El atentado se produjo en Santander de Quilichao, en el Cauca.

La noche de este 22 de noviembre, se ha registrado la explosión de un coche bomba en Santander de Quilichao, en el norte del Departamento del Cauca. El hecho ha ocurrido cerca de una estación de la Policía.

En videos difundidos en las redes sociales se ve a varios agentes afectados. La cifra preliminar es tres muertos y 10 heridos.

El suceso ocurre en el segundo día de protestas a nivel nacional, que han estado marcadas por choques entre manifestantes y policías, así como por numerosos actos vandálicos.

Por otra parte, rige el toque de queda en parte de Bogotá a causa de los disturbios.

RT
Bogotá, Colombia
Viernes 22 noviembre 2019.


Las organizaciones como Los Zetas, el Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, continúan manteniendo un fuerte y letal control sobre el país norteamericano.

El reciente arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, causó controversia y generó una gran polémica en todo México.

Las conversaciones ahora se centran en el fuerte y letal control sobre el país que los grupos de carteles del narcotráfico continúan manteniendo.

Bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón en el 2006 el país comenzó una agresiva lucha contra las organizaciones criminales con el objetivo de sofocar su influencia comenzando desde arriba, atacando a los líderes.

En 2009 se estimó que 45 mil soldados militares, policías federales y estatales se encontraban inmersos en la “Guerra del Narco”.

Derribar a los cabecillas provocó la caída de algunos carteles, divisiones en otros e incluso nuevos grupos. Aunque las iniciativas resultaron en la eliminación de varios líderes de carteles de drogas de alto perfil, surgió un problema nuevo y más grande.

“Tan pronto como comenzó la guerra del narco, la tasa de asesinatos aumentó exponencialmente”, explicó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora y experta en crimen organizado de la Universidad George Mason. “Fue todo un desastre… no vimos ninguna mejora”.

“Desde que inició la “guerra del narco”, se estima que han muerto o desaparecido unas 200 mil personas debido a la violencia de los carteles".
 
Cartel de Sinaloa

Este cartel es conocido como el más poderoso y peligroso del país.

Se estima que opera en al menos 17 de los 31 estados de México. Nació entre los 60 y los 70 con contrabando comercial pero luego empezó a traficar drogas.

Su líder más famoso, “El Chapo” Guzmán, asumió el control del cartel en 2008, y bajo su liderazgo se vieron algunos de los actos más violentos que han sido perpetrados por la organización.

“El Chapo” ahora está en una cárcel de Estados Unidos cumpliendo una cadena perpetua, pero sus hijos siguen dirigiéndolo. La semana pasada, el grupo generó caos en Culiacán, ciudad capital del estado de Sinaloa y uno de sus fortines militares, después de que el Ejército intentó capturar a Ovidio, uno de los hijos de El Chapo, miembros del cartel, fuertemente armados, empezaron a disparar, matar, secuestrar soldados, amenazar a sus familiares y dejar una estela de vehículos quemados en las principales vías de la ciudad.

El gobierno decidió regresar a Guzmán hijo al grupo criminal a cambio de la paz en la ciudad, lo que fue aplaudido por algunos funcionarios mexicanos, incluida la secretaria de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Uno de los objetivos principales de esta administración es pacificar al país, pero no debe de ser arriesgando a padres, madres e hijos. Lo más importante es la vida de las personas”, escribió la secretaria en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, a expertos de seguridad como Correa-Cabrera les preocupa que esta decisión pueda desatar una tragedia humana en el futuro, pues sostiene que este incidente evidencia lo débil que es el Gobierno mexicano con respecto a áreas dominadas principalmente por el crimen organizado.

“Culiacán es básicamente el reflejo de todas las limitaciones y problemas a las que se enfrenta [el presidente] Andrés Manuel López Obrador, una falta de comunicación y de coordinación entre agencias”, indicó la profesora. “Esto le envía un horrible mensaje a otros grupos criminales”.

Cartel Jalisco Nueva Generación

Esta agrupación es relativamente nueva y nació de un cartel más antiguo.

Está establecida en Jalisco y se estima que opera en 22 estados. El grupo es conocido por sus enfrentamientos con el cartel de Los Zetas y sus actos públicos y extremadamente violentos.

En 2011, el cartel se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos de 35 personas en Veracruz. En 2018, confundió a tres estudiantes con miembros de una banda rival, los mató y disolvió sus cuerpos en ácido.

Después de esto, fue considerado como el segundo cartel más peligroso en México. El grupo ha hecho uso de propaganda en redes sociales para atraer a los civiles y al mismo Gobierno, al asegurar que librará a los estados de otros carteles como el de Los Zetas.

Los grupos que están perdiendo poder

Los esfuerzos del gobierno de capturar líderes de los carteles han llevado por lo general a divisiones y luchas internas entre organizaciones que alguna vez fueron fuertes. A pesar de estar en declive, estos grupos continúan operando en regiones del norte como Tamaulipas.

Para sobrevivir, están acudiendo a otras actividades, desde robar petróleo a secuestros o administrar escondites en la frontera entre Estados Unidos y México.

“Están diversificando sus actividades. Ya no estamos hablando solo de drogas”, explica Correa-Cabrera.

Cartel del Golfo

Es uno de los carteles más antiguos de México, empezó a operar en los 80 bajo el liderazgo de Juan García Ábrego, quien hizo crecer a la agrupación hasta convertirse en una organización de miles de millones de dólares.

El cartel es conocido por su habilidad de hacer que el Gobierno mexicano se haga la vista gorda frente a sus operaciones.

En un momento, la organización incluso pagó la oficina del Fiscal General. Pero comenzó a declinar después del arresto de varios de sus principales líderes. Además, se dice que Los Zetas, un cartel más nuevo, sería su sucesor.

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Los Zetas

El Cartel del Golfo le pagó a un grupo de soldados para que le dieran la espalda al gobierno y empezaran a trabajar en su protección.

Lo que alguna vez fue un grupo de 31 soldados, pasó a convertirse en uno de los carteles más poderosos del país. Los Zetas se separaron oficialmente del Cartel del Golfo en la primera década del siglo XXI para pasar a conformar su propia organización.

Se basó en su experiencia militar para intimidar y atacar violentamente a sus enemigos en vez de caer de nuevo en la extorsión y los sobornos. Eventualmente se debilitó por los conflictos con el Cartel de Sinaloa, pero sigue operando en Tamaulipas.

¿Qué está haciendo el Gobierno mexicano?

Después de muchos años de violencia por la “guerra del narco” el presidente López Obrador se comprometió a cambiar la narrativa. Durante su campaña electoral dijo que el gobierno no debería combatir “violencia con violencia”, en vez de esto, buscó adoptar un enfoque más pacífico.

“No se puede combatir el fuego con fuego... No queremos muertes. No queremos guerra”, declaró el presidente.

En la práctica, expertos como Jorge Chabat, quien es investigador de tráfico de drogas y profesor de la Universidad de Guadalajara, dice que las actuales políticas del presidente no parecen ser diferentes de aquellas políticas de seguridad manejadas por muchos otros presidentes antes que él.

Aunque habla de paz, asegura Chabat, sigue operando como los presidentes anteriores.

Pero los expertos señalan el hecho de que envió al Ejército a capturar a un líder de un cartel y que creó una Guardia Nacional, un grupo policial de élite, como evidencia de que está combatiendo agresivamente a los carteles.

“Pienso que no mucho ha cambiado… en realidad, la operación con el hijo de 'El Chapo' Guzmán fue como operaciones previas [ordenadas por otros presidentes]”, sostuvo el profesor. “La diferencia es que esta vez se ejecutó de una manera muy pobre”.

El Mundo
Agencia Anadolu
Sierra Suárez
Viernes 25 octubre 2019.



La Corte Suprema de Colombia deberá decidir la situación jurídica del expresidente en los próximos días


Bogotá ha vivido este martes un momento inédito: la declaración del primer expresidente colombiano llamado a comparecer ante la justicia, en un proceso penal por manipulación de testigos. Álvaro Uribe, que presidió el país entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan alabada como rechazada, compareció a primera hora de la mañana ante la Corte Suprema de Justicia. El peso político y la popularidad de Uribe, senador, jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario, Iván Duque, hace que el caso trascienda el ámbito judicial.  Tras siete horas de audiencia, la Corte Suprema informó que Uribe quedó formalmente vinculado al proceso por los "delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo".  

Uribe llegó al tribunal en una camioneta poco antes de las ocho de la mañana, fuertemente escoltado y en medio de gritos de apoyo y de rechazo de un centenar de partidarios y detractores. Poco antes, sus seguidores se reunían en una misa por el exmandatario en la catedral de Bogotá, cercana al palacio, a la que asistieron políticos, senadores y empresarios afines al uribismo.

Tras salir del vehículo, Uribe, de 67 años, saludó a algunos correligionarios y entró sin hacer declaraciones hasta la sala de audiencias, en la que debía responder por presunto fraude procesal y soborno, delitos castigados con ocho años de cárcel. El caso tiene que ver con la supuesta manipulación de testigos, ya como senador, para que declararan a su favor en una investigación que lo vincula a grupos paramilitares.

En la calle, fuera del Palacio, se vivía una metáfora de lo que es Colombia y su polarización. De un lado, una pancarta blanca decía: “Necesitamos justicia. Uribe debe ir a la cárcel”, bien visible entre manifestantes con carteles que catalogaban al político de genocida. Del otro, seguidores de uno de los personajes más populares en la historia de la política colombiana coreaban su nombre y sostenían que la indagatoria era obra del chavismo, mientras relacionaban la interpelación judicial a Uribe con la situación actual en Perú y Ecuador. El proceso, que lleva más de un año en curso, ha exacerbado la división: los detractores, con tambores y canciones; los uribistas, con vuvuzelas que intentaban acallar los gritos de los antiuribistas. En el medio de la calle, la Policía se interponía para evitar altercados.

La causa promete ser larga, ya que la comparecencia de este martes es solo el comienzo de un largo proceso. Aunque la audiencia no era pública, se sabe que el expresidente tendría que responder al menos a cien preguntas. El tribunal deberá cotejar su declaración con la de otros 20 testigos que declararon anteriormente. A partir de ese momento, y en un plazo de 10 días, los jueces deberán decidir si lo mantienen dentro del proceso penal o lo absuelven. Si deciden seguir adelante y llevarlo a juicio, también tendrán que decidir si dictan medidas cautelares para evitar su huida o cualquier interferencia en el proceso. Todo ello, cuando restan escasas fechas para las elecciones locales del día 27.

Los ánimos se fueron agitando en el transcurso de la mañana. Adriana Torres, una monja carmelita, contaba entre lágrimas de emoción que vino a apoyar a Uribe. “Del Centro Democrático [el partido de Uribe e Iván Duque] me pagaron el pasaje en avión desde Medellín y vine porque lo quiero mucho”, contaba. Del otro lado se escuchaban denuncias de crímenes. Raúl Carvajal gritaba consignas en contra del expresidente y del también exmandatario Juan Manuel Santos: “Hoy, hace exactamente 13 años me mataron a mi hijo que era un suboficial de Ejército por negarse a cometer un falso positivo [asesinato extrajudicial]”.

Durante su mandato, cerca de 4.000 jóvenes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en medio del conflicto que durante seis décadas ha desangrado Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación. Opositor al proceso de paz con las FARC, Uribe no es solo el líder del Centro Democrático —en el poder desde agosto de 2018—, sino también el senador más votado y, ahora, el protagonista de la campaña para los comicios locales.

El presidente de la Corte, Álvaro Fernando García, salió al paso de las voces que “atacan legitimidad institucional por la investigación” y pidió confiar en la justicia”. “Ninguna presión influirá en las decisiones que están obligados a tomar en Derecho los magistrados”, aseguró el presidente del Alto Tribunal. Por la noche, el expresidente Uribe se dirigió a sus seguidores desde la sede de su partido y agradeció al presidente Iván Duque que en la mañana de este martes le expresó solidaridad e hizo un recuento detallado de cómo comenzó este caso que lo tiene contra las cuerdas.

“Cuánto me duele que llamen a una indagatoria acusándome de fraude procesal. Por favor, yo lo que hice fue constatar la información que me llegaba”, dijo Uribe con su tradicional estilo de discurso de letanía religiosa. Sobre la acusación de soborno reconoció que su abogado Diego Cadena le entregó dos millones de pesos (cerca de 700 dólares) a un testigo, pero se desmarcó de esa decisión. “Si me hubiera consultado le habría dicho terminantemente que no”, aseguró. Un detalle importante porque la Corte basa su acusación en que Uribe dio consentimiento para esos pagos y ofrecimientos de beneficios judiciales.

El expresidente ha tenido discrepancias con varios de los magistrados por el capítulo de espionaje ilegal a la Corte durante su Gobierno. Y aunque al inicio de su discurso dijo que a pesar de esas diferencias “nunca desafiaría las decisiones”, más adelante sugirió que esa mala relación influyó en su caso. “Me preocupa que esta desavenencia que tuve con la Corte haya llegado a donde llegó”, dijo. En los próximos días, el Alto Tribunal deberá decidir cuál es la medida judicial contra el expresidente. Una decisión que, sin duda, sacudirá la política en Colombia.

UNA DENUNCIA DEL EXPRESIDENTE QUE SE VOLVIÓ EN SU CONTRA

C. O.

Cientos de horas de grabaciones y 40 testigos dan forma al proceso contra Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada por supuesta manipulación de testigos. El caso comenzó cuando Uribe denunció al senador de izquierdas Iván Cepeda por recabar declaraciones de antiguos paramilitares en su contra. El tribunal cerró el caso contra Cepeda, pero abrió otro contra Uribe. Ahora investiga si allegados a él, y con su consentimiento, pagaron dinero y ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares para que se retractaran. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas.

El País
Catalina Oquendo
Bogotá, Colombia
Martes 8 de octubre 2019.


El disidente de las FARC Iván Márquez anuncia que retoma las armas en Colombia

El exjefe negociador de la extinta guerrilla, en paradero desconocido desde hace un año, reaparece en un vídeo en el que junto con otros exlíderes anuncia "una nueva etapa de lucha"

Colombia amaneció este jueves con la confirmación de uno de sus peores temores. Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno y se encuentra en paradero desconocido desde hace un año, reapareció de madrugada en un video junto con otros excomandantes de la extinta guerrilla para anunciar “una nueva etapa en la lucha armada”. El mensaje acrecienta las preocupaciones en torno al crecimiento de las disidencias y la frágil implementación de los acuerdos de paz, alcanzados hace tres años.

“Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas”, afirma Luciano Marín –el verdadero nombre de Iván Márquez– en el vídeo en el que aparece al lado de una veintena de hombres armados con fusiles. Lo acompañan otros dos importantes líderes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se habían apartado de sus compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, requerido por la justicia señalado por narcotráfico, y Hernán Darío Velázquez, El Paisa, quien lideró la Columna Móvil Teófilo Forero, una de las estructuras más cruentas de la insurgencia.

“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia [el emblemático lugar donde nacieron las FARC hace más de medio siglo] bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, proclama Márquez en la grabación de 32 minutos, con fecha 29 de agosto de 2019. Asegura que hablan desde algún punto del río Inírida, en la región amazónica del sureste del país, cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil. Sin embargo, diversos observadores e información de inteligencia apuntan a que el grupo de excomandantes disidentes se encuentran en territorio venezolano.

Vestido de verde militar y con una pistola en la cintura, Márquez dice que la decisión de volver a las armas “es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”, y que buscarán alianzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia con fuerte presencia en la frontera con Venezuela. Aunque el presidente Iván Duque, con poco más de un año en el poder, ha reiterado le necesidad de hacer correcciones a lo pactado –una promesa de campaña–, también ha reiterado el compromiso del Gobierno para acompañar a los más de 10.000 excombatientes en proceso de reincorporación que hacen su tránsito a la vida civil.

“La paz es un logro histórico que no tiene marcha atrás. No es esta la primera ni será la última crisis”, aseguró Humberto de La Calle, el jefe negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) durante los diálogos, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a redoblar su apoyo y vigilancia del proceso. El Gobierno de Duque, heredero político del expresidente Álvaro Uribe, el más férreo crítico de la negociación, “debe asumir con decisión y con criterio de Estado el liderazgo del proceso de paz, y dejar de actuar con criterio de partido como lo ha hecho hasta la fecha”, reclamó De La Calle al leer un comunicado conjunto con el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. La Misión de Verificación de la ONU destacó el firme compromiso de la mayoría de hombres y mujeres en proceso de reincorporación, e instó a redoblar los esfuerzos para la implementación integral de lo pactado.

La que fuera la mayor guerrilla del continente, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia, con diez escaños garantizados como parte del acuerdo de paz. Pero el paradero desconocido de Márquez, Santrich y El Paisa, líderes que abandonaron los espacios de reincorporación alegando inseguridad física y jurídica, ya había encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes. Los mayores temores apuntan a que esos líderes alimenten el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, como parece confirmar el video. Sin embargo, no está claro que el grupo de excomandantes esté articulado con otras disidencias como la que encabeza Gentil Duarte, o que estos grupos tengan alguna cadena de mando.

Esos temores ya se habían visto avivados por los pronunciamientos desde la clandestinidad de Márquez, quien había calificado en un par de ocasiones el desarme como un “grave error”, pues alegaba que los fusiles eran la única forma que tenían de garantizar que el Estado cumpla lo pactado. También por el rocambolesco caso de Jesús Santrich, quien estuvo un año en la cárcel, pedido en extradición por Estados Unidos, y salió libre por orden de la justicia transicional antes de convertirse formalmente en un prófugo de la justicia.

Márquez, quien llegó a ser el 'número dos' de la guerrilla, sostenía de tiempo atrás un pulso con el jefe máximo de los rebeldes durante los diálogos, Rodrigo Londoño, Timochenko, ahora presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los acuerdos que heredó las siglas de la guerrilla. “Los firmantes de la alocución rompieron públicamente con el partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos", aseguró Londoño como portavoz de la FARC. "No compartimos ninguno de los términos de la alocución. Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante", aseguró después de haber reiterado su compromiso con los acuerdos por encima de las dificultades.

Márquez asegura en el video que la nueva insurgencia, que toma el nombre y símbolos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no tiene como objetivo soldados ni policías "respetuosos de los intereses populares", sino que será "esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país". Afirma que el Estado conocerá "una nueva modalidad operativa (...) Solo responderemos a la ofensiva".

También promete un "desmarque total de las retenciones con fines económicos", en una aparente referencia a los secuestros, aunque buscarán "el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas". Márquez reclama que desde la firma del acuerdo a finales de 2016 no se han detenido los asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros.

La víspera, la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, había advertido que las disidencias operan en 85 municipios, están agrupados en 23 estructuras y cuentan con 1.800 guerrilleros además de 300 nuevos reclutas. Según los investigadores, la creación de una nueva guerrilla es uno de los escenarios más delicados de cara al futuro. "Lo más probable es que Iván Márquez, Jesús Santrich y los 11 comandantes que se han retirado del acuerdo de paz en el último año hayan entrado en contacto con algunos grupos disidentes, lo cual reforzaría la posibilidad de crear una nueva estructura con ambiciones políticas”, señala el informe.

El País
Santiago Torrado
Madrid/Bogotá/México
Jueves 29 de agosto de 2019.


Esto señala una de las autoridades globales de salud en un reciente comunicado. Según el último metaanálisis realizado por la misma Federación en 2019, existe un vínculo convincente entre el linfoma no Hodgkin y el glifosato.

Archivo El Espectador La FIGO es una de las varias autoridades en salud que han invocado el principio de precaución.

Justo cuando el debate sobre el retorno de la aspersión aérea con glifosato vuelve a Colombia, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO, por sus siglas en inglés) el mayor órgano a nivel mundial sobre el tema, publicó un comunicado en el que solicitan que la “exposición de las poblaciones al glifosato sea eliminado completamente a nivel global”. (Vea: Glifosato: el primer caso por muerte que admite la CIDH)

El comunicado, con fecha del 31 de julio de 2019, comienza explicando que, durante los últimos 15 años, un gran cuerpo de evidencia ha venido demostrando el rol que la exposición a químicos en el ambiente tiene sobre la salud humana.  

“Ya sea que los científicos estén revisando el aumento de las tasas de cáncer, los trastornos del desarrollo neurológico, los resultados del embarazo o los defectos congénitos, existe evidencia que respalda el efecto que las exposiciones químicas tienen sobre la salud. Los productos químicos en mujeres embarazadas pueden atravesar la placenta y, al igual que el metilmercurio, pueden acumularse en el feto y tener secuelas duraderas”, explican.

Ante esto, señalan, como FIGO, decidieron publicar un comunicado capaz de reflejar lo que ha ido encontrando el análisis de la literatura científica al respecto y el “principio de precaución”.

“Este principio implica que existe una responsabilidad social para proteger al público de la exposición al daño, cuando la investigación científica ha encontrado un riesgo plausible. Estas protecciones se pueden levantar solo si surgen más descubrimientos científicos que brinden evidencia sólida de que no se producirá ningún daño. En algunos sistemas legales, como la Ley en la Unión Europea, la aplicación del principio de precaución se ha convertido en un requisito legal en algunas áreas de la ley”, señala la Asociación.

¿Entonces, qué ha dicho la ciencia? El comunicado de la Asociación señala varios y conocidos pronunciamientos de autoridades científicas que han vinculado el glifosato con efectos negativos sobre la salud humana. El de Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que en el 2015 clasificó al glifosato en el grupo 2A, como probablemente cancerígeno, y el de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria del mismo año, que señaló que “era poco probable que el glifosato representara un riesgo cancerígeno para los humanos y propusieron una nueva medida de seguridad que reforzará el control de los residuos de glifosato en los alimentos”. (Lea:Glifosato, el pesticida que enfrenta a los científicos)

Pero también mencionan que, ese mismo 2015, ante las dudas e incertidumbres que estaban presentando, la propia FIGO lanzó un grupo de trabajo dedicado, únicamente, a estudiar los impactos que podrían tener productos potencialmente tóxicos sobre las mujeres embarazadas. “El metaanálisis más reciente publicado en 2019 afirma que existe un vínculo convincente entre el linfoma no Hodgkin y el glifosato”, señalan. Razón por la que la  FIGO “invoca un principio de precaución”.

 "Cuando una actividad plantea amenazas de daño a la salud humana o al medio ambiente, se deben tomar medidas de precaución, incluso si algunas relaciones de causa y efecto no están completamente establecidas científicamente", aclaran. Y además, llegan a la conclusión que “ la salud global debería ser nuestra luz de guía. Recomendamos que la exposición al glifosato en las poblaciones termine con una eliminación global completa”.

El Espectador
Bogotá, Colombia
Miércoles 7 de agosto de 2019.


El partido nacido de la extinta guerrilla pide al excombatiente demostrar su compromiso con los acuerdos


Los periplos del excomandante de las FARC Jesús Santrich llevan más de un año repercutiendo en el desarrollo del proceso de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla. En menos de dos meses, el excombatiente de salió de prisión, donde permanecía desde abril de 2018 por un presunto de delito de narcotráfico. Tomó posesión de su escaño en la Cámara de Representantes, lo que multiplicó la tensión en el Congreso, y el fin de semana abandonó su programa de seguridad y desapareció. Seuxis Paucias Hernández Solarte, su verdadero nombre, es reclamado por la justicia de Estados Unidos con la acusación de conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país. Se encuentra a la espera de que la Corte Suprema dilucide su situación judicial. Su posible fuga hace ahora saltar todas las alarmas y, una vez más, golpea la aplicación de los acuerdos alcanzados en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos.

Santrich se suma así, a no ser que finalmente opte por rectificar, a los miembros de la antigua dirección del grupo insurgente que se apartaron del camino de reincorporación del grupo insurgente, encabezados por el negociador jefe de las FARC, Iván Márquez, en paradero desconocido desde el pasado mes de agosto. El partido nacido de la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y su máximo dirigente, Rodrigo Londoño, Timochenko, ya tomaron distancias de este último y lo apartaron de facto de la organización.

La formación se apresuró a pronunciarse también sobre Santrich, que desapareció cuando se encontraba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de excombatientes de Tierra Grata, en el departamento del Cesar (Caribe). A través de un comunicado, le pidieron "reafirmar con su presencia, en los escenarios que le fueron asignados por la dirección del partido, los compromisos adquiridos en sus años de militancia revolucionaria y en virtud del acuerdo de paz". La FARC recuerda que siempre le ha respaldado y ha defendido su presunción de inocencia ante la acusación de narcotráfico. No obstante, advierte de que "si algún militante decide ponerse al margen del proceso o, luego de la entrada en vigencia del acuerdo, asume conductas que lo pongan fuera de la ley, debe asumir sus consecuencias tal y como está redactado en el texto que firmamos con el Estado".

La inquietud política que en las últimas semanas ha generado la figura de Santrich quedó reflejada en la imagen de su estreno hace semanas en el Congreso, donde la organización, según lo pactado en La Habana, cuenta con diez escaños garantizados repartidos entre Cámara y Senado durante dos legislaturas. Decenas de representantes, del Gobierno y también de la oposición, le recibieron con carteles que le señalaban como elemento perturbador de los acuerdos de paz. Con estas premisas, el propio presidente colombiano, Iván Duque, quien le ha calificado en repetidas ocasiones de "mafioso", aseguró que las autoridades harán respetar el Estado de derecho.

"Ver a una persona con semejantes características, abandonar su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP [Unidad Nacional de Protección], violando los protocolos de seguridad, solo muestra que su deseo es eludir la justicia”, manifestó el mandatario. Recordó que “tiene un llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia a indagatoria, ahora, en los primeros días de julio". La misión de verificación de Naciones Unidas se unió a las voces que lamentan la desaparición de Santrich, expresó su "preocupación" por su decisión y le exhortó que cumpla con sus obligaciones.

Además del caso específico por el que un juzgado de Nueva York solicitó su extradición, todos en Colombia conocen a Santrich por unas palabras pronunciadas en 2012 en el marco de una de las primeras reuniones de la mesa de negociación instalada en Cuba. "Quizás, quizás, quizás", dijo entonces al ser preguntado si las FARC estaban dispuestas a pedir perdón a las víctimas. Hace diez días se arrepintió públicamente de aquel exabrupto. "Quiero pedir más que unas excusas, deseo pedir una vez más y de manera inequívoca perdón, perdón por el daño que hubiese causado por aquel comentario que hice", afirmó en el Congreso ante un grupo de víctimas.

Santrich llevaba más de un año en la cárcel de máxima seguridad de La Picota en Bogotá a la espera de una decisión de la justicia. A mediados de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado, dispuso su liberación y aplicó una garantía de no extradición, como contemplan los acuerdos de paz. Esa decisión aceleró la dimisión del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien se negó a aceptarla. Horas después, renunció también la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, alegando motivos personales. A esa tormenta institucional se añadió su rocambolesca salida de prisión. Cuando se disponía a pisar la calle, fue detenido de nuevo bajo cargos presentados por la justicia ordinaria. Finalmente, fue la Corte Suprema la instancia que permitió a Santrich afrontar esos cargos como congresista. En una entrevista concedida al programa Semana en Vivo hace tres semanas, el exguerrillero sugirió que estaría dispuesto a suicidarse si su caso judicial se tuerce.

El País
Francesco Manetto
Bogotá, Colombia
Lunes 1 de julio de 2019.


Impulsada por una fuerte alza en Colombia, la producción mundial de cocaína marcó un nuevo récord en 2017, superando por un 25% el anterior de 2016, indicó este miércoles en su informe anual la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Plantaciones en lugares remotos y nuevas bandas criminales empujaron a Colombia a ser el principal productor mundial, a pesar de los esfuerzos por alejar a las comunidades rurales del cultivo de coca luego del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

"Por supuesto se trata de una mala noticia. Es una mala noticia para los países productores. Lo que está pasando en Colombia es preocupante", dijo Angela Me, jefa de investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con sede en Viena.

El informe afirma que el salto en la producción "estuvo mayormente liderado por el incremento de la elaboración de cocaína en Colombia, que produce cerca del 70% de la cocaína mundial".

En la década de 2008 hasta 2017, se registró un aumento del 50% en la producción, alcanzando un récord de 1.976 toneladas dos años atrás, según el informe, que se basa en las cifras de los sistemas nacionales de monitoreo. En el mismo periodo de 10 años, la cantidad de cocaína incautada a nivel mundial subió un 74 por ciento.

En 2017, las autoridades interceptaron una cantidad récord de la droga: en total se incautaron 1.275 toneladas, un 13% más respecto del año pasado.

"Esto sugiere que las fuerzas de seguridad se han vuelto más eficaces y que el reforzamiento de la cooperación internacional podría haber ayudado al aumento de las incautaciones", explica el estudio.

Cerca del 90% de las incautaciones tuvieron lugar en el continente americano. Colombia sola secuestró el 38% del total a nivel mundial en 2017.

La producción de cocaína en algunas áreas del centro de Colombia cayó tras el acuerdo de paz de 2016 con las Farc, ya que las autoridades ofrecieron a los campesinos alternativas al cultivo del arbusto de coca.

Pero el informe señala que desde entonces Colombia ha visto más cultivo de coca, con nuevas tierras, a menudo muy lejos de las grandes ciudades, y grupos criminales que se han movido a zonas que antes controlaba la guerrilla.

El estudio presenta cifras de 2018 para la producción global de opio, que había marcado un récord en 2017.

La sequía en Afganistán ha ayudado a una caída del 25% de la producción, que fue de unas 7.790 toneladas en 2018. El exceso de producción en los años anteriores también habría provocado una baja de los precios.

UNODC también subió drásticamente su estimación del número de personas que tiene problemas por el uso de drogas y necesita tratamiento, luego de llevar a cabo encuestas en India y Nigeria, dos de los países más poblados del mundo.

A nivel mundial, unos 35 millones de personas tenían problemas de drogas en 2017, cerca de 4,5 millones más que la estimación anterior.

"Mucha más gente necesita tratamiento de lo que pensábamos anteriormente. Seis de cada siete no reciben el tratamiento que necesitan", señaló Me, agregando que UNODC podría revisar sus cifras nuevamente si tuviera acceso a los datos de China.

La crisis de los opioides de América del Norte también alcanzó un nuevo récord en 2017, con más de 47.000 muertes por sobredosis con esa sustancia en Estados Unidos, según el informe.

UNODC estima que había 53,4 millones de consumidores de opioides en 2017, un 56% más que en 2016, una cifra también apoyada por las encuestas en India y Nigeria.

El fentanilo y los analgésicos similares siguen siendo un gran problema en América del Norte. Mientras tanto, en África del Norte, Central y Occidental la plaga es el  tramadol.

Las incautaciones mundiales de opioides sintéticos pasaron de menos de 10 kilogramos en 2010 a casi nueve toneladas en 2013 y un récord de 125 toneladas en 2017.

El Espectador
Información de Agencias
Bogotá, Colombia
Martes 25 de junio de 2019.


Según anunció la revista, "los accionistas reiteraron su respeto por la autonomía editorial del director", Alejandro Santos.


A Daniel Coronell le fue cancelada su columna luego de que cuestionara a Semana por no publicar la investigación sobre el posible regreso de las ejecuciones extrajudiciales. Dicho trabajo periodístico, fue publicado primero en The New York Times, pese a que la información llegó a Semana en el mes de febrero.

Una reunión que se llevó a cabo en Miami terminó con el corto divorcio entre el periodista Daniel Coronell y la revista Semana. En el encuentro en el que participaron el director de la publicación, Alejandro Santos, la presidenta del Grupo SEMANA, María López y el comunicador, se acordó "el regreso de la columna que continuará con total independencia, en las páginas de la revista", dice el comunicado publicado en la página web del medio de comunicación.


Alejandro Santos Rubino
@asantosrubino
 El regreso de @DCoronell es una gran noticia para @RevistaSemana, sus lectores y el periodismo independiente. ¡Bienvenido Daniel!

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14:11 - 11 jun. 2019
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Dos ediciones estuvo Semana sin las columnas de Daniel Coronell. El pasado jueves 28 de mayo, el periodista contó en su cuenta de Twitter que Felipe López, fundador de la revista, había decidido cancelar el espacio de opinión que venía alimentando durante los últimos 14 años. En esa misma columna, el pasado domingo 26 de mayo, Coronell cuestionó a la revista por no publicar la investigación sobre el posible regreso de las ejecuciones extrajudiciales pese a que dicha información habría llegado meses antes a la redacción. Lea tambien: Así se conococió que a Daniel Coronell se le canceló el espacio en Semana

Daniel Samper, María Jimena Duzán y Vicky Dávila, columnistas de la revista, celeberaron el regreso del periodista al espacio editorial.

"Bienvenido Daniel! Que buena noticia!", trinó Duzán. "La mejor noticia para el periodismo colombiano", escribió en Twitter Daniel Samper. "Muy especial recibir esta noticia hoy... lo mejor para los lectores, la revista y la independencia periodística", indicó Dávila.

En su cuenta de Twitter, Daniel Coronell hizo referencia a su nueva etapa en Semana.


Daniel Coronell

@DCoronell
 #CoronellVuelveASemana Muchas gracias por sus mensajes. Me esforzaré por seguir cumpliendo con mi deber. Trabajo para ustedes. Respeto y quiero a la @RevistaSemana que ha sido mi casa por tantos años.

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16:53 - 11 jun. 2019
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En la columna, "La explicación pendiente", Coronell le hizo tres preguntas a la dirección de la revista:

"- ¿Por qué Semana no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas, si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero?

- ¿Por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las ordenes incluían la instrucción de "no exigir perfección" en el momento de efectuar operaciones militares?

- ¿Por qué Semana no pudo concluir en tres meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días?".

Coronell señaló que prefería hacer las preguntas "en público y no en privado o en una llamada telefónica" porque los lectores de la revista se merecían una explicación sobre el asunto.

Una semana después de que se conociera la cancelación de la columna, Felipe López, fundador y accionista de la publicación, le dijo a El Tiempo que Coronell le dijo que "mientras ‘Semana’ no diera una explicación satisfactoria, él iba a insistir en el tema en las próximas columnas, pues tenía mucha información que no había publicado en la primera. Eso me pareció inaceptable. Si su decisión era seguir poniendo en tela de juicio la credibilidad de la revista, lo lógico es que lo hiciera desde afuera".

El periodista desmintió lo dicho por el fundador de Semana.

Daniel Coronell

@DCoronell
 Claridades: 1) La decisión de cancelar mi columna no fue tomada después de la llamada de Felipe López. La llamada tenía el propósito de comunicarme esa decisión. 2) Jamás le dije que haría nuevas publicaciones sobre el tema. 3) Semana admite hoy errores. El tema era válido.

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7:02 - 2 jun. 2019
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La polémica llevó no solo a que Felipe López hablara del asunto. En la editorial publicada el pasado 6 de junio, Alejandro Santos, director de la revista, reconoció una serie de errores cometidos desde la sala de redacción.

"Fue un primer error. No haber sacado a tiempo lo que ya teníamos. El segundo error estuvo en que, faltando algunos días para la publicación, contactamos al ex secretario general de la presidencia y exviceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, como primera fuente antes de hacerlo con el ministro de Defensa y el comandante del Ejército.

Queríamos saber si el alto gobierno tenía algo que ver o avalaba esas directrices. La investigación se extendió tanto –tercer error– que molestó a algunas fuentes y estas decidieron buscar otros medios y entregarles una parte de la información. SEMANA sigue su investigación sobre el tema y la publicará cuando tenga la seguridad de que sus fuentes no corren peligro. Hubo varias fallas en el proceso, pero nunca conveniencia política", dice la editorial titulada "Lecciones aprendidas".

Alejandro Santos Rubino
@asantosrubino
 En algunos momentos hay que hacer un alto en el camino para reflexionar. Esta es una de esas semanas. Nuestro editorial: https://www.semana.com/nacion/articulo/lecciones-aprendidas-de-semana/618080 …
7:06 - 2 jun. 2019

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El artículo del diario neoyorkino reveló que durante una reunión que se realizó a principios de este año y en la que hicieron presencia “los cincuenta principales generales y coroneles del país”, fue entregado un documento en el que se les pedía que “numeraran en una columna la 'suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares'”.

La investigación de Nicholas Casey levantó una polvareda política que encontró en la senadora María Fernanda Cabal, una de sus protagonistas. Horas después de la publicación, la senadora del Centro Democrático acusó a Casey de haber "estado de gira" con guerrilleros de las Farc hace unos años. En su Twitter, la senadora publicó un par de fotos en la que se evidencia el trabajo el campo de un par de reporteros. Sin embargo, una de las imágenes no pertenecía al periodista a Casey, sino al fotoperiodista colombiano, Fedrico Ríos. En suma, ambos comunicadores tuvieron que salir del país.

El Espectador
Bogotá, Colombia
Martes 11 de junio de 2019.


El presidente acata la decisión, que supone una impugnación de su criterio sobre un aspecto central de los acuerdos con las FARC


Por segunda vez en un mismo día, el presidente colombiano, Iván Duque, ha tenido que acatar una decisión de la justicia y al mismo tiempo mostrar su disconformidad. La Corte Constitucional cerró la tarde de este miércoles el debate sobre la reforma de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impulsada hace dos meses por el mandatario. El fallo implica que el jefe de Estado deberá ratificar la ley estatutaria del tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, enterrando así los seis cambios u objeciones que había planteado. A esto se suma la liberación del ex jefe de las FARC Jesús Santrich que ha ordenado la Corte Suprema.

En la práctica, la Corte establece que las votaciones realizadas en el Congreso ya rechazaron los reparos del presidente, aunque este quiso dar la última palabra al Constitucional. La Cámara de Representantes tumbó esa revisión, que constaba de seis puntos, por 110 votos frente a 44. El Senado lo hizo sin mayoría absoluta, con 47. La resolución del tribunal, en cualquier caso, supone una impugnación al criterio de Duque sobre la columna vertebral de los acuerdos de paz alcanzados en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.

"Presenté esas objeciones y le dije al país que acataría la decisión que tomara el Congreso de la República", manifestó el mandatario tras conocer el fallo. "El Congreso tuvo el debate y fueron no aceptadas en la Cámara y aceptadas en el Senado según la interpretación numérica, pero al quedar la duda también dije que me sometería al veredicto de la Corte Constitucional. Hoy lo puedo decir con la frente en alto: la decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos y así seguiré procediendo todos los días de mi vida".

La presentación de esa reforma —alentada especialmente por el sector más duro del Centro Democrático, el partido fundado por Álvaro Uribe— contentó al expresidente y al ex fiscal general Néstor Humberto Martínez, pero contribuyó a reavivar la división política en torno al proceso de paz. Y ha acabado por tener un efecto bumerán. Duque pretendía cambiar solo seis artículos y ya al principio de su mandato, el pasado mes de agosto, anunció que propondría algunas modificaciones a esa norma, que ya había sido examinada por el Constitucional. Sin embargo, según el análisis más extendido entre los antiguos negociadores de la paz, esa revisión tenía una carga de profundidad, porque afectaba a la esencia de los acuerdos al poner en duda el funcionamiento de la justicia para la paz. Un sistema que su presidenta, Patricia Linares, califica de "tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa". En definitiva, un engranaje fundamental para una transición después de más de medio siglo de violencia, 250.000 muertos y ocho millones de víctimas.

Se trataba de tocar los apartados de reparación a las víctimas; la capacidad de verificación del alto comisionado para la paz sobre quienes ingresaran en el sistema de justicia transicional; la relación con la justicia ordinaria; los delitos de lesa humanidad; las condiciones de ofrecimiento de la verdad; y la extradición. Este último punto resultaba especialmente polémico por su repercusión en los equilibrios, cada día más delicados, del partido nacido de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se sienta en el Congreso con cinco representantes y cinco senadores.

Hoy mismo la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación del ex jefe guerrillero Jesús Santrich, detenido y reclamado en extradición por Estados Unidos por un delito de narcotráfico. El alto tribunal determinó que debe ser juzgado como aforado ya que sobre el papel es representante a la Cámara aunque nunca tomó posesión. Duque manifestó su respeto a "la institucionalidad y la independencia de poderes", pero quiso dejar claro que "el narcotráfico es un delito que le ha hecho un daño enorme a esta sociedad". Y cargó sin matices contra el excombatiente: "No podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre. Alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína". Aunque los casos son distintos, estas dos decisiones reflejan la difícil convivencia entre la aplicación de los acuerdos de paz —y todas sus derivadas— y el proyecto político del Gobierno.

El País
Francesco Manetto
Bogotá, Colombia
Miércoles 29 de mayo de 2019.


El jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, afirmó que su institución no colaborará con la distribución de productos de EEUU al pueblo venezolano. “Nosotros no participamos en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria” ya que “hablamos de una ayuda que un gobierno decide”.

Para la Cruz Roja, el término  “humanitario” debe ser protegido, ya que es uno los principios fundamentales de la organización, junto con la independencia, la  imparcialidad y la neutralidad.

“Para nosotros es importante que realmente haya un respeto para el término humanitario y un respeto para los principios eso es fundamental”, insistió Christoph Harnisch a diversos medios.

Con estas afirmaciones, Harnisch echa por tierra el montaje militar y mediático que se ha articulado desde Washington, con la plena colaboración del gobierno colombiano.

Declaraciones similares han formulado tanto la ONU, como la organización caritativa Caritas: ver nota de De Frente: ONU, Cruz Roja y Caritas rechazan colaborar con la “ayuda humanitaria” de EEUU a Venezuela.

De Frente
Santiago de Chile
Viernes 15 de febrero de 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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