Ciudad de México- El Senado debe modificar la minuta de la Ley General de Comunicación Social que le remitió la Cámara de Diputados para ajustarla a lo que mandata la Constitución y garantizar la libertad de expresión, consideró Luis Manuel Pérez de Acha.

El abogado, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (CNA), consideró que la ley debe hacer eco de lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la legislación adoptada en otros países.

"La idea central es que la publicidad gubernamental no tiene que utilizarse como una herramienta de 'premio y castigo' para los medios de comunicación, que se constituya como una forma de censura. Por lo tanto, el gasto en esta materia no puede ser discrecional ni arbitrario", remarcó en entrevista.

En el CPC, añadió, se comparte la inquietud del colectivo #MediosLibres, que también ha hecho suya el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, sobre el hecho de que lo aprobado en la Cámara de Diputados no propicia un cambio de fondo en la relación del Estado con los medios de comunicación.

"El problema con el dictamen ya aprobado por la Cámara de Diputados, a punto de ratificarse en el Senado, es que no respeta el derecho humano a la libertad de expresión ni los principios del artículo 134 de la Constitución federal, ni los estándares adoptados a nivel internacional", señaló.

En noviembre pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo en favor de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar para que el Congreso emitiera la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril próximo, debido a su incumplimiento de emitir una norma en la materia.

"La responsabilidad del Senado es atender a lo resuelto por la Suprema Corte, para que las autoridades hagan efectivo el derecho humano a la libertad de expresión, tanto para los medios de comunicación en particular como de la sociedad en general", indicó Pérez de Acha.

Pare ello, añadió, la propia Corte ordenó que se respetasen dos grandes condiciones establecidas en el Artículo 134. La primera, que el gasto público de comunicación social no sea objeto de corrupción en cualquiera de sus variantes, pues tiene que respetar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y la segunda, que la propaganda oficial sea pertinente y útil para fines institucionales, con fines informativos, educativos o de orientación social.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 14 de abril 2018.


Datos de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, refieren que el país se encuentra en la lista de las 25 naciones donde existen más víctimas de trata identificadas.

El más reciente informe de la Comisión Intersecretarial dirigida por la Secretaría de Gobernación reveló que en el periodo 2009-2015, hubo mil 267 víctimas de trata de personas detectadas e identificadas en los procesos judiciales y sentencias.

De ese total, 42.2 por ciento son mexicanas, 7.18 por ciento son extranjeras, y en 50.59 por ciento restante de los casos no se contó con datos sobre la nacionalidad de las víctimas.

La CNDH indicó que el Reporte sobre Trata de Personas 2017 del Departamento de Justicia de Estados Unidos, destacó en referencia a México que la complicidad oficial continúa siendo un problema "grave y poco abordado".

Asimismo, alertó que hay menos víctimas identificadas y los servicios especializados son limitados; que los refugios siguen siendo inadecuados en comparación con la magnitud del problema y que los servicios a las víctimas no están disponibles en todo el país.

Ante dicho panorama, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, enfatizó que, si bien en México la esclavitud se encuentra formalmente abolida e incluso penalizada, familias completas provenientes de comunidades rurales indígenas se ven obligadas a migrar y terminan enganchadas y sometidas en trabajos forzosos como jornaleros agrícolas.

Excélsior
Ciudad de México
Sábado 02 diciembre 2017.


Emilio Álvarez Icaza, de la iniciativa Ahora, anunció que no será candidato independiente a la Presidencia de la República en 2018.

De esta manera, dijo, no le será funcional al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su estrategia de pulverizar y dividir el voto, como sucedió en las pasadas elecciones del Estado de México.

El ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó que las aspiraciones independientes de la ex panista Margarita Zavala, del ex perredista Armando Ríos Piter y del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", han sido construidas desde Los Pinos para beneficiar al PRI.

"Estas candidaturas son piezas clave, consciente o inconscientemente, del modelo Atlacomulco: rompe o corrompe como lógica de acción política para favorecer a Peña Nieto, su partido y aliados", aseveró.

"Ante estos escenarios y después de una larga reflexión colectiva, mucho más allá de mi persona, en un ejercicio de búsqueda de congruencia, informo que he decidido no ser funcional a los intereses ni estrategias del PRI y por eso no seré un candidato independiente más".

Álvarez Icaza adelantó que, aunque no será candidato, tendrá una participación activa en el proceso electoral de 2018.

En Ahora, dijo, buscarán entablar un diálogo con partidos políticos opositores al PRI.

"Una de mis prioridades será seguir construyendo la Iniciativa Ahora, apoyando a las y los candidatos en lo local, voy a seguir férreamente en la lucha por la democratización de México", sostuvo.

"Llamo a un diálogo nacional a todas las fuerzas políticas y sociales que están por la transición democrática y contra la regresión, a que generemos una agenda, un programa y proyecto de país que nos oriente hacia el futuro".

Álvarez Icaza denunció que en el actual sexenio han aflorado numerosos casos de corrupción: OHL y el Paso Exprés de Cuernavaca, por ejemplo.

También advirtió que las instituciones electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE), han sido sometidas por el Gobierno y el PRI.

En tanto, el ex consejero electoral Alfredo Figueroa informó que Ahora lanzará candidaturas independientes locales en Campeche, Chiapas, CDMX, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Morelos y San Luis Potosí.

En la conferencia de prensa, además del ex Ombudsman capitalino y Figueroa, estuvieron presentes coordinadores de Ahora en diversos estados de la República.

También hizo acto de presencia Paulo Díez Gargari, abogado que ha denunciado supuestos actos de corrupción entre el Gobierno federal y la empresa española OHL.

Reforma
Héctor Gutiérrez
Ciudad de México
Domingo 8 octubre 2017.

   
El último informe del Citizen Lab, publicado hoy en su página web, confirma que un teléfono perteneciente al grupo internacional de expertos de varios países (GIEI) reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargado de investigar la desaparición de normalistas en Iguala, en 2014, fue blanco de intentos de infección con el spyware Pegasus.

Los intentos de infección que se documentaron ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final de GIEI sobre su investigación.

Según el reporte, mientras llevaban a cabo sus investigaciones, los expertos de GIEI enfrentaron numerosas amenazas y hostigamiento, y finalmente un enfrentamiento público con la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque Citizen Lab no puede atribuir definitivamente los intentos a una agencia o individuo del gobierno mexicano en particular, indica que el software para espionaje fue adquirido por la PGR y otras agencias de inteligencia gubernamentales.

Este último informe se suma al creciente número de casos que muestran el uso del spyware comercial en el contexto mexicano.

Hasta ahora, Citizen Lab ha determinado que la tecnología vendida por una compañía israelí, para que los gobiernos indaguen hechos antiterroristas, criminales y de seguridad nacional, se ha utilizado para hackear a científicos de la salud y a activistas contra la obesidad, periodistas (y su familia), políticos de la oposición y ahora, a miembros de una investigación internacional independiente sobre la masacre de 43 normalistas.

Documenta The New York Times espionaje

Los investigadores que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirman que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora, según un reportaje publicado por The New York Times, hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

La nueva evidencia, según el diario estadounidense, comprobó que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en México.

De acuerdo con el trabajo publicado por NYT, al tener como blanco a los miembros del GIEI, el espionaje afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidenteEnrique Peña Nieto.

Según las leyes mexicanas, la vigilancia solo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificadas. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.

"No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad", dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo.

"No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto.

"Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México", añadió Cox al NYT.

El gobierno ha negado ser responsable del espionaje, al afirmar que no hay huellas que dejen saber quién exactamente intervino un teléfono con Pegasus.

La PGR anunció que solicitará apoyo al FBI y a las Naciones Unidas para su labores de investigación del uso de Pegasus.

Sin embargo, Roberta Jacobson, la embajadora estadounidense en México, dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación, según NYT.

Legisladores de la oposición y funcionarios internacionales han pedido que haya una investigación independiente al acusar que México no es capaz de indagarse a sí mismo.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 10 de julio de 2017.



El gobierno de Enrique Peña Nieto es “siniestro” y “criminal”, ya que su intención “es la construcción social del miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron”, afirmó Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y agregó que “eso no lo podemos aceptar, ya que nuestro horizonte democrático no puede ser más que la dignidad y la movilidad, debido a que no podemos permitir que nos aplasten. Si les permitimos eso, preparémonos para la esclavitud, ese es nuestro horizonte”.

Durante su conferencia “Democracia y derechos humanos”, el coordinador del Consejo Nacional de la iniciativa Ahora, calificó de “gravísimo” el que el gobierno de Peña Nieto haya contratado y puesto en marcha un sistema para espiar a defensores, activistas y periodistas.

El también ex ombudsman de la Ciudad de México se pronunció por que se constituya una comisión independiente con expertos internacionales que investiguen este hecho criminal.

El espionaje, que “es gravísimo, no porque no supiéramos que los gobiernos espiaban, pero el que utilicen recursos públicos destinados a combatir la delincuencia y al terrorismo en contra de periodistas eso es la comisión de un delito”.

Luego manifestó que, “en lugar de desactivar las amenazas en contra de periodistas, espiar a los periodistas y sus familias, es siniestro, es un gobierno criminal, y no basta la simple negación, se tiene que hacer una comisión independiente de investigación”.

“Decir que la investigación la va hacer el fiscal de la Feadle es una burla cuando no se tiene un delito juzgado. Ese tipo de cosas no sólo dañan a la democracia, sino que va generando más señales de la regresión autoritaria que estamos viviendo”.

Sin embargo, dijo, “hay un tema clave, es la construcción social del miedo. Hay una intención expresa de intentar dejar las cosas como están, por desactivar la movilización social y que la gente se refugie en su autoprotección”.

El mayor riesgo acotó, “es cuando el miedo nos gana y nos inmoviliza, cuando el miedo nos gana y nos inmoviliza ya nos controlaron y, en la medida que no nos organicemos, será peor el tipo de abusos que se van a cometer”.

Además, insistió en que “el fenómeno de callarse ante el abuso será peor y no es que no tengamos miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron, y eso no lo podemos aceptar”, puntualizó.

Proceso
Oaxaca, Oax.
Viernes 23 de junio de 2017.


La diputada del PAN Brenda Velázquez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por el supuesto espionaje a periodistas, activistas y políticos de oposición.

La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación acusó que la utilización del sistema "Pegasus", para infectar los teléfonos inteligentes de los afectados, violentan la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

Velázquez informó que argumentó la violación del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el 16 de la Constitución de México.

"Por la gravedad y urgencia, pedimos a la CIDH solicite al Estado Mexicano que adopte medidas cautelares para prevenir actos de espionaje a periodistas, activistas y políticos de Oposición", señaló.

"De igual forma, pedimos a la CIDH que realice una visita de alto nivel a México, con el fin de constatar los hechos denunciados y de ser procedente, se designe Relatoría Especial".

Indicó que también solicitó al órgano internacional un pronunciamiento en el que se exija al gobierno mexicano que se abstenga de utilizar el espionaje en contra de los ciudadanos.

Ayer, la diputada Velázquez presentó también una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el uso ilegal del malware "Pegasus", luego de que ha sido utilizado en al menos 76 ocasiones para espiar a periodistas, activistas y políticos.

"Exigimos que se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en estos ataques a la libertad de expresión y a la privacidad de los periodistas", citó el miércoles tras presentar la denuncia.

Señaló que para el PAN tales acciones de espionaje son una táctica añeja del priismo y son un retroceso a la democracia mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 22 de junio de 2017.


Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a Esmeralda Arosemena de Troitiño como relatora para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa.

La designación siguió a la renuncia de Enrique Gil Botero a la CIDH, el pasado 9 de marzo, tras ser nombrado ministro de Justicia en Colombia.

El reparto de las relatorías de Botero se realizaron hoy, en el primer día de la primera sesión ordinaria del año de la CIDH.

Mañana inician las audiencias públicas en la Comisión, las primeras de las cuales serán sobre México y una en particular sobre el mecanismo de seguimiento al caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de dos mil catorce.

La CIDH informó que la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas.

"Integró la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales 2011-2012 en Panamá y fue Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 2004 al 2009", destacó la Comisión.

"Actualmente integra los Equipos de Capacitadores en el Sistema Penal Acusatorio para el Ministerio Público y a nivel Interinstitucional".

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de marzo de 2017.


El movimiento #AhoraONunca deberá reunir 80 mil firmas para obtener registro

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, convocó a reunir 80 mil firmas de ciudadanos “sin partido” para encabezar una candidatura presidencial independiente en 2018, durante un mitin celebrado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

El también exombudsman capitalino afirmó durante el mitin con una asistencia menor a la esperada que saludaba los esfuerzos del Congreso Nacional Indígena (CNI) y espera unir esfuerzos con esta organización que también ha planteado una candidatura independiente indígena para el 2018.

En el inicio de su participación, Álvarez Icaza recordó que ya son 29 meses de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

“Queremos hacer a un lado el menosmalismo, la resignación, la desesperanza. Estamos aquí y ahora porque sabemos que queremos más. Estamos aquí contra la clase política que nos ha traicionado. No queremos más pacto de impunidad. Ya se les acabó la fiesta”, afirmó Álvarez Icaza.

En el acto también participó el investigador Sergio Aguayo, quien presidirá el Comité de Ética de este grupo de ciudadanos que se han agrupado bajo el hashtag #AhoraONunca. Aguayo recordó que las demandas del movimiento estudiantil del 68, como la democratización del país, están vigentes.

“Este encuentro es un ajuste de cuentas entre los tejedores de sociedades y los políticos profesionales”, sentenció Aguayo.

También participó el exconsejero electoral Alfredo Figueroa, quien afirmó que en ocho meses se volverán a reunir para desarrollar un programa de gobierno. “Si el proyecto es visible y tenemos 80 mil avales, Emilio Álvarez Icaza encabezaría la candidatura presidencial”, afirmó Figueroa.

El poeta y periodista Javier Sicilia criticó también el “pacto de impunidad” que existe entre todos los integrantes de la clase política. “Los partidos ganan las elecciones no para gobernar, sino para robarnos”, quien destacó que estos ciudadanos constituyen “la reserva moral del país”.

En una explanada con poco más de 200 personas, también participaron en el evento jóvenes integrantes del movimiento #YoSoy132 como Carlos Brito, Juan Pablo Espinosa de los Monteros, Lucía Riojas, Valeria Hamel, entre otros.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Domingo 26 de febrero de 2017.

 
Alerta sobre la existencia de ''inconveniente comunicación con personas del exterior''


Un informe del organismo revela escasas actividades para alcanzar la reinserción social en algunos lugares

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe sobre las condiciones en las que operan los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en el que detalla que existen situaciones de riesgo como las relativas al derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurídica; a la protección de la salud y a la integridad personal.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió el informe 9/2016 tras realizar visitas a ocho Ceferesos varoniles; el Complejo Penitenciario “Islas Marías” y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) durante septiembre y octubre de 2016.

En estos centros de reclusión el MNPT detectó que existen escasas actividades para alcanzar la reinserción social, además de que las personas se encuentran recluidas en lugares con deficientes condiciones de las instalaciones y de alimentación.

El informe alerta sobre la existencia de "inconveniente comunicación con personas del exterior" y destaca que en los Ceferesos existe una incorrecta imposición de sanciones disciplinarias a los internos, inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad.

El MNPT observó falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento, en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En los centros visitados se corroboró que hay escasez de personal médico, equipo y abasto de medicamentos y los detenidos son sometidos a práctica de exámenes médicos sin condiciones de privacidad.

Las instalaciones de los centros visitados no tienen accesos para personas con discapacidad física.
La CNDH asegura que los Ceferesos no cuentan con suficiente personal de seguridad y custodia y falta implementar programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención y contra las adicciones.

El MNPT realizó entrevistas con los servidores públicos que se encontraban a cargo al momento de las visitas y con personal médico, jurídico y de seguridad.

También se aplicaron cuestionarios y entrevistas anónimas a las personas privadas de su libertad.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 26 de diciembre de 2016.


Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, denunció que fue presionada por el gobierno de Rafael Moreno Valle para que aceptara un cheque de indemnización por la muerte de su hijo, ocurrida hace dos años y medio durante un operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

“Fue así como que me pusieron entre la espada y la pared”, aclaró Elia en rueda de prensa, “si no firmaba, Javier (Montes Bautista, exedil auxiliar de Chalchihuapan) se iba a quedar en la cárcel y, si yo no recibía eso, el MP iba a apelar, iban a iniciar una nueva averiguación contra él”.

Al ser cuestionada si las presiones en su contra provinieron de Diódoro Carrasco, secretario general de Gobierno, la mujer de origen indígena asintió y puntualizó que lo hizo a través de los abogados.

En la víspera, Carrasco aseguró que la recomendación 2VG/2014 que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan quedaba cumplida totalmente con la entrega que se hizo de un pago de un millón 700 mil pesos a Tamayo.

Sin embargo, la mujer dijo que hasta ahora no ha hecho uso del dinero, que fue obligada a aceptar por medio de presiones, pues considera que el gobierno de Puebla aún no hace justicia por la muerte de su hijo.

“Como siempre les he dicho, el dinero no repara el daño”, declaró, “yo siempre les dije, primero es la justicia, pero ellos no, no hay justicia porque no han encarcelado al que fue mero responsable”, acusó.

En la misma rueda de prensa el Centro de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo advirtió que si la CNDH da por cumplida la recomendación que emitió contra el gobierno de Moreno Valle, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso.

“Si este organismo público autónomo (la CNDH) se presta a esta pantomima, quedará vista como institución cómplice, sumisa y doblegada al gobierno estatal, y no como un organismo honorable que defiende y salvaguarda los derechos humanos”, asentó la organización.

El vocero de la agrupación, Hilario Gallegos, dijo que la recomendación no puede darse por cumplida porque sólo se sancionó a servidores públicos de menor nivel y no a los autores intelectuales de la represión del 9 de julio de 2014.

“Falta fincar responsabilidad a Facundo Rosas (entonces secretario de Seguridad Pública), quien ejecutó la orden del operativo en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo y quedaron lesionados varios habitantes de San Bernardino Chalchihuapan”, indicó.

Respecto del cobro de la indemnización, reiteró que ésta se aceptó “bajo presiones y chantajes” de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Diódoro Carrasco Altamirano.

“El titular de la Secretaría General de Gobierno no puede decir que el gobierno se apega a la ley cuando un funcionario de primer nivel como Facundo Rosas no se encuentra aún sujeto a proceso, y que el cobro de la indemnización fue a cambio de la libertad de Jairo Javier Montes Bautista”, agregó.

Además, mencionó que la entrega del cheque a Tamayo no justifica el cumplimiento de la recomendación, luego de que la reparación del daño no fue integral ni para ella ni para las demás víctimas.

“El cumplimiento de la recomendación emitida por la CNDH es con total dolo, con el afán de dar apariencia de que ésta fue acatada en buenos términos”, recalcó Gallegos.

Por último, expuso que si el ombudsman nacional da por cumplida la recomendación, el organismo pedirá la intervención de la CIDH a fin de que este máximo organismo regional analice con imparcialidad todos y cada uno de los puntos, y determine si hubo cumplimiento por parte del gobierno de Puebla.

En su intervención Aracely Bautista, madre del exedil, denunció que para mantener la presión sobre el pueblo de Chalchihuapan el gobierno les ha advertido que siguen vigentes tres órdenes de aprehensión, así como que continúa abierta la averiguación contra Javier Montes Bautista.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 30 de noviembre de 2016.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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