Nueve personas murieron en la capital colombiana y en la vecina ciudad de Soacha en las violentas protestas por la muerte de un hombre que recibió repetidas descargas eléctricas de dos policías con una pistola paralizante, lo que llevó el jueves a la Alcaldía a pedir a los ciudadanos regresar temprano a casa.

Más de 100 policías y 175 civiles resultaron heridos, mientras que 56 instalaciones policiales fueron atacadas, incluidas 22 que quedaron destruidas al ser incendiadas por los manifestantes, dijo el director encargado de la Policía Nacional, general Gustavo Moreno.

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acusó a la Policía de utilizar indiscriminadamente sus armas de fuego en medio de las protestas y pidió al Presidente Iván Duque prohibir el uso de armamento durante las manifestaciones.

"Lo que ocurrió ayer fue un ataque indiscriminado, desproporcionado, absolutamente injustificado por parte de algunos miembros de la policía contra los ciudadanos de Bogotá, en particular contra jóvenes de nuestra ciudad", dijo López al insistir que su despacho tiene evidencias del uso de armas de fuego por parte de uniformados durante las protestas.

La Alcaldesa afirmó que las siete personas que murieron en Bogotá, incluido un joven de 17 años, tenían heridas por armas de fuego, al igual que otras 66 personas que ingresaron a diferentes hospitales.

"Le pido a la ciudadanía que regrese a casa temprano y esté en su residencia a más tardar a las 7", dijo López, quien insistió en una reforma estructural en la Policía para convertirla en un cuerpo civil y pidió a los ocho millones de habitantes de la capital abstenerse de participar en actos de vandalismo.

Adicionalmente, hubo 77 ataques a vehículos de servicio público, 22 de los cuales fueron incendiados en medio de las 26 protestas que se extendieron a otras ciudades como Medellín y Cali, precisó el general Moreno, quien reportó la captura de 70 personas.

Los manifestantes protestaban por la muerte de Javier Humberto Ordóñez, padre de dos hijos, durante un procedimiento policial el miércoles en la madrugada.

La Policía dijo que las muertes de los civiles durante las protestas están bajo investigación.

El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció recompensas de hasta 50 millones de pesos (13 mil 450 dólares), por información que permita identificar y capturar a los implicados en los actos de vandalismo y en la muerte de las nueve personas, siete en Bogotá y dos en Soacha.

"Aquí lo que estamos es frente a un acto masivo de vandalismo y de violencia", dijo Trujillo en una conferencia de prensa.

Los dos policías involucrados en la muerte de Ordóñez, de 46 años, fueron suspendidos de sus cargos a la espera de las investigaciones en las que deberán afrontar su responsabilidad en forma individual, reiteró el Gobierno.

La Policía dijo que Ordóñez estaba consumiendo licor en una calle del occidente de Bogotá con algunos amigos, en una violación de las normas de distanciamiento vigentes para contener la expansión del coronavirus.

El video, grabado por un amigo, lo muestra en el suelo sujetado por dos policías y sometido a sucesivas descargas eléctricas mientras suplica "por favor, no más".

Ordóñez fue llevado a un pequeño cuartel de la policía donde su familia alega que fue sometido a más abusos. Después murió en una clínica a donde fue trasladado.

"La Policía ha venido diciendo que es un proceso policiaco, pero a él lo asesinaron los policías, por eso lo único que nosotros queremos es justicia", dijo a Reuters Eliana Marcela Garzón, cuñada de la víctima, al tiempo que rechazó los actos de vandalismo durante las protestas por la muerte de su familiar.

La Policía de Bogotá fue reforzada con mil 600 efectivos, más de la mitad de los cuales vendrán de otras regiones, y 300 soldados, dijo el Ministro Trujillo.

El Presidente Duque lamentó las muertes, los disturbios, hizo un llamado a la calma y aseguró que no habrá tolerancia con los abusos de autoridad.

Un esfuerzo de los sindicatos a principios de esta semana para revivir las protestas masivas del año pasado contra las políticas económicas y sociales del Presidente Duque obtuvo un moderado apoyo en medio de las actuales restricciones por la pandemia de coronavirus.

Pero la muerte de Ordóñez podría alimentar la indignación generalizada contra la Policía, duramente criticada el año pasado después de que un adolescente que protestaba murió tras ser herido con un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial de una unidad antidisturbios.

Abren proceso penal contra dos agentes de la Policía en Colombia por sospechas de brutalidad contra un hombre que luego falleció

Investigan a dos policías de Bogotá tras perturbador video


(CNN Español) –– El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, informó del inicio de un proceso penal contra dos agentes de la Policía Nacional en Bogotá, sospechosos de uso excesivo de la fuerza en un arresto, tras el cual un hombre murió en una clínica.
Holmes dijo, en un video difundido en redes sociales, que los agentes fueron separados de sus cargos y son objeto además de una investigación disciplinaria por «los graves hechos» en los que podrían haber participado. El ministro condenó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares del hombre muerto, que identificó como Javier Humberto Ordóñez Bermúdez.

En un video difundido en redes sociales, vinculado supuestamente con los hechos ocurridos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, se observa a dos policías sometiendo en el suelo al hombre con descargas eléctricas de pistola de electrochoques en reiteradas ocasiones. En el video, que dura un poco más de 2 minutos, se observa al individuo ser golpeado al menos una vez por uno de los funcionarios. Se escucha cómo el hombre dice «por favor» varias veces. Varios transeúntes que graban el video piden a los agentes que dejen de agredirlo. También se escucha varias veces a los agentes pedirle al hombre en el suelo que ponga las «manos atrás».

Qué se sabe

No están claras las circunstancias anteriores a este operativo. CNN pidió detalles a la Policía, que remitió a las declaraciones oficiales. Tampoco han divulgado los nombres de los dos agentes investigados.

El coronel Necton Lincon Borja Miranda, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien lamentó la muerte del hombre y expresó su solidaridad con la familia, informó que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía asumirá la indagación y que un grupo interinstitucional acompañará a los familiares de la víctima.

«Hemos expresado al ente acusador nuestra disposición para aportar todos los elementos que sean requeridos y de esta manera esclarecer los hechos», afirmó en un video difundido este miércoles en las redes sociales.

La Fiscalía General de la Nación confirmó en Twitter que ha abierto una indagación por presunta irregularidad en procedimiento policial tras la muerte de este hombre, que era abogado. «El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ordenó la priorización del caso», escribió en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó que el ciudadano haya fallecido en un hospital de la capital colombiana. Informó en Twitter que ofrecerá a la familia asistencia judicial para que haya una condena ejemplar, y se pronunció por una reforma estructural que prevenga y sancione el abuso policial.

«Esto no es de manzanas podridas. ¡La vida es sagrada!», escribió en la red social.

Cablenoticias, afiliada de CNN, habló este miércoles con Elvia Bermúdez Bonilla, tía de la víctima, quien relató que el celador del edificio donde reside le avisó en la madrugada que a su sobrino le estaban pegando cerca de su residencia en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, y sometiéndolo con un arma eléctrica.

La mujer agregó que fue testigo de lo ocurrido y que su sobrino fue trasladado en una patrulla y más tarde le avisaron que falleció en una clínica.

Reuters
CNN Español
Abel Alvarado
Florencia Trucco
Bogotá, Colombia
Jueves 10 septiembre 2020.


Felipe Restrepo Pombo

Hasta el martes 4 de agosto, Colombia era uno de los pocos países de la región donde los expresidentes parecían figuras intocables. Sin embargo, esta realidad dio un giro tan dramático como inesperado y llegó un momento que pocos creyeron posible: la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial colombiana, ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Un hombre que apenas unos años atrás tenía los índices de popularidad más altos y era considerado por muchos como el mejor presidente de la República, gracias a su plan de Seguridad Democrática. La caída de Uribe, su paso de héroe nacional a villano, es un espejo de la historia reciente de Colombia.

La decisión, que sacudió al país con fuerza, llegó justo en la semana en que se cumplen dos años de gobierno de Iván Duque. El actual presidente es discípulo político de Uribe, pertenece a su partido y, apenas se anunció la detención, salió en su defensa. En una alocución dijo: “Soy y seré siempre un defensor de la honestidad, de la honorabilidad de Álvaro Uribe Vélez”. Su reacción ha sido muy criticada pues se supone que el poder Ejecutivo debe ser respetuoso de las decisiones del Judicial: las opiniones del presidente pueden ser vistas como una intervención en el proceso.

El momento político de Duque tampoco es el mejor. Su gobierno no ha logrado mayores logros y Colombia está sumida en una crisis económica y social por culpa de la pandemia de COVID-19. El manejo que el presidente le ha dado a esta situación ha sido poco efectivo. La gestión de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, es muy cuestionada y su relación con Duque es tensa.

Los líos de Uribe —el jefe político de Duque y Ramírez— con la justicia colombiana se remontan a varias décadas atrás, cuando era gobernador del departamento de Antioquia. Desde entonces se hablaba de la cercanía de Uribe con grupos paramilitares que se formaron para enfrentar a la guerrilla. De hecho, su padre fue asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y algunos, como la columnista María Jimena Duzán, defienden la tesis de que siempre ha buscado una venganza personal.

Durante su segundo período presidencial estalló el primer gran escándalo en su contra: se comprobó que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo estatal de inteligencia, espió a los magistrados encargados de investigar la relación entre Uribe y el paramilitarismo. También se comprobó que varios congresistas fueron sobornados para aprobar su proceso de reelección, el cual no existía en Colombia hasta entonces. Finalmente, aparecieron los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”, instaurados desde 2002 con el objetivo de incrementar fraudulentamente el número de bajas en combate.

Cuando terminó su presidencia, en 2010, y empezó su carrera como senador, Uribe se convirtió en el gran opositor del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Uribe acusó a su sucesor, Juan Manuel Santos, de ser benevolente con los guerrilleros. Criticó, especialmente, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia transicional creado para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. El expresidente acusó a este tribunal de politizar la justicia y de tener lazos con la izquierda.

La situación judicial de Uribe se complicó en 2011. Según una investigación de La Silla Vacía, el congresista Iván Cepeda presentó en la Fiscalía la declaración de dos ex paramilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve —ex mayordomo de la finca de Uribe—, en la que afirmaban que el expresidente y su hermano Santiago habían participado en la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia. De inmediato, el expresidente acusó a Cepeda —hijo de Manuel Cepeda, un político asesinado por los paramilitares— de fabricar estos testimonios y pidió una investigación. Ocho años después, la Sala Penal de la Corte Suprema exoneró a Cepeda y anunció, a su vez, una investigación al expresidente por manipular la información.

Desde entonces, el hoy senador se declaró perseguido por las Corte Suprema, la JEP y la Fiscalía. La revista Semana reveló una llamada interceptada con unos de sus colaboradores en la que dijo: “Esta llamada la están escuchando esos hijueputas”. En 2018, se inició una investigación formal en su contra. Se supo que Diego Cadena, el abogado de Uribe, había presionado y sobornado a varios testigos que tenían pruebas contra el expresidente. El periodista Daniel Coronell ha documentado minuciosamente las acciones de Cadena y, en su columna de esta semana, presentó pruebas irrefutables de la manipulación de testigos y el fraude procesal.

La contundencia de las evidencias es tal que la corte decidió emitir una orden de arresto domiciliario en contra de Uribe. Esta es una medida preventiva para que el expresidente no huya del país ni intente obstruir la investigación. Mientras tanto, el proceso sigue su curso y la corte debe evaluar si hay aún más pruebas para llegar hasta una sentencia: Uribe no está protegido por el fuero presidencial pero sí por el de congresista. Cepeda, su gran opositor, dijo: “Es un momento importante en un proceso que empezó hace ocho años. Se han presentado todo tipo de pruebas en su contra, pero se le deben seguir garantizando sus derechos”. Uribe está recluido en su inmensa hacienda, fuertemente protegido por su equipo de seguridad, y solo dijo que sentía una profunda tristeza por su esposa, familia y los colombianos que todavía lo respaldan.

Sus defensores dicen que es un exabrupto que esté detenido mientras que los antiguos líderes de las FARC no han pagado un solo día de cárcel. El argumento es absurdo pues los guerrilleros sí se sometieron a un proceso legal a través de la JEP, mientras que Uribe debe enfrentarse a la justicia ordinaria pues no fue un actor del conflicto armado.

Más allá de esta discusión y de los amores y odios que genera Uribe, su detención es histórica. La medida de aseguramiento es una respuesta a sus vínculos, voluntarios y desde hace décadas, con situaciones sospechosas por todo tipo de hechos fuera de la ley. Que la Corte Suprema haya tomado la decisión de actuar en contra de, tal vez, el hombre más poderoso de Colombia, marca un precedente en un país donde la impunidad parecía ser la regla.


Felipe Restrepo Pombo es periodista, editor y autor de varios libros, entre ellos la novela ‘Formas de evasión’.

The Washington Post
Felipe Restrepo Pombo
Washington/Bogotá/México
Jueves 6 de agosto de 2020.


El tribunal concede al exmandatario arresto domiciliario en un caso de soborno y manipulación de testigos


La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe por un delito de soborno y manipulación de testigos en uno de los casos que afectan al político, que gobernó el país andino entre 2002 y 2010. El tribunal, que concedió al exmandatario arresto domiciliario, investiga un expediente según el cual varios testigos recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios que favorecen al actual senador. Entre esas declaraciones figura la de un antiguo paramilitar que en una primera fase del juicio había involucrado a Uribe en el nacimiento de un bloque de las autodefensas colombianas.

Se trata de una decisión sin precedentes en Colombia. Uribe, fundador del actual partido de Gobierno, el Centro Democrático, y mentor político del presidente Iván Duque, ocupa actualmente un escaño en el Congreso tras convertirse en 2018 en el senador más votado en la historia del país. Su caso se remonta a 2012, cuando presentó una denuncia contra el senador progresista Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles colombianas, a fin de involucrarlo en actividades de grupos paramilitares. El alto tribunal, sin embargo, se abstuvo de procesar a Cepeda y por el contrario pidió investigar a Uribe bajo la sospecha de haber manipulado testigos contra el congresista del Polo Democrático.

El propio Uribe confirmó la decisión de la Corte, que en términos jurídicos según la legislación colombiana es una “medida de aseguramiento”, a través de sus redes sociales. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió en su cuenta de Twitter. “El senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”, señaló horas después la Corte en un comunicado. La decisión, que el tribunal justificó ante “posibles riesgos de obstrucción de la justicia”, fue aprobada por unanimidad.

La investigación se centra en esta fase en determinar si personas vinculadas con él, como sus abogados, y con su consentimiento, pagaron dinero y ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares para que se retractaran. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas. Se trataba de Los 12 Apóstoles, que, entre amenazas a la población, connivencia con las fuerzas de seguridad, retenciones y una estrecha relación con Santiago Uribe, hermano del expresidente, operaban según un grupo de testigos en una finca familiar.

La decisión de la Corte venía precedida desde la víspera por una fuerte controversia que implicó pronunciamientos de funcionarios del alto Gobierno, del Centro Democrático, las instancias judiciales y del propio presidente Duque. “Seré siempre un creyente de la inocencia de Álvaro Uribe”, declaró el mandatario. En la tarde del martes, reiteró en una declaración desde la Casa de Nariño, la sede de Gobierno, su defensa de “la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.

Los sectores de oposición consideraron los múltiples pronunciamientos como presiones a la justicia. El senador Cepeda había pedido al Centro Democrático “cesar en sus intentos por intimidar y presionar a los magistrados de la Corte”, y a Duque comportarse como un jefe de Estado “y no como defensor de oficio de su mentor político”. Cerca de la medianoche del lunes, todas las altas cortes publicaron un inusual comunicado conjunto para hacer un llamado al respeto de la rama judicial y su independencia. “Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance”, declararon.

Uribe es probablemente el político que más divide a la sociedad colombiana. Amado y odiado, férreo detractor de los acuerdos de paz con las FARC alcanzados en 2016 por su sucesor, Juan Manuel Santos, en torno a él se constituyó toda una corriente política, el uribismo, que en la práctica encarna posiciones de derecha radical. Durante sus dos mandatos impulsó una política de seguridad aplaudida por los sectores más conservadores por su mano dura, pero al mismo tiempo señalada como caldo de cultivo de los llamados falsos positivos, cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados después por los militares como guerrilleros caídos en combates a cambio de beneficios. Según un informe de la Fiscalía publicado el año pasado hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron entre el primer y el segundo mandato de Uribe.

El País
Santiago Torrado
Francesco Manetto
Bogotá / Ciudad de México
Martes 4 de agosto de 2020.



La Operación Gedeón fracasó tras un año de choques entre exmilitares, políticos y contratistas que conspiraron desde Colombia. EL PAÍS reconstruye los pasos del último plan contra Maduro

Alrededor de cincuenta hombres, dos lanchas rápidas, diez fusiles y un plan suicida. El enésimo intento de derrocar a Nicolás Maduro se quedó en un rocambolesco desembarco en dos playas próximas a Caracas, Chuao y Macuto, y fue desactivado en cuestión de horas el pasado 3 de mayo. La llamada Operación Gedeón dejó al menos siete muertos y decenas de detenidos, entre los que se encuentran ex oficiales venezolanos y dos mercenarios estadounidenses. Pero ese episodio, que se enmarca en el clima belicista alentado por el sector más radical de la oposición al régimen chavista, solo es el epílogo de una larga historia. Transcurre entre Colombia —cuyos servicios de inteligencia y Gobierno quedan cuestionados—, Estados Unidos y Venezuela, y en ella intervienen políticos, militares, empresarios, contratistas, asesores de seguridad. El resultado es una muestra de la capacidad de penetración de la inteligencia del aparato bolivariano.

La incursión en la costa caraqueña de hace dos semanas es, hasta el momento, el capítulo más disparatado para intentar desestabilizar al Gobierno de Maduro. Pero no ha sido el único. El relato de lo sucedido, reconstruido por EL PAÍS gracias a los testimonios de una decena de fuentes conocedoras de los hechos, refleja el descontrol de una estrategia consecuencia de una guerra de egos que, en definitiva, se ha convertido en un bumerán que ha asestado un golpe a Juan Guaidó. El líder de la oposición rechaza, sin matices, estar involucrado e incluso haber estado al tanto de la Operación Gedeón, mientras el malestar internacional e interno, dentro de la oposición, no ha hecho sino crecer y una pregunta se repite desde hace dos semanas: ¿cuál va a ser la siguiente sorpresa?

“La caída de Nicolás Maduro se ha vuelto un negocio, es cuestión de tiempo”. La euforia con la que una persona muy cercana a Guaidó pronunciaba esta frase en febrero del año pasado, en un restaurante de Caracas, cobra más sentido con el paso del tiempo. El dirigente opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, acababa de regresar entonces de una gira por Sudamérica después de cruzar la frontera para asistir al intento de entrada de ayuda humanitaria por Colombia en uno de los momentos políticos más tensos vividos en Venezuela. Desde entonces, se han producido varios acercamientos, al menos cuatro, de personas o empresas que se presentan bajo el eufemismo de compañías de seguridad, ofreciendo sus servicios para de una u otra manera propiciar la caída de Maduro o fortalecer lo que surgiese de ella.

El hervidero de Cúcuta

Para entender las premisas de las últimas conspiraciones hay que viajar a la ciudad fronteriza de Cúcuta (Colombia) en los días previos al 23 de febrero del año pasado. La localidad era un hervidero de operadores políticos, uniformados, representantes de agencias de inteligencia de distintos países, inversores con intereses en una transición en el país vecino, cooperantes y miles, decenas de miles de personas vinculadas a la oposición. En vísperas de esa jornada, cuando fracasó la operación promovida por Bogotá, Washington y la oposición al chavismo para introducir en Venezuela camiones con ayuda humanitaria, se celebró un concierto organizado por el magnate británico Richard Branson. Entra en escena entonces una figura clave en el último plan contra Maduro. Se trata de Jordan Goudreau, exmiembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos, veterano de Irak y Afganistán y hoy representante de la firma de seguridad privada Silvercorp, con sede en Florida. Durante esos días Goudreau se encargó de la protección de los artistas, pero también encontró un terreno fértil para intentar hacer negocios.

En ese momento Venezuela vivía días de turbulencias políticas después de que en enero Guaidó se proclamara presidente del país y en las filas opositoras varios cargos vislumbraron la posibilidad de formar una especie de ejército particular para intentar una incursión. Cúcuta era el epicentro de esos movimientos. “De los 1.700 hombres que Venezuela tuvo en los refugios encargados por el Gobierno colombiano y manejados por ACNUR [para recibir a venezolanos que querían salir del país], solamente 163 fueron los que en verdad pasaron de Venezuela hacia Colombia el 23 y los días siguientes”, relata una fuente al tanto de los movimientos de los militares desertores. “El resto era personal militar, policial, bomberos que estaban dispersos en América e inclusive algunos en Europa. Fueron llegando sencillamente porque pensaban que se iba a organizar una operación”.

Un ex general con ínfulas cercano a Chávez

Pero las expectativas de estos opositores que vieron la posibilidad de lanzar una operación contra Maduro quedaron frustradas. Sin liderazgo ni referentes, no tuvieron más alternativas que encerrarse en esos centros de acogida. El único nombre que aún resonaba entre ellos era el de Clíver Alcalá. Este ex general fiel a Hugo Chávez rompió con Maduro en 2016 y se fue a Colombia. Al menos dos fuentes que trabajaron a su lado en las fuerzas armadas venezolanas, y otras tantas que lo han seguido de cerca desde el ámbito político, lo describen como “una persona carismática, con mucha voluntad, mucho empuje: desde sus tiempos de servicio activo tenía fama de abusador, desviaba el poder, no respetaba, actuaba con mucha furia y apoyó al régimen en la mayoría de los desmanes que había cometido”.

Hace un mes y medio, a finales de marzo, Alcalá fue acusado formalmente por Washington de tráfico internacional de drogas. Fue incluido en una lista en la que aparece junto a la cúpula del chavismo. El ex general, que residía en Barranquilla, en el Caribe colombiano, decidió entonces entregarse a la DEA, pero antes habló públicamente de un complot para derrocar a Maduro que se estaba organizando en Colombia e hizo referencia a la incautación de un arsenal de armas.

Fue precisamente Alcalá el primero en hablar de un contrato estipulado el pasado mes de octubre por el equipo de Guaidó con Jordan Goudreau y su empresa, Silvercorp, que estaría detrás del desembarco en la costa caraqueña de hace 15 días. Juan José Rendón, conocido como JJ, un controvertido asesor del líder opositor que ha participado en campañas de muchos políticos latinoamericanos y al que siempre se han atribuido operaciones oscuras, admitió hace unos días haberlo firmado. “Era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen”, reconoció el consultor en la CNN, que exculpó a Guaidó ante la aparición de su supuesta firma en los mismos documentos. Rendón, que llegó de la mano de Leopoldo López, dimitió de su cargo, pero la tibieza del líder opositor, que aceptó la renuncia, aunque en un principio evitó despedirlo pese a las presiones internas, ha suscitado un enorme malestar en la oposición ante lo que consideran la imposibilidad de romper con su jefe.

El hecho de que Colombia —país que comparte con Venezuela más de 2.200 kilómetros de frontera y destino de cerca de 1,5 millones de venezolanos que en los últimos años migraron en busca de oportunidades— fuera la base de operaciones hace un año para fraguar un intento de golpe pone de por sí la lupa sobre sus autoridades. Por complicidad o por omisión. Alguien de la cadena de mando militar debió de estar al tanto, al menos hasta cierto momento. Aunque todos, empezando por el presidente, Iván Duque, se desvincularon rotundamente de lo sucedido y formalmente el Gobierno instó a los dirigentes opositores en el exilio a informarles de cada paso. Las dudas sobre si un sector de la inteligencia colombiana próximo al expresidente Álvaro Uribe actuó con el beneplácito de este, pero no del de Duque, cobran fuerza con el paso de las semanas y por la versión de diferentes fuentes, tanto venezolanas como colombianas.

Esos planes, en cualquier caso, se pusieron en marcha justo después del 23 de febrero de 2019. Alcalá, con fondos procedentes de la oposición, comenzó a organizar unos campos de entrenamiento cerca del municipio colombiano de Riohacha, en el departamento caribeño de La Guajira. Se trata de un territorio poco poblado en el que se mezclan desierto, selva y montaña que linda con Venezuela y que él conoce debido a vínculos familiares y a su pasado como comandante en esa región, en la que estrechó lazos con guerrilleros de las FARC. Los ordenadores incautados en 2008 al entonces número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, revelaban la cercanía entre Alcalá e Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla en La Habana, hoy un líder disidente que rompió con los acuerdos de paz.

Operadores políticos

Mientras tanto, en Caracas se intensificaba el pulso entre Guaidó y Maduro. El país sufría una crisis eléctrica sin precedentes y tomó vuelo otra opción, que se manejaba en paralelo. Todas las fuentes consultadas coinciden en que en todo momento ha habido múltiples planes sobre la mesa; pocos se explican cómo el más disparatado de todos fue el que terminó por desarrollarse. Fue la asonada del 30 de abril de 2019. Tenía el objetivo de provocar una ruptura de las fuerzas armadas y facilitar una etapa de transición con la participación de algunos altos cargos chavistas. Como los demás intentos, fracasó y terminó con un incremento de la tensión y la liberación de Leopoldo López después de pasar tres años encarcelado y casi dos en arresto domiciliario. El dirigente opositor y líder del partido Voluntad Popular encontró resguardo horas después en la residencia de la Embajada de España en Caracas, donde todavía permanece.

Esa operación se precipitó, según al menos dos fuentes, debido a la insistencia del mayor del Ejército venezolano Javier Nieto Quintero, que fue precisamente quien junto a Goudreau reivindicó el intento de incursión marítima de hace dos semanas. El fracaso del plan de abril de 2019 provocó una desbandada. El exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Cristopher Figuera, que participó en esos hechos, huyó a Estados Unidos tras pasar unas semanas en Colombia. “El personal militar se quedó sin padre ni madre. Los que estaban en Cúcuta se quedaron definitivamente aislados en sus refugios y los que estaban con Clíver Alcalá también quedaron aislados en el campamento de Riohacha. Y los que estaban en Venezuela, por supuesto, temerosos de la acción del Gobierno debido al control público que se hacía”, resume un oficial.

¿Qué pasó entre abril de 2019 y mayo de 2020? Para empezar, entran en escena dos operadores políticos próximos a Leopoldo López. Ya a mediados de mayo del año pasado, Lester Toledo, que había sido uno de los coordinadores de la ayuda humanitaria, y Jorge Betancourt, organizan reuniones en Bogotá para explorar posibles acciones. Lo hicieron, durante esas semanas, en al menos tres ocasiones. Sobre la mesa estaba el plan que estaba diseñando Goudreau. El exmilitar norteamericano proponía en un primer momento entrar por las líneas fronterizas, ir destruyendo a los grupos de las FARC y del ELN, y posteriormente insistía en entrar con 300 hombres por la costa a través de La Guaira.

Pero otros sectores de la oposición al tanto de estos planes los consideraron disparatados desde el comienzo. “Para conquistar una cabeza de playa hay que tener un volumen de fuego y una cobertura aérea suficiente, más cuando te estás metiendo en el centro del poder militar venezolano. En La Guaira solamente está el cuerpo de infantería de la Marina, pero tienes a Caracas cerca y dos batallones de infantería muy poderosos que pueden decidir cualquier operación militar”, asegura una de las fuentes consultadas. El tenor de las apreciaciones de Goudreau, según algunos de quienes lo conocieron, daba la idea de su desapego de la realidad: “Cada uno de mis hombres equivale a 500 combatientes venezolanos”.

Este ex boina verde participó en otro encuentro en junio de 2019. Fue acompañado por un puertorriqueño llamado Lorenzo que actuó como intérprete y se reunió con Clíver Alcalá, que también fue con traductor, el teniente venezolano en el exilio Arturo Gómez Morantes. Los asistentes evaluaron el coste de la operación, que al principio rondaba los 700.000 dólares y posteriormente ascendió hasta 1,8 e incluso 3 millones.

El entorno de Leopoldo López quería tener la última palabra sobre el dinero recaudado, lo que generó tensiones entre los presentes. Tanto es así que Toledo y Betancourt informaron al día siguiente de la necesidad de apartar a Alcalá, puesto que ya entonces el ex general estaba sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Lanzaron una propuesta al teniente Gómez Morantes para que él dirigiera la incursión. Este, según las fuentes consultadas, grabó la conversación y se la envió a Alcalá. Y fue así como se produjo la primera fractura entre el sector militar y político. Contactado por EL PAÍS, Toledo asegura que nunca tuvo nada que ver con Alcalá y que lo denunció desde que fue elegido diputado por el Estado de Zulia. Además, se desvincula de forma rotunda del desarrollo final de la Operación Gedeón en las costas venezolanas.

El ex general contaba en ese momento con no más de 70 hombres repartidos en algunas casas de campo de La Guajira, pese a que él presumiera en público de 300 soldados. La falta de ingresos profundizó su malestar. Esos hombres no tenían una dieta sana y algunos enfermaron por no tener acceso al agua potable, de acuerdo con al menos tres personas al tanto de la situación en los campamentos. Solo más tarde recibió unos fondos y la situación mejoró. Alcalá hasta llegó a comprar camisetas y zapatillas deportivas para los entrenamientos.

Por entonces, en el verano de 2019, Jordan Goudreau ya estaba instalado en una vivienda del acomodado norte de Bogotá con al menos cuatro personas: un estadounidense, un puertorriqueño, un hondureño y un mexicano.

El papel de la inteligencia colombiana

Una de las incógnitas es el papel de la inteligencia colombiana. Según las fuentes consultadas, el abandono de los campos y el diseño del plan contribuyeron a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Colombia relajaran la vigilancia. Sin embargo, al menos Clíver Alcalá estuvo en contacto con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) colombiana desde su llegada al país. En la recta final del último mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018), le recibió el general Juan Carlos Buitrago, entonces subdirector de la agencia, y en mayo del año pasado fue captado en medio de la celebración de una cumbre por Carlos Narváez, subdirector de operaciones, con quien mantuvo relación durante meses.

En todo momento, según varias versiones, Toledo y Betancourt presumían de contactos en el Gobierno colombiano, con el expresidente Álvaro Uribe o el entonces embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos. El actual jefe de la DNI fue el jefe de la Casa Militar durante el mandato de Uribe. El sector más radical de la oposición recela de Iván Duque, a quien atribuye demasiada prudencia el 23 de febrero, y se considera más afín al ala más dura del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe. Sin embargo, no se han aportado evidencias de que esos contactos se produjeran con frecuencia o fueran fluidos.

Quedan las dudas sobre si alguien en el Gobierno estaba informado y dejó que los hombres de Alcalá y Goudreau siguieran actuando. En cualquier caso, al margen de la intensidad de la vigilancia de Colombia, los agentes se encontraron con un abanico de personalidades que comprometían, de entrada, cualquier tipo de conspiración. “En Venezuela todas las conspiraciones han fracasado por cinco razones: porque hay un poco de mitómanos, gente que te dice que tiene 50 batallones dispuestos a intervenir y no es verdad; porque hay un montón de ilusos, gente que piensa que si ellos dan un paso muchos los van a seguir; porque hay estafadores, gente que ha hecho de la necesidad de restituir la democracia en Venezuela un negocio; la cuarta son los ignorantes, gente que no sabe de artes y ciencia militares; y la última son los locos, con componentes de vanidad y de ego”. Estas palabras, de un antiguo alto mando militar, son de alguna manera el punto de unión entre las premisas y lo que vino después.

La organización del operativo en Colombia se complicó. Entran en escena otros dos oficiales venezolanos, los tenientes coroneles Illich Sánchez y Rafael Pablo Soto Manzanares, que desempeñaron un papel determinante en la asonada del 30 de abril, al mismo tiempo que el mayor Nieto Quintero y Rodney Pacheco, al que se le consideraba uno de los responsables de seguridad de Juan Guaidó. Fueron ellos los que, entre finales del pasado verano y el inicio del otoño, comienzan a conversar con un grupo de militares en el exilio encabezado por los hermanos Sequea, sobre todo con Juvenal y Antonio Sequea, quien fue detenido por las autoridades venezolanas el en el intento de desembarco del pasado 3 de mayo. “Illich Sánchez y Soto Manzanares le recomiendan a Leopoldo López retomar otra vez contacto con esta gente, ya que los hermanos Sequea eran los que se iban a hacer cargo de la operación”, asegura una de las fuentes al tanto de los movimientos.

Poco después, entre finales de noviembre y principios de diciembre, Antonio Sequea es detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá mientras trataba de volar a España con pasaporte falso. Los motivos de ese viaje se desconocen, aunque la sospecha de operadores al tanto del plan es que tuviera que ver con búsqueda de financiación. El ex general Hugo Carvajal, apodado El Pollo, hoy prófugo de la justicia española, había sido jefe de Sequea y en 2019 apoyó públicamente la causa de Guaidó.

Hay un vacío en el tiempo que no ha terminado por aclararse y que está cubierto por un manto de especulaciones más que de certezas. Tras saltar por los aires la Operación Gedeón hace dos semanas, se supo que esta había sido planeada en un principio por asesores de Guaidó, siendo el líder visible J. J. Rendón. El estratega venezolano ha insistido en que, entre octubre y noviembre, ante las exigencias de Goudreau, rompió con él. Sin embargo, el ex boina verde siguió adelante con sus propósitos. Quién le dio el beneplácito es un interrogante, mientras muchos dudan que los servicios de inteligencia de Colombia no supieran de sus movimientos en la capital colombiana y por todo el país. Al menos tres fuentes al tanto aseguran que están tratando de seguir el hilo del dinero que pudo haber recibido, pues no dudan que, a través de testaferros, le siguió llegando financiación para la operación fallida. Ver si ese dinero llegaba desde dentro de la oposición, como piensan muchos pues hay un sector convencido de que una intervención militar es la única solución, o desde el Gobierno de Maduro, que se entera de los planes, es algo que de momento no está esclarecido.

Operación de contrainteligencia

De lo que hoy, en cambio, pocos dudan es de que la operación estaba infiltrada o penetrada por informadores del régimen de Maduro. Ya a finales del año pasado cundían las sospechas en sectores de la oposición. El mandatario venezolano se refirió en algunas apariciones públicas a supuestos “rambos” que conspiraban desde Colombia, una descripción que encaja con la figura de Goudreau. En segundo lugar, según la información filtrada desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en enero el chavismo realizó una operación, cerca de las playas donde se intentó la incursión marítima. Las fuerzas de seguridad allanaron hoteles, albergues y posadas en busca de Clíver Alcalá, cuyo hermano es embajador de Venezuela en Irán, y ciudadanos puertorriqueños, hondureños y estadounidenses. Un rastreo que coincide con las nacionalidades de los hombres que compartían vivienda con Goudreau en Bogotá. Además, los uniformados realizaron un ejercicio de defensa del puerto, bautizado como Punto de Resistencia Bravo.

También hubo un simulacro de cierre de la ciudad de Caracas, ubicada a unos 30 kilómetros de la costa. En la grabación del interrogatorio de Luke Denman, uno de los mercenarios estadounidenses detenidos, este afirma que su misión era hacerse con el control del aeropuerto para permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses y sacar a Maduro del país. Aunque en sus primeras declaraciones no lo menciona abiertamente, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se encuentra junto al puerto de La Guaira.

El 11 de marzo, además, el Ejército venezolano capturó en una zona fronteriza de La Guajira conocida como Trocha número 30 a un teniente llamado Figueroa Fernández. La detención se produjo en uno de esos cientos de caminos informales que conectan Colombia y Venezuela y fue fortuita, según el relato de una fuente militar, porque el oficial conducía a alta velocidad en una trocha. Este, según información de la FANB, bajó del vehículo y se dijo dispuesto a colaborar. Apenas dos semanas después, las autoridades colombianas incautan un arsenal de armas, pero no hacen público el operativo durante unos días. Sin embargo, Nicolás Maduro tarda siete horas en mencionar el decomiso, mientras el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al día siguiente, da los detalles del plan de Goudreau y Clíver Alcalá. Cuando este se entrega a Estados Unidos, muchos en las filas opositoras pensaron que era inviable continuar con el plan. Sin embargo, la operación siguió adelante.

Malestar generado

Las consecuencias que ha tenido la Operación Gedeón aún son imprevisibles, pero no cabe duda de que ha supuesto una sacudida a las aspiraciones de Guaidó y al mayor tesoro que este tiene: el apoyo internacional. Las fuentes consultadas, dentro y fuera de Venezuela, en diversos países, admiten que el malestar generado en Estados Unidos por la chapuza de hace dos semanas ha sido mayúsculo. Lo mismo ocurre en Colombia y en algunos países de Europa. Si no ha saltado por los aires el apoyo a Guaidó ha sido porque todos los actores son conscientes de que es la única figura que aún articula una unidad frente a Maduro, al menos a nivel nacional.

En Venezuela ocurre algo parecido. Las desavenencias crónicas de la oposición no tardaron en manifestarse, sobre todo en privado. En público, el partido Primero Justicia, de Henrique Capriles, que permanece en Venezuela y de Julio Borges, exiliado en Colombia, ha sido el único que ha criticado lo ocurrido y exigió a Guaidó romper con J. J. Rendón. “Parece que nos hemos subido a la máquina de Marty Mcfly y hemos retrocedido a 2018”, resume una de las fuentes, ante el reto que tiene por delante la oposición.

En el chavismo tampoco hay una postura clara sobre qué hacer ante un nuevo intento de derrocar a Maduro. Celebran que la oposición les haya brindado, sin costo alguno, una unidad en el seno de las fuerzas armadas que tapa, al menos por el momento, las grietas internas. Un sector, que encabezaría el propio Maduro y cuya figura más visible es Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, se muestra partidarios de no actuar contra Guaidó, esto es, descarta la posibilidad de detenerlo, pese a que se han intensificado los ataques contra él y el asedio a su círculo más próximo. Rodríguez siempre ha sido partidario de la idea de que el líder opositor termina por errar, y eso les beneficia. Hay otro bando, no obstante, encabezado por Diosdado Cabello, número dos del chavismo, que siente que la autoridad del Gobierno sufre un golpe, por leve que sea, cada vez que se evidencia un intento de fractura de las fuerzas armadas.

La Operación Gedeón, un nuevo plan disparatado, ha sacudido a Venezuela en medio de la pandemia de la covid-19. Antes de la llegada del coronavirus, la oposición y el chavismo ultimaban un acuerdo para la recomposición del CNE, con vistas a las elecciones parlamentarias previstas para finales de este año. La pandemia lo trastocó todo. No solo en el ámbito político. La crisis para los venezolanos se ha agudizado; la hiperinflación se ha vuelto a disparar, la escasez de combustible es total. Hasta hace unas semanas, miembros de la oposición mantenían canales abiertos con el Gobierno para tratar de que el ingreso de ayuda humanitaria fuese mayor. Una parte de los críticos con Maduro, dentro y fuera de Venezuela y en buena parte de la comunidad internacional, cunde la necesidad de que lograr un acuerdo humanitario abriría la posibilidad de iniciar una negociación política. “Que haya voluntad política, no es necesariamente lo mismo a que haya un acuerdo político”, señala una fuente. No obstante, aún hay líderes con peso que creen que la caída de Maduro es solo cuestión de tiempo y siguen azuzando el fuego de una intervención. De ahí que no pocos se pregunten: ¿Cuál será el siguiente plan disparatado?

El País
Javier Lafuente
Francesco Manetto
Ciudad de México / Madrid
Lunes 18 de mayo de 2020.



•    Lecciones de la crisis para restaurantes, según Carolina Parra, directora de la escuela Gato Dumas.


El Instituto de Gastronomía Gato Dumas fue de las primeras escuelas privadas con programas de esta temática en el país. Floreció a la par del boom gastronómico de las últimas décadas y ha formado muchos cocineros en programas que abarcan la gestión de restaurantes.

Su directora y fundadora es Carolina Parra, quien en la crisis actual no solo analiza los retos del sector al que su escuela le ha dado importantes egresados, sino que, a la vez, replantea la forma de enseñar cocina, pues, al parecer, otro mundo quedará en este campo después de la crisis del covid-19.

“La primera lección que nos deja –dice Parra– es el tema del ahorro. El sector gastronómico suele vivir del día a día, no sabes si al restaurante van a llegar 60 o 10 personas. Se debe generar una cultura del ahorro, pues la profundidad de una crisis depende de cómo se manejó la bonanza. Por eso, compañías tienen para resistir cuatro meses y otros para 15 días”.

Todo se volcó a los domicilios...

Es el tema sensible hoy. La gente no deja de consumir alimentos. Consume más que nunca. Según estadísticas, estamos engordando porque comemos más en casa. Pero algunos restaurantes no han encontrado la forma eficiente de llegar. El reto es ese: si la gente está comiendo, el sector gastronómico tiene que estar vivo.

Hay que buscar cómo llegar teniendo en cuenta dos variables: una, el menú, pues no es poner en el domicilio lo que teníamos en la sartén, sino dar opciones de comida que no sufra en el envío. Si la comida se malogra, se deteriora la marca.

¿Y la segunda?

El público está en política de ahorro y siente que pedir a restaurantes será más costoso que cocinar en casa. Puede ser cierto dependiendo de cómo se maneje la cocina del hogar.

Pero los restaurantes tienen que dar precios asequibles a la nueva vida de la gente. En esto es clave la distribución, porque las cadenas actuales cobran porcentajes altísimos, lo que dificulta a los establecimientos reducir precios.

Hay que negociar con esas cadenas para tener una intermediación más razonable, no de forma individual, sino como gremio, para dar mejores precios. Los restaurantes deberían crear su propia cooperativa de domicilios. Aunque eso tomaría tiempo y la reacción ahora debe ser inmediata, el sector no puede quedar a merced del que maneja la última milla, el domiciliario. Tiene que unirse, y no solo por esta crisis, y aunque no sé si se alcance a reaccionar pronto, sí es una tarea para desarrollar.

¿Qué otra cosa hay que replantear?

La nómina, es el rubro más difícil de sostener en una empresa. Es valioso querer sostenerla. En el sector gastronómico, el recurso humano vive mucho de propinas. No es que falte el sueldo básico, sino que se volvió a veces menor que las propinas.
Esto surgiere una pregunta: ¿hasta dónde el sector y sus empleados deben vivir de propinas? Lo cuestiono porque los empresarios pueden sentirse aliviados, pero los empleados son más vulnerables en una crisis como esta.

¿Qué estrategia ha sido destacable en estas semanas?

La creatividad del sector, el desarrollo de las cocinas ocultas, el de la cocina al vacío para regenerar en casa me parece genial para ofrecer domicilios de calidad, el esfuerzo por ofrecer empaques que aseguren la inocuidad del producto.

Hoy son determinantes los nuevos protocolos de higiene. Nuestro personal tiene que ser estricto en el manejo de estos protocolos para generar confianza. No es que las leyes sean insuficientes, es que necesitamos que los clientes no tengan miedo de que les llevemos el virus, porque no están seguros de cómo preparamos los alimentos.

Hay que mostrar el proceso de las cocinas. Desde la academia vemos esa responsabilidad y se capacita para certificar gente y sitios. Las hacemos gratuitas para dar una mano.

En la oferta total de un restaurante, los domicilios eran un porcentaje que, por la coyuntura, a veces han aumentado o se han mantenido. Pero no suplen lo que el lugar conseguía en conjunto. Pasa algo similar en la educación: lo virtual no suple lo presencial. Pero el tema en este momento no es generar utilidades, sino resistir la crisis. Seguramente, después habrá un rebote a favor, porque la gente querrá salir. Eso se demora. Como el tema hoy es resistencia, el reto es bajar los compromisos al mínimo y sostenernos con alternativas como domicilios. En el caso de la escuela, los cursos on line son método de resistencia.

En otro tiempo parecía irrisorio que Gato Dumas hiciera una clase a ese precio, pero la idea es sumar gente. No podemos ser el privilegio de algunos, sino el gusto de todos.

¿Qué medidas surgidas de la crisis pueden quedarse?

Los nuevos protocolos de salubridad. Por otro lado, se está desarrollando un mercado de recetas. La afición a la cocina crece, el nivel de satisfacción de la gente cuando se aventura a cocinar y le sale bien es fantástico.

Por eso creo que el mercado de recetas como nuevo producto de los restaurantes vino para quedarse. La operación de las cocinas ocultas (hechas solo para domicilios), también. Pienso que los restaurantes tienen que acercarse más al domiciliario como ha hecho con proveedores. Eso permitirá ofrecer mejores productos.

Y, como escuela de cocina, ¿cuál es el reto?

Se piensa que todo se resuelve virtualmente. Pero en instituciones con un alto componente práctico no es sencillo. No puedo reemplazar una deshuesada de pollo por un video.

Hoy tenemos educación virtual 100 por ciento, entre espacios teóricos, webinar, gente haciendo contenidos desde su casa. Aumentó esa capacidad. Teníamos una plataforma on line desarrollada desde el año pasado que le dio oxígeno a la academia.

Esto nos retó a hacer una educación más económica, para llegar a públicos más grandes. La educación virtual se quedará con lo teórico o demostrativo y lo presencial tendrá que enfocarse en experiencias tan valiosas que no puedan reemplazarse de otra manera.

Y daremos clases a 20.000 pesos, (118 pesos mexicanos). En otro tiempo parecía irrisorio que Gato Dumas hiciera una clase a ese precio, pero la idea es sumar gente. No podemos ser el privilegio de algunos, sino el gusto de todos. ha sido la lección para nosotros.

El Tiempo
Liliana Martínez Polo
Bogotá, Colombia
Jueves 30 de abril de 2020.


Por  Fernando Vallejo   


El escritor colombiano cuestiona las cifras publicadas por el organismo encargado de informar sobre el avance de la pandemia.


"Si en toda Colombia solo 2.709 personas son portadoras del coronavirus y no más, permítame que me ría", le dice Fernando Vallejo a la directora del Instituto Nacional de Salud.


Señora Martha Lucía Ospina:


El reporte de ayer sábado 11 de abril del Instituto que usted preside y que se puede consultar en internet, y que es de donde toma la prensa sus datos para su campaña diaria de aterrorizamiento del país, en su página principal donde aparecen los datos generales referentes al COVID-19 se dice que los "casos confirmados" en Colombia son 2.709, y que los "casos descartados" en Colombia son 37.894. ¡Qué es esa forma tan confusa de expresarse la de ustedes! Para empezar, ¿qué significan con "casos confirmados"? ¿Significan que en Colombia ha habido hasta ahora 2.709 enfermos, leves o graves, por coronavirus? Eso sí puede ser. Pero si significan que en toda Colombia solo 2.709 personas son portadoras del coronavirus y no más, permítame que me ría. Dado que el primer caso conocido que se dio en Colombia, el de una colombiana que regresó de Italia, se confirmó el 6 de marzo, y dada la forma exponencial con que se propagan los virus respiratorios como los coronavirus y los rinovirus, hoy en día tiene que haber, con todo y la cuarentena, millones de colombianos portadores del COVID-19. Y la inmensa mayoría de ellos están sanos o solo habrán tenido molestias leves por unos días.

En cuanto a los "casos descartados", ¿qué quieren decir con eso? ¿Quieren decir que 37.894 personas dieron negativo a los test del COVID-19 que les hicieron ustedes y que en toda Colombia no hay más? Habida cuenta de que no soy adivino ni logro meterme en la cabeza de los demás a desenredar sus confusiones mentales ni puedo solucionar tampoco sus torpezas de expresión, lo que yo intepreto es que sumando las dos cifras que da su Instituto ustedes les hicieron el test del COVID-19 a 40.603 personas y que de ellas 2.709 dieron positivo y 37.894 dieron negativo. ¿Adiviné? Si sí, entonces le pregunto: ¿Tomaron al azar las 40.603 personas a las que les hicieron el test (supongo que en el lapso que va del 6 de marzo hasta ayer 11 de abril), o solo se lo hicieron a los enfermos por el virus que llegaban a los hospitales y a sus "contactos"? (Lea: Fernando Vallejo en el supermercado).

El presidente, que da palos de ciego en cuanto se mete salvo cuando de su beneficio personal se trata, tiene que saber cuántos colombianos son portadores hoy del COVID-19 y están sanos o han tenido mínimas molestias de salud para que decida si levanta o no la cuarentena que va a acabar con todos nosotros. Ordene entonces, señora, que su Instituto haga una encuesta serológica al azar entre gente distinta a los enfermos y sus contactos para que nos demos una idea de cuántos portadores sanos puede haber en el país. Por ejemplo en el Transmilenio de Bogotá. Si de 100 a los que les hagan el test da uno positivo, entonces en Colombia puede haber 500.000 portadores sanos del virus. Si dan dos positivos, entonces puede haber 1 millón. Si dan cuatro positivos, entonces puede haber 2 millones. Y así. Entonces el presidente a lo mejor logre entender de qué se trata el asunto y qué debe hacer. El gran enemigo de Colombia hoy Domingo de Resurrección del año 2020 no es el COVID-19. Tiene un nombre de persona y es su jefe: Iván Duque.

El Espectador
Fernando Vallejo
Bogotá, Colombia
Jueves 16 de abril de 2020.


Colombia pide 11.000 millones de dólares al FMI para conjurar una crisis financiera en medio de la pandemia


El Gobierno de Duque reconoce, tras prolongar la cuarentena hasta el 27 de abril, que la emergencia pone en riesgo la estabilidad del sector


El fantasma de la crisis financiera sobrevuela la economía colombiana. El Gobierno de Iván Duque anunció este martes la solicitud de una línea de crédito de 11.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus en ese sector. El encargado de dibujar el panorama, un día después de que el presidente decidiera prolongar hasta el 27 de abril una cuarentena obligatoria que se inició el 25 de marzo, fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. “Tenemos reservas internacionales, tenemos unas luchas permanentes por conseguir recursos adicionales, el Fondo Monetario Internacional en este momento está estudiando nuestra solicitud de que tengamos acceso como país a los 11.000 millones de dólares de lo que se llama la facilidad de liquidez”, afirmó.

El horizonte, es un país golpeado por la caída de los precios del petróleo, que suponen más del 9% de los ingresos estatales, es proceloso. Y el ministro utilizó precisamente el símil de la tormenta para describir la situación. “Este es un río caudaloso, se nos cayó un puente, tenemos que hacer un puente provisional pero vamos a llegar al otro lado”, dijo durante su intervención en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, realizada por videoconferencia. “Por fortuna”, agregó Carrasquilla, “no ha llegado ni esperamos que llegue, pero pueden empezar a surgir unos problemas en el sector financiero y que la crisis económica pueda derivar en una crisis financiera”.

Colombia representa la cuarta economía de América Latina y el año pasado creció un 3,3%, por encima de la media regional, mientras la divisa nacional se comportó de forma estable. La epidemia sacudió las previsiones incluso antes de que Duque decretara el confinamiento. El Banco de la República rebajó las expectativas de crecimiento mientras la moneda ha alcanzado tasas de cambio históricas frente al dólar, por encima de los 4.000 pesos. “En circunstancias tan complejas, sabemos que es indispensable que el banco suministre a los mercados financieros la liquidez necesaria para facilitar el crédito y asegurar el buen funcionamiento del sistema de pagos”, declaró el gerente del ente emisor, Juan José Echevarría en vísperas del comienzo de la cuarentena.

En cualquier caso, el ministro de Hacienda trató de transmitir serenidad. “Hay que tener todos los mecanismos de cobertura que se han creado para manejar estas situaciones”, consideró. Recordó algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para atender la sanidad pública y paliar los efectos del Covid-19 -que ha provocado casi 1.800 contagios y 50 muertes en el país andino- entre los más vulnerables. El mandatario prometió inicialmente un ingreso de 160.000 pesos, unos 40 dólares, a los trabajadores informales, esto es casi la mitad de la población activa, un 47%. La exposición de esos millones de colombianos, que viven al día, se suma a la de los casi dos millones de migrantes venezolanos radicados en el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también anunció hace dos semanas un bono de poco más de 100 dólares destinado a 350.000 familias sin recursos residentes en la capital.

Carrasquilla habló este martes también de “un tercer anillo [...] para el cual el Gobierno ha decidido compartir los riesgos crediticios, para las empresas micro, pequeñas y medianas, en primera instancia". Sin embargo, añadió, se trata de una preocupación que afecta "a todo el sector empresarial colombiano y sus necesidades para poder pagar la nómina”. “Hay empresas y microempresas que tienen unas dificultades enormes de flujo de caja”, aseguró. El escenario es desalentador, como en la mayoría de los mercados mundiales, y en ese contexto Duque recurrió a una de las palabras más empleadas por los colombianos, que acaban de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, y quizá también desgastada: resiliencia. “Tenemos que salir de la idea de calamidad y entender que este es el gran momento de la resiliencia en nuestro país, donde nuestra innovación, nuestra creatividad y nuestra inteligencia colectiva es lo que nos va a permitir salir adelante”, manifestó el presidente.

El País
Francesco Manetto
Bogotá / Ciudad de México
Martes 07 de abril de 2020.


Jhon Jairo Velásquez Vásquez estaba hospitalizado desde finales del año pasado por un cáncer gástrico. Tenía una medida de aseguramiento desde mayo de 2019 por su participación en el crimen del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

El confeso narcoterrorista y sicario del cartel de Medellín Jhon Jairo Velásquez, conocido como Popeye, falleció este jueves como consecuencia de un cáncer de estómago que lo tenía hospitalizado en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá desde finales del año pasado. Con 54 años, Velásquez estaba preso en la cárcel La Tramacúa, de la capital del César, por un caso de extorsión y tenía una medida de aseguramiento por su posible participación en el magnicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, ocurrido en diciembre de 1986.

Para la Fiscalía había pruebas de que Popeye, junto con Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell, “tuvieron conocimiento y habrían incidido en la planeación del atentado” en contra del periodista. “Sobre alias Popeye hay indicios que darían cuenta de su participación en una reunión en la que los cabecillas del Cartel de Medellín, entre ellos Pablo Escobar, concertaron atentar contra Guillermo Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen”.

Según una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Popeye sería coautor del delito de homicidio agravado. La decisión de dictarle medida de aseguramiento se dio luego de analizar la indagatoria que rindió el 28 de noviembre de 2018 alias Popeye. En esa ocasión, a pesar de lo que había dicho en distintas ocasiones, se declaró inocente y dijo que no tenía conocimiento del atentado en contra del director de El Espectador. Según dijo Velázquez en esa ocasión, el asesinato fue encomendado por Pablo Escobar a alias Negro Pabón luego de que este diario publicara una nota titulada “Se les aguó la fiesta a los mafiosos”

Cuando en esa diligencia la Fiscalía preguntó a Popeye por una declaración dada por él a la revista Semana años atrás, según la cual dijo que el asesinato de Guillermo Cano fue una vuelta muy sencilla. Popeye respondió que no recordaba ese comentario. Lo cierto es que sí lo hizo, pero no fue a la revista Semana sino a un fiscal sin rostro en Bogotá el 2 de mayo de 1994. El Espectador conserva esa declaración, y en ella Popeye en efecto comentó: “La vuelta es muy sencilla, para matar a don Guillermo Cano no se necesitaba nada; salía todos los días a la misma hora del diario El Espectador, andaba en un carro Subaru que no era blindado, andaba sin escoltas y siempre manejaba su carro”.

Alias Popeye aseguró ante la justicia que ingresó al cartel de Medellín en 1986, luego de un paso por la Escuela de Cadetes de la Armada y por la Escuela de Policía General Santander, a través de un contacto con una reina de belleza. Dijo que tuvo su primera misión con el secuestro del entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, en enero de 1988, y con el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos esa misma semana.  Incluso, Popeye aseguró haber asesinado a más de 3.000 personas en las décadas de 1980 y 1990 y dejó una estela de sangre en las familias del procurador Carlos Mauro Hoyos, la periodista Diana Turbay, el ministro de Justicia Rodrigo Lara, el candidato presidencial por el partido liberal Luis Carlos Galán, el coronel Valdemar Franklin Quintero, entre miles de víctimas más.

En el caso de Luis Carlos Galán, por ejemplo, la justicia condenó al ex congresista Alberto Santofimio Botero, con ayuda del testimonio de Popeye. Velásquez dijo que Botero comandó clandestinamente “la parte política” del grupo Los Extraditables, promovido por Escobar junto con otros narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha (el Mexicano). Popeye contó también que contra Galán se fraguaron sin éxito otros planes para asesinarlo, como uno que se planeó para cometerse en la Universidad de Medellín.

Luego de algunos intentos que fracasaron, Escobar, Rodríguez Gacha y otros “extraditables” se reunieron en una finca y allí fue, aseguró Popeye, cuando se definió el destino violento que correría Galán en Soacha (Cundinamarca) el 18 de agosto de 1989. Su hijo, el exsenador liberal y hoy concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la muerte del sicario en su cuenta de Twitter: "Alias ‘Popeye’ confesó haberles entregado el arma a los sicarios que asesinaron a mi padre. Lo perdoné. No me alegra la muerte de ningún ser humano. Espero que al enfrentar la muerte se haya arrepentido de todos sus crímenes".

Velásquez Vásquez fue capturado en 1991, acusado de ser el autor de más de 300 homicidios ordenados por Pablo Escobar, pagó 23 años de prisión y, en agosto del 2014, quedó en libertad condicional. Su recaptura, cuatro años después, se dio por una supuesta extorsión a través de organización conocida como “La Oficina”. "Fue notificado de la orden de captura que tenía por el delito de concierto para delinquir y un concurso de extorsiones ya que se pudo establecer que al parecer tenía unas oficinas de cobro en las cuales se dedicaba a realizarle diferentes cobros a la comunidad”, afirmó en mayo de 2018 Claudia Carrasquilla, entonces directora nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía.

Días antes de su captura por este caso, Popeye realizó violentos comentarios a través de su cuenta de Twitter. “Germán así es millones. Pero al Combate podemos ir 100.000 y el resto de la familia del No. apoyarán con dinero, guardando en sus casas los combatientes, ayudando con Armas, medicinas… los colectivos Petristas los combatiremos con Todo. Con todo es con todo. Malditos”, fue el controvertido mensaje del ex miembro del cartel de Medellín. Por esa razón, su cuenta fue denunciada.  En 2017, Velásquez Vásquez fue encontrado en una fiesta con el líder de la Oficina de Envigado alias Tom, cuando este último fue capturado por las autoridades.

En ese momento se puso en tela de juicio la rehabilitación del sicario y se sospechó de su posible regreso al mundo del crimen. Frente a estos señalamientos, Popeye respondió "No es delito ir a una fiesta".  Para la Fiscalía, en ese momento, la presencia de Popeye en el lugar, "demuestra un incumplimiento a los presupuestos procesales para dicho beneficio”. En 2018, el sicario se presentó ante la Fiscalía para saber si tenía algún proceso en su contra por las amenazas que salieron desde su cuenta de Twitter contra personas de la izquierda o contra el candidato presidencial Gustavo Petro. Aunque el ente investigador señaló que en ese momento no tenía ningún proceso por esos hechos, sí tenía una orden de captura pendiente pues a Popeye dos familias lo habían denunciado por extorsión.

El Espectador
Bogotá, Colombia
Jueves 6 de febrero de 2020.


El atentado se produjo en Santander de Quilichao, en el Cauca.

La noche de este 22 de noviembre, se ha registrado la explosión de un coche bomba en Santander de Quilichao, en el norte del Departamento del Cauca. El hecho ha ocurrido cerca de una estación de la Policía.

En videos difundidos en las redes sociales se ve a varios agentes afectados. La cifra preliminar es tres muertos y 10 heridos.

El suceso ocurre en el segundo día de protestas a nivel nacional, que han estado marcadas por choques entre manifestantes y policías, así como por numerosos actos vandálicos.

Por otra parte, rige el toque de queda en parte de Bogotá a causa de los disturbios.

RT
Bogotá, Colombia
Viernes 22 noviembre 2019.


Las organizaciones como Los Zetas, el Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, continúan manteniendo un fuerte y letal control sobre el país norteamericano.

El reciente arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, causó controversia y generó una gran polémica en todo México.

Las conversaciones ahora se centran en el fuerte y letal control sobre el país que los grupos de carteles del narcotráfico continúan manteniendo.

Bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón en el 2006 el país comenzó una agresiva lucha contra las organizaciones criminales con el objetivo de sofocar su influencia comenzando desde arriba, atacando a los líderes.

En 2009 se estimó que 45 mil soldados militares, policías federales y estatales se encontraban inmersos en la “Guerra del Narco”.

Derribar a los cabecillas provocó la caída de algunos carteles, divisiones en otros e incluso nuevos grupos. Aunque las iniciativas resultaron en la eliminación de varios líderes de carteles de drogas de alto perfil, surgió un problema nuevo y más grande.

“Tan pronto como comenzó la guerra del narco, la tasa de asesinatos aumentó exponencialmente”, explicó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora y experta en crimen organizado de la Universidad George Mason. “Fue todo un desastre… no vimos ninguna mejora”.

“Desde que inició la “guerra del narco”, se estima que han muerto o desaparecido unas 200 mil personas debido a la violencia de los carteles".
 
Cartel de Sinaloa

Este cartel es conocido como el más poderoso y peligroso del país.

Se estima que opera en al menos 17 de los 31 estados de México. Nació entre los 60 y los 70 con contrabando comercial pero luego empezó a traficar drogas.

Su líder más famoso, “El Chapo” Guzmán, asumió el control del cartel en 2008, y bajo su liderazgo se vieron algunos de los actos más violentos que han sido perpetrados por la organización.

“El Chapo” ahora está en una cárcel de Estados Unidos cumpliendo una cadena perpetua, pero sus hijos siguen dirigiéndolo. La semana pasada, el grupo generó caos en Culiacán, ciudad capital del estado de Sinaloa y uno de sus fortines militares, después de que el Ejército intentó capturar a Ovidio, uno de los hijos de El Chapo, miembros del cartel, fuertemente armados, empezaron a disparar, matar, secuestrar soldados, amenazar a sus familiares y dejar una estela de vehículos quemados en las principales vías de la ciudad.

El gobierno decidió regresar a Guzmán hijo al grupo criminal a cambio de la paz en la ciudad, lo que fue aplaudido por algunos funcionarios mexicanos, incluida la secretaria de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Uno de los objetivos principales de esta administración es pacificar al país, pero no debe de ser arriesgando a padres, madres e hijos. Lo más importante es la vida de las personas”, escribió la secretaria en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, a expertos de seguridad como Correa-Cabrera les preocupa que esta decisión pueda desatar una tragedia humana en el futuro, pues sostiene que este incidente evidencia lo débil que es el Gobierno mexicano con respecto a áreas dominadas principalmente por el crimen organizado.

“Culiacán es básicamente el reflejo de todas las limitaciones y problemas a las que se enfrenta [el presidente] Andrés Manuel López Obrador, una falta de comunicación y de coordinación entre agencias”, indicó la profesora. “Esto le envía un horrible mensaje a otros grupos criminales”.

Cartel Jalisco Nueva Generación

Esta agrupación es relativamente nueva y nació de un cartel más antiguo.

Está establecida en Jalisco y se estima que opera en 22 estados. El grupo es conocido por sus enfrentamientos con el cartel de Los Zetas y sus actos públicos y extremadamente violentos.

En 2011, el cartel se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos de 35 personas en Veracruz. En 2018, confundió a tres estudiantes con miembros de una banda rival, los mató y disolvió sus cuerpos en ácido.

Después de esto, fue considerado como el segundo cartel más peligroso en México. El grupo ha hecho uso de propaganda en redes sociales para atraer a los civiles y al mismo Gobierno, al asegurar que librará a los estados de otros carteles como el de Los Zetas.

Los grupos que están perdiendo poder

Los esfuerzos del gobierno de capturar líderes de los carteles han llevado por lo general a divisiones y luchas internas entre organizaciones que alguna vez fueron fuertes. A pesar de estar en declive, estos grupos continúan operando en regiones del norte como Tamaulipas.

Para sobrevivir, están acudiendo a otras actividades, desde robar petróleo a secuestros o administrar escondites en la frontera entre Estados Unidos y México.

“Están diversificando sus actividades. Ya no estamos hablando solo de drogas”, explica Correa-Cabrera.

Cartel del Golfo

Es uno de los carteles más antiguos de México, empezó a operar en los 80 bajo el liderazgo de Juan García Ábrego, quien hizo crecer a la agrupación hasta convertirse en una organización de miles de millones de dólares.

El cartel es conocido por su habilidad de hacer que el Gobierno mexicano se haga la vista gorda frente a sus operaciones.

En un momento, la organización incluso pagó la oficina del Fiscal General. Pero comenzó a declinar después del arresto de varios de sus principales líderes. Además, se dice que Los Zetas, un cartel más nuevo, sería su sucesor.

Le puede interesar: Los diez delitos por los que el Chapo Guzmán terminará sus días tras las rejas

Los Zetas

El Cartel del Golfo le pagó a un grupo de soldados para que le dieran la espalda al gobierno y empezaran a trabajar en su protección.

Lo que alguna vez fue un grupo de 31 soldados, pasó a convertirse en uno de los carteles más poderosos del país. Los Zetas se separaron oficialmente del Cartel del Golfo en la primera década del siglo XXI para pasar a conformar su propia organización.

Se basó en su experiencia militar para intimidar y atacar violentamente a sus enemigos en vez de caer de nuevo en la extorsión y los sobornos. Eventualmente se debilitó por los conflictos con el Cartel de Sinaloa, pero sigue operando en Tamaulipas.

¿Qué está haciendo el Gobierno mexicano?

Después de muchos años de violencia por la “guerra del narco” el presidente López Obrador se comprometió a cambiar la narrativa. Durante su campaña electoral dijo que el gobierno no debería combatir “violencia con violencia”, en vez de esto, buscó adoptar un enfoque más pacífico.

“No se puede combatir el fuego con fuego... No queremos muertes. No queremos guerra”, declaró el presidente.

En la práctica, expertos como Jorge Chabat, quien es investigador de tráfico de drogas y profesor de la Universidad de Guadalajara, dice que las actuales políticas del presidente no parecen ser diferentes de aquellas políticas de seguridad manejadas por muchos otros presidentes antes que él.

Aunque habla de paz, asegura Chabat, sigue operando como los presidentes anteriores.

Pero los expertos señalan el hecho de que envió al Ejército a capturar a un líder de un cartel y que creó una Guardia Nacional, un grupo policial de élite, como evidencia de que está combatiendo agresivamente a los carteles.

“Pienso que no mucho ha cambiado… en realidad, la operación con el hijo de 'El Chapo' Guzmán fue como operaciones previas [ordenadas por otros presidentes]”, sostuvo el profesor. “La diferencia es que esta vez se ejecutó de una manera muy pobre”.

El Mundo
Agencia Anadolu
Sierra Suárez
Viernes 25 octubre 2019.

Página 1 de 7

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Ventana al mundo

Información reciente

Síguenos en Twitter