El mandatario advirtió y prometió a los padres de los 43 normalistas que habrá cero impunidad


A seis años del caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército y ofreció disculpas.

"Quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar", dijo ante padres de los 43 normalistas desaparecidos.

El mandatario advirtió que habrá cero impunidad.

"El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado, ese es un avance".

López Obrador expresó que el caso Ayotzinapa es doloroso.

"Es un acto importante, trascendente y al mismo tiempo triste porque estamos recordando hechos de injusticias, de atrocidades que se cometieron en contra de jóvenes, hijos de ustedes, es un hecho lamentable y doloroso", expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de esclarecer los hechos.

"Que se conozca la verdad, la auténtica verdad, ese es el compromiso y desde luego que sepamos del paradero de los jóvenes, al mismo tiempo que se castigue a los responsables, en pocas palabras, que haya justicia, reparación del año".

Ante los padres, sostuvo que lo lograrán porque no deben perder la esperanza.

"Uno, que nosotros somos autoridades surgidas del pueblo, no nos impusieron grupos de intereses creados, yo no estoy aquí por los potentados, no estoy aquí por la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco", señaló.

Del mismo modo, el presidente demandó a jueces actuar con rectitud y no dejar libres a implicados en el caso.

"Se requiere que los jueces ayuden para avanzar en el Poder Judicial, porque allí hay mucho problema, por cualquier pretexto se libera a presuntos responsables", señaló.

Reforma
Jorge Ricardo
Ciudad de México
Sábado 26 septiembre 2020.


Los afectados por las grandes tragedias del país, como el ‘caso Ayotzinapa’, han convertido el Paseo de la Reforma de Ciudad de México en un espacio de reivindicación y memoria a través de antimonumentos.

La historia reciente de México acumula ignominias que el pueblo se niega a olvidar. Terror sin justicia y desapariciones candentes en la memoria. David y Miguel fueron secuestrados en 2012 y nunca más se supo; 49 niños murieron en el incendio de una guardería de Sonora en 2009 sin que se hayan depurado responsabilidades; hace 10 años, decenas de hombres quedaron atrapados en la mina de Pasta de Conchos; hoy es el sexto aniversario de la desaparición de los estudiantes de Iguala, los tristemente famosos 43 de Ayotzinapa, cuyos cuerpos se buscan por una geografía imprecisa.

Los afectados han decidido mantener vivas todas estas causas ocupando un espacio público que también les pertenece: el Paseo de la Reforma, el bulevar más emblemático y bullicioso de la capital mexicana se ha convertido en los últimos años en una expresión colectiva de la memoria. De la noche a la mañana, donde había un arbusto se levanta un monumento que recuerda a los poderes públicos que hay gente que espera una reparación legítima. El 22 de agosto, a plena luz del día y sin permisos municipales, se erigió el último de estos antimonumentos, como han dado en llamarles, a la memoria de los 72 migrantes de San Fernando (Coahuila), asesinados por el cártel de los Zetas, una masacre impune.

La colocación de este símbolo y de otros tantos que se reparten por el Paseo de la Reforma, la arteria financiera de la capital, recuerda que derribar estatuas no es la única forma de protestar; también lo es levantarlas. Cuando se instaló el antimonumento a los normalistas desaparecidos -un enorme número 43 acompañado de una cruz, todo ello en hierro rojo- se organizaron brigadas para que no lo echaran abajo y el chófer que lo transportó fue detenido. Corría 2015. En 2017 quedó plantado para siempre el recuerdo de los 49 niños fallecidos en el incendio de Sonora, y en 2018 los que reclaman el rescate de David y Miguel y la memoria de los mineros de Pasta de Conchos. El movimiento parece imparable y el Gobierno de la capital se muestra encantado con ello. “Merecen nuestro respeto y admiración. Estos colectivos nos muestran con sus hechos cómo se reapropian del espacio público más emblemático de la ciudad y nos da la esperanza de la potente vida que hay en ella. El Paseo de la Reforma fue durante años un espacio museístico que ahora ha sido retomado por sus habitantes para dejar una impronta urbana sobre acontecimientos que nunca deben repetirse. La ciudad lo agradece”, dice el secretario de Gobierno de Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real.

El funcionario no teme que otros vengan con sus creaciones y acaben dejando el bulevar como un mercadillo. “Claro que cabe esa posibilidad, pero también la otra: en Oaxaca pusieron unos animales de plástico horrendos y la gente los quitó”. La belleza, en todo caso, no es patrimonio de los que gobiernan. El Paseo de la Reforma está jalonado de estatuas de nulo valor estético y escaso poder instructivo. Quizá adornan. Militarcillos de bronce con casaca y espadón, poetas de levita y capisayos religiosos. Un espacio que este año han querido poner en consonancia con el nuevo siglo incorporando dos figuras femeninas, una escultura anónima en representación de las mujeres que combatieron en la independencia de España y a la heroína más notable de todas ellas, Leona Vicario, que tuvo que tener su carácter, sin embargo en su pedestal se lee “dulcísima madre de la patria”.

De este avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres se congratula también Suárez del Real: “Tenemos una antimonumenta frente al Palacio de Bellas Artes”. Efectivamente, este mismo año, el 8 de marzo, las feministas levantaron también en hierro su símbolo y 32 cruces, una por cada Estado, para que nadie olvide que cada día mueren asesinadas en este país 10 mujeres. “La sociedad hace vivo el espacio”, añade el secretario de Gobierno.

“No pedimos permiso para ponerlos, esto no viene del Gobierno, más bien es en contra de los Gobiernos, un acto de rebeldía por la impunidad en que se quedan muchos crímenes. Pero es cierto que han mostrado sensibilidad hacia los antimonumentos. Son expresiones desesperadas contra el olvido, para que se acuerden de las deudas pendientes”, resume Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien participó el mes pasado en la colocación del que se levantó para recordar que “nadie es ilegal en el mundo” y que “migrar es un derecho humano”, como se lee en el símbolo de los de San Fernando.

Curiosamente, estos emblemas que salpican Reforma parecen haber salido del mismo taller. Se trata de tallas en hierro con un gran número que significa a las víctimas de cada tragedia, a veces con una cruz, a veces con un "+", porque en México la violencia y las tragedias no parecen tener fin. O en palabras de Delgadillo: “Reforma es ya la calle de las graves violaciones de los derechos humanos. Ojalá fuera también la de la justicia”.

El País
Carmen Morán Breña
Ciudad de México/ Madrid
Sábado 26 de septiembre de 2020.


•    La fiscalía confirma que busca a militares por el ataque y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sexto aniversario de su desaparición

•    Tomás Zerón, “se robó más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de la fiscalía con la anuencia de sus superiores” denunció este sábado el fiscal general, Alejandro Gertz

Tomás Zerón, antiguo responsable de la investigación por el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, “se robó más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de la fiscalía con la anuencia de sus superiores”, ha denunciado este sábado el fiscal general, Alejandro Gertz, en el marco del informe sobre el estado de las investigaciones del caso Ayotzinapa. Justo este sábado se cumplen seis años del ataque contra los estudiantes y la desaparición forzada de 43 de ellos.

“[Zerón] sustrajo [el dinero] con varios cómplices, de manera fraudulenta y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias”, ha añadido el fiscal general. El discurso de Gertz ha sido el más contundente de los escuchados este sábado en Palacio Nacional. Según sus palabras, Zerón huyó a Canadá cuando supo que la fiscalía le investigaba por peculado. “En cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondientes, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá. Pero él, inmediatamente, huyó a Israel, país al que ya se le ha pedido su apoyo”.

Así, la carrera de Zerón trasciende al caso Ayotzinapa y apunta a un tema de malversación de fondos. Más aún, implica a “sus superiores”, como ha dicho Gertz. Esto es, al procurador general de entonces, Jesús Murillo Karam. Gertz, que se ha conectado al evento por videoconferencia, no ha dicho si la fiscalía investiga a Murillo Karam.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha cerrado el evento insistiendo en que el caso no va a quedar en la impunidad. “Hay condiciones muy favorables para saber el paradero de los muchachos. Pero por la prisa, o por presiones, no vamos a fabricar otra falsedad. Otra llamada verdad histórica. Debemos tener consenso de que así fueron los hechos. No vamos a ocultar nada”, ha dicho el mandatario.

Otra de las novedades del sábado ha sido la confirmación de que la fiscalía busca a militares por su participación en el ataque contra los estudiantes normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Entonces, elementos del 27 Batallón de Infantería llegaron a un hospital cerca de uno de los escenarios del ataque en Iguala, donde un grupo de 25 estudiantes se había refugiado. Los normalistas llegaron allí con un compañero, Edgar Andrés, con una herida grave de bala en la cara. Lejos de auxiliarles, los estudiantes dicen que los militares les regañaron, les amenazaron y no dejaron de apuntarles con las armas. Les decían cosas como “si se mueven les disparamos”, “sigan secuestrando autobuses”, “tengan los huevos suficientes para afrontar las cosas”. Luego les hicieron fotos, les tomaron los nombres y se fueron. El responsable de los militares esa noche era el capitán José Martínez Crespo. Como informaba el viernes EL PAÍS, Crespo podría ser uno de los militares que busca la fiscalía.

El caso podría escalar más. Recientemente, la revista Proceso publicó parte de la declaración de un viejo detenido, presunto integrante de Guerreros Unidos, que se ha acercado a la fiscalía a aportar información. La fiscalía lo llama Juan. Según su versión, los militares tuvieron un papel activo en la desaparición de los muchachos y su entrega a criminales de Guerreros Unidos durante el ataque.

Antes de Gertz y de López Obrador ha habado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que ha repasado los números de la investigación y ha cargado duramente con los jueces señalados de corrupción, vinculados al caso. “Está el caso del Samuel Ventura Ramos, que dictó a libertad de 77 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada. Y también está el juez que dejó en libertad a marco Antonio 'R' capturado tras volver de EE UU”. Encinas se refiere a Ríos Berber, presunto integrante de Guerreros Unidos. “Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas. Y dan cuenta de la corrupción que prevalece en distintas áreas de impartición de justicia en el país”.

El fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez, ha tomado también el micrófono. Gómez ha señalado la dificultad de investigar, no solo por el paso del tiempo, sino por la “lápida que sepultaba la investigación”. El investigador, antiguo integrante del equipo de expertos independientes comisionado por la OEA en 2015 para investigar el caso, ha dicho que “Zerón no actuó solo”. Gómez ha explicado que “fiscales de la fiscalía de delincuencia organizada y otros funcionarios fueron dejando huellas en diversas averiguaciones previas de su ilícito actuar. Hemos encontrado pruebas de cómo quisieron ocultar la verdad”.

Tanto para Gómez como para Encinas, el momento actual de las investigaciones es crucial. “Esta parte es compleja”, ha dicho Encinas. “Es el momento de la judicialización de las investigaciones y la ruptura del pacto de silencio”, ha matizado el funcionario. “Estamos investigando para romper los pactos de silencio”, ha insistido Gómez. La detención de funcionarios de la antigua fiscalía y de la vieja procuraduría de Guerrero podría ayudarles a reconstruir la vieja investigación. Las pesquisas sobre cómo se construyó la vieja investigación, además de los testimonios de viejos detenidos y agentes de cuerpos de seguridad federales es el camino a la verdad de la fiscalía que encabeza Gómez. Ahora mismo no se sabe qué pasó, ni por qué. Pero al menos se sabe lo que no pasó.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Sábado 26 septiembre 2020.


López Obrador asegura que el encargado de la investigación de los 43 estudiantes huyó a Israel y que se ha avisado al Gobierno de que hay una orden de aprehensión en su contra

La huida de Tomás Zerón continúa y su rastro conduce ahora a las autoridades mexicanas a Israel. Buscado por la Fiscalía por delitos relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa, Zerón huyó a Canadá hace meses, aunque las autoridades informaron al respecto a principios de este año. Hasta julio, el canciller, Marcelo Ebrard, aseguraba que el exfuncionario estaba en aquel país. Este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha informado de que Zerón está en Israel. “Ya hay aviso a su Gobierno de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor”, ha explicado el mandatario.

Las novedades del caso Zerón se suman al anuncio que hizo el viernes el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre Carlos Gómez Arrieta, jefe en 2014 del cuerpo investigador de la vieja fiscalía. “Esta mañana se entregó voluntariamente a las autoridades Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial durante los lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa y sobre quien existía una orden de aprehensión desde marzo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Arrieta y Zerón han sido dos de los nombres más mencionados por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Su búsqueda ha sido un tema recurrente en las reuniones mensuales que mantienen con el presidente López Obrador. Zerón encabezó las pesquisas por el caso en 2014 y 2015 y González Arrieta actuó bajo su mando. En 2019 trascendió un vídeo donde aparece uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, Carlos Canto, siendo torturado. Varias personas le interrogan por los estudiantes. Una de las voces que se escuchan es la de Gómez Arrieta.

Durante buena parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Zerón dirigió la Agencia de Investigación Criminal, AIC, órgano adscrito a la antigua Procuraduría General de la República, PGR, hoy fiscalía. Desde octubre de 2014, Zerón encabezó la indagatoria por el ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre y la desaparición de los 43. Zerón y Jesús Murillo Karam, titular entonces de la PGR, fueron los artífices de la llamada “verdad histórica”, la narrativa gubernamental de lo ocurrido en Iguala. Esa versión defiende que policías de varias corporaciones locales desaparecieron a los estudiantes en contubernio con un grupo delictivo regional, Guerreros Unidos. Este grupo, Guerreros Unidos, habría asesinado a los muchachos y quemado sus restos en un basurero en el municipio de Cocula, vecino de Iguala. Luego los criminales habrían arrojado las cenizas a un río cercano.

Las familias de los 43 siempre rechazaron este relato de los hechos y criticaron a la PGR. Las evidencias que sostenían esa versión eran testimonios de detenidos, presuntos integrantes de Guerreros Unidos. Con el tiempo se supo que muchos detenidos habían declarado después de haber sido torturados. La poca confianza de las familias en la PGR se hizo pedazos.

Zerón cayó en desgracia por un vídeo que ilustra las irregularidades de la investigación. En octubre de 2014, el director de la AIC viajó al lugar del ataque, una zona montañosa del Estado de Guerrero, a unas tres horas de la capital. Zerón voló a la zona acompañado de un detenido, supuestamente involucrado en la desaparición de los 43, Agustín García, alias El Chereje. En el vídeo, liberado por el grupo de investigadores independientes que llegó a México patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se ve a Zerón con El Chereje, cerca del río San Juan. “La verdad histórica” defendía que los Guerreros Unidos habían arrojado allí las cenizas de los estudiantes.

El problema con el vídeo es que mostraba una parte de la investigación que no aparecía en el expediente. Es decir, Zerón se había saltado las reglas, había sacado a un detenido de prisión y había viajado con él cerca de Iguala a señalar el punto exacto donde, según él, habían arrojado las cenizas al río. Luego se supo además que el detenido -García Reyes, alias El Chereje- había sido torturado. No necesariamente por Zerón, pero sí por personal a su cargo. La denuncia de tortura fue parte del informe que presentó en 2018 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En sus conclusiones, Naciones Unidas señaló que contaba con “fuertes elementos de convicción que indican la tortura” en al menos 34 detenidos. El Chereje era uno de ellos.

Zerón salió de la AIC en septiembre de 2016, pocos meses después de que el grupo de investigadores de la CIDH liberara el vídeo del río San Juan. Siguió en el Gobierno, como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, un área de la Oficina de la Presidencia. No en vano, Zerón venía del Estado de México. Peña Nieto había sido gobernador de la entidad de 2006 a 2012 y Zerón fue coordinador de la procuraduría local desde 2009.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Lunes 14  de septiembre 2020.


El investigador anunció esta semana la primera identificación de uno de los 43 en cinco años. “El hallazgo de Christian Rodríguez controvierte la hipótesis del basurero”, defiende Gómez


El caso Ayotzinapa ilustra todas las capas de horror del México contemporáneo. Grupos de criminales organizados, coludidos con policías municipales de varios pueblos, solapados por la desidia de autoridades estatales y federales. Investigadores incapaces de trabajar con la ley en la mano. Víctimas abandonadas... Han pasado casi seis años del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa en el municipio de Iguala y las preguntas dominan todavía el relato: ¿por qué atacaron a los estudiantes? ¿Qué hicieron con los 43 desaparecidos? ¿Por qué ocurrió algo así y por qué no se ha logrado alcanzar la verdad en tanto tiempo?

Anestesiados contra toda promesa que llegara desde el poder, los familiares de los 43 vieron en la elección de Andrés Manuel López Obrador algo parecido a una esperanza. Para entonces, julio de 2018, la investigación se había estancado. La vieja fiscalía no se había movido de las conclusiones a las que había llegado en 2014: un grupo criminal, Guerreros Unidos, coordinado con policías de Iguala y otros pueblos atacó a los estudiantes. Desaparecieron a 43, que luego asesinaron y quemaron en un basurero cercano. Las familias y grupos de peritos independientes negaron esta hipótesis.

López Obrador prometió justicia y ordenó diligencia a la fiscalía nada más llegar a la presidencia. En junio del año pasado, el nuevo fiscal, Alejandro Gertz, nombró a Omar Gómez al frente de las pesquisas del caso. Delante tenía una tarea descomunal. No era solo investigar, debía convencer. Un año más tarde, las cosas marchan, aunque sea despacio. “Estamos rompiendo el pacto de silencio alrededor del caso Ayotzinapa”, dice el fiscal.

Hace unos días, Gómez anunció que un trozo de hueso hallado en noviembre en Cocula, a 800 metros del basurero, perteneció en vida a uno de los 43, Christian Rodríguez. En el momento en que desapareció, Christian contaba 19 años. La entrevista empieza por el hallazgo de ese trozo de hueso que alguna vez fue parte de su cuerpo.

Pregunta: En la barranca de la carnicería —donde encontraron en noviembre el hueso de Christian— se hicieron dos búsquedas durante la anterior administración, una incluso con tecnología LIDAR, un tipo de láser muy poderoso ¿cómo es que los anteriores investigadores no encontraron estos restos?

Respuesta: Bueno, se piensa que el área donde nosotros buscamos es el mismo lugar donde buscaron ellos, pero nosotros rescatamos los huesos en otro lugar, a 200 metros de donde buscaron ellos, en la parte de abajo de la barranca, donde se abre una cañada. Por la mecánica que nos comentaron de cómo pasaron las cosas allí, tenía una lógica que encontráramos algo en esa parte. Encontramos 132 fragmentos óseos en total.

P. ¿Cómo llegaron ustedes a ese lugar entonces?

R. Nos los dijo una fuente nueva, diferente.

P. ¿Qué nos puedes decir de esa fuente nueva?

R. Es una fuente que en su momento no se había acercado a la Fiscalía. Así empezamos a recibir información, de fuentes que antes no se acercaron. Tan es así que hemos hecho más de 20 búsquedas.

P. ¿Y esta fuente es civil, fue servidor público?

R. Ahí quiero ser cuidadoso, es información reservada. Hemos querido ser muy cuidadosos, tener un diálogo continuo con las familias y sus representantes. Yo creo que parte del daño que sufrieron los familiares de los 43 pasa por una falta de cuidado. Cuando entré al cargo, ellos me dijeron, ‘Omar, háblanos con la verdad y a nosotros primero, no necesitamos enterarnos por los medios de algo que nos corresponde a nosotros’.

P. En los hallazgos en la barranca de la carnicería en 2014, los investigadores encontraron huesos sobre una cama de cenizas, como si hubiera habido fuego. En este caso, ¿cómo fue?

R. Sobre la superficie. No era una fosa. No había cenizas, nada. Eso lo daremos a conocer próximamente. Es muy distinto al de 2014 y no puedo decir nada porque está pendiente de judicializar. Al final, se trata del paradero de Christian, que es importante para construir la narrativa: ¿por qué llega ahí?

P. Es la gran pregunta de estos días.

R. El hallazgo de Christian nos abre la posibilidad de echar para atrás una investigación de acuerdo a un marco lógico, metodológico. Yo leía estos días en la prensa que 800 metros ‘no importan’. No, ¡800 metros son clave! Te cambia la perspectiva de la hipótesis inicial. El hallazgo de Christian controvierte la hipótesis de la incineración de los estudiantes en el basurero.

P. Los anteriores administradores sostienen que ellos nunca dijeron que allí quemaron a todos los estudiantes.

R. La prueba sobre la que soportaron su hipótesis es que iban 43, 44 estudiantes.

P. La respuesta a la pregunta de cómo llegó ese trocito de hueso de Christian a esa barranca forma parte de una narrativa que no existe. O sea, nos hemos quedado sin narrativa…

R. Lo que tengo ahora mismo es una prueba, fuerte y objetiva. Y a partir de eso empezamos a construir. Obviamente, la persona que nos llevó ahí ha dicho cosas que forman parte de la reconstrucción de ese evento. Pero vamos a judicializar y no puedo decir nada: aún tenemos que corroborar esa información. Hay que cuidar mucho la información, corroborar cada dato. Si judicializo cosas, quiero que sean fuertes. Les pido paciencia.

P. Estos días se ha publicado en algunos medios que, superada la hipótesis del basurero, hubo diferentes puntos donde los criminales llevaron a los estudiantes y allí los mataron, ¿esta narrativa se parece a lo que cree usted que podría haber ocurrido?

R. No, no se parece.

P. Respecto a la participación de la Policía Federal en los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH] ha documentado que dos agentes que atestiguaron parte de los hechos no evitan la desaparición de los muchachos. ¿Ustedes han analizado el papel de la Policía Federal a nivel operativo esa noche?

R. Sí.

P. ¿Y a nivel coordinación? Porque el jefe de la Policía Federal entonces en Guerrero era Omar García Harfuch [actual jefe de la policía de Ciudad de México, que sufrió un ataque a balazos en la capital hace dos semanas]

R. Sí, o sea, todos los actores que aparecen en los dos escenarios de la privación de la libertad [de los estudiantes] son los cimientos desde donde hemos empezado a construir. Hemos puesto una lupa sobre la responsabilidad y el papel que jugaron los actores allí. Y ese es uno de los principales puntos, porque el papel de la autoridad es proteger a la sociedad.

P. Hace dos semanas, el fiscal Gertz dijo que había órdenes de aprehensión pendientes, ¿hay alguna que tiene que ver con los policías federales?

R. Bueno, son parte de las autoridades que estamos investigando. Obviamente la participación de todos pasa por quiénes eran, si estaban de servicio esa noche, qué tipo de vehículos tenían, qué armas usaban, quiénes había dado las instrucciones, por qué habían dado esas instrucciones, las comunicaciones que mantuvieron durante esas horas… Muchas de esas cosas no se habían analizado.

P. García Harfuch siempre se ha disculpado diciendo que aunque sobre el papel aparecía todavía como coordinador de la federal en Guerrero, en realidad le habían mandado ya a Michoacán. Pero ha habido controversia sobre la documentación que él ha aportado para probar este cambio. Igual que ha habido controversia por la aparición de su nombre en la libreta de Sidronio Casarrubias [líder de Guerreros Unidos]…

R. Lo estamos investigando. El papel de Omar García empieza por una controversia respecto a esos documentos que mencionas… Lo estamos investigando.

P. Insisto en el tema de la Policía Federal, porque en otros temas, caso de Tomás Zerón por ejemplo, parece que ha habido cierta prisa en judicializar. Y ese no parece ser el caso de la Federal.

R. En el caso de Tomás Zerón había una carga de prueba bastante importante, entonces su judicialización fue rápida. De la Policía Federal tendremos noticias próximamente si judicializamos o no.

P. Sobre el Ejército, ¿se ha alcanzado el nivel de profundidad deseado sobre lo que hicieron o dejaron de hacer los mandos del batallón de Iguala?

R. Los estamos investigando también. Los militares no aparecen prácticamente en los principales escenarios, más que los OBIS —militares que patrullan de paisano para informar a sus superiores—, que van reportando desde las 17.00 del 26 de septiembre, cuando los muchachos llegan a Iguala. Pero, ¿qué reportaban y a quién? ¿Y en dónde terminaba esa información? Es una cadena que hemos estado reconstruyendo.

P. Los anteriores investigadores de la PGR y un equipo de investigadores independiente [el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF] encontraron miles de restos óseos en el basurero de Cocula. La CNDH dijo que se propuso el envío de más de 100 fragmentos a Innsbruck, ¿qué ha pasado con esos restos?

R. EAAF y PGR trabajaron durante un año sobre este material. La CNDH llegó y en dos semanas dijo que había que mandar esas piezas... Las conclusiones de la EAAF es que no son piezas propensas para la identificación genética. Yo no tengo inconveniente en que sean enviados a Innsbruck, pero lo que vamos a hacer es una mesa de peritos con EAAF, PGR y CNDH para conciliar. Me parece lo más sano.

P. Mucha gente se pregunta, ¿esto llegará a Jesús Murillo Karam [titular de la PGR cuando estalló el caso Ayotzinapa]?

R. Pues… Esperemos que las pruebas nos den el conocimiento suficiente.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Sábado 11 de julio de 2020.


La universidad de Innsbruck identificó a Christian Alfonso Rodríguez mediante unos restos encontrados en Cocula, pero lejos del basurero donde habrían sido quemados los estudiantes


La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que identificó los restos de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, detalló que las Universidad de Innsbruck (Viena), había identificado genéticamente a este estudiante mediante unos restos encontrados en el municipio de Cocula pero lejos del basurero donde, según la criticada versión oficial, fueron quemados los jóvenes.

Además, los restos fueron analizados también por el Equipo Argentino de Antropología Forense y los resultados coincidieron también en que los restos pertenecían a una "extremidad inferior" del joven.

Gómez Trejo relató que tras recibir información sobre el paradero de los estudiantes y comprobar su veracidad del 21 al 29 de noviembre de 2019 llevó a cabo una búsqueda en un punto ubicado en el municipio de Cocula, Guerrero, conocido como Barranca de la Carnicería.

La FGR solicita 46 órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa

"Este lugar no es el Basurero de Cocula, ya que la Barranca se encuentra a más de 800 metros de distancia de donde se crea la narrativa de la 'verdad histórica'", la versión oficial del Gobierno anterior, dijo Gómez Trejo.

Con anterioridad, dijo, se conocía este paraje pero no se agotaron las líneas de investigación.

Hallazgo de indicios

En las investigaciones actuales se recuperaron 15 indicios que fueron analizados en un primer momento por peritos de la FGR acompañados de familiares.

López Obrador destaca avances de la FGR sobre caso Ayotzinapa

Gómez Trejo dijo que varias de los restos humanos fueron llevados al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, quienes les dieron resultados el pasado 19 de junio.

"Después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014", dijo el encargado.

Explicó que, para mayor certeza, los resultados también fueron analizados también por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que terminó su revisión el 4 de julio, "concluyendo de forma coincidente".

Christian Alfonso Rodríguez es el tercer estudiante identificado por la Universidad de Innsbruck, pues durante la investigación del Gobierno anterior se hallaron restos de Alexander Mora y de Jhosivani Guerrero, dos de los estudiantes desaparecidos.

Contra la "verdad histórica"

Hace apenas una semana, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en una nueva "etapa" de la investigación que pretende tumbar la versión oficial del gobierno pasado.

Según la versión oficial del Gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura

EFE
Ciudad de México
Martes 7 de julio de 2020.


También explicó que por estas intervenciones, “junto con otras razones legales”, se obtuvo el arraigo del Mochomo, quien fue detenido el pasado 24 de junio en el municipio de Metepec, Estado de México.


La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tener pruebas de un presunto soborno millonario que recibió un juzgado en el Estado de México para liberar a José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos y señalado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Esto, luego de que en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales decretaron su liberación al negar el valor de pruebas que se presentaron y que fueron admitidas en 2014.

Por este motivo la FGR señaló que las pruebas “eran válidas en el sistema vigente en ese momento”, por lo que señaló que en el juzgado federal decidieron no revisar 21 pruebas contra el Mochomo, por lo que apeló la decisión.

“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la FGR, tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho (soborno) por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona”, denunció la Fiscalía en un comunicado.

También explicó que por estas intervenciones, “junto con otras razones legales”, se obtuvo el arraigo del Mochomo, quien fue detenido el pasado 24 de junio en el municipio de Metepec, Estado de México, “donde se había ubicado después de vivir por varios años, oculto en distintas zonas serranas del país”.

La FGR dijo que buscará solicitar una nueva orden de aprehensión contra el presunto líder delictivo por hechos distintos a la acusación de delincuencia organizada que se le había hecho.

Este mismo 2 de julio, el Consejo de la Judicatura Federal  (CJF) inició una investigación en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por posibles actos de corrupción.

Animal Político
Ciudad de México
Jueves 2 de julio 2020.


Durante 7 meses solicitó los servicios de una de las chefs más exclusivas de México


A raíz del amparo solicitado por Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la AIC (Agencia de Investigación Criminal), para no ser detenido por delitos que se derivan del caso de los 43 normalistas en Iguala, ha salido a la luz la cantidad que el funcionario empleó en comida gourmet mientras se dedicaba a la 'búsqueda' de los desaparecidos.

Zaida González, una de las chefs más reconocidas de México y dueña de Banquetes Les Croissants y Gastronómica Zayda, que se distingue por su incomparable menú, fue la encargada de brindarle sus exclusivos servicios a Zerón, ofreciéndole un festín en su oficina mientras éste supuestamente se dedicaba a la búsqueda de los normalistas que desaparecieron durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero.

Es así que desde mayo hasta diciembre del 2016, Zaida fue la encargada de brindar los alimentos diarios que incluían desayuno, comida y cena para Zerón y su equipo, así como para el personal de la Policía Federal Ministerial. Dicho servicio tuvo un costo total de 14 millones 990 mil 440 pesos.

Sin embargo, los millonarios gastos de Zerón no terminan ahí, pues al estar la AIC bajo su mando, éste desembolsó 3 millones 761 mil 788 pesos para servirse a él y al personal del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, del menú de Gastronómica Zayda.

Además, empleó otros 2 millones 996 mil 268 pesos de la AIC, en servicios de cafetería, box lunch y menús ejecutivos para los empleados de la Policía Federal Ministerial.

La información anterior corresponde a los contratos por Adjudicación Directa que fueron otorgados mientras Zerón estuvo a cargo de la AIC, por un periodo de 3 años, de 2013 a 2016.

Parte del contenido de sus contrataciones fue puesto bajo reserva por cinco años, poco antes de presentar su renuncia e Enrique Peña Nieto, Presidente de la República en aquel tiempo.

Siglo de Torreón
Ciudad de México
Viernes 19 de junio de 2020.


En un veredicto histórico, una jueza en EE.UU. proporcionó justicia a los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Afirmó que la versión oficial del caso Ayotzinapa fue fabricada.

Durante cuatro años fui testigo de un proceso judicial histórico en una Corte en Florence, Arizona. El veredicto fue dictado el 7 de enero pasado y dio un inesperado giro al caso de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Crimen que marcó el gobierno del ex presidente de México Enrique Peña Nieto. Lo que ni el actual gobierno de México se ha atrevido a decir, lo dijo de manera clara y contundente la Juez Molly S. Frazer: solo instituciones del gobierno federal mexicano tenían el poder e influencia política suficiente para desaparecer a los normalistas y fabricar una versión falsa oficial para encubrir la verdad.

Todo ocurrió en el marco de un juicio de asilo político solicitado por un mexicano llamado Ulises Bernabé García, quien la noche de la desaparición de los jóvenes estudiantes era un simple juez de barandilla temporal, que multaba las personas que bebían en la vía pública o manejaban en estado de ebriedad, o hacían escándalos en la vía pública. De un simple juez de paz, como también se conoce a estos servidores públicos, Bernabé García pasó a ser un testigo clave de los hechos que ocurrieron y que no ocurrieron esa noche.

Tradicionalmente las cortes migratorias en Estados Unidos son conservadoras, aún más en un estado como Arizona, donde existen grupos de ultra derecha que cazan en el desierto a migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera de México a la USA. Los juicios de mexicanos que piden asilo político en ese país son difíciles y que les sea concedida la protección del gobierno americano casi imposible.

A fines de 2015, la abogada americana Margo Cowan, representante legal de Bernabé García, reconocida por su lucha por la defensa de los derechos humanos de los migrantes, me pidió declarar ante la Corte como ‘testigo experto', una categoría judicial en la ley norteamericana. Yo había investigado el caso de la desaparición de los estudiantes y había ya encontrado pruebas documentales y testimonios claros que mostraban que la versión de la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto sobre los hechos ocurridos en Iguala era falsa. Mis hallazgos los hice siguiendo mi método de investigación que me ha permitido descubrir y documentar verdades antes que la lenta y muchas veces viciada justicia mexicana.

Cowan sabía que uno de mis testigos principales había sido Bernabé García. Lo conocí en noviembre de 2014 cuando viajé a Iguala por primera vez para hacer una investigación de campo de la desaparición de los normalistas, financiada por el Programa de Periodismo de Investigación de UC Berkeley. Mi padre había sido secuestrado y desaparecido en el año 2000, el no saber donde estaba, si sufría, si tenía hambre o frío, fue un suplicio. Podía imaginar lo que los padres de los 43 sentían por no saber nada de sus hijos en más de 30 días. Puedo imaginar su dolor luego de seis años de no conocer su paradero.

En aquel viaje la primera voz clara, nítida, espontánea y sin prejuicios que escuché fue la de Bernabé García. Cuando todo era turbio, cuando el gobierno de México imponía a los medios de comunicación nacionales e internacionales su "versión oficial”, cuando afirmaba que el ataque había sido orquestado por el presidente municipal José Luis Abarca y su policía, sin que el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la base de la Policía Federal, la base de la PGR, ni de la policía estatal tuvieran conocimiento de eso, cuando todas esas oficinas se encontraban en el perímetro de los lugares donde ocurrió el ataque contra los muchachos, la muerte de tres de ellos y la desaparición de los 43.

La conversación con él, como cuando hago este tipo de investigaciones, comenzó de manera casual. Él estaba libre, no tenía ningún problema legal, y el cargo que había tenido de juez de barandilla había sido accidental ya que era sustituto del titular que había pedido permiso de ausentarse durante tres meses. Le pregunté cómo había sido toda esa jornada del 26 de septiembre de 2014. Su memoria aún estaba muy fresca. Me dijo incluso hasta a qué hora se levantó, a qué hora se presentó a trabajar esa mañana en la base de la policía municipal de Iguala.  A que hora fue a comer el lunch, a qué hora regresó, y cuantas personas habían sido arrestadas durante ese día y llevadas a la base de la policía municipal. Dijo que seis. Me mostró ahí mismo las boletas de multas que había puesto y cómo a los hombres arrestados no habían tenido dinero para pagar los habían metido en las celdas de la base.

Según la versión de la PGR, esa noche, mientras el juez de barandilla ponía multas a personas que bebían u orinaban en la vía pública, los 43 habían sido llevados a la base de la policía municipal y de ahí habrían sido llevados en camionetas de la policía a un paraje donde habrían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado y quemado. Todo por órdenes que supuestamente había dado el presidente municipal José Luis Abarca.

Pregunté a Bernabé García por los estudiantes, me miró y con claridad me dijo: ‘nunca estuvieron ahí, que le pregunten al ejército. La prueba de que no estuvieron ahí es que el Ejército llegó a las mismas horas en que dicen que los estudiantes estaban ahí'. La hora que decía la PGR era entre las 23:30 y 24:00 A esa hora ocurrió en las calles del centro de Iguala el ataque más feroz. Los normalistas fueron balaceados y perseguidos por las calles. Dos de ellos quedaron heridos tirados en el asfalto bajo la lluvia.

Bernabé García fue el primer testigo en decir que el Ejército estuvo en las calles a la hora de los ataques. Era mentira que no habían tenido conocimiento de los hechos como decía el gobierno. ¿Por qué mentir si no había nada que esconder?, pensé. Ese fue el origen de mi investigación sobre la presencia y participación del Ejército. El juez de barandilla no mintió, un año después el propio Capitán del 27 Batallón, luego de mentir varias veces en sus declaraciones ministeriales, reconoció la versión de Bernabé García.

Después de esa pista encontré muchos elementos, incluyendo pruebas periciales que probaban que el Ejército y la Policía Federal encabezaron el ataque de esa noche y la desaparición de los estudiantes. Quien coordinaba a todas las fuerzas del orden era el Ejército, el alcalde y la policía municipal eran pequeñas figuras en comparación a la fuerza del Ejército y otras corporaciones del gobierno federal que estuvieron vigilando y siguiendo a los estudiantes desde cuatro horas antes de los ataques, durante estos y la desaparición de los 43. Gracias a Bernabé García seguí la pista para descubrir que el Ejército controlaba las cámaras de seguridad de toda la ciudad, y fue el Ejército el único que había podido borrar los videos de dichas cámaras para eliminar cualquier prueba que los involucrara.

Publiqué esta primera parte de mi investigación en diciembre de 2014, titulé al artículo "La Verdadera Noche de Iguala”, que después se convirtió en un libro publicado en 2016. A consecuencia de ese reportaje que pegaba justo en el punto más frágil del discurso del gobierno de Peña Nieto, días después el entonces procurador salió a dar "verdad histórica” basada en declaraciones obtenidas bajo tortura, y cero pruebas periciales que pudieran confirmar algún rastro de veracidad de dichas declaraciones. Comenzó una feroz persecución contra Bernabé García y para salvar su vida ingresó de manera ilegal a Estados Unidos y pidió asilo político porque su vida estaba en serio peligro.

Durante 4 años testifiqué en la Corte de Arizona ante la Juez Molly S Frazer. Yo solo narré mi investigación periodística paso por paso, aporte documentos y pruebas. En cada audiencia, ella preguntaba hasta el más mínimo detalle. Se veía que estudiaba el caso. Tuvo en su poder 61 pruebas presentadas por Cowan y por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security ) que se oponía a que Bernabé García tuviera el asilo político. En primer lugar porque por norma se oponen a dar asilo político no importa el perfil de la persona, y en segundo lugar porque a raíz de las declaraciones que me dio la PGR en México giró una orden de arresto en su contra, para silenciarlo, y el Ejército comenzó a perseguirlo.

Por el nivel de profundidad al que llegó el juicio, y lo sé porque estuve ahí, Frazer no sólo estaba juzgando su debía o no conceder el asilo a Bernabé García, ella quería realmente conocer la verdad de lo que pasó esa terrible noche en Iguala. La Juez pudo haber solo dado un resolutivo sobre Bernabé García, pero el 7 de enero de 2020 dio un paso más allá: no solo decidió conceder el asilo político del juez de barandilla, sino también emitió un fallo histórico que sienta el primer antecedente de una Corte americana sobre una violación grave a derechos humanos en México.

"La Corte está de acuerdo con la conclusión del testigo experto, la Señora Hernández, de que la verdad histórica oficial, creada por el gobierno de México ha sido refutada, que numerosos testigos fueron torturados por el gobierno de México y que piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fín de sustentar la falsa verdad histórica”, afirma la sentencia de la Corte de Arizona.

 "(La Corte) Desafía la creencia de que un departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más posible que el gobierno federal de México y la policía federal hayan sido responsables de este horrible incidente”, afirma.

De este modo, la jueza Frazer no sólo dio protección a Bernabé García, sino proporcionó en tantos sentidos una forma de justicia a los 43 estudiantes desaparecidos, a sus familias, y a la sociedad mexicana. Justicia y verdad que hasta el día de hoy el gobierno del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador no puede o no se atreve a dar. Hay personas de su gabinete que piensan que el caso se mantendrá inconcluso porque el mandatario no quiere pelear contra el Ejército Mexicano. Aún espero que eso no sea verdad.

DW
Contracoriente!
Anabel Hernández
Washington, EU.
Martes 25 de febrero de 2020.


Enfrentarían proceso legal por incumplir en caso Ayotzinapa; liberación de 24 inculpados “huele a podrido”, dice Encinas

Ante la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos e iniciará diligencias para que el ex procurador Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, enfrenten procesos legales por incumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, advirtió que la Fiscalía General de la República presentará recursos para responsabilizar a los exfuncionarios que no cumplieron con sus obligaciones durante el desarrollo de la investigación, lo que incluye a José Aarón Pérez Carro, extitular de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa.

“De acuerdo con lo declarado [el sábado] por la FGR, ésta presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, quien era el titular de la Unidad Especial para el caso en esos momentos de la mal llamada ‘verdad histórica’”.

Encinas Rodríguez agregó que la FGR se comprometió a generar las acciones al margen de la sentencia del Tribunal Colegiado para fincar responsabilidad a los liberados, y en estos casos la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa va a coadyuvar y a dar todos los elementos que estén a su alcance.

En conferencia de prensa, señaló que las resoluciones del juez Samuel Ventura Ramos, que permitió la liberación de 24 inculpados, demuestra la podredumbre en la que se encuentra el sistema de impartición de justicia del país, “que huele a podrido”.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla, porque estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad, demuestran la podredumbre del sistema de impartición de justicia del país, que huele a podrido”, expresó.

El funcionario precisó que estas 24 liberaciones se suman a las 53 anteriormente otorgadas por el juez Ventura Ramos, lo que equivale a 77 personas exoneradas, por lo que sólo quedan recluidas 65 de las 142 personas que están detenidas por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El subsecretario lamentó que el juez considera desde su perspectiva como “insuficientes” las pruebas que acreditaban los actos perpetrados por los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Bélicos y por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes la noche del pasado sábado de 14 de septiembre obtuvieron su libertad.

Por lo anterior, recalcó que la Fiscalía General de la República presentará acciones al margen de las sentencias del Tribunal Colegiado para fincar responsabilidades a los liberados. Además, la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa aportará los elementos necesarios que estén a su alcance para contribuir a la investigación.

“Queremos señalarle al Poder Judicial de la Federación que estas resoluciones son una afrenta a los trabajos que desarrolla el gobierno federal a través de la Comisión [de la Verdad y la Justicia], ya que no observó la jurisprudencia presentada el 21 de julio de 2019, y que determina que la declaración emitida por tortura obliga a reponer el procedimiento y la investigación”, asentó.

Dijo que el juez interpreta con mucha laxitud la ley, pero “no imparte justicia” y sí causa graves daños a la búsqueda de la verdad, lo que representa de nueva cuenta el regreso de las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior, al dejar en la impunidad a quienes alteraron la investigación y a quienes cometieron los delitos.

Por lo que calificó la liberación de los 24 imputados como parte de las viejas prácticas que se dan en “sabadazo y en día de puente”, además de que la resolución no cuenta con la firma del juez, sino de la secretaria de acuerdos, Adriana Ruvalcaba Velásquez.

“Esta resolución sienta un grave precedente otorgando beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, sólo con la mera presunción, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general”, mencionó.

El Universal
Suzzete Alcántara
Ciudad de México
Lunes 16 de septiembre de 2019.

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