Elia Tamayo Montes acusó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de favorecer al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y no a la justicia, luego de que el organismo dio por cumplida la recomendación que emitió en el 2014 por la represión policíaca cometida en Chalchihuapan en la que murió su hijo, el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

“Yo no estoy conforme que dicen que la recomendación ya la dieron por cumplida y pido por favor verifiquen bien, porque la Comisión de Derechos Humanos (sic) está a favor del gobierno del estado y no se vale. Yo siempre he pedido justicia por favor, por el amor de Dios, justicia”, reclamó la humilde mujer.

En un oficio entregado el pasado 2 de enero, la CNDH informó que el 26 de diciembre de 2016 dio por cerrado el caso Chalchihuapan con el supuesto cumplimiento de las 11 recomendaciones que emitió contra el gobierno de Puebla en septiembre de 2014 en el expediente 2VG/2014.

“Por mi parte yo me siento muy mal, porque tantas cosas que se ha hecho y no hay justicia, aquí no hay justicia”, insistió la madre del niño de 13 años de edad, asesinado el 9 de julio de 2014, cuando policías estatales desalojaron de manera violenta a habitantes de Chalchihuapan que tenían tomada la autopista Puebla-Atlixco.

Tamayo Montes pidió al gobernador Moreno Valle que no “haga oídos sordos y haga realmente justicia”. Dijo: “Él piensa que con el dinero ha pagado la vida y jamás, aquí estoy en pie de lucha”, advirtió. Luego, aseguró que mantendrá su exigencia pese a la decisión de la CNDH.

Aracely Bautista, madre del exedil de Chalchihuapan, Javier Montes, dijo que la CNDH  dio por hecho de que Tamayo aceptó el pago de una indemnización por la muerte de su hijo, a pesar de que públicamente denunciaron que este hecho se dio bajo una amenaza de funcionarios del gobierno estatal.

Bautista aseguró que la señora Elia fue amenazada por Enrique José Flota Ocampo, fiscal general Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, de que si no aceptaba el dinero el exedil de Chalchihuapan, seguiría en prisión pues el gobierno estatal apelaría su caso.

Hilario Gallegos, vocero del Comité de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, censuró que sin hacer ninguna verificación de campo, la CNDH dio por hecho que el gobierno de Puebla cumplió cabalmente con la recomendación.

Dijo que la notificación sobre el supuesto cumplimiento le fue entregada a él, y no a Elia Tamayo, por personal del organismo a las 23:15 horas del pasado 2 de enero.

Gallegos indicó que la CNDH dio por hecho que el gobierno estatal cumplió con las sanciones contra funcionarios que participaron en el operativo de desalojo, cuando hasta ahora se desconoce cuál fue la sanción o pena que se impuso a Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad del estado.

Tampoco, detalló, se sabe de la situación legal de los tres policías que estuvieron sólo unos días en prisión y fueron liberados en la víspera de la Noche Buena de 2014, ni de las sanciones aplicadas a los mandos medios involucrados en los hechos.

En cambio, agregó, si sabe que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertos tres procesos penales contra pobladores de Chalchihuapan, así como una averiguación contra el exedil, Javier Montes Bautista, el único quien estuvo en prisión por los hechos violentos en los que murió el niño y resultaron heridos ocho pobladores.

Además, acusó que la CNDH no tomó en cuenta que la señora Elia Tamayo nunca dio por aceptada la disculpa pública que le ofreció el gobierno de Puebla en un acto que estuvo encabezado por funcionarios de tercer nivel.

El vocero del Comité de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo dijo que ante el “carpetazo” que dio la CNDH al caso Chalchihuapan recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir justicia y en breve harán una manifestación en la Comisión para reclamarle su postura para exonerar al gobierno de Moreno Valle.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 10 de enero de 2017.

 
Esta madrugada, alrededor de las 3 horas, salió en libertad el ex alcalde de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, quien confirmó vía telefónica a La Jornada de Oriente que no salió condicionado políticamente.

Montes Bautista aseveró que su salida se dio casi 12 horas de que fue liberada la boleta de libertad; sin embargo, debido a una serie de proceso administrativos que cubrió entre la noche de este sábado y la madrugada de este domingo.

Además confirmó que fue un pago de fianza de los 59 días de salario mínimo, que asciende a alrededor de 4 mil pesos.

Derivado de su excarcelación, el pueblo de Chalchihuapan convocó este domingo a un recibimiento masivo en la explanada central, donde Jairo Javier Montes agradecerá a la comunidad su respaldo.

La breve entrevista con el ex preso político confirmó que su salida del penal de San Miguel no se dio el día sábado, como se dio a conocer en redes sociales, sino hasta este domingo.

Jairo Javier salió sólo, nadie lo recibió en el centro penitenciario.

Su madre Araceli Bautista y sus padres, es decir, los abuelos de Jairo Javier, estuvieron a la espera del ex alcalde de Chalchihuapan hasta las 21 horas, posteriormente se retiraron sin lograr hablar con él.

La semana pasada, el juzgado Tercero de lo Penal sentenció a cuatro años y dos días de prisión, así como el pago de 59 días de salario mínimo, por los delitos de lesiones calificadas, ataques a las vías de comunicación y privación ilegal de la libertad por los hechos violentos del 9 de julio de 2014.

La Jornada de Oriente estuvo presente a las afueras del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, por más de siete horas, tiempo en el que un custodio de manera incesante afirmó a esta reportera que Javier Montes había salido desde las 20 horas del sábado.

“Para qué lo espera si ya salió por otra puerta, se lo llevaron sus familiares”, pidió, en un afán de que nos retiráramos de las afueras del penal.

Incluso, fuentes oficiales afirmaron alrededor de las 23:30 horas que Montes Bautista no había salido del penal, y que se encontraba entregando pertenencias y declarando para salir antes de las 24 horas, como marca la Ley.

De lo contrario, su excarcelación después de este sábado se estaría incurriendo en una violación a la Ley, por desacato de mandato de autoridad y privación ilegal de la libertad.

La Jornada de Oriente
Yadira Llaven Anzures
Ciudad de Puebla
Domingo 4 de septiembre de 2016.


Conmemoran segundo aniversario de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo

Familiares, personajes políticos y activistas realizaron una marcha para conmemorar el segundo aniversario luctuoso del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien en 2014 perdió la vida luego del desalojo violento que policías estatales realizaron contra pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, por bloquear la autopista Puebla-Atlixco.

El contingente de aproximadamente 100 personas, encabezado por la madre del menor, Elia Tamayo, caminó por el primer cuadro de la ciudad de Puebla para exigir justicia, pues señalaron que a dos años del suceso no se ha castigado a los responsables, como el ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

Los manifestantes también demandaron la liberación inmediata del ex edil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, así como de los demás presos políticos del gobierno de Rafael Moreno Valle.

En una breve intervención, Elia Tamayo pidió justicia por la muerte de su hijo y que se deje en libertad al edil Javier Montes.

“Soy Elia Tamayo Montes, y estoy aquí para pedir justicia y que se libere al edil Javier Montes Bautista y a todos los presos políticos”, dijo.

En la marcha, participó el ex diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien en su mensaje, arremetió contra al gobernador Rafael Moreno Valle al decir que sólo ve por sus intereses y continúa ejerciendo una política de represión.

Según el gobierno del estado, “la  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) notificó (…) al Gobierno de Puebla, el cumplimiento cabal del sexto punto de la recomendación 2VG/2014, emitida por el caso Chalchihuapan, el cual instruye el ofrecimiento de una disculpa pública institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, disculpa que fue ofrecida a la señora Elia Tamayo y a los demás afectados, el pasado 23 de marzo del año en curso”.

Hilario Gallegos Gómez, del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo”, Hilario Gallegos Gómez comentó que a dos años del desalojo violento continúa la misma política de represión, hay impunidad en el caso y no se han cumplido las recomendaciones del organismo.

Javier Montes fue detenido por cuestión política

Por su parte, la madre del ex alcalde de Chalchihuapan, Aracely Bautista lamentó que su hijo esté preso más por una cuestión política que por temas ilícitos, pues recordó que su único error fue luchar por el regreso del Registro Civil a la comunidad.

Indicó que aunque hasta el momento no tiene una sentencia, sí podrían darle una pena de varios años sin derecho a fianza por lo que pidió la ayuda de la población para que se haga justicia en torno al caso.

“Sabemos que más que una cuestión legal es política. Pedimos al gobernador que se acerque para saldar este problema porque es terrible. Aún no ha sido sentenciado pero se prevé que sí, de acuerdo a la ley. A dos años de esta tragedia, queremos decir que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo porque el gobierno nos pisa sin importarle nada”, expresó.

e-consulta
Jesús Viñas/Kara Castillo
Martes 19 de julio de 2016.


A dos años de esos hechos, el ex edil, Javier Montes, sigue en prisión mientras que los responsables intelectuales y materiales de la represión siguen en libertad.

Puebla.- La recomendación que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan sólo se cumplirá cuando se proceda al encarcelamiento del exsecretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, y de los policías que participaron en el violento operativo en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Así lo planteó Elia Tamayo, madre del menor muerto, quien señaló que, a dos años de esos hechos, “los inocentes” como el exedil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, siguen en prisión mientras que “los culpables” intelectuales y materiales de la represión siguen en libertad.

“Cómo es posible, a los que asesinaron a mi hijo (les dan) tres años de cárcel, no es posible, y el que la verdad no hizo nada, nomás por defender a su pueblo (lo condenan a) 30 años de cárcel, de veras que no sé qué pensamientos tienen”, reclamó.

“Yo lo que le pregunto al gobernador: dónde escondió a Facundo Rosas… no se vale lo que estamos viviendo, inocentes encarcelados cuando los meros criminales andan sueltos”.

Apenas la semana la CNDH hizo un llamado al gobierno de Rafael Moreno Valle para que cumpla de manera íntegra la recomendación 2VG/2014, que a dos años de la represión policiaca contra habitantes de esa comunidad indígena, sigue pendiente aún en “puntos torales”.

Entre los pendientes la Comisión señaló la reparación del daño, con base en criterios internacionales de derechos humanos, a favor de la madre del niño, así como la responsabilidad penal que corresponda a los servidores públicos involucrados.

En rueda de prensa Tamayo, acompañada de los abogados Alejandro del Castillo e Hilario Gallegos, representante del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, aseguró que su único reclamo desde un principio ha sido de justicia.

“El principal responsable es Facundo (Rosas Rosas) y los policías que mandó, ellos deben quedarse en la cárcel para que se cumpla la recomendación y se haga justicia, pues ya van dos años del asesinato de mi hijo y no hay justicia”, protestó.

Gallegos Gómez dijo que incluso la Ley Bala, que el 9 de julio de 2014 dio pie a este operativo de desalojo contra pobladores de Chalchihuapan que participaban en una protesta en la autopista Puebla-Atlixco, sigue aún vigente.

Los abogados hicieron un reclamo público al diputado local panista Jorge Aguilar Chedraui, quien aseguró que si la recomendación emitida por la CNDH no se ha cumplido en su totalidad es por culpa de Elia Tamayo, quien no ha aceptado el pago de una indemnización por la muerte del niño

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 14 de julio de 2016.

Elia Tamayo, madre del menor muerto en 2014 tras un operativo policiaco en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, apeló la sentencia del Juzgado Tercero Penal contra seis policías, anunció el representante legal, Alejandro del Castillo.

En conferencia, manifestó que considera injusta la determinación de esa instancia del Poder Judicial del Estado, que declaró penalmente responsables a dos ex policías estatales de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, mientras que otros cuatro fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones y falsedad de declaraciones.

El abogado refirió que condena a 3.9 años de prisión a dos uniformados por el homicidio culposo del menor favorece la impunidad y no la justicia para la víctima y sus deudos, pues ninguno de los sentenciados pisará la cárcel.

"Estamos apelando todo, para nosotros es ilegal la sentencia y vamos a presentar todos los argumentos; es ilegal", manifestó.

"¿Entonces hubo justicia? Pues no, es una infamia", expuso.

Del Castillo comentó que el Juzgado Tercero Penal enviará la apelación al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y estimó que sea atraída por la Segunda Sala.

En caso de que ante esa instancia se mantenga firme la sentencia, anunció que recurrirán a un Juzgado de Distrito de jurisdicción federal para buscar un amparo y buscar una sanción mayor para los policías.

Elia Tamayo manifestó que en lo personal no sólo quiere un castigo ejemplar para los ex elementos de la Policía Estatal, sino también contra el ex Secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas.

Lamentó que el ex funcionario dejara Puebla sin enfrentar de manera directa su responsabilidad por la muerte de su hijo.

"Quiero que él (Facundo Rosas) también vaya a la cárcel, quiero justicia para mi hijo, quiero justicia", manifestó.

Reforma
Francisco Rivas/Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Jueves 14 de julio de 2016.


A dos años del violento desalojo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, Elia Tamayo, madre del niño asesinado José Luis Tehuatlie Tamayo, no ha obtenido una respuesta a su reclamo de justicia.

Y es que a pesar de que quedó demostrado que fueron los policías quienes iniciaron la agresión y dispararon a quemarropa cartuchos de gas lacrimógeno contra mujeres, ancianos y niños, hasta ahora las únicas personas que han pasado por la cárcel son los propios pobladores de Chalchihuapan, entre ellos Javier Montes Bautista, quien en ese entonces era alcalde de la Junta Auxiliar y hasta la fecha sigue interno en el penal de San Miguel de esta ciudad.

Los policías Juan Máximo, Francisco López Domínguez, Germán Nava, Rómulo Ramiro Juárez Santiago y Luis Bernardo González, señalados como autores materiales de la represión, estuvieron en la cárcel unos cuantos meses. El 24 de diciembre de 2014 fueron liberados para que pasaran la Navidad con sus familias. Ya no regresaron a prisión.

Hilario Gallegos Gómez, vocero del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos “José Luis Tehuatle Tamayo”, aseguró que a dos años de la represión policíaca, la impunidad persiste.

El 9 de julio de 2014 un grupo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan bloqueó la autopista Puebla-Atlixco para exigir la reapertura de las oficinas del Registro Civil en su comunidad.

La manifestación se realizó de manera simultánea en distintas Juntas Auxiliares de la entidad que resultaron afectadas por las modificaciones a las leyes Orgánica Municipal y del Registro Civil promovidas por el gobernador Rafael Moreno Valle.

Además de dejar a más de 600 comunidades sin el servicio del Registro Civil, los cambios legislativos les quitaron la representación de jueces de paz, el Ministerio Público alterno, así como la policía local, lo que generó una protesta generalizada de los pobladores, en su mayoría indígenas.

En mayo de 2014, el Congreso de Puebla había aprobado la llamada “Ley Bala” que permitía el uso de armas no letales para el desalojo de manifestaciones sociales.

Y aunque esta misma ley marcaba un protocolo de llamados al diálogo y de negociación antes de recurrir a cualquier método coercitivo, en la investigación que realizaron peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedó demostrado que el desalojo violento fue ordenado cuando la manifestación era pacífica y no se habían agotado las posibilidades de un acuerdo.

Incluso en la recomendación que emitió la CNDH quedó establecido que los policías persiguieron a los pobladores por las calles de su comunidad, cuando la carretera ya estaba despejada, y hasta les dispararon cartuchos de gas desde un helicóptero.

El niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue golpeado en la cabeza por uno de esos objetos lanzados por los policías y otros ocho pobladores resultaron gravemente heridos. Uno de ellos perdió la visión de un ojo, a otro le fracturaron la mandíbula, uno más quedó afectado de un oído y otro de una mano.

El niño de 13 años de edad estuvo hospitalizado varios días, y el 19 de julio se confirmó su muerte.
Desde el primer día, su madre, Elia Tamayo, fue sometida a una serie de presiones por parte del gobierno estatal para que señalara a los pobladores como los responsables del homicidio de su hijo.

En distintas ocasiones narró que incluso la tuvieron encerrada a ella y a su madre (abuela del menor) durante varias horas adentro de un cubículo del hospital, para obligarlas a que firmaran un documento donde decía que el niño había sido alcanzado por un cohetón supuestamente lanzado por los lugareños en la trifulca.

También contó que días después le ofrecieron una casa, becas para sus otros hijos e incluso le dijeron que darían un trabajo al padre de los hijos para que regresara a Puebla, pero ella insistió en su denuncia de que el niño fue herido por uno de los objetos que lanzaron los policías.

Dedicada al tejido de cáñamo para la elaboración de tenderos, la humilde mujer se ha mantenido firme en su versión no sólo ante las autoridades mexicanas, sino ante representantes de la Organización de las Naciones Unidas, así como en un encuentro en Paraguay al que asistió invitada por el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnats).

El 13 de noviembre de 2014, representantes nacionales e internacionales de organizaciones defensoras de los derechos de los niños fueron testigos del momento en que personal de seguridad de la primera dama del estado, Martha Ericka Alonso, sacó por la fuerza a Tamayo del Centro Expositor adonde había acudido para exponer su caso.

Hilario Gallegos Gómez señaló que aunque uno de los principales responsables de estos hechos, el ahora exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, fue señalado desde un principio, hasta ahora sigue sin recibir castigo.

Y tampoco se fincó responsabilidad contra el entonces procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá, quien defendió una y otra vez la versión de que el niño había muerto por la “onda expansiva de un cohetón” lanzado por los pobladores, pero se demostró que eso no tenía ningún sustento técnico.

Luego Carrancá fue designado fiscal general del estado, y se mantendrá en ese cargo hasta el año 2022.
Los cuatro pobladores detenidos al momento de los hechos son: Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras, liberados después de demostrarse que fueron capturados antes de que se desatara la trifulca y de que el niño resultara herido.

También estuvieron encarcelados Raúl Contreras Montes, Álvaro García Xelhua, Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez García y Fausto Montes García, aprehendidos la madrugada del 18 de octubre de 2014, cuando los policías entraron a Chalchihuapan para allanar viviendas.

En ese entonces el gobierno del estado justificó que esas aprehensiones eran en respuesta a la recomendación 2VG/2014, pero meses después los acusados pudieron salir libres a través de amparos federales.

La propia CNDH reportó que a dos años de estos hechos, algunas de las recomendaciones que emitió en septiembre de ese año siguen sin cumplirse por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Y hasta ahora el único que está en prisión por los violentos hechos es el exalcalde auxiliar, Javier Montes, quien incluso ha sido señalado por delitos contra la salud para evitar que obtenga amparos que lo pongan en libertad, señaló Gallegos.

“Es lamentable que Rafael Moreno Valle esté más ocupado en su imagen para la presidencia de la república, en lugar de cumplir las recomendaciones en torno a este caso”, reclamó.

Tamayo, por su parte, se ha negado hasta la fecha a recibir el pago de la indemnización que ordenó la CNDH, y ha advertido que su exigencia es de justicia, es decir, encarcelar a los responsables de la muerte de su hijo y dictarle la libertad a Montes Bautista.

Y una y otra vez la mujer ha señalado que el verdadero responsable de los hechos fue el gobernador Rafael Moreno Valle por haber ordenado que los policías llevaran a cabo el violento desalojo contra los pobladores.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 11 de julio de 2016.


Pobladores de Chalchihuapan responsabilizan a Moreno Valle por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y los heridos por represión a una marcha

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a dos años de los hechos ocurridos en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el gobierno estatal aún no ha cumplimentado varios puntos de la recomendación emitida, en particular los relativos a la reparación del daño y la determinación de la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados.

En un comunicado, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez destacó que en marzo pasado las autoridades poblanas, con conocimiento previo de las víctimas y sus representantes legales, realizó un acto de disculpa pública en Chalchihuapan.

Asistieron varias de las víctimas convocadas y también visitadoras adjuntas de la CNDH que fungieron como observadores.

Posteriormente, a solicitud del organismo, las autoridades rindieron un informe pormenorizado del evento, que se puso a la vista de los representantes de las víctimas, quienes manifestaron no tener objeciones al respecto, por lo que ese punto quedó cerrado.

De igual manera, las autoridades comunicaron a la CNDH las sanciones administrativas que correspondieron a los servidores públicos involucrados en los hechos, mismas que quedaron firmes. Este punto también fue considerado como atendido.

La recomendación que aún está pendiente es la que tiene que ver con la reparación del daño a favor de la madre de José Luis Tehuatlie, el niño que perdió la vida con motivo de los hechos.

También falta conocer la determinación de la averiguación previa que a la fecha integra la Fiscalía Especial para la investigación del caso Chalchihuapan, y se determine la responsabilidad penal que corresponda a los servidores públicos involucrados.

“Dichos aspectos se consideran torales, pues en todo asunto de violaciones a los derechos humanos, en particular aquellas calificadas como graves, la reparación a favor de las víctimas y la debida sanción de los responsables, abaten la impunidad y coadyuvan a prevenir hechos similares a futuro”, puntualizó la CNDH, y reiteró su llamado para que el gobierno del estado de Puebla atienda en su integralidad la recomendación 2VG/2014.

“Ésta no puede darse por cumplida hasta que la totalidad de los puntos recomendatorios hayan sido satisfechos”, subrayó.

Y destacó que continuará realizando las acciones necesarias para que la recomendación sea cumplida en cada uno de sus puntos pendientes.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 8 de julio de 2016.


El primer acto de gobierno de la abanderada priísta, será devolverles el registro civil a las juntas auxiliares

La candidata a gobernadora por la alianza PRI – Verde, Encuentro Social, Blanca Alcalá Ruiz presentó la agenda municipal para las juntas auxiliares y se comprometió a devolverles la identidad y la oportunidad de desarrollo.

Al sostener una reunión con ex presidentes auxiliares, la candidata señaló cinco puntos que contemplan el rescate de las comunidades, de las que dijo, fueron objeto de violencia por parte del actual gobierno recalcando la lamentable muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo durante la represión de julio de 2014.

En un evento realizado en San Pablo Xochimehuacán, donde insistió en los atropellos que se cometieron en contra de las comunidades, indicó que la primera medida de su agenda será el devolverles el registro civil que les fue arrebatado.

Blanca Alcalá indicó que no sólo se les devolverá el registro civil, sino que se modernizará, y expuso que ahora el gobierno mandó una iniciativa incompleta donde se tiene que presentar un examen, pero la gente no puede esperar a los trámites burocráticos.

Recordó que el despojo del registro civil generó que la gente no pudiera enterrar a sus muertos, ya que nunca se pensó en las personas sino en intereses.

La segunda medida, será instalar las agencias subalternas del ministerio público que permitían a la gente denunciar pues ahora se encuentran indefensas.

El tercer punto será apoyar la seguridad pública, que haya nuevamente la policía de proximidad como existía antes ya que esto daba confianza a los ciudadanos, pero se les quitaron los elementos y ahora enfrentan problemas.

Un cuarto punto es el dotar de recursos directos a las juntas auxiliares, que no haya el centralismo, que se tenga la oportunidad de hacer obras, señaló.

Recordó que ella participó en la Ley para el Federalismo Hacendario, donde se respetaba el desarrollo de las comunidades, e insistió que se evitaba el centralismo.

El quinto punto es el recuperar las obras comunitarias donde la gente tenga la oportunidad de volver a participar en su ejecución y que haya el trabajo que hacían.

La candidata manifestó que no habrá condiciones para devolver la identidad de las juntas, ahora se tomará en cuenta la realidad de las mismas respetando la cultura.

Manifestó que tiene que haber orden y tranquilidad, es lo que se demanda por parte de los pobladores, no puede ignorarse el reclamo de la gente.

Insistió en que hubo presidentes auxiliares detenidos y recordó a Sabino Leonardo Báez Serrano de la Resurrección, quien fue detenido por defender a su comunidad, lo mismo que otros ediles e incluso uno de ellos el de Chalchihuapan que sigue detenido.

Expuso que debe trabajarse desde diversas áreas como la administrativa para devolver el registro civil a las juntas auxiliares, “tenemos que recuperar todos los servicios del registro, todos esos servicios que merece la gente que debe ser tratada como ciudadanos de primera”.

 Seguirá la guerra sucia

En entrevista la dijo que no le preocupan “en lo más mínimo” los señalamientos hechos en su contra y afirmó que la declaración patrimonial que presentó fue completa puesto que aseguro, no tiene nada que esconder a los ciudadanos, por ello enfatizó que las acusaciones realizadas por sus competidores solamente buscan generar una mala percepción entre los poblanos.

Alcalá Ruiz, aseguró que no se detendrá en su campaña para dar respuesta a estas descalificaciones puesto que su objetivo es recorrer todo el Estado para presentar a todos los poblanos su “Visión de Estado” que pondrá en marcha durante sus 600 días de gobierno.

A la reunión asistieron además de los ex presidentes auxiliares, Sabino Leonardo Báez Serrano, edil auxiliar de la Resurrección, Araceli Montes Bautista madre del edil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista.

Intolerancia
Francisco Sánchez
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 26 de mayo de 2016.


Mero trámite para dar cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 que emitió el Ombudsman nacional.

Puebla. - El Gobierno del Estado de Puebla ofreció una disculpa pública a víctimas y familiares afectados por el enfrentamiento ocurrido entre pobladores de Chalchihuapan y elementos policiacos el 9 de julio de 2014.

Enrique Flota Ocampo, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, precisó que con la disculpa se dio cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 que emitió el Ombudsman nacional.

"El Gobierno del Estado de Puebla reconoce que conductas y actos desplegados por algunos de sus servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública ocasionaron daños y perjuicios a varios pobladores de Chalchihuapan y ocasionaron la lamentable pérdida de la vida de José Luis Tlehuatle Tamayo", expresó.

La disculpa, la pronunció Flota Ocampo en la Escuela Telesecundaria Flores Magón, donde estudiaba José Luis, ante Elia Tamayo, madre del menor, y otras víctimas del enfrentamiento.

Tamayo rechazó la disculpa del Gobierno estatal, y pidió que se castigue a los policías que hirieron y mataron a su hijo cuando caminaban sobre la autopista Puebla-Atlixco.

La mujer también pidió la liberación del ex Edil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, y la reapertura de la Capilla de Guadalupe en la comunidad.

Reforma
Ciudad de Puebla
Norma Herrera / Corresponsal
Miércoles 23 de marzo de 2016.

Javier Montes fue detenido el pasado 21 de noviembre, por los delitos de motín, intento de homicidio, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación

Puebla.- El juzgado Décimo de Distrito, concedió un amparo al ex presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista contra el auto de formal prisión.

Lo anterior confirmó el abogado Alejandro del Castillo, quien es asesor de la Coordinadora de Defensa de la Identidad de los Pueblos (CDIP) y de la cual forma parte la señora Araceli Bautista, madre del edil subalterno de Chalchihuapan.

Alejandro del Castillo aclaró que él no lleva el caso de Javier Montes y dijo que los litigantes que lograron el amparo fueron Jaime Luna Flores y Wendy Hernández Flores.

“Ya les notificaron, ya me leyeron la notificación y la justicia de la Unión ampara y protege a Javier Montes”, comentó.

Javier Montes fue detenido el pasado 21 de noviembre, por los delitos de motín, intento de homicidio, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación, luego de que supuestamente participó en el enfrentamiento entre policías estatales y habitantes de Chalchihuapan, el 9 de julio del 2014.

Hace unos días, del Castillo dio a conocer que faltaban algunos días para que se fallara el amparo “910”, el cual se estaba desahogando en el juzgado Décimo de Distrito.

En aquella ocasión precisó que se tenía la seguridad que se iba a ganar el amparo porque el auto de formal prisión que se dictó, “se dictó no sólo para una persona sino para tres y se promovieron tres amparos diferentes, dos de ellos resultaron favorables para nosotros, tanto en el juzgado de distrito como en el colegiado, sólo que apeló la autoridad estatal y no hubo problema, porque esas personas tenían orden de aprehensión pero estaban en libertad”, comentó.

Ese día, advirtió, “si ganamos el amparo 910 y lo recurre –la autoridad-, es más incluso para que no lo recurra y aunque nos acuse de motín, nosotros automáticamente nos vamos a ir a la huelga de hambre porque no vamos a permitir con perdón de ustedes, que sigan con la chingadera que le han hecho a Leonardo y le han hecho al presidente de Canoa”.

El Heraldo de Puebla
Alejandra Corona Flores
Ciudad de Puebla
Martes 21 de julio de 2015.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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