La ONU-DH saludó hoy la emisión del Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia de un tribunal mexicano muy crítica con la investigación oficial del caso Ayotzinapa.

"Después de haber estudiado ambos documentos de manera exhaustiva, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) los considera de la mayor relevancia, por lo que el Estado mexicano debe observar puntualmente sus contenidos", indicó el organismo en un boletín.

Según la ONU-DH, ambos documentos "brindan una nueva oportunidad para redirigir de manera profunda la investigación del caso y materializar transformaciones de fondo en el sector de la justicia en México".

"El informe de la CIDH reconoce ciertos avances pero sobre todo resume de manera contundente las preocupaciones sobre el rumbo de la investigación," señaló el representante del Alto Comisionado en México, Jan Jarab.

Dicho informe de balance al Mecanismo Especial de Seguimiento, presentado la semana pasada, instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.

Por otro lado, la ONU también calificó de "inédita y garantista" la sentencia de un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas, pues es "la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana", de las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, entre otros.

La ONU-DH concuerda con "el cuadro manifiesto de graves irregularidades" al que hace referencia de forma detallada la sentencia, que se acreditó aplicando "los más altos estándares internacionales" en materia de derechos humanos, agregó el texto.

Jarab también consideró que la atención al contenido del informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y el cumplimiento de la sentencia del tribunal deben realizarse "potenciando el papel de las víctimas y reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran".

"Es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado", concluyó.

Según la versión oficial, conocida como "verdad histórica", en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos de Iguala arrestaron a los jóvenes y les entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.

Padres y organismos internacionales han venido denunciando irregularidades en las pesquisas y han exigido que se aborde la posible participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos.

Además, consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.

EFE
Ciudad de México
Lunes 11 de junio de 2018.


El subprocurador de DH, Eber Betanzos, indica que el grupo Guerreros Unidos alcanzó hasta los servidores públicos para poder operar.


Ciudad de México.- Con la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, que dejó una huella en la historia de México, se puso de manifiesto que en el país hay abuso de poder, corrupción e infiltración del crimen organizado en algunas instituciones, dijo el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres.

Durante un mensaje a medios, el funcionario de la PGR indicó que de acuerdo con la investigación, el grupo criminal Guerreros Unidos tejió una red en los municipios de la zona norte de Guerrero que alcanzó hasta los servidores públicos para poder operar.

“Reitero frente a las víctimas, sus familias y a la sociedad entera, hemos dado seguimiento a la investigación a fin de conocer lo que sucedió; tales acontecimientos en el que fueron agredidos y privados ilegalmente de su libertad 43 jóvenes estudiantes, conmocionaron a México y al mundo dejando una huella en la historia del país que nos impacta y nos indigna”, señaló.

Betanzos Torres enfatizó que “ese evento nos alertó sobre fallas, abusos de poder, corrupción y la infiltración de organizaciones criminales en algunas corporaciones policiales en la zona norte de Guerrero”.

En ese sentido, indicó que el reclamo ciudadano ha sido contundente, que los culpables sean llevados ante la justicia, se les siga un proceso conforme a derecho y se reparen los daños; en ese contexto, el informe del caso Iguala describe las principales actuaciones que el Ministerio Público de la Federación ha llevado a cabo, dijo.

“El grupo Guerrero Unidos tejió una red de complicidades en Iguala, Cocula y municipios aledaños, y se infiltró en los cuerpos de seguridad pública municipal, alcanzó a diversos servidores públicos que recibían dinero para el control de la policía municipal”.

Explicó que hasta el momento la PGR ha consignado a 168 personas por delincuencia organizada, detuvo a 130 policías municipales de Iguala y Cocula y realizó mil 651 actuaciones periciales y 850 acciones de búsqueda.

Eber Betanzos refirió que una realidad ineludible es la amenaza que representa la delincuencia organizada, que se tiene que mejorar la seguridad pública, pues es una de las principales demandas de los ciudadanos y que los hechos ocurridos en Iguala ocurrieron en un contexto de inseguridad y delincuencia organizada.

Agencia SUN
Ciudad de México
Miércoles 8 de junio de 2016.

El GIEI sostiene en su informe final que el Ejecutivo ha dejado sin investigar las conductas de ciertos funcionarios públicos y apunta al Ejército

Ciudad de México.- La noche de Iguala no encuentra amanecer. La desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa le ha vuelto a estallar en las manos al Gobierno de Enrique Peña Nieto. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras la negativa del Ejecutivo a prorrogar sus investigaciones, se ha despedido con un informe que pone en duda no sólo la versión oficial de la matanza, sino la credibilidad misma del Estado mexicano.

A lo largo de 608 páginas, este equipo, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla las dilaciones, obstrucciones y bloqueos que sufrieron, pero sobre todo denuncia que, más allá del alcalde de Iguala y sus policías municipales, las “conductas omisivas de los funcionarios públicos” han quedado sin investigar. Un obús que tiene como blanco al intocable Ejército mexicano.

En un país acostumbrado a los seísmos, la despedida y cierre del GIEI responde a una escala de magnitud desconocida. Cuando el Gobierno de Peña Nieto, en plena crisis de confianza, abrió las puertas a esta comisión para que brindara su asistencia técnica en el caso Ayotzinapa, el gesto fue interpretado como el inicio de una nueva era en el sangrante capítulo de las desapariciones. El equipo, formado por cinco personalidades iberoamericanas conocidas por su lucha a favor de los derechos humanos, parecía asegurar la transparencia y las buenas prácticas en la investigación.

Su trabajo empezó en marzo de 2015 y, al igual que las familias de las víctimas, no tardó mucho en distanciarse de la línea oficial. La ruptura se evidenció en septiembre pasado, cuando la comisión presentó su primer informe. Aunque admitía la colusión entre el cártel de Guerreros Unidos y la Policía Municipal de Iguala, su prospección iba mucho más allá. Para escándalo de los sectores más conservadores, ponía en entredicho el papel del Ejército. Y con el objeto de indagar los motivos de su pasividad en la noche de Iguala, solicitaba que se practicasen nuevas pruebas y que se interrogase al 27 regimiento. La petición fue rechazada de plano. Por el alto mando y por el propio presidente. Nadie dudó del motivo: en una nación inmersa en una brutal guerra contra el narco, con más de 100.000 muertos a sus espaldas, el GIEI pretendía abrir una puerta a lo desconocido, a una posible incriminación de la columna vertebral del Estado.

Pero el informe guardaba más sorpresas. Basándose en el trabajo de un especialista internacional, negaba que los cuerpos de los estudiantes hubiesen sido eliminados en una hoguera en el basurero de Cocula. Esta hipótesis, aunque afectaba sólo a una rama colateral del sumario, suponía un reto mayúsculo para la versión oficial. Si no había incendio en el vertedero, entonces los testimonios de los sicarios que lo habían descrito perdían credibilidad. Y la investigación al completo, como un árbol contaminado, quedaba en entredicho. Nuevamente, estalló la bomba. Y aunque meses después un grupo de expertos en fuego volvió al planteamiento inicial, la confianza había quedado irremediablemente dañada. La salida del GIEI ya sólo fue cuestión de tiempo. Cuando llegó la hora de prorrogar su permanencia en México, el Ejecutivo, sin perder la sonrisa, optó por darles el billete de vuelta para el próximo día 30.

La respuesta ha sido el informe presentado esta mañana en la Ciudad de México. Su lectura conduce al nudo gordiano del caso: Ayotzinapa refleja el fracaso del Estado mexicano y no sólo la barbarie del narco. El texto, aunque sin decirlo explícitamente, ronda una y otra vez este punto. No hay resquicio que se libre de la crítica. A ojos de los expertos, la investigación misma revela los males que aquejan al país. Lentitud procesal, burocracia paralizante, excesivo formalismo, falta de pruebas objetivas, apresuramiento en las detenciones, ausencia de garantías, carencias periciales, debilidad de los indicios incriminatorios, filtraciones interesadas… El rosario de males descrito por el GIEI supone un varapalo al sistema policial mexicano, pero carecería de pólvora, si no fuera porque da un paso más y entra en el campo de la acusación. “La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad del caso. La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”, señala el informe.

Para los expertos, este obstruccionismo aumentó a medida que avanzaban las pesquisas hasta el punto de sufrir “un claro bloqueo”. Los ejemplos citados son numerosos. Entre ellos destaca el blindaje de la información referida al Ejército. “Independientemente de que el Grupo no haya podido entrevistar a los militares del 27 Batallón que estuvieron presentes en los hechos […] Los reportes de inteligencia, las bitácoras, las fotografías y los vídeos vinculados a los hechos no han sido incorporados a la investigación”, indica el texto. En esta línea, el GIEI sostiene que en el caso Ayotzinapa “las conductas omisivas de los funcionarios públicos prácticamente no han sido investigadas” y ello pese a que “ciertos agentes del Estado tienen una posición de garante, como es el caso de las fuerzas policiales y militares, que tienen el deber de proteger a los ciudadanos y cuya omisión puede constituir una violación de los derechos humanos”.

En su despedida, el GIEI lamenta que su trabajo haya sido utilizado como un elemento de “polarización” política y atribuye parte de la polémica que le ha rodeado al miedo de ciertos funcionarios públicos, que vieron cuestionado su trabajo, y también a una “actitud soberanista” ante un “grupo de extranjeros”. Como última recomendación, recuerda que la “comunidad internacional” puede ayudar en la investigación, pero que el papel central corresponde a “México, a su pueblo y sus instituciones”. El próximo sábado el GIEI dejará su misión en el país.

El País
Jan Martínez Ahrens
Ciudad de México
Domingo 24 de abril de 2016.

La PGR quiere cerrar caso Ayotzinapa, acusan padres de desaparecidos

El rector de la UNAM, José Narro Robles, sostuvo que nadie “en su sano juicio” puede permanecer indiferente ante los horrores que, afirmó, afectaron hace cuatro meses a estudiantes de Ayotzinapa y a la población de Iguala, Guerrero.

Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, advirtió que lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre del año pasado ha impactado la conciencia nacional “y que nos siguen afligiendo’’.

Asentó: “Pero tampoco es posible mantener el estado de cosas que subyace a la tragedia. Es indispensable que México cambie y debe hacerlo en los grandes ámbitos de la vida nacional”.

“Al mismo tiempo, soy uno de los muchos que entienden el duelo, el coraje y el dolor que embarga a muchos, en particular a los familiares de las víctimas. Sin embargo, también soy uno de los que piensan que la violencia no es solución y que la venganza no es sino otra forma grave de injusticia’’.

Reforzó: “No debemos quedar atrapados en este triste instante de nuestra historia. Lo peor que nos puede suceder, y lo he dicho antes, es que seamos una sociedad que extrañe su pasado, que lamente su presente y que llore su futuro’’.

El rector Narro, se dijo convencido de que la fórmula para encontrar la reconciliación debe surgir de la ley, la justicia y el cambio.

La PGR quiere cerrar caso Ayotzinapa, acusan padres
 
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo en conferencia de prensa que se repudia la forma en que la PGR quiere cerrar el caso.

Los padres de los normalistas exigieron a la Procuraduría General de la República respetar los acuerdos para dar a conocer primero la información sobre el caso a los familiares, antes que a la prensa.

Por la tarde, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que hay certeza legal de la muerte y calcinación de los jóvenes en el basurero municipal de Cocula.

De la Cruz aseguró que este informe se basa principalmente en la declaración de criminales.

"Repudiamos que el procurador quiera cerrar el caso de esta manera", aseguró De la Cruz, al tiempo que afirmó que la lucha seguirá "hasta sus últimas consecuencias".

Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, dijo que no hay certeza científica del homicidio de los jóvenes estudiantes.

Rosales indicó además que varias de las declaraciones fueron arrancadas bajo coacción, "por eso la investigación no puede ser concluyente".

Rosales adelantó además que familiares llevarán el caso ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.

Faltan además detenciones claves, como la de Felipe Flores, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Iguala, dijo Rosales.

Además, señaló que está pendiente una investigación por desaparición forzada en contra del ex edil de Iguala, José Luis Abarca. "Si no hay esta acusación, para nosotros el caso permance abierto".

El representante de derechos humanos dijo también que "la investigación de la Procuraduría depende de las declaraciones de los tres detenidos, de ahí depende su investigación, para nosotros no tiene la veracidad en términos probatorios".

No hay prueba científica, ni certeza científica, de que los 42 compañeros murieron calcinados en el basurero de Cocula, "nos parece sumamente grave que la PGR hable que van a consignar por homicidio, cómo lo harán si no hay evidencia de que los 42 compañeros fallecieron", debatió Rosales.

En la investigación hay versiones contradictorias, señalaron, además pidieron que en la investigación se incluya a las fuerzas armadas.
Epifanio Álvarez, padre de unos de los desaparecidos, rechazó igualmente la versión de la PGR y aseguró que el gobierno "ha pisoteado su dignidad".

Dijo además que según información de la investigación, a los normalistas los quemaron con todo y celulares, pero uno de los padres marcó a su hijo y el aparato timbraba.

La noche del 26 de septiembre pasado, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue atacado y plagiado por un grupo de policías que más tarde los entregó al grupo criminal denominado "Guerreros Unidos", quien los habrían matado y calcinado, según la versión de la PGR.

Esta versión, dijo el procurador Murillo Karam, da certeza legal de que los normalistas murieron en Cocula.

SUN / Puebl@Media
Ciudad de México / Puebla
Martes 27 de enero de 2015.

 

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