Bogotá. -  La llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, según la cual los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos y este grupo criminal los asesinó y los incineró en el basurero de Cocula la madrugada del 27 de septiembre de 2014, está sepultada por un conjunto de evidencias que exhiben a los autores de esa insostenible versión.

Para la justicia mexicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y diversos organismos humanitarios alrededor del mundo, la “verdad histórica” fue una construcción de la Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto, quien hasta el final de su mandato se aferró a esa “verdad”.

El problema para Peña Nieto y para sus colaboradores que estuvieron involucrados en la investigación de la Noche de Iguala, es que muchos de ellos dejaron un rastro presuntamente delictivo frente al cual deberá actuar la nueva Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR).

La CIDH, el GIEI, Naciones Unidas y un tribunal federal con sede en Tamaulipas acreditaron que en las indagaciones de la desaparición de los 43 normalistas hubo múltiples casos de tortura.

Algunos de los torturados habían rendido testimonios, en esas circunstancias de maltrato, que se ajustaban a la “verdad” que se empeñó en construir la PGR.

En su informe de abril de 2016, el GIEI denunció que la PGR no sólo demoró indefinidamente la práctica de muchas pruebas solicitadas por ese grupo, sino que se negó a indagar líneas de investigación diferentes a la “verdad” oficial.

Las obstrucciones, dilaciones, ocultamientos y omisiones en la investigación que denunciaron diferentes instituciones mexicanas e internacionales nunca fueron tomadas en serio por el gobierno de Peña Nieto porque, según conoció el GIEI, la mayoría de esas irregularidades habrían sido alentadas por funcionarios de alto nivel.

“Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario”, indicó el GIEI en su informe de hace tres años.

Y en una sentencia demoledora para la PGR de Peña Nieto, un tribunal federal con base en Reynosa, Tamaulipas, determinó en junio de 2018 que la investigación del caso Ayotzinapa fue parcial y “estuvo dirigida a practicar y poner solo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos”, la llamada “verdad histórica” que lanzó en enero de 2015 el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

De acuerdo con la sentencia del tribunal colegiado, “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”, por lo cual los magistrados ordenaron una nueva investigación que debía estar a cargo de una comisión independiente.

Es decir, las fallas y manipulaciones en la investigación están suficientemente sustentadas. Lo que hace falta es actuar frente a ellas.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador instaló en enero pasado una Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, y hace unos días la FGR anunció la creación de una Unidad Especial para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Estará a cargo del abogado de derechos humanos Omar Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIEI y tiene la confianza de los padres de los 43 estudiantes y de organismos internacionales.

La exintegrante del GIEI Ángela María Buitrago considera que una de las prioridades de la nueva Unidad debe ser investigar a los autores de la “verdad histórica”.

Entre ellos, la exfiscal colombiana menciona al ex procurador Murillo Karam; al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, y a los directores y fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron el caso.

El GIEI pidió desde 2015 crear una unidad independiente para investigar la desaparición de los normalistas, pero el gobierno de Peña Nieto nunca estuvo interesado en soltar el control del expediente.

Los integrantes del GIEI, quienes enfrentaron una feroz campaña en México cuando comenzaron a cuestionar la investigación de la PGR y la negativa del Ejército a informar sobre lo que había ocurrido en Iguala las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014, se enteraron de que la SEIDO nunca soltó el caso, a pesar de que formalmente se lo entregó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Gómez Trejo, el titular de la Unidad Especial del caso Ayotzinapa, conoce muy bien el expediente, así como las obstrucciones, omisiones y manipulaciones que tuvo la investigación.

Sabe quiénes fueron algunos de los responsables de esas irregularidades y está familiarizado con las denuncias que han hecho instituciones mexicanas y organismos internacionales sobre las declaraciones bajo tortura que condujeron a la “verdad histórica”.

Es evidente que existe voluntad política para desarrollar una investigación imparcial e independiente sobre un caso que indigna a México y que marcó el inicio de la debacle del gobierno de Peña Nieto.

Pero la voluntad política es insuficiente para una investigación de esta complejidad que, además, ha sido manipulada y que es sobre un hecho criminal ocurrido hace cerca de cinco años.

Un policía mexicano de la vieja guardia solía decir a los reporteros de la fuente judicial: “El tiempo que pasa, es la verdad que se aleja”.

Frente al reto, Gómez Trejo necesitará un equipo de peritos competente e investigadores con un historial sin tacha, imparciales y honestos, algo difícil de encontrar en las instituciones policiacas y de procuración de justicia en México.

Ángela María Buitrago cree que en la actual Fiscalía General y antigua PGR hay gente “buena, honesta, que cree en la justicia y que está dispuesta a contar la verdad sobre quiénes obstruyeron la investigación”. Sólo hay que darles garantías de seguridad para que puedan hablar, señala.

Buitrago fue invitada por el gobierno mexicano, junto con otros exintegrantes del GIEI, para coadyuvar a la investigación del caso Ayotzinapa en su nueva etapa. Ella está más que dispuesta a desempeñar ese papel. Sólo está afinando los detalles de su participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la institución convocante del grupo de expertos.

La académica de la Universidad Externado y doctora en derecho sabe que la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa y todos los involucrados en la nueva investigación estarán sometidos a presiones de diferentes grupos de interés.

A Buitrago le parece “increíble” que aún haya en México defensores de la “verdad histórica” que siguen atacando al GIEI.

“Son personas –dice— que no conocen el expediente, que sin ninguna duda están defendiendo a alguien o que asumieron desde hace años una posición que saben que es insostenible, pero de la que no se quieren retractar para no perder credibilidad. No saben que, al defender lo que defienden, ya perdieron la credibilidad”.

Proceso
Rafael Croda
Bogotá, Colombia
Lunes 8 de julio de 2019.


El presidente de Nicaragua ordena la salida del país de la comisión de la OEA y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI)

Daniel Ortega ha ordenado este miércoles la expulsión de Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha denunciado graves violaciones de parte del régimen contra quienes desde abril se han manifestado para exigir la renuncia del presidente tras 11 años en el poder. El líder sandinista también ha decretado este miércoles la expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), también nombrado por la OEA, que tenía previsto presentar el jueves el resultado de sus investigaciones de los hechos violentos ocurridos desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas.

La CIDH ha documentado minuciosamente las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua a través del denominado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), conformado por un equipo técnico que llegó a Managua en junio y que debería quedarse “mientras la situación lo requiera”, como había advertido el organismo en un comunicado. Esta organización presentó a mediados de año un amplio informe en el que documentaba minuciosamente las violaciones a los derechos humanos y en el que alertaba sobre posibles ejecuciones extrajudiciales tras el uso de francotiradores durante la represión de las manifestaciones.

El Gobierno sandinista argumentó que la CIDH, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) son una "plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país", señaló el canciller Denis Moncada.

En la misma también acusó al Secretario General de la OEA Luis Almagro de participar "en la escalada criminal, injerencista, promoviendo acciones terroristas en el orden político, económico y militar que viola los derechos humanos del pueblo nicaragüense". Las intervenciones de Almagro "demuestran que las acciones realizadas por los organismos de la OEA y la ONU responden a la estrategia de asfixiar al pueblo de Nicaragua", denunció Moncada.

En el informe redactado por la CIDH y que ha irritado al gobierno de Ortega, el organismo afirmó que escuchó “centenares” de testimonios y reunió información documental y audiovisual. Según esos testimonios la represión “estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales”. Desde junio el Meseni ha seguido recabando denuncias de ciudadanos nicaragüenses. Este miércoles publicó un nuevo informe en el que alertaba del “agravamiento de la represión” y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua.

En este último informe la CIDH advierte que la política represiva puesta en marcha por el Gobierno en el país centroamericano ha tenido “cuatro etapas”. La primera de ellas está relacionada con el “uso arbitrario de la fuerza, incluida la fuerza letal, por agentes de la policía y grupos parapoliciales para disuadir las protestas; la negación de atención médica y obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a los heridos durante los actos de violencia; detenciones arbitrarias; violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros”, según el informe.

La segunda etapa de esa represión se desató con la denominada “Operación Limpieza”, cuando fueron “desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales para desmantelar los tranques y barricadas en todo el país lo que aumentaría el número total de muertos registrados desde el comienzo de las protestas”. En todo el país se levantaron más de 200 barricadas, que obstaculizaron el tránsito a 6.000 camiones de carga con mercancías centroamericana, generando pérdidas de más de 70 millones de dólares.

Para los nicaragüenses esas barricadas no solo eran una forma de protestas, sino también de protección. Una de las ciudades más asediadas por los grupos armados por el régimen de Ortega fue Masaya, bastión de la resistencia. Ahí las calles fueron bloqueadas por decenas de barricadas y los vecinos se organizaron para garantizar la seguridad y recolectar alimentos para los jóvenes que cuidaban las trincheras. Los grupos paramilitares asaltaron la ciudad y derribaron las barricadas, dejando a su paso una estela de muerte en el marco de la “Operación Limpieza”.

La CIDH también alertó una tercera fase de la represión, “consistente principalmente en la persecución y criminalización selectiva y masiva de manifestantes, defensores de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno”. Y la cuarta fase está enfocada, según el organismo, “por el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas”.

El pasado fin de semana, la Policía asaltó la redacción del periódico Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas contra el régimen. La redacción sigue ocupada al día de hoy, cuando Chamorro interpuso una denuncia contra la Policía, acusándola de “crimen organizado”. Dado que Daniel Ortega también controla la Fiscalía, es poco probable que se logre llevar a cabo una investigación seria sobre lo ocurrido contra la redacción del diario.

Activistas de derechos humanos reaccionaron contra la decisión de Ortega de expulsar a los técnicos de la CIDH de Nicaragua. “Es una decisión que representa el desprecio a cualquier expresión de razonamiento humano, es la barbarie contra la civilización, un retroceso a la era cavernaria”, dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización a la que Ortega retiró su personalidad jurídica y cuya sede también fue asaltada por la Policía. “Una familia [la de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que también es vicepresidenta] dispuesta a arruinar nuestro país, el poder los atrapó y no se conciben sin él”, agregó el defensor de derechos humanos.

Fuentes de la CIDH dijeron que aunque el Gobierno los expulse continuarán su trabajo de fiscalización d ella situación de Nicaragua desde fuera del país. “El hecho de que el Meseni no esté en el país no significa que la CIDH dejará de monitorear la situación. Se instalará en otro lado”, advirtieron.

El País
Carlos Salinas
Managua, Nicaragua
Miércoles 19 de diciembre de 2018.


La ONU-DH saludó hoy la emisión del Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia de un tribunal mexicano muy crítica con la investigación oficial del caso Ayotzinapa.

"Después de haber estudiado ambos documentos de manera exhaustiva, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) los considera de la mayor relevancia, por lo que el Estado mexicano debe observar puntualmente sus contenidos", indicó el organismo en un boletín.

Según la ONU-DH, ambos documentos "brindan una nueva oportunidad para redirigir de manera profunda la investigación del caso y materializar transformaciones de fondo en el sector de la justicia en México".

"El informe de la CIDH reconoce ciertos avances pero sobre todo resume de manera contundente las preocupaciones sobre el rumbo de la investigación," señaló el representante del Alto Comisionado en México, Jan Jarab.

Dicho informe de balance al Mecanismo Especial de Seguimiento, presentado la semana pasada, instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.

Por otro lado, la ONU también calificó de "inédita y garantista" la sentencia de un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas, pues es "la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana", de las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, entre otros.

La ONU-DH concuerda con "el cuadro manifiesto de graves irregularidades" al que hace referencia de forma detallada la sentencia, que se acreditó aplicando "los más altos estándares internacionales" en materia de derechos humanos, agregó el texto.

Jarab también consideró que la atención al contenido del informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y el cumplimiento de la sentencia del tribunal deben realizarse "potenciando el papel de las víctimas y reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran".

"Es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado", concluyó.

Según la versión oficial, conocida como "verdad histórica", en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos de Iguala arrestaron a los jóvenes y les entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.

Padres y organismos internacionales han venido denunciando irregularidades en las pesquisas y han exigido que se aborde la posible participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos.

Además, consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.

EFE
Ciudad de México
Lunes 11 de junio de 2018.


Ciudad de México- El Senado debe modificar la minuta de la Ley General de Comunicación Social que le remitió la Cámara de Diputados para ajustarla a lo que mandata la Constitución y garantizar la libertad de expresión, consideró Luis Manuel Pérez de Acha.

El abogado, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (CNA), consideró que la ley debe hacer eco de lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la legislación adoptada en otros países.

"La idea central es que la publicidad gubernamental no tiene que utilizarse como una herramienta de 'premio y castigo' para los medios de comunicación, que se constituya como una forma de censura. Por lo tanto, el gasto en esta materia no puede ser discrecional ni arbitrario", remarcó en entrevista.

En el CPC, añadió, se comparte la inquietud del colectivo #MediosLibres, que también ha hecho suya el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, sobre el hecho de que lo aprobado en la Cámara de Diputados no propicia un cambio de fondo en la relación del Estado con los medios de comunicación.

"El problema con el dictamen ya aprobado por la Cámara de Diputados, a punto de ratificarse en el Senado, es que no respeta el derecho humano a la libertad de expresión ni los principios del artículo 134 de la Constitución federal, ni los estándares adoptados a nivel internacional", señaló.

En noviembre pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo en favor de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar para que el Congreso emitiera la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril próximo, debido a su incumplimiento de emitir una norma en la materia.

"La responsabilidad del Senado es atender a lo resuelto por la Suprema Corte, para que las autoridades hagan efectivo el derecho humano a la libertad de expresión, tanto para los medios de comunicación en particular como de la sociedad en general", indicó Pérez de Acha.

Pare ello, añadió, la propia Corte ordenó que se respetasen dos grandes condiciones establecidas en el Artículo 134. La primera, que el gasto público de comunicación social no sea objeto de corrupción en cualquiera de sus variantes, pues tiene que respetar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y la segunda, que la propaganda oficial sea pertinente y útil para fines institucionales, con fines informativos, educativos o de orientación social.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 14 de abril 2018.


Datos de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, refieren que el país se encuentra en la lista de las 25 naciones donde existen más víctimas de trata identificadas.

El más reciente informe de la Comisión Intersecretarial dirigida por la Secretaría de Gobernación reveló que en el periodo 2009-2015, hubo mil 267 víctimas de trata de personas detectadas e identificadas en los procesos judiciales y sentencias.

De ese total, 42.2 por ciento son mexicanas, 7.18 por ciento son extranjeras, y en 50.59 por ciento restante de los casos no se contó con datos sobre la nacionalidad de las víctimas.

La CNDH indicó que el Reporte sobre Trata de Personas 2017 del Departamento de Justicia de Estados Unidos, destacó en referencia a México que la complicidad oficial continúa siendo un problema "grave y poco abordado".

Asimismo, alertó que hay menos víctimas identificadas y los servicios especializados son limitados; que los refugios siguen siendo inadecuados en comparación con la magnitud del problema y que los servicios a las víctimas no están disponibles en todo el país.

Ante dicho panorama, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, enfatizó que, si bien en México la esclavitud se encuentra formalmente abolida e incluso penalizada, familias completas provenientes de comunidades rurales indígenas se ven obligadas a migrar y terminan enganchadas y sometidas en trabajos forzosos como jornaleros agrícolas.

Excélsior
Ciudad de México
Sábado 02 diciembre 2017.


Emilio Álvarez Icaza, de la iniciativa Ahora, anunció que no será candidato independiente a la Presidencia de la República en 2018.

De esta manera, dijo, no le será funcional al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su estrategia de pulverizar y dividir el voto, como sucedió en las pasadas elecciones del Estado de México.

El ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó que las aspiraciones independientes de la ex panista Margarita Zavala, del ex perredista Armando Ríos Piter y del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", han sido construidas desde Los Pinos para beneficiar al PRI.

"Estas candidaturas son piezas clave, consciente o inconscientemente, del modelo Atlacomulco: rompe o corrompe como lógica de acción política para favorecer a Peña Nieto, su partido y aliados", aseveró.

"Ante estos escenarios y después de una larga reflexión colectiva, mucho más allá de mi persona, en un ejercicio de búsqueda de congruencia, informo que he decidido no ser funcional a los intereses ni estrategias del PRI y por eso no seré un candidato independiente más".

Álvarez Icaza adelantó que, aunque no será candidato, tendrá una participación activa en el proceso electoral de 2018.

En Ahora, dijo, buscarán entablar un diálogo con partidos políticos opositores al PRI.

"Una de mis prioridades será seguir construyendo la Iniciativa Ahora, apoyando a las y los candidatos en lo local, voy a seguir férreamente en la lucha por la democratización de México", sostuvo.

"Llamo a un diálogo nacional a todas las fuerzas políticas y sociales que están por la transición democrática y contra la regresión, a que generemos una agenda, un programa y proyecto de país que nos oriente hacia el futuro".

Álvarez Icaza denunció que en el actual sexenio han aflorado numerosos casos de corrupción: OHL y el Paso Exprés de Cuernavaca, por ejemplo.

También advirtió que las instituciones electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE), han sido sometidas por el Gobierno y el PRI.

En tanto, el ex consejero electoral Alfredo Figueroa informó que Ahora lanzará candidaturas independientes locales en Campeche, Chiapas, CDMX, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Morelos y San Luis Potosí.

En la conferencia de prensa, además del ex Ombudsman capitalino y Figueroa, estuvieron presentes coordinadores de Ahora en diversos estados de la República.

También hizo acto de presencia Paulo Díez Gargari, abogado que ha denunciado supuestos actos de corrupción entre el Gobierno federal y la empresa española OHL.

Reforma
Héctor Gutiérrez
Ciudad de México
Domingo 8 octubre 2017.

   
El último informe del Citizen Lab, publicado hoy en su página web, confirma que un teléfono perteneciente al grupo internacional de expertos de varios países (GIEI) reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargado de investigar la desaparición de normalistas en Iguala, en 2014, fue blanco de intentos de infección con el spyware Pegasus.

Los intentos de infección que se documentaron ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final de GIEI sobre su investigación.

Según el reporte, mientras llevaban a cabo sus investigaciones, los expertos de GIEI enfrentaron numerosas amenazas y hostigamiento, y finalmente un enfrentamiento público con la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque Citizen Lab no puede atribuir definitivamente los intentos a una agencia o individuo del gobierno mexicano en particular, indica que el software para espionaje fue adquirido por la PGR y otras agencias de inteligencia gubernamentales.

Este último informe se suma al creciente número de casos que muestran el uso del spyware comercial en el contexto mexicano.

Hasta ahora, Citizen Lab ha determinado que la tecnología vendida por una compañía israelí, para que los gobiernos indaguen hechos antiterroristas, criminales y de seguridad nacional, se ha utilizado para hackear a científicos de la salud y a activistas contra la obesidad, periodistas (y su familia), políticos de la oposición y ahora, a miembros de una investigación internacional independiente sobre la masacre de 43 normalistas.

Documenta The New York Times espionaje

Los investigadores que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirman que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora, según un reportaje publicado por The New York Times, hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

La nueva evidencia, según el diario estadounidense, comprobó que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en México.

De acuerdo con el trabajo publicado por NYT, al tener como blanco a los miembros del GIEI, el espionaje afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidenteEnrique Peña Nieto.

Según las leyes mexicanas, la vigilancia solo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificadas. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.

"No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad", dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo.

"No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto.

"Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México", añadió Cox al NYT.

El gobierno ha negado ser responsable del espionaje, al afirmar que no hay huellas que dejen saber quién exactamente intervino un teléfono con Pegasus.

La PGR anunció que solicitará apoyo al FBI y a las Naciones Unidas para su labores de investigación del uso de Pegasus.

Sin embargo, Roberta Jacobson, la embajadora estadounidense en México, dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación, según NYT.

Legisladores de la oposición y funcionarios internacionales han pedido que haya una investigación independiente al acusar que México no es capaz de indagarse a sí mismo.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 10 de julio de 2017.



El gobierno de Enrique Peña Nieto es “siniestro” y “criminal”, ya que su intención “es la construcción social del miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron”, afirmó Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y agregó que “eso no lo podemos aceptar, ya que nuestro horizonte democrático no puede ser más que la dignidad y la movilidad, debido a que no podemos permitir que nos aplasten. Si les permitimos eso, preparémonos para la esclavitud, ese es nuestro horizonte”.

Durante su conferencia “Democracia y derechos humanos”, el coordinador del Consejo Nacional de la iniciativa Ahora, calificó de “gravísimo” el que el gobierno de Peña Nieto haya contratado y puesto en marcha un sistema para espiar a defensores, activistas y periodistas.

El también ex ombudsman de la Ciudad de México se pronunció por que se constituya una comisión independiente con expertos internacionales que investiguen este hecho criminal.

El espionaje, que “es gravísimo, no porque no supiéramos que los gobiernos espiaban, pero el que utilicen recursos públicos destinados a combatir la delincuencia y al terrorismo en contra de periodistas eso es la comisión de un delito”.

Luego manifestó que, “en lugar de desactivar las amenazas en contra de periodistas, espiar a los periodistas y sus familias, es siniestro, es un gobierno criminal, y no basta la simple negación, se tiene que hacer una comisión independiente de investigación”.

“Decir que la investigación la va hacer el fiscal de la Feadle es una burla cuando no se tiene un delito juzgado. Ese tipo de cosas no sólo dañan a la democracia, sino que va generando más señales de la regresión autoritaria que estamos viviendo”.

Sin embargo, dijo, “hay un tema clave, es la construcción social del miedo. Hay una intención expresa de intentar dejar las cosas como están, por desactivar la movilización social y que la gente se refugie en su autoprotección”.

El mayor riesgo acotó, “es cuando el miedo nos gana y nos inmoviliza, cuando el miedo nos gana y nos inmoviliza ya nos controlaron y, en la medida que no nos organicemos, será peor el tipo de abusos que se van a cometer”.

Además, insistió en que “el fenómeno de callarse ante el abuso será peor y no es que no tengamos miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron, y eso no lo podemos aceptar”, puntualizó.

Proceso
Oaxaca, Oax.
Viernes 23 de junio de 2017.


La diputada del PAN Brenda Velázquez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por el supuesto espionaje a periodistas, activistas y políticos de oposición.

La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación acusó que la utilización del sistema "Pegasus", para infectar los teléfonos inteligentes de los afectados, violentan la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

Velázquez informó que argumentó la violación del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el 16 de la Constitución de México.

"Por la gravedad y urgencia, pedimos a la CIDH solicite al Estado Mexicano que adopte medidas cautelares para prevenir actos de espionaje a periodistas, activistas y políticos de Oposición", señaló.

"De igual forma, pedimos a la CIDH que realice una visita de alto nivel a México, con el fin de constatar los hechos denunciados y de ser procedente, se designe Relatoría Especial".

Indicó que también solicitó al órgano internacional un pronunciamiento en el que se exija al gobierno mexicano que se abstenga de utilizar el espionaje en contra de los ciudadanos.

Ayer, la diputada Velázquez presentó también una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el uso ilegal del malware "Pegasus", luego de que ha sido utilizado en al menos 76 ocasiones para espiar a periodistas, activistas y políticos.

"Exigimos que se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en estos ataques a la libertad de expresión y a la privacidad de los periodistas", citó el miércoles tras presentar la denuncia.

Señaló que para el PAN tales acciones de espionaje son una táctica añeja del priismo y son un retroceso a la democracia mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 22 de junio de 2017.


Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a Esmeralda Arosemena de Troitiño como relatora para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa.

La designación siguió a la renuncia de Enrique Gil Botero a la CIDH, el pasado 9 de marzo, tras ser nombrado ministro de Justicia en Colombia.

El reparto de las relatorías de Botero se realizaron hoy, en el primer día de la primera sesión ordinaria del año de la CIDH.

Mañana inician las audiencias públicas en la Comisión, las primeras de las cuales serán sobre México y una en particular sobre el mecanismo de seguimiento al caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de dos mil catorce.

La CIDH informó que la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas.

"Integró la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales 2011-2012 en Panamá y fue Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 2004 al 2009", destacó la Comisión.

"Actualmente integra los Equipos de Capacitadores en el Sistema Penal Acusatorio para el Ministerio Público y a nivel Interinstitucional".

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de marzo de 2017.

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