El último informe del Citizen Lab, publicado hoy en su página web, confirma que un teléfono perteneciente al grupo internacional de expertos de varios países (GIEI) reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargado de investigar la desaparición de normalistas en Iguala, en 2014, fue blanco de intentos de infección con el spyware Pegasus.

Los intentos de infección que se documentaron ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final de GIEI sobre su investigación.

Según el reporte, mientras llevaban a cabo sus investigaciones, los expertos de GIEI enfrentaron numerosas amenazas y hostigamiento, y finalmente un enfrentamiento público con la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque Citizen Lab no puede atribuir definitivamente los intentos a una agencia o individuo del gobierno mexicano en particular, indica que el software para espionaje fue adquirido por la PGR y otras agencias de inteligencia gubernamentales.

Este último informe se suma al creciente número de casos que muestran el uso del spyware comercial en el contexto mexicano.

Hasta ahora, Citizen Lab ha determinado que la tecnología vendida por una compañía israelí, para que los gobiernos indaguen hechos antiterroristas, criminales y de seguridad nacional, se ha utilizado para hackear a científicos de la salud y a activistas contra la obesidad, periodistas (y su familia), políticos de la oposición y ahora, a miembros de una investigación internacional independiente sobre la masacre de 43 normalistas.

Documenta The New York Times espionaje

Los investigadores que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirman que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora, según un reportaje publicado por The New York Times, hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

La nueva evidencia, según el diario estadounidense, comprobó que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en México.

De acuerdo con el trabajo publicado por NYT, al tener como blanco a los miembros del GIEI, el espionaje afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidenteEnrique Peña Nieto.

Según las leyes mexicanas, la vigilancia solo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificadas. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.

"No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad", dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo.

"No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto.

"Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México", añadió Cox al NYT.

El gobierno ha negado ser responsable del espionaje, al afirmar que no hay huellas que dejen saber quién exactamente intervino un teléfono con Pegasus.

La PGR anunció que solicitará apoyo al FBI y a las Naciones Unidas para su labores de investigación del uso de Pegasus.

Sin embargo, Roberta Jacobson, la embajadora estadounidense en México, dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación, según NYT.

Legisladores de la oposición y funcionarios internacionales han pedido que haya una investigación independiente al acusar que México no es capaz de indagarse a sí mismo.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 10 de julio de 2017.



El gobierno de Enrique Peña Nieto es “siniestro” y “criminal”, ya que su intención “es la construcción social del miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron”, afirmó Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y agregó que “eso no lo podemos aceptar, ya que nuestro horizonte democrático no puede ser más que la dignidad y la movilidad, debido a que no podemos permitir que nos aplasten. Si les permitimos eso, preparémonos para la esclavitud, ese es nuestro horizonte”.

Durante su conferencia “Democracia y derechos humanos”, el coordinador del Consejo Nacional de la iniciativa Ahora, calificó de “gravísimo” el que el gobierno de Peña Nieto haya contratado y puesto en marcha un sistema para espiar a defensores, activistas y periodistas.

El también ex ombudsman de la Ciudad de México se pronunció por que se constituya una comisión independiente con expertos internacionales que investiguen este hecho criminal.

El espionaje, que “es gravísimo, no porque no supiéramos que los gobiernos espiaban, pero el que utilicen recursos públicos destinados a combatir la delincuencia y al terrorismo en contra de periodistas eso es la comisión de un delito”.

Luego manifestó que, “en lugar de desactivar las amenazas en contra de periodistas, espiar a los periodistas y sus familias, es siniestro, es un gobierno criminal, y no basta la simple negación, se tiene que hacer una comisión independiente de investigación”.

“Decir que la investigación la va hacer el fiscal de la Feadle es una burla cuando no se tiene un delito juzgado. Ese tipo de cosas no sólo dañan a la democracia, sino que va generando más señales de la regresión autoritaria que estamos viviendo”.

Sin embargo, dijo, “hay un tema clave, es la construcción social del miedo. Hay una intención expresa de intentar dejar las cosas como están, por desactivar la movilización social y que la gente se refugie en su autoprotección”.

El mayor riesgo acotó, “es cuando el miedo nos gana y nos inmoviliza, cuando el miedo nos gana y nos inmoviliza ya nos controlaron y, en la medida que no nos organicemos, será peor el tipo de abusos que se van a cometer”.

Además, insistió en que “el fenómeno de callarse ante el abuso será peor y no es que no tengamos miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron, y eso no lo podemos aceptar”, puntualizó.

Proceso
Oaxaca, Oax.
Viernes 23 de junio de 2017.


La diputada del PAN Brenda Velázquez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por el supuesto espionaje a periodistas, activistas y políticos de oposición.

La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación acusó que la utilización del sistema "Pegasus", para infectar los teléfonos inteligentes de los afectados, violentan la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

Velázquez informó que argumentó la violación del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el 16 de la Constitución de México.

"Por la gravedad y urgencia, pedimos a la CIDH solicite al Estado Mexicano que adopte medidas cautelares para prevenir actos de espionaje a periodistas, activistas y políticos de Oposición", señaló.

"De igual forma, pedimos a la CIDH que realice una visita de alto nivel a México, con el fin de constatar los hechos denunciados y de ser procedente, se designe Relatoría Especial".

Indicó que también solicitó al órgano internacional un pronunciamiento en el que se exija al gobierno mexicano que se abstenga de utilizar el espionaje en contra de los ciudadanos.

Ayer, la diputada Velázquez presentó también una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el uso ilegal del malware "Pegasus", luego de que ha sido utilizado en al menos 76 ocasiones para espiar a periodistas, activistas y políticos.

"Exigimos que se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en estos ataques a la libertad de expresión y a la privacidad de los periodistas", citó el miércoles tras presentar la denuncia.

Señaló que para el PAN tales acciones de espionaje son una táctica añeja del priismo y son un retroceso a la democracia mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 22 de junio de 2017.


Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a Esmeralda Arosemena de Troitiño como relatora para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa.

La designación siguió a la renuncia de Enrique Gil Botero a la CIDH, el pasado 9 de marzo, tras ser nombrado ministro de Justicia en Colombia.

El reparto de las relatorías de Botero se realizaron hoy, en el primer día de la primera sesión ordinaria del año de la CIDH.

Mañana inician las audiencias públicas en la Comisión, las primeras de las cuales serán sobre México y una en particular sobre el mecanismo de seguimiento al caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de dos mil catorce.

La CIDH informó que la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas.

"Integró la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales 2011-2012 en Panamá y fue Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 2004 al 2009", destacó la Comisión.

"Actualmente integra los Equipos de Capacitadores en el Sistema Penal Acusatorio para el Ministerio Público y a nivel Interinstitucional".

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de marzo de 2017.


El movimiento #AhoraONunca deberá reunir 80 mil firmas para obtener registro

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, convocó a reunir 80 mil firmas de ciudadanos “sin partido” para encabezar una candidatura presidencial independiente en 2018, durante un mitin celebrado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

El también exombudsman capitalino afirmó durante el mitin con una asistencia menor a la esperada que saludaba los esfuerzos del Congreso Nacional Indígena (CNI) y espera unir esfuerzos con esta organización que también ha planteado una candidatura independiente indígena para el 2018.

En el inicio de su participación, Álvarez Icaza recordó que ya son 29 meses de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

“Queremos hacer a un lado el menosmalismo, la resignación, la desesperanza. Estamos aquí y ahora porque sabemos que queremos más. Estamos aquí contra la clase política que nos ha traicionado. No queremos más pacto de impunidad. Ya se les acabó la fiesta”, afirmó Álvarez Icaza.

En el acto también participó el investigador Sergio Aguayo, quien presidirá el Comité de Ética de este grupo de ciudadanos que se han agrupado bajo el hashtag #AhoraONunca. Aguayo recordó que las demandas del movimiento estudiantil del 68, como la democratización del país, están vigentes.

“Este encuentro es un ajuste de cuentas entre los tejedores de sociedades y los políticos profesionales”, sentenció Aguayo.

También participó el exconsejero electoral Alfredo Figueroa, quien afirmó que en ocho meses se volverán a reunir para desarrollar un programa de gobierno. “Si el proyecto es visible y tenemos 80 mil avales, Emilio Álvarez Icaza encabezaría la candidatura presidencial”, afirmó Figueroa.

El poeta y periodista Javier Sicilia criticó también el “pacto de impunidad” que existe entre todos los integrantes de la clase política. “Los partidos ganan las elecciones no para gobernar, sino para robarnos”, quien destacó que estos ciudadanos constituyen “la reserva moral del país”.

En una explanada con poco más de 200 personas, también participaron en el evento jóvenes integrantes del movimiento #YoSoy132 como Carlos Brito, Juan Pablo Espinosa de los Monteros, Lucía Riojas, Valeria Hamel, entre otros.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Domingo 26 de febrero de 2017.

 
Alerta sobre la existencia de ''inconveniente comunicación con personas del exterior''


Un informe del organismo revela escasas actividades para alcanzar la reinserción social en algunos lugares

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe sobre las condiciones en las que operan los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en el que detalla que existen situaciones de riesgo como las relativas al derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurídica; a la protección de la salud y a la integridad personal.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió el informe 9/2016 tras realizar visitas a ocho Ceferesos varoniles; el Complejo Penitenciario “Islas Marías” y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) durante septiembre y octubre de 2016.

En estos centros de reclusión el MNPT detectó que existen escasas actividades para alcanzar la reinserción social, además de que las personas se encuentran recluidas en lugares con deficientes condiciones de las instalaciones y de alimentación.

El informe alerta sobre la existencia de "inconveniente comunicación con personas del exterior" y destaca que en los Ceferesos existe una incorrecta imposición de sanciones disciplinarias a los internos, inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad.

El MNPT observó falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento, en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En los centros visitados se corroboró que hay escasez de personal médico, equipo y abasto de medicamentos y los detenidos son sometidos a práctica de exámenes médicos sin condiciones de privacidad.

Las instalaciones de los centros visitados no tienen accesos para personas con discapacidad física.
La CNDH asegura que los Ceferesos no cuentan con suficiente personal de seguridad y custodia y falta implementar programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención y contra las adicciones.

El MNPT realizó entrevistas con los servidores públicos que se encontraban a cargo al momento de las visitas y con personal médico, jurídico y de seguridad.

También se aplicaron cuestionarios y entrevistas anónimas a las personas privadas de su libertad.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 26 de diciembre de 2016.


Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, denunció que fue presionada por el gobierno de Rafael Moreno Valle para que aceptara un cheque de indemnización por la muerte de su hijo, ocurrida hace dos años y medio durante un operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

“Fue así como que me pusieron entre la espada y la pared”, aclaró Elia en rueda de prensa, “si no firmaba, Javier (Montes Bautista, exedil auxiliar de Chalchihuapan) se iba a quedar en la cárcel y, si yo no recibía eso, el MP iba a apelar, iban a iniciar una nueva averiguación contra él”.

Al ser cuestionada si las presiones en su contra provinieron de Diódoro Carrasco, secretario general de Gobierno, la mujer de origen indígena asintió y puntualizó que lo hizo a través de los abogados.

En la víspera, Carrasco aseguró que la recomendación 2VG/2014 que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan quedaba cumplida totalmente con la entrega que se hizo de un pago de un millón 700 mil pesos a Tamayo.

Sin embargo, la mujer dijo que hasta ahora no ha hecho uso del dinero, que fue obligada a aceptar por medio de presiones, pues considera que el gobierno de Puebla aún no hace justicia por la muerte de su hijo.

“Como siempre les he dicho, el dinero no repara el daño”, declaró, “yo siempre les dije, primero es la justicia, pero ellos no, no hay justicia porque no han encarcelado al que fue mero responsable”, acusó.

En la misma rueda de prensa el Centro de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo advirtió que si la CNDH da por cumplida la recomendación que emitió contra el gobierno de Moreno Valle, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso.

“Si este organismo público autónomo (la CNDH) se presta a esta pantomima, quedará vista como institución cómplice, sumisa y doblegada al gobierno estatal, y no como un organismo honorable que defiende y salvaguarda los derechos humanos”, asentó la organización.

El vocero de la agrupación, Hilario Gallegos, dijo que la recomendación no puede darse por cumplida porque sólo se sancionó a servidores públicos de menor nivel y no a los autores intelectuales de la represión del 9 de julio de 2014.

“Falta fincar responsabilidad a Facundo Rosas (entonces secretario de Seguridad Pública), quien ejecutó la orden del operativo en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo y quedaron lesionados varios habitantes de San Bernardino Chalchihuapan”, indicó.

Respecto del cobro de la indemnización, reiteró que ésta se aceptó “bajo presiones y chantajes” de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Diódoro Carrasco Altamirano.

“El titular de la Secretaría General de Gobierno no puede decir que el gobierno se apega a la ley cuando un funcionario de primer nivel como Facundo Rosas no se encuentra aún sujeto a proceso, y que el cobro de la indemnización fue a cambio de la libertad de Jairo Javier Montes Bautista”, agregó.

Además, mencionó que la entrega del cheque a Tamayo no justifica el cumplimiento de la recomendación, luego de que la reparación del daño no fue integral ni para ella ni para las demás víctimas.

“El cumplimiento de la recomendación emitida por la CNDH es con total dolo, con el afán de dar apariencia de que ésta fue acatada en buenos términos”, recalcó Gallegos.

Por último, expuso que si el ombudsman nacional da por cumplida la recomendación, el organismo pedirá la intervención de la CIDH a fin de que este máximo organismo regional analice con imparcialidad todos y cada uno de los puntos, y determine si hubo cumplimiento por parte del gobierno de Puebla.

En su intervención Aracely Bautista, madre del exedil, denunció que para mantener la presión sobre el pueblo de Chalchihuapan el gobierno les ha advertido que siguen vigentes tres órdenes de aprehensión, así como que continúa abierta la averiguación contra Javier Montes Bautista.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 30 de noviembre de 2016.

Mecanismo Especial de la CIDH se reúne con padres de los 43

Tixtla. - El Estado mexicano está obligado a dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, dijo hoy el colombiano Enrique Gil Botero, relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gil Botero y otros integrantes de la CIDH asistieron por vez primera a la escuela para maestros de Ayotzinapa, a la que pertenecían los 43 jóvenes, para presentar a las familias de los desaparecidos el plan de trabajo del mecanismo de seguimiento del caso.

"Es importante señalar que la CIDH implementa el mecanismo en el entendido" de que la búsqueda de los estudiantes y determinar su paradero "es una obligación que compete al Estado mexicano", señaló Gil Botero en una rueda de prensa desde la escuela ubicada en Tixtla, en el sureño estado de Guerrero.

El relator dijo que mediante "un monitoreo exigente, riguroso y científico se puede llegar a un resultado exitoso y ese es el trabajo del mecanismo", del que es coordinador.

Los objetivos "son, principalmente, el hallazgo de los 43 y el seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)" sobre el caso, apuntó.

Además, durante las visitas que realizarán al país durante un año revisarán los avances en la investigación, dijo el colombiano, quien insistió en que el grupo "no acepta la hipótesis del basurero de Cocula", según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados allí por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Previo a la conferencia, Gil Botero, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, y el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, dialogaron con las familias de los 43 y recorrieron la escuela.

"Para mí ha sido impactante el encuentro con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos", admitió Gil Botero, después de que Blanca Nava, madre de una de las víctimas, les dijo que los esperaban desde meses atrás.

"(Su llegada) es una esperanza, (...) como madres no perdemos la fe ni la esperanza de volver a ver nuestros hijos, de abrazarlos y decirles cuánto hemos hecho por ellos y que sepan todo lo que la gente nos ha apoyado", señaló al dar la bienvenida al grupo.

Al presentar el jueves ante la prensa su planta de trabajo, el equipo de la CIDH dijo que supervisará que las autoridades sigan las "líneas factibles" sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero).

De acuerdo con la versión oficial, que ha sido cuestionada por el GIEI y otros organismos internacionales, los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron en el basurero y arrojaron sus restos a un río.

El mecanismo fue acordado el pasado julio entre la Comisión, el Gobierno mexicano y los representantes de los familiares de los desaparecidos.

El presupuesto facilitado por el Estado mexicano asciende a 565,000 dólares y cubre las tareas del mecanismo hasta un periodo de un año.

Mecanismo Especial de la CIDH se reúne con padres de los 43

Chilpancingo, Guerrero. - Los siete integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribaron a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” para reunirse con padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, consideró que la visita representa una nueva etapa en la lucha de los padres y una oportunidad para que las investigaciones lleguen a fondo, se detenga a los involucrados y se indague la línea del trasiego de droga en Iguala, entre otros puntos.

Consideró que el Mecanismo, presidido por James Cavallaro, podrá dar continuidad a las líneas planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desestimó las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual asegura que los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Padres de los 43 y organizaciones como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Defensa de Derechos Humanos, el Centro Agustín Pro Juárez y el Comité Estudiantil de la Escuela Rural recibieron a los expertos recomendados por la CIDH, quienes confiaron en que las autoridades mexicanas brinden las facilidades para dar seguimiento a las investigaciones propuestas.

Madres de los estudiantes desaparecidos les colocaron collares de cempasúchil y regalaron playeras con el árbol de la vida y fotografías de los 43 desaparecidos.

En la explanada, realizaron un acto de bienvenida y dijeron que mantienen su confianza para que el caso no quede en la impunidad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, consideró que el Mecanismo "representa los ojos de un organismo internacional (la CIDH) que van a estar supervisando que el gobierno de México siga las líneas que dejó el grupo de expertos, dando asesoría técnica de lo que el gobierno tiene que hacer".

Hay muchos pendientes con los padres, dijo, y por lo pronto tendrán confianza en que estas investigaciones, recomendaciones y nuevas indagatorias, serán una esperanza para que no siga habiendo impunidad.

Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, dijo que a pesar del distanciamiento con la PGR, los padres no han tenido otra reunión con las autoridades, la última fue con la extitular Arely Gómez, "la confianza se construye" y en la medida que avance esta etapa, podrían sentarse de nueva cuenta padres de desaparecidos con el procurador Raúl Cervantes.

Los integrantes del Mecanismo están reunidos con padres de Ayotzinapa en la sala de usos múltiples de la Normal Rural. Al término darán un posicionamiento de este primer encuentro.

EFE
El Universal
Tixtla, Guerrero, Mx.
Viernes 11 de noviembre de 2016.

Ciudad de México– México es el País con más denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de ese organismo.

Durante una conferencia magistral que impartió en la UNAM, explicó que en 2015 se presentaron a la CIDH mil 164 peticiones de los 35 Estados miembro, y de éstas, 849 fueron de México.

Las imputaciones formuladas tienen tres procedencias, detalló, la sociedad civil, abogados litigantes y personas en lo individual.

Para Álvarez Icaza, México posee el sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales del continente, pues posee 32 organismos públicos y una institución nacional en el rubro, a los que se destina un presupuesto anual de 200 millones de dólares

Sin embargo, señaló que los mexicanos prefieren acudir a instancias internacionales.

"Esto puede interpretarse de dos maneras: que los distintos actores tienen condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la entidad referida (CIDH) una instancia para resolverlos, o que esta cifra es el reflejo de una crisis en ascenso, es decir, que a falta de respuestas a nivel interno se acude a ámbitos externos", dijo, de acuerdo a un comunicado de la Universidad.

Añadió que, en los últimos tres lustros, el País ha estado expuesto a un escrutinio internacional en materia de derechos humanos, por lo que es necesario que a nivel nacional se atienda la situación, de lo contrario, el escenario se agravará.

"Uno de los desafíos es instrumentar una política pública relativa a niveles federal, estatal y municipal", aseveró.

"Si bien en el primer ámbito hay avances, aún existen entidades que no han modificado sus leyes y en los municipios el panorama es peor, porque las gerencias de Gobierno no contemplan las garantías referidas".

Álvarez Icaza puntualizó que es necesario hacer caso de las medidas cautelares emitidas por la CIDH, que son un sistema de emergencia de protección inmediata donde no se juzga, sino que se le dice a la autoridad qué hacer para evitar vejaciones mayores.

"Hoy, la sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo aseverado; ya no basta confinar el hecho, ahora estos indicios deben remplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia científica como sustento de la investigación de la justicia", concluyó.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 28 de mayo de 2016.


Estados Unidos se apresta a expulsar de nuevo a migrantes centroamericanos

Cuando llegó a la frontera de Estados Unidos con su hija de 12 años, a mediados de marzo, E.G.S. pensó que había cerrado, por fin, la puerta del infierno del que huyó en El Salvador. Se creyó a salvo de los miembros de la mara que habían asesinado a su cuñado poco después de haber sido deportado de EE UU, y que la violaron y extorsionaron repetidamente. Y pensó que había puesto a resguardo a su hija, a quien los mareros amenazaban con hacerle lo mismo que a ella y a la que habían empezado a acosar a la salida de su escuela. La orden de deportación inminente que pende ahora sobre ambas es mucho más que el fin de su intento de buscar una vida mejor. Es, afirma, una sentencia de muerte.

“A mi regreso imagino que cumplirían con su amenaza. A una vecina le cumplieron, ella denunció que le habían robado y en tres días la mandaron matar. Ese es el temor mío”, dice E.G.S. Por miedo no se atreve a dar ni su nombre. Habla por teléfono desde el centro de detención de Karnes, Texas, donde aguarda junto a su hija su destino. Su experiencia no es única. “Lo que ella ha sufrido es, desafortunadamente, muy común. Lo escuchamos de muchas mujeres y niños que han recibido amenazas de bandas, que son amenazados con agresiones sexuales o incluso con la muerte”, asegura Manoj Govindaiah, abogado de Raíces, una organización que ofrece asesoría legal a inmigrantes y refugiados en Texas.

A mi regreso imagino que cumplirían con su amenaza. A una vecina le cumplieron, ella denunció que le habían robado y en tres días la mandaron matar

MIGRANTE SALVADOREÑA

El Gobierno de Barack Obama ha anunciado que en las próximas semanas iniciará una nueva oleada de redadas y deportaciones de indocumentados centroamericanos llegados después de enero de 2014. Ese es el año en que empezaron a llegar, por decenas de miles, menores no acompañados y madres con sus hijos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. El hecho de que se vaya a priorizar la deportación de madres y menores como E.G.S. y su hija, ha vuelto a provocar una oleada indignación entre los que acusan a la Casa Blanca —desde organizaciones a legisladores demócratas— de tener un “prejuicio hemisférico” que le lleva a tratar con más dureza a los inmigrantes centroamericanos que a otros grupos de refugiados.

“El Gobierno no quiere reconocer que las madres y niños priorizados en estas oleadas de deportación son, como los refugiados sirios, gente que sencillamente tiene que elegir entre la vida y la muerte. Buscan refugio en EE UU de la espantosa violencia de la que huyen”, denuncia Marialena Hincapié, directora del National Immigration Law Center. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha emitido una medida cautelar a favor de E.G.S. y de su hija en la que insta a EE UU a detener su deportación, recuerda en su resolución que la violencia que se vive en el Triángulo Norte centroamericano ha dejado una cifra de muertos “mayor que la que sufren cuatro países africanos bajo la amenaza de Boko Haram o que la de Somalia, Libia y Sudán Sur juntos”.

Según Hincapié, para el Gobierno es más fácil considerarlos inmigrantes económicos, porque eso facilita la decisión de deportarlos. Pero las cifras y las historias cuentan otra cosa, afirma Michelle Brané, directora de la Comisión de Mujeres Refugiadas. “Hemos visto un cambio dramático en la demografía de los que vienen: hay un descenso significativo de la migración económica, pero a la vez hay un aumento de las mujeres y niños que buscan asilo. Está muy claro que hay un alto porcentaje de gente que busca protección”. En El Salvador, E.G.S. tenía un puesto de comida y también vendía bisutería a domicilio. No era mucho pero sí lo suficiente para vivir. De no haber sido amenazadas ella y su hija no habría dejado su ciudad, donde se quedaron su marido y otros dos niños más pequeños porque “no alcanzó el dinero” para que el coyote que contrató los llevara a todos hasta la frontera estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de implementar la política migratoria de Obama, afirma que solo detendrá a aquellos a los que “un tribunal migratorio ha ordenado deportar y que no tienen pendiente ninguna solicitud de asilo o de alivio humanitario previsto en la legislación estadounidense”. Pero las cosas no son tan sencillas, advierte Govindaiah.

La violencia en el Triángulo Norte centroamericano ha dejado más muertos que en Somalia, Libia y Sudán Sur juntos

Todo el proceso para ser aceptado como refugiado “es tan extremadamente intrincado y difícil, y además en inglés, que es muy fácil que alguien no lo entienda ni sepa cómo navegar por él”, explica. Sobre todo, si no disfruta desde el primer momento de asesoría legal, como sucede en tantos casos.

Para estos expertos, tras la nueva oleada de redadas, que sigue a la de enero, lo que Washington persigue es un efecto disuasorio ante la llegada de indocumentados. Pero la eficacia de esta medida, dicen, es más que dudosa. “Cuando vives en una casa en llamas, cerrar las puertas y ventanas no va a impedir que la gente trate de salir”, advierte Brané.

El País
Silvia Ayuso
Washington, DC, EU.
Domingo 22 de mayo de 2016.

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