Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a Esmeralda Arosemena de Troitiño como relatora para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa.

La designación siguió a la renuncia de Enrique Gil Botero a la CIDH, el pasado 9 de marzo, tras ser nombrado ministro de Justicia en Colombia.

El reparto de las relatorías de Botero se realizaron hoy, en el primer día de la primera sesión ordinaria del año de la CIDH.

Mañana inician las audiencias públicas en la Comisión, las primeras de las cuales serán sobre México y una en particular sobre el mecanismo de seguimiento al caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de dos mil catorce.

La CIDH informó que la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas.

"Integró la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales 2011-2012 en Panamá y fue Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 2004 al 2009", destacó la Comisión.

"Actualmente integra los Equipos de Capacitadores en el Sistema Penal Acusatorio para el Ministerio Público y a nivel Interinstitucional".

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de marzo de 2017.


El movimiento #AhoraONunca deberá reunir 80 mil firmas para obtener registro

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, convocó a reunir 80 mil firmas de ciudadanos “sin partido” para encabezar una candidatura presidencial independiente en 2018, durante un mitin celebrado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

El también exombudsman capitalino afirmó durante el mitin con una asistencia menor a la esperada que saludaba los esfuerzos del Congreso Nacional Indígena (CNI) y espera unir esfuerzos con esta organización que también ha planteado una candidatura independiente indígena para el 2018.

En el inicio de su participación, Álvarez Icaza recordó que ya son 29 meses de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

“Queremos hacer a un lado el menosmalismo, la resignación, la desesperanza. Estamos aquí y ahora porque sabemos que queremos más. Estamos aquí contra la clase política que nos ha traicionado. No queremos más pacto de impunidad. Ya se les acabó la fiesta”, afirmó Álvarez Icaza.

En el acto también participó el investigador Sergio Aguayo, quien presidirá el Comité de Ética de este grupo de ciudadanos que se han agrupado bajo el hashtag #AhoraONunca. Aguayo recordó que las demandas del movimiento estudiantil del 68, como la democratización del país, están vigentes.

“Este encuentro es un ajuste de cuentas entre los tejedores de sociedades y los políticos profesionales”, sentenció Aguayo.

También participó el exconsejero electoral Alfredo Figueroa, quien afirmó que en ocho meses se volverán a reunir para desarrollar un programa de gobierno. “Si el proyecto es visible y tenemos 80 mil avales, Emilio Álvarez Icaza encabezaría la candidatura presidencial”, afirmó Figueroa.

El poeta y periodista Javier Sicilia criticó también el “pacto de impunidad” que existe entre todos los integrantes de la clase política. “Los partidos ganan las elecciones no para gobernar, sino para robarnos”, quien destacó que estos ciudadanos constituyen “la reserva moral del país”.

En una explanada con poco más de 200 personas, también participaron en el evento jóvenes integrantes del movimiento #YoSoy132 como Carlos Brito, Juan Pablo Espinosa de los Monteros, Lucía Riojas, Valeria Hamel, entre otros.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Domingo 26 de febrero de 2017.

 
Alerta sobre la existencia de ''inconveniente comunicación con personas del exterior''


Un informe del organismo revela escasas actividades para alcanzar la reinserción social en algunos lugares

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe sobre las condiciones en las que operan los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en el que detalla que existen situaciones de riesgo como las relativas al derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurídica; a la protección de la salud y a la integridad personal.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió el informe 9/2016 tras realizar visitas a ocho Ceferesos varoniles; el Complejo Penitenciario “Islas Marías” y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) durante septiembre y octubre de 2016.

En estos centros de reclusión el MNPT detectó que existen escasas actividades para alcanzar la reinserción social, además de que las personas se encuentran recluidas en lugares con deficientes condiciones de las instalaciones y de alimentación.

El informe alerta sobre la existencia de "inconveniente comunicación con personas del exterior" y destaca que en los Ceferesos existe una incorrecta imposición de sanciones disciplinarias a los internos, inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad.

El MNPT observó falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento, en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En los centros visitados se corroboró que hay escasez de personal médico, equipo y abasto de medicamentos y los detenidos son sometidos a práctica de exámenes médicos sin condiciones de privacidad.

Las instalaciones de los centros visitados no tienen accesos para personas con discapacidad física.
La CNDH asegura que los Ceferesos no cuentan con suficiente personal de seguridad y custodia y falta implementar programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención y contra las adicciones.

El MNPT realizó entrevistas con los servidores públicos que se encontraban a cargo al momento de las visitas y con personal médico, jurídico y de seguridad.

También se aplicaron cuestionarios y entrevistas anónimas a las personas privadas de su libertad.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 26 de diciembre de 2016.


Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, denunció que fue presionada por el gobierno de Rafael Moreno Valle para que aceptara un cheque de indemnización por la muerte de su hijo, ocurrida hace dos años y medio durante un operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

“Fue así como que me pusieron entre la espada y la pared”, aclaró Elia en rueda de prensa, “si no firmaba, Javier (Montes Bautista, exedil auxiliar de Chalchihuapan) se iba a quedar en la cárcel y, si yo no recibía eso, el MP iba a apelar, iban a iniciar una nueva averiguación contra él”.

Al ser cuestionada si las presiones en su contra provinieron de Diódoro Carrasco, secretario general de Gobierno, la mujer de origen indígena asintió y puntualizó que lo hizo a través de los abogados.

En la víspera, Carrasco aseguró que la recomendación 2VG/2014 que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan quedaba cumplida totalmente con la entrega que se hizo de un pago de un millón 700 mil pesos a Tamayo.

Sin embargo, la mujer dijo que hasta ahora no ha hecho uso del dinero, que fue obligada a aceptar por medio de presiones, pues considera que el gobierno de Puebla aún no hace justicia por la muerte de su hijo.

“Como siempre les he dicho, el dinero no repara el daño”, declaró, “yo siempre les dije, primero es la justicia, pero ellos no, no hay justicia porque no han encarcelado al que fue mero responsable”, acusó.

En la misma rueda de prensa el Centro de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo advirtió que si la CNDH da por cumplida la recomendación que emitió contra el gobierno de Moreno Valle, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso.

“Si este organismo público autónomo (la CNDH) se presta a esta pantomima, quedará vista como institución cómplice, sumisa y doblegada al gobierno estatal, y no como un organismo honorable que defiende y salvaguarda los derechos humanos”, asentó la organización.

El vocero de la agrupación, Hilario Gallegos, dijo que la recomendación no puede darse por cumplida porque sólo se sancionó a servidores públicos de menor nivel y no a los autores intelectuales de la represión del 9 de julio de 2014.

“Falta fincar responsabilidad a Facundo Rosas (entonces secretario de Seguridad Pública), quien ejecutó la orden del operativo en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo y quedaron lesionados varios habitantes de San Bernardino Chalchihuapan”, indicó.

Respecto del cobro de la indemnización, reiteró que ésta se aceptó “bajo presiones y chantajes” de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Diódoro Carrasco Altamirano.

“El titular de la Secretaría General de Gobierno no puede decir que el gobierno se apega a la ley cuando un funcionario de primer nivel como Facundo Rosas no se encuentra aún sujeto a proceso, y que el cobro de la indemnización fue a cambio de la libertad de Jairo Javier Montes Bautista”, agregó.

Además, mencionó que la entrega del cheque a Tamayo no justifica el cumplimiento de la recomendación, luego de que la reparación del daño no fue integral ni para ella ni para las demás víctimas.

“El cumplimiento de la recomendación emitida por la CNDH es con total dolo, con el afán de dar apariencia de que ésta fue acatada en buenos términos”, recalcó Gallegos.

Por último, expuso que si el ombudsman nacional da por cumplida la recomendación, el organismo pedirá la intervención de la CIDH a fin de que este máximo organismo regional analice con imparcialidad todos y cada uno de los puntos, y determine si hubo cumplimiento por parte del gobierno de Puebla.

En su intervención Aracely Bautista, madre del exedil, denunció que para mantener la presión sobre el pueblo de Chalchihuapan el gobierno les ha advertido que siguen vigentes tres órdenes de aprehensión, así como que continúa abierta la averiguación contra Javier Montes Bautista.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 30 de noviembre de 2016.

Mecanismo Especial de la CIDH se reúne con padres de los 43

Tixtla. - El Estado mexicano está obligado a dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, dijo hoy el colombiano Enrique Gil Botero, relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gil Botero y otros integrantes de la CIDH asistieron por vez primera a la escuela para maestros de Ayotzinapa, a la que pertenecían los 43 jóvenes, para presentar a las familias de los desaparecidos el plan de trabajo del mecanismo de seguimiento del caso.

"Es importante señalar que la CIDH implementa el mecanismo en el entendido" de que la búsqueda de los estudiantes y determinar su paradero "es una obligación que compete al Estado mexicano", señaló Gil Botero en una rueda de prensa desde la escuela ubicada en Tixtla, en el sureño estado de Guerrero.

El relator dijo que mediante "un monitoreo exigente, riguroso y científico se puede llegar a un resultado exitoso y ese es el trabajo del mecanismo", del que es coordinador.

Los objetivos "son, principalmente, el hallazgo de los 43 y el seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)" sobre el caso, apuntó.

Además, durante las visitas que realizarán al país durante un año revisarán los avances en la investigación, dijo el colombiano, quien insistió en que el grupo "no acepta la hipótesis del basurero de Cocula", según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados allí por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Previo a la conferencia, Gil Botero, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, y el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, dialogaron con las familias de los 43 y recorrieron la escuela.

"Para mí ha sido impactante el encuentro con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos", admitió Gil Botero, después de que Blanca Nava, madre de una de las víctimas, les dijo que los esperaban desde meses atrás.

"(Su llegada) es una esperanza, (...) como madres no perdemos la fe ni la esperanza de volver a ver nuestros hijos, de abrazarlos y decirles cuánto hemos hecho por ellos y que sepan todo lo que la gente nos ha apoyado", señaló al dar la bienvenida al grupo.

Al presentar el jueves ante la prensa su planta de trabajo, el equipo de la CIDH dijo que supervisará que las autoridades sigan las "líneas factibles" sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero).

De acuerdo con la versión oficial, que ha sido cuestionada por el GIEI y otros organismos internacionales, los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron en el basurero y arrojaron sus restos a un río.

El mecanismo fue acordado el pasado julio entre la Comisión, el Gobierno mexicano y los representantes de los familiares de los desaparecidos.

El presupuesto facilitado por el Estado mexicano asciende a 565,000 dólares y cubre las tareas del mecanismo hasta un periodo de un año.

Mecanismo Especial de la CIDH se reúne con padres de los 43

Chilpancingo, Guerrero. - Los siete integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribaron a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” para reunirse con padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, consideró que la visita representa una nueva etapa en la lucha de los padres y una oportunidad para que las investigaciones lleguen a fondo, se detenga a los involucrados y se indague la línea del trasiego de droga en Iguala, entre otros puntos.

Consideró que el Mecanismo, presidido por James Cavallaro, podrá dar continuidad a las líneas planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desestimó las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual asegura que los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Padres de los 43 y organizaciones como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Defensa de Derechos Humanos, el Centro Agustín Pro Juárez y el Comité Estudiantil de la Escuela Rural recibieron a los expertos recomendados por la CIDH, quienes confiaron en que las autoridades mexicanas brinden las facilidades para dar seguimiento a las investigaciones propuestas.

Madres de los estudiantes desaparecidos les colocaron collares de cempasúchil y regalaron playeras con el árbol de la vida y fotografías de los 43 desaparecidos.

En la explanada, realizaron un acto de bienvenida y dijeron que mantienen su confianza para que el caso no quede en la impunidad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, consideró que el Mecanismo "representa los ojos de un organismo internacional (la CIDH) que van a estar supervisando que el gobierno de México siga las líneas que dejó el grupo de expertos, dando asesoría técnica de lo que el gobierno tiene que hacer".

Hay muchos pendientes con los padres, dijo, y por lo pronto tendrán confianza en que estas investigaciones, recomendaciones y nuevas indagatorias, serán una esperanza para que no siga habiendo impunidad.

Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, dijo que a pesar del distanciamiento con la PGR, los padres no han tenido otra reunión con las autoridades, la última fue con la extitular Arely Gómez, "la confianza se construye" y en la medida que avance esta etapa, podrían sentarse de nueva cuenta padres de desaparecidos con el procurador Raúl Cervantes.

Los integrantes del Mecanismo están reunidos con padres de Ayotzinapa en la sala de usos múltiples de la Normal Rural. Al término darán un posicionamiento de este primer encuentro.

EFE
El Universal
Tixtla, Guerrero, Mx.
Viernes 11 de noviembre de 2016.

Ciudad de México– México es el País con más denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de ese organismo.

Durante una conferencia magistral que impartió en la UNAM, explicó que en 2015 se presentaron a la CIDH mil 164 peticiones de los 35 Estados miembro, y de éstas, 849 fueron de México.

Las imputaciones formuladas tienen tres procedencias, detalló, la sociedad civil, abogados litigantes y personas en lo individual.

Para Álvarez Icaza, México posee el sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales del continente, pues posee 32 organismos públicos y una institución nacional en el rubro, a los que se destina un presupuesto anual de 200 millones de dólares

Sin embargo, señaló que los mexicanos prefieren acudir a instancias internacionales.

"Esto puede interpretarse de dos maneras: que los distintos actores tienen condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la entidad referida (CIDH) una instancia para resolverlos, o que esta cifra es el reflejo de una crisis en ascenso, es decir, que a falta de respuestas a nivel interno se acude a ámbitos externos", dijo, de acuerdo a un comunicado de la Universidad.

Añadió que, en los últimos tres lustros, el País ha estado expuesto a un escrutinio internacional en materia de derechos humanos, por lo que es necesario que a nivel nacional se atienda la situación, de lo contrario, el escenario se agravará.

"Uno de los desafíos es instrumentar una política pública relativa a niveles federal, estatal y municipal", aseveró.

"Si bien en el primer ámbito hay avances, aún existen entidades que no han modificado sus leyes y en los municipios el panorama es peor, porque las gerencias de Gobierno no contemplan las garantías referidas".

Álvarez Icaza puntualizó que es necesario hacer caso de las medidas cautelares emitidas por la CIDH, que son un sistema de emergencia de protección inmediata donde no se juzga, sino que se le dice a la autoridad qué hacer para evitar vejaciones mayores.

"Hoy, la sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo aseverado; ya no basta confinar el hecho, ahora estos indicios deben remplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia científica como sustento de la investigación de la justicia", concluyó.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 28 de mayo de 2016.


Estados Unidos se apresta a expulsar de nuevo a migrantes centroamericanos

Cuando llegó a la frontera de Estados Unidos con su hija de 12 años, a mediados de marzo, E.G.S. pensó que había cerrado, por fin, la puerta del infierno del que huyó en El Salvador. Se creyó a salvo de los miembros de la mara que habían asesinado a su cuñado poco después de haber sido deportado de EE UU, y que la violaron y extorsionaron repetidamente. Y pensó que había puesto a resguardo a su hija, a quien los mareros amenazaban con hacerle lo mismo que a ella y a la que habían empezado a acosar a la salida de su escuela. La orden de deportación inminente que pende ahora sobre ambas es mucho más que el fin de su intento de buscar una vida mejor. Es, afirma, una sentencia de muerte.

“A mi regreso imagino que cumplirían con su amenaza. A una vecina le cumplieron, ella denunció que le habían robado y en tres días la mandaron matar. Ese es el temor mío”, dice E.G.S. Por miedo no se atreve a dar ni su nombre. Habla por teléfono desde el centro de detención de Karnes, Texas, donde aguarda junto a su hija su destino. Su experiencia no es única. “Lo que ella ha sufrido es, desafortunadamente, muy común. Lo escuchamos de muchas mujeres y niños que han recibido amenazas de bandas, que son amenazados con agresiones sexuales o incluso con la muerte”, asegura Manoj Govindaiah, abogado de Raíces, una organización que ofrece asesoría legal a inmigrantes y refugiados en Texas.

A mi regreso imagino que cumplirían con su amenaza. A una vecina le cumplieron, ella denunció que le habían robado y en tres días la mandaron matar

MIGRANTE SALVADOREÑA

El Gobierno de Barack Obama ha anunciado que en las próximas semanas iniciará una nueva oleada de redadas y deportaciones de indocumentados centroamericanos llegados después de enero de 2014. Ese es el año en que empezaron a llegar, por decenas de miles, menores no acompañados y madres con sus hijos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. El hecho de que se vaya a priorizar la deportación de madres y menores como E.G.S. y su hija, ha vuelto a provocar una oleada indignación entre los que acusan a la Casa Blanca —desde organizaciones a legisladores demócratas— de tener un “prejuicio hemisférico” que le lleva a tratar con más dureza a los inmigrantes centroamericanos que a otros grupos de refugiados.

“El Gobierno no quiere reconocer que las madres y niños priorizados en estas oleadas de deportación son, como los refugiados sirios, gente que sencillamente tiene que elegir entre la vida y la muerte. Buscan refugio en EE UU de la espantosa violencia de la que huyen”, denuncia Marialena Hincapié, directora del National Immigration Law Center. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha emitido una medida cautelar a favor de E.G.S. y de su hija en la que insta a EE UU a detener su deportación, recuerda en su resolución que la violencia que se vive en el Triángulo Norte centroamericano ha dejado una cifra de muertos “mayor que la que sufren cuatro países africanos bajo la amenaza de Boko Haram o que la de Somalia, Libia y Sudán Sur juntos”.

Según Hincapié, para el Gobierno es más fácil considerarlos inmigrantes económicos, porque eso facilita la decisión de deportarlos. Pero las cifras y las historias cuentan otra cosa, afirma Michelle Brané, directora de la Comisión de Mujeres Refugiadas. “Hemos visto un cambio dramático en la demografía de los que vienen: hay un descenso significativo de la migración económica, pero a la vez hay un aumento de las mujeres y niños que buscan asilo. Está muy claro que hay un alto porcentaje de gente que busca protección”. En El Salvador, E.G.S. tenía un puesto de comida y también vendía bisutería a domicilio. No era mucho pero sí lo suficiente para vivir. De no haber sido amenazadas ella y su hija no habría dejado su ciudad, donde se quedaron su marido y otros dos niños más pequeños porque “no alcanzó el dinero” para que el coyote que contrató los llevara a todos hasta la frontera estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de implementar la política migratoria de Obama, afirma que solo detendrá a aquellos a los que “un tribunal migratorio ha ordenado deportar y que no tienen pendiente ninguna solicitud de asilo o de alivio humanitario previsto en la legislación estadounidense”. Pero las cosas no son tan sencillas, advierte Govindaiah.

La violencia en el Triángulo Norte centroamericano ha dejado más muertos que en Somalia, Libia y Sudán Sur juntos

Todo el proceso para ser aceptado como refugiado “es tan extremadamente intrincado y difícil, y además en inglés, que es muy fácil que alguien no lo entienda ni sepa cómo navegar por él”, explica. Sobre todo, si no disfruta desde el primer momento de asesoría legal, como sucede en tantos casos.

Para estos expertos, tras la nueva oleada de redadas, que sigue a la de enero, lo que Washington persigue es un efecto disuasorio ante la llegada de indocumentados. Pero la eficacia de esta medida, dicen, es más que dudosa. “Cuando vives en una casa en llamas, cerrar las puertas y ventanas no va a impedir que la gente trate de salir”, advierte Brané.

El País
Silvia Ayuso
Washington, DC, EU.
Domingo 22 de mayo de 2016.


Informes del GIE destaparon ollas que “fuerzas poderosas” querían mantener ocultas, dice la abogada colombiana Ángela María Buitrago


Bogotá. - Lo que comenzó como una relación de cooperación entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hallar a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014, terminó develando otra serie de atrocidades originadas en el negocio del narcotráfico. (Vea el especial Desaparecidos: duelo eterno)

Así fue como el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), tras la negativa del Ejecutivo de prorrogar su investigación, puso en duda no solo la versión oficial de la desaparición de los normalistas, sino la credibilidad del Estado mexicano, además de revelar uno de los más grandes dramas del país: la desaparición forzosa.

Esa noche, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se movilizaban en un bus para participar en un mitin político, desaparecieron misteriosamente en Iguala (Guerrero).

Muchas fueron las hipótesis, pero la del Giei es que quizá el bus llevaba un cargamento de narcóticos y por eso fueron, al parecer, asesinados por un cartel en complicidad con autoridades y policías locales.

Desde entonces no se sabe nada de ellos, aunque la versión oficial reza que fueron asesinados e incinerados en un basurero en Cocula, versión a la que los padres no dan crédito. Hasta el momento solo se han identificado los restos de un estudiante, que se encontraron en una bolsa, en un río, a kilómetros del basurero.

La abogada colombiana Ángela María Buitrago, conocida por sus investigaciones de casos como el del Palacio de Justicia o la parapolítica, y quien hizo parte de este grupo de cinco expertos internacionales, contó a EL TIEMPO por qué sus informes destaparon ollas que “fuerzas poderosas” querían mantener ocultas.

El gobierno de México decidió no prorrogar más el trabajo del Giei. ¿En qué momento se rompió esa relación?

Hay un momento de fractura muy fuerte y es el tema del manejo de la información en el tercer informe que presentó el Gobierno a las víctimas, en marzo pasado. Inicialmente, se habían concertado unas formas de entregar la información, precisamente por la protección a los familiares, pero eso no se cumplió. Ahí fue el estallido de todo.

Hubo versiones encontradas, pero ¿cuál fue la que más polémica generó entre el Gobierno y el grupo interdisciplinario?

La tesis del incendio es sin duda alguna uno de los principales puntos de fricción. El Gobierno afirma que en el basurero de Cocula fueron incinerados los muchachos. En cambio, nuestros informes científicos demuestran que en ese punto no pudieron ser quemados y que no existe certeza sobre su destino.

¿Cuál es la intención del Gobierno en mantenerse en la versión del incendio?

Tocaría preguntarles a los que tenían esa posición, pero yo creo que en parte era el afán de cerrar el caso y confirmar una versión institucional.

¿El trabajo del Giei despertó dudas sobre la capacidad de las autoridades en México o qué era lo que pasaba?

Ahí por ejemplo tienes dos opciones: o esas líneas de investigación iban a donde eran, que eran las que se estaban moviendo, o ellos querían quedarse con la versión del basurero de Cocula.

¿Qué tanto afectó esto la credibilidad de Enrique Peña Nieto y del Gobierno?

Ese es un tema que lo evalúan a nivel nacional e internacional también, pero nosotros no entramos en esa calificación. Lo cierto es que habría sido más sano tratar de indagar todo, para saber quiénes son los responsables de la desaparición de los normalistas.

¿Se sentía que el Presidente quería ayudar en el proceso?

Nosotros tuvimos dos reuniones con los familiares y con Peña Nieto. Allí el mandatario abrió las puertas, por lo menos de palabra; ordenó a los que comandaban en ese momento las diferentes instituciones la facilidad para el grupo (Giei). Pero en la práctica encontrábamos cosas diferentes que no sabemos si él estaba dando la orden o no de los cierres que había.

¿Qué tan oportuna fue la colaboración de las instituciones mexicanas?

Yo vi voluntad en la procuradora Arely Gómez González y otros funcionarios. Lo que pasa es que hay fuerzas mucho más poderosas que uno se da cuenta de que quieren el cierre (de la búsqueda de los estudiantes). Pero uno no puede calificar de generalidad porque eso sería injusto. Yo también pude percibir que hay personas de las instituciones que querían adelantar esas investigaciones, pero había una orden, no me preguntes de dónde, que bloqueaba todo. Lo que sí se siente es que los tenías a ellos entre la espada y la pared. “Yo quiero, pero no puedo”. Esa era la percepción.

Con la salida del Giei de México, ¿qué va a pasar con las familias?

El tema es muy complejo. Ellos se sienten muy mal y lo han manifestado de todas las maneras. Sentían imparcialidad desde el punto de vista de la investigación con nosotros. Se descubrieron muchas cosas que no se habían mirado desde el momento inicial. Ellos dicen que se sienten solos a partir de la ida del Giei y que les han quitado un punto de apoyo muy fuerte.

Yo pienso que la sociedad civil tiene que cerrar fuerzas en torno a ellos. Y es que no solamente es el caso de los 43, el tema de las desapariciones en México es un tema neurálgico que debería replantearse en aspectos de investigación y en términos de sociedad, porque a raíz de esto se descubrieron fosas inimaginables en la zona de Guerrero. Se han extraído 180 cuerpos, lo que muestra un nivel de preocupación que debería motivar a que las investigaciones se hagan correctamente. Una investigación bien hecha te da política pública para enfrentar las modalidades del crimen.

Una de las sugerencias del Giei a la Procuraduría es que cambien la narrativa de la investigación. ¿Cómo se espera ese cambio si durante un año nunca lo hicieron?

Eso es cierto. Hay elementos que se demostraron dentro de nuestra investigación que no están en la narrativa de ellos.

Es decir, cuando nosotros somos contestes de la investigación, la narrativa tendría que ser otra. Incluso las consignaciones (acusaciones) están, por ejemplo, con cuatro buses, y nuestra investigación habla hasta de seis buses donde incluyen otros actores.

Eso significa que la narrativa debe ser completa para hablar también de una investigación integral. La narrativa no es capricho, es una investigación integral que te lleva a estudiar otros sectores.

Ustedes fueron blanco de todo tipo de críticas, hasta se habló de una campaña de desprestigio…

Sí, es verdad. La campaña de desprestigio comienza días inmediatos al primer informe. Empieza una campaña muy fuerte en prensa, radio y televisión en la que efectivamente algunas personas mexicanas llevan gente de los países para que hablen mal de nosotros. Primero atacan a Claudia Paz, fiscal de Guatemala, acusándola de ser miembro de un grupo de guerrilla. En ese momento es absuelto (en Colombia) por duda Alfonso Plazas Vega (señalado por Buitrago, en su investigación, como uno de los supuestos responsables del holocausto del Palacio de Justicia).

Él llega a México y habla tres semanas enteras en contra de mí. Afirma que yo persigo al Ejército, que yo soy un enemigo del Ejército y que lo que él quiere es advertir a ese país porque yo soy parte del grupo terrorista más grande que hay, y que yo voy a implementar el comunismo en Latinoamérica. Incluso pide la expulsión inmediata de nosotros de México. Pura guerra sucia.

Pero el apoyo internacional estuvo siempre presente

Amnistía Internacional, ONG, grupos de derechos humanos, la ONU, Washington. Fue tan evidente que se trataba de guerra sucia, que era una campaña de desprestigio por la labor de derechos humanos, que lo que querían era desacreditar el informe, y creo que no hubo ningún sector que no considerara necesario intervenir y pronunciarse al respecto.

Contaron también con el apoyo de los padres de los estudiantes...

El apoyo de los familiares fue también importante para nosotros. La salida del Giei fue un segundo golpe para ellos. No entendían por qué los que vienen a trabajar y hacer la investigación para dar con el paradero de sus hijos terminan siendo atacados de esa manera y sin justificación alguna. Lo único que hacíamos era investigar y mostrar las cosas, ya que éramos coadyuvantes e invitados del Estado mexicano.

¿Guerrero es un narcoestado?

Omito cualquier calificación. Yo diría que hay comprobación desde hace mucho que en Iguala, en particular, se siembra goma y opio, pero como estado narco no sé si se pueda catalogar. Sí hay mucha vinculación en términos de narcotráfico y expendio de droga, pero eso es una realidad que ellos mismos conocen. Es algo parecido a lo que pasó acá con la historia de Pablo Escobar.

¿Dentro del proceso de investigación temió por su vida?

Hay momentos difíciles, pero yo tengo la convicción de que cuando me meto en algo asumo los riesgos. Me pasó acá (en Colombia), me pasará en todas partes. No es que estés tranquilo, pero digamos que el hostigamiento y la persecución de la naturaleza que yo tengo con el tema de Plazas Vega, quien fue a perseguirme a México, a hacer una campaña de desprestigio tres semanas, pues eso sí me preocupa. Es un nivel muy alto en términos de hostigamiento, seguimiento y persecución que puede generar consecuencias nocivas.

¿Con qué sensación salió de México?

Con varias. Me vengo con una experiencia lindísima desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista personal, en el sentido de que hay gente muy solidaria. Me vengo con la tristeza de no haber encontrado a los muchachos; de que hay una ambigüedad en términos de que “queremos la colaboración pero nos negamos a colaborar”.

Me quedo con la tristeza de que los padres seguirán solos, esperando que la sociedad los arrope y que la institucionalidad proteja a la víctima. Me quedo con la palabra de la procuradora de que se van a aplicar las recomendaciones y se va a seguir hablando con las familias.

El Tiempo
Andrés Ruiz
Bogotá, Colombia
Lunes 16 de mayo de 2016.


Estado colombiano le otorgó una indemnización a Jineth Bedoya Lima como víctima del conflicto armado, por aproximados 8 mil 400 dólares.

Austin, Texas.- Jineth Bedoya Lima, la periodista colombiana que el 25 de mayo de 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por parte de un grupo de paramilitares como represalia a su trabajo periodístico, devolvió formalmente la indemnización administrativa que el Estado colombiano le otorgó como víctima del conflicto armado.

“Señores del Estado, el daño que este conflicto armado me causó a mí y a mi familia no valen los 24 millones 640 mil pesos (colombianos) que me dieron. Mi reparación es la verdad, es lo único que pido. Ustedes me han revictimizado con sus mentiras, sus omisiones y su inoperancia”, dijo la periodista, de acuerdo con un reporte de la agencia colombiana Colprensa.

La periodista aceptó hacer parte del proceso de reparación liderado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pero dijo en su momento que “la reparación a la que tengo derecho nunca podrá ser usada como un mecanismo de justicia en mi caso”.

Según El Tiempo, Bedoya Lima siempre se negó a recibir la indemnización —equivalente a 8 mil 400 dólares estadunidenses— la cual estuvo por más de seis meses en un banco sin ser cobrada. Sin embargo, en 2014 cuando el gobierno decretó el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual aceptó recibir el dinero, agregó el diario.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) informó que la decisión de Bedoya Lima se fundamenta en la “enorme contradicción que existe desde las autoridades en el tratamiento de su caso”. De acuerdo con la Flip, el Estado asegura luchar la justicia, pero no acepta su participación en el crimen “cuando existen pruebas que señalan la responsabilidad de agentes Estatales en el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista”.

Por años la periodista ha exigido verdad y justicia en su crimen. Durante la más reciente audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —entidad que estudia su caso desde 2011— recordó que nunca se ha investigado la responsabilidad de agentes estatales en su crimen.

En esta audiencia, el Estado presentó como avances en el caso la indemnización que recibió la periodista, informó El Tiempo. También presentó las condenas contra los exparamilitares Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía como grandes avances.

“Nunca en todos estos años he recibido una sola ayuda humanitaria o de otra índole económica por parte de gobierno alguno o del Estado. Y por eso quiero ser consecuente con mis acciones”, dijo la periodista, reportó El Espectador.

“Hoy le devuelvo a ese Estado, que no ha sido capaz de encontrar justicia y verdad en mi caso, y en los miles de casos que como yo, hemos sufrido la violencia sexual, esa indemnización”.

La Flip, que representa legalmente a Bedoya Lima, aseguró que apoya esta decisión y exigió al Estado brindar garantías para que avancen las investigaciones penales “de manera que permitan juzgar y sancionar a las personas que hoy en día están vinculadas al proceso”. También le pidió a la CIDH que el caso siga avanzando para que pueda llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El crimen contra Bedoya

El 25 de mayo de 2000, Bedoya Lima fue secuestrada a la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá a donde había llegado para realizar una entrevista en el marco de una investigación sobre una red de corrupción al interior de las cárceles del país.

Tras ser torturada, la reportera fue abandonada cerca de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta (región central de Colombia).

En 2012, los delitos de los que fue víctima fueron declarados como crímenes de lesa humanidad por la Fiscalía General de Colombia, enmarcados en un contexto de violencia contra la prensa del país como “método de guerra”. No obstante, las condenas contra dos exparamilitares en 2016 son las únicas en su caso.

emeexis
Austin, Texas. EU
Centro Knight de
Periodismo para las Américas
Sábado 14 de mayo de 2016.


+ Grupos ultracatólicos de derechas, encabezados por el mexicano José Antonio Ortega, acusan de "amigas de terroristas" y de falta de profesionalidad a las abogadas Ángela Buitrago y Claudia Paz.

+ Las expertas indican que los ataques tomaron fuerza tras su informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos que desacreditó la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto.

+ Las investigadoras denuncian discriminación de género, que se ceba en las dos mujeres del grupo de investigación: "Pedimos un mayor respaldo del Gobierno mexicano".


Desde "amigas de terroristas" a falsificadoras de pruebas y "violadoras de derechos humanos". Son algunas de las descalificaciones que grupos de ultraconservadores, encabezados por el mexicano José Antonio Ortega Sánchez, lanzan de manera continua contra las dos mujeres que integran el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. "Te quieren matar moralmente, matar tu profesionalidad y tu prestigio", explica la experta Ángela Buitrago, "pero estas campañas te dicen algo bueno: que tu investigación está en el camino correcto".

La abogada colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz recuerdan por qué llegaron a México: "Vinimos para ayudar porque el Gobierno mexicano lo pidió". Son las dos mujeres que forman el grupo independiente de expertos ( GIEI) –junto a Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain–, de la CIDH, que acudió a México para colaborar con las autoridades mexicanas en descubrir qué pasó el pasado 26 de septiembre de 2014. Ese día se perdió el rastro a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (pequeña localidad del estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos de México), cuando se dirigían a México DF a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco.

Los currículums de Ángela Buitrago y Claudia Paz colocaron a las profesionales en este grupo de especialistas. Buitrago es profesora en la Universidad Externado de Colombia y, como fiscal delegada ante la Corte Suprema colombiana de Justicia, trabajó en importantes casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia y llevó la acusación pública contra gobernadores, políticos y senadores.

Claudia Paz y Paz, por su parte, fue la primera mujer Fiscal General en Guatemala, en 2010, y su labor como fiscal y jueza ha sido galardonada por numerosos premios. Bajo su gestión como fiscal, Guatemala celebró el juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, por su papel en el genocidio del pueblo maya.

La versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de 'los 43', la llamada "verdad histórica", concluyó que los estudiantes fueron detenidos por la policía local, entregados al cartel de los Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula. Pero el GIEI y un grupo de forenses argentinos, refutaron esa versión en dos informes independientes.

Su informe tumbó la "verdad histórica"

La investigación del grupo de expertos del que forman parte Ángela Buitrago y Claudia Paz detalló que el peritaje en la zona de Cocula indicaba que “no hay pruebas de que se haya quemado ni un solo cuerpo" en ese basurero y llamó la atención sobre una nueva evidencia, pasada por alto en la investigación oficial. Las autoridades hablaron de cuatro autobuses en los que viajaban los estudiantes hacia DF, tras haberlos requisado, pero los especialistas señalaron que había cinco. En este último, desalojado, pero no atacado, el GIEI sospecha que había heroína con destino a Chicago.

Las dos expertas indican que la campaña en contra de su credibilidad tomó fuerza tras la publicación de este informe, que desacreditó la investigación oficial y señaló la presencia del Batallón 27 del Ejército mexicano en el lugar de los hechos –sin que intervinieran–. "El informe no ha sido cuestionado porque está muy documentado. En él abrimos nuevas líneas muy graves, como el traslado de heroína desde Iguala hasta Chicago", afirma Claudia Paz y Paz en una conversación telefónica.

Desde entonces, el GIEI ha sido criticado por José Antonio Ortega y "otras voces a su alrededor", pero "para nuestros compañeros los insultos han sido aislados y, para Claudia y para mí, continuos", precisa Ángela Buitrago. Ambas profesionales, así como varias organizaciones de defensoras de derechos humanos (Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders), consideran que hay una discriminación de género en estos hostigamientos. "Creo que tiene que ver que estos grupos ultraconservadores protegen valores desde los que se sienten vulnerables por el trabajo de estas mujeres. Piensan algo así: '¿Cómo se atreven estas mujeres a venir aquí?", critica María San Martín, de Front Line Defenders.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que defiende legalmente a las familias de los 43 estudiantes, cree que hay un cierto componente de género, pero "hoy por hoy las difamaciones han afectado a todos los integrantes del grupo de expertos". Aguirre destaca que estos ataques son lanzados por "grupos minoritarios", pero encuentran espacio en "un sector de la prensa más cercano a posiciones gubernamentales. Vemos la presencia de algunos grupos asociados a sectores del conservadurismo extremo en México, y en los casos de Ángela y Claudia, han traído personas a México desde Colombia y Guatemala para denostar a las expertas en su desempeño como funcionarias en sus países".

Una de las personas que ha viajado hasta tierras mexicanas es el militar retirado Luis Alfonso Plazas Vega, que fue condenado a 30 años de cárcel, cuando Buitrago ejercía como fiscal, por la desaparición de varias personas en la liberación Palacio de Justicia de Colombia en 1985. Plazas Vega –"amigo de Álvaro Uribe", destaca Ángela Buitrago– fue liberado y absuelto de los cargos por falta de pruebas el año pasado. Entonces, viajó a México, donde de la mano de José Antonio Ortega acusó a la abogada colombiana de falsificar pruebas para incriminarle, relacionarse con terroristas y de tener un interés personal en desprestigiar a los ejércitos latinoamericanos. "Hay un reportaje que ha publicado Proceso en el que se muestran las relaciones de José Antonio Ortega con el grupo ultracatólico de El Yunque y con militares", afirma Buitrago.

La jueza que encarceló a Plazas Vega, María Jara, tuvo que exiliarse a Alemania después de recibir numerosas amenazas. Sobre todo, tras el caso contra el coronel Plazas Vega, denunció la magistrada desde Europa.

Ángela Buitrago reconoce el "desgaste" personal que ocasionan estos ataques. Pero indica que Claudia Paz y ella están lejos de contentar a sus opositores: "Es un ataque muy ruin, cargado de mentiras que te obligan a salir a dar explicaciones sobre ellas continuamente. Lo que quieren es distraerte de tu investigación, que te canses y renuncies". Ambas profesionales sostienen que están centradas en los dos meses que les quedan para terminar su mandato en México, con un objetivo: "Saber dónde están los estudiantes".

En Front Line Defenders están acostumbrados a este tipo de campañas de desprestigio de defensores de derechos humanos, "sobre todo en Latinoamérica", y por ello han escogido este caso para arrojar luz sobre las maniobras de acoso y derribo que sufren muchos profesionales. "Buscan crear la duda, desprestigiarlos de cara a la opinión pública" –explica María San Martín– "pero, además, lo más preocupante es que este tipo de campañas puede afectar a la seguridad de las defensoras porque muchas veces preceden a ataques más graves, casos de amenazas y agresiones".

Ángela Buitrago, que se ha enfrentado en los tribunales de su país contra políticos y gobernadores poderosos, afirma que las campañas que ha sufrido "suelen provenir, sobre todo, de militares".

Santiago Aguirre, del Centro Prodh, cree que la labor del grupo de expertos es incontestable –"su informe es tan sólido que no ha sido negado"– pero estos ataques intentan oscurecer a las figuras que lo forman y se encuentran con un hecho que los alimenta: "El Gobierno mexicano no ha salido a respaldar al grupo de expertos de manera oficial, con un comunicado de prensa, por ejemplo. Es destacable que durante la última reunión de la procuradora general de la República con los familiares de los 43 estos exigieron un respaldo público al grupo de expertos por el Gobierno y, aunque la procudora los defendió a puerta cerrada, no aceptó la petición de las mamás y los papás de los estudiantes".

Las expertas coinciden en que el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto no ha defendido su labor como han exigido a las autoridades mexicanas. "Ha hablado algún funcionario, pero no las figuras con las que tenemos interlocución, que son la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación", afirma Claudia Paz. El representante del Centro Prodh sostiene que esta postura oficial aumenta la desconfianza de los familiares respecto a las autoridades mexicanas. "Eso a los padres y a las madres les pone frente a una pregunta: ¿Qué es lo que se está queriendo encubrir?", afirma Santiago Aguirre.

Buitrago espera que en los dos últimos meses de trabajo del grupo de expertos la atención esté centrada en los afectados, las familias que hace más de un año vieron por última vez a sus hijos y que se encuentran hoy ante el silencio. Para los que lideran los insultos y las descalificaciones en contra de ella y su compañera Paz no tiene mucho que decir. "Parafrasearé a un amigo: 'La renuncia es una opción, pero no es la mía".

eldiario.es
Laura Olías
Madrid, España
Domingo 6 de marzo de 2016.

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