El titular de la CNDH afirma que el país no ha dimensionado bien este grave problema

La trata de personas en México, un país de origen, tránsito y destino de víctimas, no se ha dimensionado adecuadamente, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al inaugurar el seminario internacional “La trata de personas en contextos de movilidad humana”, el ombudsman nacional dijo que no existe una adecuada identificación de nacionalidad de víctimas y no hay un registro sobre la asistencia, atención y protección que se les brinda.

“México se encuentra dentro de los 25 países con más víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos o servicios forzosos. Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en México incluyen a las mujeres, niñas y niños, personas originarias de comunidades indígenas o rurales, y personas migrantes”, explicó.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, González Pérez consideró que la falta de identificación oportuna es una situación que vulnera o propicia la violación de los derechos humanos de las personas.

Dijo que el no corregir estas situaciones ayuda a perpetuar condiciones estructurales que fomentan la falta de acceso a la justicia y la impunidad.

“La trata de personas implica la comercialización de seres humanos con fines de explotación, su equiparación a una mercancía u objeto que se utiliza o comercializa para obtener beneficios o lucros económicos”, aseguró.

González Pérez dijo que, si bien la forma más común de trata de personas tiene que ver con fines de explotación sexual, también sucede el trabajo forzoso, mismas que requieren de una atención urgente.

El Universal
Dennis A García
Ciudad de México
Viernes 10 noviembre 2017.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres activar la alerta para que “las autoridades de dicha entidad cumplan con su responsabilidad de atender la problemática de la violencia feminicida".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres activar la declaratoria de alerta de género para todo el estado de Puebla.

El organismo informó que dirigió la solicitud desde el pasado viernes a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que se implementen medidas urgentes de frente al contexto de violencia feminicida en la entidad.

“Que las autoridades de dicha entidad cumplan con su responsabilidad de atender la problemática de la violencia feminicida, en el marco de los derechos humanos, y garantizar que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia”, señaló la CNDH.

La solicitud surgió con base en el aumento de homicidio de mujeres que ha registrado el estado desde 2013 y que a pesar de ello en los últimos tres años las averiguaciones previas por feminicidio han sido pocas.

“Tan sólo durante 2017, según fuentes hemerográfico, se habrían registrado hasta el mes de septiembre 83 feminicidios. Un solo feminicidio es alarmante, pero, como lo han registrado los medios, la frecuencia y número de muertes violentas de las mujeres poblanas son motivo para llevar a cabo acciones de emergencia”, destacó la Comisión.

“La gravedad de los casos pone de manifiesto la necesidad de que el estado de Puebla cuente con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y con ello se propicien las condiciones para la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida presente en la entidad, teniendo en cuenta sólidos criterios metodológicos, presupuestales, de diseño, de ejecución y de evaluación”.

En los últimos dos meses Mara Fernanda Castillo fue abusada sexualmente y asesinada luego de abordar una unidad de Cabify que la llevaría a su casa en Puebla; el chofer fue vinculado a proceso por feminicidio.

En tanto, Mariana “N”, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también fue asesinada luego de abordar una unidad de Uber, sin embargo, el juez de control reconfiguró el delito y vinculó a proceso al supuesto responsable por homicidio.

El Universal
Diana Lastiri
Ciudad de México
Lunes 23 de octubre de 2017.


El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que en la defensa y protección de periodistas y defensores de derechos humanos se requiere atender las causas de las amenazas y agresiones, y establecer acciones que den resultados de fondo y que acaben con la impunidad que se ha generalizado.

En el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló que toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos.

Tras señalar que la violencia contra periodistas y comunicadores no es nueva en el país, agregó que no por ello debemos resignarnos o aceptar que exista, ya que en menos de cinco meses se han cometido homicidios que equivalen casi a 5% del total registrado en los últimos 17 años y se ha presentado aumento de 300% en el número de casos respecto de 2016.

El ombudsman nacional destacó que un primer paso para atender las causas de las amenazas y agresiones “sería reconocer, desde el más alto nivel político, la importante labor que realizan los periodistas y defensores de derechos humanos, así como la necesidad de proteger el libre desarrollo de esas actividades que son cimiente de la democratización de la vida nacional”.

Sería muy útil, agregó, que se tomaran en consideración las opiniones que han formulado instancias especializadas como el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El presidente de la CNDH también pidió que ante la violencia contra periodistas y comunicadores –que es una forma de censura y un desafío para la justicia que la sociedad reclama– deben articularse y coordinarse esfuerzos y capacidades para su abatimiento y prevención, con un compromiso real, eficiencia, pertinencia y dignidad.

De igual manera, se pronunció en favor de generar una política pública integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que propicie un entorno adecuado para el desarrollo de sus labores y permita una protección real, digna y pertinente de los mismos, “bajo estándares que den los mismos recursos y posibilidades de atención a todos los periodistas y defensores, con independencia de su lugar de residencia, género, origen étnico, preferencia u orientación sexual o ámbito en que lleven a cabo sus actividades”.

Señaló que el organismo que preside acompañará los trabajos que desde la sociedad civil, la academia y, principalmente, a iniciativa de los propios periodistas, comunicadores y medios se generan para lograr espacios de reflexión en que de manera objetiva, informada y plural se analice la problemática actual en materia de violencia y agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, así como titulares de los Ejecutivos estatales, González Pérez propuso revisar la política pública de protección a periodistas, centrada en preservar la integridad y la vida de las personas, ante la insuficiencia de resultados.

“Es preciso –sentenció— incorporar la prevención como un elemento esencial de estas políticas públicas, lo cual pasa necesariamente por asumir el combate a la impunidad como un objetivo prioritario de las mismas, cuestión que, además, es la única medida cuyo cumplimiento incumbe exclusivamente a las autoridades”.

Demandó que en cada uno de los casos en que se ha atentado contra la vida o integridad física de periodistas y comunicadores se realicen investigaciones prontas, objetivas, integrales y eficaces, que permitan determinar las responsabilidades correspondientes y que los responsables reciban la sanción que en derecho proceda.

Precisó que las autoridades deben presentar a la sociedad un informe pormenorizado sobre el avance de las investigaciones, y aunque algunos expedientes hayan superado los plazos lógicos para una investigación, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas debe hacerse efectivo.

El ombudsman nacional puntualizó que las investigaciones deben realizarse bajo protocolos que pongan en el centro de las mismas la violación a la libertad de expresión y contemplen una perspectiva de género cuando se requiera.

Además, dijo, debe realizarse una estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para combatir las agresiones a periodistas, sin excluir alguna hipótesis, ya que en todos los casos debe abordarse y agotarse como línea central la actividad profesional de las víctimas.

También hizo hincapié en que en la integración de las fiscalías especializadas y en todas las instancias que conozcan de agresiones contra periodistas se cuente con perfiles idóneos y una capacitación adecuada que permita a los servidores públicos tener la sensibilidad y conocimientos para atender este tipo de casos.

González Pérez reiteró que cuando se ataca a un periodista o comunicador, la afectación trasciende de las víctimas directas a la sociedad en su conjunto, toda vez que al vulnerar la libertad de expresión también se violentan los derechos a la libertad de pensamiento e información, y se debilitan los fundamentos de nuestro entorno democrático.

En el encuentro, el presidente de la Conago firmó con el secretario de Gobernación un convenio para fortalecer los mecanismos de protección a los periodistas. Mancera reiteró la posición de los gobiernos estatales de avanzar en los temas de la Recomendación General 24/2016, emitida por la CNDH.

Manifestó la importancia de cumplir con sus puntos recomendatorios y generar un entorno seguro hacia los periodistas y medios de comunicación.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 2 de junio de 2017.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para exhortarlo a garantizar atención a embarazadas.

Retomó el caso de una mujer de 21 años que perdió a su bebé en un hospital de Cuetzalan, en agosto de 2014, por falta de atención y mencionó medidas como la reparación del daño, que incluya compensación y rehabilitación. La recomendación se emite, explica la CNDH, por considerar violaciones a los derechos a la protección de la salud de una mujer y a la vida de su recién nacido, atribuibles a seis servidores públicos en la entidad.

Con base en aquel evento, sugirió al mandatario poblano otorgar a la víctima atención médica y psicológica de seguimiento, así como capacitar al personal de hospitales y centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 3 Zacapoaxtla para ofrecer un servicio de salud integral.

A las sugerencias se suma mejorar la infraestructura en el área de Ginecología del Hospital General y pidió que se inicie una investigación contra quien conoció el presente caso y determinó: "no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidad en contra de personal médico adscrito al Hospital General".

La víctima acudió aquel 19 de agosto de 2014 al nosocomio con 38.5 semanas de embarazo, por presentar síntomas de trabajo de parto. Sin embargo, personal del hospital la envió a su domicilio, con el argumento de que no presentaba suficiente dilatación.

Al día siguiente, regresó y dio a luz a su bebé, quien perdió la vida el día 21 de agosto. La CNDH constató que la mujer no tuvo atención médica adecuada y oportuna, al estar 19 horas en trabajo de parto sin ser ingresada al hospital para diagnóstico y sin tener vigilancia estrecha por tratarse de un embarazo de término, lo que derivó en la muerte de su recién nacido.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 17 de diciembre de 2016.


Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Ejecutivo para que se reconozca la importancia y urgencia de aceptar la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y que se reconozca que el país atraviesa por esa situación.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la CNDH indicó que de aceptar la competencia del comité sería "para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado de las disposiciones de la Convención, como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país".

En un comunicado, el organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó su solidaridad con los familiares de víctimas de desaparición forzada.

"Debe reconocerse la existencia de este flagelo en nuestro país y que un solo caso representa un reto ineludible para el Estado mexicano, cuyas instituciones de investigación y procuración de justicia son puestas a prueba ante la ciudadanía y el concierto internacional en el que México está inserto", señaló.

Explicó que México firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU en febrero de 2007, la ratificó en marzo de 2008 y entró en vigor hasta el 23 de diciembre de 2010; por lo que aún tiene pendiente aceptar la competencia de dicho Comité con lo que las víctimas pueden presentar quejas ante el Comité, y se pueda recibir quejas de otros Estados parte en relación a México.

"Se trata de una medida indispensable para generar condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada, así como un medio para que se hagan realidad los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación integral que estos casos requieren", enfatizó.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 31 de agosto de 2016.

La escalada de agresiones de OHL a Infraiber coincidió no sólo con el anuncio de Villar Mir, sino también con la difusión, la semana pasada, de nuevos audios que involucraban tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza

Ciudad de México.- Paulo Diez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, fue detenido el lunes 7 de manera irregular por siete agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes le “sembraron” una pistola en su automóvil BMW para acusarlo luego por portación ilegal de armas.

En el video de 14 minutos, presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se observa el momento en que, al minuto 2:15, un hombre vestido de mezclilla, con chamarra y gorra negras, ingresa al automóvil del litigante de la empresa que mantiene una demanda en su contra por la empresa española OHL.

En el video se observa que la “siembra” del arma ocurrió mientras Diez Gargari negociaba y discutía con los agentes de la PGR, quienes le mostraron una “orden de presentación” como presunto testigo del delito de filtración de audios.

Luego de ello, el abogado fue trasladado a las instalaciones de la PGR en la colonia Nápoles. Durante más de tres horas lo mantuvieron incomunicado. Doce horas después fue llevado a las instalaciones de la misma dependencia en la calle de López, en el Centro Histórico, mientras que su abogado Jesús Moreno tramitaba un amparo contra la detención irregular.

Diez Gargari salió bajo caución hasta el miércoles 9 a las 18:30 horas tras pagar 65 mil pesos de fianza.

En su queja presentada en la CNDH, el litigante también consignó que de su celular fue extraída información sobre conversaciones sostenidas por Whatsapp.

“El día de hoy consulté mi correo electrónico de manera remota y me di cuenta que el 9 de septiembre a las 19:51 horas alguien envió desde mi teléfono celular un correo electrónico a la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.”, acusa.

Diez agregó que no conoce al destinatario de ese correo y que canceló hasta el jueves 10 la línea y datos del celular, teléfono que sigue en poder de la PGR.

La intervención de comunicaciones privadas, según el Código Federal de Procedimientos Penales, sólo puede realizarse con orden de un juez especializado.

En su queja, el abogado solicitó a la CNDH que se tomen medidas precautorias para “salvaguardar su integridad” ante lo que consideró una “violación de sus derechos humanos”.

El operativo contra el abogado de Infraiber se realizó el mismo día en que el presidente internacional de OHL, el español Juan Villar Mir, anunció en Madrid que la compañía estaba “en proceso” de llevar a cabo “las exigencias civiles y penales” contra sus supuestos enemigos que han filtrado más de una decena de audios a través de la red social de YouTube.

La denuncia formal fue presentada por OHL tres días después, el jueves 10.

Este lunes 14, la trasnacional OHL publicó un desplegado para acusar a Infraiber de ser la responsable de “una campaña de difamación”, cuyo fin es “extorsionar para que se deje sin efecto la revocación de un convenio marco que había celebrado en el Estado de México”.

Desde abril de este año, la campaña de Infraiber se basó no en la filtración de los audios, sino de información sobre presuntas irregularidades de OHL en un sitio en Internet titulado www.finalabuso.net.

Según OHL, la “campaña de desprestigio ha sido absolutamente mentirosa y ha manipulado la información financiera”, además de que los audios que se difundieron fueron editados, acusa.

OHL precisó que interpuso una denuncia penal ante la PGR en contra de Infraiber por “la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía”.

“OHL agotará los recursos legales para salvaguardar el patrimonio y el de sus accionistas, y las autoridades dirán la última palabra”, remató el desplegado.

La escalada de agresiones de OHL a Infraiber coincidió no sólo con el anuncio de Villar Mir, sino también con la difusión, la semana pasada, de nuevos audios que involucraban tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como al propio presidente Enrique Peña Nieto en reuniones privadas con los altos directivos de la compañía española.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Martes 15 de septiembre de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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