El gobierno del perredista Graco Ramírez no investigó los casos de muertes violentas ni entregaron cuerpos identificados.

Los cadáveres fueron enterrados hace dos años en la comunidad de Tetelcingo, México, al no ser identificados.

Autoridades de Morelos dieron un 'trato indigno' a 119 cadáveres, la gran mayoría no identificados, que fueron inhumados en fosas cavadas de manera irregular, denunció este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.

La CNDH emitió una recomendación al gobierno de Morelos, a la fiscalía y a la alcaldía de Cuautla por el caso de estos cadáveres, que fueron enterrados hace dos años en la comunidad de Tetelcingo al no ser identificados.

Los cadáveres "fueron inhumados irregularmente en dos fosas también irregulares, sin apego a los protocolos establecidos", señaló la CNDH en su comunicado. La defensoría señaló que en 44 de los cadáveres se "advierten indicios de muertes violentas" pero las autoridades no realizaron investigación alguna para esclarecer las circunstancias, lo que propicia "la impunidad".

También indicó que las autoridades no han abierto expedientes de investigación de 20 de los cuerpos, y criticó duramente que no se entregaron, antes de ser enterrados en las fosas, cuatro cuerpos que sí fueron identificados y reclamados por familiares.

Tras la exhumación, han sido identificados con nombre 21 cadáveres, señaló la CNDH, advirtiendo que en los cuerpos restantes se "complicará" el reconocimiento "por el indebido manejo" que se les dio.

"Los restos mortales de todas las personas merecen ser tratados con respeto y las circunstancias y condiciones de su fallecimiento deben ser determinadas por la autoridad", dijo en rueda de prensa el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama.

En su recomendación, que no es vinculante, la CNDH exhortó a las autoridades a hacer una "reparación integral del daño" causado a los familiares de las víctimas que ya han sido identificadas, que se investigue la posible existencia de otras fosas y que las acciones de inhumación y exhumación de cuerpos se apeguen a los protocolos forenses.

Los cadáveres se inhumaron tras haber estado en unas cámaras frigoríficas forenses cuya capacidad quedó superada, según las autoridades de Morelos, vecino de Ciudad de México y golpeado por una ola de violencia ligada al narcotráfico.

Los cuerpos se exhumaron en mayo pasado ante la insistencia de familiares de personas desaparecidas y de organizaciones civiles.

En medio de la violencia desatada por el narcotráfico en México, se han reportado hallazgos de fosas clandestinas en distintos puntos del país, ante lo cual la CNDH también llamó a las autoridades a realizar las búsquedas correspondientes.

Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas, en México se han registrado más de 170.000 asesinatos, y más de 28.000 personas están reportadas como desaparecidas, según cifras oficiales.

AFP
Ciudad de México
Viernes 7 de octubre de 2016.

Raymundo Riva Palacio
   
La confrontación entre la PGR y el grupo de expertos que trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es abierta y tiene un campo de batalla principal: el basurero de Cocula, donde la PGR dijo que habían incinerado a 43 normalistas de Ayotzinapa la madrugada del 27 de septiembre del año pasado, y los peritos independientes afirman que eso es imposible. Habrá nuevos peritajes y nuevas discusiones. Pero los investigadores, mexicanos y extranjeros, bien podrían voltear a revisar el asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, uno de los fundadores de las policías comunitarias en Guerrero y quien con mayor esmero buscaba fosas clandestinas en el estado a principios de agosto. Jiménez Blanco, poco se sabe, se empeñó en descubrir la suerte de los 43 jóvenes desaparecidos y los buscó en hornos crematorios en el estado y habló con muchas personas que, como lo dijeron los expertos, están todavía llenas de miedo.

“La de Miguel era una muerte anunciada”, dijo en su funeral Julia Alonso Carbajal, miembro de Ciencia Forense Ciudadana, un proyecto dirigido por familiares de personas desaparecidas. “Días antes que lo asesinaran, nos comentó de las amenazas de muerte que recibía de la FUSDEG y de los criminales que había detenido la policía ciudadana. Es el mundo al revés. Los criminales se sentían ofendidos porque Miguel Ángel anduviera caminando por la calle. Les parecía una ofensa”. La FUSEDEG es el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, que ha sido vinculado públicamente con el crimen organizado. Una semana antes del asesinato, Jiménez Blanco supo que iban por él. En un mensaje de texto a una persona de confianza, escribió:

“Hoy ví a varios jóvenes en una curva donde han asaltado y se quedaron viendo al taxi (que manejaba para mantener a su familia). De venida puse mucha atención y vi cosas raras. Ya que venía un taxi, el 1134 se me pegó demasiado con las luces muy altas cerca del lugar y quería rebasarme y no lo permití… Logré pasar unos topes que están antes del lugar que podían atacarme y alcancé a un carro que iba muy rápido, y pasamos a un carro que estaba con varios hombres echando luz con una lámpara ahí mero, por el lugar que pensé que podrían atacarme. Y como iba muy pegado al otro carro ya no pudieron tratar de detenerme pues al otro carro lo dejé atrás en los topes y el otro estaba esperando más adelante. Puse atención a miradas sobre mí en la base de taxis y nunca vi ese Tsuru que se me pegó demasiado… Fue muy claro, la verdad. Me avisaron que me cuidara, que se estaban preparando contra mí”.

¿Qué sabía Jiménez Blanco? Durante meses había ido ganándose la confianza de pobladores en la zona donde se cometió el crimen contra los normalistas y gradualmente le habían comenzado a contar lo que habían visto la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, y lo que se habían ido enterando posteriormente. Una de las cosas que le dijeron era que, como dijo el grupo de expertos independientes, los normalistas no habían sido incinerados en el basurero de Cocula, como decía la PGR. Cuando menos, porque nunca lo pudo precisar, “todos”, como dijo en su momento el ex procurador Jesús Murillo Karam, o “la mayoría”, como precisó este lunes el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

La información que tenía Jiménez Blanco era que un número de normalistas había sido enterrado en otro lugar muy diferente a Cocula. Es decir, que no todos, al menos, habían sido incinerados, y no todos los cuerpos estaban realmente desaparecidos. En dónde estaban, nunca lo dijo. No se sabe si porque aún no conquistaba la confianza suficiente para que le indicaran el lugar, o porque consideraba que era demasiado peligroso para decírselo a cualquier persona, por más cercana que fuera. Jiménez Blanco fue una de las personas que a lo largo de estos meses, habló con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los llevó a la zona donde la PGR dijo que los habían incinerado.

Se desconoce qué tanta influencia pudo haber tenido la información que les aportó que pudiera haber sido reflejada abiertamente en el informe que dieron a conocer este domingo. Jiménez Blanco, en todo caso, era una bomba de tiempo para aquellos que desde las instituciones, son los autores intelectuales o materiales del crimen en Iguala, por la información que iba acumulando. Cuando un corresponsal del periódico The Washington Post lo entrevistó en diciembre, fue muy claro y contundente cuando le preguntaron las razones por las que tanta gente tenía miedo a hablar sobre los desaparecidos. “Todas las autoridades estaban participando, y eso es por lo que nadie puede salir a reportar esos crímenes”, dijo Jiménez Blanco. “Estamos hablando de cientos y cientos de desaparecidos”.

Jiménez Blanco tenía la certeza de poder encontrar en una fosa clandestina en Guerrero, a normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre. Sabían en Guerrero de sus actividades y, quizás, de lo que empezaba a armar y hasta dónde se estaba acercando. Era una muerte anunciada, como dijo Carbajal en su funeral. Es un crimen que hasta ahora está sin resolverse y que, de aclararse, podría también alumbrar el camino a la solución definitiva sobre el crimen de los normalistas de Ayotzinapa.

Eje central
twitter: @rivapa
Raymundo Riva Palacio
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Jueves 11 de septiembre de 2015.

El gobierno de México apuesta al olvido, dicen familiares de los desaparecidos en San Antonio, EU.

Mientras las autoridades mexicanas hace meses que dieron por cerrada la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sus familiares y compañeros iniciaron el lunes en EEUU una gira para impulsar su causa y lograr la implicación de organismos internacionales en la búsqueda de los jóvenes.

Con la llamada "Caravana 43", gira que recorrerá durante un mes 43 ciudades en todo el país, los padres buscan el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional (AI) e instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la esperanza de conocer finalmente qué pasó con los estudiantes de magisterio.

"Vamos a buscar la intervención de organismos internacionales que puedan revisar el expediente, dar recomendaciones, participar en la investigación, porque a nuestras autoridades no les creemos", explicó en una entrevista Omar García, quien la noche del 26 de septiembre logró escapar de los policías que detuvieron a sus compañeros.

Las autoridades mexicanas dan por hecho que miembros del cártel de Guerreros Unidos, en una alianza con policías corruptos, asesinaron e incineraron a los estudiantes en un vertedero de Cocula, en el estado de Guerrero, pero los allegados de las víctimas rechazan esta versión.

Consideran que esa teoría tiene como objetivo "darle un carpetazo" al caso y quieren que las autoridades asuman su responsabilidad y respondan por la desaparición, ya que "la Policía se los llevó".

'México apuesta al olvido'

Indignados con la actitud de las autoridades mexicanas y sin resignarse al hecho de que su país "ya se olvidó del tema", una representación de los familiares, compañeros y abogados de los estudiantes desaparecidos iniciaron en San Antonio, McAllen y El Paso (Texas) tres rutas para difundir el caso ante la sociedad estadounidense y la comunidad latina.

"En México se le apuesta al olvido. La prensa, el Gobierno y los demás espacios públicos y privados han cerrado la voz al movimiento de los padres de familia. Pareciera que el problema ha dejado de existir, cuando en realidad no se ha resuelto nada", advirtió García.

Tras dejar San Antonio, la ruta central de la "Caravana 43" recorrerá Austin y Dallas, también en Texas; Kansas City (Kansas), San Luis (Misuri), Saint Paul (Minesota), Milwaukee (Wisconsin), Chicago (Illinois), Grand Rapids, Lansing y Detroit (Michigan) y finalizará en Columbus (Ohio).

Los familiares que parten de El Paso visitarán Las Cruces (Nuevo México), las ciudades californianas de San Diego, Santa Ana, Los Ángeles, Oxnard, Fresno, Berkeley, San Francisco, Sacramento y Santa Rosa, Portland (Oregón), Olympia, Seattle y Yakima (Washington), Las Vegas (Nevada) y Denver (Colorado).

Finalmente, desde McAllen irán a Houston (Texas), Nueva Orleans (Luisiana), Birmingham (Alabama), Atlanta (Georgia), Blacksburg y Richmond (Virginia), Durham (Carolina del Norte), Washington (capital federal), Baltimore (Maryland), Filadelfia (Pensilvania), Nueva York, Hartford (Connecticut) y terminarán en Boston (Massachusetts).

Juntos por la causa

Julio César Guerrero, coordinador de la "Caravana 43", explicó que además de las ya conocidas reuniones con la CIDH y Amnistía Internacional, en Washington mantendrán un encuentro con el Caucus Hispano en el Congreso (grupo de presión), que agrupa a varios congresistas demócratas.

En Los Ángeles, los recibirán miembros de la Federación de Maestros de California, uno de los sindicatos más influyentes del país.

Más allá de los principales objetivos de la caravana, difundir el caso y forzar a las autoridades a abrir nuevas líneas de investigación, Guerrero destacó que la organización ya ha servido "para unir a la comunidad mexicana (en Estados Unidos) en torno a una causa común".

Los familiares de los 43 estudiantes esperan que sus esfuerzos sirvan para esclarecer lo que realmente pasó con sus seres queridos, ya sea para abrazarlos o para enterrarlos, y puedan dejar atrás la angustia de saberlos desaparecidos.

"Todos los días esperan ver a sus hijos. Para una persona que ha podido enterrar el cuerpo es mucho más fácil admitir lo que ha pasado, pero la familia de un desaparecido nunca tiene la certeza", sentenció García.

EFE
San Antonio, Texas, EU
Martes 17 de marzo de 2015.

El gobierno mexicano tiene 20 días para responder la resolución

Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido que los hijos de Maude Versini y Arturo Montiel están en “situación de riesgo de daño irreparable”.

Por ello, dicha Comisión ha evaluado que el Gobierno mexicano debe de implementar un régimen de visitas con su madre en condiciones adecuadas, sin restricciones innecesarias y que se cumplan de manera efectiva y segura en un ambiente que garantice la máxima normalidad.

La batalla legal que existe entre Montiel y Versini, desde hace más de 3 años, por la custodia de sus hijos Alexi, Adrián y Sofía, ha llegado a un punto cumbre.

Conforme el artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicita al Estado mexicano que “tome las medidas necesarias para proteger el derecho a la familia, la integridad física y psíquica de los niños”. El Gobierno Mexicano tiene 20 días para responder dicha resolución.

La Comisión Interamericana, además, detalla que las leyes internacionales destacan que la separación de niños de su familia constituye una violación del derecho de protección a la familia.

El documento de la resolución cautelar especifica también los antecedentes legales del caso presentado por defensa de Maude Versini, citando por ejemplo que en julio  de 2007, ella y Arturo Montiel, habrían iniciado las negociaciones para el divorcio.

En esa época, viviendo los niños con su madre en Francia,  el ex gobernador mexiquense habría requerido llevar a los niños de vacaciones a España.

Una vez en aquel país, Versini recibió una llamada telefónica de la niñera de sus hijos, informándole que había sido drogada y que el padre se habría llevado a los niños a México.

Ante esta situación, se activó el mecanismo de restitución internacional, inmerso en el Convenio de La Haya de 1980 en Francia. La madre recuperó a los niños un mes más tarde, dando paso al divorcio de la pareja en dos meses más tarde.

En diciembre del 2012 los padres habrían convenido que los tres niños pasaran las fiestas decembrinas en México, pero ya no regresaron.

Actualmente se encuentra vigente una orden de arresto internacional que emitió Francia contra el ex Gobernador por sustracción de menores con difusión para Interpol en Europa, América del Norte -que incluye México-, Central y del Sur.

En diciembre, la francesa pudo reunirse durante 10 días con sus hijos en instalaciones del Poder Judicial del Estado de México.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 09 de marzo de 2015.

El relator sobre torturas de la ONU señala que las instituciones mexicanas no estaban preparadas para enfrentarse al crimen

Cuando Juan Méndez (Lomas de Zamora, Argentina, 1944) entra en una cárcel o comisaría, nadie osa cerrarle el paso. Es el relator especial sobre la Tortura de la ONU. Considerado una autoridad mundial en la materia, este catedrático de Derecho ha impartido clases en las universidades de Georgetown, Johns Hopkins y Oxford. También presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero su verdadero conocimiento le viene de los años setenta, cuando era un joven abogado que defendía a presos políticos en Argentina. En represalia, durante un año y medio, fue confinado y torturado por la dictadura militar.

México no logra extirpar la tortura

Juan Méndez presenta este lunes en Ginebra su examen de México, fruto de una visita realizada entre el 21 de abril al 2 de mayo pasado. El resultado es demoledor. “La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados y ocurren en un contexto de impunidad”, indica el informe, adelantado por EL PAÍS. La entrevista se hizo por teléfono. Méndez, en la habitación de su hotel, estaba preparando su intervención ante Naciones Unidas. Su tono fue siempre tranquilo.

Pregunta. Su informe es muy duro.

Respuesta. El informe es duro porque la realidad es difícil, y mi obligación es describir lo que vi.

P. ¿Hay motivos para tener miedo si se es detenido en México?

R. La tortura está generalizada en México en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. En otros niveles, puede que ocurra menos o no ocurra. Pero en la lucha contra el crimen organizado todos los cuerpos que se ocupan de ella, desde militares a policías federales, estatales o municipales, muestran un patrón de conducta muy parecido, en métodos y duración. Todos incurren en la tortura. Por eso digo que está generalizada.

P. ¿Qué fue lo que más le impresionó de la visita?

R. La repetición de patrones. Escuché lo mismo de los testigos a los que hice entrevistas largas y minuciosas, que de aquellos que escogí al azar en cárceles. Nadie había sido bien tratado. Nunca hubiera pensado antes de venir a México que la tortura estuviera tan generalizada. Pero también me encontré con funcionarios federales y estatales comprometidos con el problema, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia. Allí tienen la intención de tomar el toro por las astas.

Nunca hubiera pensado antes de venir a México que la tortura estuviera tan generalizada

 P. En vista de su informe, los casos de torturas son miles, pero solo se han registrado cinco sentencias condenatorias entre 2005 y 2013. ¿No cree que eso indica una absoluta indiferencia?

 R. No creo que sea indiferencia. La impunidad se debe a muchos factores, el principal es no tomar la tortura con la gravedad que tiene; otro es el hecho de que se interponen todo tipo de obstáculos a la investigación, entre ellos, un espíritu de cuerpo: policías y militares no se acusan unos a otros. Y los controles que hay son de papel y no son eficaces. Las mismas comisiones de derechos humanos, aunque tienen un efecto positivo, no están a la altura de las necesidades.

P. ¿Por qué cree que la tortura está tan extendida en México?

R. En México y en otros países, las policías y los investigadores penales se han acostumbrado a tener un alto grado de manos libres en los interrogatorios. Tratan de acortar camino en vez de investigar. Una vez que se acostumbran es muy difícil acabar con esa práctica. Para ello se requiere no sólo expresar públicamente una voluntad política, sino mucha tensión y coraje para separar a los malos elementos y castigarlos, para recuperar la autoridad democrática.

P. ¿Cree que la guerra contra el narco ha sido la causante de este escenario?

R. No es la guerra contra el crimen organizado la que crea el problema, sino la falta de control interno y de cumplimiento de la ley. México se ha enfrentado al crimen organizado con instituciones no preparadas.

P. En su informe se describe una pesadilla kafkiana, con la complicidad de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces. ¿Cómo evitarlo?

R. No es tanto complicidad, como omisión del deber. En México, se hace inversión de la carga de la prueba: es el detenido quien tiene que demostrar que fue torturado, cuando debería ser la acusación fiscal, la encargada de sostener la licitud de la confesión. No postulo un cambio en las normas procesales, sino que jueces y fiscales se tomen en serio las que tienen.

P. Usted presenta una amplia lista de recomendaciones, ¿cuál es la fundamental?

R. Hacer un esfuerzo mayor para romper el ciclo de impunidad. Es lamentable que habiendo tantos casos, sean muy pocos aquellos donde se constata la comisión de torturas, y muchos menos los que derivan en sanción penal. También se debe fortalecer el acceso de abogados en el momento oportuno, y no dos o tres días después de la detención. La Corte Suprema ha avanzado bastante en ese aspecto y está trabajando en un protocolo de actuación.

P. ¿Ha descendido la tortura con la presidencia de Enrique Peña Nieto?

R. No he hecho comparaciones de un sexenio a otro, pero según las fuentes que he consultado aparentemente hay un descenso de un 30% de los casos reportados. Puede deberse a que haya fuerzas más conscientes, o simplemente menos casos. Es un paso adelante, pero no resuelve el problema. Un solo caso de tortura es demasiado.

P. ¿Quiénes torturan más, los militares o los policías?

R. Todos igual. No hay ninguno mejor que otro.

El País
Jan Martínez Ahrens
Madrid, España / México
Lunes 9 de marzo de 2015.

Analizará junto con otras organizaciones internacionales si se lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Marcel Chalreo, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sostuvo que la detención del líder de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, alías Simitrio, fue "arbitraria, inconstitucional e ilegal", por lo cual analizará junto con otras organizaciones internacionales si se lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Simitrio fue arrestado el pasado 19 de diciembre cuando iba a sostener una reunión con el entonces secretario de Gobernación municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría. El argumento fue que violó su acuerdo preliberatorio, aunque luego se le imputaron otros cargos por narcomenudeo y venta de espacios.

Poco antes de entrar al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, el abogado de origen brasileño apuntó que la visita al dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre) tiene el objetivo de entender mejor su proceso penal, así como de manifestar su apoyo y solidaridad.

Señaló que si bien no conoce muchos de los casos de presos políticos en Puebla, sí ha notado que el Estado Mexicano y sus entidades incumplen el Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En los cuatro años de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, 136 opositores al gobierno o sus obras han sido arrestados y 16 de ellos siguen en prisión.

Recurrirá a organismos internacionales

El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Río de Janeiro dijo que como una forma de presión, para que los gobiernos federal y poblano cambien su postura ante las violaciones a derechos humanos, llevará el caso de Simitrio a instancias internacionales.

La acción, que podría ser respaldada por la Asociación Americana de Juristas, consiste en solicitar la intervención a favor del luchador social en los Foros Internacionales de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, finalmente, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Creo que la primera iniciativa será una iniciativa junto a la Comisión Interamericana para un juicio administrativo previo y si es necesario se lleva a la Corte después", apuntó el asesor de la ONU en una entrevista.

Asimismo sostuvo que analizará si se interpone un amparo internacional a favor de Sarabia Sánchez, esto dependiendo de la aceptación del país de ciertos acuerdos, además de que brindará apoyo social.

Hubo presencia militar en Cereso

Acompañando a Marcel Chalreo acudió la esposa de Simitrio, Rita Amador López, su hijo y representante legal, Tonatiuh Sarabia Amador, así como el integrante del Consejo Democrático Magisterial de Puebla, Miguel Guerra, y una decena de comerciantes.

Cabe destacar que frente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel se encontraba una camioneta Hummer del Ejército Mexicano, con al menos diez soldados.

e-consulta
Samantha Páez
Martes 17 de febrero de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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