La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saludó e hizo un reconocimiento a la determinación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la Ley de Seguridad Interior y ratificó la necesidad de que la participación temporal de las Fuerzas Armadas se sujete estrictamente a lo previsto por la Constitución.

Además, que su actuación sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo sus intervenciones en materia de seguridad y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese rubro, sostuvo el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.

Al término de la inauguración del Congreso Nacional “Logros y Retos de los Derechos Humanos. A 70 Años de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, celebrado en Querétaro, destacó que el fallo del alto tribunal hace eco de los argumentos contenidos en las diferentes acciones de inconstitucionalidad que se promovieron.

Una de ellas, dijo, fue interpuesta por la propia CNDH, recogiendo las opiniones y observaciones de diversos organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, organizaciones civiles, académicos y expertos en la materia.

“La invalidez decretada por la SCJN ratifica la necesidad de que la materia de seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo”, remarcó.

González Pérez sostuvo que si bien es positivo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contemple diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y reconozca como premisa el respeto a los derechos humanos, es preciso que se enfatice el papel esencial que las autoridades civiles deben tener al respecto y se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares.

Dijo que el documento enfatiza acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas.

Ello, anotó, sería incompatible con la intención que se ha declarado en reiteradas ocasiones de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública y dejar en manos de las mismas esa materia.

El titular de la CNDH señaló que el abatimiento de prácticas violatorias a los derechos humanos como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos como sería la Guardia Nacional que se propone.

Para ello, opinó, será necesaria una política integral que, de conformidad con lo previsto por la Constitución y los estándares internacionales, haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles.

Al respecto, llamó la atención sobre la necesidad de que se contemple un plan específico para la revisión, capacitación y operación de las policías civiles en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, cuestión que el Plan Nacional no incluye.

Desde la CNDH, abundó, se ha demandado, como un derecho humano que las personas cuenten con una seguridad verdadera y efectiva, misma que no puede darse a cualquier costo, en tanto tiene que partir del respeto a los derechos humanos, a los postulados reconocidos internacionalmente en la materia y con estricto apego al régimen constitucional y democrático.

“Privilegiar esquemas reactivos sustentados en el uso de la fuerza no contribuirá a la pacificación del país ni al abatimiento de la violencia. La paz no se puede construir con sustento en el uso de la fuerza y el debilitamiento de las autoridades civiles”, enfatizó.

Cuestionado adicionalmente sobre las acciones de la CNDH en favor de la “Caminata Migrante”, indicó que se da acompañamiento en todo el trayecto en el que se han observado ambigüedades y tratos diferenciales, dependiendo de los lugares por donde atraviesa.

Señaló que primero se privilegió una política de contención antes que el trato humanitario y destacó que también debe haber una política de congruencia en favor de quienes sufren dolor, enfrentan necesidades y huyen de la violencia en sus países de origen. La regularización solicitada para los connacionales en Estados Unidos debe darse a las personas que cruzan por el país, aseguró.

El ombudsperson nacional refirió que no ha habido atención suficiente, en especial para mujeres, niñas, niños y personas con alguna discapacidad, a fin de facilitarles mejores condiciones de tránsito, lo que no quiere decir que se incumpla la ley, sino que se haga compatible con el trato humanitario, pues recordó que antes de ser migrantes son personas.

Finalmente, González Pérez dio a conocer que personal de la CNDH ya está en Tijuana, Baja California, donde busca que se brinde a las personas en condición de movilidad atención humanitaria y se hacen llamados a las autoridades estadounidenses para que dejen de lado los discursos de odio, xenófobos y racistas.

Notimex
Ciudad de México
Jueves 15 de noviembre de 2018.


Ciudad de México.- En los últimos 18 años, 148 periodistas han sido asesinados, informó el Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa.

Al inaugurar el seminario "Periodismo, periodistas y violencia criminal en México", indicó que, además de los comunicadores que han perdido la vida, 21 más se encuentran desaparecidos desde 2005.

Señaló que, del total de periodistas asesinados, 14 eran mujeres.

"Lamentablemente, los crímenes contra periodistas no pueden desligarse del incremento alarmante de violencia criminalidad que año con año acaba con la vida de miles de personas en distintas regiones del territorio", advirtió.

El visitador de la CNDH aseguró que la libertad de prensa es un derecho humano esencial de la convivencia democrática.

En este sentido, advirtió que la violencia de la que han sido objeto los periodistas tiene efectos en el corto y largo plazo.

"Este tipo de agresiones ocasiona que, en muchas regiones del país, los medios decidan ya no hablar más sobre ciertos temas ante la posibilidad de ser amedrentados, generando zonas de silencio o autocensura o bien el cambio de la línea editorial para no ser castigados tanto por servidores públicos como por integrantes de la delincuencia organizada", expresó.

"Este fenómeno provocará que las generaciones futuras no puedan tener un referente periodístico de lo que ocurrió en algunas regiones o un tema en específico".

Corzo Sosa afirmó que la violencia en contra de periodistas y el incremento de ésta son consecuencias de la incapacidad de las autoridades para abatir la impunidad en torno a ella.

El visitador recordó que desde 2011 existe un mecanismo de defensa de periodistas, así como una Fiscalía Especializada en la atención de delitos relacionados con la libertad de expresión.

No obstante, sostuvo que serán insuficientes si no se termina con la impunidad que aún prevalece en este tipo de delitos.

"Estas son consecuencias que se verán reflejadas en los próximos años y que serán resultado de la incapacidad de las autoridades para poner un freno a la violencia contra periodistas y abatir la impunidad que, en muchos casos, alcanza un 100 por ciento", aseveró.

En tanto, Molly Molloy, especialista de la Universidad Estatal de Nuevo México, expuso que Estados Unidos ya no es un lugar en donde los periodistas perseguidos en México puedan buscar seguridad.

Durante su participación en la conferencia Victimización de Periodistas y Libertad de Prensa en Contextos del Crimen Organizado, señaló que las políticas antimigratorias del Presidente Donald Trump, han reducido la posibilidad de que comunicadores mexicanos reciban asilo en Estados Unidos.

"Los Estados Unidos como refugio está desapareciendo como un lugar en donde un periodista que está sufriendo persecución pueda buscar seguridad y vida", advirtió.

"La situación para periodistas que buscan asilo ha sido más y más limitado y especialmente para el tiempo de Gobierno del Presidente Trump".

La autora del libro "El Sicario: autobiografía de un asesino a sueldo" reconoció que justificar las solicitudes de asilo en Estados Unidos siempre ha sido difícil.

Reforma
Ciudad de México
 Jueves 20 septiembre 2018.

Se reúne AMLO con organizaciones y familiares de víctimas de la violencia

Ciudad de México. - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó un encuentro entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y organizaciones sociales de víctimas de violencia, con el objetivo de colaborar en la elaboración de la “hoja de ruta” que habrá de seguirse en el proceso de pacificación y reconciliación del país. En donde aseguró que al asumir la Presidencia pedirá perdón a las víctimas de violencia.

En el foro realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Ciudad de México, abordaron temas del marco de justicia, comisiones de la verdad, el combate a la impunidad, instrumentos de reparación del daño y protección a víctimas y testigos.

Al hablar ante los presentes, López Obrador, manifestó que el encuentro fue muy conmovedor por lo que han sufrido esas familias y destacó que la violencia en el país se desató debido a que se apostó a un modelo económico, llamado neoliberal, que no es más que Porfirismo mismo que se reeditó para beneficio de un pequeño grupo a costa del sufrimiento de la gente, hecho que ha originado el dolor y la violencia.

Enfatizó que la pasada elección "los mexicanos decidieron buscar un cambio verdadero, una transformación y eso es lo que nos tiene aquí, vamos a sacar a México de esta profunda crisis, a que se termine toda esta pesadilla todo este dolor", aseguró que habrá cambios y que cumplirá con sus compromisos, "yo no tengo ningún compromiso con ningún grupo, con ninguna mafia y voy a estar siempre al servicio del pueblo... voy hacer justicia".

Andrés Manuel aseguró que con el proyecto de transformación que ha planteado se van a contar con los recursos para atender el tema de las víctimas y agregó que la Secretaría de Gobernación (Segob) estará para dar justicia, que se desprenderá la Secretaría de Seguridad Pública y ya no habrá Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) "y todo eso que se va ahorrar es para que haya justicia".

Indicó que este diálogo no termina ahora y que será constante. "No soy igual que los políticos corruptos, no me confundan" y agregó que estará recorriendo todas las regiones del país para mantener comunicación con el pueblo "y vamos a sacar al país de esta desgracia".

"Vamos a unirnos todos para que haya justicia", enfatizó y dijo que pedirán apoyo a organismos internacionales de derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que puedan entrar al país ayudar.

Destacó que no será tapadera de nadie que si alguien comete un crimen va a ser castigado "no habrá impunidad" y que no permitirá más corrupción. "Vamos a buscar la manera de lograr la paz, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo... yo comprendo su dolor... respeto a los que dicen ni perdón ni olvido... les digo lo que corresponde a mi responsabilidad al llegar a la Presidencia, le voy a pedir perdón a las víctimas y voy a comprometerme a que va a haber justicia, en todo lo que humanamente este de mi parte voy a cumplir con ustedes... no están solos".

Al finalizar su discurso enfatizó que su gobierno no va estar al servicio de una minoría rapaz, ni de la delincuencia común, sino que va ser del pueblo, "con el pueblo y para el pueblo".

"Comprendo su dolor, comprendo lo que es estar sin sus seres queridos" expresa durante el Segundo Diálogo por La paz, la verdad y la justicia

Durante su participación Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que cumplirán su compromiso con las víctimas y la sociedad y refrendó que el gobierno de López Obrador garantizará plenamente que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos en el país.

"Estamos frente a una crisis humanitaria, una crisis de violación a los derechos humanos que se expresa hoy ante las cifras de terror que encontramos a lo largo y ancho de nuestro territorio, 40 mil desaparecidos, 22 mil sin identificar", refirió.

Asimismo, enfatizó que con este diálogo están marcando una ruta de trabajo junto con la sociedad civil, organizaciones, colectivos de víctimas y sus familiares porque es un reto que debe enfrentar el Gobierno Federal para obtener resultados a corto plazo. “Éste es el enorme reto del siguiente gobierno”, puntualizó.

Por su parte, el activista Javier Sicilia destacó que se vive una de las peores crisis de violencia históricas, por lo que es su parecer los foros no es el camino correcto, pues las víctimas han hecho ya un diagnóstico sobre la inseguridad. Sin embargo, enfatizó el compromiso del presidente electo con la paz en el país y con la agenda son fundamentales para hacer justicia.

Señaló la cuarta transformación que ha prometido López Obrador, pero indicó que "si no se fincan las bases para una buena política de Estado en materia de justicia transicional esa cuarta transformación será para desgracia de la patria imposible y nos hundiremos más, no queremos que su gobierno fracase, pues sería un fracaso para las víctimas".

Pidió que al finalizar los foros por la paz se construyan 7 mesas con el próximo gobierno para que en conjunto con las organizaciones civiles se trabaje en el tema, de las cuales dos ya están trabajando, la de la Fiscalía y otra por la justicia.

Sicilia pidió un minuto de silencio en memoria de los desaparecidos y violentados, a lo que los familiares de víctimas presentes en el evento le gritaron “no nos vamos a callar".

Padre de víctima se desmaya después de pedir justicia

Los familiares de las víctimas pasaron a dar postura y hablar sobre sus casos y demandas. Uno de los padres al exponer el caso del asesinato de su hija se alteró y entro en crisis por lo que se desmayó, el evento se vio interrumpido para que entraran paramédicos atenderlo.

"Señor presidente no le dé la mano a quien nos esté asesinando en Guerrero, mi hija era estudiante, candidata a reina y dice el gobernador que andaba en malos pasos... Nada más le pido que sí no me vuelve a ver, aquí está toda la información, me voy a sacrificar por ella", manifestó y al momento se desvaneció.

Se reúne AMLO con organizaciones y familiares de víctimas de la violencia

Ciudad de México. - El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne este viernes con organizaciones y víctimas de la violencia, en el Centro Cultural Tlatelolco, de la Ciudad de México.
López Obrador e integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, acudieron al Segundo Diálogo Por la Paz, la Verdad y la Justicia, donde se analizan las acciones para la pacificación y reconciliación en el país.

Notimex
Político MX
Ciudad de México
Viernes 14 de septiembre de 2018.


Un activista indígena opuesto a la construcción de una presa fue asesinado en el estado de Nayarit, informó el miércoles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Margarito Díaz González, muerto el 8 de septiembre, defendía los territorios históricos de los indios huicholes, que prefieren ser llamados wixarika. Fue baleado por hombres armados, de acuerdo a diversos reportes de la prensa local.

Díaz González se oponía a la construcción de una presa que amenazaba territorios huicholes sagrados cerca de Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, una zona más al este a la que suelen acudir los huicholes en peregrinajes.

Global Witness, un grupo de defensa de los derechos humanos, afirma que México enfrenta un incremento en los asesinatos de activistas por los derechos de las tierras, con 15 casos registrados en 2017 y otros cuatro documentados en lo que va del año.

Entre las víctimas anteriores está Isidro Baldenegro, defensor de las tierras tarahumaras, quien fue galardonado con el prestigioso premio ambiental Goldman.

AP
Ciudad de México
Jueves 13 de septiembre de 2018.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su rechazo ante los actos de linchamiento ocurridos recientemente en Puebla e Hidalgo que han dejado cuatro muertos y dos lesionados, al tiempo que demandó una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades.

Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, señaló que mientras el Estado no cumpla con sus obligaciones de abatir la impunidad y brinde las condiciones necesarias de seguridad a la sociedad, la desconfianza en las instituciones y la desesperación por obtener justicia, abriría la puerta para que se presenten nuevos casos de justicia por propia mano.

En lo que va del año, la CNDH ha documentado que al menos 25 personas que habrían sido privadas de la vida y otras 40 habrían sido rescatadas de linchamiento, con distintos grados de lesiones, refirió el organismo mediante un comunicado.

Ante los reiterados casos de linchamiento, la CNDH prepara un informe señalando que la justicia por propia mano no es justicia, sino “barbarie”.

“Es preciso que las autoridades tengan protocolos de actuación y estrategias para la atención de estos casos, cuestiones que han probado ser efectivas para evitar que se presenten pérdidas de vidas cuando se detectan las amenazas y se actúa debidamente para controlarlas”, expuso la CNDH.

La acción oportuna de la autoridad, refiere el organismo, marca la diferencia entre la vida y la muerte en estos casos.

Proceso
Ciudad de México
Sábado 1 de septiembre de 2028.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de seis elementos de la Policía Municipal de Amozoc, Puebla, tras un enfrentamiento con huachicoleros

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de seis elementos de la Policía Municipal de Amozoc, Puebla, tras un enfrentamiento con huachicoleros el pasado 15 de junio y expresó su preocupación por el “inusitado incremento” de homicidios de policías y militares en cumplimiento de su deber, en los últimos meses.

En su mayoría, destacó en un comunicado, esos delitos continúan impunes “lo cual por sí mismo propicia que las agresiones y ataques no sólo continúen, sino que se multipliquen”, alertó.

Además de expresar su solidaridad con los familiares de los elementos que perdieron la vida, la CNDH demandó de las autoridades “una investigación pronta, objetiva e integral de estos delitos”, a fin de que los responsables respondan por sus actos y se evite que queden impunes.

El organismo pidió que además de deslindar responsabilidades, la autoridad deberá aclarar las circunstancias que incidieron o propiciaron que los elementos policiacos fueran asesinados.

Lo anterior con el fin de “prevenir que tales condiciones se repitan en lo sucesivo y, en caso de que se advirtiera negligencia o complicidad por parte de alguna autoridad, esas conductas también se investiguen y sancionen conforme a derecho proceda”.

También hizo un llamado a los titulares y responsables de las instituciones policiacas, federal y locales, a fin de que revisen sus procedimientos, protocolos y normas de actuación, para que con base en los incidentes que se han presentado, “tomen las medidas necesarias para brindar a sus elementos condiciones más propicias para el desempeño de sus funciones y prevenir, en lo posible, que estos ataques y agresiones se vuelvan a presentar o tengan las consecuencias en términos de lesiones y pérdida de vidas que hoy lamentamos”.

Proceso
Ciudad de México
Lunes 18 junio de 2018.


 El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, condenó el homicidio del periodista Juan Carlos Huerta, y advirtió que mientras “los responsables no estén en la cárcel” la espiral de violencia contra el gremio “tiene el riesgo de continuar”.

Entrevistado al término de la inauguración del foro internacional “Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Primer Instrumento Internacional de Derechos Humanos”, González Pérez resaltó que con la muerte de Huerta -ocurrida esta mañana en Villahermosa, Tabasco- suman 134 reporteros asesinados en los últimos 18 años.

Tras destacar que en los últimos tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto “la violencia contra periodistas se ha sostenido”, el ombudsman lamentó que el homicidio ocurriera justo en el primer aniversario del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y fundador de periódico local Ríodoce.

El presidente de la CNDH recordó que en febrero de 2016 emitió la recomendación general número 24 relacionada con los ataques a periodistas, misma que fue llevada a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde los mandatarios se comprometieron a “asumirla como política pública”.

En un comunicado, el organismo dio a conocer que envió visitadores adjuntos al estado de Tabasco para apoyar a la familia de Huerta, y solicitó al gobierno de Arturo Núñez medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de los deudos del periodista.

De igual manera, exigió a las autoridades competentes “una investigación pronta e integral que prevenga que este caso quede en la impunidad, investigación que necesariamente deberá contemplar como una de sus líneas la vinculada a la labor periodística que desempeñaba la víctima”.

El organismo puntualizó que desde el año 2000 la mayoría de los crímenes de periodistas “permanecen impunes, por lo que la CNDH hace un enérgico llamado a que se revisen y actualicen los esquemas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, así como que las instancias encargadas de la investigación de estos casos asuman como prioridad el esclarecimiento de los mismos”.

Por su parte, José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), alertó que la crisis de violencia en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos en México podría recrudecerse.

Después de conocerse el asesinato de Juan Carlos Huerta en Tabasco, Lara Duque dijo que esta situación -inédita en México- podría aumentar exponencialmente en el marco de las próximas elecciones en nuestro país.

De acuerdo con el abogado, el clima de impunidad e inseguridad va en aumento en casi todo el territorio nacional, en contra de la actividad periodística y de los defensores de las garantías individuales, ya que el asesinato de Juan Carlos Huerta es el cuarto que se registra en 2018 en nuestro país.

“Van 43 comunicadores asesinados durante en el sexenio de Enrique Peña Nieto y es el número 116 desde que México experimentó un cambio en su régimen con el ingreso a la presidencia de la República de Vicente Fox Quesada través del Partido Acción Nacional (PAN).

“Particularmente este 15 de mayo es cuando se cumple un año del asesinato del escritor y periodista Javier Valdez en Sinaloa, y en el marco de una jornada que se lleva a cabo en todo el mundo para recordar la importancia que tiene el ejercicio periodístico profesional”.

Prosiguió: “México vive una crisis de violencia inédita contra pueblos originarios, comunidades indígenas, periodistas y defensores de los derechos humanos, derivado de las políticas neoliberales impuestas en las últimas décadas”.

Lara Duque recordó las palabras de Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco de las campañas políticas: que el ambiente de violencia podría incrementar a consecuencia de su magnitud y la cultura política de nuestro país.

Explicó que la construcción de mega-proyectos (sumamente contaminantes de nuestro medio ambiente), la violencia exacerbada hacia las mujeres, la constante criminalización de la organización y protesta social, así como la intervención armada del Estado en los territorios, ha dejado a cientos de personas desaparecidas, encarceladas o asesinadas por integrantes de grupos paramilitares.

De igual manera, agregó, la mercantilización, el aniquilamiento de la cultura y memoria histórica, así como la precarización del empleo, la exclusión social-territorial, la falta de acceso a la justicia y el acceso a derechos básicos como vivienda digna, agua, electricidad y servicios médicos, han hundido al país en una espiral de violencia.

“No vamos a parar nuestro trabajo social hasta que cesen las agresiones por parte del Estado y terminen los ataques sistemáticos y permanentes contra nuestros territorios, nuestros recursos y nuestra vida, del lucro y la barbarie que el capitalismo-neoliberal representa”, apuntó.

También acusó la intención del Estado “de blindarse a través del despliegue de leyes represivas como la Ley Eruviel y la nueva Ley de Seguridad Interior, para legitimar el despliegue del uso de la fuerza física en casos de protestas y manifestaciones populares; para herirnos o asesinarnos y, aun así, salir impune”.

Añadió: “Es urgente contar con un protocolo integral (administrativo, legislativo, judicial) de protección a personas defensoras (entendiendo a toda persona que actúe en la defensa de los derechos humanos en un sentido amplio y pacífico, sin necesidad de estar adscrito a una organización o asociación, o estudios profesionales previos) que tenga como fin evitar la posible agresión o criminalización del Estado”.

También hizo ver que la lucha por nuestros derechos humanos es tarea de todos, y “sólo juntos y organizados podremos ganar la batalla frente a tanta violencia, inseguridad e impunidad. El camino hacia ese horizonte de comunidad y prosperidad es, pues, algo que tendremos que seguir construyendo de la mano”, concluyó.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
Ciudad de México
Martes 15 de mayo 2018.


Al rendir informe en Corte, el Ombudsman denunció que PGR está dificultando acceso a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas.
    
Ciudad de México.- La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció hoy que personal de la CNDH, que pide acceso a los documentos, es obligado por la PGR a copiarlos a mano.

"Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar, y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial", afirmó González Pérez.

"Con formalismos de que esta no es la ventanilla, nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es 'no, estamos analizando el planteamiento'. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo", agregó el ombudsman nacional, entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.

González Pérez dijo que se refería, por ejemplo, a la información recientemente publicada por "filtraciones de diálogos" sobre Ayotzinapa.

El pasado 12 de abril, Reforma reveló conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos, en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos, que operaban en Chicago, discutieron sobre la desaparición de los normalistas.

...Y condena violencia política

El ombudsman nacional condenó la violencia política, en cualquier forma que se exprese, y advirtió que el proceso electoral está generando crispación, animosidad, polarización e incertidumbre entre grupos de la sociedad.

"Los ejercicios democráticos deben ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división", agregó el Presidente de la CNDH.

Como había hecho previamente al presentar su informe en otros foros, González Pérez reiteró la alerta sobre la "normalización del horror" ante la violencia generalizada en varias regiones del País, reflejo de la descomposición institucional y social.

Pero, el titular de la CNDH agregó un mensaje sobre las elecciones de julio.

"México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos", expresó.

Entrevistado al final del evento, González Pérez pidió dejar atrás los discursos de odio que dividen y polarizan, y dijo que su mensaje contra la violencia política fue "para todos los sectores".

En cuanto a la actividad de la CNDH ante la Corte, el ombudsman destacó que, entre 2014 y 2017, ese órgano promovió 34 acciones de inconstitucionalidad para pedir al máximo tribunal la invalidez de leyes, sobre todo locales, pero también federales como la polémica Ley de Seguridad Interior.

Del conjunto de 9 acciones que se resolvieron (en 2017), en 7 casos se declaró la inconstitucionalidad total o parcial de diversas disposiciones normativas que, desde la óptica de este Organismo Nacional, violentaban o propiciaban que se afectaran derechos fundamentales", agregó González.

Reforma
Ciudad de México
Martes 8 de mayo de 2018.


Activistas organizaron una caravana para denunciar la falta de seguimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los gobiernos federal, de Tlaxcala, Puebla y varios ayuntamientos por no haber tomado medidas contra la grave contaminación en el río Atoyac-Zahuapan

Tlaxcala, Tlax.-Un hedor emana del río Atoyac-Zahuapan, ennegrecido y en ocasiones teñido de azul o rojo, convertido desde hace casi 50 años en depósito de residuos municipales, biológicos e industriales altamente tóxicos, causantes de cáncer, insuficiencia renal, así como de otras enfermedades y de estragos a la flora y la fauna.

El cauce, que se inicia en el municipio de Ixtacuixtla y corre entre Tlaxcala y Puebla flanqueado entre montones de basura, "es una fuente de muerte", afirman pobladores y activistas durante la caravana Por un Atoyac-Zahuapan con Vida: toxitour de seguimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 21 de marzo del año pasado la CNDH dirigió la recomendación 10/2017 a los gobiernos federal, de Puebla y de los municipios de Texmelucan y Huejotzingo, así como de Tlaxcala y los ayuntamientos de Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas para que detuvieran el ecocidio.

"Nos están matando", sostienen los afectados. A la fecha, agregaron, no hay avance alguno para detener el deterioro, que se ha agravado en los 20 años recientes por la recepción de más de 81 mil 700 toneladas de contaminantes, según un muestreo realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2005, el cual reveló muy altas concentraciones de sustancias tóxicas y coliformes fecales.

Antes de 1960 este cauce era la columna vertebral de las comunidades del sur de Tlaxcala, pero "la contaminación rompió el tejido social" y vulneró el derecho humano a un ambiente sano, a la salud y a la información, expone el investigador y activista Octavio Rosas Landa.

En 1969 se asentó en San Martín Texmelucan el Complejo Petroquímico Independencia, cuyos procesos destruyeron el medio ambiente y las actividades agrícolas. El río pasa por varios poblados de Ixtacuixtla. Hay una estación de monitoreo de la Conagua que no funciona.

La primera parada del toxitour es en la descarga de Villalta, municipio de Tepetitla. El río tiene manchas negras y despide un olor fétido, producido por residuos de una empresa de autopartes, una fábrica de pantalones de mezclilla y otras empresas ubicadas en San Baltazar Temazcalac, Puebla. Ambas comunidades son divididas por la autopista.

"El olor picante es de compuestos orgánicos volátiles, como benceno y tolueno; el viento los arrastra y la gente los respira a diario. En 2003 hicimos un análisis con apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Se detectó que los límites de emisión de contaminantes se rebasan hasta en 500 por ciento, y existen metales pesados, plomo, grasas y aceites que destruyen los acuíferos", indica Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local.

Villalta era la tierra de Zulma Pérez Cano, quien murió de leucemia en 2010; su deceso motivó a la organización Coordinadora por un Atoyac con Vida, a promover una queja ante la CNDH, lo que derivó en la recomendación 10/2017. En esa ribera del Atoyac-Zahuapan están en riesgo más de 70 mil habitantes de los cinco municipios referidos, pero en total son más de dos millones en la cuenca que corre por la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala.

"No existe un registro específico del número de enfermos, porque hay poca información pública sobre la morbilidad", resalta Octavio Rosas, quien exige la suspensión de las descargas industriales sin control, producto de "colusión entre empresas y el gobierno federal".

Arturo Olvera, presidente del Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, subraya que, además, la zona está rodeada de cables de alta tensión cuyos campos magnéticos "producen tumores". Luego muestra cristales diminutos formados en el suelo irrigado con agua contaminada. "Nos están envenenando", reprocha.

Isabel Cano recuerda que la agonía de su hija Zulma fue "terrible" y lamenta que la mortalidad alcance a la niñez. Critica la falta de especialistas y medicamentos, cuando Villalta “está lleno de enfermos.

"Esto ya es un grito, desesperación a diario, a cada instante. Nos estamos acabando; nos arden los ojos y la garganta; nos duele la cabeza, tenemos náuseas y mareos. No se soporta el olor. El cáncer afecta a cualquier órgano, pero no tenemos dinero para pagar los gastos."

Rumbo a Zanja Real, segunda parada del toxitour, donde se ubica la descarga municipal de Tepetitla, el plumaje blanco de un pato contrasta con la tonalidad chocolate del agua que corre por el canal. A la izquierda yacen los restos de lo que fue un manantial cristalino. Ahora está seco.

Frente a este paraje hay campos de hortalizas irrigados con el agua del río. Los agricultores rehúsan abandonarlos pese a los bajos precios que les pagan en las centrales de abasto de Puebla y la Ciudad de México, pues cargan con el descrédito de la contaminación.

"Aquí las habas tienen plomo", asegura Isabel Cano. En esta cuneta "veníamos a lavar y bebíamos agua con las manos; era tan limpia... Había peces, acociles, ranas, víboras. Aquí nos bañaban. Había vida, pero vean hacia allá: todo es muerte. Por eso lucho", afirma esta mujer que ha atestiguado el deterioro de la cuenta desde la década de 1970.

En el arroyo de Santa Ana Xalmimilulco, que conduce al Atoyac, desfogan aguas las empresas del corredor industrial de Huejotzingo: empresas textiles, metalmecánicas, de autopartes y alimentos. Allí se mezclan residuos de tintas, solventes, hidrocarburos, químicos tóxicos y metales pesados que forman un líquido espumoso con olor ácido.

"La generación de empleos no se compensa con los daños a la salud", insiste Alejandra Méndez, en esta tercera parada del toxitour. Sostiene que debe diferenciarse el tratamiento de las descargas municipales de las industriales, y aun entre éstas últimas.

La Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y otras organizaciones demandan que se actualice las normas oficiales mexicanas NOM-001-Semarnat-1996 y NOM-002-Semarnat-1996 por considerar que "están rebasadas y son condescendientes con las empresas".

La pestilencia y el ardor en la garganta apresuran la partida hacia el último paraje: San Rafael Tenanyecac, en Nativitas. Antes, el grupo hace una pausa en una construcción abandonada en obra negra, “un elefante blanco de la administración estatal pasada”. Una planta de tratamiento, de aguas sin equipo alguno.

"Es falsa, pero está dada de alta en el Sistema de Información Geográfica de Tlaxcala, con un costo de 2 millones de pesos. Por eso decimos que hay una simulación" de las autoridades, acusa Rosas Landa.

Los activistas afirman que la solución para sanear la cuenca no son estos sistemas, ya que –dice Alejandra Méndez– sólo representan "una erogación brutal" de recursos públicos y no operan.

En San Rafael Tenexyecac se juntan los ríos Atoyac y Xochiac. Era lugar de tierras agrícolas muy productivas; ahora del cauce emana un olor "a anfiteatro" generado por la descomposición de putrescinas y cadaverinas, explica Arturo Olvera.

Octavio Rosas concluye: "A un año de la recomendación no ha habido avance. Es un agravio adicional a la población", porque todas las autoridades señaladas admitieron que se comete una violación a los derechos humanos. Los gobiernos federal, estatales y municipales "están cometiendo crímenes de lesa humanidad porque reinciden y no hacen absolutamente nada".

La Jornada
Guadalupe de la Luz Degante
Ciudad de Tlaxcala, México
Lunes 9 de abril de 2018.


Gobierno de Moreno Valle no violó derechos de opositores al Gasoducto Morelos, concluye la CNDH


La Sexta Visitaduría de la CNDH concluyó que el gobierno del exmandatario panista Rafael Moreno Valle no violentó los derechos humanos de los campesinos y activistas sociales que fueron encarcelados por oponerse al Gasoducto Morelos.

El Frente de Pueblos Unidos Morelos, Puebla, Tlaxcala emitió un comunicado en el que señala que, con esta resolución, la Comisión deja a los cinco defensores que fueron implicados en diversos delitos por oponerse al gasoducto sin la posibilidad de pedir la reparación del daño civil y moral causado, así como la imposición de garantías de no repetición de dichas violaciones.

“Bajo un panorama de hostigamiento y represión creciente, la decisión de la CNDH pone en mayor vulnerabilidad a los defensores contra el PIM, por lo que exigimos la reapertura de la queja y una pronta y expedita recomendación de la CNDH donde se reconozcan las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al Proyecto Integral Morelos”, reclama.

La resolución 11802 fue notificada la semana pasada, y la misma establece que la Procuraduría de Puebla, ahora Fiscalía General, no cometió actos violatorios de derechos humanos en contra de Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores Solís, quienes fueron encarcelados en 2014.

También se concluye que no hubo persecución en contra de Carmelo Rosas Vélez y Avelino Velázquez, quienes hasta la fecha siguen con expedientes abiertos en su contra.

Los cinco imputados, cuatro de ellos campesinos habitantes de comunidades de la zona del volcán Popocatépetl que resultaron afectadas por el paso del Proyecto Integral Morelos, fueron acusados en un mismo expediente de robar dos celulares y por oposición a obra pública.

El Frente indica que esta resolución de la CNDH resulta “contradictoria” a la recomendación 003/2018 que emitió hace apenas unos días en la cual se concluye que se violentó el derecho de consulta de los pueblos originarios afectados con el Proyecto Integral Morelos.

Igual, señala que la determinación de la Sexta Visitaduría se contrapone a la recomendación 25/2016 que suscribió la misma CNDH en la que señala que tanto Enedina Rosas, como Abraham Cordero y Juan Carlos Solís fueron investigados, acusados y sometidos a proceso debido a su vinculación con la oposición al PIM.

“Resulta preocupante que, por un lado, la CNDH reconozca la violación de los derechos humanos de los defensores comunitarios de manera general en la recomendación 25/2016, pero de manera particular niega estas violaciones en la queja CNDH/6/2014/2918/Q, negando el derecho a los defensores de derechos humanos a la reparación del daño civil y moral causado”, advierte el Frente.

Luego agrega que al negar en lo particular que se violentaron los derechos de los activistas, se convierte en “letra muerta” la recomendación general 25/2016 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, así como la Recomendación 003/2018.

El Frente de Pueblos menciona que, pese a que los tres opositores al gasoducto obtuvieron amparos y resoluciones judiciales en los que quedó asentado que no fue justificada su detención y persecución judicial, la CNDH determinó, que no existía violación a los derechos humanos, pues se emitieron carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y autos de formal prisión.

Además, acusa el FPMPT, la CNDH tampoco analizó “como se condujeron los ministerios públicos dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado al imputar los cargos a los defensores”.

Los tres defensores encarcelados por este caso fueron considerados por organizaciones civiles estatales y nacionales como “presos políticos” del pasado gobierno de Moreno Valle.

Entre las irregularidades que el Frente menciona que no fueron valoradas por la CNDH, está el hecho de que el MP de Atlixco omitió hacer un examen de la legalidad del delito de obstrucción de obra pública al no contar en la carpeta de investigación con los permisos de la obra, los cuales debían incluir la autorización de la comisariada ejidal Enedina Rosas.

Rosas y su hermano Carmelo, así como Avelino Velázquez, se negaron a firmar los permisos que requería la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el paso del gasoducto por sus comunidades.

Luego de esto, se les acusó de haber robado dos celulares a empleados de la empresa italiana Bonatti, subcontratada para llevar a cabo la obra, así como de haberse opuesto a que iniciaran el gasoducto, pese a que quedó demostrado que no tenían permiso de las localidades afectadas.

El FPMPT advierte que, en el caso de Flores Solís y de otros nueve opositores al Proyecto Integral Morelos, aún existe otro proceso penal abierto en el que la CFE los acusa de privación ilegal de la libertad, pandillerismo y contra funcionario público.

Enseguida recuerda que decenas de organizaciones de derechos humanos, sociales, colectivos, defensores de derechos humanos, radios comunitarias e individuos emitieron una acción urgente, en agosto de 2017, contra las violaciones de este último proceso y conminando a la CNDH a que resolviera con prontitud la queja que hoy concluye el que no existieron violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, el Frente pide a la CNDH que reabra la queja y emita una nueva resolución en la que se reconozcan las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al PIM y se recomiende la reparación del daño causado y garantías de no repetición de actos de criminalización en su contra con motivo de su labor de defensa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Domingo 1 de abril de 2018.

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