción que se vive actualmente se debe a que tenemos instituciones muy débiles en el área de justicia. “Ya no podemos seguir con una institución de procuración de justicia sometida o subordinada a intereses personales o políticos”, reitera.

Pregunta. ¿En qué está trabajando el Sistema Nacional Anticorrupción?

Respuesta. Estamos consolidando al Comité de Participación Ciudadana (CPC) en un año muy complicado. Aún le faltan muchas piezas al sistema, como el tema de la Fiscalía anticorrupción, pero no es el momento oportuno para que se complemente. Estamos trabajando en definir nuestras líneas de acción para el futuro. El comité no está sujeto a los vaivenes electorales, aunque nos afecten. Tenemos varios procesos en marcha, como la elaboración de las propuestas de formatos para las declaraciones patrimoniales, estamos acompañando el desarrollo de los sistemas locales anticorrupción y vamos a hacer propuestas de política pública a largo plazo. Uno tiene que ver con la relación corrupción-derechos humanos en el sector salud. Uno de los temas que más nos interesa demostrar y poner en el centro de la discusión es que la corrupción genera víctimas.

P. ¿Cuáles han sido las resistencias más fuertes o poderosas a las que se ha tenido que enfrentar?

R. Yo vengo de la lucha por los derechos humanos, tengo más de 40 años trabajando en esto y he enfrentado muchas resistencias: desde la sociedad civil hasta el Gobierno. A mí no me sorprende que haya resistencias para combatir la corrupción porque estamos tratando de modificar una de las cosas que están más arraigadas en nuestra clase política y en nuestra sociedad. Es muy fácil señalar con el dedo y decir que metan a la cárcel a fulano y seguir pagando mordidas. Esto es un problema mucho más integral. Además de castigar, hay otros procesos que se tienen que poner en marcha para disuadir y prevenir la corrupción antes de que se tenga que castigar y eso implica cambiar el chip de la sociedad y la clase política. Aquí no hay fórmulas mágicas para combatir la corrupción,

P- El funcionamiento del SNA depende de muchos órganos que tienen que trabajar en conjunto, pero muchos de ellos están plagados de intereses. ¿Cómo lograr el cambio si sigue imperando esta situación?

R. Presionando

P-¿Podrá funcionar el sistema si sigue operando de la forma en la que está actualmente?

R. Yo no creo en las soluciones mágicas, no va a funcionar de un día para otro, y es un gran logro que ya contemos con las leyes y las instituciones. Ahora hay que hacer que las instituciones funcionen porque tienen un cometido institucional fijado por la legislación y para ello hay que quitar de las instituciones las componendas políticas, las designaciones a modo. Se trata de construir un Estado de derecho. ¿Se va a lograr en un sexenio? No. Ahora hay que movilizar a la ciudadanía y convencer a la clase política que esa es la ruta que hay que seguir.

P. ¿El SNA es nuestra última esperanza para salir de esta crisis que estamos viviendo?

R. Yo no diría que es la última, yo diría que es una esperanza y hay que hacer que funcione cabalmente. Pero confío en que habrá otras oportunidades.

P. ¿Cómo visualiza el sistema en 5 años?

R. Vamos a ver qué pasa en esta coyuntura electoral, de ahí la importancia de que los candidatos realmente se pronuncien con seriedad y profundidad sobre el tema de la corrupción y no estén promoviendo soluciones a corto plazo, que vendan bien, pero no vayan al fondo del problema. Yo veo (en cinco años) un sistema consolidado, con una base ciudadana más firme y con una agenda que se hace cargo de los grandes problemas nacionales.

P. ¿El sistema funcionará independientemente del candidato presidencial que gane?

R. No lo sé, en todo proceso electoral de cualquier parte del mundo hay incertidumbre. Mira en Estados Unidos, procesos e instituciones que se creía que ya estaban firmemente establecidos, pues no. Vuelvo a contar mi experiencia en Colombia, donde el proceso electoral actual pone en duda si va a continuar el proceso de paz. Entonces no te puedo contestar eso ahorita, pero vamos a procurar que así sea porque tiene un mandato constitucional.

P. ¿Tiene una especie de blindaje para protegerlo contra las futuras decisiones del presidente?

R. Pues tiene el blindaje que se pueda tener: una base constitucional y dos leyes generales muy sólidas, reformas constitucionales en todos los estados. Ahí está, pero podemos volver al tema de la simulación, puede no funcionar.

P. ¿Entonces hay riesgo de que pueda fracasar?

R. No puedo entrar ahí. Yo no estoy en la profesión de los análisis de riesgo (risas).

P. ¿Qué candidato representa mayor riesgo para el sistema?

R. No voy a contestar nada que tenga que ver con los candidatos.

P. ¿Cómo puede el Comité de Participación Ciudadana, darle la vuelta a todas estas resistencias que hay o a estas trabas para poder hacer que funcione?

R. Haciendo lo que estamos haciendo: cinco miembros ciudadanos que tenemos nuestras vidas profesionales aparte y le estamos dedicando todo nuestro esfuerzo, nuestro talento, la experiencia y recursos de los que disponemos. Es una apuesta como todo.

P. El CPC tiene entre sus facultades proponer políticas públicas, lineamientos, pero no de investigar…

R. Es que la investigación la hacen los órganos de procuración de justicia, los que tienen el mandato para hacerlo. Nosotros no somos agentes del Ministerio Público.

P. Pero quedarse sólo en propuestas y políticas, ¿no le resta fuerza al CPC?

R. El sistema lo que pretende es prevenir, disuadir, corregir y eventualmente castigar. Un paquete completo. ¿Por qué crees que estamos pidiendo una Fiscalía que sirva? porque nos falta ese componente.

P. ¿Qué tanto ayudaría un eficaz combate a la corrupción para acabar con las violaciones a los derechos humanos?

R. Muchísimo. Por eso tenemos este vínculo con las organizaciones de derechos humanos. Un ejemplo: en la masacre de Allende todo tiene que ver con la corrupción. Desde que ahí operaba un cartel, y la policía y el Ayuntamiento estaban al servicio del cartel. Desde que un miembro del cartel empieza a colaborar con la DEA y la DEA se comunica con un alto mando de la Policía Federal en la Ciudad de México… eso genera la masacre. Y si te vas caso por caso encuentras esos vínculos.

P. ¿Un mejor combate a la corrupción reducirá los índices delictivos?

R. Detrás de cada acto de corrupción hay una afectación a los derechos humanos.

El País
Zorayda Gallegos
Ciudad de México
Miércoles 2 de mayo 2018.


Ciudad de México- El Senado debe modificar la minuta de la Ley General de Comunicación Social que le remitió la Cámara de Diputados para ajustarla a lo que mandata la Constitución y garantizar la libertad de expresión, consideró Luis Manuel Pérez de Acha.

El abogado, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (CNA), consideró que la ley debe hacer eco de lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la legislación adoptada en otros países.

"La idea central es que la publicidad gubernamental no tiene que utilizarse como una herramienta de 'premio y castigo' para los medios de comunicación, que se constituya como una forma de censura. Por lo tanto, el gasto en esta materia no puede ser discrecional ni arbitrario", remarcó en entrevista.

En el CPC, añadió, se comparte la inquietud del colectivo #MediosLibres, que también ha hecho suya el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, sobre el hecho de que lo aprobado en la Cámara de Diputados no propicia un cambio de fondo en la relación del Estado con los medios de comunicación.

"El problema con el dictamen ya aprobado por la Cámara de Diputados, a punto de ratificarse en el Senado, es que no respeta el derecho humano a la libertad de expresión ni los principios del artículo 134 de la Constitución federal, ni los estándares adoptados a nivel internacional", señaló.

En noviembre pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo en favor de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar para que el Congreso emitiera la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril próximo, debido a su incumplimiento de emitir una norma en la materia.

"La responsabilidad del Senado es atender a lo resuelto por la Suprema Corte, para que las autoridades hagan efectivo el derecho humano a la libertad de expresión, tanto para los medios de comunicación en particular como de la sociedad en general", indicó Pérez de Acha.

Pare ello, añadió, la propia Corte ordenó que se respetasen dos grandes condiciones establecidas en el Artículo 134. La primera, que el gasto público de comunicación social no sea objeto de corrupción en cualquiera de sus variantes, pues tiene que respetar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y la segunda, que la propaganda oficial sea pertinente y útil para fines institucionales, con fines informativos, educativos o de orientación social.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 14 de abril 2018.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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