Activistas organizaron una caravana para denunciar la falta de seguimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los gobiernos federal, de Tlaxcala, Puebla y varios ayuntamientos por no haber tomado medidas contra la grave contaminación en el río Atoyac-Zahuapan

Tlaxcala, Tlax.-Un hedor emana del río Atoyac-Zahuapan, ennegrecido y en ocasiones teñido de azul o rojo, convertido desde hace casi 50 años en depósito de residuos municipales, biológicos e industriales altamente tóxicos, causantes de cáncer, insuficiencia renal, así como de otras enfermedades y de estragos a la flora y la fauna.

El cauce, que se inicia en el municipio de Ixtacuixtla y corre entre Tlaxcala y Puebla flanqueado entre montones de basura, "es una fuente de muerte", afirman pobladores y activistas durante la caravana Por un Atoyac-Zahuapan con Vida: toxitour de seguimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 21 de marzo del año pasado la CNDH dirigió la recomendación 10/2017 a los gobiernos federal, de Puebla y de los municipios de Texmelucan y Huejotzingo, así como de Tlaxcala y los ayuntamientos de Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas para que detuvieran el ecocidio.

"Nos están matando", sostienen los afectados. A la fecha, agregaron, no hay avance alguno para detener el deterioro, que se ha agravado en los 20 años recientes por la recepción de más de 81 mil 700 toneladas de contaminantes, según un muestreo realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2005, el cual reveló muy altas concentraciones de sustancias tóxicas y coliformes fecales.

Antes de 1960 este cauce era la columna vertebral de las comunidades del sur de Tlaxcala, pero "la contaminación rompió el tejido social" y vulneró el derecho humano a un ambiente sano, a la salud y a la información, expone el investigador y activista Octavio Rosas Landa.

En 1969 se asentó en San Martín Texmelucan el Complejo Petroquímico Independencia, cuyos procesos destruyeron el medio ambiente y las actividades agrícolas. El río pasa por varios poblados de Ixtacuixtla. Hay una estación de monitoreo de la Conagua que no funciona.

La primera parada del toxitour es en la descarga de Villalta, municipio de Tepetitla. El río tiene manchas negras y despide un olor fétido, producido por residuos de una empresa de autopartes, una fábrica de pantalones de mezclilla y otras empresas ubicadas en San Baltazar Temazcalac, Puebla. Ambas comunidades son divididas por la autopista.

"El olor picante es de compuestos orgánicos volátiles, como benceno y tolueno; el viento los arrastra y la gente los respira a diario. En 2003 hicimos un análisis con apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Se detectó que los límites de emisión de contaminantes se rebasan hasta en 500 por ciento, y existen metales pesados, plomo, grasas y aceites que destruyen los acuíferos", indica Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local.

Villalta era la tierra de Zulma Pérez Cano, quien murió de leucemia en 2010; su deceso motivó a la organización Coordinadora por un Atoyac con Vida, a promover una queja ante la CNDH, lo que derivó en la recomendación 10/2017. En esa ribera del Atoyac-Zahuapan están en riesgo más de 70 mil habitantes de los cinco municipios referidos, pero en total son más de dos millones en la cuenca que corre por la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala.

"No existe un registro específico del número de enfermos, porque hay poca información pública sobre la morbilidad", resalta Octavio Rosas, quien exige la suspensión de las descargas industriales sin control, producto de "colusión entre empresas y el gobierno federal".

Arturo Olvera, presidente del Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, subraya que, además, la zona está rodeada de cables de alta tensión cuyos campos magnéticos "producen tumores". Luego muestra cristales diminutos formados en el suelo irrigado con agua contaminada. "Nos están envenenando", reprocha.

Isabel Cano recuerda que la agonía de su hija Zulma fue "terrible" y lamenta que la mortalidad alcance a la niñez. Critica la falta de especialistas y medicamentos, cuando Villalta “está lleno de enfermos.

"Esto ya es un grito, desesperación a diario, a cada instante. Nos estamos acabando; nos arden los ojos y la garganta; nos duele la cabeza, tenemos náuseas y mareos. No se soporta el olor. El cáncer afecta a cualquier órgano, pero no tenemos dinero para pagar los gastos."

Rumbo a Zanja Real, segunda parada del toxitour, donde se ubica la descarga municipal de Tepetitla, el plumaje blanco de un pato contrasta con la tonalidad chocolate del agua que corre por el canal. A la izquierda yacen los restos de lo que fue un manantial cristalino. Ahora está seco.

Frente a este paraje hay campos de hortalizas irrigados con el agua del río. Los agricultores rehúsan abandonarlos pese a los bajos precios que les pagan en las centrales de abasto de Puebla y la Ciudad de México, pues cargan con el descrédito de la contaminación.

"Aquí las habas tienen plomo", asegura Isabel Cano. En esta cuneta "veníamos a lavar y bebíamos agua con las manos; era tan limpia... Había peces, acociles, ranas, víboras. Aquí nos bañaban. Había vida, pero vean hacia allá: todo es muerte. Por eso lucho", afirma esta mujer que ha atestiguado el deterioro de la cuenta desde la década de 1970.

En el arroyo de Santa Ana Xalmimilulco, que conduce al Atoyac, desfogan aguas las empresas del corredor industrial de Huejotzingo: empresas textiles, metalmecánicas, de autopartes y alimentos. Allí se mezclan residuos de tintas, solventes, hidrocarburos, químicos tóxicos y metales pesados que forman un líquido espumoso con olor ácido.

"La generación de empleos no se compensa con los daños a la salud", insiste Alejandra Méndez, en esta tercera parada del toxitour. Sostiene que debe diferenciarse el tratamiento de las descargas municipales de las industriales, y aun entre éstas últimas.

La Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y otras organizaciones demandan que se actualice las normas oficiales mexicanas NOM-001-Semarnat-1996 y NOM-002-Semarnat-1996 por considerar que "están rebasadas y son condescendientes con las empresas".

La pestilencia y el ardor en la garganta apresuran la partida hacia el último paraje: San Rafael Tenanyecac, en Nativitas. Antes, el grupo hace una pausa en una construcción abandonada en obra negra, “un elefante blanco de la administración estatal pasada”. Una planta de tratamiento, de aguas sin equipo alguno.

"Es falsa, pero está dada de alta en el Sistema de Información Geográfica de Tlaxcala, con un costo de 2 millones de pesos. Por eso decimos que hay una simulación" de las autoridades, acusa Rosas Landa.

Los activistas afirman que la solución para sanear la cuenca no son estos sistemas, ya que –dice Alejandra Méndez– sólo representan "una erogación brutal" de recursos públicos y no operan.

En San Rafael Tenexyecac se juntan los ríos Atoyac y Xochiac. Era lugar de tierras agrícolas muy productivas; ahora del cauce emana un olor "a anfiteatro" generado por la descomposición de putrescinas y cadaverinas, explica Arturo Olvera.

Octavio Rosas concluye: "A un año de la recomendación no ha habido avance. Es un agravio adicional a la población", porque todas las autoridades señaladas admitieron que se comete una violación a los derechos humanos. Los gobiernos federal, estatales y municipales "están cometiendo crímenes de lesa humanidad porque reinciden y no hacen absolutamente nada".

La Jornada
Guadalupe de la Luz Degante
Ciudad de Tlaxcala, México
Lunes 9 de abril de 2018.


Gobierno de Moreno Valle no violó derechos de opositores al Gasoducto Morelos, concluye la CNDH


La Sexta Visitaduría de la CNDH concluyó que el gobierno del exmandatario panista Rafael Moreno Valle no violentó los derechos humanos de los campesinos y activistas sociales que fueron encarcelados por oponerse al Gasoducto Morelos.

El Frente de Pueblos Unidos Morelos, Puebla, Tlaxcala emitió un comunicado en el que señala que, con esta resolución, la Comisión deja a los cinco defensores que fueron implicados en diversos delitos por oponerse al gasoducto sin la posibilidad de pedir la reparación del daño civil y moral causado, así como la imposición de garantías de no repetición de dichas violaciones.

“Bajo un panorama de hostigamiento y represión creciente, la decisión de la CNDH pone en mayor vulnerabilidad a los defensores contra el PIM, por lo que exigimos la reapertura de la queja y una pronta y expedita recomendación de la CNDH donde se reconozcan las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al Proyecto Integral Morelos”, reclama.

La resolución 11802 fue notificada la semana pasada, y la misma establece que la Procuraduría de Puebla, ahora Fiscalía General, no cometió actos violatorios de derechos humanos en contra de Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores Solís, quienes fueron encarcelados en 2014.

También se concluye que no hubo persecución en contra de Carmelo Rosas Vélez y Avelino Velázquez, quienes hasta la fecha siguen con expedientes abiertos en su contra.

Los cinco imputados, cuatro de ellos campesinos habitantes de comunidades de la zona del volcán Popocatépetl que resultaron afectadas por el paso del Proyecto Integral Morelos, fueron acusados en un mismo expediente de robar dos celulares y por oposición a obra pública.

El Frente indica que esta resolución de la CNDH resulta “contradictoria” a la recomendación 003/2018 que emitió hace apenas unos días en la cual se concluye que se violentó el derecho de consulta de los pueblos originarios afectados con el Proyecto Integral Morelos.

Igual, señala que la determinación de la Sexta Visitaduría se contrapone a la recomendación 25/2016 que suscribió la misma CNDH en la que señala que tanto Enedina Rosas, como Abraham Cordero y Juan Carlos Solís fueron investigados, acusados y sometidos a proceso debido a su vinculación con la oposición al PIM.

“Resulta preocupante que, por un lado, la CNDH reconozca la violación de los derechos humanos de los defensores comunitarios de manera general en la recomendación 25/2016, pero de manera particular niega estas violaciones en la queja CNDH/6/2014/2918/Q, negando el derecho a los defensores de derechos humanos a la reparación del daño civil y moral causado”, advierte el Frente.

Luego agrega que al negar en lo particular que se violentaron los derechos de los activistas, se convierte en “letra muerta” la recomendación general 25/2016 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, así como la Recomendación 003/2018.

El Frente de Pueblos menciona que, pese a que los tres opositores al gasoducto obtuvieron amparos y resoluciones judiciales en los que quedó asentado que no fue justificada su detención y persecución judicial, la CNDH determinó, que no existía violación a los derechos humanos, pues se emitieron carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y autos de formal prisión.

Además, acusa el FPMPT, la CNDH tampoco analizó “como se condujeron los ministerios públicos dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado al imputar los cargos a los defensores”.

Los tres defensores encarcelados por este caso fueron considerados por organizaciones civiles estatales y nacionales como “presos políticos” del pasado gobierno de Moreno Valle.

Entre las irregularidades que el Frente menciona que no fueron valoradas por la CNDH, está el hecho de que el MP de Atlixco omitió hacer un examen de la legalidad del delito de obstrucción de obra pública al no contar en la carpeta de investigación con los permisos de la obra, los cuales debían incluir la autorización de la comisariada ejidal Enedina Rosas.

Rosas y su hermano Carmelo, así como Avelino Velázquez, se negaron a firmar los permisos que requería la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el paso del gasoducto por sus comunidades.

Luego de esto, se les acusó de haber robado dos celulares a empleados de la empresa italiana Bonatti, subcontratada para llevar a cabo la obra, así como de haberse opuesto a que iniciaran el gasoducto, pese a que quedó demostrado que no tenían permiso de las localidades afectadas.

El FPMPT advierte que, en el caso de Flores Solís y de otros nueve opositores al Proyecto Integral Morelos, aún existe otro proceso penal abierto en el que la CFE los acusa de privación ilegal de la libertad, pandillerismo y contra funcionario público.

Enseguida recuerda que decenas de organizaciones de derechos humanos, sociales, colectivos, defensores de derechos humanos, radios comunitarias e individuos emitieron una acción urgente, en agosto de 2017, contra las violaciones de este último proceso y conminando a la CNDH a que resolviera con prontitud la queja que hoy concluye el que no existieron violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, el Frente pide a la CNDH que reabra la queja y emita una nueva resolución en la que se reconozcan las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al PIM y se recomiende la reparación del daño causado y garantías de no repetición de actos de criminalización en su contra con motivo de su labor de defensa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Domingo 1 de abril de 2018.


La CNDH determinó que policías municipales de Allende, Coahuila, dieron autorización o apoyo a grupos de Zetas que en marzo de 2011 saquearon casas y cometieron desapariciones forzadas y asesinatos de pobladores.

En la recomendación por violaciones graves 10VG/2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que acreditó que en la desaparición forzada de 38 personas, incluidos tres menores de edad, integrantes de Los Zetas contaron con "autorización, apoyo o aquiescencia" de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

El organismo estableció que también hubo complicidad de los agentes en la privación ilegal de la libertad de otras dos personas.

Señaló que directamente policías municipales detuvieron arbitrariamente a 34 personas y privaron de la libertad a 5 menores de manera ilegal.

Además, advirtió, agentes de la corporación policiaca allanaron propiedades, pues se acreditó que capturaron ilegalmente a una víctima al interior de un local comercial.

La CNDH señaló que presentará una denuncia ante la PGR contra servidores públicos del Gobierno estatal y del Municipio de Allende por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Agregó que presentará una queja ante la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Allende en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública por su presunta participación en los hechos ocurridos entre el 28 y el 20 de marzo de 2011.

La recomendación apremia al Gobierno estatal a que, en un plazo no mayor a seis meses, coadyuve al Ayuntamiento de Allende y otros municipios de la región fronteriza en los procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales, a fin de garantizar el correcto cumplimiento de su deber.

...   …   …

El antecedente…

Informe detalla masacre de 'Los Zetas' en 2011

Una investigación toma el caso de los desaparecidos en Allende, Coahuila, un hecho ignorado durante años y en el cual se cree que murieron hasta 300 personas

La venganza fue una de las más atroces que hayan cometido "Los Zetas": en marzo de 2011, sicarios del grupo entraron a un municipio cerca de la frontera con Texas donde vivía un supuesto traidor y, con el apoyo de la policía, secuestraron a todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza.

No se sabe el número real de víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos según las fuentes, pero un informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una versión avalada por una entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de Allende, Coahuila, una masacre ignorada durante años.

La investigación, dirigida por el académico Sergio Aguayo, del Colegio de México, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizada por ocho personas, se basa en documentos de la CEAV, la fiscalía de Coahuila, las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de víctimas, declaraciones públicas de detenidos ante autoridades estadounidenses y solicitudes de acceso a la información. Toma el caso de Allende y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, un año antes, como ejemplos de violencia extrema y desatención de las víctimas, ambos cometidos por "Los Zetas".

Lejos de ser hechos aislados, las masacres revelan un mayor nivel de "barbarie" por parte de "Los Zetas" y detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes (que eran en el mejor de los casos figuras decorativas), la indiferencia y/o ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ante los crímenes y la "pasividad" de las fuerzas armadas ante la hegemonía del cártel en determinados lugares, sostiene el documento.

Denuncia, además, la falta de compromiso de las instituciones con la verdad, la única vía para llegar a la justicia y para dar la debida atención a las víctimas. De ahí que su título sea "En el desamparo", que es como se quedaron los afectados.

El caso de los 72 migrantes, ocurrido en agosto de 2010, salió a la luz pública porque hubo dos sobrevivientes ("cosa rara" apunta el informe) y se encontraron los cadáveres. Que muchos fueran extranjeros lo hizo cobrar relevancia y las autoridades se vieron obligadas a ofrecer algunas explicaciones, aunque la Comisión Interamericana denunció en agosto de 2014 que la respuesta del Estado mexicano "osciló entre la indiferencia y la opacidad".

En Allende no hubo hallazgo de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas solo años después.

El fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, esta ciudad de 23 mil habitantes a 50 kilómetros de la frontera con Texas fue escenario de una venganza ordenada por los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño (el Z40 y Z42, líderes de "Los Zetas" ahora detenidos) contra tres supuestos traidores a los que acusaban de robarles entre cinco y 10 millones de dólares de tráfico de droga y de colaborar con Estados Unidos. Los tres están presos en Estados Unidos; dos de ellos son testigos protegidos de la agencia antidrogas, la DEA.

La primera vez que apareció una mención a que hubo 300 víctimas de esa venganza fue en 2013, en la declaración de un integrante de "Los Zetas" en un juzgado estadounidense. La cifra se repite después sin dejar claro si fue en un solo hecho o en varios. El expediente del caso de la fiscalía de Coahuila tiene registradas 42 desapariciones: 26 ese fatídico fin de semana, pero también incluye 16 ocurridas en otros momentos entre enero de 2011 y agosto de 2012.

Faltan datos para poder determinar el número real de víctimas, señala el informe.

"Los Zetas" llegaron a la zona en 2004. La violencia se recrudeció en 2006 con la batalla frontal contra el crimen organizado lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón y las guerras fratricidas entre los propios cárteles. Para 2010, "Los Zetas" tenían control total del municipio de Allende y a su policía en nómina.

Ese fin de semana de 2011, los sicarios recibieron la orden de "checar todos los domicilios de la familia Garza (el apellido de uno de los supuestos traidores) porque los iban a levantar (capturar) para matarlos". La policía, mientras tanto, tenía orden de no patrullar ni atender llamadas de auxilio y "levantar a cualquiera con apellido Garza para entregarlo a "Los Zetas"".

Según el informe, en 2011 el cártel gastaba 61 mil 500 pesos mensuales en pagos a policías que iban desde 20 mil pesos del jefe a los 500 para los menos comprometidos. El sueldo medio de un agente es de unos seis mil 300 pesos.

A cambio, sus "funciones" habituales eran "ignorar las denuncias"; avisar si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de otro cártel, dejar que "Los Zetas" entraran a la cárcel a sacar a personas o golpearlas; cobrar las extorsiones y "levantar" a quien indicaran los criminales.

La búsqueda de todo aquel apellidado Garza, mujeres y niños incluidos, la llevó a cabo ese fin de semana un comando armado de al menos 60 personas. Policías y sicarios hacían las detenciones y llevaban a la gente "a dos ranchos donde se concentraba a los condenados".

"Los Zetas" incitaron a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria pesada. Fueron destruidas 32 casas y dos ranchos. En los ranchos, según declaraciones de detenidos, era donde quemaban los cadáveres. A veces los incineraban en toneles.

"Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos (.) quedaba pura mantequilla". Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que "no se viera nada", dice la confesión de un sicario.

El documento del Colegio de México subraya que esas 49 horas fueron solo un episodio de una "oleada de violencia" no investigada a fondo que llegó a otros municipios y se prolongó en el tiempo. Pone como ejemplo la desaparición de cuatro Garzas (una pareja y sus dos hijos) un año después.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el caso "fue ignorado" por las autoridades entre 2011 y 2013. Ningún perito de la fiscalía del estado acudió a Allende hasta 2014, constata el documento.

La investigación critica, además, la "opacidad" de Estados Unidos que, "rehúsa compartir información" con Coahuila de sus testigos protegidos. La PGR tampoco quiso aportar datos al informe.

El documento también denuncia las nulas consecuencias de las recomendaciones del ombudsman mexicano sobre el caso y la falta de acción de la Comisión de Víctimas.

Según los últimos datos del Gobierno federal, Coahuila tiene mil 618 desaparecidos. Las autoridades han encontrado en los últimos años fragmentos óseos en diversos ranchos que podrían ser resultado de prácticas como la descrita en Allende. Incluso han reconocido a la prensa local que "Los Zetas" calcinaban a personas en la cárcel de Piedras Negras, la frontera más cercana a Allende, aunque hay mucha imprecisión sobre estos sucesos. (9 de octubre de 2016).

Reforma / AP
Ciudad de México
Martes 20 de marzo de 2018.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró Constitucional la figura de las inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial, prevista en el código que regula los procedimientos del nuevo sistema penal.

Por mayoría, el Pleno de la Corte avaló porciones de tres artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que permiten las inspecciones externas y superficiales por parte de los policías en la investigación de delitos.

Esas inspecciones son "actos momentáneos y excepcionales de molestia", y se pueden practicar a las personas para detectar objetos o instrumentos del delito entre sus ropas o posesiones, así como a sus vehículos, y también de manera forzosa si hay resistencia.

El Ministro Presidente Luis María Aguilar afirmó que las inspecciones son una medida proporcional, idónea y con un fin Constitucionalmente válido, de proteger la seguridad pública y los derechos de las víctimas de delitos.

Javier Láynez, autor del proyecto, destacó que la flagrancia de un delito se puede revelar de dos maneras: cuando el ilícito es evidente a la vista del policía, o cuando la inspección es la que lo revela, y reiteró que los Jueces de Control son los que calificarán si dicha inspección fue legal.

Fernando Franco se sumó a tres Ministros de la Primera Sala que votaron contra varios aspectos de las inspecciones, en particular las forzosas, a los vehículos o a las ropas de las personas, ya que el CNPP no contempla lineamientos, límites ni orientaciones sobre la actuación policiaca.

Varios Ministros de la mayoría hicieron críticas y comentarios al proyecto, por lo que pasarán varios meses antes de que se conozca la versión final de la sentencia y los criterios respectivos.

Algunas porciones de los artículos 251, 266 y 269 del CNPP fueron avalados por mayorías de ocho votos, y otras solo tuvieron siete, por lo que José Ramón Cossío advirtió que no habría votación suficiente para que los criterios del proyecto sean obligatorios para el resto del Poder Judicial.

Cossío dio a entender que, si empiezan a llegar a la Primera Sala de la Corte amparos contra las inspecciones, ésta los podría otorgar, pues tres de sus cinco integrantes estuvieron en la minoría de hoy.

"Me cuesta trabajo entender que una declaratoria de validez del Pleno, después pudiera ser contradicha por las Salas", replicó Aguilar.

La Corte seguirá discutiendo otros aspectos del CNPP, entre ellos, los aseguramientos de bienes decretados por el Ministerio Público, la geolocalización de teléfonos vinculados con delitos, la duración de las medidas cautelares que se imponen a los procesados y el concepto de flagrancia en delitos que requieren denuncia.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Martes 13 marzo 2018.


Reitera la preocupación sobre el contenido de dicho dictamen, respecto a que contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de las personas


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó la noche de este sábado que se encuentra realizando un estudio para promover una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada este viernes por el Congreso de la Unión y exhortó al Presidente Enrique Peña Nieto a que formule observaciones a esta legislación.

En un comunicado, el organismo rector de los derechos humanos en México recordó que el Ejecutivo tiene esta atribución que se detalla en el artículo 72 de la Constitución y consideró que la seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a las instituciones democráticas del país.

"Con independencia del estudio que realiza para la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior, la CNDH reitera que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral, que partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, se ocupe del conjunto de factores que generan las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles", señaló.

El organismo indicó que ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Poder Legislativo Federal, la CNDH expresa qué si bien respeta tal determinación, a la vez reitera la preocupación que ha hecho pública porque el contenido de la Ley en cuestión contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de las personas.

La CNDH manifestó que en el proceso de deliberación legislativa para la emisión de esta Ley hubiera sido un espacio de reflexión, en donde no sólo se escucharan planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre, plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos protectores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que el acuerdo y voluntad política que dio vida a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos representó un "logro de dimensiones históricas" y que así fue reconocido por todas y todos los grupos y sectores políticos y sociales y por múltiples actores de la mayor relevancia afuera de nuestras fronteras.

En este sentido, la Comisión señaló que la aprobación de Ley de Seguridad Interior en los términos en que fue formulada, no sería acorde al sentido y contenido de la reforma de 2011, debido a que, afirmó "genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana".

El Universal
Ciudad de México
Domingo 17 diciembre 2017.


En repudio al feminicidio de la maestra Patricia Mora Herrera, ocurrido el viernes 10 en Totoltepec, docentes de escuelas de la Sierra Norte firmaron un pronunciamiento en el que, además de justicia ante este crimen, piden que se decrete la Alerta por Violencia de Género en la entidad.

Al señalar que el homicidio de la maestra Mora Herrera, cuyo cuerpo presentaba huellas de tortura y violación, se contabiliza como el feminicidio 90 ocurrido en Puebla en lo que va de este año, los docentes exigieron en un pronunciamiento una investigación expedita y con enfoque de género para el pronto esclarecimiento de este feminicidio.

Mora Herrera trabajaba en el Bachillerato “José Vasconcelos” de Tetelilla de Islas en el municipio de Tuzamapan de Galeana, y fue asesinada cuando regresaba a su casa después de haber concluido un curso de dos días en la ciudad de Teziutlán.

Los docentes refieren que este violento asesinato rompe el máximo histórico de 81 crímenes de odio contra las mujeres registrado en Puebla en 2016.

 “Ante esta alarmante situación, que suma un 10% de aumento en feminicidios a un mes y medio de que concluya el año, los abajo firmantes expresamos nuestra profunda indignación por lo que significa esta lamentable pérdida para una familia, un salón de clases, una escuela y un círculo de amigos y compañeros docentes que nos encontramos devastados e impotentes”, se advierte en el escrito.

Luego señalan que se sumarán a las acciones de familiares, vecinos y amigos que llevaron a cabo el fin de semana en el municipio de Zacapoaxtla, lo cual incluyó la toma de carreteras, a fin de exigir justicia.

“Repudiamos el silencio y la impunidad en todos los niveles de gobierno y de impartición de justicia, ya que permiten que los feminicidios y la violencia de género encuentren un fértil terreno para seguir reproduciéndose”, agregan los maestros inconformes, en su mayoría mujeres.

En ese sentido, los profesores de poblaciones de la región de Zacapoaxtla se pronuncian por que se active la alerta de género en Puebla, como ya lo han solicitado decenas de organizaciones sociales y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado mes de octubre.

“Del mismo modo, solicitamos que nuestras autoridades educativas se sumen decididamente a las acciones de protección para erradicar la violencia feminicida y evitar que compañeras docentes, alumnas y trabajadoras del sector educativo sigamos enfrentando este clima de inseguridad generalizado”, reclaman.

En el escrito enlistan una serie de acciones que proponen a las autoridades poblanas, entre ellas garantizar la movilidad segura de docenes y alumnas que se desplazan diariamente en la zona; implementar protocolos en escuelas para eliminar el acoso laboral y sexual contra mujeres; descentralizar capacitaciones y reubicaciones, entre otras.

La familia de la maestra Mora Herrera ha denunciado una serie de irregularidades en la investigación de este caso, como es el hecho de que su violación y asesinato ocurrió muy cerca de la estación de policía de la localidad y que resultaría extraño que los uniformados no hayan escuchado sus gritos de auxilio.

Instalan Observatorio

Este día se presentó en Puebla el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM), que surge como respuesta a la recomendación cuatro emitida en julio del año pasado por el grupo que analiza la propuesta para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad.

Según los integrantes de este observatorio formado por feministas, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil, el objetivo es incidir en la construcción de una cultura de igualdad, libre de discriminación, así como erradicar la violencia hacia las mujeres en los medios locales.

Vianeth Rojas Arenas, quien será coordinadora de este proyecto, explicó que el OVIGEM se apoyará en la metodología diseñada y probada por Mujeres en Frecuencia AC en la Ciudad de México, con el fin de elaborar análisis, diagnósticos y recomendaciones a los medios de comunicación poblanos en cuanto a sus contenidos, en particular en cuanto a la violencia contra las mujeres.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 14 noviembre 2017.


La presentación del Informe de Actividades 2016-2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sirvió de tribuna al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, para elevar la voz y pedir que se legisle en torno a la creación de un fiscal autónomo e independiente.

Ante los legisladores miembros de dicha comisión, el representante de la ONU pidió al Senado que antes de designar al Fiscal General, primero se lleve a cabo una reforma constitucional para darle autonomía e independencia al organismo que suplirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Primero tienen que ver los ‘cómo’, antes de ver quién va a ser el fiscal”, dijo, e insistió que se requiere una reforma para ajustarla a la demanda de la sociedad.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, quien coincidió con Jan Jarab en la necesidad de nombrar a un fiscal independiente y autónomo, destacó que la atención de los problemas de inseguridad y falta de justicia que vive el país no puede subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas.

A juicio del ombudsman nacional, el cambio institucional de PGR a Fiscalía General debe formar parte de una revisión integral de la procuración e impartición de justicia.

También exhortó al Senado a atender las recomendaciones hechas por la CNDH en materia de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, así como las relativas a violencia sexual en centros educativos, además del matrimonio igualitario y el desplazamiento forzado, entre otras.

Sobre el tema de seguridad y acceso a la justicia de las personas, dijo que la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, deben tratarse de manera conjunta y estructurada para concretar el cambio de la actual PGR a una Fiscalía General de la República autónoma, eficaz e independiente, así como determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública y los modelos bajo los cuales se daría su operación.

Proceso
Ciudad de México
Miércoles 6 de septiembre de 2017.


La Corte invalida artículos del Código Civil de Puebla que excluyen el matrimonio igualitario

La Suprema Corte de Justicia legalizó hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de Puebla, al invalidar, con efectos generales, la definición tradicional prevista en el Código Civil local.

Por unanimidad, aunque con matices de algunos Ministros, el Pleno de la Corte anuló porciones de los artículos 294, 297 y 300 del Código Civil de Puebla, y estableció que las alusiones a "un solo hombre y una sola mujer", deben entenderse en el sentido de que tanto el matrimonio como el concubinato son accesibles también a parejas del mismo sexo.

Además, fue anulada la mención a que el matrimonio tiene el propósito de "perpetuar la especie", con argumentos que la Corte ha sostenido desde hace años en el sentido de que se violan derechos humanos de trato igualitario, no discriminación por orientación sexual y libre desarrollo de la personalidad.

Puebla es el tercer estado del País en el que las bodas gay son legalizadas por la Corte, pues sentencias similares fueron dictadas para invalidar la definición tradicional de matrimonio en Jalisco y Chiapas.

En esos tres casos, la Corte resolvió acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que a su vez aprovechó reformas a los códigos civiles cuyo único objetivo fue prohibir el matrimonio entre menores de 18 años.

La Corte ha considerado que, como en dichas reformas se reiteró la definición tradicional de matrimonio heterosexual, la CNDH sí podía utilizarlas como base para impugnar la no previsión legal del matrimonio homosexual.

En otros estados, como Oaxaca y Nuevo León, la Corte ha concedido amparos a parejas que han manifestado su intención de casarse, e incluso a personas que dicen ser homosexuales aún si no han intentado contraer matrimonio.

Estos amparos, sin embargo, no tienen los efectos generales de las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad, sino que solo benefician a quienes los promueven.

La Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima, Morelos y Michoacán prevén legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el Registro Civil de estados como Sonora ha empezado a reconocerlos sin necesidad de reformar el Código Civil.

La Corte invalida artículos del Código Civil de Puebla que excluyen el matrimonio igualitario

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 300 del Código Civil de Puebla donde se establece que el matrimonio debe ser sólo entre un hombre y una mujer.

Por unanimidad, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 29/2016 que fue presentada en marzo del año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Código Civil, por excluir el matrimonio igualitario.

Aunque desde junio de 2015 la Corte reconoció las uniones entre parejas del mismo sexo en todo el país, a través de la jurisprudencia 43/2015, el Congreso local se ha negado acatar la disposición constitucional.

En septiembre pasado, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, señaló que entre los legisladores no había una mayoría que permitiera aprobar una reforma al Código Civil para permitir el matrimonio igualitario.

En la prensa local se relacionó esa postura con la intervención del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, quien junto con otros clérigos participó en la “Marcha por la Familia” realizada en esta capital en esas fechas.

Días antes el diputado panista Pablo Rodríguez Regordosa expresó que trabajaba en una iniciativa que contemplaba la creación de una nueva figura jurídica que llevaría el nombre de “isomonio” para identificar a las uniones entre personas del mismo sexo, sin embargo, la propuesta nunca se presentó.

En la ponencia presentada por el ministro Eduardo Medina Mora, donde se declara inválido el artículo 300, también se ordenó al Congreso local modificar la porción normativa del artículo 294, que establece que uno de los objetivos del matrimonio es “perpetuar la especie”.

En el fallo se mencionan otras correcciones que deberá acatar el Legislativo poblano, donde se hace referencia a la unión de “un solo hombre y una sola mujer”, “entre un solo hombre y una sola mujer” y “como marido y mujer”, para que sean sustituidos por “dos personas del mismo o de diferente sexo”.

Medina Mora consideró que el Código Civil de Puebla genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a las parejas homosexuales al excluir a las personas del mismo sexo para contraer matrimonio.

Brahim Zamora, integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, dijo que es muy probable que ahora el Congreso local busque alargar por el mayor tiempo posible la concreción de los cambios legislativos ordenados por la SCJN, aunque esto ya lo hizo por más de dos años.

La diputada Socorro Quezada Tiempo recordó que en julio de 2015 presentó una iniciativa de matrimonio igualitario que no fue aprobada por sus compañeros legisladores.

La también dirigente estatal del PRD pidió que en agosto o septiembre se convoque a una sesión extraordinaria para adecuar el Código Civil en Puebla conforme a la resolución que emitió este martes la SCJN.

Proceso
Reforma
Víctor Fuentes
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Martes 01 de agosto de 2017.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que abrió un expediente de queja por los hechos ocurridos el pasado miércoles 3 en el poblado de Palmarito Tochapan, Puebla, y reprobó todo acto violento que esté fuera de la ley, independientemente de donde provenga.

En un comunicado, el organismo señaló que ha recabado información sobre las carpetas de investigación iniciadas con motivo de los hechos, y dispuso el envío de visitadores adjuntos para continuar con las indagatorias del caso, además de solicitar a diversas autoridades informes pormenorizados de los hechos.

Precisó que hasta este miércoles han sido integradas en el expediente de queja diversas actas circunstanciadas, actuaciones ministeriales y diversas videograbaciones, entre ellas las que se dieron a conocer hoy en distintos medios de comunicación.

“Las distintas videograbaciones incorporadas al expediente de queja se encuentran en análisis por especialistas” de la CNDH, apuntó.

La Comisión reprobó el acto violento y reiteró la necesidad de que todas las investigaciones que se realicen cumplan con los principios de objetividad, imparcialidad y exhaustividad, para evitar incurrir en violaciones a derechos humanos y se propicie que efectivamente se llegue a la verdad.

En ese sentido, agregó, se practicarán todas las diligencias que resulten necesarias para la integración del expediente de queja, mediante una investigación detallada y diligente, a fin de analizar y valorar todos los elementos de convicción que obren en el mismo y hacer el pronunciamiento que corresponda.

De igual manera, reiteró la necesidad de que todas y todos los mexicanos “sujetemos nuestra actuación al respeto de las leyes y de la dignidad humana”.

Proceso
Ciudad de México
Jueves 11 de mayo de 2017.


Tales medidas suponen una salvaguarda para su seguridad y su vida, dice el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez

Ciudad de México. - El Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas opera con recursos remanentes de años anteriores, por lo que es necesario otorgarle una partida adicional, demandó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo señaló que, a diferencia de otros años, para este 2017 el Mecanismo, que coordina la Secretaría de Gobernación, no recibió una partida presupuestal.

"Cuestión que muy probablemente provocará que en los últimos meses de 2017 se terminen los recursos y exista imposibilidad de continuar financiando las medidas de protección que actualmente favorecen a cientos de beneficiarios", advirtió.

Por ello, el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, dirigió una solicitud al Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, para que coordinadamente destinen recursos extraordinarios al fideicomiso del Mecanismo.

"La situación de violencia en muchas regiones del País ha hecho necesario que defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas se incorporen al Mecanismo y cuenten con medidas de protección", resaltó la CNDH.

"Tales medidas suponen una salvaguarda para su seguridad y su vida, por ello, es fundamental que se destinen los recursos extraordinarios para que el Mecanismo pueda seguir financiando las medidas de protección en favor de todas ellas".

Apenas el viernes pasado, en Baja California Sur, fue baleado el reportero Maximino Rodríguez, el cuarto periodista asesinado en México en lo que va del año, según la organización Artículo 19.

El primero fue Cecilio Pineda, el 2 de marzo en Guerrero; le siguió Ricardo Monlui Cabrera, el 19 de marzo en Veracruz, y luego Miroslava Breach, en Chihuahua, el 23 de marzo.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 16 de abril de 2017.

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