Esta acción estipulaba el cobro por el servicio de alumbrado público a 15 municipios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al Congreso de Puebla, al invalidar un artículo de las Leyes de Ingresos de 15 municipios que establecía el pago de un impuesto para cubrir el servicio de alumbrado público.

Este martes, los ministros de la Corte resolvieron la acción de inconstitucionalidad 97/2020 que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez del artículo 21 de las Leyes de Ingresos de diversos municipios poblanos, para el ejercicio fiscal de 2020, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2019.

Los municipios son Xochiltepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Xochitlán Todos Santos, Yaonahuac, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zinacatepec, Zongozotla, Zoquiapan y Zoquitlán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, al configurar un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, estas disposiciones violaban la competencia exclusiva del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), de la Constitución General.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Martes 29 de sept. 2020.


Violencia política de género también puede ser contra los hombres: Barbosa


Un grupo de feministas clausuró y realizó pintas esta mañana en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CEDHP), para advertir que en esta entidad también existe un hartazgo por la impunidad que persiste ante la desaparición de mujeres y los feminicidios.

Las integrantes de diversos colectivos colocaron en las puertas de la CEDHP sellos de clausura en los que expresan su solidaridad con las mujeres que tomaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México.

“¡Clausurado! Nos acuerpamos con la lucha de las mujeres, madres, personas y víctimas que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México ¡Suscribimos sus demandas y su lucha! ¡Ni perdonamos, ni olvidamos!”, decía el sello con el que cerraron las puertas del organismo estatal.

También hicieron un pronunciamiento para repudiar el desalojo violento cometido en contra de feministas ocurrido la madrugada de este viernes en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec.

En las paredes del edificio de la CEDHP colocaron las fotos y los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio, transfeminicidio y desapariciones en Puebla, seguidas de la frase “No perdonamos, no olvidamos”

Igual realizaron pintas con reclamos de justicia para cada una de las víctimas y para recordar que la mayoría de los casos sigue impune.

Las activistas acusaron a la CEDHP y a otras instituciones del estado de actuar con insensibilidad ante la violencia feminicida que priva en la entidad y en el país.

“Es tiempo de una sociedad activa para reclamar justicia, la revolución de hoy tiene rostro de Marcela Alemán, Ana María Alvarado, Martha, Elizabeth Martínez, de Yessenia Zamudio, Diana y todas las madres, familias y víctimas que mantienen el okupa en casa de refugio “Ni una menos”, gracias por resistir, por su fuerza y por la rabia”, expresaron en un pronunciamiento.


Violencia política de género también puede ser contra los hombres: Barbosa


El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que la violencia política de género no sólo es contra mujeres, porque también aplica contra los hombres.


En su rueda de prensa matutina, el mandatario poblano abordó el tema, tanto por la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), esta mañana, por parte de un grupo de feministas, como por una denuncia que interpuso una exfuncionaria en contra de la alcaldesa Claudia Rivera, por violencia política de género.

La regulación en el tema de violencia política de género es muy estricta y hay que observarla con “amplitud y visión”, subrayó.

Y agregó: “También incluye a los hombres, ¿eh? El hombre también puede ser objeto de violencia política de género y que se investigue cada caso. Una vez que una ley es aplicable hay que aplicarla de manera literal”.

El mandatario estatal recordó que él mismo ha sido acusado de violencia política de género, pero aseguró que hasta ahora no se han encontrado “fundadas las causas”.

En ese sentido, manifestó que él cree que el concepto de “violencia política de género” apenas se va a desarrollar y se tienen que hacer precisiones sobre quiénes la cometen.

“Luego se cree en el esquema de que la violencia sólo la ejercen los hombres sobre las mujeres, no, pues en este concepto tan amplio es de género, no del género femenino, que puede ser de cualquiera de los géneros existentes”, recalcó.

Un servidor público –indicó– no se debe sentir agredido por señalamientos de ese tipo, sólo usar los recursos y procedimientos que la ley prevé para su defensa. “De lo contrario estaríamos usando los procedimientos de la ley para linchamientos públicos”.

En clara alusión a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, quien presentó una denuncia política de género en su contra, y ahora ella fue demandada por una exfuncionaria municipal por las mismas causas, el gobernador pidió que cada caso se investigue. Y entre risas expresó: “el problema luego es que quien las hace, no las aguanta”.

Protestas insultantes

Sobre las protestas realizadas por las feministas, quienes hicieron pintas contra su gobierno en la fachada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Barbosa sostuvo que es parte de la libre expresión, pero también dijo que son “insultantes y fuera de la ley”.

Precisó: “respetamos la libre expresión, aunque sean expresiones insultantes y fuera de la ley”.

Finalizó: “¿Qué podemos decir si un grupo de manifestantes feministas llegan, ofenden, insultan y pintarrajean un lugar, insultando? Qué, ¿voy a quejarme de eso? No, pues no me quejo, hay que aguantar varita”.

Proceso
Puebla, México
Gabriela Hernández
Viernes 11 septiembre 2020.


La CNDH impugnó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) varias disposiciones de la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, por considerar que violentan u obstaculizan los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para demandar que se invaliden nueve artículos de la polémica ley aprobada el 15 de mayo.

El recurso fue presentado por Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo nacional, y tiene el número de expediente 186/2020.

Los porciones controvertidas son los capítulos VI y VIII de la norma, denominados “de la Educación Indígena” y “de la Educación Inclusiva”.

Sobre la educación en comunidades indígenas se impugnaron los artículos 46 al 48, así como del 51 al 56 de la educación para personas con discapacidad.

En los primeros se establece la obligación del estado de garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.

También se advierte que las autoridades educativas deberán consultar “de buena fe y de manera previa, libre e informada” cada vez que decida nuevas medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su derecho a la libre autodeterminación.

En lo que respecta a la educación inclusiva, se enfatiza que el gobierno estatal debe facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad y la enseñanza del sistema Braille y lenguaje de señas mexicanas, además de brindar servicio de transporte a los estudiantes que así lo requieran.

SCJN requiere informes

Tras la impugnación de la CNDH, la Corte otorgo un plazo de 15 días al gobierno estatal y al Congreso del estado para remitir informes.

Al Poder Legislativo le ordenó enviar los antecedentes legislativos de la Ley de Educación, las iniciativas, los dictámenes de las comisiones, las actas de las sesiones donde se aprobó, la votación y la versión estenográfica del debate legislativo.

Al Poder Ejecutivo requirió un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la ley el pasado 18 de mayo, con lo cual quedó promulgada.

La Ley de Educación fue aprobada en “fast-track” el 15 de mayo por los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, tan solo cuatro días después de recibir la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Esto a pesar del rechazo de asociaciones de escuelas privadas y del Consorcio Universitario, que agrupa a las universidades más importantes del estado.

Diputados de oposición promovieron previamente una acción de inconstitucionalidad, pero fue rechazada por no contar con el respaldo de al menos el 33 por ciento de la Legislatura local.

e-consulta.com
Héctor Llorame
Puebla, México
Viernes 14 de agosto de 2020.


Altísimo nivel de impunidad en Puebla; ONG en un reporte señalaba que nueve de cada 10 feminicidios continúan sin castigo en la entidad.


Puebla. - Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Miguel Barbosa Huerta prestar atención inmediata a la violencia feminicida que impera en Puebla.


Lo anterior, luego de confirmarse este viernes el feminicidio de dos jóvenes, una de ellas Angie Michelle, de 20 años de edad.

 “La CNDH exhorta al gobierno del estado de Puebla a implementar acciones inmediatas para atender la grave problemática de violencia feminicida recogida por diversos medios de comunicación en los últimos días”, expuso en un comunicado.

El organismo hizo un llamado para que las instituciones del estado incorporen la perspectiva de género en todo el proceso de investigación y acceso a la justicia, y designen presupuesto suficiente para la implementación de acciones que den cumplimiento a la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), decretada desde abril de 2019 en la entidad.

“El contexto de violencia contra las mujeres, la Declaratoria de AVGM y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia debe ser una prioridad para el estado de Puebla, por lo que ejecutar acciones necesarias para garantizar su ejercicio significará, además de una obligación, una muestra de voluntad política”, indicó la CNDH.

En el comunicado refirió que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad se encuentra dentro del bloque de los estados de la República Mexicana con las mayores tasas de feminicidio, mientras que el municipio de Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con esta problemática.

El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), organización que desde hace dos años lleva un seguimiento independiente sobre los feminicidios en Puebla, informó que en el primer semestre del año se tiene el conteo de 63 casos, lo que representa un incremento de más de 40% con respecto a la incidencia registrada el año pasado.

En lo que va de este mes se tiene el registro hemerográfico de otros cuatro feminicidios. El más reciente se registró el pasado miércoles 15, cuando una mujer de nombre Mara Neyva fue herida por arma blanca en el cuello y falleció mientras era trasladada a un hospital.

Días antes, el viernes 10, el cuerpo de otra mujer fue encontrado sin vida y con señales de violencia, en un predio del municipio de Lara de Grajales, y el lunes 6 otro cadáver femenino, con heridas por arma de fuego, se localizó en Acatzingo.

El viernes 3, en el municipio de Chignahuapan, una mujer de nombre Concepción fue localizada atada de manos y sin vida al interior de su casa.

En junio generó indignación el doble feminicidio de Gardenia, de 26 años de edad, y su pequeña hija Dayan, de 12 años, en el municipio de Acajete. Ambas fueron calcinadas en el interior del automóvil en el que transitaban.

Feminicidios, por “sociedad patriarcal y machista”: Barbosa

En diferentes ocasiones, al ser cuestionado sobre la violencia feminicida, Barbosa ha dicho que los feminicidios continuarán en Puebla, porque se relacionan con “la sociedad patriarcal y machista” que impera en la sociedad.

El 4 de marzo, durante su participación en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad de Hombres y Mujeres, el mandatario aseguró que su administración ha cumplido las recomendaciones y observaciones emitidas en la AVGM, pero aseguró que eso no detendrá los feminicidios.

“En Puebla se seguirán presentando feminicidios por el sistema patriarcal y machista que hay”, sostuvo.

En rueda de prensa, el 26 de marzo, cuando se le preguntó sobre la evaluación que haría la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), para determinar si se retiraba la AVGM, Barbosa insistió:

“Yo tengo mi opinión y es muy lamentable que los feminicidios van a continuar, lo que lo que no debe haber es impunidad, y en eso estamos cumpliendo nosotros siempre que hay un feminicidio. Es una especie no de regla, pero si una circunstancia mayor que sea aclarado dentro de los primeros días, porque las causas del feminicidio están la mayor parte en el círculo cercano de la víctima”.

En junio, el grupo “Mujeres en Affidamento” dio a conocer un reporte donde señalaba que nueve de cada 10 feminicidios continúan sin castigo en la entidad.

Indicó que de 84 casos que ha llevado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, sólo existen 12 sentencias y seis más están en proceso de ratificación.

Proceso
Puebla, México
Gabriela Hernández
Viernes 17 de julio de 2020.


Detenciones de activistas en Puebla rememoran los tiempos del morenovallismo, acusan ONG


Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que durante la detención y encarcelamiento del activista Eloy Méndez Becerra y otros 13 integrantes de la organización “Amozoc Seguro”, el pasado 23 de junio, se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que rememoran los tiempos del morenovallismo.

En un escrito, las agrupaciones defensoras de derechos humanos señalaron que en la detención de Méndez Becerra y los demás activistas participaron alrededor de 15 policías ministeriales que iban encapuchados, portaban armas largas y, sin identificarse ni presentar órdenes de aprehensión o de cateo, violaron las chapas para ingresar a las casas por la fuerza.

 “…el hijo del compañero Eloy que cursa bachillerato fue golpeado y su hija que tiene un bebé fue amenazada diciéndole que diera gracias que tenía al niño cargando porque si no en ese momento la mataban”, refirieron.

Además, mencionaron que Méndez Becerra, a quien ubican como “un reconocido luchador social”, y otro de los detenidos, estaban en aislamiento domiciliario por ser sospechosos de covid-19, lo que no fue tomado en cuenta al momento de la violenta detención.

Méndez –subrayaron– es una persona que sufre de hipertensión y diabetes, y no se permitió que tuviera acceso a medicamentos. Tampoco se respetó el derecho de los detenidos de llamar a un abogado y se les obligó a tomar defensores de oficio, aunque había litigantes que se presentaron para tomar el caso.

A esto se suma la postura adoptada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que argumentó que no hay número de queja para actuar y que, si hay violaciones al procedimiento, no corresponde a su competencia.

Más de una centena de organizaciones –entre ellas la Asamblea Social del Agua, la CNTE Puebla Secciones 23 y 51, la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y el Consejo Tiyat Tlali– exigieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta la liberación de los activistas, quienes forman parte de los movimientos sociales “Amozoc Seguro” y “Agua para Amozoc”.

A los detenidos se les acusa de daños en propiedad ajena, motín y lesiones contra autoridad, supuestamente cometidos el pasado 23 de enero, cuando se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Amozoc. La movilización se tornó violenta, lo que derivó en la quema de una patrulla de la policía local, una camioneta del ayuntamiento y un auto particular.

Según las organizaciones, en esa ocasión los activistas de “Amozoc Seguro” acusaron que el alcalde Mario de la Rosa, ex pastor de la iglesia Luz del Mundo, infiltró a las personas que generaron la violencia.

Incluso ubicaron a los grupos de choque con fotografías y videos tomados durante la manifestación, y existe evidencia de que los integrantes de “Amozoc Seguro” pidieron a los infiltrados que se retiraran, pues la protesta era pacífica.

A principios de junio, Méndez solicitó ante la Auditoría Superior del Estado una revisión a las finanzas del ayuntamiento de Amozoc, y el 21 del mismo mes entregó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que señalaba que pretendían detenerlo por denunciar la creciente inseguridad que priva en esa localidad, por la operación de bandas delictivas.

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla también demandó la libertad de Méndez Becerra y demás detenidos de Amozoc, quienes participaban en una mesa de diálogo con el gobierno estatal para exponer sus demandas sociales.

El Comité, que documentó los casos de más de 360 presos políticos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, acusó que a Eloy Méndez y a los 13 activistas de Amozoc se les detuvo de la misma forma que se actuó contra “perseguidos del morenovallismo”.

“Durante la detención, los familiares sufrieron desde amenazas hasta golpes, despojo de dinero y artículos personales y de trabajo, tales como celulares y computadoras, llegando a lesionar incluso a un menor de entre seis y siete años”, detalló.

Y más: “…nos encontramos preocupados por este actuar arbitrario que rememora el deleznable uso del poder y de la fuerza pública ante aquellos que considera sus ‘enemigos políticos’ por motivos de disidencia y a quienes busca aniquilar y reprimir… se esperaría que en un nuevo contexto político estos hechos dejaran de ser recurrentes como signo de control autoritario”.

En tal sentido, pidió al gobierno de Barbosa Huerta actuar en congruencia “con los principios de la Cuarta Transformación” y liberar a los integrantes de “Amozoc Seguro”.

“…hecho que reflejará un acto de rectificación y separación de viejos modelos por todos desaprobados, donde la fabricación de delitos era una constante que condujo a la existencia de cientos de presos políticos. Que la figura de los presos políticos no caracterice a este gobierno, es un sello indeleble que les perseguirá a lo largo del correr histórico”, finalizó.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 4 de julio de 2020.


Bajo la conducción de Luis Raúl González Pérez, la CNDH transfirió a la UNAM y a El Colmex más de 80 MDP. Hoy el ex ombudsman es funcionario de las dos instituciones académicas que favoreció.


Bajo la conducción de Luis Raúl González Pérez, la CNDH transfirió más de 71 millones de pesos a la UNAM mediante la celebración de 64 “convenios de colaboración”. La misma figura sirvió para financiar viajes a Harvard de investigadores de El Colmex y pagar servicios académicos a esta institución por más de 9 millones. Hoy el ex ombudsman es funcionario de las dos instituciones académicas que favoreció.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró 64 Convenios de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que le significaron a esta última ingresos por, al menos, 71 millones 58 mil 306.88 pesos entre 2015 y 2019.

Asimismo, el organismo autónomo financió conferencias de investigadores de El Colegio de México (Colmex) en la Universidad de Harvard y otras actividades académicas de esa institución, mediante 15 instrumentos de colaboración por 9 millones 263 mil 80 pesos.

Mientras estuvo presidida por Luis Raúl González Pérez, la CNDH pactó financiar servicios, estudios y cursos, así como la impresión de libros, organización de exposiciones y el pago de viáticos de estas instituciones educativas manera discrecional.

Mediante el mecanismo de los Convenios de Colaboración, la CNDH “aportó” a las dos instituciones de educación superior un monto por 80 millones 321 mil 386.88 pesos. Este instrumento le permitió evadir los procesos de licitación y demás lineamientos que se exigen en la celebración de contratos. Por ello, en los convenios no se habla de “adquisiciones” sino de “invitaciones a participar”. Tampoco de “pagos”, sino de “aportaciones”.

Los documentos –obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia y de solicitudes de información presentadas por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública– generalmente llevan la firma de Luis Raúl González Pérez, entonces presidente, y de Joaquín Narro Lobo, hasta la fecha secretario ejecutivo del Consejo Técnico de la CNDH. Narro Lobo es hijo de José Narro Robles, rector de la UNAM entre 2007 y 2015 y funcionario universitario por más de 25 años.

Otros convenios están firmados por quien se desempeñara como oficial mayor, Manuel Martínez Beltrán, y por titulares de las Visitadurías Generales.

De los 928 convenios totales celebrados por la administración de Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH, 64 se realizaron con la UNAM, el 7 por ciento de estos instrumentos. Ninguna otra instancia pública, privada, social, local, nacional o internacional resultó más favorecida con este tipo de acuerdos. Cada “colaboración” siempre se tradujo, para la llamada “máxima casa de estudios del país”, en ingresos por cientos de miles e, incluso, hasta 8 millones de pesos en un solo acuerdo.

Una vez que concluyó su periodo al frente de la CNDH, el 11 de noviembre de 2019, Luis Raúl González Pérez fue recuperado por la UNAM. El rector Enrique Luis Graue Wiechers lo nombró coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos el 9 de enero pasado.

El Colmex fue la otra institución educativa favorecida por la CNDH con convenios de colaboración. Muy por debajo de los números de la UNAM, la relación de El Colegio con la Comisión destacó por financiar actividades que difícilmente se justifican como tareas necesarias en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Para sorpresa de la comunidad académica del propio Colmex, Luis Raúl González Pérez fue nombrado nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la institución educativa el pasado 19 de mayo.

Mediante un mensaje de correo electrónico emitido este 20 de mayo, la Presidencia de la institución, a cargo de Silvia Elena Giorguli Saucedo, enteró a investigadores, profesores y alumnos:

“Informo a ustedes que hace unos días, por razones de salud, el doctor Héctor Fix Fierro presentó su renuncia como miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México. El lunes pasado, 18 de mayo, ese órgano se reunió y, de conformidad con lo previsto por el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la institución, eligió a Luis Raúl González Pérez como miembro de la Junta de Gobierno para el periodo comprendido del 19 de mayo de 2020 al 12 de diciembre de 2023. Desde la Presidencia de El Colegio hacemos un reconocimiento a la labor de más de seis años del doctor Fix Fierro como miembro de ese órgano. Con su conocimiento, experiencia y su generosa disposición, el doctor Fix Fierro deja una importante contribución a la construcción institucional de El Colegio.” (sic)

CNDH-UNAM, intercambio de funcionarios… y recursos

El 1 de junio de 2015, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración para que la Universidad “participara”, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la realización del seminario La Abogacía en México: su Responsabilidad Social y el Sistema Pro-Bono.

La CNDH se comprometió a “cubrir los gastos relativos a: Hospedaje y Alimentación de los ponentes del Seminario; servicio de traducción simultánea con el equipo y apoyos necesarios; una comida para treinta (30) personas en las instalaciones del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas y el servicio de café durante el seminario” (sic). No se especificó el monto de tales gastos.

El 1 de diciembre de 2015, la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual la Universidad se comprometía a que su Escuela Nacional de Trabajo Social impartiera a funcionarios de la CNDH un taller en línea titulado Derechos Humanos con Enfoque Social. A cambio, la CNDH pagó 28 mil pesos.

Sólo tres documentos de este tipo se celebrarían en 2015, primer año de González Pérez a frente del organismo defensor de los derechos humanos.

El 20 de abril de 2016 la CNDH firmó un Convenio Específico de Colaboración con la UNAM mediante el cual se comprometió a apoyar la “Cátedra Extraordinaria Trata de Personas” (sic).

Así, la CNDH pagó la difusión, promoción y premiación del Tercer Premio Universitario de Tesis sobre Trata de Personas y el Primer Concurso de Ensayo Perspectivas Universitarias sobre la Trata de Personas. Destinó 44 mil pesos.

A lo anterior se sumarían 180 mil pesos para “Colaborar con el pago de traslado y viáticos de ponentes extranjeros y nacionales, mesa de café continua, impresión de mampara, banners y materiales de apoyo incluyendo los logotipos institucionales de ambas instancias” (sic), durante el Seminario Internacional de Políticas Públicas en Materia de Trata de Personas organizado por la UNAM.

Colmex, 15 convenios con la CNDH pagaron estudios y viáticos

El 17 de mayo de 2016 la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración para que el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez financiara la edición de 2 mil ejemplares de la obra Bases técnico-metodológicas para el informe de México al Protocolo de San Salvador, integrada por los volúmenes titulados Derecho al Trabajo, Derechos Sindicales y Derechos Culturales, a cargo del Programa Universitario de Derechos Humanos. El documento no especifica a cuánto ascendió el monto que la CNDH tuvo que erogar para financiar la totalidad del tiraje.

Previamente, el 31 de julio de 2015, la CNDH y la UNAM ya habían firmado un Convenio Específico para editar 2 mil ejemplares de la misma obra.

El 15 de junio de 2016, la CNDH firmó con la UNAM un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual aquélla se comprometió a pagar 1 millón 308 mil pesos por “La elaboración de un estudio sobre: Derechos humanos y gasto público en México” (sic).

Para el 11 de noviembre de ese año, las instituciones firmaron un Convenio más para que la Universidad realizara un análisis sobre el “impacto de los desastres y las estrategias de protección civil sobre la plena satisfacción de los derechos humanos en México”. Para ello, a CNDH se comprometió a pagar 400 mil pesos.

El mismo 11 de noviembre de 2016 la CNDH y la UNAM celebraron otro instrumento para realizar un “Programa de Colaboración Académica entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”. El organismo defensor de derechos humanos erogó en favor de la institución académica 8 millones 740 mil 368 pesos.

En el documento aparecen las firmas de Manuel Martínez Beltrán y Joaquín Narro Lobo, por la CNDH, y de Domingo Alberto Vital Díaz y Pedro Salazar Ugarte por la UNAM.

La CNDH y la UNAM celebraron otro Convenio Específico de Colaboración el 11 de noviembre de 2016. Mediante este instrumento el organismo defensor de derechos humanos se comprometió a entregar 400 mil pesos a la Universidad. Lo anterior, a cambio de la elaboración del estudio Ciudades sostenibles y derechos humanos.

El 15 de noviembre de 2016 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración. La Comisión se comprometió a pagar 690 mil pesos a la Universidad. Por su parte, la institución educativa realizó un “estudio de investigación académica, para identificar teórica y empíricamente los vínculos e implicaciones entre la corrupción y el ejercicio de los derechos humanos” (sic).

En esa misma fecha, las instituciones firmaron otro Convenio para que la Universidad “participe” en la realización de un “estudio sobre las Recomendaciones generales en materia de persecución a periodistas” formuladas por la propia CNDH.

Para ello, el organismo defensor de los derechos humanos se comprometió a pagar 1 millón 400 mil pesos más el impuesto al valor agregado (IVA). Es decir, la CNDH erogó por estos servicios 1 millón 610 mil pesos.

Un tercer convenio celebrado el mismo 15 de noviembre de 2016 establece que el organismo defensor de derechos humanos erogaría a favor de la Universidad 1 millón 477 mil 776.42 pesos más el IVA, es decir, 1 millón 699 mil 442.88 pesos. Lo anterior, por un estudio “para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos” emitidos por la propia CNDH en materia de violencia de género.

Un millón de pesos a la UNAM por “seguimiento” a las Recomendaciones emitidas por la CNDH. Extracto del Convenio con folio CGSRAJ/172/2016

El mismo día ambas instituciones firmaron un cuarto Convenio Específico de Colaboración con el objeto de que la casa de estudios realizara un estudio “para el seguimiento de las Recomendaciones Generales, informes especiales y pronunciamientos de ‘LA CNDH’ en el tema de Migrantes” (sic). Por ello, el organismo defensor de derechos humanos pagó 1 millón de pesos más el IVA, con lo que el monto total ascendió a 1 millón 150 mil pesos.

El 8 de diciembre de 2016, la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual el organismo defensor de los derechos humanos se comprometió a organizar cada año el ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto en recintos universitarios. El ciclo consta de 10 conferencias mensuales a realizarse una cada mes.

El documento no especifica el monto que debió erogar la CNDH para la realización de la actividad académica.

El 23 de diciembre de 2016, la CNDH y a UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración para la realización del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.

En el documento se especifica que la organización correría a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Pero lo pagaría la CNDH. Para ello destinó 1 millón de pesos más el IVA. Es decir, el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez erogó 1 millón 150 mil pesos.

A cambio, la UNAM se comprometió a proporcionar 10 becas a funcionarios de la Comisión para asistir a Congreso.

Durante 2016, la CNDH y la UNAM concretaron la celebración de 10 instrumentos de colaboración.

Ya en 2017, el 27 de febrero, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración por medio del cual el organismo pagó 75 mil 400 pesos a la Universidad a cambio de permitir el uso del patio central y el salón de profesores eméritos de la Facultad de Medicina para la presentación del libro La Planificación Transformadora por Escenarios, del empresario Adam Kahane.

El 2 de mayo de 2017, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración para “realizar el estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de ‘LA CNDH’ en el tema de Defensores Civiles” (sic).

Por tal estudio, la CNDH pagó a la Universidad 600 mil pesos más IVA, es decir, 690 mil pesos. El documento está firmado por el entonces oficial mayor de la CNDH Manuel Martínez Beltrán, y por el, en aquel tiempo, coordinador de Humanidades de la UNAM, Domingo Alberto Vital Díaz.

El 3 de mayo de 2017, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración, mediante el cual el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez transfirió 1 millón 856 mil pesos a la institución educativa. Lo anterior para que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad elaborara un diagnóstico acerca del “problema de los linchamientos en México 2010-2016”.

El 16 de mayo de 2017 la CNDH y a UNAM firmaron un Convenio Específico de Coedición por el que el organismo defensor de los derechos humanos se comprometió a pagar la impresión de la colección titulada Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia, la cual se integra por los siete libros.

El documento no especifica el monto, pero deja en claro que la CNDH pagaría los costos por el tiraje de 1 mil ejemplares de cada libro.

Para el 14 de julio de 2017 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración. Mediante este instrumento, la CNDH se comprometió a pagar los costos de la edición de una obra de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad.

Bajo el título Visión social de los derechos humanos. Una perspectiva multidisciplinar (sic), fue coordinada por Juana Leticia Cano Soriano, entonces directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y Joaquín Rodrigo Narro Lobo, secretario técnico de la CNDH. Las firmas de ambos funcionarios figuran en el propio Convenio.

El costo de la impresión ascendió a 83 mil 636 pesos.

Ya el 28 de agosto de 2017 las instituciones firmaron un Convenio Específico Modificatorio al celebrado el 11 de noviembre de 2016 para el “Programa de Colaboración Académica entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”.

En este instrumento se señala que la “aportación” de la CNDH sería de 2 millones 185 mil 92 pesos más.

Por su parte, el Convenio Específico de Colaboración firmado el 20 de septiembre de 2017 establece que la UNAM realizaría un estudio para el “seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos emitidos por la CNDH en el tema de Indígenas” (sic). Para ello la CNDH “aportó” 696 mil pesos a la casa de estudios.

El 3 de octubre de 2017 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración por medio del cual el organismo defensor de derechos humanos “aportó” a la Universidad 2 millones 475 mil pesos más el IVA, es decir, 2 millones 846 mil 250.

Lo anterior, a cambio de que la institución educativa impartiera los siguientes cursos a distancia: Libertad de Expresión; Desplazamiento Forzado Interno; Derechos Humanos de las Personas en Reclusión Penitenciaria; Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; Introducción a los Derechos Humanos; Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad; Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres; Diversidad Sexual y Derechos Humanos; Acoso y Violencia escolar, y Prevención de la Tortura.

El 24 de octubre de 2017 la CNDH y la UNAM firmaron el Convenio Específico de Colaboración con el objeto de que la Facultad de Psicología de la Universidad impartiera a personal de la Comisión el taller “Programa de Capacitación en Materia de Atención sobre Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención en Crisis desde la Perspectiva de los Derechos Humanos”.

A cambio, la CNDH se comprometió a pagar un monto por 200 mil pesos más el IVA, es decir, 230 mil pesos. El taller tuvo lugar en instalaciones de la CNDH.

El 27 de octubre de 2017, la CNDH y la UNAM firmaron otro Convenio con el objeto de que la Universidad realizara “el estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de ‘LA CNDH’ en materia de Niñas, Niños y Adolescentes” (sic).

La CNDH se comprometió a pagar 1 millón 169 mil 280 pesos. Por el organismo defensor de los derechos humanos firma el entonces oficial mayor, Manuel Martínez Beltrán. Por la casa de estudios, quien se desempeñara como Coordinador de Humanidades, Domingo Alberto Vital Díaz.

Otro Convenio Específico de Colaboración, con registro UNAM: 50065-2881, se celebró ese mismo 27 de octubre. La Universidad realizaría “el estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de ‘LA CNDH’ en el tema de Administración y Procuración de Justicia en nuestro país” (sic).

Le siguió un convenio modificatorio del mismo. En el documento se señala que la CNDH pagaría a la UNAM, por el trabajo citado, 1 millón 750 mil pesos más el IVA. Es decir, la institución dirigida por Luis Raúl González Pérez desembolsó 2 millones 12 mil 500 pesos. Aparecen las mismas firmas que en el Convenio Específico anterior.

Antes de este convenio modificatorio, los servicios de la Universidad costarían 920 mil pesos.

El 3 de noviembre de 2017, la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración por medio del cual la institución defensora de derechos humanos aportó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 1 millón de pesos más el IVA, es decir, 1 millón 150 mil pesos.

Lo anterior, a cambio de que la institución educativa realizara el proyecto “Metodología con Perspectiva de Género para la Creación del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos”.

El 16 de noviembre de 2017 las dos instituciones firmaron otro Convenio Específico de Colaboración. Mediante este instrumento el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez se comprometió a pagar a la Universidad 165 mil 440 pesos por un desarrollar un servicio de firma electrónica avanzada.

Para el 1 de diciembre de 2017 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración, mediante el cual, el organismo defensor de derechos humanos “aportó” a la institución educativa 1 millón 276 mil pesos. A cambio, la institución educativa elaboró un Estudio sobre la Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos.

Ese mismo día, mediante un nuevo acuerdo, la institución académica se comprometió a elaborar el “Estudio sobre la Biodiversidad y la Biotecnología y su Vínculo con el Pleno Goce y Ejercicio de los Derechos Humanos”. La institución defensora de los derechos humanos se comprometió a entregarle 1 millón 276 mil pesos.

Ya en 2018, el 9 de enero, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración para que el organismo defensor de derechos humanos pagara los costos de la edición del libro Protección y cura. Medicina tradicional en comunidades negras de la Costa Chica, Oaxaca, cuya autora es Céline Marie-Jeanne. El tiraje fue de 600 ejemplares, pero no se señaló el monto que tuvo que erogar la Comisión para pagar la edición.

Por la edición del libro Las recomendaciones generales de la CNDH, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el organismo defensor de los derechos humanos pagó a la Universidad el costo de un tiraje de 5 mil ejemplares. El Convenio Específico, celebrado para tal efecto el 22 de febrero de 2018, omite el monto total erogado.

En febrero de 2018, la CNDH firmó un convenio específico de colaboración con la UNAM, por el cual se comprometía a “aportar” al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad los costos de la edición de siete libros con tirajes de 3 mil y de 2 mil ejemplares cada uno.

El documento no especifica el monto que tuvo que erogar la CNDH por la impresión de un total de 16 mil ejemplares. Los títulos de las obras son: Control de convencionalidad; Estándares para niñas, niños y adolescentes migrantes y obligaciones del Estado frente a ellos en el Sistema Interamericano de Derechos; Reflexiones en torno al arraigo como medida privativa de la libertad en el proceso penal; Uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Análisis desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Las obligaciones generales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (deber de respeto, garantía y adecuación de derecho interno, y Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en los sistemas de derechos humanos.

Un nuevo Convenio Específico de Colaboración celebrado el 15 de febrero de 2018 ampara la “reimpresión” del mismo número de tirajes de las mismas obras, cuyo costo es a cuenta del organismo defensor de derechos humanos. Tampoco revela el monto erogado por la CNDH.

El 22 de febrero de 2018 la CNDH y la UNAM celebraron un convenio Específico para la “coedición” de otro libro. El organismo defensor de derechos humanos se comprometió a pagar los costos por la traducción, el tiraje y el envío a Canadá de la obra Colaborating With The Enemy, de Adam Kahane. Se trató de la impresión de una segunda obra del empresario canadiense que pagó la Comisión.

El 2 de marzo de 2018 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración, con número de registro 51511-571-27-11-18. Ampara el pago de 750 mil pesos del organismo defensor de los derechos humanos a la Universidad “por la impartición del Diplomado en Derechos Humanos”.

Para el 23 de marzo de 2018, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración por el que Radio Universidad se comprometió a transmitir la serie radiofónica Derecho a debate. A cambio, la Comisión pagaría 15 mil pesos cada mes durante un semestre.

El 2 de mayo de 2018 ambas instancias autónomas celebraron un Convenio Específico de Colaboración por el que Radio Universidad se comprometía a producir la sección radiofónica Zanili o la conversa. Por ello, el organismo presidio por González Pérez “aportó” 150 mil 800 pesos.

El mismo día se celebró otro Convenio para el “seguimiento de las recomendaciones generales y los informes especiales de ‘LA CNDH’ en el tema de Discriminación” (sic). Por tal seguimiento el organismo defensor de derechos humanos se comprometió a pagar a la Universidad 943 mil pesos.

El 4 de mayo de 2018 la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración con el objeto de que la Universidad elaborara un “estudio para el seguimiento de las Recomendaciones Generales y los Informes Especiales emitidos por ‘LA CNDH’ en el tema de Derecho a la Salud” (sic).

Por este trabajo, el organismo defensor de derechos humanos se comprometió a pagar 1 millón 552 mil 500 pesos.

Otros dos convenios se celebraron el 4 de mayo de 2018. Por el primero, la institución académica realizó el estudio Áreas Protegidas y Derechos Humanos. El organismo entonces encabezado por Luis Raúl González Pérez pagó 897 mil pesos.

Con el segundo la casa de estudios, a través de la Facultad de Filosofía, se comprometió a realizar la “Segunda Fase del Proyecto Atlas de Igualdad y Derechos Humanos”. La CNDH pagó por este trabajo 2 millones 500 mil pesos más el IVA, es decir, 2 millones 875 mil pesos.

El 21 de mayo de 2018 otro Convenio le significó a la UNAM recibir una “aportación” de 6 millones de pesos de parte de la CNDH. En este caso, para organizar actividades relacionadas con la conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968. El documento, con el folio GSRAJ072/2018, pone a cargo de la UNAM el Proyecto Curatorial M68 y un proyecto arquitectónico.

El 20 de junio de 2018 se celebró un Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH y la UNAM, mediante el cual el organismo defensor de derechos humanos aportó 300 mil pesos “para apoyar a los estudiantes de licenciatura y posgrado mexicanos y a instituciones nacionales, en temas relacionados con los Derechos Humanos” (sic).

A mediados de ese año, el 26 de junio, mediante Convenio Específico de Colaboración, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad se comprometió a elaborar el “Análisis de Cobertura y Tratamiento en Medios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” (sic). Por este estudio, el organismo presidido entonces por Luis Raúl González Pérez “aportó” a la UNAM 3 millones 766 mil 752 pesos.

Para el 20 de agosto de 2018, la CNDH celebró un Convenio Específico con la Universidad con el objeto de que esta institución educativa realizara el “estudio para la Formulación de un Diagnóstico del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos” (sic). Por tal estudio, la Comisión se comprometió a “aportar” 500 mil pesos más el IVA, es decir 575 mil pesos.

El 24 de septiembre de 2018 la UNAM se comprometió a elaborar un “estudio sobre la situación de derechos humanos en la Policía Federal”. El organismo encabezado entonces por Luis Raúl González Pérez se comprometió a pagar 1 millón 680 mil 840 pesos más el IVA, con lo que la suma total ascendió a 1 millón 932 mil 966 pesos.

Para el 27 de septiembre de ese año un nuevo instrumento, con folio CGSRAJ/143/2018, señala: “El objeto del presente Convenio es para que ‘LA UNAM’, realice para ‘LA CNDH’ un estudio sobre Niñas, Niños y Adolescentes, víctimas del crimen organizado en México”.

La Comisión aportó a la Universidad, por este trabajo, un monto de 1 millón 100 mil pesos más el IVA, es decir, 1 millón 265 mil pesos.

También la CNDH solicitó a la UNAM que realizara “un informe especial sobre la situación de inseguridad y la desaparición de personas en el Estado de Veracruz” (sic). El Convenio Específico de Colaboración celebrado el 27 de septiembre de 2018 estipula una “aportación” a la Universidad por 1 millón 100 mil pesos más el IVA, es decir, 1 millón 265 mil pesos.

El 5 de octubre de 2018 la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración. El objeto, “la realización del estudio denominado: ‘Análisis cualitativo y cuantitativo de las Violaciones a los Derechos Humanos de Personas en Situación de Vulnerabilidad’” (sic).

Firmado, por parte de la CNDH, por Luis Raúl González Pérez y Joaquín Narro Lobo, y por la UNAM, por el secretario general Leonardo Lomelí Vanegas, el documento señala que el organismo defensor de derechos humanos pagará a la Universidad 4 millones 640 mil pesos.

Un estudio que valió una “aportación” de la CNDH a la UNAM por más de 4 millones 600 mil pesos

La CNDH aportó a la UNAM 200 mil pesos por un diplomado “de Ampliación y Profundización de Conocimientos con Opción a Titulación en ‘Derecho del Deporte, un enfoque desde los derechos humanos’”. El Convenio fue firmado el 5 de octubre de 2018.

Otro instrumento celebrado el 8 de noviembre de 2018 tuvo como objeto que la institución educativa desarrollara “indicadores del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de ‘LA CNDH’ para supervisar la aplicación de la ‘Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, Primera Etapa’” (sic).

Para ello, la CNDH se comprometió “aportar” a la Universidad 3 millones 300 mil pesos más el IVA, en total una suma por 3 millones 795 mil pesos.

El 8 de noviembre de 2018 la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual la institución académica se comprometió a realizar un estudio sobre “El marco institucional y presupuesta que rige la actuación del gobierno mexicano en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Caso Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la lucha contra la pobreza extrema y el hambre” (sic). La Comisión “aportó” a la Universidad 299 mil 280 pesos.

Con el objeto de que la UNAM realzara para la CNDH “El Diagnóstico en Materia del Derecho a no ser Sometido a Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la Creación de Indicadores para Consolidar Instrumentos de Prevención, Evaluación y Seguimiento, Primera Etapa”, las instituciones citadas celebraron un convenio específico de colaboración el 16 de noviembre de 2018.

Por tal trabajo, la CNDH se comprometió a pagar a la UNAM 1 millón 392 mil pesos.

La Comisión también pidió a la institución educativa la impartición de los diplomados: “Derechos Humanos para organizaciones campesinas y líderes comunitarios” e “Incidencia para la Defensa de los Derechos Humanos”. Por ellos, el organismo defensor de los derechos humanos pagó 500 mil pesos. El instrumento fue firmado el 20 de noviembre de 2018.

Un Convenio Modificatorio del 25 de setiembre de 2019 obligaría a la CNDH a entregar 200 mil pesos más a la UNAM.

Asimismo, la Comisión “aportó” a la Universidad 1 millón 500 mil pesos por “cursos a distancia autogestivos”, según el Convenio Específico de Colaboración firmado el 5 de noviembre de 2018.

Según el Convenio Específico de Colaboración, con registro 51511-571-27-11-18, celebrado entre la CNDH y la UNAM, la Facultad de Derecho de la Universidad se comprometió a impartir un “Diplomado en Derechos Humanos” a 40 funcionarios del organismo presidido por Luis Raúl González Pérez. A cambio, la CNDH “aportó” a la UNAM 750 mil pesos.

Ya en 2019, el 21 de marzo, las instituciones celebraron el Convenio Específico de Colaboración mediante el cual el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad se comprometió a impartir el “Diplomado Derechos Humanos, Dr. Jorge Carpizo a 75 años de su natalicio” (sic).

Tal diplomado estaría destinado a “cinco personas participantes designadas por la CNDH”, institución que pagó 100 mil pesos a la UNAM.

También la CNDH se comprometió a pagar 15 mil pesos mensuales durante un semestre a cambio de que Radio Universidad transmitiera la serie Derecho a debate. El acuerdo quedó establecido en el Convenio Específico de Colaboración firmado el 26 de abril de 2019.

La CNDH buscó que la UNAM realizara un “Estudio sobre ‘La nueva política de bienestar, presupuesto público y su impacto en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)” (sic). Para ello ambas instituciones firmaron el 3 de junio de 2019 un Convenio Específico de Colaboración. La institución entonces presidida por Luis Raúl González Pérez se comprometió a “aportar” 417 mil 600 pesos.

El 30 de agosto de 2019, las instituciones establecieron –convenio de por medio– la realización de la Tercera Fase del Proyecto Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. La Universidad se embolsó 460 mil pesos.

Mediante otro Convenio Específico de Colaboración, la UNAM se comprometió a impartir el “Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ‘Héctor Fix Zamudio’, Edición 2019”. La CNDH, por su parte, “aportó” 135 mil pesos. El documento fue firmado el 6 de septiembre de 2019.

Con el objeto de realizar una “Actualización 2019 de la plataforma electrónica del Observatorio para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior”, la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración el 31 de julio de 2019. El organismo defensor de los derechos humanos se “aportó” 230 mil pesos a la institución educativa.

Sin especificar el monto en pesos, la CNDH se comprometió a pagar los costos por la reimpresión de 1 mil ejemplares de nueve libros de la Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Miradas complementarias desde la academia. Para ello se firmó el Convenio Específico de Colaboración, con folio CGSRn/121/2019, el 16 de agosto de 2019.

Con el objeto de que la UNAM impartiera “dos cursos a distancia autogestivos”, la CNDH le “aportó” 950 mil pesos, según el Convenio Específico de Colaboración entre ambas instituciones firmado el 25 de septiembre de 2019. Se trató del último instrumento concedido por la CNDH a la UNAM antes de que Luis Raúl González Pérez concluyera su periodo como ombudsman nacional.
Universidad de Harvard. Conferencias de El Colmex a cuenta de la CNDH

Colmex: viáticos y conferencias en Harvard

El 30 de noviembre de 2015, la CNDH y el Colmex firmaron un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual el organismo defensor de los derechos humanos entregó 1 millón 508 mil pesos a la institución académica. Esta última se comprometió a “organizar y realizar dos conferencias, una serie de cursos y talleres en temas relacionados con violencia y cultura de paz”.

Destaca la “Conferencia Internacional en Harvard sobre Cultura de Paz en la Cuenca del Caribe”.

El documento cuenta con la firma del propio presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez y oculta la identidad y cargo de quien firmó por el Colmex.

El Segundo Convenio Específico celebrado entre la CNDH y el Colmex se celebró el 2 de febrero de 2017. El objeto de este instrumento fue “Organizar y realizar el Encuentro de Académicos de México y Estados Unidos en la Universidad de Harvard, sobre temas de Cultura de Paz el 13 y 14 de abril del año 2017”.

Para ello, la CNDH “aportó” al Colegio 300 mil pesos más el IVA, es decir, 345 mil pesos. El documento testó el nombre del responsable de la organización del encuentro académico. Sólo lo identificó como: “profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales” del Colmex.

El 12 de agosto de 2015 la CNDH y el Colegio de México habían celebrado un Convenio General de Colaboración “con el objeto de establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación, así como la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a ambas instituciones y a la sociedad” (sic).

De ese Convenio General se derivaron los convenios específicos, como el cuarto, celebrado el 16 de octubre de 2017. El objeto: “organizar y realizar en la Universidad de Harvard, una reunión de expertos para intercambiar opiniones acerca de la interacción ante crimen organizado y poblaciones desplazadas en la Cuenca del Caribe (en particular el triángulo de América Central y México) y la Cuenca del Mediterráneo, centrándose en la situación de niños y jóvenes” (sic).

El Colegio de México designó al doctor Sergio Aguayo Quezada para organizar dos paneles de discusión en el Centro FXB de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard el 27 de octubre de 2017: uno sobre “Europa y el Mediterráneo”; el otro, “Caribe y América Latina”. Los gastos corrieron a cargo de la CNDH, que desembolsó 120 mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado.

Estudio y curso-taller a cambio de 1 millón 200 mil pesos

Por la CNDH firmo el entonces presidente Luis Raúl González Pérez, entonces presidente, y Joaquín Narro Lobo, secretario técnico del Consejo Consultivo.

El 28 de abril de 2017 la CNDH y el Colmex firmaron el Tercer Convenio Específico de Colaboración. El organismo de defensor de derechos humanos se comprometió a aportar a la institución educativa 1 millón 200 mil pesos más el IVA, es decir, 1 millón 380 mil pesos.

Lo anterior, para que el Colmex realizara dos “iniciativas”: la Segunda Conferencia sobre la Experiencia Mexicana en Cultura de Paz que se realizó en agosto de ese año; y la Segunda Edición del Curso-Taller para la Paz, diseñado por el Seminario de Violencia y Paz del Colmex.

El 7 de noviembre de 2017, la CNDH y el Colmex celebraron el Quinto Convenio Específico de Colaboración. Mediante ese instrumento, la institución defensora de derechos humanos se comprometió a financiar la Cátedra en Derechos Humanos Rodolfo Stavenhagen. El costo ascendió a 115 mil pesos.

El Sexto Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH y el Colmex se firmó el 8 de marzo de 2018. Gracias a este instrumento el organismo defensor de derechos humanos aportó 2 millones 853 mil 600 pesos. El objeto fue la apertura de “un espacio de análisis y reflexión tanto para la formación académica, como para la intervención social en materia de derechos sociales y derechos humanos denominado Sistema Nacional de Información sobre Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración” (sic).

Más de 2 millones 800 mil pesos por un “Sistema Nacional de Información sobre Migración”

El 12 de marzo de 2018 la CNDH y el Colmex celebraron el Séptimo Convenio Específico de Colaboración. Mediante este instrumento el organismo defensor de derechos humanos se comprometió a pagar 805 mil pesos a la institución educativa a cambio de que ésta impartiera el “Curso-Taller Poblaciones Desplazadas: Entendimiento y Empatía”.

El Octavo Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH y el Colmex se celebró el 12 de marzo de 2018. Este documento compromete al organismo defensor de derechos humanos a pagar al Colmex 690 mil pesos por la “sistematización de una pedagogía de la empatía” a propósito del taller anterior.

El Noveno Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH y el Colmex consistió en que la institución educativa elaborara el estudio “Las niñas, niños y adolescentes no acompañados extranjeros en Mexico y la protección internacional” (sic). Por ello, e organismo defensor de derechos humanos pagó 400 mil pesos más el IVA, es decir, 460 mil pesos en total.

El Décimo Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la CNDH y el Colmex fue firmado el 29 de octubre de 2018. El instrumento “consiste dar continuidad a las actividades que se han desarrollado en el marco de la ‘CATEDRA RODOLFO STAVENHAGEN DE DERECHOS HUMANOS’, que fue creada por voluntad de ‘LAS PARTES’” (sic). Para ello, el organismo entonces presidido por Luis Raúl González Pérez se compromete a “aportar” 100 mil pesos.

La CNDH y el Colmex celebraron su Décimo Segundo Convenio el 15 de abril de 2019. Mediante este instrumento la institución educativa se hizo cargo de la elaboración del proyecto “Integración laboral de las personas migrantes centroamericanas en México”. La CNDH “aportó” para ello 786 mil 480 pesos, según el instrumento con folio CGSRAJ/015/2019.

Ambas instituciones celebraron su Décimo Cuarto Convenio Específico de Colaboración para “dar continuidad a las actividades que se han desarrollado en el marco de la ‘CÁTEDRA RODOLFO STAVENHAGEN DE DERECHOS HUMANOS’” (sic). Por ello la institución defensora de derechos humanos se comprometió a “aportar” a la académica 100 mil pesos, según el documento firmado el 10 de junio de 2019.

Otros convenios discrecionales

La CNDH y la editorial Tirant Lo Blanch de México celebraron un Convenio General de Colaboración que estuvo vigente del 2 de junio de 2016 al 15 de noviembre de 2019. El objetivo fue realizar actividades conjuntas “para la formación de profesionales, investigación, docencia, comercialización editorial, difusión y extensión de la cultura en materia jurídica, en relación con otras áreas del conocimiento humano en México”.

En ese contexto, las partes celebraron un Convenio Específico de Colaboración el 29 de junio de 2016. El objeto fue la coedición de 3 mil ejemplares del libro En defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo.

La obra, según el convenio, busca “contribuir a la divulgación del trabajo que realiza el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” (sic). Tal instancia no pertenece a la CNDH, sino que está adscrita a la Secretaría de Gobernación.

En el documento se reconoce que los derechos morales de la obra son de los autores, pero aclara que éstos han cedido los derechos patrimoniales a la CNDH. A su vez, este organismo cedió a Tirant “libre de cargas y en exclusiva para todo el mundo, el derecho a imprimir en cualquier modalidad editorial, bien sea en un solo tomo o en varios, o por fascículos o entregas periódicas y en soporte informático”.

Asimismo, la CNDH le cedió los derechos digitales para que la obra pudiera ser colocada y usada en “la base de datos jurídica de la editorial ‘Tirant On Line México’, ‘Tirant On Line Latam’, ‘Tirant On Line España’, ‘Biblioteca Virtual’, ‘Biblioteca Virtual Latam’ o cualesquiera de las plataformas actuales o futuras que comercialice Tirant” (sic).

La CNDH adquirió la totalidad del tiraje a un costo unitario de 51 pesos. Es decir, 153 mil pesos. Por el organismo autónomo aparecen las firmas del entonces oficial mayor, Manuel Martínez Beltrán, y por quien se desempeñaba como quinto Visitador General, Edgar Corzo Sosa. Tanto la firma como el nombre de quien representa a Tirant fue testada.

UNAM, beneficiada con convenios otorgados por la CNDH

En efecto, el libro se publicó en 2016. Luis Raúl González Pérez aparece como coordinador de la obra de 17 autores.

Otro caso es el del Convenio General de Colaboración para la Difusión, Promoción y Divulgación en Materia de Derechos Humanos firmado el 15 de marzo de 2017 con la asociación Civil Liga de Profesionales para Apoyo Ciudadano.

El objeto del documento fue “desarrollar actividades de difusión, promoción y divulgación de en Derechos Humanos, tales como: pláticas, talleres y conferencias, distribución de materiales y publicaciones entre la población a la que se dirige el trabajo de ‘La Asociación’” (sic).

El Convenio no se refiere a los montos que implica el acuerdo, pero informa que cada proyecto se trataría en convenios específicos. El instrumento cuenta cláusula de confidencialidad en la que las “la partes acuerdan guardar absoluta confidencialidad respecto a la información que sea intercambiada o proporcionada con motivo de la celebración del presente Convenio”.

“La Asociación” fue constituida el 19 de mayo de 2014 en la Ciudad de México. No cuenta con página electrónica y sólo hay registro de instrumentos firmados con la CNDH. También realizó peticiones de recursos ante el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia.

Por parte de la CNDH, el convenio fue firmado por el entonces presidente, Luis Raúl González Pérez, por el desde entonces y hasta la fecha secretario técnico del Consejo Consultivo, Joaquín Rodrigo Narro Lobo, y por quien fuera la directora general de Enlace y Desarrollo con Organismos No Gubernamentales, Teresita del Niño Jesús Gómez de León. Por parte de “la Asociación” firmó su presidente, del cual se censuró su nombre y su firma en la versión pública.

Un caso más es el del instrumento celebrado el 10 de mayo de 2017 entre la CNDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango (CEDH-Durango) y la asociación civil Federación de Organizaciones para la Atención Humanitaria.

En el documento, por la CNDH aparecen las firmas de Luis Raúl González Pérez, Joaquín Rodrigo Narro Lobo y Teresita del Niño Jesús Gómez de León (entonces presidente, secretario técnico del Consejo Consultivo y directora general de Enlace y Desarrollo con Organismos No Gubernamentales, respectivamente). Por la CEDH-Durango, quien fuera su titular en ese año, Felipe de Jesús Martínez Rodarte. El nombre y la firma de que representa a “La Asociación” fue testado para la versión pública del documento. El objeto de este instrumento fue “establecer las bases y mecanismos de colaboración y apoyo […] para realizar actividades de difusión, promoción y divulgación en materia de Derechos Humanos, tales como: pláticas, talleres y conferencias, distribución de materiales y publicaciones” (sic).

Esta federación fue constituida el 1 de octubre de 2014 en la ciudad de Durango, Durango. No cuenta con página de internet ni se encuentra en directorio alguno de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos. Tampoco hay evidencia de trabajo en apoyo a sectores sociales vulnerables.

Los proyectos derivados de ese Convenio General contaron con convenios específicos de colaboración. También acordaron una cláusula de confidencialidad para no divulgar “en ninguna forma” la “información que sea intercambiada o proporcionada” entre las partes.

Contralínea
Zósimo Camacho
@zosimo_contra
Ciudad de México
Domingo 21 de junio de 2020.


La desaparición forzada y violencia contra las mujeres es tan real como la ineficiencia de este gobierno, denuncia ONG.

Afirman que sus declaraciones minimizan la grave problemática de violencia contra las mujeres y de la desaparición de niñas y mujeres en Puebla


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al gobernador Miguel Barbosa a no reproducir estereotipos ni prejuicios machistas que minimizan la grave problemática de violencia contra las mujeres y de la desaparición de niñas y mujeres en Puebla.

“Hacemos un atento llamado al gobernador de #Puebla, @MBarbosaMX @Gob_Puebla, a no reproducir estereotipos ni prejuicios machistas que minimizan la grave problemática de la violencia contra las mujeres, y de la desaparición de niñas y mujeres en la entidad”, publicó en Twitter.

Esto después de que, en su conferencia matutina de este martes, el gobernador aseguró que las mujeres desaparecidas solo se van un par de días con el novio.

CNDH en México

@CNDH
Hacemos un atento llamado al gobernador de #Puebla, @MBarbosaMX @Gob_Puebla, a no reproducir estereotipos ni prejuicios machistas que minimizan la grave problemática de la violencia contra las mujeres, y de la desaparición de niñas y mujeres en la entidad. https://twitter.com/SinMiedoMujeres/status/1270390331704516610 …

Mujeres Sin Miedo
@SinMiedoMujeres

Irresponsabilidad absoluta de @MBarbosaMX asegurar que las mujeres desaparecidas solo se van un par de días con el novio. La desaparición forzada y violencia contra las mujeres es tan real como la ineficiencia de este gobierno @cachetitoscm @AbolicionistaMx @SpotlightAmLat

 “La mayoría de denuncias de desaparecidos son de personas que no desaparecieron, que se ausentaron de sus hogares por un día, por dos, tres días, por un periodo muy simple y el tiempo en el cual no tuvieron contacto fue brevísimo, pero fue aquel en el cual la mamá, el papá, el hermano fueron a la fiscalía a presentar su denuncia de persona desaparecida”, dijo.

Barbosa siguió diciendo que a los dos, tres o cuatro días la policía va al domicilio de la persona reportada como desaparecida y ésta ahí se encuentra.

No obstante, sostuvo que hay casos reales (pero) el porcentaje es mínimo, ya que ha habido situaciones que la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas como extraviadas con su novio en algún lugar de Puebla.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 9 de junio de 2020.


La periodista Lourdes Mendoza pidió medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por los ataques y amenazas que recibió de supuestos bots, a raíz de la publicación de una columna en la que cuestiona la salud del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

A través de su cuenta en Twitter, la columnista sostuvo que también pidió la intervención de la Comisión de Igualdad y Género del Senado de la República y del Mecanismo de Protección a Periodistas.

En el medio informativo Eje Central, Mendoza publicó el jueves una columna titulada “La Ceguera de Barbosa”, en la que asegura que, como consecuencia de su diabetes crónica, el mandatario poblano ha dejado de ver con ambos ojos y ahora sólo ve sombras.

La periodista advierte que, por esta afectación de su salud, Barbosa depende de funcionarios que no están al nivel para desempeñar sus cargos, como es el caso de Olivia Salomón, secretaria de Economía del estado.

“Quién manda al Góber dar un encargo tan importante a una persona que sólo sabe vender casas en condominios de lujo, actividad muy distinta a encabezar una Secretaría de un estado en donde existen empresas de clase mundial y no sólo empresas familiares”, destacó Mendoza.

Luego de la publicación, la periodista denunció que fue objeto de una serie de ataques en las redes sociales que fueron lanzados desde la cuenta @Red4TPoblanaOf1, que se identifica de la siguiente manera: “defensores de la #4taTransformación. Promovemos actividades del gobernador @MBarbosaMx, equipo d trabajo y diputados de la #4TPuebla. Somos #Red4TPueblaOficial”.

Desde esa cuenta, el mismo jueves, tras la publicación de la columna, se impulsó el hashtag #PueblaEstaConBarbosa, que fue retuiteado por otras cuentas con el mismo mensaje: “Nosotros creemos en la capacidad de @MBarbosaMX y de @OliviaSalomonV; tu opinión @lumendoz, sólo demuestra que ejerces un #PeriodismoCarroñero, se nota que eres una mercenaria de la información, las imágenes hablan por sí solas”.

En las imágenes subidas se ve a Mendoza con personajes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), como José Antonio Meade, Javier Lozano y Beatriz Paredes, entre otros, con la leyenda: “Lourdes Fifí y derechaira”.

La periodista aseguró que ya fue contactada por la CNDH y también por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y le ofrecieron accionar los mecanismos de protección por los ataques en su contra a raíz de su quehacer periodístico.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 3 de abril de 2020.


La CNDH deploró los acontecimientos ocurridos la víspera en Puebla, donde siete personas fueron privadas de la vida por pobladores de Cohuecan y Tepexco
    
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que en lo que va de 2019 se han registrado 135 casos de linchamiento, donde han muerto 43 personas, ante lo cual demandó aplicar la ley para que no exista impunidad y protocolos para evitar que se pierdan vidas.

La CNDH pidió una investigación seria y profesional para dar con los responsables del linchamiento de siete personas que murieron en Cohuecan, Puebla, y que sean castigados de acuerdo con la ley, evitando la impunidad.

Además exigió que se deslinden las responsabilidades en que pudieran haber incurrido las diferentes autoridades que presenciaron esos hechos y no consiguieron evitar que se privara de la vida a las personas.

Actos Deplorables

La CNDH deploró los acontecimientos ocurridos la víspera en Puebla, donde siete personas fueron privadas de la vida por pobladores de Cohuecan y Tepexco, acusadas de secuestrar a un vecino de la comunidad.

El organismo nacional reiteró que las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos del Estado de derecho, porque la justicia por propia mano no es justicia.

Agencias
El Siglo de Torreón
Lunes 12 de agosto de 2019.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saludó e hizo un reconocimiento a la determinación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la Ley de Seguridad Interior y ratificó la necesidad de que la participación temporal de las Fuerzas Armadas se sujete estrictamente a lo previsto por la Constitución.

Además, que su actuación sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo sus intervenciones en materia de seguridad y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese rubro, sostuvo el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.

Al término de la inauguración del Congreso Nacional “Logros y Retos de los Derechos Humanos. A 70 Años de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, celebrado en Querétaro, destacó que el fallo del alto tribunal hace eco de los argumentos contenidos en las diferentes acciones de inconstitucionalidad que se promovieron.

Una de ellas, dijo, fue interpuesta por la propia CNDH, recogiendo las opiniones y observaciones de diversos organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, organizaciones civiles, académicos y expertos en la materia.

“La invalidez decretada por la SCJN ratifica la necesidad de que la materia de seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo”, remarcó.

González Pérez sostuvo que si bien es positivo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contemple diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y reconozca como premisa el respeto a los derechos humanos, es preciso que se enfatice el papel esencial que las autoridades civiles deben tener al respecto y se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares.

Dijo que el documento enfatiza acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas.

Ello, anotó, sería incompatible con la intención que se ha declarado en reiteradas ocasiones de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública y dejar en manos de las mismas esa materia.

El titular de la CNDH señaló que el abatimiento de prácticas violatorias a los derechos humanos como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos como sería la Guardia Nacional que se propone.

Para ello, opinó, será necesaria una política integral que, de conformidad con lo previsto por la Constitución y los estándares internacionales, haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles.

Al respecto, llamó la atención sobre la necesidad de que se contemple un plan específico para la revisión, capacitación y operación de las policías civiles en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, cuestión que el Plan Nacional no incluye.

Desde la CNDH, abundó, se ha demandado, como un derecho humano que las personas cuenten con una seguridad verdadera y efectiva, misma que no puede darse a cualquier costo, en tanto tiene que partir del respeto a los derechos humanos, a los postulados reconocidos internacionalmente en la materia y con estricto apego al régimen constitucional y democrático.

“Privilegiar esquemas reactivos sustentados en el uso de la fuerza no contribuirá a la pacificación del país ni al abatimiento de la violencia. La paz no se puede construir con sustento en el uso de la fuerza y el debilitamiento de las autoridades civiles”, enfatizó.

Cuestionado adicionalmente sobre las acciones de la CNDH en favor de la “Caminata Migrante”, indicó que se da acompañamiento en todo el trayecto en el que se han observado ambigüedades y tratos diferenciales, dependiendo de los lugares por donde atraviesa.

Señaló que primero se privilegió una política de contención antes que el trato humanitario y destacó que también debe haber una política de congruencia en favor de quienes sufren dolor, enfrentan necesidades y huyen de la violencia en sus países de origen. La regularización solicitada para los connacionales en Estados Unidos debe darse a las personas que cruzan por el país, aseguró.

El ombudsperson nacional refirió que no ha habido atención suficiente, en especial para mujeres, niñas, niños y personas con alguna discapacidad, a fin de facilitarles mejores condiciones de tránsito, lo que no quiere decir que se incumpla la ley, sino que se haga compatible con el trato humanitario, pues recordó que antes de ser migrantes son personas.

Finalmente, González Pérez dio a conocer que personal de la CNDH ya está en Tijuana, Baja California, donde busca que se brinde a las personas en condición de movilidad atención humanitaria y se hacen llamados a las autoridades estadounidenses para que dejen de lado los discursos de odio, xenófobos y racistas.

Notimex
Ciudad de México
Jueves 15 de noviembre de 2018.

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