Por la falta de resultados en el caso Ayotzinapa, por omisiones e irregularidades de funcionarios en la pasada Administración, la Fiscalía de General de la República (FGR)


Por la falta de resultados en el caso Ayotzinapa, por omisiones e irregularidades de funcionarios en la pasada Administración, la Fiscalía de General de la República (FGR) inició las diligencias para responsabilizar a quien incumplió con sus obligaciones.

"En estas circunstancias, la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones", advirtió la FGR en un comunicado.

El órgano encabezado por Alejandro Gertz Manero indicó que a partir de ese momento el nuevo fiscal independiente y autónomo, Omar Gómez Trejo, con su equipo de trabajo y con el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos de esta institución, trata de obtener toda la información de todos los procesos y de las gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas.

Recordó que un juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón de que cada uno de los investigados tiene que dar su anuencia y a dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR.

"Se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos; a todo lo anterior el juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados", reprochó.

Mencionó que, sobre los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.

Criticó que en octubre de 2015 la Administración anterior creó una oficina de investigación del caso Iguala, la cual también fue descalificada junto con la "verdad histórica", que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.

"Durante todo ese lapso, se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)".

El 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando principalmente se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones.

También, deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.

Reforma
Benito Jiménez
Ciudad  de México
Sábado 14 de septiembre 2019.

 

Piden investigar y sancionar a quienes aparecen en el video donde se observa la tortura de Carlos "N".

La difusión de un video que muestra la tortura infligida a una persona detenida por el caso Ayotzinapa, dado a conocer en medios de comunicación, confirma que la investigación de la desaparición de los normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos, como en su momento fuera señalado por los diversos organismos internacionales de derechos humanos que revisaron el caso, señalaron organizaciones sociales, que además acusaron a la CNDH de encubrir la tortura.

El material confirma lo que la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU había reportado en su informe Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa: la existencia de fuertes elementos de convicción de que hubo tortura en 34 casos de personas detenidas, entre los que se encuentra el caso de la persona que aparece en el video, Carlos “N”.

En respuesta a señalamientos como el de la ONU, la Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República- negó haber construido la llamada “verdad histórica” con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en 2 casos. Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración, denunciaron las organizaciones Serapaz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en un comunicado.

Por su parte, la CNDH en su Recomendación sobre Ayotzinapa, evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que sólo en 8 de ellos hubo tortura. En particular, respecto del detenido Carlos “N” la CNDH expresamente concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia o cargas eléctricas, pese a la abundancia de prueba y pese a la reiterada denuncia del propio detenido. La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante; por ello, confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación.

Para las organizaciones firmantes, el video difundido confirma que la investigación del caso Ayotzinapa se usó la tortura; acredita la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable; reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el Gobierno Federal, como la ONU – DH; coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso; y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad en el caso.

En efecto, la confirmación gráfica y pública de la existencia de la tortura en el caso bajo mayor escrutinio público e internacional confirma también que los importantes esfuerzos que ya realiza la Comisión Presidencial para indagar el caso deben ser más apoyados y secundados por la Fiscalía General de la República. Si ésta institución no avanza decididamente en la investigación de quienes cometieron irregularidades y violaciones a derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no realiza nuevas acusaciones y si continúa apoyándose más en la recomendación de CNDH que en el trabajo de los organismos especiales, se perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso.

En este sentido, el video difundido recuerda que está pendiente realizar la investigación interna de los funcionarios que han desviado y obstruido la justicia. Al día de hoy, varios de estos funcionarios siguen sin rendir cuentas e incluso en puestos de responsabilidad pública; tal es el caso de una de las personas de quien se ha señalado su intervención en la tortura a partir de dicho material audiovisual. Después de la aparición del video, dicha persona se separó de su cargo en un gobierno estatal, paso relevante pero insuficiente pues lo que corresponde ahora es que sea investigado y en su caso sancionado, apuntaron.

En suma, el caso Ayotzinapa sigue siendo la prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones a derechos humanos y romper con la impunidad institucionalizada. También es una oportunidad para demostrar que la tortura comenzará a ser erradicada en serio del sistema de justicia; en el pasado, videos que mostraron el uso de la tortura en México -por cierto con técnicas similares a las hoy documentadas- motivaron discursos de disculpas de alguna de las instituciones involucradas pero no un reconocimiento profundo de que esta práctica es generalizada y mucho menos sanciones severas a quienes torturan y a quienes instigan o toleran como mandos esta práctica; para que esta realidad cambie, la sanción de los responsables es indispensable, concluyeron.

Aquí el referido informe de la ONU sobre las torturas en el caso Ayotzinapa:

20180315_DobleInjusticia_In… by on Scribd

Aristegui Noticias
Ciudad de México
Domingo 23 de junio de 2019.


El ‘ombudsman’ mexicano, Luis Raúl González, hace balance de sus cuatro años de mandato, marcados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa


Luis Raúl González preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en México desde noviembre de 2014. Asumió la dirección en plena crisis por el caso Iguala, la desaparición de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero a manos de una red de policías y delincuentes. Llegó a la comisión con un discurso duro: "La situación de los derechos humanos en México está en un momento crítico".

A casi cuatro años de aquello, con un cambio de Gobierno en el horizonte, no parece que las cosas hayan cambiado. Al contrario. "Hay una debilidad institucional en materia de impartición de justicia", opina, cuidadosamente, el ombudsman.

El pasado 3 de septiembre, día en que el presidente Peña Nieto presentaba su último informe de Gobierno, jornada de tradicionales aplausos para el mandatario, González eligió viajar a la escuela de Ayotzinapa. Cambió las maderas nobles del Palacio Nacional por el calor de la vieja escuela rural. Acompañó a sus colegas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, en la lectura de su propio informe sobre la falta de avances en la investigación del caso Iguala. "Primero me invitaron las familias de los 43 y luego llegó la invitación de presidencia. No podría no estar en la escuela", zanja.

PREGUNTA: Usted llegó a la CNDH, en 1995, le tocó el caso de Aguas Blancas. Luego entró como presidente después de Tlatlaya y Ayotzinapa. Parece que los cuerpos policiales y militares siguen usando viejas tácticas...

RESPUESTA: Me tocó Aguas Blancas y luego Iguala, Nochixtlan... La CNDH en estos cuatro años ha fortalecido su independencia. Somos respetuosos, pero firmes y críticos. No nos satisface el nivel de cumplimiento de las recomendaciones -los informes vinculantes de la comisión. Hoy se aceptan, pero su cumplimiento ha sido demorado.

P: ¿Qué dependencia es la más reacia a cumplir con las recomendaciones?

R: Son diversas.

P: ¿Destaca alguna?

R: La Comisión Nacional de Seguridad, alguna vez las Fuerzas Armadas. Y lo gobiernos locales.

P: Queda pendiente la recomendación sobre la gran barbarie del sexenio, los 43. Estamos a punto de verla, ¿no?

R: Sí, no podemos terminar el sexenio sin esa recomendación.

P: ¿Nos pueda dar un adelanto?

R: Me encantaría, pero no.

P: ¿Qué opinión le merece la discrepancia total en las conclusiones de la investigación de la PGR y las que alcanzó el GIEI?

R: Todo eso aparecerá en la recomendación.

P: ¿Ni siquiera una opinión?

R: Lo que uno tiene que hacer en estas cuestiones es no generar lecturas descontextualizadas.

P: En junio, un tribunal ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala. ¿Qué le parece?

R: Desde que se conoció la decisión del tribunal, la CNDH dijo que colaboraría con cualquier comisión que buscara conocer la verdad.

P: Un mes después, otro tribunal dijo que resultaba imposible la creación de la comisión...Organismos de la sociedad civil criticaron la presión estatal para que las cosas acaben como el Gobierno quiere. ¿Qué opina usted?

R: Tenemos una debilidad institucional en materia de procuración de justicia. Cómo no hablar de debilidad institucional a la vista del caso de La Rana. Cómo no hacerlo, si llevamos diez meses sin titular en la PGR; si aún no tenemos fiscalía autónoma; si tenemos un sistema anticorrupción flojo.

P: Al decir usted debilidad institucional, pareciera que no existe dolo, sino solo negligencia e incapacidad.

R: No, mire. También hay factores de corrupción. Y le doy un dato sobre la sentencia del tribunal acerca de la imposibilidad de crear la comisión. Nosotros metimos un amicus curiae, diciendo que queríamos participar en la búsqueda de la verdad.

P: Usted conoce la institución, usted se encargó de investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio -candidato del PRI a la presidencia, asesinado durante la campaña en 1994. ¿Sufrió presiones en ese caso?

R: Yo le digo que en el ejercicio de mi trabajo allá, lo puedo invitar a que se eche un clavado en la investigación y vea la solidez. Aunque no digo que la PGR no haya sido porosa.

P: ¿Qué quiere decir?

R: Pues que enfrenta elementos de corrupción, hay agentes involucrados, pero en ese caso de Colosio... Mire, ahí está la investigación.

P: Usted al llegar a la CNDH, dijo que la situación de derechos humanos era crítica. Y hace dos semanas dijo lo mismo en una entrevista. ¿Cómo podemos ir a mejor?

R: Cumpliendo la ley. Y eso significa dotarnos de una fiscalía autónoma, reestructurarla, determinar qué modelo policial se va a implementar. Que haya consecuencias sobre el actuar de los gobiernos estatales que 12 años después no han logrado profesionalizar a los policías.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Jueves 27 de septiembre de 2018.

Avanza recurso del municipio San Pedro Cholula; Ministro Pardo Rebolledo revisará la queja

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, interpuesta por el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla, que será turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La Secretaría de Acuerdos asignó la demanda a Pardo Rebolledo, quien deberá analizarla para, en su caso, solicitar los informes correspondientes para iniciar el estudio del asunto y dar a conocer si la controversia se admite o no a trámite, aunque no se tiene un plazo estimado para la resolución.

A pesar de que distintos organismos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organizaciones no gubernamentales y hasta partidos de oposición habían anunciado que presentarían acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior por su opacidad y atentar contra los principios de derechos humanos, antes del 20 de enero, plazo para presentar estos recursos; sin embargo, hasta ahora el municipio poblano ha sido el único en presentarlo.

De acuerdo con personal de la SCJN, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sería quien también recibiría la acción de inconstitucionalidad que presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por cuestiones de acumulación de trabajo y debido a que se trata del mismo tema.

El ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, ordenó analizar el expediente de la controversia constitucional 4/2018, presentada el pasado 5 de enero de 2017 por Esperanza Estela Chilaca Muñoz, quien funge como síndica municipal, y otros funcionarios.

El municipio demanda la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, por considerar como inconstitucionales los artículos 7, 11 y 16, en los que se violenta su autonomía.

Los demandantes expusieron que la ley viola el tema de seguridad pública de los municipios, plasmada en el artículo 115 de la Constitución, en el que se les otorgan facultades para decidir sobre seguridad pública; además, cuestionan la facultad del Presidente de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en las localidades, sin mediación de la alcaldía; y, por último, afirman que el Ejército o la Marina no pueden desempeñar funciones de seguridad pública.

En el expediente se señala como autoridades responsables de la inconstitucionalidad a las Cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y el director del Diario Oficial de la Federación.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, quien llegó al cargo por Movimiento Ciudadano y actualmente es militante de Morena, esperaba la notificación de la SCJN, ya que fue a través de los medios como se enteró de que había sido admitida la controversia que promovió su administración.

“Es un gran avance, es una buena noticia para todos aquellos que estamos convencidos de que esta ley no resuelve la inseguridad que se vive en el país y tenemos muy claro que el legislador intenta desdibujar, hacer a un lado a los gobiernos municipales, que somos el nivel de gobierno más próximo, más cercano a la población y quienes bien tenemos derechos y obligaciones en materia de seguridad pública”, aseguró Espinosa Torres.

Además, aseguró estar convencido que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, les asiste la razón.

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez Jiménez, informó que en su bancada y en la del PT, ya pasaron a firma de sus integrantes la solicitud de Acción de Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que presentarán la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, aclaró que los panistas que acompañen este recurso lo harán por su cuenta.

Por su parte, el senador Alejandro Encinas, sin bancada, expresó su certeza de que se presentarán diversas impugnaciones ante la Corte, entre ellas la del Senado, y se acumularán todas para que resuelva el máximo tribunal.

El Universal
Ricardo Moya
 y Juan Arvizu
Ciudad de México
Sábado 13 enero 2018.


Prometen apoyo tras explosión en Puebla

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió coordinación entre el Gobierno de Puebla y el federal para atender a los heridos de la explosión en el Municipio de Chilchota.

En un comunicado, el organismo informó que solicitó a las autoridades estatales la implementación de medidas cautelares para evitar la repetición de hechos como el estallido, que dejó 14 muertos, entre ellos 11 menores.

El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, envió un oficio al Secretario General de Puebla, Diódoro Carrasco, informó el organismo.

"Se solicita igualmente que las autoridades competentes en materia de salud pública se coordinen con las instancias federales homólogas para brindar atención médica especializada de segundo y tercer niveles a los pacientes afectados, con el fin de garantizarles servicios médicos de especialidad", indicó la dependencia.

Esa misma coordinación la requirió en materia de protección civil, para supervisar la producción, almacenaje, distribución y venta de juegos pirotécnicos de cara a la fiesta parroquial del próximo 15 de mayo.

También demandó a Diódoro Carrasco mantener informada a la CNDH sobre la aceptación de las medidas requeridas y, en su caso, reportar lo realizado para su cumplimiento.

Prometen apoyo tras explosión en Puebla

Chilchotla.- Los deudos de las 14 personas que murieron y los familiares de los 30 heridos en una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Felipe, en Puebla, recibieron la promesa de reconstrucción y apoyo por parte de autoridades.

Alrededor de las 13:35 horas el Gobernador, Antonio Gali Fayad, llegó a la comunidad en helicóptero y realizó una visita en el área donde estaba la casa que almacenaba la pirotecnia.

También habló con el mayordomo Juan Serrano, a quien le prometió todo el apoyo económico para reconstruir su casa.

"Es un momento difícil para toda la comunidad, pero debemos levantarnos y ser fuertes, no están solos, el Gobierno del Estado va a apoyar a todas las familias afectadas", aseguró el Gobernador.

Gali Fayad agregó que se mantendrá al pendiente de los tres menores que se encuentran delicados de salud en el Hospital para el Niño Poblano y brindarán todo el apoyo moral y económico.

"Vamos a trabajar para que San Isidro vuelva a ser lo que un día fue, los tres niveles de Gobierno estamos pendientes de la situación y en próximos días los volveré a visitar para ver cómo se levantan", dijo.

El Gobernador aseguró que autoridades federales aprobaron la donación de un predio donde el día de mañana serán enterradas las 14 personas que murieron por la explosión.

Reforma
Jesús Lima
Chilchotla, Puebla
Ciudad de México
Miércoles 10 de mayo de 2017.


El 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México, recriminó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, al rendir su informe anual.

Frente al Presidente Enrique Peña Nieto, el Ombudsman lamentó que la corrupción, impunidad y la carencia de rendición de cuentas prevaleció el año pasado en las conductas de autoridades e instituciones.

"Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su mayoría, permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, indiferencia y encubrimiento parecerían ser la constante", reclamó.

Advirtió que en varias partes del País no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia pacífica, por lo que se acentuó la violencia, mientras que la falta de Estado de Derecho aumentó los homicidios, secuestros, desapariciones, extorsiones y robos.

González puso énfasis en las fosas clandestinas que se han encontrado, por lo que demandó al Presidente de la República que se escuchen con sensibilidad las denuncias.

"Solicitamos que las fosas que se ubiquen sean trabajadas con conocimientos técnicos y científicos especializados, a efecto de que la justicia y la verdad lleguen a quienes fueron enterrados en las minas y sus familiares", dijo.

En medio de la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, insistió en que las Fuerzas Armadas deben regresar a los cuarteles, pues las tareas de seguridad que realizan dependen de otras áreas.

Éstas, agregó, sólo deberían participar en las calles cuando las condiciones así lo permitan, de manera gradual y verificable.

"El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente ni promoverse que así sea", apuntó.

Exigió que con el mismo interés que se analiza la Ley de Seguridad Interior, se trabaje en las leyes generales sobre desapariciones y tortura.

El presidente de la CNDH también recriminó a Peña Nieto que las denuncias, recomendaciones y señalamientos de los organismos u organizaciones en derechos humanos mexicanos no se atiendan hasta que es una instancia internacional la que hace el reclamo, como sucedió con el caso Iguala.

"El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas", agregó.

También criticó las acciones que el Gobierno federal ha lanzado en favor de los migrantes mexicanos en derechos humanos, pues argumentó que éstas son insuficientes.

Además, dijo, también se debe garantizar mejores condiciones a los deportados.

Advirtió que se debe tener una "ética de la coherencia" con los migrantes de otros países que atraviesan por México.

"Es preciso que todas las autoridades asuman que la esencia del poder es servir y no servirse de él, hacer y no decir que se hace, gobernar con integridad, con responsabilidad, conciencia y un profundo sentido de solidaridad", añadió.

"El cumplimiento de la ley debe ir aparejado con el comportamiento ético y ejemplar de lo servidores públicos".

Reforma
Érika Hernández
Ciudad de México
Viernes 31 de marzo de 2017.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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